sábado, marzo 03, 2012

Dictadura mediática/
Contradicciones, falsedades y show mediático en versión oficial sobre tortura a campesino
Por Reddhfic

Ante la información difundida por los medios masivos de comunicación en relación a los hechos ocurridos el día 23 de febrero de 2010, en los que resultó afectado Luis Eider Dagua Velasco, en el corregimiento El Palo, municipio de Caloto, en particular las declaraciones emitidas por el coronel Jhon Meza, comandante de la Brigada Móvil 14 y por el presidente Juan Manuel Santos.

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, luego de realizar un trabajo de campo en la región de acuerdo a las versiones de los pobladores, ha podido indagar, que:

Entre enero y febrero de 2012, militares integrantes de la Brigada Móvil No. 14 al mando del mayor Dixon Castrillón y del Batallón de Alta Montaña No. 1, permanecieron en el área urbana del corregimiento El Palo, utilizando a la población civil como escudo humano.

Igualmente que el grupo de militares se resguardaban en las casas de civiles y establecimientos de comercio y apostaron tanquetas militares al interior del caserío.

Entre el 13 y el 17 de febrero, dichos militares instalaron un retén móvil sobre la vía que comunica a El Palo con el municipio de Toribio.

Ese retén está instalado en una zona poblada, a 150 metros del parque principal de en donde hay doce viviendas de igual número de familias, que quedan expuestas a quedar en medio de las balas en el conflicto que allí se vive.

Los militares en repetidas ocasiones han señalado a varios pobladores del lugar de ser guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla.

El día lunes 20 de febrero de 2012, cerca de las 6 de la mañana hubo un enfrentamiento armado dentro de la zona poblada entre integrantes de la Brigada Móvil No. 14 y del Batallón de alta montaña No. 1 contra insurgentes de las FARC.

El grupo de militares que se encontraba en el retén móvil tan pronto se inició el enfrentamiento, bajaron del lugar y se apostaron en el área urbana del caserío de El Palo.

En el área urbana, además de utilizar las casas de civiles como trincheras, los militares apostaron tres tanquetas desde donde disparaban indiscriminadamente.

Ante la intensidad de los combates habitantes del lugar se vieron obligados a realizar una concentración masiva preventiva en la hacienda El Nilo, vereda El Nilo, municipio de Caloto.

Cuando las comunidades retornaron a sus hogares fueron señalados por los militares de ser guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla.

Además manifestaron su descontento porque los civiles los habían dejado solos y vulnerables a los ataques de la insurgencia,

Sobre el hecho

El día 19 de febrero de 2012, Luis Eider Dagua Velasco, con motivo de visitar a unos familiares llego al corregimiento el Palo.

El día 23 de febrero de 2012, Dagua Velasco, en compañía de su hermano y su sobrino, salió da la vivienda, la cual se encuentra en medio del retén móvil instalado por el ejército,  aproximadamente a las dos de la tarde en dirección hacia el rio El Palo llevando consigo varas de pesca.

Posteriormente Luis Eider se separó para hacer sus necesidades fisiológicas cerca al puente de la ninfa, sobre la vía que comunica el corregimiento El palo con el Municipio de Toribio, a 150 metros del retén móvil militar.

Cerca de las 4:30 de la tarde Luis Eider Dagua fue auxiliado por pobladores del lugar ante las  graves lesiones en su cuerpo.

De acuerdo a la versión que la víctima dio a sus familiares, él vio un hombre de civil detrás de una mata de cabuya y los otros dos salieron de repente.

Posteriormente fue maltratado física y verbalmente por tres personas vestidas de civil, quienes luego de golpearlo y herirlo con arma blanca le amarraron las manos con los cordones de sus zapatos y todos lo forcejearon para introducirle el alambre en los labios.

Por lo expresado anteriormente, nos manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional, señalando que:

El lugar de los hechos es de total control militar y dista 150 metros del retén de la Brigada Móvil No 14 del Ejército Nacional,  al mando del coronel Jhon Meza y unos 300 metros del casco urbano de El Palo.

Contrario a las versiones del Ejército, ampliamente difundidas por los medios, los primeros auxilios se los prestó la comunidad y no los militares, como tampoco existió ninguna reacción de estos ante los atroces hechos.

Un hecho grave para las investigaciones es que el contingente militar de la Brigada Móvil No. 14 asentado en la zona, luego de los hechos del día 23 de febrero fue trasladado.

De acuerdo al personal médico adscrito al hospital local de Santander de Quilichao, Luis Eider Dagua Velasco, recibió asistencia por una herida no profunda que presentaba en el tejido abdominal, una lesión de tendón en un dedo de su mano izquierda y una perforación en sus labios.

Lo que implica que no le fue cercenada ninguna de sus extremidades ni fue apuñalado, tal y como lo señalará el Presidente de la república y el coronel encargado.

El señor Dagua Velasco en declaraciones difundidas por los medios masivos de comunicación inicialmente responsabilizó de los hechos a la guerrilla y después dijo que no sabía con certeza quienes eran los autores del hecho

La actitud del Gobierno y de la Fuerza Pública de responder a actos de violencia con shows mediáticos que afectan el curso de las investigaciones, lejos de brindar estabilidad jurídica y-

tranquilidad a los pobladores de la región, podrían considerarse como nefastas y de evidenciar la debilidad y el desespero del Estado por el fracaso de sus estrategias y de su accionar cotidiano.

Por hechos como el anteriormente descrito, y tras décadas de persistencia del conflicto social y armado colombiano, con preocupación percibimos que nos alejamos de gestos que indiquen que estamos a puertas de su solución política.

Sumándonos a la petición de las comunidades y de la Defensoría regional y nacional del pueblo, solicitamos a los cuerpos de investigación del Estado, adelantar una rigurosa investigación sobre las circunstancias que rodearon los hechos de los que fue víctima el señor Luis Eider Dagua Velasco.

De igual forma, Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y los organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, una rigurosa investigación-

sobre las circunstancias que rodearon los hechos de los que fue víctima el señor Luis Eider Dagua Velasco. Y sobre los hechos que a diario afrontan los pobladores del corregimiento El Palo, en el municipio de Caloto, Cauca.

También le exigimos al Estado colombiano, garantice el derecho a la vida y la integridad física de la población civil que habita en las zonas en conflicto.

*Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes

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Denuncian graves atropellos de la fuerza pública en el suroccidente del país
Por Notimundo. con información de Reddhfic*

El viernes 2 de marzo de 2012, en la vereda Calandaima, municipio de Miranda, Cauca, cerca de la una de la mañana se presentaron enfrentamientos armados en zona poblada entre integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo del Ejército y guerrilleros de las FARC.

En medio de los enfrentamientos los militares, además de disparar de forma indiscriminada  toda clase de artefactos de guerra, utilizaron como trinchera las viviendas de campesinos de la zona, entre ellos, las de Rubén Medina, Arístides Sarria, Aurelio Cunda Dagua y José Isoto.

Entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde helicópteros y aviones ametrallaron y bombardearon indiscriminadamente la zona. Como resultado quedaron semidestruidas las viviendas de Aurelio Cunda Dagua y de Rubén Medina.

Cerca de las 5 de la tarde en momentos en que el campesino Arístides Rojas  se trasladaba por un camino en compañía de su hijo Anderson Rojas, fue atacado por militares quienes les dispararon en repetidas ocasiones. Gracias a la reacción de los campesinos no fueron afectados ni en su vida ni en su integridad personal.

Municipio de Argelia

El miércoles 29 de Febrero de 2012, en el corregimiento El Mango, cerca a las 4:20 de la tarde se inició un hostigamiento por parte de integrantes las FARC contra el Comando de la Policía Nacional acantonado en medio del centro urbano.

Según la fuente, los agentes de policía durante el hostigamiento, dispararon indiscriminadamente ráfagas de proyectil de arma de fuego y granadas de fragmentación.

A las 4:40 de la tarde, en momentos en que Humberto Benítez Cadena Morales se encontraba con su hijo Edwin Edison Cadena Toro, de 11 años de edad y otros trabajadores del lugar, en la finca Villa Hermosa de propiedad de Wilder Daza, fueron atacados por agentes de la Policía Nacional, quienes además de disparar, lanzaron seis granadas de forma indiscriminada en el predio.

Una de las granadas cayó cerca de Humberto Benítez causándole heridas en una pierna. Otra granada cayó cerca del lugar en donde se encontraba el menor Edwin Edison Cadena y la onda explosiva lo hizo volar varios metros causándole afectación en el oído. Otra de las granadas impacto cerca del tanque de agua del predio.

Igualmente la vivienda de la familia Cadena Toro, fue afectada con impactos de artefacto explosivo en paredes y techo.

Humberto Benítez y su hijo tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital municipal de Argelia en donde se recuperan.

Igualmente el predio en donde se encontraba el campesino Alexander Rosero en compañía de su hija Neilci Maribel Rosero, de 10 años de edad, fue atacado de manera indiscriminada por los policías.

A raíz de los hechos ocurridos el pasado lunes 13 de febrero, en donde Emiro Espinoza Delgado fue asesinado por policías acantonados en el corregimiento El Mango, el comandante de la estación de Policía, vocifero ante varios habitantes del corregimiento que: “Yo voy a matar perros gatos y hasta el putas, y cobren, que para eso el gobierno tiene plata, pero yo acá no me voy a dejar joder para eso el gobierno tiene para pagar”.

Municipio de Ipiales, Nariño

El sábado 25 de febrero de 2012, en el corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, vereda Jardines de sucumbíos, cerca de las 10:30 de la noche, en momentos en que Wilson Andrés Flórez se encontraba sentado en la motocicleta de su propiedad frente a su casa, fue abordado por varios hombres que se transportaban en  una camioneta blanca doble cabina de taza con placas sin identificar.

Flórez notó que eran personas del Ejército Nacional, porque habitualmente usan sobre el uniforme chompas y pantalones de plástico impermeable que hacen imposible su reconocimiento a primera vista.

Los militares le solicitaron a Flórez su identificación y una requisa a lo que accedió sin contratiempos. Mientras respondía las preguntas de los uniformados sobre las razones de su residencia en la vereda, uno de los hombres saco una cámara fotográfica digital y le tomó varias fotografías a la cedula.

Flórez reprochó el acto por ser ilegal y les solicitó a los militares que le devolvieran la cédula. En ese momento salieron de la vivienda James Iván Larrea y Diana Torres, miembros del equipo técnico del PDI y quienes también residen en la misma casa.

Los agentes del Estado requirieron la cédula de Larrea. Debido a los abusos de los militares fue llamado el inspector de policía rural del corregimiento, Yule Anzueta. Mientras el inspector llegaba les solicitaron a los militares identificarse con nombre, rango y unidad a la cual pertenecían.

El comandante no se identificó, no mostro su rango como tampoco la unidad a la cual se adscriben y manifestó simplemente ser un teniente.

Cuando el inspector de policía arribó, este reconoció que quien se encontraba allí era el coronel Leonardo Vargas Villegas, comandante del Batallón Energético y Vial No. 9 con sede en Orito, el mismo que tomo las fotografías a la cedula de Flórez y que se identificó como teniente.

De la misma manera Diana Torres reconoció que quien acompañaba al coronel era el mismo militar que en horas del día y vestido de civil había tomado fotografías a los asistentes en el acto público.

Los militares entregaron las cedulas, se subieron en su motocicleta y siguieron junto con la camioneta con rumbo hacia la vereda La Libertad.

Antecedentes

El día sábado 25 de febrero de 2012 entre las 11:30 de la mañana y las dos de la tarde en las instalaciones de la IER El Empalme, vereda El Empalme, corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, Municipio de Ipiales, Nariño, se realizó el acto público de presentación de las líneas de acción institucional y proyectos sociales de las comunidades del corregimiento para ser incluidos en el Plan de Desarrollo del departamento de Nariño.

Dicho acto contó con la presencia del alcalde municipal de Ipiales, Darío Vela de Los Ríos, el gobernador del departamento, Raúl Delgado, el coronel Leonardo Vargas Villegas, comandante del Batallón Energético y Vial No. 9, el superintendente de Operaciones de Ecopetrol sede Orito, José Miguel Galindo y otros funcionarios de las administraciones municipal y departamental y las comunidades y sus representantes.

