sábado, septiembre 18, 2010

Seguridad narcocrática/ El Castillo, Meta
Campesinado del Alto Ariari sigue en las manos del terror paramilitar
Hace dos semanas fue asesinada en una zona altamente militarizada la tercera víctima de una misma familia
Por Camilo Raigozo. Voz

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Meta, Sintragrim y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, denunciaron ante la opinión pública nacional e internacioanal el asesinato del campesino Nelson Murillo Taborda.

El nuevo crimen ocurrió el pasado jueves 9 de septiembre aproximadamente a la una de la tarde, en la vereda Caño Lindo, jurisdicción del municipio de El castillo, cuando el labriego realizaba labores agrícolas en una finca de la vereda Lucitania.

Un sujeto que se identificó como miembro de las autodefensas le segó la vida de varios disparos delante de su esposa quién le inquirió la razón por la cual lo había asesinado. Antes de huir por los matorrales el criminal le contestó a la afligida mujer que “esto es una tarea de las autodefensas".

La víctima era miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Lindo y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Alto Ariari, Atcari.

Además era hermano de Ferney Murillo, quien es miembro de la junta directiva de Sintragrim y hermano de Alba Nelly Murillo, presidenta de la junta de acción comunal de la verada La Esmeralda, quién fue desaparecida el 15 de febrero de 2009 en la misma vereda.

Según la denuncia existió negligencia de las autoridades civiles y militares del Meta, ya que desde el momento del asesinato solicitaron el levantamiento del cuerpo pero solo hasta las ocho de la noche se hicieron presentes las autoridades, lo que profundizó aún más el dolor de la esposa, hijos, familiares y amigos de la víctima.

El 29 de agosto de 2010 a las 10 de la mañana, miembros del Batallón 21 Vargas del ejército, allanaron la vivienda de Líderman Murillo Taborda.

Los militares lo amenazaron y acusaron de poseer armamento de la guerrilla. Lo mismo hicieron con Vidal Loaiza Yate, vecino del anterior.

El 7 de mayo pasado, a las seis de la mañana, cuando Nilson Ramírez se encontraban junto con su esposa y su hija menor de edad, en su vivienda, ubicada en la vereda la Esmeralda, municipio de El Castillo, Meta, fue asesinado en hechos muy similares al asesinato de Nelson Murillo.

Las comunidades agrarias de esta asotada región exigieron al actual gobierno nacional, departamental y local a que cumplan con la Constitución y las leyes de proteger los derechos humanos fundamentales de los moradores y que investigue judicialice y condene tanto a los paramilitares como a los militares que estén involucrados en connivencia con estas hordas, que desde hace más de una década han sembrado de dolor, luto y desplazamiento esta región.

Del mismo modo instaron a las autoridades a que inicien inmediatamente las investigaciones pertinentes sobre los últimos crímenes los cuales en su totalidad gozan de absoluta impunidad.

“Que se respete la vida y la integridad de la familia Murillo Taborda, como de las comunidades de esta región y que se brinde las garantías necesarias para continuar sobreviviendo las familias campesinas en sus fincas y territorios”, dice un aparte del comunicado de Asogrim,-

quién además agrega que “se ponga a esta política de estigmatizaciónes, persecuciones y asesinatos de los campesinos que se vienen dando sistemáticamente en esta región, que podrían generar un inminente desplazamiento masivo de las comunidades".


Campesinos de oriente antioqueño en la mira paramilitar

La Asociación Campesina de Antioquia, ACA, denunció las últimas amenazas de paramilitares autodenominados “águilas negras” contra los pobladores del municipio de San Francisco, oriente antioqueño.

No es la primera vez que los pobladores de esta localidad se ven sometidos a la presión de los paramilitares y del mismo ejército nacional que hacen presencia en dicho municipio.

San Francisco ha sido uno de los municipios más golpeados por el conflicto social y armado que ha vivido esta subregión del departamento a lo largo de los últimos quince años.

Desde mediados de agosto han venido apareciendo panfletos de las "Aguilas Negras Heroes de Castaño", en los que manifiestan la intención de focalizar su accionar en los municipios del oriente antioqueño.

