Seguridad narcocrática/

Denuncian nuevo falso positivo en el bajo Cauca antioqueño
Por camilo Raigozo. Con información de El Retorno

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, Asocbac, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, los organismos de control y del Ministerio Público, las organizaciones o gubernamentales y-

los movimientos sociales y populares, la ejecución extrajudicial cometida por tropas de la Brigada 25 de la Séptima División del Ejército colombiano, en la vereda el Mocho, municipio de Tarazá, Antioquia.

En esta ocasión la victima de los uniformados fue el campesino Carlos Alberto García Suarez, de 27 años de Edad. Los hechos ocurrieron a las 4:30 de la tarde del pasado Jueves 1 de Abril, cuando el Ejército lo ejecutó de un tiro en la cabeza.

Según la denuncia, luego del asesinato los militares le cambiaron las ropas al cuepo de la víctima por un uniforme militar camuflado y le colocaron junto un rifle de asalto AK 47 cargado con munición y una granada.

Este nuevo crimen de lesa humanidad se da en medio de una fuerte militarización del bajo Cauca antioqueño, donde las tropas del Ejército colombiano han cometido numerosas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Detenciones Arbitrarias, estigmatización y criminalización de las comunidades campesinas y sus organizaciones, utilización de los pobladores campesinos como escudos humanos, tratos crueles y torturas, son entre otros los atropellos de los uniformados.

Según la información suministrada por Comunicaciones El Retorno, aunque muchos de los abusos de la Fuerza Pública han sido denunciados a las autoridades competentes y ante la opinión pública, la alevosía, el abuso y el terrorismo de Estado no disminuyen.

Asocbac y las comunidades exigieron al establecimiento el cese inmediato de los asesinatos por parte de sus agentes, lo mismo que las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. También exigieron castigo para los asesinos.

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Parauribismo/
Masacre anunciada en zona minera de Suarez, Cauca
Por Nomadesc y otras organizaciones sociales

El pasado 10 de diciembre, en la Audiencia Pública por la Defensa del Territorio, la Cultura y la Dignidad de las Comunidades Indígenas, Afrodescendientes y Campesinas del Noroccidente del Cauca, realizada en Suarez, Berenice Celeyta, dirigente de Nomadesc, hizo graves denuncias que presagiaban la masacre que acaba de ocurrir. Foto Lina Martínez.

Santiago de Cali, 8 de Abril de 2010. Ocho mineros fueron asesinados por hombres armados que se trasportaban en dos vehículos y una moto, los hechos ocurrieron en el sitio conocido como “Alto de Ovejas” zona rural del municipio de Suárez, en el departamento de Cauca, sur de Colombia.

El sitio donde ocurrió la masacre es la parte alta del río Ovejas y se llega por carretera en un recorrido de casi una hora y una hora a pie.

Las Organizaciones abajo firmantes quienes habíamos advertido la grave situación de conflicto social y armado que se vive en los municipios del Noroccidente del Cauca, en particular en los Municipios de Suarez, Morales y Buenos Aires, demandamos de manera perentoria explicación del Gobierno Nacional-

porque pese a las innumerables solicitudes de protección a las comunidades de la zona y del numeroso contingente militar y de policía que se encuentra en el área, los autores de esta masacre tuvieron toda la libertad de ingresar en el territorio cometer el hecho y salir impunemente.

Una misión de verificación, compuesta por el Proceso de Comunidades Negras PCN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la Asociación para la Investigación y Acción social Nomadesc se encuentra en la zona con el objetivo de ampliar la información.

Lastimosamente ningún organismo internacional pudo acompañar esta comisión por lo cual solicitamos a ustedes pronunciarse por escrito a la mayor brevedad exigiendo al estado colombiano acciones inmediatas de prevención y atención para toda la población del noroccidente del Cauca.

A su vez solicitamos al sistema de Naciones Unidas, realizar una visita de verificación a la zona lo más pronto posible. Por nuestra parte ampliaremos la información tan pronto se terminen las labores de la comisión de verificación en el territorio.

