En un encuentro de corteros de caña detienen arbitrariamente a líder sindical
Por Camilo Raigozo

Este sábado 24 de septiembre cuando trabajadores corteros de caña realizaban una reunión de carácter gremial en el Centro Rural en Cali, agentes del desprestigiado “Cartel de las tres letras, DAS”, detuvieron de forma provocadora y arbitraria a José Oney Valencia, líder del sindicato del ingenio Manuelita.

La agresión contra los trabajadores fue rechazada unánimemente por varios sectores democráticos, quienes a su vez le exigieron al gobierno respetar el derecho de libre asociación, a la denuncia y demás garantías civiles, consagrados en la Constitución nacional.

El mismo vicepresidente Angelino Garzón denunció que a la reunión fue infiltrado un miembro de la fuerza pública el cual se dedicó a fotografiar a los asistentes. “En estos diálogos sociales no se debería ingresar con propósitos de inteligencia militar, ya que estos encuentros son para crear confianza y crear soluciones entre la población y el Estado”, dijo Garzón a los medios.

Después del atropello José Oney Valencia fue dejado en libertad horas más tarde, pero las diferentes organizaciones sindicales y sociales del país responsabilizan al gobierno de lo que le pueda pasar tanto a Valencia, como a los demás asistentes a la reunión, nuevamente víctimas de las acciones criminales del DAS y de la Fuerza Pública.

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Estudiantes de la Universidad Distrital desmienten a los medios de comunicación y a la Policía

Mediante un comunicado público, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Aceu, desminte informaciones emitidas por los influyentes medios de comunicación y la Policía, referentes a las protestas realizadas este 22 de septiembre.

A continuación Notimundo transcribe en su integridad el comunicado recibido en la redacción:

Comunicado a la opinión pública

La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios condena los avisos realizados por los medios de comunicación y por la Policía Nacional en horas de la tarde donde se dijo públicamente que los estudiantes que se encontraban al interior de la universidad habían robado las armas de dotación del personal de seguridad,-

avisos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria, justificando el ingreso del Esmad al campus universitario lo cual atentaría gravemente contra la comunidad universitaria como es habitual en este contexto hacerlo.

Asimismo la ocurrencia de otros sucesos anormales presentados durante el día de hoy, como el descubrimiento de cámaras por toda la universidad, acciones que coartan la libertad de reunión y asociación, igualmente denunciamos las rondas de vehículos con vidrios polarizados y sin placas a los alrededores de la universidad.

Por otro lado, posterior a los hechos ocurridos, cuando los estudiantes salían de la universidad hacia sus hogares, a la entrada de la estación de la calle 26 de transmilenio fueron detenidos arbitrariamente 11 jóvenes entre ellos dos menores de edad estudiantes de colegio, y uno de ellos brutalmente golpeado por un agente de la policía nacional.

Consideramos que no por el hecho de presentarse disturbios al interior de las universidades se justifica el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía nacional; exigimos de la universidad el retiro de las cámaras puestas por toda la universidad, y el respeto de la integridad de las y los jóvenes que se encuentran detenidos.

Después de la evacuación de la universidad, 20 estudiantes se quedaron adentro; presuntamente, la policía al ver quienes se quedaron, lanzaron una bomba con metralla que dejo 3 estudiantes heridos de gravedad, quienes no han podido ser evacuados de la universidad para prestarles la atención adecuada, por el acordonamiento de la policía al lugar.

Por otro lado de los 11 estudiantes que fueron detenidos tres de ellos serán judicializados el día de mañana a las 6:30 de la mañana en los juzgados de Paloquemao.

Estos estudiantes fueron detenidos espontáneamente sin estar en flagrancia o algo parecido, esperamos no se monten falsas pruebas, para hacer efectiva su criminalización.

Exigimos se respete la vida y la integridad de estos compañeros y compañeras.

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Seguridad nacocrática/

Diez militares acusados de asesinato a sangre fría
Por Camilo Raigozo

Barranquilla. Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de un oficial, tres suboficiales y seis soldados profesionales, adscritos para la época del crimen al Batallón Córdoba del Magdalena, como presuntos coautores del delito de homicidio agravado.