En los dos últimos años, la población campesina de este municipio viene liderando una ardua lucha en pro de los derechos a la tierra y al territorio que ha significado la movilización de la comunidad campesina en un rotundo rechazo a la aplicación del modelo de desarrollo que amenaza-

con la expulsión de mas población campesina, la negación de un retorno voluntario con dignidad y garantías y toda la inconformidad que ha suscitado en la población la privatización del agua y la construcción de varias centrales y micro-centrales eléctricas en éste y otros municipios del oriente Antioqueño. Foto Camilo Raigozo.

Seguridad narcocrática/
Fuerte rechazo a la entrada del Esmad a la Universidad de Antioquia

“Una intromisión de la fuerza pública en la universidad, más que una canallada, es una ofensa a la posibilidad de un pueblo de formarse libremente; es un atentado a la libertad”: estudiantes

La Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda denunció la manera como la administración de la Universidad de Antioquia y la Gobernación reprimieron una manifestación estudiantil cuando se autorizó, bajo infundios, el ingreso al claustro universitario del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, lo cual dejó un número no determinado de heridos, cinco capturas y cuantiosos daños al interior del campus.

Desde el pasado lunes 13 de septiembre la administración de la Universidad de Antioquia decidió exigir la Tarjeta de Identificación Personal, TIP, como registro único de identificación.

Este hecho molestó a una parte del estudiantado, ya que la administración del claustro había expresado anteriormente que este cambio sería una decisión opcional, sin embargo desde esa fecha se han venido restringiendo los servicios que la universidad ofrece a quienes no hayan obtenido dicha tarjeta.

Los estudiantes se han manifestado en contra de esta medida, igualmente han expresado que existen dudas respecto a la utilización de la información personal que contiene el chip instalado en la tarjeta, puesto que la administración de la universidad no ha-

aclarado cómo y para qué se usaría dicha información, además, experiencias anteriores han evidenciado la forma en que la administración de la universidad ha entregado de manera irregular información privada de profesores y estudiantes a miembros de inteligencia militar y Fiscalía.

Con la exigencia de la TIP como registro único para el ingreso a la universidad, se generaron choques entre la comunidad universitaria y la vigilancia privada, igualmente a partir del lunes 13 de septiembre la universidad amaneció sitiada por la Policía (Esmad)-

y miembros del Ejército Nacional en cada una de sus cinco porterías, los cuales constantemente hostigaban y agredían a los estudiantes que no tenían dicho sistema de identificación. Esta situación generó mucha tención en la comunidad universitaria, incluso entre quienes ya poseían el sistema TIP.

El día 15 de septiembre a partir de las 10:00am se realizó en el Teatro Universitario Camilo Torres R. una Asamblea de Estudiantes, la cual, a las 3:00pm, decidió realizar un mitin al interior de la universidad y terminar en los bajos del Bloque administrativo.

Esta actividad es común en la universidad y se realizó de manera completamente pacífica. Pasadas las 4:15 de la tarde, el Esmad ingresó a la universidad, y sin realizar ninguna acción persuasiva, atacó a los estudiantes que se manifestaban allí.

Una vez el Esmad se instauró en el bloque administrativo, los estudiantes indignados y enfurecidos empezaron a exigir que la fuerza pública se retirara del claustro, y a través de este colectivo de derechos humanos, la Personería de Medellín, profesores y estudiantes, se intentó llegar a un acuerdo con los comandantes de dicho escuadrón para su retiro, y así evitar una mayor afectación en contra de la comunidad universitaria.

Este Comité conoció a través del Comandante del Esmad encargado del operativo, que el Rector de la universidad, Alberto Uribe Correa, manifestó estar secuestrado, hecho, que según el Personero de Medellín y demás testigos, nuca sucedió.

El personal administrativo que decidió salir de sus puestos de trabajo, lo pudo hacer sin dificultades en presencia del comandante del Esmad y la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín.

La presencia del Esmad dentro del campus universitario exacerbó los ánimos de los estudiantes, los cuales durante la semana han tenido que sufrir agresiones y señalamientos por parte de la Policía y la seguridad privada de la Universidad, sin embargo en ningún momento se agredió a la fuerza pública, sólo se gritaban consignas en contra de éstos.

