Seguridad narcocrática/
Detienen en Calarcá, Quindío, a defensor de derechos humanos
Por Hernán Durango

El lunes 25 de enero en horas de la mañana fue detenido el dirigente Yerly Mauricio Cubides, del colectivo de derechos humanos Domingo Taborda y quien se encontraba colaborando con la justa protesta del pueblo calarqueño.

Al defensor de los derechos humanos se le sindica de rebelión y el hecho se relaciona con las detenciones anteriores donde a dirigentes estudiantiles, promotores de derechos humanos y el fiscal nacional de Fensuagro se les llevará a juicio el próximo 23 y 4 de febrero.

Es un nuevo caso falso positivo judicial, todos los dirigentes son señalados por el esquizofrénico reinsertado alias Olivo Saldaña.

Se requiere con urgencia la expresión de condena y solidaridad de todas las organizaciones nacionales e internacionales y la exigencia de la libertad inmediata para los luchadores populares de la región cafetera y del país.

Hay que denunciar las maniobras y patrañas del régimen de Álvaro Uribe Vélez contra los sectores de oposición y contra los defensores que denuncian las atrocidades y atropellos cometidos en el marco de la "seguridad democrática".

El dirigente Yerly Mauricio Cubides, del Colectivo de Derechos Humanos Domingo Taborda, había emitido denuncias recientes desde la ciudad de Calarcá. A continuación una de las denuncias:

Se agrava crisis humanitaria en Calarcá, Quindío

Por: Mauricio Cubides, presidente Colectivo para la Defensa de los Derechos Humanos Domingo Taborda

Desde el pasado 20 de enero 6 personas permanecen encadenadas a las afueras de la Administración Municipal exigiendo que el Alcalde devuelva el empréstito con el cual se pretende endeudar al Municipio.

Se han completado 48 horas de protesta hecho que se ahonda en una Crisis Humanitaria y por lo cual se hace necesario la presencia de Organismos Internacionales que acompañen a quienes permanecen encadenados.

Las condiciones sanitarias son una prioridad tanto para las mujeres como para los hombres que allí permanecerán hasta que se logre una concertación con la Administración que tenga como resultado los puntos que el Comité Cívico de Trabajo por Calarca ha elaborado como exigencia ante la Administración.

Ninguna de las personas que permanecen atadas en las afueras de la Administración cuenta con el debido derecho a hacer sus necesidades básicas en un baño alterno que se les instalo, ya que se amenaza con que si alguno de ellos se suelta la concentración puede ser dispersada por el fuerte dispositivo policial que hay en el lugar.

Es de recordar que Carlos Enrique López Murillo Alcalde del Municipio elegido por el Movimiento político Mira manifestó por medio de un decreto que prohibía la manifestación pacífica de los calarqueños, hecho que violenta los principios consagrados en la constitución nacional.

De esta manera convocamos a los Organismos Internacionales para que se hagan presente ante la Crisis Humanitaria que padecen las 6 personas que permanecerán encadenadas a la espera de que el Alcalde de la cara ante el pueblo y desista del despilfarro de recursos que pretende hacer.

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Parauribismo/

Paramilitares aterrorizan a los pobladores del Alto Ariari
Por Camilo Raigozo. Voz

El sindicato de Trabajadores Agrícolas del Meta, Sintragrim, denunció ante la comunidad nacional e internacional que desde hace unos seis meses en El Castillo, región del alto Ariari, Meta, paramilitares y fuerza pública han venido violando los derechos humanos y aterrorizando al campesinado de la zona.

Según las mismas comunidades estos actos criminales tienen como objetivo desplazar a los campesinos para ocupar los territorios.

Los paramilitares actúan libremente en medio de los permanenetes y fuertes operativos militares del Batallón 21 Vargas y el Batallón Ingenieros 7, General Carlos Albán, pertenecientes a la Séptima Brigada y a la Cuarta división del ejército nacional.

El día 28 de diciembre del 2009 en la vereda de la Cumbre del municipio de El Castillo fueron vistos cinco sujetos fuertemente armados, con vestimentas oscuras presentándose en las viviendas como paramilitares.