Según pudo establecer la Fiscalía, el 29 de mayo de 2007 en el sector conocido como La Pisada, jurisdicción de Guachaca, Magdalena, los presuntos criminales asesinaron a sangre fría a Zoraida Suárez y la presentaron como guerrillera abatida en un combate que no existió.

Los presuntos homicidas fueron identificados como: Rafael Mauricio Rodríguez Rivero, subteniente; Sandro Buenaventura Arias, sargento segundo; Luis Heriberto Rosero Ortega, cabo primero; Carlos Fabra Roqueme, cabo segundo; y los soldados profesionales Héctor Julio Blanco Utria, Oliver Mercado Muñoz, Rafael Candanoza Hernández, Germán Enrique Pérez Peña, José Oñate Quiroz y René González Mercado, quienes están recluidos en diferentes guarniciones militares del país.

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Amnistía Internacional señala fallas de la Justicia en reparaciones a mujeres víctimas de violencia sexual

Por Camila Queiroz. Adital

En el marco del conflicto armado interno que Colombia vive desde hace más de 50 años, los cuerpos de mujeres y niñas son usados como trofeos de guerra por grupos guerrilleros y paramilitares, que así pretenden "vengarse” de los opositores. En este escenario, aquellas que se atreven a denunciar las violaciones muchas veces no encuentran apoyo de la Justicia.

Acerca de las fallas en el sistema judicial colombiano y los motivos que inhiben las denuncias de mujeres violadas, trata el informe Esto es lo que nosotros exigimos. Que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, publicado hoy (21) por Amnistía Internacional.

El documento es fruto de dos años de investigaciones de la organización, que escuchó a testigos, organizaciones civiles, redes de mujeres, grupos de derechos humanos, funcionarios del gobierno y del Estado, abogados, jueces, organizaciones indígenas y organismos internacionales.

En él, más de doce víctimas, bajo pseudónimos, obtienen voz a partir de la reproducción de sus declaraciones. Son historias como la de Angélica, diez años bajo el poder de un propietario de tierra a quien identifica como colaborador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La mujer fue esclavizada doméstica y sexualmente y años después, desamparada por el Estado, vio que su destino se repetía con su hija, violada dos veces a los 13 años, en 2008.

"Muy pocos autores de crímenes de violencia sexual cometidos durante los 45 años del conflicto han comparecido ante la justicia. Muchas de las niñas, mujeres y familias (…) dijeron que esta negación de justicia sigue siendo una herida abierta que intensifica su sufrimiento y las expone a otros abusos, como amenazas, acoso y más violencia”, se señala en el informe.

Entre los motivos que llevan a las mujeres y niñas a no denunciar las violaciones sexuales, Amnistía Internacional señala el sentimiento de vergüenza y miedo al estigma prejuicioso de la sociedad patriarcal; miedo de sufrir más violencia aún; falta de seguridad; ausencia de confianza en el sistema judicial y de que la policía tome la denuncia en serio, investigándola.

Además, falta de información y condiciones financieras para buscar apoyo, así como la no asistencia del Estado a las víctimas sobrevivientes.

"Las instituciones estatales colombianas —incluido el sistema de justicia penal— están fallando a las sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto en cada paso del camino al negarles protección, justicia y reparación, así como unos servicios de atención y apoyo muy necesarios.

Esto es especialmente cierto para las mujeres y niñas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, las mujeres objeto de desplazamiento forzado y las mujeres que viven en la pobreza”, se declara en el informe.

Hasta las defensoras de los derechos humanos son afectadas. Enfrentan amenazas, ellas y sus familias, algunas fueron asesinadas y otras, porque defendieron a las víctimas de violencia sexual, sufrieron el mismo tipo de abuso.

Para Amnistía, la postura del Estado colombiano y de la sociedad frente a las violaciones cometidas en el marco del conflicto interno las convierte en un "delito más invisible”.

El informe cita, por ejemplo, que en 2009 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlcf) realizó 21.288 exámenes de casos de violencia sexual, de los cuales más del 85% eran menores de 18 años. De acuerdo con el instituto, sólo 131 de los casos fueron clasificados como "sociopolíticos”.

Por otro lado, el documento se refiere a la Primera Investigación de Prevalencia de Violencia Sexual, realizada por la Casa de la Mujer, según la cual el 82,1% de las mujeres escuchadas no denunciaron la violencia sufrida como consecuencia del conflicto armado. Frente a esto, Amnistía concluye que es imposible saber con certeza la extensión del problema mientras no haya una base de datos unificada y completa.