Durante la negociación que miembros de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín y este Comité realizaba con los comandantes del Esmad, un piquete de la policía decidió agredir a una parte de los estudiantes, provocando la desesperación y el caos dentro de la ciudad universitaria.

El Esmad antes que actuar como un cuerpo disuasivo, emprendió una serie de agresiones indiscriminadas en contra de todas las personas que se encontraban dentro y fuera de la universidad, incluso una integrante de la Personería de Medellín fue agredida por dicho cuerpo.

El accionar de la policía se extendió a todo el campus universitario, desalojando y agrediendo incluso a estudiantes que se encontraban estudiando y que eran ajenos a esta situación.

Una vez terminó la ocupación de la universidad por parte del Esmad, miembros de la Personería de Medellín, de la Defensoría del Pueblo y del Comité Gustavo Marulanda realizaron un recorrido por la universidad para ayudar y acompañar a los estudiantes que tuvieron que refugiarse dentro de los salones de clase para evitar ser agredidos.

Finalmente tras una primera evaluación este comité conoció que más de veinte estudiantes fueron víctimas directas de agresión, de los cuales cinco tuvieron que acudir a la Clínica León XIII para ser atendidos, además se nos informó que otras personas no quisieron acudir a ningún servicio médico debido a temores y evitando que se les considerara participantes de la protesta.

La Policía retuvo a cinco estudiantes, los cuales sólo fueron registrados por una contravención y liberados posteriormente, lo que indica que de parte de los estudiantes nunca existió el deseo ni la concertación para realizar acciones que afectaran el orden público, por lo tanto no se esperaba que la administración de la Universidad y la Gobernación de Antioquia ordenaran dicha acción represiva.

Se aclara que en el momento en que se presentó la incursión de la Policía dentro del campus, un grupo representativo de cerca de veinte organizaciones habían acordado con miembros del Comité Rectoral una reunión para presentar medidas alternativas, concertadas y pacíficas para darle una mejor salida a esta situación, eso demuestra que de parte de los estudiantes ha existido el deseo de concertar soluciones ante la problemática universitaria.

Acallamiento violento de la Fuerza Pública a manifestación pacífica en la U de Antioquia

15 de septiembre de 2010. En horas de la tarde, el grupo antidisturbios Esmad ingresó de manera violenta a las instalaciones de la Universidad de Antioquia con el fin de acallar a como diese lugar las manifestaciones estudiantiles que tenían lugar de manera pacífica en el alma mater,-

respecto a la actual resolución de la administración de la universidad de activar un ship: Tarjeta Integrada Personal, TIP, por medio del cual se daría seguimiento y control a los estudiantes bajo el argumento de garantizar la seguridad institucional (esto amparado bajo la doctrina de seguridad democrática).

La atmosfera de la universidad en el presente año, ha sido de constante represión de parte de la fuerza policial, avaladas éstas por las directivas de la universidad( y como sabemos con el beneplácito del gobierno nacional),-

esto se constata con las medidas que coaccionan las libertades elementales de los estudiantes verbigracia el hecho de que en la actualidad es imposible ingresar a la universidad sino se está carnetizado y mucho menos sino se cuenta con la TIC que identifica a cualquier estudiante en las áreas del campus universitario.

Ante este escenario los estudiantes decidieron después de intentar diálogos con la administración para llegar a consensos sobre las políticas de seguridad en la universidad y el bienestar que la misma debe garantizar a los estudiantes, realizar un toma pacífica del bloque administrativo como un ejercicio de protesta y denuncia por la violación de sus libertades y derechos.

A las 5:30 p.m., el Esmad continuó haciendo presencia en la universidad, atacando a los estudiantes por medio de la violencia física y simbólica, impidiendo que éstos puedan salir de las instalaciones.

Denunciamos a la comunidad lo que está sucediendo en la Universidad de Antioquía, y hacemos responsable al Gobierno en curso de las múltiples violaciones de Derechos Humanos que han tenido lugar en la Universidad y que en el día de hoy han dejado un estudiante seriamente herido a manos de la fuerza pública.

Hacemos un llamado a la comunidad estudiantil nacional a solidarizarse con los compañeros de la U de A y denunciar los atropellos a los que han sido sometidos tanto por la administración actual de la universidad, como de la fuerza pública.


