sábado, noviembre 02, 2013

Tierralta, Córdoba
Denuncian ametrallamientos del Ejército sobre la población civil
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, denunció que este 1 de noviembre de 2013, a las nueve de la mañana, el Ejército realizó ametrallamientos contra viviendas del corregimiento Crucito, municipio de Tierralta, Córdoba.

El 26 y 27 de abril de 2013, en ese mismo corregimiento se realizó la primera Acción Humanitaria “Por el derecho a la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra, y la permanencia en el territorio”.

En el evento se evidenció la difícil situación en la que viven los campesinos de los corregimientos y veredas de Tierralta, ante las permanentes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército.

Los uniformados del régimen practican el bloqueo alimentario, económico y sanitario; detenciones arbitrarias y estigmatización a los procesos organizativos de los campesinos de la zona.

Desde hace algunos meses Asodecas ha denunciado las fumigaciones aéreas que se vienen haciendo sobre cultivos de pancoger en la región, así como los hechos en los que se obliga a los campesinos a erradicar manualmente cultivos de uso ilícito sin ofrecer garantía alguna para el sustento económico del campesinado.

El 28 y 29 de octubre, se realizó en Montería la Constituyente por la Paz con Justicia Social y Cumbre Agrominera, Comunal y Estudiantil “Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio”.

Esta actividad en la que participaron campesinos, estudiantes, mineros, y miembros de juntas de acción comunal, quienes construyeron, a partir de sus propuestas, el Mandato popular Constituyente, y adicionalmente se instaló la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, departamental.

El día 31 de octubre de 2013, se presentaron sobrevuelos de avionetas de la Fuerza Aérea, sobre los sectores conocidos como Cruz Grande y Río Verde, en los límites entre el embalse del río Sinú y el Parque Natural Nudo de Paramillo, lo que tiene preocupados a los campesinos por posibles fumigaciones que puedan hacerse en los próximos días sobre los cultivos de yuca y arroz que tienen cultivados en sus parcelas.

Ayer a las nueve de la mañana hombres del Ejército Nacional se ubicaron a unos 200 metros de las viviendas del corregimiento Crucito y desde esa distancia procedieron a realizar ametrallamientos y disparos indiscriminados hacia las casas de los pobladores del corregimiento.

Ante esto, algunos campesinos tomaron fotografías, y cuando los soldados se percataron de que los estaban fotografiando huyeron del lugar.

En los hechos ninguna persona resultó herida, pero los hechos han generado gran temor en la comunidad lo que puede llevar a que se genere una situación de desplazamiento forzado de los pobladores de Crucito, afirmó la fuente.

jueves, octubre 31, 2013

Catatumbo, Norte de Santander
Paramilitares actúan libremente en una zona donde hay al menos 12 mil militares
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Asociación Campesina del Catatumbo ha denunciado en varias ocasiones que grupos paramilitares de diferentes denominaciones, especialmente “águilas negras” han venido haciendo retenes, detenciones y sembrando el terror en varios sitios del Catatumbo.

El pasado 28 de octubre en la vereda El Diviso, corregimiento El Aserrío, municipio de Teorama, paramilitares establecieron un retén donde retuvieron al campesino Virgilio Rodríguez Clavo.

Los criminales, quienes vestían prendas militares, llevaron al labriego a un lugar apartado, le vendaron los ojos y le preguntaron el nombre el cual buscaron en una lista. Después de 20 minutos de tortura sicológica lo dejaron libre no sin antes advertirle que no querían volver a verlo por la zona.

Los ‘paras’ actúan libremente a pesar de que allí operan la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano y el Batallón Especial Energético y Vial por parte de la Fuerza Pública, del Ejercito, lo cual es muy sospechoso, ya que en el pasado reciente militares y paramilitares actuaron conjuntamente contra el campesinado.

Según Ascamcat este hecho criminal es idéntico a los ocurridos el pasado 17 de octubre, cuando paramilitares que se identificaron como “águilas negras” hicieron un retén en la vereda Filo Guamo cercano al Aserrío.

En esa ocasión amarraron e interrogaron a un campesino y buscaron su nombre en una lista que de personas que tienen planeado asesinar.

“Estos grupos aparecieron en diferentes veredas cercanas siempre con actitud agresiva y amenazante, realizaron requisas, exigieron documentos, amenazaron y maltrataron a algunos campesinos”, dice la denuncia de Ascaamcat.

Por lo anterior Ascamcat tiene serias dudas sobre la seriedad del documento de garantías por parte del gobierno para el campesinado que participó en el paro agrario del Catatumbo.