Antecedentes

Todos ustedes recordaran las diversas denuncias que las comunidades afrodescendientes, Campesinas, indígenas y organizaciones de derechos humanos hemos efectuado ante la comunidad nacional e internacional acerca de la barbarie impuesta en la zona y del despojo al que han sometido a las comunidades que ancestralmente habitan el territorio.

En la actualidad se siguen procesos jurídicos en contra de los responsables por acción y por omisión de los crímenes cometidos así mismo se investiga la responsabilidad de las multinacionales Unión Fenosa, Anglo Gold Ashanti, Smurfit kappa Cartón de Colombia y Cosigo Resources.

Sin embargo pese a los ingentes esfuerzos de las comunidades para generar mecanismos de prevención y protección la situación de riesgo de los pobladores de la zona es inminente y la impunidad del 100 por ciento.

Acciones para proteger el territorio

1.- Noviembre 5 de 2009 Audiencia Situación de las Comunidades Afrocolombianas Indígenas y Campesinas del Norte del Cauca en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washitong:

Durante la audiencia se presentaron pruebas de la grave situación, vulnerabilidad y amenaza contra las comunidades mineras, campesinas e indígenas.

Así mismo se denunció la permanente violación a la Consulta Previa, libre e informada; la aplicación de los planes de manejo ambiental; la ley 70, legislación indígena y los incumplimientos a las directivas 004 y 005 de la Corte Constitucional.

En dicha audiencia se solicito a los representantes del Gobierno Colombiano emprender acciones inmediatas de prevención y protección a las comunidades de la zona.

Resultado: El gobierno a un no ha otorgado los mecanismos de protección anunciados ante los Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos humanos de la OEA.

2.- Diciembre 10 de 2009 Audiencia Pública por la Defensa del Territorio, la Cultura y la Dignidad de las Comunidades Indígenas, Afrodescendientes y Campesinas del Noroccidente del Cauca:

En la Audiencia Convocada por la Comisión de derechos Humanos del Senado de la República a Petición de las comunidades y de la Asociación Nomadesc, se efectuó una radiografía del conflicto, se detallaron los casos de violación a los derechos humanos y se presentaron las investigaciones sobre los posibles responsables de los crímenes cometidos.

Las comunidades y organizaciones de derechos humanos advirtieron la presencia de actores armados en la zona un grupo autodenominado Águilas Negras al parecer responsable de la ola de amenazas que se desató desde el mes de Octubre de 2009.

Adicionalmente se solicito revisar la legislación que beneficia a las multinacionales que hacen presencia en esta zona, en contra vía de los derechos de las comunidades.

Resultado: Se encuentra en trámite la solicitud de información sobre las multinacionales que tienen concesiones en la zona actores armados, información sobre los resultados de las investigaciones por los crímenes que han ocurrido en la zona y reuniones de alto nivel con las instituciones del Estado.

3.- Enero 17 de 2010 Misión de Verificación de Acción Permanente por la Paz:

Una misión con 10 delegados de los Estados Unidos viajo a la zona y visito a las comunidades de Suarez, entre ellos las comunidades Afrodescendientes que se dedican a la minería artesanal en el corregimiento de La Toma y comunidades indígenas de Cerro Tijeras.

Esta misión escucho a la población afectada. Resultado: Incidencia ante gobierno nacional para que proteja las comunidades y el territorio afectado por graves crímenes de lesa humanidad.

4.- Enero 27 de 2010 Delegación del Estado Español Misión de Verificación de la situación de derechos humanos en Colombia:

Esta misión no viajo hasta el territorio pero en sus reuniones con los sectores sociales en Cali tuvo la oportunidad de conocer los testimonios del conflicto social y armado que se vive en el territorio, la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que habitan la zona.

Resultado: La delegación del Estado Español efectuó un pronunciamiento público en donde presentan sus conclusiones y propuestas frente a la situación.

