“No habían pasado tres segundos del atentado en Cali y el gobierno ya estaba diciendo que eran las Farc”: Piedad Córdoba
Por Camilo Raigozo

La senadora liberal Piedad Córdoba criticó duramente al presidente Uribe por sus ataques contra la rama judicial, más exactamente contra la Corte Suprema de Justicia que de manera honesta y valiente está investigando el parauribismo.

Desde un foro estudiantil en la Universidad Nacional, la aguerrida senadora señaló respecto al atentado terrorista contra el Palacio de Justicia en Cali, que no creía que hubieran sido las Farc.

“Todo lo que pasa son las Farc. No habían pasado tres segundos del atentado en Cali y el gobierno ya estaba diciendo que eran las Farc”, señaló, añadiendo que la Fuerza Pública podría estar involucrada en ese acto criminal.

“Lo que todo el mundo sabe es que son unas peleas entre mafiosos por territorio y que muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con la Fuerza Pública de este país. Cuando un general no quiere que lo cambien él mismo pone las bombas donde quiere que lo dejen", advirtió Piedad Córdoba

La congresista de ébano invitó a la comunidad estudiantil a ser capaz de hacer sentir su desacuerdo con el actual régimen, no solo por la indecencia de este, “sino porque es un régimen de muerte que asimila a la oposición a la delincuencia y al terrorismo”, aseveró.

Agregó ante el estudiantado que “terrorismo es el que se hace desde el Estado cuando se cohonesta con las masacres, cuando se enfrenta de la manera que se ha enfrentado a la Corte Suprema de Justicia.

"Hoy vemos situaciones degradantes y preocupantes en las que los dirigentes más importantes de este país se atreven, al menos tímidamente a criticar al príncipe.

"Él sale con respuestas que no se compadecen con una nación democrática. Lo que tratan de decir es que si, usted dice algo lo mato de alguna manera, lo mato políticamente, socialmente, lo desaparezco, porque aquí nadie puede hablar, aquí nadie puede criticar", declaró la senadora.

Finalmente cuestionó la legitimidad de la reelección de Uribe. "Este es un régimen deslegitimado porque fue elegido con la mayoría de los votos del paramilitarismo.

“Esos votos fueron los que garantizaron que se pudiera reelegir y seguramente ahora que los de la Casa de Nari reciben a traquetos y a mafiosos nadie va a ser capaz ni de votar", dijo.

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Visita del fiscal Moreno Ocampo de la CPI
Luz de esperanza contra la impunidad maquinada por el régimen
Movimientos de víctimas y de defensa de derechos humanos le solicitaron al ilustre huésped abrir pronto un proceso ejemplar contra alguno de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad en Colombia, para lo cual mencionaron dos candidatos: el ex fiscal Luís Camilo Osorio y el general (r) Rito Alejo Del Río, ambos consentidos de Uribe
Por Camilo Raigozo. Voz

El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón presenciaron la exhumación de 25 cadáveres de víctimas de paramilitares en Turbo, Antioquia. Foto Semana

Durante la visita a Colombia del fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, los pasados días 25, 26 y 27 de agosto, representantes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos con los que se reunió, le solicitaron que abriera pronto un primer proceso ejemplarizante que también sirviera de apoyo a los jueces colombianos, proponiendo para ello los nombres del ex fiscal Luís Camilo Osorio y del general (r) Rito Alejo Del Río, a quienes se les imputa estar entre los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, ambos consentidos del régimen que preside Uribe Vélez.

“Luís Camilo Osorio fue quién garantizó desde la dirección de la Fiscalía la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y con ello contribuyó decididamente a abrir las puertas para que los políticos mafiosos y paramilitares gobernaran el país”, advierte Iván Cepeda Castro, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. El ex fiscal es hoy embajador del gobierno de Uribe en México.

Contra el general (r) Rito Alejo Del Río Rojas, quién fue comandante de la brigada 17 del ejército en Carepa, Antioquia, desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997, hay acusaciones inclusive de Mancuso, “HH” y otros temibles jefes paramilitares ante la Fiscalía, de ser responsable junto con sus tropas, por omisión y por acción, de centenares de crímenes de lesa humanidad contra las comunidades más vulnerables de la zona.

Decenas de miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas fueron desplazados violentamente de sus aldeas y el paramilitarismo tomó el dominio completo de la región. Sin embargo, el fiscal Luís Camilo Osorio, precluyó el proceso contra el general en marzo de 2004 y el doctor Álvaro Uribe Vélez le rindió un sentido homenaje de desagravio.

Extradición de ‘paras’ en la mira de la CPI

Los representantes de las víctimas y defensores de derechos humanos le hicieron entrega al fiscal Moreno Ocampo valiosa documentación con el contenido de estadísticas, cifras y testimonios que prueban la realidad de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, la cual, afirman, “fue concebida desde un principio para que los criminales y sus cómplices gozaran de impunidad”.

Añaden que, “aunque ese esperpento fue corregido parcialmente por la Corte Constitucional a través de unas sentencias el peligro de impunidad continúa vigente”.

Otro punto álgido que observó el fiscal de la CPI fue la extradición por parte de Uribe a los Estados Unidos de 14 de los cabecillas paramilitares más importantes, en un acto propicio para entorpecer el esclarecimiento de la verdad, las investigaciones por parapolítica, la reparación a las víctimas y la garantía plena de aplicación de justicia.

Fue puesta en consideración del funcionario internacional la posibilidad de que los políticos que fueran encontrados culpables de haber tenido vínculos con el paramilitarismo sean enjuiciados por delitos de lesa humanidad.

Hasta ahora han sido encontradas al menos 1.300 fosas comunes con unos 1.600 cadáveres, de acuerdo al informe anual de la Fiscalía General, pero de 35.000 paramilitares desmovilizados, solo han confesado delitos 245 y ni siquiera el uno por ciento se ha acogido a la Ley de Justicia y Paz inventada por Uribe.

Finalmente le fueron pormenorizados al fiscal Moreno los persistentes ataques del presidente Uribe contra la rama judicial, más exactamente contra la Corte Suprema de Justicia, de lo cual él mismo pudo ser testigo ocular, al presenciar el escándalo de los complots que se tejen inclusive desde la misma Casa de Nariño, entre jefes paramilitares y personas del círculo más cercano al Presidente, lo cual trae consigo la posibilidad de debilitar las investigaciones y los procesos del ‘parauribismo’.

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La «Casa de Nari»
Por Carlos A. Lozano Guillén. Voz

Los últimos días han sido duros para el presidente Uribe Vélez, después de conocerse la visita a la Casa de Nariño hace unos meses, con ingreso por la puerta por donde entran los altos funcionarios, del paramilitar «Job» y un abogado, enviados de «Don Berna », para conversar con Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, dos de los cortesanos de la «Casa de Nari», como ahora se le conoce, debido a que así la llamaba «Job», un nombre más bondadoso que el de «Casa de Narquiño », como la apodan algunos periodistas.

El Presidente reaccionó con agresividad. «La mejor defensa es el ataque». Arremetió contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los dirigentes liberales y del Polo Democrático Alternativo.

Es su forma olímpica de sacarle el cuerpo a las necesarias explicaciones y con la ayuda de los grandes medios llevó el debate a la discusión de si la presencia de los visitantes de la sede presidencial había quedado o no en los registros de la guardia y en los videos del circuito interno.

Algo irrelevante, porque no resuelve el problema de fondo de la censurable reunión de funcionarios de la Presidencia con dos enviados de un capo, uno de ellos con reconocido vínculo con los paramilitares, que iban a denunciar supuestos delitos, esfera de la competencia de la rama judicial.

Pocos días después de la reunión en la «Casa de Nari», «Job» fue asesinado en Medellín en circunstancias aún no esclarecidas. También surgieron otros escándalos que comprometen al Gobierno, como los vínculos del hermano del Ministro del Interior y de Justicia y de importantes oficiales y miembros del Ejército y la Policía con el narcotraficante «Don Mario».