“Exigimos al Estado una respuesta contundente y que se pronuncie urgentemente rechazando estas situaciones y ponga todas las medidas de seguridad necesarias para acabar el paramilitarismo, que parece resurgir nuevamente en nuestro territorio”, expresa Ascamcat.

Tanto las comunidades, como Ascamcat responsabilizan a la Fuerza Pública, que opera en el Catatumbo con 12 mil militares, por la situación de inseguridad en la zona, su tolerancia con los paramilitares y su inoperancia para realizar capturas y llevar ante las autoridades a los responsables de esos actos delictivos.

“Responsabilizamos directamente al Presidente de la República y al ministro de Defensa si la integridad de nuestra base social se ve amenazada por el operar de los grupos paramilitares y de las acciones militares que dejan a la población civil en medio del fuego cruzado”, dice la denuncia.

Finalmente le recuerdan a los mandos militares respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario alejando sus guarniciones militares de las viviendas, centros educativos, poblados y demás áreas civiles protegidas.


Terrorismo de Estado
Condenan a 8 bandidos del Ejército por asesinatos a sangre fría y desapariciones forzadas
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Juzgado Único Penal de Valledupar condenó a 48 años de “cárcel” a cinco terroristas del Ejército Nacional por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir.

Los crímenes fueron perpetrados el 14 de junio de 2008 en la finca El Porvenir, vereda Berlín, municipio de Pueblo Bello, Cesar, informó la Fiscalía.

Allí los criminales del régimen asesinaron a Geovanny Zapata Jiménez y a una menor de 15 años, que luego presentaron como guerrilleros del ELN abatidos en combate, en el marco de la Operación Masada del Ejército.

Los terroristas pertenecientes al grupo contraguerrilla Bombarda II habían presentado a sus víctimas como insurgentes pero las investigaciones de la Fiscalía desmintieron la coartada.

Los criminales de las fuerzas que dirige Juan Carlos Pinzón son Raúl Patarroyo Vargas, sargento viceprimero; Edward Francisco Morea Ninco, cabo Segundo, y los militares retirados Wilson Bolaño García, Balmer Antonio Granados Rodríguez y Yair Isaac Fernández Estrada.

Según el ente acusador los bandidos se encuentran “recluidos” en las instalaciones del batallón de artillería No 2 La Popa de Valledupar, lo cual es una burla a la justicia y a las víctimas y sus familiares.

Recientemente la Corte Constitucional tumbó un intento del régimen de ampliar el fuero penal militar que significaba un retroceso de más de 30 años en el respeto y garantía de los derechos humanos, pues otorgaba impunidad a los crímenes de policías y militares, principalmente a los de rangos superiores.

Desafuero penal militar
Es tan efectiva la impunidad de la justicia penal militar que criminales pagan hasta 400 millones para que sus procesos pasen a esta
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El reciente escándalo protagonizado por el presunto criminal del Ejército, coronel Robinson González del Río, sobrino del temible bandido general Rito Alejo del Río, y el magistrado de Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, así lo demostraría.

Noticias Uno destapó el escándalo el pasado 27 de octubre y muestra unas grabaciones que hizo la Fiscalía a conversaciones entre el presunto homicida de las Fuerzas Militares y Villarraga.

Una de las conclusiones que dejan las grabaciones es que el coronel González estaría pagando la suma de 400 millones de pesos para que su proceso penal pase de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.

¿Por qué criminales del Ejército estarían dispuestos a pagar tan elevada cantidad de dinero para ser procesados por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria? No hay sino una respuesta: La garantía de impunidad.

El coronel González del Río fue capturado en agosto de 2012 por su posible responsabilidad en al menos doce asesinatos a sangre fría, los cuales presentó como bajas en combates cuando era comandante del batallón 57 que opera en el departamento de Caldas.

La Fiscalía tiene pruebas contundentes de la participación del coronel Gonzales del Rio en los asesinatos de:

Janio César Sepúlveda, Luis Ferney García, José Gregorio Galvis,  Adrián Vélez,  Guillermo Iván Mejía, John Fredy Espinosa, Julián Andrés Torres, Jorge Luis García, Juan Francisco Franco, John Jairo Muñoz Blandón, Javier Andrés Moreno Marín y Frandiney Martínez Quiroga.

Lo anterior demuestra que la justicia penal militar es garantía de impunidad aun sin la ampliación del fuero que afortunadamente tumbó la Corte Constitucional recientemente para alivio de los colombianos.