5.- Visita de la Experta Independiente de Naciones Unidas Sobre Cuestiones de Minorías comisionada para Minorías de Naciones Unidas Gay Macdougall:

Visto el Corregimiento la Toma del Municipio de Suarez, recorrió todo el territorio visito las minas y escucho las denuncias directas de las comunidades afro descendientes que habitan la zona de los líderes de la comunidad, los representantes de los Concejos Comunitarios y-

del Proceso de Comunidades Negras, PCN y se comprometió a efectuar acciones de seguimiento sobre la grave situación de Violación de derechos Humanos y demandar del gobierno colombiano cumplimiento a las normas nacionales e internacionales de respeto de los derechos humanos.

La Experta independiente efectuó la visita en Compañía del Sr. Daniel Atchebro, Coordinador en Cali de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros delegados de la Organización.

Resultado: Al término de su visita la experta independiente emitió una declaración y advirtió que las autoridades tienen mucho por hacer para recuperar la confianza de estas personas e instó al Ministro de Defensa para que proteja a estas comunidades.

Queda una vez más comprobado que no existe voluntad política del Gobierno nacional y de los organismos de protección para cumplir con las normas nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos.

Es absolutamente preocupante que pese a los pronunciamientos de la comunidad internacional, las judicializaciones, denuncias, Audiencias, demandas, solicitudes etc., el Estado colombiano no haya brindado garantías para la vida de las comunidades.

Por lo anterior demandamos una vez más del Gobierno Nacional respuestas inmediatas a las comunidades acerca de la reiterada violación a los derechos humanos en particular sobre los lamentables hechos en los que perdieron la vida 8 mineros.

Firman:

Asociación para la Investigación y Acción Social, Nomadesc: Proceso de Comunidades Negras, Pcn; Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin; Consejo Comunitario La Toma; Corporación de Servicios Profecionales Comunitarios, Sembrar; Asociación de Mujeres Municipales de la Balsa; Asociación Ecate; Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Redher; Campaña Prohibido Olvidar.

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Parauribismo/
Continúan amenazas de paramilitares contra líderes sindicales
Por Sintratucar

Es realmente triste y vergonzoso que en un país en el que a diario se promulga por parte del gobierno nacional la mal llamada “seguridad democrática” se sigan presentando casos de amenazas en contra de líderes sindicales cuyo único pecado es la defensa de la-

clase obrera pero lo realmente penoso es que las investigaciones en contra de estas amenazas e incluso de los asesinatos que han sido victima los sindicalistas Colombianos en muchos casos no arrojan resultados positivos quedando más del 90 por ciento de estos en la más vil impunidad.

El pasado domingo 4 de abril a las 7:30 de la noche nuestra organización sindical Sintratucar fue nuevamente víctima de amenazas por parte de desconocidos esta vez mediante llamada telefónica realizada al teléfono celular de Deivis Blanco Calle Callejas en donde le informaban que:

“Por no hacernos caso a las anteriores advertencias ahora si les vamos a dar”, quince minutos más tarde Deivis fue avisado por una vecina de su residencia que dos hombres en una motocicleta de marca Suzuki color negro la interceptaron en la esquina y le-

“preguntaron si conocía a Deivis Blanco a lo que ella respondió que si lo conocía y el parrillero de la moto con acento del interior del país le respondió : “ dígale que les vamos a dar y si usted no quiere que también le demos no ande con él”.