Igual, en el sonajero delictivo se escucharon nombres de funcionarios y funcionarias del Gobierno. Con ironía un abogado de los que participaron en la «Caravana Jurídica Internacional» de la semana pasada, dijo: «¡Qué precioso Gobierno tienen ustedes!».

Sin embargo, ante las evidencias el presidente Uribe Vélez no cede y ni siquiera atiende el consejo del vicepresidente Francisco Santos, de sacar la bandera blanca de reconciliación con los demás poderes e instituciones a los que agrede. Es la manera de desviar el debate de los problemas de fondo y de la crisis política que sacude el país y que debilitan su gobernabilidad, entre estos el huracán social que se avecina.

En las recortadas cifras oficiales del desempleo éste se colocó de nuevo por encima del 12 por ciento y Uribe se lo achaca a las altas tasas de interés, como si la desaceleración de la economía no obedeciera a otras causas más influyentes como la política neoliberal, la dependencia de los gringos y el crecido gasto público en guerra y represión. Es el ocaso del Mesías y de sus cortesanos de dudosa ortografía.

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El espectáculo nacional
Por Claudia López. El Tiempo

Durante la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional, la gala nacional se dio mañas de ofrecer un espectáculo digno de circo romano. Los visitados casi hacen caso omiso de la visita para dedicarse de lleno a sus trifulcas y dejar claro al visitante que Colombia más que un Estado de Derecho, parece un ring de boxeo que se transmite en directo por los medios de comunicación.

Pongámonos por un momento en los zapatos del visitante. En el avión hacia Bogotá leyó en la revista Cambio conversaciones que comprueban que el director de la Fiscalía de Medellín, hermano del Ministro de Justicia, tiene alianzas con el mafioso más buscado del país.

Cuando llegó, vio reiteradamente al Ministro dando cuatro declaraciones a los medios. Una explicando que no tenía ningún conflicto de interés por lo de su hermano y no renunciaría. Otra reconociendo que había llamado al Fiscal General para interceder por su hermano.

Otra proponiendo una reforma para cambiar la forma de elección de las cortes y del Fiscal General, que investiga a su hermano. Y otras mostrando unas supuestas pruebas de unos congresistas ofreciendo plata a delincuentes para que testifiquen contra el Presidente.

Antes de partir a Urabá a presenciar la exhumación de fosas comunes y hacerles seguimiento a los procesos de justicia y paz, le entregaron la prensa dominical. La noticia más importante contaba que los secretarios Jurídico y de Prensa del Presidente se reunieron en Palacio con el abogado de un narcoparamilitar extraditado y con un miembro activo de una estructura de sicarios y narcotraficantes, llamada Oficina de Envigado.

Con sorpresa, constató que se trababa de la misma estructura criminal que aparece en expedientes judiciales a los que hace seguimiento.

Durante todo el día, vio al Presidente por los medios defendiendo airadamente la visita de criminales a su Palacio con cuatro argumentos: 1. La visita no fue clandestina; al criminal y al abogado se les recibió a plena luz del día, aunque entraron por el sótano. 2. Era muy importante recibirlos porque le iban a entregar información que lograría desacreditar a la Corte.

3. Como la información finalmente no desacreditó a la Corte, el Gobierno decidió no usarla ni judicializarla. 4. Él no era el primer Presidente que hacía tratos con mafiosos, por lo cual les exigió públicamente a otros ex presidentes y congresistas que también contaran sus tratos.

Al día siguiente, el Presidente interrumpió esas declaraciones para recibirlo en el mismo Palacio donde recibieron a los delincuentes.

Durante una hora, el Presidente le aseguró que respeta y apoya a la Corte y a la Fiscalía. Salió esperanzado. Las restantes horas de su visita vio al Presidente insistiendo en la defensa de sus delincuentes visitantes y afirmando que la Fiscalía era una vergüenza, que los magistrados se emborrachan con informantes y que la Corte Suprema fabrica "carteles de testigos".

Quedó un poco confundido. Preguntó si el que salía en televisión era el mismo Presidente con el que se había reunido. Le confirmaron que era el mismo y que esas alocuciones "frenteras" eran la clave de su popularidad. Asintió cortésmente como si entendiera, pero siguió confundido.

Para no quedarse con la duda, les preguntó escuetamente a magistrados y fiscales si se consideraban capaces de adelantar las investigaciones. Como le dijeron que sí, no ahondó más en el tema y se marchó, no sin antes reiterar que seguirá pendiente.

Al retornar a su oficina, se enteró de que el Vicepresidente propuso sacar la bandera blanca y poner fin a la confrontación verbal. Leyó que todos aceptaron la propuesta, menos el Presidente, porque "le da mucha briega quedarse callado".

Ese espectáculo de quinta fue posible gracias a la colaboración "armónica" de los poderes del Estado. Espere el próximo show.

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¿Para dónde va Pacho?
Por: Patricia Lara Salive. El Espectador

“A mí siempre me da lidia quedarme callado”, le contestó el Presidente a su Vicepresidente cuando ante la escalada de la peleadera que padecimos la semana pasada éste lo invitó a sacar bandera blanca, a darle ejemplo al país y a manejar la situación “con concordia”.

Es que la lluvia de agresividad había pasado la raya, pues Uribe no sólo había sugerido que un magistrado se había emborrachado con unos testigos, que un senador había sido elegido con plata del narcotráfico y que un antecesor suyo se había aliado con delincuentes para combatir a

Pablo Escobar, sino que se había expuesto a que le contestaran en el mismo tono y a que el jefe del liberalismo le pidiera, por ejemplo, que actúe “con la compostura y el equilibrio que le eviten al país una investigación formal” de la Corte Penal Internacional por obstrucción “a las acciones de nuestra Justicia por delitos de lesa humanidad”, y a que calificara su actitud como “impropia de un Jefe de Estado” y su lenguaje como “camorrista y pendenciero”.

De modo que el Vice tenía toda la razón en jalarle las orejas al Presidente. Y cuando éste le repuso que “el debate también ayuda” y que “hay que aprender a vivir sin dispararnos con las armas, pero también diciendo verdades y contestando verdades”, Santos tampoco se quedó callado y le ripostó que si no se saca la bandera blanca, por lo menos se cambien “el tono y la manera” del debate, “que la forma sea radicalmente distinta”, que la discusión sea constructiva y que se reconozcan los errores.

Pero el regaño de Santos a Uribe no se había limitado a ese diplomático jalón de orejas. Pacho se había atrevido a decir también que “hoy la discusión pública está llegando a unos niveles de intolerancia que… se pregunta uno cómo es posible pedirles tolerancia a las personas en los campos y en las ciudades, cuando al nivel más alto de la dirigencia política no estamos mostrando la posibilidad de tener ese diálogo constructivo”.

Y ya antes, en entrevista con El Espectador (20-08-08), a la pregunta sobre “cuál ha sido la principal falla del gobierno de Uribe”, Santos había respondido: “Falta generar más consensos a nivel nacional sobre temas fundamentales”.

¿A qué obedece el atrevimiento de Pacho Santos? ¿Hay entre él y el Presidente un distanciamiento mayor del que se creía? ¿Será simplemente que al Vice le preocupa, como nos ocurre a muchos, que el Primer Mandatario utilice para descalificar a sus opositores un tono tan agresivo?

¿Será que él teme, como tememos tantos, que dada la enorme aceptación que tiene el Presidente en la mayoría de los colombianos, su tono enardecido se convierta en el modelo a seguir por los ciudadanos de este país donde la hoguera de la violencia se enciende con la más mínima chispa?

¿O será que Pacho, haciendo uso de una audacia política que no le conocíamos, ya se dio cuenta de que, en caso de que Uribe no quiera la reelección, la posibilidad de que un Santos llegue a la Presidencia ya está acaparada por su primo Juan Manuel y, entonces, decidió lanzarse a

competir por la Alcaldía de Bogotá, puesto al que confesó que le encantaría llegar, y optó por diferenciarse de Uribe y posicionarse como el dirigente mesurado, conciliador y capaz de buscar consensos con las distintas fuerzas, especialmente con el Polo Democrático, mayoritario en la capital?
A lo mejor sea sí la respuesta a todas las anteriores preguntas. Pero independiente de las motivaciones del Vice, hay que apoyar su llamado a sacar la bandera blanca.