Otra conclusión a la que se llega es la vergonzosa impunidad y burla a las víctimas y a la justicia, ya que los delincuentes de las fuerzas militares supuestamente  "encarcelados" en guarniciones militares, gozan de "reclusiones" como el Tolemaida Resort.  

Sin embargo el presidente Santos, Juan Carlos Pinzón, ministro de la represión y la guerra contra el pueblo, congresistas inescrupulosos y otros partidarios de la impunidad, sin ninguna vergüenza insisten en desconocer el fallo de la corte e intentan impulsar nuevamente el trámite para hacer aprobar este adefesio contra los derechos humanos.

Reforma a la salud
Gloria Inés Ramírez felicitó a los trabajadores de la salud por sus movilizaciones y los invitó a seguir la lucha
Por Camilo Raigozo. Notimundo.in

La senadora Gloria Inés Ramírez Ríos felicitó a las y los trabajadores de la salud en todo el país por las formidables movilizaciones que realizaron el pasado 29 de octubre.

Las caudalosas manifestaciones se dieron en varias ciudades en todo el territorio nacional en rechazo a la pretensión del gobierno, sus cómplices en el Congreso y los empresarios del sector, de mantener la atención médica de los colombianos como una mercancía y no como un derecho fundamental.

“El pasado 29 de octubre se cumplió en todo el país la jornada nacional de lucha por el derecho a la salud, en la que participaron las organizaciones sindicales y gremiales de la salud, los estudiantes, los pacientes, los pensionados, el movimiento sindical, la Secretaría de Salud de Bogotá y de numerosos municipios y departamentos del país”, expresó Ramírez en un comunicado.

La congresista se mostró complacida porque las protestas exigieron, entre otras cosas, el pago de las deudas de las EPS y demás actores del sistema de salud a la red hospitalaria, las cuales ascienden a la escandalosa suma de 14.5 billones de pesos.

De esta cifra, 4.41 billones son adeudados por las EPS a la red pública hospitalaria y más de 10 billones a los hospitales privados, lo que tiene a punto del cierre a muchos hospitales y clínicas en ambos sectores.

“La jornada fue un rotundo y caudaloso rechazo a la nueva reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República, entre otras razones porque en vez de acabar de una vez por todas las nefastas EPS, lo que hace es convertirlas en “gestoras” de salud.

“Porque permite que los hospitales universitarios puedan titular especialistas, que es una función de las facultades de medicina; porque mantiene la llamada integración vertical en los niveles básicos de atención, a pesar de las desastrosas experiencias que hay al respecto.

“Porque crea un nuevo plan de servicios con exclusiones que atentan contra la atención integral de las enfermedades de los pacientes y porque pone en grave riesgo la existencia de la red pública hospitalaria, en fin, porque no resuelve ninguno de los problemas de fondo que hoy tienen a la salud en una grave crisis y mantiene la salud como una mercancía para el lucro de los grandes negociantes”, enfatizó Ramírez Ríos.

Al mismo tiempo la legisladora criticó las respuestas del gobierno a los reclamos de la sociedad, las cuales calificó de arrogantes e intransigentes.

“El Presidente de la República insiste en las supuestas bondades del proyecto y el ministro de Salud califica como “mentiras descaradas” las justas críticas que se le hacen, lo que demuestra, una vez más, que el gobierno se empeña en imponer una reforma que no es más que la repetición de los fracasos que se iniciaron con la Ley 100 de 1993 y que se han extendido a lo largo de 20 años”, resalto Ramírez.

Finalmente articuló que “Como opositores que hemos sido de la propuesta gubernamental, felicitamos a los trabajadores de la salud por la exitosa jornada del 29 de octubre y los invitamos a continuar la lucha hasta derrotar la política neoliberal del gobierno y recuperar la salud como un derecho humano fundamental que debe ser plenamente reconocido a todas y todos los colombianos”.

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lunes, octubre 28, 2013

Este martes habrá “cacerolazo” contra Claro
Por ENS

Este martes 29 de octubre los trabajadores del sindicato Unión de Trabajadores de Claro y las TIC, con el apoyo de la CUT, de otros sindicatos, organizaciones sociales y usuarios, realizarán lo que han denominado “Cacerolazo contra Claro”,-

con el fin de llamar la atención sobre los graves problemas laborales que persisten en esta empresa, la primera en número de abonados, en ingresos operacionales y utilidades en el sector de las telecomunicaciones en Colombia, pero también la primera en la violación de los derechos laborales de sus trabajadores.