En dicho acto público Wilson Andrés Flórez como coordinador del equipo técnico del plan de desarrollo integral del corregimiento, presentó ante las autoridades las pretensiones de las comunidades.

En dicho acto público y como es habitual en el corregimiento, la seguridad es prestada por las guardias indígenas de los pueblos Awá, Nasa y Pastos Por esa razón el personal militar que acompañó la delegación no tuvo ingreso a las instalaciones de la IER El Empalme.

Aun así, el coronel Vargas  ingreso con uno de sus hombres quien vestía de civil y en medio del acto empezó a realizar registro fotográfico, razón por la cual fue abordado por la guardia indígena para que cesara dicho acto.

Wilson Andrés Flórez, en la actualidad hace parte del grupo de profesionales de apoyo en los departamentos de Cauca y Nariño a las organizaciones filiales de Fesuagro-CUT y del Capitulo Nariño del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Marcha Patriótica Por la Segunda y Definitiva Independencia.

Otros casos:

Abusos del Ejércitoen Caloto, Cauca
Desapariciónforzada en Miranda, Cauca

*Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes

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Seguridad narcocrática/
Denuncian hostigamientos contra la Fundación Nydia Érika Bautista
Por Andrea Solangie Torres Bautista

La abogada defensora de derechos humanos Andrea Solangie Torres Bautista, de la Fundación Nydia Érika Bautista, denunció ante la comunidad nacional e internacional que:

El día 28 de febrero de 2012 el esposo de la Abogada de la Fundación Nydia Érika Bautista, observó una camioneta, parqueada cerca al lugar de recidencia de la Dra. Torres Bautista.


El vehículo tenía las siguientes caracteristicas: marca Mitsubishi Nativa Diesel, color rojo, cabinada, con vidrios polarizados, con defensa y explorer color beige, llantas y rines de lujo, con una sirena azul en el interior sobre la consola parte derecha.

“El día 2 marzo de 2012, a las 8:30 a.m., aproximadamente, como es mi costumbre, salí en compañía de mi esposo, quien al abordar nuestro vehículo personal y dar la vuelta para salir hacia la calle, identificó el mismo carro que estaba dos noches atrás, anteriormente descrito.

"Cuando nos dispusimos tomar la nomenclatura del vehículo, éste no portaba placas delanteras ni traseras, razón por la cual me acerqué y tomé una fotografía, para comprobar lo que describo.

"Miestras tomaba la fotografía el vehículo arrancó, intempestivamente a gran velocidad, razón por la cual, decidimos seguirlo.

"Estas describciones de los hechos queda evidenciada en las fotos y videos del i-Phone tomados por mí”.

“Al girar por la calle, hacia la Av. Caracas, notamos que el vehículo casi se detiene totalmente y abre la puerta del copiloto; de forma rápida aparece un hombre vestido de civil de más o menos 30 a 35 años, piel trigueña, de 1,75- 1,80mts de estatura, corpulento, de unos 80 kilos apróx.,-

con una chaqueta oscura y pantalón oscuro, quien apresuradamente aborda el vehículo, arrancando apresuradamente, pero, viéndose obligado a detenerse en el semáforo de la Av. Caracas, donde está ubicada una cámara de la Policía Nacional que puede evidenciar cuando el sujeto se sube en el carro.”

“En ese momento decidimos alcanzarlo, con el fin de solicitarles su identificación, momento en el cual los sujetos bajan la ventana del conductor, yo les pregunto: “¿quiénes son ustedes?”, me identifico como Defensora de Derechos Humanos mostrando mi carnet, ellos muy nerviosos preguntan: “¿por qué?”

"Yo les digo que me parece extraño que un carro sin placas, esté al lado de mi casa durante varios días, les insisto en que me informen, y pregunto: “¿a qué entidad pertenecen?” entonces, el copiloto contesta muy nervioso: “al Ministerio”, les pregunto que a qué Ministerio, que si al del Ministerio del Interior.

"El acompañante asiente con la cabeza. Les manifiesto que me causa extrañeza que el vehículo del Ministerio del Interior no portara placas, momento en el cual el conductor me refiere entre dientes:

“no, al de Cultura”, les pregunto: “¿al Ministerio de Cultura?” Ellos asienten con la cabeza, sin permitirme más palabra, y arrancan rápidamente haciendo, incluso, un cruce prohibido, Av. caracas, en sentido sur-norte".

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viernes, marzo 02, 2012

Conflicto social y armado
Emergencia en Timbiquí, Cauca, por toma guerrillera
Por Camilo Raigozo

La organización Cococauca informó que desde las 10 de la noche del jueves 1 de marzo la insurgencia de las FARC se tomó el casco urbano del municipio de Timbiquí, Cauca

Según la denuncia el pasado domingo se presentaron escaramuzas entre la guerrilla y el ejército alrededor de las ocho de la noche en el casco urbano de ese municipio.

El gran problema que tienen estas comunidades es que la fuerza pública mantiene sus centros de operaciones y trincheras en medio de la población civil, poniendo a esta en alto riesgo cada vez que la guerrilla ataca a los uniformados del Estado, por lo que piden que estas guarniciones sean instaladas lejos de las áreas civiles como lo estipula el Derecho Internacional Humanitario.

Las comunidades y sus organizaciones sociales claman por una salida política y negociada, de manera urgente, al conflicto social y armado que padece el país.

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Terrorismo made in USA/
Afganos dan de baja a dos terroristas de la OTAN
Por Camilo Raigozo

Luego de que militares estadounidenses quemaran el Corán en una base en territorio del imperio, dos uniformados regulares afganos y un civil dieron muerte a dos terroristas estadounidenses de la Organización Terrorista de Atlántico Norte, OTAN, en el sur de ese país invadido.

Según la agencia Efe, el portavoz del Pentágono, George Little dijo que, “Creemos que dos efectivos pertenecientes a las fuerzas de seguridad afganas estuvieron involucrados en el ataque, además de un civil.

“Dos de los atacantes fueron muertos posteriormente a manos de nuestras fuerzas pero el paradero del civil involucrado se desconoce”, dijo Little.

Por otro lado la agencia Afp informó que el civil que participó en el ataque contra los terroristas ocupantes “era un instructor de lengua que tomó un arma y comenzó a disparar, según el jefe del distrito de Zhary, Niaz Mohammad Sarhadi”.