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El pitoniso
Por: Cecilia Orozco Tascón. El Espectador

Lo primero que se me viene a la cabeza respecto del lío que se armó en la Fiscalía con la decisión del vicefiscal Guillermo Mendoza de dejar en libertad a Mario Uribe, es la frase ‘premonitoria’ de José Obdulio Gaviria.

Cuando todavía el fiscal Ramiro Marín no había ordenado detenerlo, J.O. dijo en Hora 20 que menos mal que Mario Uribe había podido demostrar su inocencia.

Como ese es un programa radial que se transmite en directo y, en consecuencia, lo que opinan los participantes es espontáneo, los oyentes quedamos pasmados, pues parecía obvio que el asesor presidencial tenía información privilegiada sobre el caso del primo del Presidente, lo que a todas luces era un desafuero.

El desconcierto que reinó en el estudio fue evidente. Los demás asistentes le preguntaron al asesor del Primer Mandatario por la forma como se había enterado del desenlace judicial. Es la única vez que se ha escuchado a un J.O. balbuciente, inventando disculpas.

Caracterizado por una infinita prepotencia —se le nota hasta en la manera de caminar, sacando pecho y bamboleándose un poco mientras esboza una sonrisita de medio lado— Gaviria ha dado muestras de que siente que es, en verdad, la reencarnación de Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Posesionado de ese papel, era extraño oírlo vacilante.

Probablemente se dio cuenta del tamaño de su embarrada. El fiscal Iguarán también lo vio así, porque declaró que la del asesor presidencial era una “actitud perversa” que le hacía daño a la investigación, a la Fiscalía y al propio M. Uribe.

Tenía algo de razón el doctor Iguarán. J.O. le hizo daño a la credibilidad de la Fiscalía y de la investigación.

Hoy lo sabemos después del escándalo en que se ha convertido ese proceso, que concluye por ahora con la renuncia de Ramiro Marín, a quien por cierto en la misma entrevista el Fiscal le había dado todo su respaldo: “meto las manos al fuego por él”, sostuvo. En cambio Gaviria no perjudicó por mucho tiempo a Mario Uribe.

A lo sumo, le demoró las buenas noticias cuatro meses, del 21 de abril al 20 de agosto, fechas de las dos instancias, la última de ellas cuando el vicefiscal Mendoza dio la orden de excarcelación pero lavándose las manos cual moderno Pilatos.

En efecto, Mendoza explica en la providencia su decisión criticando las valoraciones hechas por Marín, en lugar de sustentarla con argumentos objetivos que indiquen que el encartado es posiblemente ajeno a los hechos investigados.

De acuerdo con lo que ha dicho, Marín tendría motivos para pensar que del despacho de Mendoza salió, además, la especie de que sus indagaciones eran calculadamente débiles, para poder favorecer a Uribe después. Corrillos de reporteros también confirmarían la versión.

Si eso no es cierto, el Vicefiscal haría bien en rechazar el rumor. Si lo es, sería indicio de que Mendoza actúa como si estuviera buscando disculpas, para el momento de la decisión definitiva.

Muchos hilos poderosos se han movido en torno a Mario Uribe desde que se empezó a relacionar su nombre con la parapolítica: salta a la fama un paramilitar Tasmania que acusa a un magistrado auxiliar y se libra una guerra contra la Corte.

El mandatario denuncia penalmente al presidente de ese tribunal. Marín renuncia y habla de raras conductas de los testigos. Uno de ellos desaparece. El Vicefiscal retrocede. Y J.O. termina siendo un adivinador de miedo: ¡Cinco meses antes sabía lo que iba a pasar: Uribe está libre!

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Se desconocen los autores intelectuales del 95 por ciento de los asesinatos a periodistas
Por Caracol Radio

La Sociedad Interamericana de Prensa denunció que en el 95 por ciento de los asesinatos de periodistas en Colombia, no se logra conocer quienes fueron sus autores intelectuales.

De acuerdo con un informe revelado en Bogotá, 57 comunicadores sociales han sido asesinados en el país entre 1995 y 2008, por hechos relacionados con su profesión.

La SIP informó que solamente en 16 casos han sido condenados los autores materiales de los homicidios de los periodistas, mientras que únicamente en dos procesos han sido sentenciados sus autores intelectuales, aunque han recibido el beneficio de no pagar su pena en la cárcel.

El documento advirtió que en el 28 por ciento de los 57 asesinatos de periodistas en el país durante los últimos 13 años, las investigaciones han sido archivadas.

Los dirigentes de la Sociedad Interamericana de Prensa urgieron a las autoridades judiciales colombianas, para que sea replanteado el esquema de beneficios para los autores materiales de los crímenes de los periodistas.

Uno de los casos emblemáticos está relacionado con el subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, quien fue asesinado en febrero de 2002, y cuyo asesino solamente pagó cinco años y ocho meses de prisión.

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Ordenan arresto a Uribe por desacatar tutela

Tres conjueces del Tribunal Superior de Sincelejo ordenaron tres días de arresto contra el presidente Uribe y sus ministros Fabio Valencia Cossio, del Interior y Óscar Iván Zuluaga, de Hacienda.

Los tres personajes fueron acusados de desacato a una tutela que ordenaba el restablecimiento del equilibrio salarial de 148 trabajadores de la rama judicial, entre los cuales hay varios jueces.

En el fallo de tutela se imponía un plazo al Presidente y los ministros, así como a otros funcionarios relacionados, para que produjeran actos administrativos y restablecieran los derechos salariales a los trabajadores.

Al cumplirse el plazo, los afectados promovieron un incidente de desacato ante el tribunal superior de Sincelejo, cuyos miembros se declararon impedidos por conflicto de intereses.

Motivo por el cual fueron nombrados como conjueces los abogados litigantes, Freddy de la Ossa Badel , Gustavo Adolfo Lions , y Saúl Vega Mendoza quienes fallaron a favor de los obreros.

Sin embargo el caso deberá ser revisado por la Corte Suprema de Justicia quién tendrá la última palabra en el caso.

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Negligencia en lo del cianuro
Por Jorge Robledo

Al hacer referencia a la caída de 96 canecas de cianuro en el río Magdalena, Robledo señaló que “el Estado no tiene control de lo que se transporta por el río y por lo visto ni siquiera sabe qué es lo que está pasando”.

Dijo que el hecho es supremamente grave y constituye otra muestra de la negligencia oficial. “No hubo catástrofe de milagro. Habrían podido morir de un tajo millares de personas”.

Llamó a que se conjure cuanto antes la amenaza que sigue gravitando sobre millones de habitantes de la ribera, puesto que aún no han sido recuperadas 26 canecas, y que se cuide en forma integral el Río de la Patria, pues “los ríos en Colombia no son noticia sino cuando hay inundaciones y se muere la gente”.

Robledo también llamó la atención acerca de a donde iba el cianuro, pues su uso en la minería del oro configura una grave amenaza.

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¡Aberrante Presiente!/
El Gobierno condena a desaparecer a las gallinas campesinas
Resolución del ICA prohíbe su producción y al igual que a los pequeños lecheros, condena al hambre a millones de campesinos pobres. Todo para cuadrarle el negocio a los potentados y grandes inversionistas
Por senador Jorge Enrique Robledo

El senador Jorge Enrique Robledo explicó que el engorde y comercio de las gallinas campesinas han sido en la práctica prohibidos por el ICA y el Ministerio de Agricultura, a pesar de que de ello depende la vida de multitud de familias.

Siguiendo los estándares impuestos por la OMC, la Resolución 957 de 2008 del ICA impuso a todas las fincas del país que levanten gallinas para la venta contar con planta de procesamiento, agua potable, área para galpones, aireación, iluminación, cercas y otra serie de costosas exigencias que no están al alcance de los campesinos colombianos.

El gobierno da un plazo de un año, contado a partir del 2 de abril, para que el productor acate la norma, día a partir del cual aplicará sanciones que van desde el decomiso de las aves hasta el cierre total de la finca. “En la pobreza rural de Colombia, muchos campesinos sobreviven por este negocio”, explicó Robledo.