En Bogotá el “Cacerolazo” se realizará entre las 6 y 8 de la mañana en la carrera 7 con calle 63, frente al edificio principal de Telmex. En Medellín se hará entre la 1 y 3 de la tarde, en el sector de El Poblado, frente a la oficina principal de Claro, al igual que en Bucaramanga y Armenia.

Por ello Yuli Higuera, presidenta del sindicato Unión de Trabajadores de Claro, hizo un llamado a otras fuerzas y activistas sindicales, así como a los usuarios de la empresa, para que los apoyen en esta protesta.

Desde junio de este año la Unión de Trabajadores de CLARO presentó un pliego de peticiones que la empresa se negó a negociar, prefiriendo que el conflicto fuera a Tribunal de Arbitramento, que entre otras cosas aún no ha sido convocado.

Lo que sí hizo la empresa fue agregar al Pacto Colectivo, impuesto por ella, una serie de beneficios que el sindicato había solicitado en el pliego de peticiones, con el fin de debilitar la posición del sindicato e incitar a la desafiliación.

“Son beneficios con los cuales la empresa alardea con los trabajadores, cuando son mínimos, como el incremento de $30 mil pesos en los bonos por nacimiento, fallecimiento, gafas y auxilios educativos, así como la implementación de un fondo de vivienda y préstamo para compra de vivienda, que sólo beneficiará a un número reducido de trabajadores de Claro.

Sin embargo, los temas neurálgicos, como: el aumento salarial, las tablas de comisiones, los indicadores de productividad, el proceso disciplinario, el mejoramiento de los sistemas de salud ocupacional y seguridad en el lugar de trabajo,-

el establecimiento de espacios de diálogo e interlocución,  la cláusula sobre control y veeduría a la tercerización y otros aspectos económicos significativos, no se tocan”, precisó Yuli Higuera.

La directiva sindical señaló que a pesar de no contar con una Convención Colectiva, a pesar del la existencia del Pacto Colectivo y la agresiva política antisindical de Claro, el sindicato se sostiene. No ha tenido desafiliaciones y sí algún crecimiento de afiliados.

Finamente, Yuli Higuera, mencionó el caso de Sicte, una empresa que terceriza personal para Claro en el servicio de instalaciones de redes, donde los trabajadores lograron, con el apoyo de un supervisor, afiliarse a la Unión y presentar pliego de peticiones, que también terminó en Tribunal de Arbitramento.

Sin embargo, la empresa reaccionó y amenazó con suspender la contratación con Sicte y dejar a todos sus trabajadores sin empleo, amenaza con la que logró que 40 afiliados renunciaran al sindicato, en menos de una semana.

10 razones por las cuales no existe Trabajo Decente en Claro

1- El Grupo Claro, conformado por Comcel y Telmex, concentra el 62,60% de los ingresos operacionales y el 88,12% de las ganancias del sector de las telecomunicaciones. En comparación con 2011, en 2012 los ingresos operacionales de Telmex crecieron 19,85% y los de Comcel 9,8%.

Sin embargo, los costos laborales en Comcel son marginales, entre los más bajos del sector, apenas constituyen el 2.8% de los ingresos operacionales, y el 4.8% en Telmex, lo que muestra que sus enormes ganancias no se retribuyen a sus trabajadores y trabajadoras.

Es decir, Claro es un conglomerado empresarial que vende y gana mucho más cada año, mientras sus trabajadores año tras año ganan menos.

2- Entre octubre de 2008 a junio de 2013, Telmex disminuyó 18,03% su planta de trabajadores directos. Pasó de tener 6.022 a tener 4.936, hecho que se enmarca dentro de la estrategia de disminuir al máximo el área técnica y comercial, y trasladar la operación del servicio a terceros. Se calcula que en el Grupo Claro tiene unos 10 mil directos y 20 mil tercerizados.

3- En Claro el número de empresas y trabajadores tercerizados ha aumentado de manera desproporcionada: por un trabajador directo hay aproximadamente dos tercerizados. Es todo un entramado de distribuidores, aliados comerciales y técnicos de red interna y externa, los cuales ofrecen pésimas condiciones laborales y recurren a prácticas inadecuadas que rayan con la violación a la ley.

Es de resaltar que Claro conoce estas prácticas, y sin embargo no toma medidas para evitarlo, porque se beneficia de ellas. Aunque Claro explota comercialmente su marca a través de los trabajadores tercerizados (Utilizan los mismos uniformes, sistemas, papelería y estrategias de los trabajadores directos),-

carece de una política de control, seguimiento y responsabilidad social y empresarial en término de cumplimiento de derechos y condiciones mínimas de las personas que están a su servicio a través de contratistas.