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viernes, septiembre 17, 2010

Seguridad narcocrática/
Por amenazas grave riesgo para la familia de defensor de derechos humanos detenido

Por Corporación Reiniciar

La Corporación Reiniciar, denunció ante las autoridades colombianas, organismos de Derechos Humanos y la opinión pública nacional e internacional, la situación de peligro en que se encuentra la vida de la familia del defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, quien fue detenido el día 14 de septiembre en Barrancabermeja.

Este viernes 17 de septiembre a las 10:30 de la mañana, nuevamente el hijo de David Ravelo, recibió una llamada a su celular del número 311 865 2231, advirtiéndole que: “si hacen alguna bulla los vamos a matar”.

En horas de la mañana de septiembre 16 de 2010, María Ravelo, prima de David Ravelo Crespo, también defensora de derechos humanos en Barrancabermeja, recibió una llamada a su celular en la que una voz de hombre le advirtió: “ahora sí van a sufrir en carne propia” y colgó.

El miércoles 15 de septiembre, en horas de la mañana, el hijo de David Ravelo Crespo, recibió una llamada a su móvil personal, del número celular 316 652 3257. La voz de un hombre mayor, le dijo: “el hijueputa de su papá se va a pudrir en la cárcel” y colgó. David, hijo, devolvió la llamada pero el celular se encontraba apagado.

En la noche del martes 14 de septiembre, el mismo día de la captura de David Ravelo Crespo, su hijo, se percató que saliendo de su apartamento, un hombre alto, blanco, con corte militar, vestido con sudadera negra, lo observaba con insistencia.

David hijo, abordó una buseta y el hombre se subió a la misma, y no paraba de mirarlo. Como medida de protección, David hijo decidió bajarse del vehículo a la altura de la universidad nacional y así evadirlo.

El día de la captura de David Ravelo Crespo, apenas este estuvo en poder de la fiscalía, el DAS llamó a sus tres escoltas y los citaron para que ese mismo día entregaran las armas y el carro. Al otro día, los escoltas estaban asignados a otra persona en Barrancabermeja.

El 14 de septiembre, día de la captura de David Ravelo Crespo, en las instalaciones del Palacio de Justicia en Barrancabermeja, donde inicialmente fue llevado el defensor de derechos humanos, su prima María Ravelo se encontraba en el lugar junto con la hija de David, quien estaba llorando por la situación de su padre.

En el mismo lugar se encontraba Liliana Núñez Mancipe, hija de David Núñez Cala, candidato a la alcaldía que fue asesinado, se burló de la hija de Ravelo. Ante el reclamo que le hiciera María Ravelo, para que respetara el dolor de la hija de David, fue agredida por un sujeto que acompañaba a Liliana Núñez.

Ahora Liliana Núñez dice que la familia de David Ravelo Crespo la agredió y que teme por su vida.

20 días antes de la captura de David Ravelo Crespo, cuando su hijo llegaba al barrio donde reside, fue abordado por los ocupantes de una camioneta Ford blanca, sin placas, con vidrios polarizados y que estaba en la esquina de su casa.

Al interior del vehículo se encontraban 4 hombres, el conductor se bajó con un arma en la mano y luego otros dos ocupantes le pidieron una requisa. Los hombres, no se identificaron. David hijo, subió al apartamento, y cuando miró por la ventana, vio que la camioneta arrancó.

La gravedad y la multiplicidad de amenazas y actos intimidantes en contra de la familia del defensor de derechos humanos, previos y posteriores a su captura, indican el alto riesgo al que están expuestos, por lo cual exigimos de las autoridades colombianas:

1. Se garantice la vida e integridad física de la familia de David Ravelo Crespo, y se les brinde inmediatamente la protección que requieren.

2. Se emprendan las investigaciones y acciones de prevención tendientes a esclarecer los hechos y determinar los responsables de las amenazas, los hostigamientos e intimidaciones contra la familia del Defensor de Derechos Humanos.