Como es de público conocimiento esta situación no es la primera vez que se presenta con los dirigentes de Sintratucar en el mes de agosto de 2009 exactamente el día 31 llegó un panfleto en donde se amenazaba a nuestro presidente-

Jairo Del Río y a su familia, en esta ocasión se le acusó de guerrillero y se amenazó a la junta directiva luego los días 1 y 2 de septiembre de 2009 un panfleto de iguales características llegó hasta la residencia de Deivis Blanco y en el mes de diciembre de-

2009 llegaron mensajes de textos al teléfono de la doctora Daira Facete asesora jurídica de nuestra organización en donde textualmente le decían: “· si quieres ver el amanecer de 2010 retírate del sindicato”

Hoy queremos informar a la opinión pública que estas amenazas obedecen a una campaña de intimidación que se ha desatado en contra de nuestra organización que se ha caracterizado por la defensa de la clase obrera, este hecho-

se ha venido denunciando ante las Instituciones del Estado sin que hasta el momento hayan arrojado ningún resultado e incluso las denuncias se han extendido a nivel mundial gracias al apoyo del Comité Mundial de Sindicatos de Tenaris pero desafortunadamente hoy nuestros representantes-

siguen desprotegidos sin ningún tipo de garantías para seguir ejerciendo las funciones sindicales e incluso después de ocho meses de las primeras amenazas seguimos esperando el pronunciamiento de la gerencia de Tubo Caribe que parece importarle poco o nada la situación de los dirigentes sindicales que también son obreros de la fabrica.

Recordamos a todos los afiliados a Sintratucar la Asamblea que se realizara el domingo 11 de abril de 2010 a las 7:00 a.m. en la sede del sindicato de Argos en el barrio Nuevo Bosque donde se estará realizando la elección de junta directiva, recuerden que la asistencia es de carácter obligatorio.

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Nuevo desplazamiento en Ituango, Antioquia
Por Asociación Campesina de Antioquia

Ituango, 3 de abril de 2010. Nuevamente, como un episodio cíclico, arriban al casco urbano del municipio unos ochocientos campesinos provenientes de las veredas: El Cedral, 4 desplazamientos; La Miranda, 2; Santa Ana 1; La Vega del Inglés 1; y la Armenia, ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque.

El motivo: el avance de tropas del ejército nacional hacia el Parque Nacional Natural Paramillo, dentro de la estrategia de recuperación social del territorio, implementada por el gobierno nacional y planeada desde el Centro de Fusión, ubicado en el municipio de Caucasia.

Año tras año, los habitantes de la zona urbana asisten con desconfianza y hasta miedo a la llegada de cientos de familias campesinas que se instalan en albergues temporales, sin pensar en más que la inseguridad que pueden generar o lo feo que se ve el municipio con desplazados.

Sin contemplar las consecuencias de fondo que generan estos desplazamientos forzados que vienen presentándose desde hace 13 años, época de la primera incursión paramilitar en la zona.

Fenómenos como la desocupación de territorios, pérdida de cosechas, animales, semillas nativas, reducción creciente de la soberanía alimentaria del municipio, empobrecimiento de los habitantes, deserción escolar y proliferación de enfermedades tropicales.

Nos tendría que cuestionar el hecho de que esta situación se repita año tras año, y en lugar de buscar el culpable entre los campesinos que vienen desplazados, nos debiéramos preocupar por el extenso territorio que desde unos treinta años atrás se encuentra en disputa en el municipio de Ituango.

El Parque Paramillo comprende el 53 por ciento del área total del municipio, su zona de amortiguamiento cerca de otro 10 por ciento y para la construcción de la represa Pescadero-Ituango y la vía paralela, intervendrán la zona rivereña del río Cauca, en predios de 10 veredas del municipio.

Los interesados o actores que han jugado un papel determinante en esa puja por el territorio han sido la insurgencia, el estado y parques nacionales, quedando por fuera del debate o más bien acatando las disposiciones de alguno de estos actores o de todos, es la población civil que habita allí, antes incluso, de que fuera delimitado como parque nacional en la década del 70.

Hoy cuando se les interroga sobre posibles alternativas de solución a los campesinos desplazados forzosamente, lo único que se les ocurre plantear es el retorno inmediato, su apego al territorio no les deja la posibilidad de exigir soluciones de fondo que les garanticen que en seis meses o menos estarán de regreso.