La resolución del ICA es aún más lesiva que los decretos de la leche cruda, precisó el senador del Polo Democrático, pues afecta a casi todos los campesinos de Colombia, que desde tiempos inmemoriales acostumbran engordar gallinas para la venta, por lo común en pequeña escala.

“Que deben mejorar las condiciones sanitarias está fuera de discusión. El problema es el mismo de la leche cruda: ¿qué hacemos con la gente?”

La Comisión Quinta, por unanimidad, acordó citar al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva, para que dé explicaciones sobre la norma cuestionada.


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“Repudio al atentado criminal en Cali”: Carlos Lozano

El atentado criminal contra el Palacio de Justicia de Cali, departamento del Valle del Cauca, es un hecho repudiable desde todo punto de vista, con mayor razón cuando las víctimas son civiles inocentes.

Quien quiera que sea el responsable no puede esgrimir ninguna justificación para un hecho tan reprobable y despreciable. Perdo además atentar contra la justiucia, precisamente cuando es el blanco de los ataques del presidente Uribe Vélez y de altos funcionarios gubernamentales, es una estupidez.

Los únicos beneficiados con esta acción terrorista y carente de cualquier sentido político, son los que desde las alturas del poder quieren someter a la justicia para ponerle fin a las investigaciones de la parapolítica. Una vez este tipo de atentados, siempre tan oportunos, le sirven de salvavidas al Gobierno Nacional en momentos de dificultades.

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Supuestos sobornos a periodistas aparecen en carta hallada en el cadáver del paramilitar alias 'Job'

Antonio López, alias "Job", fue asesinado hace un mes y adquirió notoriedad por ser uno de los emisarios de 'don Berna' que visitó la Casa de Nariño con aparentes pruebas contra magistrados de la Corte Suprema.

Texto de la carta encontrada en el cadaver de alias 'Job' (La W)

"Está el trabajo con periodistas, creo importante tener uno aquí (El Colombiano). En eso me puede ayudar el amigo. En Bogotá tenemos en la W, en Semana, En El Espectador, en Caracol Radio, Juan Carlos Giraldo en RCN televisión, en Colprensa, y tenemos cómo trabajar a Álvarez Gardeazabal y a Salamanca, del Cocuyo", señala la presunta carta de 'Job', que fue leída en exclusiva en la W.

"Te propongo que a los primeros les demos de a dos mil, que la cosa es distinta con Salamanca, éste está entre cuatro o cinco y a Gardeazabal no le de dinero, eél no recibe dinero, piensa en él para darle un regalo de vez en cuando. Al ma**** ese le encantan los relojes", agregó el texto.

Según la W, la carta, sin firma y dirigida a un tal "mi viejo", fue aparentemente hallada en el cuerpo de 'Job' cuando fue asesinado en un restaurante de Medellín.

La W indicó que analistas consideran que "mi viejo" podría ser el narco alias 'don Mario'.

Las autoridades aún no se han pronunciado e investigan el documento para comprobar la veracidad de las imputaciones y si en realidad éste estaba en el cadáver del paramilitar.

'Job' en la Casa de Nariño

Desde finales del año pasado, 'Job' y el abogado Diego Álvarez, dos hombres de confianza del ex jefe paramilitar 'don Berna' --hoy encarcelado en Estados Unidos--, lograron citas confidenciales con funcionarios claves de Palacio y de la Corte.

A Palacio le ofrecieron supuestas pruebas de que el magistrado Iván Velásquez intentaba hallar evidencias contra el Presidente. Y al mismo tiempo, a Velásquez le ofrecieron información de 'parapolítica' en tres departamentos.

Grabaron a escondidas al magistrado y llevaron copias al secretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, quien los recibió en Palacio. El funcionario señaló que no se encontró nada irregular y por eso no lo judicializaron. Añadió que está seguro de que a él también lo grabaron en secreto en una cita.

Asesinato de 'Job'

El asesinato de Antonio López, 'Job', lugarteniente de 'don Berna' y vocero de los desmovilizados de Medellín, el pasado 28 de julio, fue el tercero de una seguidilla que en tres semanas cobró violentamente la vida de notorios representantes del mundo narcoparamilitar en ajustes de cuentas típicos de la mafia.

Su muerte evidencia una lucha a muerte entre viejos paramilitares y nuevos protagonistas del narcotráfico por el control de un negocio que ha dado origen a un vasto fenómeno de rearme de grupos de todo pelambre en el país.

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El roscograma
Si es cierto que el gobierno tenía información de que ‘Job’ seguía trabajando para la oficina de Envigado, ¿por qué aceptaron recibirlo en la casa de Nariño?
Por María Jimena Duzán. Semana

¿Por qué cada vez que se destapa un escándalo como el de la fiscalía de Medellín, o que los medios revelan un nuevo montaje contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigan la para-política, siempre aparece como informante del gobierno un desmovilizado que nunca se desprendió de la mafia paramilitar a pesar de haber sido amnistiado por este gobierno?

Esa sería una pregunta que tendría que habernos respondido el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, esta semana, si su jefe no estuviera tan empecinado en aplicar el espejo retrovisor cada vez que lo salpica un escándalo, comenzando por el de la 'Casa de Nari'.

Allí aparece el tal comandante 'Job', principal interlocutor de los desmovilizados ante la alcaldía de Sergio Fajardo. Para cuando este sujeto fue asesinado en Medellín, semanas después de su visita no registrada a la casa de Nari, ya desde enero de este año, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y Frank Pearl, director del programa de reinserción en el nivel nacional, le habían hecho saber al gobierno de Uribe que este señor tenía un pie en la ilegalidad, que no era de fiar y que había en Medellín un recambio en las estructuras de la Oficina de Envigado que estaba disparando nuevamente los índices de homicidios de manera preocupante en la capital paisa.

Viene entonces la pregunta: si es cierto que el gobierno tenía información de que el señor 'Job' seguía trabajando para la Oficina de Envigado, ¿por qué aceptaron recibirlo en la Casa de Nariño

¿Qué hacía el líder de los desmovilizados de Medellín involucrado en un montaje para perjudicar a la Corte Suprema de Justicia?

Pero 'Job' no es el único desmovilizado que tuvo relación con la casa de Nari, según las grabaciones. Cuando 'Job' sale del Palacio hace una llamada a Rodrigo Zapata, quien aparentemente también habría tenido cercanía con miembros del círculo pretoriano del presidente Uribe.

¿Y quién es Rodrigo Zapata? Pues un desmovilizado bastante sui generis del Bloque Calima. Y digo sui generis porque no es un desmovilizado cualquiera, sino un propietario de extensas tierras en Urabá.

Quienes lo conocen dicen que es un exitoso empresario palmicultor y que ahora anda en la lidia de ver si como desmovilizado puede ser beneficiario de un programa para la siembra de yuca que hasta ahora no ha podido coronar debido a que la oficina de Frank Pearl se ha negado a aceptar su propuesta, con el argumento de que los proyectos agrícolas son para beneficiar a los desmovilizados sin tierras, no a los desmovilizados terratenientes.

(Bueno, y es que apenas ahora venimos a enterarnos de que entre los desmovilizados no sólo había combatientes rasos que nunca se desmovilizaron, sino terratenientes cercanos a los paras, como sucede con este señor Zapata y con Jasbún, el empresario bananero que se desmovilizó y que hoy está preso por sus vínculos con paras).

También hay desmovilizados en el escándalo del ex fiscal cuatrimotos. El 'Indio', el sujeto cuyo nombre fue borrado del organigrama de la Oficina de Envigado que se le entrega al presidente Uribe, vuelta hecha presuntamente por Valencia Cossio, es un desmovilizado que pertenece al roscograma de 'Don Mario' y que en las cintas aparece como jefe de Felipe Sierra, el hijo de papi de la oligarguía paisa que terminó formando parte de esa misma estructura delictiva.