En menos de una semana ya son seis los terroristas estadounidenses dados de baja por sus colegas afganos luego de la quema del Corán.

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jueves, marzo 01, 2012

Guerra sucia mediática/
El Tiempo le pone la lápida a la exprisionera política Liliany Obando
Por Camilo Raigozo

En una actitud irresponsable el diario El Tiempo en su versión digital (El Tiempo.com), le puso la lápida a la exprisionera política Liliany Patricia Obando Villota, quién apenas ayer recobró la libertad luego de haber permanecido 43 meses injustamente encarcelada, víctima de un falso positivo judicial.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad por vencimiento de términos. El proceso contra Obando Villota que adelanta un fiscal de la Unidad Antiterrorismo, está basado en los inexistentes correos del computador del comandante guerrillero 'Raúl Reyes'.

La ilegalidad de los supuestos correos del computador de Raúl Reyes fue decretada por la Corte Suprema de Justicia en auto inhibitorio del 18 de mayo de 2011, el cual fue confirmado en providencia del 1 de agosto de 2011.

Sin el mínimo respeto por la ética periodística, El Tiempo.com tituló de manera irresponsable: “Conceden libertad a Liliany Obando, de las Farc”, dando por sentado que la víctima del terrorismo de Estado pertenece a esa guerrilla, cuando ese señalamiento temerario ni siquiera ha sido comprobado en los estrados judiciales.

Nuevamente personas inocentes son condenadas por la dictadura mediática, que no solamente pasa por encima de las decisiones judiciales, sino que  muchas veces castiga a las víctimas con la pena de muerte, ya que los ejércitos de sicarios del régimen están atentos a esta clase de mensajes para actuar.

La lucha por la tierra
Proyecto Gramalote
Por Juan Felipe Harman

La tierra sigue siendo un factor central. La pobreza y la desigualdad van de la mano, en un matrimonio indivisible amparado por el despojo  de millones de colombianos.

La restitución de tierras  promovida por Santos, lejos de ser una nueva esperanza termina por ser una frustración más  para los relatos de dolor de las víctimas. Las cifras lo demuestran.

El motor de la historia de Colombia ha sido sin duda alguna la lucha por la tierra,  miles de relatos del despojo recorren las calles y caminos del país. Las familias colombianas han sido desplazadas generacionalmente más de tres veces en los últimos 100 años utilizando la violencia como método de poder.

En los últimos 20 años se produjo un desplazamiento de 5 millones de personas hacia la periferia de las ciudades por apoderarse de la tierra; es así como la mafia y grupos empresariales  terminaron por reordenar el país a su conveniencia recrudeciendo las dinámicas del conflicto social y armado.

Según el informe del Pnud el 52 % de la gran propiedad está en manos del 1,15 % de la población, la concentración de la tierra termina siendo uno de los factores que explican que Colombia sea el tercer país más desigual en el mundo.

El Meta  es el tercer departamento del país con mayor área de tierras despojadas. Desde 1997 y agosto del 2010 hay más de 125.000 personas en condición de desplazamiento. 

Villavicencio, su capital ha sufrido un crecimiento vertiginoso en su superficie urbana con más de 240 barrios construidos por cuenta propia a partir de la llegada de 70.000 víctimas. 

La apropiación de tierras se hizo por todo tipo de métodos; en donde la ilegalidad permeo notarias, alcaldías, y alto gobierno. Solo en la Notaria de  San Martin se descubrió como legalizaron 185.000 hectáreas de algunas tierras en Mapiripán donde el Incoder  coadyuvo a limpiar las tierras y generar títulos.

Este panorama cargado de violencia y dolor contrasta con un “nuevo despeje” que viene reproduciéndose en el Meta, este nuevo despeje no se sustenta en una negociación de paz  entre actores armados, tiene su esencia  frente a la hegemonía-

de los actores económicos que tienen presencia en el Meta, múltiples empresas agroindustriales y petroleras, nacionales y multinacionales tienen una fuerte presencia en todo el territorio departamental haciendo gala de traer desarrollo y progreso.

Es un desarrollo que solo se ve en sus bolsillos a costas de la apropiación de la tierra y el territorio de los metenses, donde hacen lo que quieren sin regulación ni mediación alguna;-

en donde la explotación marginante  de los pobladores que no tienen otra alternativa que mendigar en competencia con sus vecinos para tener el simple derecho al trabajo, frente al desempleo y la pobreza creciente.

El despojo se reinventa de manera más sofisticada, manteniéndose y profundizándose. Es así como en estos días un promedio superior a las  1.200 familias  del asentamiento de la Victoria fueron desalojadas sin alternativa alguna por parte de la Alcaldía.

Juan “sin miedo” destino recursos para su  capricho del helicóptero pero no le intereso generar una salida negociada y digna para una comunidad que reclama un derecho.

En la Vereda las Leonas en Puerto López campesinos a quienes les adjudicaron unas tierras, hoy se encuentran en amenaza de perder su tierra ubicada en la codiciada altillanura por que el Incoder reverso la titulación y dejo a los campesinos en el aire.

El pueblo indígena Achagua  termino con su cementerio sagrado destruido por un oleoducto cuyos propietarios son Pacific Rubiales y Ecopetrol. Múltiples son los conflictos  que se desarrollan actualmente por el derecho al territorio de las comunidades.

En ese estricto contexto, hay que hacer referencia al  discurso demagogo del Gobierno. Cuando se analizan las cifras concretas “la Reforma Agraria de Santos”  terminaría siendo un mal chiste, sino fuera porque finaliza burlándose del dolor de miles de víctimas que perdieron sus familias, su tierra, su territorio  y parte de su vida en un  conflicto histórico en el país.

De las 160 mil restituciones, a realizarse según el Plan Nacional de Desarrollo durante los cuatro años de gobierno, sólo se harán efectivas 11 mil en el 2012.

Finalizado el "Plan de Choque", tan sólo 1.005 hectáreas fueron realmente restituidas, donde el Ministro de Agricultura viene sumando restituciones, con titulación de tierras y  adjudicación de baldíos.

La esperanzada “restitución” no pude ser un discurso vacío mientras que se sigue concentrando la tierra dentro de una política agraria en donde priman los monopolios y grupos económicos del sector financiero.