Aunque el miedo los hace abandonar al primer rumor sus casas, cosechas, animales y cuanto poseen, el riesgo de perderlo todo puede más que el mismo miedo.

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Seguridad narcocrática/
Cayó otro falso positivo jurídico masivo en La Macarena, Meta
Luego de una ardua lucha contra el régimen terrorista de la “seguridad democrática”, campesinos de la región lograron demostrar su inocencia y recuperaron su libertad
Por Camilo Raigozo

Este martes 6 de abril, las comunidades del municipio de La Macarena, Meta, estaban tan felices que no se cambiaban por nadie.

Y es que no era para menos, pues a más de 40 personas, entre labriegos y pequeños comerciantes, que habían perdido su libertad a manos del terrorismo de Estado, les fue notificada su pronta libertad.

Efectivamente en la víspera la justicia les notificó que los procesos que les seguían habían precluido.

Todas estas personas inocentes de La Macarena, Meta, habían sido privadas de su libertad en un operativo del ejército y la Fiscalía cuando se encontraban en sus casas o en el parque del pueblo.

Como es costumbre, los medios áulicos del régimen y de las fuerzas militares los había presentado ante la opinión pública nacional e internacional como “integrantes del anillo de seguridad del “Mono Jojoy”.

Los medios alternativos, incluido Notimundo, habían denunciado desde el mismo momento del operativo la aberrante injusticia que se estaba cometiendo con los pobladores afectados y con el tejido social de La Macarena.

El régimen de “seguridad democrática”, había logrado una vez más victimizar a decenas de niños y destrozar otro gran número de hogares.

Las víctimas habían sido detenidos por el Ejército, en complicidad con la Unidad de Apoyo de la Fiscalía en 2006 y 2007.

El modus operandi de esta criminal alianza entre Ejército y Fiscalía, es la misma que se viene aplicando en otras regiones del país: testigos falsos pagados por el Ejército, delaciones de supuestos desmovilizados e informes de inteligencia legalizados por la Fiscalía.

Las víctimas habían sido acusadas del delito de rebelión por ser pobres, vivir en La Macarena y de que allí haga presencia la guerrilla.

“Hoy, una vez más, queda demostrada la práctica corrupta de la política de recompensas, estandarte de la política de seguridad democrática”, dijo Edinson Cuellar, abogado de las víctimas a DhColombia.

“Aquí en la Macarena estamos felices, siempre estuvimos seguros de la inocencia de nuestros amigos y vecinos, fue doloroso esperar más de tres años de injusto castigo y tortura aunque quedaron en la ruina, están libres”, expresó un líder comunitario de La Macarena a la misma fuente.

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Dolores, Tolima
Alarma en los campesinos por atropellos y amenazas del Ejército
Por Camilo Raigozo. Voz

En las zonas campesinas es donde más se ha sentido la aplicación de la “seguridad democrática”. Foto Camilo Raigozo.

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol y las juntas de acción comunal de las veredas El Piñal, Palmira, Vegas del Café y Café las Pavas, del municipio de Dolores, denunciaron ante la opinión pública nacional e internacional que-

recientemente las comunidades de las zonas rurales han vuelto a ser víctimas de los atropellos de tropas de la Brigada Móvil 21 del Ejército Nacional, la cual hace presencia en el municipio desde hace dos años.

Los habitantes de las veredas antes mencionadas denunciaron las “consecuencias dañinas y peligrosas para la población civil la presencia de los uniformados y los operativos militares que realizan en áreas civiles”.

Los labriegos acusan a los militares de dañar los acueductos que suministran agua a las comunidades; causar daños irreparables en los bosques que protegen los nacimientos de agua que surten los acueductos veredales y de caseríos.

Igualmente, los uniformados son acusados de contaminar las quebradas y ríos con desechos como bolsas, latas de alimentos consumidos en los campamentos, así como de excrementos humanos en o muy cerca de las fuentes hídricas usadas para el consumo por las comunidades.