Y para que la curvatura del círculo quede hecha, hoy sabemos que el entonces director de la oficina de Paz y de Reinserción de la alcaldía, Gustavo Villegas, bajo la administración de Sergio Fajardo le concedió unos contratos a Sierra para manejar la seguridad de los desmovilizados, uno de los cuales terminó entrando por la trastienda de la casa de Nari a ofrecer información falsa sobre la Corte, que el gobierno después filtró. Pero aquí no termina todo.

Quien ocupa hoy el cargo de director de la oficina de Paz y de Reinserción de Medellín y por ende ha sido el hombre encargado de lidiar con el tema de 'Job' y de los demás facilitadores que nunca se desmovilizaron es Jorge Gaviria, un hermano de José Obdulio Gaviria, el polémico asesor presidencial. Jorge pagó una condena por narcotráfico en una cárcel norteamericana hace mucho tiempo y desde entonces, me dicen mis fuentes, decidió dedicar su vida a reinsertar a los malevos.

Puede que Jorge Gaviria sea el hombre indicado para estar al frente de los desmovilizados y que su nombramiento haya sido por méritos y no por pertenecer al roscograma de José Obdulio. Lo que no tiene presentación es que esos desmovilizados que maneja el hermano de José Obdulio anden entrando a la Casa de Nari como Pedro por su casa, armando complots para deslegitimar a la justicia convertidos en el ejército de informantes del Presidente.

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El tejido de Jesús
Un análisis grafológico comparativo encontró que la retractación de Villalba estaba escrita con la letra de ‘Chucho’ Sarria
Por Daniel Coronell. Semana

Está identificada la persona que conecta a Jesús Amado Sarria, el viudo de la 'Monita retrechera', actualmente preso en la Cárcel Modelo, con un alto funcionario de Palacio. Se trata de María Victoria Millán Nieto, una abogada que dirige una ONG que adelanta trabajo social en varias cárceles y que, al mismo tiempo, es compañera del grupo de oración del secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo.

La relación no tendría nada de particular, si no fuera porque desde una de las cárceles, en las que María Victoria Millán adelanta su encomiable labor, salió una polémica carta dirigida al Presidente de la República.

El mensaje, firmado por el paramilitar preso Francisco Villalba, es una retractación de unos señalamientos (probablemente infundados) contra el Jefe de Estado y otro miembro de su familia. Lo curioso es que Villalba afirma que jamás quiso retractarse y denunció que la carta fue escrita por Jesús Amado Sarria, a quien María Victoria Millán llama su hijo espiritual.

Un análisis grafológico comparativo encontró que la misiva estaba escrita con la letra de 'Chucho' Sarria.

Villalba asegura que firmó engañado el texto del 'Pastor Sarria' y que sólo comprendió su alcance cuando lo vio publicado en la televisión. Después de eso pidió ir a la Fiscalía para ratificarse en su versión inicial y desautorizar la carta.

Eso sería suficiente para mostrar lo que se puede mover detrás de algunos mensajes al Primer Mandatario, pero ahora resulta que 'Chucho' Sarria y el secretario jurídico de la Presidencia tienen una amiga en común.

María Victoria Millán, la compañera de plegarias del Secretario Jurídico, preside la Asociación Semillas de Esperanza, de la cual hace parte -entre otros- el capitán Silcerio Armando Torres, asesor de seguridad del director del Inpec. Gracias a su apostolado, y quizá también a sus contactos, María Victoria tiene acceso privilegiado a la cárcel Modelo.

Allí les enseña a tejer a los internos, que así se distraen y ganan algo para ayudar a sus familias. Entre los alumnos de María Victoria estuvo el paramilitar Francisco Villalba, quien afinaba sus destrezas en el crochet por los mismos días en que el presidente Uribe recibía la carta.

En contraste, María Victoria conocía a Jesús Amado Sarria desde antes de su más reciente temporada tras las rejas. Su relación proviene de su común credo religioso. Incluso, ella cuenta que le ayudó espiritualmente en su último matrimonio con Sofía Rendón.

María Victoria también reconoce que ha estado varias veces en la Casa de Nariño, siempre para visitar a su compañero de oraciones el doctor Edmundo del Castillo. Es enfática al negar que haya comentado con el Secretario Jurídico de la Presidencia cualquier tema relacionado con la cárcel.

Otra cosa recuerda Edmundo del Castillo. Según él, hace unos meses María Victoria Millán le dijo que Jesús Sarria tenía alguna información sobre un supuesto complot contra el Presidente. Del Castillo asegura que le respondió: "Si tiene algo, que lo mande".

Él dice que "no cree" que María Victoria haya sido la persona que llevó a Palacio la carta de Sarria firmada por Villalba. Piensa, más bien, que se la entregó el Secretario de Seguridad presidencial, pero tristemente no encuentra el documento de remisión que sí tienen otras cartas entregadas a él por la oficina de seguridad.

María Victoria asegura que "cualquiera pudo haber llevado el sobre a la Presidencia". La comunicación no tiene número de radicación ni sellos de correspondencia, luego alguien se la entregó en la mano a un funcionario.

Es urgente saber a través de quién llegó el sobre y si el gobierno sabía desde el comienzo que, en realidad, provenía de 'Chucho' Sarria. Entre otras cosas porque, hace unos días, la carta apócrifa de Villalba fue enviada por el Estado colombiano como prueba en un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Pequeños productores de leche protestaron en Bogotá contra decretos del Gobierno
Más de diez mil pequeños lecheros venidos de 15 departamentos marcharon pacíficamente por el centro de Bogotá para exigirle al gobierno de Uribe la derogación de los decretos con los cuales los ha condenado al hambre
Por Camilo Raigozo.Voz

Como estaba previsto, el pasado 19 de agosto más de 10 mil pequeños productores de leche cumplieron la cita en Bogotá provenientes de 15 departamentos para protestar pacíficamente y exigirle al presidente Uribe la derogación de los decretos 2838 y 616 los cuales lesionan gravemente su derecho al trabajo y los condena al hambre, al prohibir la comercialización, transporte y venta de leche para hervir, labor de la que derivan su sustento miles de humildes familias colombianas desde hace décadas.

La excusa dada por el gobierno es el supuesto riesgo en la salud de los consumidores, pero la realidad que se esconde es la voracidad del puñado de grandes pasteurizadoras que quieren todo el negocio para ellas exclusivamente. El ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, alias “Carimagua”, ha expresado sin ruborizarse que “los informales son sobrantes en el mercado lechero nacional”.

Las 10 mayores pasteurizadoras facturaron el año pasado 3.33 billones de pesos, sin embargo persiguen que el restante 40 por ciento del mercado, que es el que representan los pequeños productores de leche cruda, también quede en sus manos, lo que están a punto de conseguir con la complicidad del gobierno.

El especialista en el tema, Aurelio Suárez Montoya, manifestó que la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera como leche no cruda, tanto a la pasterizada, como a la leche hervida, pero para el gobierno del doctor Uribe solo es apta para el consumo la primera, la del negocio de los oligopolios, que al fin y al cabo es para quienes gobierna, así condene al hambre a miles de pequeños productores que sobreviven de la venta, el transporte y la comercialización en menor escala de leche en cantina.

Uribe gobierna a favor de los ricos

“Lo que se defiende es que se permita la comercialización de leche para ser hervida, pues ha sido un patrón de consumo arraigado especialmente en los sectores populares, que es más económica que cualquier otra presentación y que involucra, como ‘cadena láctea popular’ a decenas de miles de pequeños ganaderos, a más de 20.000 comercializadores, a innumerables industrias caseras de derivados lácteos y a millones de consumidores”, advierte Suárez Montoya.

Según informes de la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria, en Colombia diariamente son consumidos cerca de dos millones de litros de leche para hervir, los cuales son producidos por más de 40 mil pequeños propietarios y comercializados por otras 20 mil personas.

A esta mano de obra hay que agregarle los empleos generados en el transporte y las cadenas productivas de derivados de la leche, en micro empresas donde intervienen familias enteras, como almojábanas, kumis, quesadillos, arequipes y muchos más.

Al menos un millón de familias colombianas no tendrán la posibilidad de adquirir leche para hervir a 900 pesos el litro y se verán obligadas a consumir la pasteurizada a un costo de más del doble.