3. Como en la anterior comunicación, solicitamos plenas garantías para la defensa judicial del señor David Ravelo Crespo, así como medidas de protección en el lugar de reclusión, en razón de la persecución de que ha sido víctima en su condición de

sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y miembro directivo de la Corporación Credhos, organización beneficiaria de medidas cautelares otorgadas en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Corporación Reiniciar
Información de contacto: Teléfonos en Bogotá: (1) 284 0556 – 243 3967

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miércoles, septiembre 15, 2010

Constancia en el Congreso por ataques contra defensores de derechos humanos presentó el representante Iván Cepeda
Por Oficina de prensa

En la plenaria de la Cámara de representantes, el parlamentario del Polo, Iván Cepeda Castro, presentó este 15 de septiembre una constancia por la detención arbitraria del dirigente social y miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, David Ravelo y por las amenazas que viene recibiendo la Comisión Ínter eclesial Justicia y Paz.

Constancia:

El Polo Democrático Alternativo deja constancia de la detención por parte de la Fiscalía, el 15 de septiembre, de David Ravelo, reconocido dirigente social de Barrancabermeja y defensor de Derechos Humanos, miembro del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado y sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica;-

cuyo caso lo lleva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, quien ha sido víctima de un montaje judicial, luego de que Alias Julián Bolívar comandante del Bloque Central Bolívar manifestara su intención de llevar a la cárcel a varios defensores de DDHH y líderes sindicales, entre ellos a David Ravelo.

De igual manera dejamos constancia sobre las amenazas y planes de actuación contra la vida e integridad de las personas que hacen parte de la Comisión Ínter eclesial Justicia y Paz, quienes han denunciado seguimientos, hostigamientos y el día de hoy, la existencia de un plan de actuación en su contra que incluye, el desprestigio a través de un montaje judicial.

Esta Organización denunció que en la mañana de hoy una fuente, que exigió mantener la reserva, les manifestó que hace dos semanas agentes estatales recibieron de una mujer no identificada, recursos económicos para hacer seguimientos a tres integrantes de la organización: padre Alberto Franco, Abilio España y Danilo Rueda.

El recurso fue aportado a nombre de un grupo de empresarios, sin precisar, el renglón de la economía.

Esta detención y amenazas se producen en un contexto de recrudecimiento de las amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de DDHH.

Según el registro realizado por el Sistema de Información sobre agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, durante el primer semestre del año 2010, 64 defensores y defensoras sufrieron agresiones, es decir, cada tres días ocurrió una agresión directa contra un defensor(a) en Colombia, y 111 organizaciones sociales y de DDHH, fueron víctimas de algún tipo de ataque contra su vida e integridad, obstaculizando además su labor.

Las amenazas, los atentados y los asesinatos, fueron las tres formas identificadas para agredir a los defensores entre enero y junio de 2010.

De estas agresiones contra defensores(as) se reportan seis casos de atentados contra la vida; siete de homicidio o asesinato del defensor(a) y 51 casos de amenazas contra la vida y la integridad del defensor(a).

En cuanto a las zonas de Colombia donde se evidencia un mayor peligro para el ejercicio de defensa de derechos humanos, la ciudad de Bogotá continúa ocupando el primer lugar en índice de agresiones, seguido de los departamentos de Santander, Cauca y Valle.

En municipios de Córdoba, Sucre, Antioquia, Meta, Guaviare, Arauca, Putumayo, Nariño y Casanare también se registran ataques contra las organizaciones defensoras de derechos humanos y sus miembros.

Solicitudes

1. Se brinden las garantías procesales a David Revelo para su defensa.

2. Se otorguen garantías para la labor legal y legítima de las y los defensores de derechos humanos, y en especial a cada uno de las y los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Bogotá y en cada una de las regiones en donde se hace acompañamiento de las distintas comunidades en la defensa de sus DDHH.

3. Se actúe diligentemente para esclarecer las amenazas contra la vida e integridad personal de las y los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la campaña de desprestigio y judicialización en su contra.


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Este jueves plantón frente a la Fiscalía por detención de defensor de derechos humanos
Por Movice

Este jueves 16 de septiembre, a las 8:00 a.m., se realizará un plantón frente al bunker de la Fiscalía en Bogotá, por la injusta detención y montaje judicial en contra de David Ravelo Crespo (foto), miembro de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos, Credhos, e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Magdalena Medio.