En el ejercicio de una verdadera restitución el país se juega la oportunidad de reconstruir la dignidad humana fragmentada por la violencia, recuperando un país de tradición rural no solo por la soberanía alimentaria,-

sino por tejer las practicas solidarias y comunitarias que construyen verdadera paz, pero ante todo el derecho a mantener la memoria y la palabra de las victimas vigentes como la fuerza histórica para la construcción de justicia social.

Es por eso que los invito a la movilización del 6 de Marzo contra el despojo, organizada directamente por las víctimas para que cese la mentira y el engaño, para darle paso a la verdad y la justicia, en ese largo camino es que construye un país al tamaño de nuestros sueños.

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Presunta demanda contra Mónica Roa por parte de la Procuradora Delegada, Ilva Myriam Hoyos
Por Brújula Comunicaciones

Women’s Link Worldwide ve con extrañeza la posibilidad de que Hoyos inicie un proceso a título personal contra ciudadana que interpone una tutela.

Bogotá, marzo 1 de 2012. A través de los medios de comunicación, hemos recibido la noticia de que la Procuradora Delegada para los Derechos de la Infancia la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos presentó una denuncia penal contra Mónica Roa (foto), Directora de Programas de Women’s Link Worldwide.

De acuerdo a la información disponible ésta es por “injuria y calumnia” pues según Hoyos,  la abogada y defensora de los Derechos Humanos, ha “mentido y tergiversado la jurisprudencia que hay sobre el aborto”.

Roa no ha recibido hasta el momento notificación formal ni comunicación alguna sobre este proceso, sin embargo, Women’s Link Worldwide ve con extrañeza la posibilidad de que Hoyos inicie un proceso a título personal contra alguien,-

argumentando que ha sido injuriada por una tutela presentada por 1.201 mujeres, donde se exige información veraz, confiable y completa sobre salud sexual y reproductiva al Procurador General de la Nación y sus procuradoras delegadas, entre ellas Hoyos.

Si bien la tutela ha sido rechazada en primera y segunda instancia, actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Corte Constitucional.

Durante la administración del actual Procurador, nos han preocupado varias acciones de la Procuradora Delegada, de otras delegadas y del mismo Ordoñez, que se alejan claramente de sus funciones constitucionales.

La organización Women’s Link Worldwide hace permanentemente un seguimiento a la jurisprudencia en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas.

Este seguimiento ha mostrado que desde el 2008 esta entidad ha incurrido en varias irregularidades al respecto, como ofrecer información tergiversada, parcializada e incompleta a funcionarios públicos y centros de salud, dificultando la aplicación de la sentencia C-355/06.

Ante éstas irregularidades, Women’s Link Worldwide ha adelantado los recursos institucionales disponibles, tales como derechos de petición, quejas disciplinaras y acciones de tutela en el marco de la Constitución y la ley. Por ello no vemos fundamento alguno para una demanda de este tipo.

Precisamente para promover la conciencia ciudadana en torno a las funciones del procurador –quien quiera que este sea- hemos creado Procura Colombia (www.procuracolombia.com), una campaña de educación y veeduría ciudadana para tomar conciencia sobre las funciones-

constitucionales de la procuraduría, entre las que se cuenta la obligación de defender a los ciudadanos cuando se han vulnerado sus derechos fundamentales, incluido el derecho a exigir su respeto a través de una acción de tutela.

Tutela por el derecho a la información

Desde el 22 de febrero de este año la Corte Constitucional seleccionó para revisión una tutela, procedente del Consejo Seccional de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura, que interpusieron 1.201 mujeres-

de todo el país en la que solicitan restablecer su derecho a recibir información veraz, confiable y completa sobre derechos y salud sexual y reproductiva por parte del Procurador General de la Nación y sus procuradoras delegadas.

Esta tutela pide que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y sus delegadas, entre ellas, Ilva Miryam Hoyos, rectifiquen públicamente las mentiras que han dicho en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas.

En comunicados oficiales la Procuraduría ha dicho que la Anticoncepción de Emergencia es abortiva, desconociendo jurisprudencia del Consejo de Estado y las pruebas científicas de la Organización Mundial de la Salud, que establecen que “las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que-

contienen levonorgestrel previenen la ovulación y (…) no tienen un efecto detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de progesterona, cuando son administradas después de la ovulación.

Las PAE no son eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto”.

La Procuraduría también ha dicho que Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los casos reconocidos por la Corte no es un derecho y que los funcionarios públicos no están obligados a remover los obstáculos para su ejercicio,-

esto último en una carta que Hoyos envió al Superintendente Nacional de Salud en la que lo “invitaba” a ajustar la circular externa 058 expedida por este ente de control y vigilancia de salud.

En la carta, la Delegada Hoyos expresó que la IVE no era un derecho y, por lo tanto, la Superintendencia no estaba en la obligación de remover los obstáculos para que las mujeres que se encuentren en las causales señaladas por la Sentencia C-355 de 2006 accedan a una IVE.

En carta al Ministerio de Protección Social la Procuraduría citó el documento “Aclaración sobre la postura de la OMS respecto del uso del misoprostol en la comunidad para reducir la mortalidad materna” afirmando falsamente que según esta organización existen dudas sobre la seguridad de misoprostol.

Mientras en realidad la OMS lo ha incluido en la lista de medicamentos esenciales, lo ha recomendado para varios usos obstétricos (incluida la Interrupción Voluntaria del Embarazo) y únicamente ha expresado dudas sobre la seguridad del fármaco para el tratamiento de hemorragias post parto.

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Seguridad narcocrática/
Condenados 11 militares por asesinatos a sangre fría
Por Notimundo

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería, profirió condena contra 11 militares, por su responsabilidad en los asesinatos a sangre fría de dos jóvenes en el municipio de Canalete, Córdoba, informó la Fiscalía.

Los homicidios fueron perpetrados el 17 de febrero de 2006, cuando los criminales pertenecientes al Batallón 13 Junín del Ejército Nacional, hicieron llegar desde Caucasia, Antioquia, a John Fredy Camargo Herrera y Darwin Antonio Rivero Clímaco, con el engaño de darles trabajo en una finca.

Las víctima, según la Fiscalía, fueron contactados por el sujeto Jonathan Andrés Barrios Bautista, quién les ofreció trabajo en una finca cerca de Montería por un salario mensual de un millón 200 mil pesos.