Un gran número de personas, la mayoría niños, se verán privados del suministro del vital líquido, gracias a la “visión inversionista a gran escala del gobierno”, que seguirá enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a muchos.

El ministro de Agricultura anunció pocos días antes de la marcha, que aplazaba entre 18 y 24 meses la entrada en vigencia de los decretos, pero los marchantes dijeron que eso era un truco para ir desplazándolos y excluyéndolos de sus actividades mediante los llamados “proyectos de reconversión”, en el afán del gobierno de entregarle todo el negocio al puñado de grandes inversionistas que ya tienen en sus manos el monopolio de la cadena productiva láctea. Foto Gecbogotá

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Leche cruda (con panela)
Por: Héctor Abad Faciolince. El Espectador

Estoy en líos con la ley. Soy un consumidor y un vendedor de leche sin pasteurizar. Tengo tres vacas Blanco Orejinegras y los fines de semana las ordeñamos para hacer quesito, arequipe, y tener leche fresca. Como soy mal ordeñador (les saco si mucho un vaso) Egidio hace la tarea, y si estamos de buenas les logra sacar 20 litros a las tres.

Ya se sabe, las Blanco Orejinegro no son Holstein, pero a la vista me gustan más y no se les pegan casi las garrapatas ni las mata la aftosa. A la leche recién ordeñada, y puesta en vasos, le decimos “postrera” desde los tiempos de mi bisabuela, quizá porque es la leche que sirve para acompañar el postre. En realidad estas postreras —con una crema exquisita que sube a la superficie— sirven también para echarle al café y además para acompañar el arequipe, la mazamorra y sobre todo la panela.

Y ahí vuelvo a estar en líos con la ley. Resulta que yo la panela no la compro en Carrefour, de productores industriales, sino que se la encargo a Adán, un campesino de Sonsón, que tiene un trapiche artesanal bajando dos horas a lomo de mula desde el pueblo, camino del río Arma.

La panela que hace Adán no se puede comparar con la que venden en El Ley. Tiene un aroma, una consistencia, un sabor, que son únicos. Pero producir panela artesanal también se está convirtiendo en un delito en este país gobernado por patriotas que persiguen a los campesinos más pobres con leyes absurdas.

Decía que también vendo leche cruda. Lo debo hacer porque la cantidad no es suficiente para que pase una empresa a recogerla. Además la finca queda a media hora a caballo de la carretera principal. Y si en semana no se ordeñan las vacas, pues se me pierden, porque les da mastitis. Como la leche sobra, se la vendemos barata a los vecinos, mucho más barata que la de Colanta o Parmalat.

Los vecinos no se han enfermado nunca por la leche nuestra. Las vacas son sanas y están vacunadas, Egidio se lava las manos antes de ordeñar, lava las ubres con una solución yodada, y les tira a las ánimas benditas del Purgatorio los primeros chorros del ordeño de cada teta. Más higiene no ha sido necesaria por allá.

De la panela puedo decir lo mismo. Aunque el Invima le haya exigido a Adán que monte un trapiche de acero inoxidable que él no se puede permitir, y que se ponga un bozal como el que él le pone de día al perro bravo, la panela que vende hierve tanto tiempo a tanta temperatura, que no hay bacteria ni bicho que resista ese fuego. La manía de la asepsia histérica es una ridiculez, o más bien, una exigencia interesada de los grandes productores de panela para acabar con los paneleros artesanales, como Adán.

Es muy conocida la frase del general De Gaulle, que alguna vez se lamentó de lo difícil que era gobernar un país que producía 365 variedades de queso. Y se quedó corto, pues se calcula que en Francia se producen más de 500 tipos distintos de quesos artesanales, los cuales son una de las mayores riquezas de la gastronomía mundial. Estos deliciosos quesos artesanales se hacen con leche fresca (como la que quieren prohibir aquí).

En el país de Pasteur buena parte de la leche no se pasteuriza. Si la pasteurizaran, acabarían con una de las mayores riquezas culturales de Francia. Se sabe que los buenos quesos franceses solamente se pueden producir con leche viva, con leche que fermenta por sí misma, es decir con lo que allá se llama lait cru o leche cruda.

Hace unos años las grandes compañías productoras de alimentos se empeñaron, amparadas por una supuesta necesidad higiénica, en que todos los quesos de Francia se hicieran de manera industrial, mecanizada, aséptica. Estuvieron a punto de convertir a Francia en un supermercado gringo, en el que todos los quesos saben igual y a nadie le da diarrea jamás, pero engordan como cerdos. Por suerte para el queso artesanal francés, y para el paladar del mundo entero, los industriales no pudieron imponer este empobrecimiento cultural.

Aquí, en lo pequeño, nos quieren también quitar lo poco que tenemos. Señor Presidente, señor Ministro de Protección Social: el gran problema de higiene de este país es el agua potable, los acueductos.

No pierdan el tiempo y los recursos en perseguir a los vendedores de leche cruda y a los productores de panela artesanal. No persigan a los campesinos más pobres para favorecer a la industria de los alimentos. Sean patriotas de verdad, protejan a los más débiles en vez de perseguirlos con tonterías que no dicta la higiene, sino el interés.

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El infierno de Uribe
Por: Ramiro Bejarano Guzmán. El Espectador

Antes fueron los senadores Héctor Helí Rojas, Rafael Pardo y el ex director del DANE César Caballero quienes disintieron de Uribe, y les pasó lo que les pasó. Hoy fue Iván Velásquez, a continuación la Corte Suprema, después Daniel Coronell, más tarde Gustavo Petro, en seguida Piedad Córdoba, luego César Gaviria, el siguiente Juan Fernando Cristo con todo el Partido Liberal, y al final de la jornada, el fiscal Iguarán. ¿Quién será el próximo? Cualquiera que crea que el Gobierno tornó invivible la República.

Ya llegará el día en el que Uribe salga iracundo a difundir más mentiras y falsas sospechas de las que anda escarbando contra todo el mundo el primo hermano de Pablo Escobar, el temible José Obdulio Gaviria, con la probable ayuda de organismos de inteligencia, para enlodar el nombre de quien enfrente el poder mafioso que ejercen amparados en la seguridad democrática.

Qué tal José Obdulio aplicándole la tesis de O.J. Simpson a Juan Fernando Cristo —a salvo de toda sospecha—, cuando Uribe no ha explicado por qué era el número 84 de una lista de personas nada confiables —por decir lo menos— para las autoridades americanas; o por qué él mismo fue señalado, a través de una versión rectificada a medias, por su primo, Roberto Escobar, de visitar la Catedral en las épocas de Pablo.

Uribe mancilla honras y la Casa de Nariño, permitiendo que dos de sus hombres se reunieran de noche y subrepticiamente con un delincuente y el abogado del siniestro Don Berna. Solamente en este cuatrienio era posible que ingresara a la casa de los presidentes un emisario de la oficina de Envigado.
A pesar de ser invitada, la directora del DAS no asistió a la perversa reunión, pero en vez de marginarse de ese sórdido acontecimiento, envió un “detective especializado en bandas”, no precisamente de músicos. ¿En cuál banda pensó? Acaso la de Job, o la de la “Casa de Nari”, agenciada por Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, el hombre del Opus Dei en Palacio a quien uno de sus contertulios le clavó el alias de El Cura, que insinuó que el presidente de la Corte es un canalla.

Que no insista el Gobierno en sostener que los oscuros visitantes entraron por el sótano dizque porque traían equipos de comunicación, pues las imágenes lo que permiten apreciar es que ninguno llevaba siquiera un maletín, que justificara burlar la puerta por donde ingresan quienes no necesitan ocultarse.

Es insólito que el Gobierno sindique a la Corte Suprema de manipular un “cartel de testigos”, cuando de lo que dan cuenta las evidencias es que Uribe se ha valido de declaraciones de prisioneros como Tasmania y Francisco Villalba para acusar a senadores opositores y magistrados, sin importarle las corrompidas condiciones en las que se suscitaron tales testimonios posteriormente retractados.