La detención del defensor de derechos humanos se efectúo el 14 de septiembre en la ciudad de Barrancabermeja por agentes del CTI. Luego, David Ravelo Crespo, fue conducido por una fuerte escolta policial y agentes del CTI hacia el aeropuerto para ser transportado a la ciudad de Bogotá.

Las organizaciones convocante al plantón esperan la solidaridad y acompañamiento de otras organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, etc. La actividad será pacífica.

Seguridad narcocrática/
A juicio 29 militares por ejecuciones extrajudiciales
Por Camilo Raigozo

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a 29 militares por su presunta responsabilidad en las muertes de dos particulares que fueron reportados como abatidos en combates con las Farc, en lo que se conoce como “falsos positivos”.

Según información de la Fiscalía los crímenes se realizaron el 14 de mayo de 2005, en el corregimiento San José de Oriente, municipio La Paz, Cesar, cuando tropas del Ejército Nacional asesinaron a sangre fría a Frank Enrique Martínez Caviedes y Claudino Manuel Olmedo Arlante.

La Fiscalía pudo establecer que tanto Martínez Caviedes como Olmedo Arlante eran habitantes de Valledupar, no pertenecían a las Farc y sus muertes no fueron consecuencia de un combate con el Ejército. Por estos hechos criminales fueron acusados:

Iván Leonardo Ávila García, subteniente; los cabos terceros Luis Fernando Ospitia Castro y Néstor Serrano Gutiérrez; y los soldados profesionales Dimas Oliveros González, Jeiner Badillo Robles, Javier Enrique Gámez Gámez, Jorge Luis Llaeh Beleño, -

Augusto José Peña Rincones, Diógenes Guerra Beleño, Argenis José García Plata, Breiner José Ororio Nieves, Jhony Eduar Mejía Lobo, Javier Alberto Pineda Rodríguez, José Filo Torres, Halder James Camacho Campo, Juan Carlos Pérez Arrieta, Arturo Javier Ariza de la Hoz, Darwin Enrique Fonseca Ortega y Francisco Pérez Márquez.


Otros soldados profesionales afectados por la acusación son: Jean Janner Carrillo Maestre, Ivo Alberto Baquero Rosado, Said Gutiérrez Díaz, Jainer Mejía Chica, Harold Fernando Simanca Londoño, Luis Fernando Misat García, Eneido Martínez Martínez, Germán Molina Vega, Orlando Díazgranados Cantillo y Freddy Alfonso Molina Quintero.

La Fiscalía informó que a excepción del oficial Ávila García, todos los procesados fueron acusados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida y tenían orden de captura.

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Mototaxistas apoyan a candidato del Polo a la gobernación
Por Campaña Bolívar Digno

El candidato a la Gobernación de Bolívar Dionisio Miranda se reunió con líderes de las estaciones de mototaxistas de Cartagena, quienes acogieron con esperanza las propuestas hechas por Miranda.

En la reunión los motociclistas tuvieron la oportunidad de manifestarle los problemas más graves que aquejan a este gremio y de exponerle varias estrategias que ellos consideran pueden solucionar sus dificultades actuales.

Dionisio Miranda, abogado con especialización en ciencias penales y criminológicas, quien se ha dedicado a defender las casas de las personas menos favorecidas, aseguró ante este gremio que como gobernador articulará su gestión con la alcaldía distrital pata-

buscar salida a problemas como la congestión vial, la alta accidentalidad, los abusos contra los mototaxistas e implementará medidas pedagógicas y legales para disminuir las infracciones de tránsito y capacitar más al motociclista.

Aclaró que trabajará como un líder en busca de mecanismos que beneficien tanto al mototaxista como al pasajero y al peatón.

Líderes de la agremiación aseguraron que Dionisio Miranda Tejedor es el único Candidato quien ha demostrado trabajar por el bien común, sin corrupción, como candidato independiente y con una postura ética y moral a toda prueba, por ello se-

dispusieron no solo a apoyarlo con su voto sino multiplicando su propuesta a los pasajeros y motocilistas de todo departamento, además de ofrecer su movilidad con el propósito de llevar al Palacio de la Proclamación a Dionisio Miranda.