Según el informe, la búsqueda de Justicia choca con obstáculos como la inexistencia de coordinación efectiva entre las instituciones colombianas que tienen competencia sobre la denuncia, registro e investigación.

Se suma a esto la burocracia, falta de recursos, sobrecarga de empleados, falta de formación adecuada de los funcionarios de la justicia, corrupción e infiltración de paramilitares, guerrilla y crimen organizado en las instituciones.

El informe completo está disponible en este enlace: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/018/2011/es/cd5a3a1c-6cdf-43a0-9ec7-2332c12187a7/amr230182011es.pdf

Lea también:
Colombia: Coalición Contra la Tortura señala "agentes del Estado son responsables del 98,14% de violación sexual"

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Parauiribismo/

La masacre de San Roque en 1996 fue ordenada por Álvaro Uribe según testigo
En entrevista con el representante del Polo Iván Cepeda, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve acusó a Álvaro Uribe Vélez de tener vínculos con el narcotráfico y ordenar la masacre.
Por: El Polo

Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda de la familia Uribe Vélez en el nordeste antioqueño, integró el grupo paramilitar que operó en esa región a mediados de los 90, y afirma que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, no sólo apoyó esas autodefensas, sino que presuntamente ordenó una de las masacres ocurridas en el municipio de San Roque.

Monsalve dice ha recibido graves amenazas contra su vida y la de su familia en los últimos días, y que teme posibles represalias por su testimonio. Ya envió carta a la Fiscalía para pedir protección.

Durante la visita a la cárcel de Cómbita (Boyacá), como parte del trabajo de seguimiento a la situación carcelaria, el representante Iván Cepeda recibió una declaración del interno Juan Guillermo Monsalve, condenado por paramilitarismo, quien señala haber participado en el grupo paramilitar que operó en el municipio de San Roque, Antioquia,-

y confirma la versión de alias “Alberto Guerrero”, sobre la presunta participación de Álvaro Uribe, en esa época gobernador de Antioquia, en la conformación y apoyo al mencionado grupo, y en la fundación del Bloque Metro de las AUC.

Monsalve afirma que en 1986, cuando tenía 8 años, llegó junto con su padre a la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, y a la edad de 18 años comenzó a “hacer trabajos” para el grupo de autodefensas que se había conformado en la región.

Según su versión, el grupo tuvo como miembros a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe, y a Santiago Gallón.

De manera específica explicó los roles de cada uno: dijo que Luis Alberto Villegas se encargaba de los negocios del grupo que consistían en “las cocinas y lo del tubo” (refiriéndose a los laboratorios de cocaína y al robo de gasolina del poliducto), y Álvaro Uribe estaba encargado, según él, de lo “militar”.

Además, afirmó que Uribe, gobernador de Antioquia, realizó movimientos desde su despacho para disminuir la presión de la fuerza pública contra el narcotráfico en esa región.

Juan Monsalve asegura que asistió a varias reuniones del bloque paramilitar como escolta del señor Luis Alberto Villegas, y que en dichas reuniones se impartieron órdenes para efectuar la “limpieza de la zona” y para realizar masacres como la de San Roque en 1996, la cual señala Monsalve concretamente “fue ordenada por Álvaro Uribe”.

En esa masacre resultó desaparecido el comerciante Álvaro Carmona, quien supuestamente compró, meses antes, parte de un ganado robado de la hacienda Guacharacas.

Asevera también que en el año 2003, cuando comienza la guerra interna del Bloque Metro, Álvaro Uribe, ya entonces presidente de Colombia, realizó varios movimientos en los mandos regionales de la fuerza pública para favorecer el ala de los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas, enfrentada a la facción de alias Doble cero.

Así mencionó en el 2008 la Revista Semana a los hermanos Villegas en el artículo Convivir y paras: amor a primera vista: (cita) “En 2004 fue asesinado Luis Alberto Villegas Uribe, quien lideró la Convivir El Cóndor, en San Roque.

Villegas era hermano de Juan Guillermo Villegas Uribe, candidato a la Cámara en 2002, a quien el candidato presidencial conservador Juan Camilo Restrepo señaló como vinculado a los paramilitares.”