Posteriormente, tropas del Batallón No.13 Junín, con sede en Montería, reportaron la muerte de los infelices muchachos en choque armado de dos supuestos extorsionistas no identificados.

El ente investigador pudo establecer con pruebas testimoniales y técnicas, entre ellas la balística, que las versiones de los criminales eran falsas y que se trató de homicidios agravados en personas protegidas.

“Todo fue un montaje para justificar los homicidios de jóvenes inocentes y sin antecedentes ni penales ni contravencionales”, advirtió el juez al dictaminar la condena.

Los criminales son: Edgar Andrés Santos Acevedo, teniente; Javier Berrío Correa, Jorge Luis Rivera Blanco, Heney Manuel Serpa Nerio, Gustavo Adolfo García Hernández, Juvenal Carvajal Cruz,-

James Barón de Diego, Luis Mariano Aguilar Causil, Fredy Velásquez Pérez, soldados profesionales, y Orlando Miguel Vertel Martínez y Rafael Antonio Padilla Carvajal, militares retirados.

Con respecto a Barrios Bautista, este cumple pena de 39 años y nueve meses en la cárcel de Girón, Santander.

El pasado 18 de febrero el presidente Santos expresó que el artículo sobre la ampliación del fuero penal militar incluido en la reforma a la justicia que se tramita en el Congreso sería retirado.

Dicho artículo consistía en garantizar impunidad a los crímenes y atrocidades cometidos por miembros de la fuerza pública.

Sin embargo el Gobierno y las fuerzas militares no cejan en su empeño de buscar la manera de arropar con impunidad estos delitos y para eso buscan legitimar otro esperpento peor que el anterior.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de acto legislativo para reformar la Justicia Penal Militar.

En este, desde  ya se conoce, busca que al menos  las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por las fuerzas militares, sean materia exclusiva de la Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de impunidad.

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Sabana de Torres, Santander
Asociación de campesinos denunció que Santos se negó a atender su problemática
Por Camilo Raigozo

La Asociación Agrícola de Santander, Asogras,  denunció ante la comunidad nacional e internacional, que el presidente Juan Manuel Santos se negó a atenderlos el pasado 20 de febrero cuando el mandatario visitó esa localidad.

Según la denuncia, los campesinos víctimas de la estrategia paramilitar del régimen para despojarlos de sus tierras, intentaron ingresar al sitio donde el Presidente se encontraba con la esperanza de ser escuchados y plantearle la situación que padecen.

Igualmente querían hacerle conocer al mandatario las amenazas existentes contra dirigentes campesinos, líderes Sociales, sindicalistas, miembros de ONGs, defensores de derechos humanos y comunidad en general por parte del sicariato paramilitar.

Los anillos de seguridad impidieron que los campesinos lograran su deseo de hablar con el Presidente.

Sabana de Torres es azotado por las bandas paramilitares “águilas negras”, “urabeños” y “los rastrojos”, según el mismo comandante de la Policía de Santander, coronel Nieto. Foto El Frente.com.

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miércoles, febrero 29, 2012

Ambientalistas de Bogotá en el Humedal Capellania
Apoyamos el corredor Ecovial de Occidente
Por Colectivo Suba Nativa

El pasado domingo 26 de febrero más de 50 ambientalistas de diferentes localidades de Bogotá nos reunimos para dar inicio al Seminario:

Alternativas ecológicas a la Avenida Longitudinal de Occidente, donde realizamos un recorrido por el Humedal Capellanía, reconociendo las potencialidades ecológicas que aún se conservan en este ecosistema, en el que se encuentran presentes comunidades vegetales y faunísticas como: el junco, botoncillo, lengua de vaca, barbasco, acacias, la tingua, monjitas y caicas. 

Además, analizamos las problemáticas ambientales causadas por el vertimiento de aguas residuales de tipo industrial y residencial, el mal manejo de basuras y escombros, la proliferación de 'especies invasoras' (Pasto Kikuyo, Retamo Espinoso) y la construcción de urbanizaciones y vías en su área de protección.

Problemas que se intensificarían con la construcción del proyecto ALO, hasta llegar a causar la desaparición completa de este ecosistema, ya que pasaría encima de la Zona de amortiguación donde se regula el flujo de agua que le llega al humedal,-

cuyos predios ya se encuentran en poder de la empresa Vipacon Ltda. Así mismo al pasar por el costado occidental del ecosistema destruiría uno de los pocos espejos de agua que aún se conservan.      

Finalizamos el taller reflexionando en torno a la falta de información que tiene la comunidad frente al proyecto ALO, ya que inocentemente piensan que se solucionarían sus problemas de movilidad y calidad de vida,-

cuando por el contrario estos se agravaran, ya que esta avenida se plantea como una vía tipo túnel abierto para el transporte de carga, partiendo en dos las localidades del occidente de Bogotá, poniendo en riesgo de inundación los predios que se encuentren en esta zona.

En consecuencia los humedales no podrían cumplir su función como reguladores del agua y aumentarían los niveles de contaminación auditiva, visual y del aire por el constante flujo de automóviles, trayendo consigo diversas enfermedades.

En la jornada se acordaron los siguientes compromisos: Invitar a más personas a participar del siguiente taller del seminario que se realizara en el Humedal Tibabuyes (Juan Amarillo) y aunar esfuerzos-

por construir un modelo de  ciudad que ponga por encima la vida y lo valores ambientales que los intereses económicos de empresarios y urbanizadores quienes son los únicos que se verían beneficiados con la expansión de la ciudad.

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Parauribismo/
Grupos paramilitares amenazan a más dirigentes y organizaciones defensoras de derechos humanos en Bogotá
Por organizaciones

La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (Movice) denuncian ante la comunidad nacional e internacional amenazas en el marco de la movilización del 6 de marzo próximo, “El despojo de tierras: otro crimen de Estado”

El pasado 27 de febrero, se recibió vía correo Servientrega en las instalaciones del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, un sobre de manila, remitido por una persona de nombre José Alfredo Jiménez, dirección Calle 52 No 17ª-32 proveniente de la ciudad de Jamundí – valle del Cauca, que contenía una amenaza en nombre de quienes se autodenominan "Comandos Urbanos Los Rastrojos".