Orlando Gracía
Jefe de comunicaciones
311 636 25 30 - 310 610 18 43

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martes, septiembre 14, 2010

Cátedra de Narco-paramilitarismo/
Arrestan a discipulo que no quiso tragarse las falacias del ‘catedrático’ Uribe
Al parecer la política de seguridad narcocrática se traslada a las aulas de la Universidad de Geogetown
Por Camilo Raigozo

Caracol Radio obtuvo información de que un estudiante fue detenido por haber manifestado su indignación ante las falacias del flamante catedrático Álvaro Uribe Vélez en la Universidad de Georgetown.

Los hechos se presentaron en momentos en que el principal impulsor de las criminales bandas paramilitares denominadas “Convivir” y –según lo conocido hasta ahora- principal cabecilla de las acciones criminales del DAS (para nombrar solo dos de las cientos de lacras que posee el siniestro profesor), afirmaba en una conferencia en esa universidad que en su gobierno no se habían violado los Derechos Humanos.

Ante semejante ofensa a la inteligencia y a la dignidad, el estudiante protestó airadamente enrostrándole a Uribe que contrario a sus palabras, en su gobierno se violaron sistemáticamente los derechos humanos más fundamentales de las personas.

Según Caracol, “un correo electrónico enviado por un profesor universitario que pidió la reserva de su identidad, Uribe dijo en la charla que su gobierno no había violado los Derechos Humanos. En ese momento un estudiante de origen latinoamericano se levantó de su silla y empezó a protestar. Posteriormente fue detenido por la Policía".


domingo, septiembre 12, 2010

Seguridad narcocrática/ Reclutamiento forzoso
El Ejército continúa reclutando jóvenes de manea ilegal en las calles de Medellín

Por Red Juvenil de Medellín

Las Fuerza Pública representada en el Ejercito Nacional y desconociendo todos los preceptos constitucionales y los derechos contenidos en los tratados internacionales que regulan el derecho a la libertad personal continúan llevando a cabo las denominadas batidas o redadas.

Estas están prohibidas en el sistema universal de derechos humanos y en el sistema interamericano. El Ejército desconoce lo que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria manifestó respecto a tres casos de Colombia, presentados ante este grupo de Naciones Unidas.

Continúa privando de la libertad a los jóvenes que transitan por las calles hacia sus trabajos, estudios o están simplemente habitando el espacio público, para llevarlos a los batallones, desconociendo el debido proceso establecido en la ley 48 de 1993.

Esta practica se ha convertido en un acto común que el ejercito adelante batidas y se lleve a los jóvenes para prestar el servicio militar de forma obligatoria.

Por ello la Red Juvenil de Medellín quiere hacer denuncia pública de los siguientes hechos:

1. El 8 de septiembre de 2010 a las 9:40 de la mañana, en los bajos de la estación del metro del Parque Berrio, había una camión del ejército con placas UNK 046 de color blanco, en el cual estaban llevándose a los jóvenes que no han definido su situación militar y que pasaban por este lugar sin importar si están estudiando o trabajando.

Los soldados les pedía a los jóvenes las cédulas y se las retenían argumentando que tenían que ir en el camión con ellos hasta el distrito militar a que definieran su situación militar y allí se la devolverían.

2. En esta misma fecha , a la 1:30 de la tarde, un segundo camión sin placas y sin ningún distintivo o identificación ubicado en las Avenida Primero de Mayo, entre Junín y Palacé, con la misma modalidad del anterior se llevó a varios jóvenes para la Cuarta Brigada.

Los militares hicieron caso omiso del del deseo de los jóvenes de no ir porque tenian que estudiar o trabajar. Varios integrantes de la Red Juvenil de Medellín se acercaron a interlocutar con los soldados y a manifestarles la ilegalidad de las batidas y todas las violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo.

Sin embargo el sargento González, quien era el encargado de la batida, reaccionó violentamente y obligó a los jóvenes a montarse en el camión para llevárselos. Le colaboraron el subteniente Martínez, el subteniente Suárez y los soldados Figueroa, Ortiz y Castro.