Según el sindicato agrario, la situación es muy delicada ya que la población no puede hacer reclamo alguno, pues de inmediato, las personas son agredidas por los soldados, amenazadas con paramilitares y señaladas de ser guerrilleras o milicianos de la insurgencia.

“Durante los dos años que lleva allí el ejército los campesinos han denunciado en varias oportunidades los abusos pero hasta la fecha esta situación continúa”, aducen los voceros del sindicato.

Cabe recordar que la población tuvo que desplazarse en dos ocasiones debido a los atropellos y asesinatos cometidos por las tropas regulares. En ambas oportunidades los campesinos retornaron tras negociar previamente acuerdos con las autoridades civiles y militares.

Sin embargo a pesar de los compromisos firmados, las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del ejército siguen siendo el pan de cada día de los lugareños, según afirma el documento de denuncias.

“Dichos acuerdos no se han cumplido y teniendo en cuenta los últimos hechos ocurridos, la situación se ha tornado mucho más peligrosa, debido a las amenazas realizadas por parte de la fuerza pública hacia los pobladores, con la pronta llegada de los paramilitares y su presencia en la zona, lo cual tiene atemorizada a la comunidad por el riesgo inminente al que se encuentran enfrentados”, afirman los campesinos.

Algunos casos

Los siguientes son algunos de los últimos atropellos a los pobladores por parte de miembros del ejército: El pasado 26 de marzo, unidades de la brigada 21 arribaron a la finca de Luís Torres ubicada en la vereda Vegas del Café y agredieron a Marilín Ramírez y a su esposo señalándolos de guerrilleros.
Según la denuncia, el cabo Salazar les dijo a la pareja que ya venían los ‘paras’. Tres días después, un grupo de entre 15 a 20 soldados a mando del mismo cabo Salazar, asaltaron a las cinco de la madrugada la casa de los hermanos Albeiro y José Yesid Ramírez,-

los cuales se encontraban dormidos, siendo sorprendidos por las patadas que le dieron a la puerta y los culatazos a la ventana, la cual destrozaron. También hicieron disparos contra la casa y les gritaron a los hermanos que salieran para llenarles el cuerpo de plomo.

Desúés cuando el joven José Yesid Ramírez se dirigía a trabajar en la finca de Darío Conde, se encontró con los soldados agresores los cuales lo detuvieron y le dijeron, “un día de estos lo cogemos y le llenamos el cuerpo de plomo”.

Ese mismo día en la vereda Piñal, a las dos de la tarde cuatro unidades del ejército se encontraban disponiendo de los baños y la cocina de la escuela Sede 6 de la Institución San Pedro.

A las seis de la tarde, en la vereda Palmira del mismo día, unidades de la Móvil 21, al mando del cabo Ríos, detuvieron a Darío Ortigoza Mayorga, de 16 años de edad, el cual fue amarrado de los brazos con un lazo y amenazado de muerte, siendo acusado de ser guerrillero.

Lo torturaron sicológicamente por espacio de una hora y le decomisaron la tarjeta de identidad.

El día siguiente, Nelson Ortigoza, encontró en un potrero la tarjeta de Darío acompañado de una nota que dice: “Hola hifueputa se salbo de la muerte porque sé que uste es guerrillero, hifueputa hay le dejamos los papeles oyó hifueputa que en la otra no se salva. ATT Ejercito Nacional” (sic), firmado por un Cabo.

En 2005 y 2006 tropas de la Sexta Brigada realizaron una persecución implacable contra los jóvenes de la región resultando asesinados Mario Guerrero y Héctor Yate a manos de las tropas al mando del teniente Porras.

“De continuar esta situación, la comunidad se verá en la necesidad de declararse en desobediencia civil, antes que tener más muertos por parte de la tropa los cuales declararon persecución a la población civil”, advierte el documento.