4- Telmex Colombia terceriza sus trabajadores mediante 20 empresas bajo la modalidad de contrato de corretaje (El corretaje es una modalidad comercial de contratación de servicios sin vínculo laboral)-

y por obra o labor contratada, que ocultan verdaderas relaciones laborales y de subordinación, toda vez que estos trabajadores desempeñan labores misionales de la empresa, como instalación de redes, mantenimiento y expansión comercial.

En el caso de CLARO estos trabajadores laboran sin salario básico y con jornadas de hasta 12 horas diarias; deben cumplir metas de ventas para acceder a dotación de uniformes, seguridad social y riesgos profesionales, y con escasas posibilidades de organizarse en sindicatos, si lo hacen los despiden.

5- Desde el  nacimiento del sindicato en el año 2009, Claro ha implementado una serie de estrategias que pueden calificarse de antisindicales, como la imposición de un Pacto Colectivo y negativa a negociar con el sindicato más allá de este Pacto, despidos selectivos y traslados de directivos sindicales,-

bloqueos para que la organización sindical acceda al conjunto de trabajadores (violación al derecho de libre difusión de las posturas del sindicato), campañas de desprestigio contra del sindicato, presiones individuales para que los trabajadores se desafilien de la organización, tratos discriminatorios entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

6- Hay una intención abierta y deliberada de la empresa por aislar y excluir a la organización sindical, como interlocutor válido, alegando su carácter minoritario.

En ese sentido, la empresa desconoce los espacios de interlocución pactados en la convención colectiva anterior, los mecanismos de resolución de conflictos son precarios, inexistentes o ineficientes,-

las políticas laborales son modificadas de manera permanente y sin contar con el sindicato para ello, las propuestas presentadas por el sindicato son descartadas y desconocidas de facto, en síntesis, el diálogo social entre el empleador y sus trabajadores en Claro es inexistente.

7- La razón por la cual los costos laborales de Claro son tan bajos, se pueden resumir en tres razones, a) bajos salarios; b) Inexistencia de una política de distribución de la riqueza generada a la empresa por parte de los trabajadores,

c) menores beneficios, bonos, auxilios, tablas de indemnización, carga prestacional y primas extralegales que los que ofrecen en sus convenciones colectivas empresas como ETB, UNE o Emcali;

empresas éstas que no sólo tienen que competir con la posición dominante de Claro en el mercado, sino con sus prácticas laborales basadas en bajos salarios, tercerización a gran escala y escasos derechos.

8- Aunque Claro dispone de un Código de Ética que incluye el respeto al derecho de asociación sindical de sus trabajadores, en la práctica su comportamiento en Colombia es contrario a lo establecido en los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad de asociación y negociación colectiva; y en general es contrario al concepto de Trabajo Decente.

9- En los dos últimos años Claro ha cambiado en tres ocasiones las tablas de comisiones y remuneración de sus trabajadores.

Ha ampliado el número de servicios que tienen que vender los trabajadores, poniéndoles metas cada vez más difíciles de cumplir; ha reducido la comisión que reciben los trabajadores por los servicios que venden; y ha aumentado las funciones y responsabilidades de los trabajadores sin aumentarles la remuneración.

Estos cambios han generado en los trabajadores mayores presiones para cumplir los indicadores de productividad, y han hecho que los salarios vía comisiones se reduzcan entre un 15% y 22% en promedio

10- Claro ha buscado, a través de la implementación de pactos colectivos, el bloqueo al derecho de asociación, otorgando a los no sindicalizados los mismos beneficios que tienen los sindicalizados,-

generando con ellos desinterés a la afiliación sindical, discriminación a los trabajadores sindicalizados que les toca pagar cuota sindical, mientras los no sindicalizados no pagan cuotas por los beneficios establecidos en el convenio colectivo.


Reforma a la salud
Gloria Inés Ramírez lamentó la reforma a la salud aprobada por el Senado
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Visiblemente desilusionada se mostró la senadora Gloria Inés Ramírez el pasado 22 de octubre, una semana después de la aprobación por parte del Senado del proyecto de ley de reforma a la salud.

“Todos habíamos visto aquí en la Comisión Séptima la inconveniencia de ampliar la integración vertical y desafortunadamente en la plenaria del Senado esta se amplió en casi el 80 por ciento al permitir la integración vertical de las gestoras de salud en todo lo que significa el primer nivel de atención”, mencionó Ramírez.