Y para premiarnos, ahora nos imponen una reforma política y otra para someter a la justicia, conducidas por un ministro que como Valencia Cossio se está cayendo, porque, entre otras, esta es la hora que no sabe por qué estuvo en su posesión el controvertido Luis Felipe Sierra, preso por vínculos con un paraco; ni ha justificado por qué llamó al Fiscal a pedirle una oportunidad para su hermano.

En ese ambiente enrarecido, el vicepresidente Santos y un obispo de la Conferencia Episcopal reclaman calma a todos, sin atreverse a decir que el responsable de esto es Don Álvaro. Echarles la culpa a muchos para que no se vea la imborrable falta de Uribe es oportunista e injusto, en particular con los magistrados de la Corte, quienes silenciosamente soportaron los insultos —a los que se ha sumado el indelicado Héroe de Invercolsa, Fernando Londoño— hasta cuando tuvieron que defenderse de los ataques orquestados en la penumbra desde la casa de Gobierno.

Mientras los inquilinos de la casa presidencial sigan siendo los mismos, aquí habrá zozobra, y muy pronto violencia, claro, contra quienes no hacen parte del “cuerpo de doctrina de Uribe”.

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El Estado cobarde
Por: Felipe Zuleta Lleras. El Espectador

Resulta insólito, por decir lo menos, lo que el director del Inpec ha hecho con la sentenciada Yidis Medina, al atravesársele a una sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención domiciliaria, a tal punto que sus hijos menores tuvieron que amarrarse a un poste enfrente de la cárcel para exigir que les manden a su mamá a casa.

Quisiera saber por qué el Inpec es tan negligente en este caso, pero tan diligente para soltar a los parlamentarios presos por la parapolítica. A ver qué hubiera pasado si el director de esa institución se hubiera demorado un minuto el día que la Fiscalía ordenó la liberación del primo del Presidente, Sr. Mario Uribe.

Lo que el Inpec está haciendo con Yidis Medina es nada más ni nada menos que, además de ilegal, un acto de cobardía sin antecedentes, pues es la fuerza del Estado, hoy totalitario, contra una ciudadana inerme que cometió un delito para asegurar la reelección de Sr. Uribe.

Por eso el Gobierno, a través del Inpec, decide aplicarle todo el peso de los reglamentos carcelarios. A tal punto que la trasladaron a un pabellón de máxima seguridad, como si se tratara de una guerrillera o terrorista.

Me imagino que el Sr. Ministro de Justicia anda un poco atareado por los problemas que le ha generado el escándalo en el que anda metido su hermano, por lo que no debe haber tenido tiempo de mirar las solicitudes que le han formulado las diferentes autoridades del país para que a Yidis la trasladen a su casa.

El Estado no puede perseguir a los ciudadanos cuando no estén de acuerdo con el gobierno de turno. Eso es lo que se conoce como abuso de poder y es lo que está pasando actualmente. El Sr. Uribe ha mostrado que en su gobierno no hay espacio para la oposición o el disentimiento.

Utiliza una terminología desapacible que ciertamente no se compadece con el respeto del cargo. Un presidente debe concitar a la unión, llamar a la cordura, respetar las formas y, por supuesto, cumplir y hacer cumplir las leyes.

Nada de eso está pasando y por eso el ambiente está tan caldeado. La agenda del país está tomando un giro peligroso y se ha generado un caldo de cultivo para que ocurra algo espantoso: un magnicidio, el asesinato de los opositores, el crimen de periodistas...

El Sr Uribe debe calmarse, así “le dé lidia quedarse callado”. Él debe entender que representa a la Nación entera y no sólo a sí mismo. Por más que le cueste trabajo, debe entender también que el gobierno que preside no es infalible.

Así como les pone la cara a los problemas, debe asumir que no todas las actuaciones suyas o de sus subalternos son ajustadas a la ley, por lo que debe comportarse como lo haría un jefe de estado y no un capataz de finca. Colombia no es, todavía, la República independiente del Ubérrimo.

Por lo pronto podría indicarle al Inpec que cumpla con la sentencia de la Corte frente a Yidis, porque las personas decentes nunca maltratan a una mujer, así sea la enemiga. ¿Será mucho pedirle al Sr. Uribe que se comporte como un caballero?

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Notícula: ¿A qué se referirá Francisco Santos cuando en el diario El Correo de Lima del miércoles sostuvo: “…cuando acabe la violencia. La violencia en Colombia incluye todos los asesinatos de la guerrilla, la de los paramilitares y, por supuesto, también la del Estado”.

¡Pues que nos cuente cuáles son esos asesinatos que comete el Estado!

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El desarrollo olvidado
Por: Cristina de la Torre. El Espectador

Cuando el Gobierno enfrenta su peor momento en seis años. Cuando la familiaridad con que emisarios de la mafia se mueven en Palacio revela equívocas cercanías acaso enderezadas a desmoronar la democracia. Cuando el hermano del Ministro del Interior y un general resultan involucrados con paramilitares y el Ministro sigue en el cargo.

Cuando el escándalo amenaza fracturar la popularidad de un mandatario que así desafía a la ley y las buenas costumbres, el analista Alejandro Reyes sostiene que el presidente Uribe rompió la alianza entre militares, terratenientes y paramilitares, que ahora se podrá “rescatar el poder público de manos de sus captores” y “definir un modelo de desarrollo vigoroso e incluyente” (El Tiempo, 27-8).

Si el cuadro político alarma, el modelo económico, solitario rezago del fundamentalismo del mercado en el continente, no augura desarrollo. Tanta confianza inversionista, tanta gabela al capital privado no nos han quitado, sin embargo, el liderato en desempleo entre las siete economías grandes de la región; ni en desigualdad, entre todos los países del mundo. Ni ha roto la espiral de la pobreza que, según la ONU, hoy agobia al 64% de los colombianos y mantiene en la miseria a la cuarta parte de la población.

Ya quisiéramos que el Gobierno y las fuerzas políticas volvieran a hablar de desarrollo, de industrialización, de seguridad social para todos. Pero la clase dirigente sigue sembrada en un credo que trocó el objetivo del desarrollo por el de la estabilidad monetaria y financiera, para delegarlo todo en el mercado.

Descorazona el balance. Con el nuevo modelo, el crecimiento no alcanza las cotas logradas a mediados del siglo pasado, cuando Estado y economía privada compartían la divisa de la modernización con redistribución del ingreso y búsqueda del empleo productivo. En vez de política social integrada al desarrollo, se despliega asistencialismo, dizque para conjurar la pobreza. Se apagan incendios, sí; y se cosechan votos. No más.

El mismo Stiglitz critica este modelo empotrado en la doctrina de que los mercados se corrigen solos, que solos asignan bien los recursos y sirven al interés general. Si con él creció alguna economía, sería en provecho de los ricos. El desmonte de la intervención del Estado en la agricultura de nuestros países, verbigracia, aupó una competencia devastadora del Primer Mundo que extremó nuestros problemas. Insiste el Premio Nobel en que no se trata sólo de crecer sino de sostener el crecimiento y, además, de vencer las desigualdades.

Síntoma de que el modelo periclita es el reciente fracaso de la Ronda de Doha. Se atrevió la India a decir que quería proteger su economía y la delegada de Estados Unidos replicó, con razón, que “eso sería como retroceder 30 años en el sistema multilateral”. Tampoco compartió, claro, la idea de que los países ricos recortaran subsidios a sus agricultores.

Mas es falsa disyuntiva la que opone Estado y mercado. Dirigismo de Estado existe hoy en China, a la par que iniciativa privada. En Chile, Brasil y Uruguay conviven política social y economía de mercado, ahora en condiciones de globalización.

América Latina rescata lo mejor de la economía mixta, de sus aproximaciones al Estado de bienestar de la posguerra. Entonces se buscaba armonizar la acción del Estado con el mercado, y hoy casi todos han retomado esta senda.

Nada indica que el Presidente de Colombia quiera sumarse a ese viraje, cuyo presupuesto primero sería, precisamente, desalojar a las mafias del poder público. Su cruzada contra la justicia parece querer frustrar el proceso de la parapolítica y darle carta de ciudadanía al nuevo estatus quo: la cohabitación del brazo político del narcotráfico con la clase empresarial que agigantó sus arcas con el modelo de mercado.