Del mismo modo, Monsalve puntualiza que las autodefensas promovieron y apoyaron con logística en la campaña a la presidencia de Álvaro Uribe en el 2002.

Asevera que el Bloque Metro prestó sus carros para transportar gente en las veredas el día de las votaciones, y que incluso, en una oportunidad trasladaron al candidato Uribe de un municipio a otro en sus vehículos “porque el helicóptero que esperaba no llegó y necesitaba protección”.

El representante Iván Cepeda señaló que tal como lo hizo con el testimonio de Pablo Sierra alias “Alberto Guerrero”, también le hizo entrega de esta grabación a la Fiscalía, como parte de sus funciones parlamentarias para que el órgano investigador adelante las acciones pertinentes.

Cepeda les solicitó a las autoridades que se les brinden las medidas de protección necesarias al señor Monsalve, y a su familia.

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Interponen tutela contra el Procurador General por decir mentiras

Por Brújula Comunicaciones

En la mañana de este 21 de septiembre de 2011, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, un grupo de mujeres de diferentes regiones del país, acompañadas por Mónica Roa, directora de programas de la organización Women´s Link Worldwide,-

interpusieron una acción de tutela en la que solicitan restablecer su derecho a recibir información veraz, confiable y completa sobre salud sexual y reproductiva por parte del Procurador General de la Nación y sus procuradoras delegadas.

Para que el derecho a la información pueda ser garantizado, la tutela pide que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y sus delegadas para los Derechos de la Infancia la Adolescencia y la Familia, Ilva Miryam Hoyos; y para la Función Pública, María Eugenia Carreño, rectifiquen públicamente las mentiras que han dicho en relación con los siguientes puntos:

1. Mienten cuando dicen que la Anticoncepción de Emergencia es abortiva, desconociendo las pruebas científicas de la Organización Mundial de la Salud:

El 27 de octubre de 2009, la Procuraduría General de la Nación conceptuó dentro de la acción popular presentada por la Corporación Foro Ciudadano contra el Invima, que “las píldoras del día después que contienen el principio activo el Levonorgestrel son abortivas y por lo tanto violan el derecho a la vida del que está por nacer, y por ello deben ser retiradas del mercado”.

Además el 7 de septiembre de 2009 cuando un candidato a la presidencia propuso distribuir gratuitamente píldoras de anticoncepción de emergencia, el Procurador General de la Nación declaró que estas eran abortivas. (Nota publicada por El Espectador el 7 de septiembre de 2009 “píldora del día después es abortiva”).

Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que “las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y (…) no tienen un efecto detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de progesterona, cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto”.

2. Mienten cuando dicen que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los casos reconocidos por la Corte no es un derecho y que los funcionarios públicos no están obligados a remover los obstáculos para su ejercicio:

El  2 de marzo de 2010, la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, envió una carta al Superintendente Nacional de Salud en la que lo “invitaba” a ajustar la circular externa 058 expedida por este ente de control y vigilancia de salud.

En la carta, la Delegada Hoyos expresó que la IVE no era un derecho y, por lo tanto, la Superintendencia no estaba en la obligación de remover los obstáculos para que las mujeres que se encuentren en las causales señaladas por la Sentencia C-355 de 2006 accedan a una IVE.

Por el contrario en las sentencia T-209 de 2008 y T-388 de 2009, la Corte Constitucional ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud investigar y sancionar a las EPS e IPS que se nieguen a prestar el servicio de IVE, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar que las EPS e IPS cuenten con las personas profesionales de la medicina y el personal idóneo y suficiente para atender el servicio IVE.

3. Mienten cuando dicen que según la OMS, el Misoprostol no es seguro para los casos de IVE.

Con fecha del 30 de marzo de 2011, la Procuradora Delegada para la Función Pública María Eugenia Carreño, envió al Ministro de la Protección Social un requerimiento con motivo del estudio de la inclusión del medicamento Misoprostol para la IVE en el Plan Obligatorio de Salud -POS, que adelantaba la Comisión de regulación en salud.

En el requerimiento la Procuraduría señaló que el INVIMA no había aprobado el uso del Misoprostol para los casos de  la Sentencia C-355 de 2006, afirmó también que la OMS tenía reparos sobre la efectividad y seguridad del Misoprostol en casos de inducción de la IVE y que la inclusión del medicamento en el POS implicaba un detrimento patrimonial para el Estado.