En la amenaza, declaran objetivo militar a otras organizaciones e individuos, entre éstas, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Ayuda Humanitaria (Antioquia),-

Asodop (Antioquia), Fundación Colombian”s Human Righs (Tolima), Asociación de Grupos Juveniles Libertad (Valle del Cauca), dos integrantes de la CUT y del sindicato Anthoc, Alexander López Maya Senador, Wilsón Borja Díaz exsenador, Jorge Enrique Robledo, senador.

El martes 28 de febrero, otro panfleto, firmado por las “Águilas Negras Bloque Capital”, fue enviado por Servientrega al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.

 “Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las farc las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por-

líderes defensores de derechos humanos y dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros”, dice la amenaza.

Las personas nombradas incluyen “Acnur, Casa Mujer, Ruta Pascfica, Fundhefem, Arco Iris, Sisma Mujer, Afromupaz, Codhes, Movice, Pnudh, Afrodes, Juntos por la Vida y la Marcha Indijena”.

Además de unas 15 personas más, principalmente mujeres, entre ellos Piedad Córdoba, una integrante del Ccajar, Iván Cepeda, una integrante de la Unidad Técnica Legislativa de Iván Cepeda, y Gustavo Petro.

Estas amenazas se llevan a cabo una semana antes de la realización de la movilización a nivel nacional que se realizará el próximo 6 de marzo en el marco del día nacional e internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado que se conmemora desde el año 2008.

Tanto el Ccajar como el Movice han sufrido una sistemática revictimización a manos de instituciones del Estado y grupos paramilitares.

El 23 de febrero anterior, se presentó un robo de información del domicilio de la secretaria técnica del Movice Capítulo Norte de Santander, Nubia Mendoza. Igualmente, en noviembre del año pasado, se hurtaron computadores del integrante activo del Movice Capítulo Nariño, Edgar Montilla.

En los dos casos, los ladrones entraron de manera profesional, sin violentar las chapas, y se limitaron a robar listados e información digital.

El 21 de febrero pasado, varios integrantes del Movce Capítulo Nariño recibieron un correo amenazante del “Grupo Anti Restitución”, en el cual se advierte que "No entregaremos ni un milímetro de tierra, territorio o bienes para sufragar restituciones ilegales e impuestas por la presión internacional".

Lo anterior tiene como antecedentes las amenazas recibidas por campesinos en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, firmadas por “Grupos Armados Anti Restitución” que tendrían la intención de evitar la restitución de tierras.

Estas agresiones, llevadas a cabo de manera similar en puntos muy alejados de la geografía nacional, confirman la existencia de una estrategia de persecución sistemática contra las víctimas de crímenes de Estado y los reclamantes de tierras a lo largo del territorio nacional.

De la misma manera, demuestra que el paramilitarismo sigue activo, como consecuencia lógica de la negativa del gobierno nacional de desmantelar de manera real las estructuras paramilitares, depurar-

las instituciones públicas, y desmontar las otras estrategias de represión, como los montajes judiciales, que igualmente pretenden silenciar las voces de las víctimas de crímenes de Estado.

La connivencia del gobierno nacional con las acciones de estos grupos se refleja en la amenaza firmada por las Águilas Negras, en que se sentencia a muerte a las personas que “se oponen a las políticas de nuestro gobierno”, y la impunidad con que dichos grupos continúan actuando.

Exigencias

Al Estado Colombiano: adoptar las medidas inmediatas de prevención y protección para garantizar la vida y la integridad física de los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y demás organizaciones y personas nombradas en esta amenaza.

Se exige a la Fiscalía y la Rama Judicial que actúen de manera eficaz, con autonomía e imparcialidad, en las investigaciones y fallos contra los actores materiales e intelectuales de los hechos antes mencionados.

Se exige al Presidente de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia que garantice la seguridad de las personas que participen en las actividades del 6 de marzo, antes, durante, y después de la movilización.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar)
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)

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Comunidades afectadas por Hidroeléctrica Porce IV dispuestas a reanudar los diálogos con EPM
Por Notimundo

Las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Porce IV en el municipio de Anorí, Antioquia emitieron un comunicado en el que afirman estar dispuestas a continuar los diálogos con Empresas Públicas de Medellín, interrumpidas a finales de 2010

Notimundo transcribe en su integridad el comunicado:

Comunicado a la opinión pública

Las comunidades organizadas del cañón del Porce: juntas de acción comunal, asociaciones de mineros y pobladores en general informan:

Que en toda su dinámica organizativa frente al proyecto hidroeléctrico Porce IV, asumimos una posición positiva y proactiva que nos lleve a la feliz realización del proyecto Porce IV.

Que estamos dispuestos a reiniciar en el momento que EPM lo determine conveniente el proceso de negociación interrumpido a finales del 2010.

Que entendemos la importancia de este proyecto en el desarrollo regional, departamental y nacional y por lo tanto ofrecemos nuestro concurso en apoyo a la continuidad del proyecto por parte de EPM.

Invitamos al gobierno nacional, gobierno departamental, a EPM  retomar los canales de la concertación y el diálogo para zanjar las dificultades que hoy tienen parado el proyecto.

Invitamos a las fuerzas vivas de la región, a las organizaciones sociales y a la población en general, a manifestar su apoyo para la continuidad del proyecto.

Entendemos el desarrollo de los pueblos como una posibilidad de mejoramiento real, que garantice escenarios futuros de equidad, justicia social y calidad de vida.

Anorí, Antioquia. Febrero 29 del 2012

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Conflicto social y armado
En un mes quedarían libres uniformados retenidos por las FARC
Por Camilo Raigozo

La activista por los derechos humanos Piedad Córdoba dijo este miércoles que a finales de marzo quedarían en libertad los 10 miembros de la Fuerza Pública, quienes perdieron la libertad a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC,-

en acciones inherentes al conflicto social y armado impuesto a los colombianos por la banda guerrerista que ha mantenido el poder político, económico y militar durante los dos siglos últimos siglos.

Córdoba anunció a través de su cuenta en Twetter que los helicópteros saldrán desde San Miguel, Brasil, para llevar a cabo las liberaciones unilaterales de las FARC.