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‘Manos limpias’ en Colombia
Por: Iván Cepeda Castro. El Espectador

En 2001, el fiscal general de la nación Alfonso Gómez Méndez inició una serie de investigaciones contra el paramilitarismo y sus aliados políticos y ganaderos en Antioquia, Córdoba y el Valle. La Fiscalía tenía un listado de 615 personas que financiaban estas estructuras y había ordenado la captura del general Rito Alejo del Río, uno de los principales gestores de este fenómeno en las Fuerzas Militares.

Pero las investigaciones no prosperaron. Ese mismo año terminó la gestión de Gómez Méndez. Asumió la dirección de la Fiscalía Luis Camilo Osorio. No sólo acabó con las principales investigaciones y dispersó los procesos.

También debilitó la Unidad de Derechos Humanos y nombró en las principales fiscalías a personajes que hoy son investigados o que intentan eludir la justicia: en el Valle a Diego Rojas Girón preso por nexos con narcotraficantes, en Norte de Santander a Ana María Flórez prófuga de la justicia luego de ser acusada de pertenecer a las estructuras paramilitares, en Córdoba a Perla Dávila acusada de alianzas con paramilitares y en Antioquia a Guillermo Valencia Cossio acusado de trabajar para el narcoparamilitar Daniel Rendón, alias Don Mario.

De no haber sido tomada la Fiscalía por los cómplices de las Auc, probablemente no se hubiera llegado a la dominación territorial que permitió la parapolítica.

Guardadas proporciones y distancias, asistimos hoy al intento de que esta situación se repita. Contra los incipientes procesos judiciales que se adelantan atentan las extradiciones de los principales jefes paramilitares, el freno a las investigaciones por la parapolítica, la ofensiva que encabeza el Presidente de la República contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la lentitud de los procedimientos en la Fiscalía y el fin del período del actual Fiscal General.

En determinadas circunstancias históricas la justicia se convierte en el principal factor para la instauración de la democracia. Cuando los jueces toman en sus manos el esclarecimiento de las responsabilidades de crímenes de naturaleza sistemática y de gran impacto social, entran en contradicción con quienes detentan el poder político. En Italia los fiscales adelantaron la operación antimafia ‘manos limpias’ y lograron detener el avance de las organizaciones criminales que parecían todopoderosas.

Las investigaciones que realizan hoy los fiscales y magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia conciernen a los sectores que gobiernan el Estado. Por eso, del éxito o fracaso de los procesos de verdad y justicia que atañen a los máximos responsables políticos de la criminalidad paramilitar, y del respaldo que a esos procesos les brinde la opinión pública, depende en alto grado el futuro del país.

Durante la visita a Colombia del fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, los representantes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos le solicitamos que abriera pronto un primer proceso emblemático contra alguno de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad en Colombia.

Le dijimos que esa sería una señal inequívoca de apoyo a los jueces nacionales. Un buen candidato para ser el primero en comparecer en La Haya es el ex fiscal Luis Camilo Osorio. Fue quien garantizó la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y con ello contribuyó decididamente a abrir las puertas para que los políticos mafiosos y paramilitares gobernaran el país.

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Del rollo al bollo
Por: Alfredo Molano Bravo. El Espectador

Cuando el agua en botella se acaba en Unguía o en Necoclí es porque viene en camino un helicóptero blanco con azul, pequeño, ligero, silencioso, en el que a veces me informan llegaba un hermano de el Alemán, señor de horca y cuchillo de Urabá.

Pero cuando desde la noche anterior se va la señal de teléfonos celulares es porque –ya no cabe duda– viene Victoria Eugenia Restrepo Uribe, coordinadora nacional del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos de Acción Social, conocida en la zona simplemente como Vicki-Vicki.
Viene a rumbear a la vereda La Reforma. Rumbea en forma: desde que pone pie en tierra hasta que alza el vuelo.

No usa el camuflado con que sale en una foto colgada en su despacho de Bogotá, tal como dicen sus amigas que hay, pero sí en traje de campaña: bluyines y camiseta estampada. La campaña, por lo menos la que hace a la luz pública, consiste en visitar a los reinsertados que, a veces con armas propias, a veces con armas de dotación y otras simplemente vigilados por una compañía de seguridad, aprenden a sembrar palma. Después, sin más, a la rumba.

No estoy seguro de que una de esas compañías de vigilancia no haya sido uno de los negocios de Don Felipe Sierra, enlace de Don Mario con don Guillermo León Valencia Cossio, hermano del Ministro del Interior y de Justicia y que, a diferencia de la Conchi, no quiere renunciar a su cargo, razón por la cual lo llaman la Concha. Vale recordar que Don Mario, tan perdido como don Vicente Castaño, es hermano de el Alemán, insigne palmicultor en Territorios Colectivos de Ley 70, y de Don Enrique, un ciudadano que tiene negocios varios en la región, amigo también, como Don Sierra, de Vicki-Vicki.

Don Sierra es, a su vez, enlace con el Indio una joya que logró ser sacado por sus protectores de los listados de extraditables que suele leer el Presidente en los Consejos de Seguridad. Lo sacaron con pinzas. Como con pinzas sacaron de la cárcel de Unguía a los testigos que declaraban contra Don Mario, el Indio y Don Sierra y terminaron mochados —figura que usa Don Sierra en sus veredictos telefónicos dentro de la hacienda Rancho Grande, cerca al río Tanela, tierra de los Castaño.

Contó Don Sierra con la ayudita del jefe supremo de la Policía Nacional en Antioquia, Córdoba, Chocó y territorios de ultramar, general Pedreros, que al día siguiente de aparecer untado en el negocio, optó por incautar una caleta con fusiles AK 47, toneladas de munición, estopines, cables y el consabido material de intendencia con que —declaró en la televisión— Don Mario iba a mochar a medio mundo.

Este Don Sierra es socio, como se dijo, de una impoluta empresa de seguridad privada —Control Total— que vende servicios al Doctor Ternura para cuidar nada menos que a Don Berna, hoy ocupado en negocios varios en Washington, y con seguridad a Don Job, canciller del comandante supremo del Bloque Cacique Nutibara ante el gobierno de Uribe. Todo hasta aquí, normal, regular y frecuente: la regla. Todo conocido.

Lo que complicó el cuadro y enrareció el ambiente en Casa de Nariño fue la llegada del fiscal Luis Moreno Ocampo y del juez Baltasar Garzón, invitados con ingenua perversidad por el fiscal Mario Iguarán a tomar nota de la forma ejemplar como funciona la justicia en Colombia.

No se sabe quién le dio la noticia al Jefe de Estado de la llegada de los ilustres visitantes. Sus más cercanos áulicos temblaban escondidos, Lina vive casi exiliada en Llanogrande, sus hijos andarían muy ocupados en la exportación de artesanías de Tuchín; Valencia Cossio, pues, difícil. Quizás el chicharrón le tocó a César Mauricio. Informado, el señor Presidente se salió del costal, rompió costuras, botó espumarajos. Temblaban las paredes, temblaba todo el personal de Palacio.

Al Presidente no le faltaba razón: la Corte Penal Internacional le tiene puesto el ojo o, como dicen, le respira en la nuca. El Presidente convocó a los medios. César Mauricio no podía tragar saliva del pavor; José Obdulio se frotaba las manos de regusto. Estalló el polvorín: la culpa la tienen —gritó Don Álvaro, palabra más, palabra menos— el borracho del magistrado Iván Velásquez, el corrupto del senador Petro y el alcahueta del senador Cristo.

Mientras tanto, el ministro Santos barajaba —y sigue haciéndolo las cartas que esconde bajo la manga y que una vez más pueden sacar al Presidente del bollo y apuntalarse él mismo como carta de recambio para 2010: una oreja del Mono Jojoy, un desembarco en Nicaragua, otro bombardeo a Ecuador. O un operativo diseñado por el propio general (r) Pedreros. Por lo pronto, el Ministro les echó mano a diez bandidos de Don Mario, cuatro de los cuales resultaron ser de esos héroes que sí existen.

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