Por el contrario, en el  Acta 20 de 2007 consta que el INVIMA autorizó el uso del misoprostol para la IVE en las circunstancias de la sentencia C – 355 de 2006; el Acuerdo 20 de 2010 de la Comisión de Regulación en Salud - CRES, indicó que los estudios técnicos probaban que el misoprostol tiene un impacto neutro de costo en el sistema de salud[1].

Así mismo, la OMS incluyó el medicamento en el listado de medicamentos esenciales y en 2010 publicó un documento titulado “Aclaración sobre la postura de la OMS respecto del uso del misoprostol en la comunidad para reducir la mortalidad materna” en donde expresa dudas en torno al uso del misoprostol para la prevención y tratamiento de la hemorragia puerperal, pero no frente a la seguridad del  uso de este medicamento en los casos de interrupción del embarazo.

“Como mujeres en edad reproductiva, no podemos permitir que a través de mentiras y violando nuestro derecho a la información, el Procurador ponga en peligro nuestros derechos reproductivos. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos que poder confiar en la información que nos proveen los funcionarios públicos, más aún la que nos provee el máximo garante de los derechos humanos en Colombia”, explica Carolina Narváez, una de las firmantes de la tutela, en la ciudad de Cali.

Consideran las peticionarias que su derecho a la información estará tutelado si los funcionarios públicos demandados se abstienen de tergiversar la información científica y jurídica relacionada con su salud sexual y reproductiva.

“El Procurador puede opinar, pero lo que no puede hacer es usar información falsa o tergiversada para evitar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, porque al hacerlo pone en riesgo la salud de las mujeres”, dice Mónica Roa, directora de programas de Women´s Link Worldwide.

La tutela, que busca garantizar el derecho a recibir información veraz, completa y confiable, establece además que sin información veraz no se pueden ejercer otros derechos como los reproductivos, el derecho a la salud; a la educación sexual de calidad; a la dignidad; al libre desarrollo a la personalidad; a la autonomía, y a beneficiarse del progreso científico.

Se espera también que la justicia valore las condiciones en que la rectificación pública de los funcionarios deba hacerse. Esta tutela, novedosa por cuanto apela al derecho a la información pero no involucra a los medios de comunicación, argumenta que en su condición de vigilantes y guardianes de los derechos de los ciudadanos frente al Estado,-

el Procurador General y sus procuradoras delegadas no pueden emitir información que no haya cumplido previamente con una verificación razonable, que viole otros derechos o ponga en riesgo a grupos vulnerables.

Para ver la Acción de Tutela completa, consulte al final del siguiente enlace:

http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_prensa&dc=323

Testimonio de algunas de las mujeres firmantes:

http://www.youtube.com/watch?v=6JN1ksFSnng

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Terrorismo made in USA/

EU continúa instalando bases secretas para someter a los pueblos del mundo
Por Camilo Raigozo

Agencias internacionales que mencionan al diario estadounidense Washington Post como fuente, informan que el gobierno del “premio Nobel de paz”, Barack Obama está construyendo una constelación de bases militares secretas de aviones no tripulados en diferentes lugares del mundo.

Según fuentes oficiales, en las cuales el Washington Post basa sus informaciones, las nuevas y numerosas bases bélicas son “para sus operaciones de lucha contra el terrorismo”, mentira con la cual el imperio oculta sus verdaderos objetivos: someter a los pueblos y apropiarse de sus inmensos recursos naturales.

El terrorismo estadounidense instalará algunas de las nuevas bases en el Cuerno de África y en la Península Arábiga, “como parte de una campaña agresiva contra nuevos ataques de miembros de Al Qaeda afiliados con Somalia y Yemen”.

Señalan las fuentes que una de las instalaciones bélicas del imperio se establecerá en Etiopía, donde la mayoría de los habitantes son consumidos por el hambre, con la excusa de luchar contra al-Shabab, el grupo militante somalí que controla gran parte de ese país.

Se supo que otra base del terrorismo estadounidense quedaría en un archipiélago en el Océano Índico, donde una flota de aviones militares realizan operaciones contra gobiernos y pueblos con el fin de despojarlos de sus riquezas minerales.

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