Los diez agentes del Estado permanecen por más de 12 años olvidados y abandonados en las selvas tanto por la oligarquía, como por la cúpula militar,-

quienes prefirieron anteponer sus intereses mezquinos a realizar actos humanitarios para devolver a la libertad sus propios soldados y policías que arriesgaron sus vidas defendiéndoles sus riquezas y privilegios.

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Campesinos en el Cauca protestan por ‘falso positivo’ con burro bomba y tortura de un labriego
Además se manifiestan por los abusos en el cobro de facturas por parte de Empresa Energética de Occidente y Cedesa
Por Oficina de prensa de Hernando Hernández Tapasco

“ Solicito a la procuraduría y a la fiscalía  que se investigue a fondo lo ocurrido en el municipio de El Palo, en este caso de tortura y falso positivo que se suma a los más de tres mil registrados hasta ahora y que siguen en la impunidad, sin que el gobierno haya tomado cartas en al asunto.

“Y a las entidades correspondientes, para que den soluciones definitivas al cumplimiento de  los acuerdos pactados entre las empresas y los habitantes de esta comunidad, así como el ajuste de precios en las facturas” .Dijo Hernando Hernández Tapasco Representante a la Cámara.

Más de 400 campesinos provenientes de los municipios de Miranda, Caloto y  Toribío taponan a esta hora  la vía que comunica a los municipios del norte del Cauca con el Valle en señal de  protesta por los continuos abusos del Ejército nacional contra la población civil.

Los manifestantes afirman que la denuncia de tortura de la cual fue víctima  un campesino de la zona a quien le laceraron las manos y le cosieron la boca con alambre, por negarse a “atentar con un burro bomba” en contra de uniformados regulares, se trataría  de un falso positivo perpetrado por integrantes del Ejército Nacional que se encontraban en la zona.

Los labriegos que hoy 29  taponan la vía que comunica estos municipios, también mantienen bloqueada la compuerta de la hidroeléctrica como protesta a causa de los abusos cometidos por los militares, y el exagerado costo que tienen que pagar a la Empresa Energética de Occidente y Cedesa en el suministro del servicio de energía que ha superado en las tarifas por kilovatio los 500 pesos.

A esta problemática  se suma el incumplimiento de los acuerdos firmados  en la ejecución de proyectos de inversión social  y que siguen en el limbo por parte de los industriales.

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Parauribismo/
Paramilitares amenazan a organizaciones sociales en Bogotá
Por Camilo Raigozo

La organización Casa de la Mujer denunció ante la comunidad nacional e internacional la nueva amenaza de paramilitares autodenominados “águilas negras”, recibida mediante panfleto este 29 de febrero.

“Pena de muerte a las perras guerrilleras de las farc las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a desplazados haciéndose pasar por líderes defensores de derechos humanos”, dice un aparte de la amenaza.

La mortal misiva fue enviada a la sede de Casa de la Mujer en sobre cerrado. En el contenido las amenazas están dirigidas a las organizaciones: Acnur, Ruta Pacífica, Fundhefem, Arco Iris, Sisma Mujer, Afromupaz, Codhes, Movice, Pnud, Afrodes, Juntos por la vida y marcha indígena, y a 15 personas que según este grupo criminal “tienen 30 días para abandonar la ciudad”.  

Según Casa de la Mujer las amenazas buscan aterrorizar y obstaculizar el trabajo de las y los líderes sociales y sus organizaciones sociales para impedir la exigencia de garantizar  los derechos humanos de las personas, especialmente de la población víctima de desplazamiento forzado y del robo de sus tierras.

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martes, febrero 28, 2012

Guerra sucia mediática/
Estaría empezando a caer el montaje Ejército-medios sobre torturas a campesino en Caloto, Cauca
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Al parecer en esta ocasión el libreto del montaje, burdo por lo demás, empezó a caerse más rápido de lo que se esperaba. Las primeras dudas sobre las versiones del Ejército, de la víctima y de la dictadura mediática empezaron a salir a flote.

Como lo había analizado Notimundo en la edición del pasado domingo, el caso del campesino a quién, según el Ejército, las FARC torturaron, laceraron las manos y le cosieron la boca con alambre, por negarse a  atentar con un ‘burro bomba’ contra los uniformados, no podía sostenerse por el peso de sus contradicciones.

El modus operandi de la guerra sucia mediática de la dupla Ejército-medios, en el caso de Caloto, Cauca, es igual a muchos otros, especialmente en el recordado caso del collar bomba, en el que asesinaron a una mujer en el año 2000 en Chiquinquirá, Boyacá. Casos de extrema crueldad para culpar a la insurgencia.

Ayer se supo que la comunidad de El Palo, municipio de Caloto, solicitó una audiencia pública para esclarecer el caso del “campesino torturado por las FARC”, ya que tanto la versión del Ejército, como la del labriego, están llenas de inconsistencias y generan muchas dudas.

Los lugareños sostienen que las afirmaciones del campesino Luis Eider Dagua presentan una serie de inconsistencias y es contradictoria a la versión entregada por las autoridades castrenses.

La comunidad denunció además que la víctima desde hace dos años no vive en la región, sino en el vecino país del Ecuador.

Los pobladores ya habían advertido el sábado pasado un detalle muy importante y es que el lugar donde los supuestos guerrilleros de civil torturaron al labriego es un sitio altamente militarizado y sólo dista 200 metros de un puesto militar y hay varios retenes del Ejército.

Otro hecho que aporta la comunidad es que en el área no hay burros, es decir fue un montaje mal elaborado.

Según familiares de la víctima en declaraciones dada a varios medios, en la tarde del 24 de febrero, Luis Eider estaba con su hermana y un sobrino cerca del río. En el momento en que se retiró para hacer sus necesidades fisiológicas fue cuando los tres sujetos de civil lo torturaron.

En base a lo anterior cabe preguntarse: ¿Los militares presionaron al campesino para que diera esas versiones llenas de contradicciones? ¿Por qué también son contradictorias las versiones del ejército?

¿Hay algún hilo conductor entre los tres atacantes y los militares? ¿Qué se quiere ocultar? ¿Es un burdo montaje, como en el caso del ‘collar bomba’, para desprestigiar a la guerrilla poniendo en práctica la guerra sucia mediática?

El tiempo y las investigaciones se encargarán de resolver esas inquietudes, como sucedió en el caso del 'collar bomba'.

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