Un testigo le dijo a la fuente que “dijeron que iban a volver a recuperar el territorio para realizar una limpieza ya que tenían identificados algunos hijos deputa que eran de la guerrilla, y que su presencia obedecía a la labor de reconocimiento de la región para así garantizar la libre llegada de un grupo numeroso de paramilitares a la región después de seis de enero, fiestas de Reyes.

Agregó el campesino que “esto está sucediendo en varias veredas como Alto Cumaral, la Cumbre, caño Embarrado, Puerto Unión y veredas cercanas a la cabecera municipal”.

El día 6 de Enero del 2010 en las horas del medio día a la vereda de Alto Caño Embarrado llegaron veinte criminales a la finca de José Garzón y se identificaron como paramilitares activos y los que tranquilamente se trasladaron por toda la vereda sin que ninguna autoridad militar de las que hace presencia en la región los interceptara, hecho que causa zozobra dentro de la vereda.

La Fuerza Pública mira para otro lado

El 29 de noviembre del 2009 a las 10:00 a.m. en la vía de El Castillo hacia la población de Granada en la vereda Benjamín Herrera, paramilitares reunieron a la comunidad de esta vereda y a pobladores del casco urbano del Municipio de El Castillo y les dijeron que de nuevo iban a retomar el control del-

municipio debido a los robos y asaltos que se estaban cometiendo y resaltaron el caso sucedido en contra del padre y de la iglesia de Medellín del Ariari donde le fue hurtado un dinero que estaba destinado para la realización de las fiestas de fin de año.

Este hecho a pesar de ser público ha contado con el silencio y la complacencia de autoridades civiles y militares de la región.

El 27 de diciembre de 2009 en Medellín del Ariari dos paramilitares reconocidos en la región deambularon por las calles sin que la fuerza pública interviniera. Los dos paramilitares manifestaron a los campesinos y pobladores que reactivarían su accionar con el apoyo de la Policía y del Ejército.

“Los ‘paras’ se movilizan a altas horas de la noche por los cascos urbanos, carreteras y caminos de las diferentes veredas por donde también se moviliza el Ejército a diario”, dice la denuncia.

En los últimos días del año 2009 y los días trascurridos del 2010 en El Castillo la policía ha venido desarrollando algunas acciones con dudoso objetivo frente al ejercicio de control del orden público, como es la toma de fotos a los campesinos-

que arriban en carros que los transporta desde las veredas al poblado de El castillo, situación que pone en evidencia la continuación de una persecución sistemática en contra de líderes y pobladores de la región.

“Estos hechos son una muestra entre los innumerables que han sucedido en esta región totalmente militarizada y martirizada. Situación que atenta contra los anhelos de estas familias de recuperar y trabajar sus tierras, vivir en armonía, paz y tranquilidad,-

intentando reconstruir su entorno sociocultural, económico y político en su calidad de familias que fueron víctimas del horrendo crimen de lesa humanidad como es el desplazamiento forzado.

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Suarez, Cauca
Las Comunidades dispuestas a defender su territorio cueste lo que cueste
Con el objetivo de sacarlos de sus tierras los pobladores de la región hicieron al menos 59 denuncias de violaciones a sus derechos humanos y el DIH recibidas en la audiencia pública por la defensa del territorio, la cultura y la dignidad, realizada el pasado 10 de diciembre
Por Camilo Raigozo. Voz

El pasado 10 de diciembre se realizó en el municipio de Suarez, Cauca, la Audiencia por la Defensa del Territorio la Cultura y la Dignidad, de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas pobladoras de esta región del occidente colombiano.

La audiencia fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Corporación Nomadesc, Corporación Sembrar, el Cric, la Acin y otras 16 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Por parte de las comunidades atendieron el llamado unas 500 personas entre indígenas, campesinos y afro descendientes, quienes colmaron el coliseo deportivo del centro educativo Francisco de Paula Santander.

Ocuparon la mesa directiva el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Víctor Velásquez, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López Maya, el líder indígena Feliciano Valencia, la defensora de los derechos humanos Berenice Celeyta y otros importantes líderes sociales de la región.

