Conflicto social y armado
Acuerdo firmado entre el
Gobierno Nacional y las FARC
Acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera:
“Los delegados del Gobierno de la República de Colombia
(Gobierno Nacional) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP):
Como resultado del Encuentro Exploratorio que tuvo como
sede La Habana, Cuba, entre Febrero 23 de 2012 y que contó con la participación
del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y
con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como
facilitador de logística y acompañante:
Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como
condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera;
atendiendo el clamor de la población por la paz, y reconociendo que:
La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en
su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción;-
El
respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional
es un fin del Estado que debe promoverse; El desarrollo económico con justicia
social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso.
El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo
las grandes mayorías, permite crecer como país;-
Una Colombia en paz jugará un
papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial; Es
importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la
paz;-
Con la disposición total del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de llegar
a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los
organismos de integración regional y a la comunidad internacional, a acompañar
este proceso;
Hemos acordado:
I. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas
sobre los puntos de la agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar un
Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la
construcción de la paz estable y duradera.
II. Establecer una mesa de conversaciones que se
instalará públicamente (un mes después del anuncio público) en Oslo, Noruega, y
cuya sede principal será La Habana, Cuba. La mesa podrá hacer reuniones en
otros países.
III. Garantizar la efectividad del proceso y concluir el
trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo
posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo.
En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los
avances.
IV. Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los
gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile
como acompañantes. De acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de
común acuerdo invitar a otros.
V. La siguiente agenda:
1. Política de desarrollo agrario integral
El desarrollo agrario integral es determinante para
impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico
equitativo del país.
Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas.
Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de
reserva.
Programas de desarrollo con enfoque territorial.
Infraestructura y adecuación de tierras.
Desarrollo social: salud, educación, vivienda,
erradicación de la pobreza.
Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía
solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de
ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
Sistema de seguridad alimentaria.
2. Participación política
Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición
política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan
luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
Mecanismos democráticos de participación ciudadana,
incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos
temas.
Medidas efectivas para promover mayor participación en la
política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la
población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
3. Fin del conflicto
Proceso integral y simultáneo que implica:
Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y
definitivas.
Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a
la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus
intereses.
El Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la
situación de las personas privadas, procesadas o condenadas, por pertenecer o
colaborar con las FARC-EP.
En forma paralela el gobierno nacional intensificará el
combate para acabar la organizaciones criminales y sus redes de apoyo,
incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad,-
en particular contra
cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra
defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los
ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la
construcción de la paz.
Garantías de seguridad.
En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de
este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.
La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual
debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
Programas de sustitución de cultivos ilícitos. Planes
integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño,
ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental
de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos.
Programas de prevención del consumo y salud pública.
Solución del fenómeno de producción del consumo y la
salud pública.
5. Víctimas
Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo
Gobierno Nacional – FARC-EP. En ese sentido se tratarán:
Derechos humanos de las víctimas.
Verdad.
6. Implementación, verificación y refrendación
La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación
de todos los puntos acordados.
Mecanismos de implementación y verificación:
a. Sistema de implementación, dándole especial
importancia a las regiones.
b. Comisiones de seguimiento y verificación.
c. Mecanismos de resolución de diferencias.
Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y
estarán confirmadas por representante de las partes y de la sociedad según el
caso.
Acompañamiento internacional.
Cronograma.
Presupuesto.
Herramienta de difusión y comunicación.
Mecanismo de refrendación de los acuerdos.
Las siguientes reglas de funcionamiento:
1. En las sesiones de la Mesa participarán hasta 10
personas por delegación, de los cuales hasta 5 serán plenipotenciarios quienes
llevarán la vocería respectiva. Cada delegación estará compuesta hasta por 30
representantes.
2. Con el fin de contribuir al desarrollo del proceso se
podrán realizar consultas a expertos sobre los temas de la Agenda, una vez
surtido el trámite correspondiente.
3. Para garantizar la transparencia del proceso, la Mesa
elaborará informes periódicos.
4. Se establecerá un mecanismo para dar a conocer
conjuntamente los avances de la Mesa. Las discusiones de la Mesa no se harán
públicas.
5. Se implementará una estrategia de difusión eficaz.
6. Para garantizar la más amplia participación posible,
se establecerá un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la
agenda de ciudadanos y organizaciones, por medios físicos o electrónicos.
De común acuerdo y en un tiempo determinado, la Mesa
podrá hacer consultas directas y recibir propuestas sobre dichos puntos, o
delegar en un tercero la organización de espacios de participación.
7. El Gobierno Nacional garantizará los recursos
necesarios para el funcionamiento de la Mesa, que serán administrados de manera
eficaz y transparente.
8. La Mesa contará con la tecnología necesaria para
adelantar el proceso.
9. Las conversaciones iniciarán con el punto Política de
desarrollo agrario integral y se seguirá con el orden que la Mesa acuerde.
10. Las conversaciones se darán bajo el principio que
nada está acordado hasta que todo esté acordado.
Foto: Rodrigo Granda, negociador de las Farc, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y
Sergio Jaramillo, negociador del Gobierno.
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