La integración vertical consiste en que las todopoderosas EPS controlan las clínicas y hospitales donde atienden sus clientes (no pacientes), ya sea porque son sus dueñas visibles, o camufladas en empresas del mismo grupo o porque las toman en arrendamiento.

También controlan otras líneas de negocios afines a la salud, como la cadena de abastecimiento de medicinas, lavanderías de ropa hospitalaria, empresas de alimentos, suministros médicos y todo negocio que genere ganancias en el sector de la salud.

A pesar de que la senadora Gloria Inés Ramírez y el senador Mauricio Ospina, se opusieron en los debates de la Comisión Séptima a que la integración vertical continuara, por generar esta  monopolio, corrupción y un deficiente servicio a los usuarios, en la plenaria donde el Senado aprobó el proyecto, no solo no les redujeron a las EPS la nefasta integración vertical, sino que la ampliaron.

Aunque para engañar a los colombianos el proyecto del gobierno, que fue el que finalmente quedó aprobado, a las EPS se les cambió el nombre por el de Gestoras de Salud, pero su poderío prácticamente sigue intacto, con el agravante de que las EPS tienen tres años para permanecer como tal en el negocio.

“Quiero decirle señor presidente y colegas que lamento profundamente que algo que nosotros discutimos con tanta argumentación y que trabajamos de buena fe para el país, donde nos dimos a la tarea de hacer unos estudios de los efectos negativos de la misma, no los hayan tenido en cuenta ni la plenaria, ni el gobierno”, expresó la senadora en su célula legislativa.

Ramírez y Ospina también se habían opuesto tajantemente a que los gerentes y administradores de hospitales y clínicas fueran nombrados a dedo por gobernadores y alcaldes, porque politiza la salud y convierte a los hospitales en focos de politiquería. Sin embargo eso fue lo que aprobó la plenaria.

“La verdad es que lamento bastante lo que pasó. Todo el país conoce que no apoyé dicha ley, porque considero que no resuelve los problemas de salud de los colombianos de a pie, sino que está hecha en favor de las ganancias de los empresarios”, manifestó finalmente Ramírez Ríos.

El proyecto de ley que supuestamente reforma a la salud ya hizo todo su trámite en el Senado y próximamente será debatida por la Comisión Séptima y en la plenaria de la Cámara de Representantes.


Terrorismo de Estado
Militares acosan sexualmente a las niñas y cometen otros abusos en San José de Apartadó
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Comité de Derechos Humanos de San José de Apartadó, denunció las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de tropas pertenecientes al Batallón Voltígeros de la Brigada 17 del Ejército.

Los abusos se han presentado en las veredas La Linda, Cristalina y Miramar, en las que desde el pasado 17 de octubre hay intensos operativos militares, siendo la población civil la que ha pagado las consecuencias.

Según la denuncia los militares utilizan sin permiso y de forma ilegal las propiedades de los campesinos para acampar y tratan de obligarlos a realizar trabajos que no les corresponde.

Igualmente tomaron como puesto militar el centro educativo de la vereda Miramar y dañaron el acueducto dejando sin el preciado líquido a los niños.

Los uniformados han construido al menos 8 helipuertos en propiedades de los campesinos, talando árboles, destruyendo grandes extensiones de cacao y causando serios daños ambientales.

Los “héroes de la patria” violaron en presencia de varios pobladores a una yegua, “conducta reprochable, inmoral y salida de cualquier sensatez humana”, dice la denuncia.

Uno de los graves problemas es que los militares acosan sexualmente a las niñas, por lo que muchos padres se ven obligados a no mandarlas a estudiar y a quedarse en las casas cuidándolas sin poder trabajar.

Los agentes del régimen han allanado ilegalmente viviendas cuando sus moradores no se encuentran, desordenando y destrozando bienes enseres de los labriegos.

“Exigimos el retiro inmediato de las tropas militares de las viviendas de los civiles, como una forma de respeto y cumplimiento de las obligaciones a los tratados internacionales firmado por el estado colombiano en materia de Derechos Humanos”, expresa la denuncia.

Las comunidades solicitan a la Personería y Defensoría realizar acciones para proteger a las comunidades de los atropellos de la fuerza pública.

Así mismo le solicitaron a la ONU, ACNUR, Cruz Roja y a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a que insten al Gobierno a garantizar los derechos humanos y la aplicación del DIH por parte de sus tropas.


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