Feliciano Valencia, denunció que en el norte del Cauca lo que el Gobierno ha llamado “La recuperación social del territorio”, no es otra cosa que convertir a toda la zona en un teatro de operaciones militares, lo cual ya ha traído nefastas consecuencias en materia de respeto a los derechos humanos.
“Hace dos semanas conocimos la orden impartida por el presidente Álvaro Uribe y su ministro de la Defensa, de asignar 2.500 miembros de la Fuerza Pública, para los municipios de Corinto y Toribío.

Los Militares han ocupado los territorios indígenas, campesinos y afros y en enfrentamientos con la insurgencia de las Farc han dejado en los últimos tres meses al menos 56 civiles muertos”, dijo Valencia.

La creación de un comando militar conjunto especial para esta región, el traslado de la Tercera Brigada a Popayán, ya dan sus resultados negativos, entre los que se mencionaron, retenes permanentes donde se judicializa a la población,-

asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, hostigamientos, reclutamiento forzado de menores, señalamientos, desplazamientos y ocupación de las veredas y las viviendas donde se pone a la población-

como escudo humano y la siembra de artefactos explosivos por parte de todos los actores armados, incluyendo el ejército, los que han dejado a 12 niños muertos, 12 heridos graves y pérdidas económicas incalculables desde 2008.

Defender el territorio cueste lo que cueste

Sigifredy Ararat, miembro del Consejo Comunitario del corregimiento la Toma, dijo, “que el Estado pare ya todos los hostigamientos contra nosotros, porque en esta región no le hacemos mal a nadie.

“Todo lo que pedimos es la defensa de nuestro territorio de la voracidad de los megaproyectos de los que hemos sido víctimas desde 1980 con la explotación de la caña de azúcar, luego por la explotación del oro por la Anglo Gold, después la hidroeléctrica Salvajina.

“Mientras que todos esos empresarios e inversionistas se han enriquecido, a las comunidades nos han desplazado, asesinado y pauperizado. El gobierno nos sindica de que estamos contra el desarrollo, sin tener en cuenta el costo humanitario y ecológico del desarrollo que él propone.

“Lo que nosotros pedimos es que nos dejen vivir aquí porque estas tierras nos pertenecen desde nuestros antepasados más remotos”.

Los dirigentes del Consejo Comunitario de La Toma, fueron amenazados por paramilitares del régimen quienes les dieron un corto plazo para abandonar la región.

“Aquí las amenazas son contra la vida de todos los pobladores y sus dirigentes por parte de paramilitares con el objetivo de que abandonemos estas tierras, porque el Gobierno tiene planeado entregarlas a las multinacionales para desarrollar megaproyectos y explotación minera. Pero nosotros vamos a defender nuestro territorio cuéstenos lo que nos cueste”, dijo Ararat.

Como las anteriores, fueron recibidas 22 denuncias públicas y otras 34 en privado, dado el inminente riesgo que corren quienes se atreven a denunciar.

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Parauribismo/
Paramilitares desplazan y desaparecen forzadamente en Cauca
Por Camilo Raigozo.Voz

A finales de diciembre pasado las comunidades de varios municipios del Cauca denunciaron la presunta desaparición forzada de 16 campesinos a manos de grupos paramilitares en los caseríos conocidos como-

Nuevo Horizonte, La Florida, El Edén y Cañaveral en el municipio de Argelia, departamento de Cauca. Desde el 8 de diciembre se habían desplazado más de 100 familias de los caseríos mencionados.

Algunas familias se desplazaron al casco urbano de Argelia, donde se encontraban hacinadas en el Colegio y en el hogar juvenil de la cabecera municipal. Otras familias huyeron hacia Popayán donde su estadía era en condiciones infrahumanas.

Este es el tercer desplazamiento masivo que se produce en el municipio de Argelia en el último año. Desde el momento del desplazamiento, estas familias no recibieron a tiempo de parte del Estado una respuesta a sus derechos en materia humanitaria y de protección.