3. A las 12:30 p.m. en los bajos de la estación San Antonio otro camión blanco, sin placas hacía lo mismo.

4. Al sitio llegó la Policía a incitar a los jóvenes de la Red Juvenil de Medellín a que no “estroperan” el trabajo del ejercito. Entre los policías se encontraba el patrullero Rico, a quien se le informó la irregularidad que presenta un carro sin placas y sin ninguna insignia reclutando jóvenes. Lo único que hizo el policía fue decirla a uno de los soldados “ahí si yo no puedo hacer nada”.

5. El 9 de septiembre en las horas de la mañana otro camión de placas UIP 138 se encontraba realizando otra batida en el Parque Berrio. Estaban llevándose a los jóvenes que no han definido su situación militar y que pasaban por este lugar sin importar su ocupación. La batida estabo a cargo del subteniente Ruíz, del Batallón Juan del Corral.

6. Ese mismo día en horas de la tarde, un segundo camión de placas OMK 320 se encontraba realizando otra batida en los bajos de la estación San Antonio del metro, en la cual se llevaron varios jóvenes.

Esta batida estaba a cargo el capitán Espitia y lo acompañaban los soldados Murcia, Pimentel, Jaramillo y Bran, del Batallón Pedro Justo Berrío.

7. En simultanea los soldados Osorio y Palacios Benavides, del Batallón Buenos Aires, en el Parque Berrio también retuvieron las cédulas de los jóvenes que transitaban por el lugar.

Por los hechos anteriormente mencionados, y por las obligaciones de las instituciones del Estado en defensa y garantías de los derechos humanos, la dignidad humana, y la libertad hacemos las siguientes exigencias:

Al Ejército Nacional a que no realicen más batidas violando los derechos fundamentales de las personas.

A la Defensoría, a que adelante las actuaciones de verificación y corrección de estos abusos.

A la Procuraduría, específicamente a la oficina de derechos humanos de Antioquia, para que adelante las investigaciones disciplinarias de rigor de este caso; y un llamado para que esté más atenta a las actuaciones que las fuerzas militares vienen adelantando en la ciudad.

A la Internacional de Resistencia a la Guerra, IRG, en Londres, para que adelante las actuaciones pertinentes alrededor de las detenciones arbitrarias que por medio de las redadas continua realizando el ejercito colombiano no solo en Medellín

A la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para que revise nuevamente el caso de Colombia en esta materia y se pronuncie nuevamente al respecto en las nuevas sesiones.

Igualmente invitamos a todas las juventudes para que desde sus diversas apuestas de vida y no violencia, continúen resistiendo a este contexto de militarización, así como a las organizaciones sociales y comunitarias para que nos continúen apoyando, y sigan también con su labor de denuncia sobre estos casos.


Seguridad narcocrática/
Inspección judicial en el cementerio de Granada, Meta
Por Oficina de prensa del representante Iván Cepeda

Una delegación encabezada por el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, y el Sacerdote Jesuita, Javier Giraldo, visitó el cementerio de Granada, Meta, el pasado 10 de septiembre.

Ese mismo día, la Fiscalía General de la Nación con un equipo técnico del CTI adelantó la inspección judicial a dicho cementerio, que el representante a la Cámara Cepeda había solicitado la semana anterior.

El objetivo de esta inspección por parte de la Fiscalía fue realizar labores tendientes al inicio de una investigación sobre el funcionamiento del cementerio, las causas de los fallecimientos y determinar las identidades de las personas no identificadas que reposan en un sector de este cementerio. El organismo determinó que se congelaran los trabajos de remoción de tierras que desde hace diez días se vienen efectuando en dos lugares de el cementerio.

La delegación también se reunió con autoridades civiles y militares del municipio para analizar la situación de los numerosos cuerpos no identificados que yacen en el cementerio municipal.

Al día siguiente de la inspección judicial en el Cementerio de Granada, Meta, la comisión se desplazó a San José de Guaviare, donde se reunió con el alcalde Pedro Arenas García y visitó dos cementerios de este municipio en los que se encuentran cadáveres sin identificar entregados por miembros del Ejército Nacional como personas muertas en combate.

“Necesitamos es que se esclarezca esa situación, así como la del cementerio de San José del Guaviare, La Macarena y Vista Hermosa. Hay un número considerable de cuerpos sin identificar sepultados en estos cementerios y no sabemos quiénes son realmente” sostuvo el representante, Iván Cepeda Castro.

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