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Seguridad narcocrática/ Reclutamiento forzoso

¡Sangre, más sangre! pide la oligarquía
Por Camilo Raigozo

Las oligarquías criolla y transnacional, sedientas de la sangre que derraman los jóvenes colombianos, soldados o guerrilleros, en la guerra que mantienen contra el pueblo y que estratégicamente niegan, reclutarán forzadamente este martes por intermedio de sus Fuerzas Militares, al menos otros 17. 216 nuevas víctimas.

Este gran número de muchachos condenados a entregar hasta la vida en aras de mantener y salvaguardar los privilegios de la rancia oligarquía criolla y los intereses de las multinacionales, será “seleccionado” hoy en los distritos militares en todo el país.

Están obligados a presentarse en los cuarteles para la escogencia cerca de 100.000 jóvenes, entre los cuales, desde luego, no están incluidos ni Gerónimo, ni Tomás Uribe, como tampoco los hijos de Juan Manuel Santos, ni de los generales, ni de quienes detentan el poder en este país del sagrado corazón.

Ese “privilegio” se lo dejan exclusivamente a los hijos del pueblo, ni más faltaba. Pueblo que además de aportar la sangre y las lágrimas, también tiene que poner el sudor y la plata para financiar la guerra fratricida que le han impuesto.

Los nuevos reclutas harán parte del contingente del segundo semestre del 2010 y serán asignados a todo el territorio nacional, donde se necesita que haya sangre para satisfacer a los amos.

Y ¡ay! de que estos jóvenes sean vencidos en combate y caigan en poder del enemigo, sí es que han salido vivos.

Estarán condenados por los mismos a quienes les han defendido sus privilegios, “patrióticamente” hasta la muerte, a pudrirse en las selvas, o como en el caso del mayor Julián Ernesto Guevara, a morirse sí han quedado heridos.

Ese es el destino para los hijos del pueblo, que regímenes como el de la “seguridad democrática” les tienen trazado.

Como no son ni Gerónimo, ni Tomás Uribe, ni los hijos de los Santos, ni de los poderosos, los que han caído, y seguirán cayendo en desgracia mientras haya guerra, no habrá intercambio humanitario de prisioneros, ni mucho menos diálogos de paz. Para eso hay miles de jóvenes con qué alimentar la hoguera.

“La dirección de reclutamiento estará atendiendo en jornada continua hasta que la última persona citada sea atendida y se resuelva su situación militar”, señalaron “benévolamente” voceros castrenses.

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Parauribismo/
Fiscalía asegura a supuestos vinculados con paramilitares del Urabá antioqueño
Con información de la Fiscalía

Bogota, 31 de marzo de 2010. Medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, les fue impuesta a 23 personas por el fiscal antiterrorismo que las investiga por sus presuntos nexos con el “Bloque Elmer Cárdenas” de las autodefensas.

De acuerdo con la decisión adoptada por el fiscal instructor, los procesados incurrieron supuestamente en el delito de concierto para delinquir agravado.

Según lo establecido en la investigación, Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, ex cabecilla del mencionado bloque, diseñó un plan para controlar políticamente al Urabá antioqueño, lo que implicó hacer presencia en juntas veredales, alcaldías, concejos municipales; y alcanzar curules en la Asamblea de Antioquia y en la Cámara de Representantes.

La influencia de ese grupo armado ilegal se hizo evidente en las elecciones de 2000, 2003 y 2006, principalmente.

Los afectados con la medida de aseguramiento son, entre otros: Gustavo Germán Guerra Guerra, alcalde de Arboletes; Alberto José Jiménez Martínez, aspirante en 2006 a la Cámara de Representantes; Benjamín Eduardo Díaz Rodríguez, ex alcalde de Necoclí.

Guillermo Ceren Villorina, notario único del Círculo de Turbo; William Saleme Petro, ex diputado a la Asamblea; Carlos Nascar Pájaro Torres, ex alcalde de San Juan de Urabá; Gladis Elena Bedoya Ramírez, funcionaria de la Alcaldía de Apartadó; y Jairo Alberto Banquet Páez, ex concejal de Turbo.

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