Decenas de estas familias desplazadas son parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. “Sigue evidenciándose la tolerancia y la complicidad de efectivos del Batallón José Hilario López y la 29 brigada con la estrategia paramilitar,-

y su papel de abusos y extralimitaciones contra la libre movilización de la población y el transporte de bienes de supervivencia”, dijo el Movice en un comunicado.

El desplazamiento más reciente en Argelia ocurrió el 24 de noviembre de 2009, cuando 14 familias tuvieron que abandonarlo todo para salvar sus vidas de la estrategia paramilitar que allí campea.

Se sumaron a más de un centenar de familias desplazadas en Popayán que hace más de un año se vieron obligadas a dejar su territorio por el accionar de grupos paramilitares, tras desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas

El 11 de diciembre de 2009, el juzgado Segundo del Circuito Especializado de Popayán tuteló los derechos fundamentales de las familias desplazadas de Argelia ante la falta de respuesta de las instituciones del Estado colombiano para otorgar las ayudas humanitarias a la que tienen derecho.

Desde que las familias se desplazaron por el accionar de los grupos paramilitares autodenominados “Los Rastrojos”, sobreviven en Popayán en condiciones de indignidad, en hacinamiento y con total vulneración de sus derechos más fundamentales.

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Aterrada delegación británica que observó derechos humanos en Colombia
Por Camilo Raigozo. Voz

Una misión de parlamentarios, dirigentes sindicales, y abogados laboralistas británicos, visitaron a Colombia desde el 29 noviembre al 5 diciembre del año pasado.

Tuvieron reuniones con sindicalistas, representantes del gobierno, políticos, presos políticos, representantes de la campaña para la paz, líderes campesinos, familiares de los rehenes de las FARC y las madres, esposas y hermanas del escándalo de los mal llamados “falsos positivos”.

También asistieron al congreso de Fensuagro y escucharon con atención la evidencia de los ataques en contra del sindicato agrario, sus dirigentes y el asesinato continuo de sus miembros.

Visitaron el municipio de Soacha para conocer los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército Nacional, de los que constataron directamente la impunidad que persiste en esos casos.

La Comisión visitó el patio de presas políticas de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, de la que dijeron que, “fuimos testigos de las condiciones horrorosas en las que viven las presas políticas en el Patio 6 de la cárcel de mujeres Buen Pastor, la falta del debido proceso, la detención sin juicio y el hecho inhumano de separar a los niños de sus madres presas”.

Horrorizados

Así mismo la delegación se reunió con el Ejército, el Secretario de Gobierno, la defensora del pueblo y líderes de la comunidad de La Macarena, Meta. Escucharon docenas de testimonios sobre el tratamiento escalofriante y brutal de los campesinos y otros civiles por parte del ejército.

Los británicos quedaron horrorizados por los cientos de cadáveres NN que hay en el cementerio. “A pesar de afirmaciones contrarias, está claro por las fechas en las tumbas que las ejecuciones extrajudiciales siguen.

"No vimos ninguna evidencia de inversión en infraestructura social”, afirmaron en un comunicado final de su gestión.

En su correría dialogaron con varios sindicatos, incluidos la CUT, Fundaenergetica, Asonal Judicial, Anthoc y otros.

“Estamos profundamente preocupados por los ataques, asesinatos, y criminalización a que están sometidos los sindicalistas que participan en huelgas y en temas de derechos laborales. También nos preocupan los planes de cambiar el programa de protección de sindicalistas”, agregaron

Se reunieron con congresistas de la oposición política quienes les contaron sobre las intercepciones ilegales de su comunicación y la criminalización de sus actividades legales, que va en contra del proceso democrático.

Conocieron al profesor Moncayo y a representantes de Colombianos y Colombianas por la Paz y aplaudieron sus esfuerzos para asegurar la libertad de los rehenes y promover un intercambio humanitario de presos como un paso hacia un proceso de paz-

y una solución política negociada al conflicto que le ha sido impuesto al pueblo por parte de la oligarquía colombiana y el imperio estadounidense.

Persiste connivencia Ejército-‘paras’

“Durante nuestra visita hemos sentido una pequeña muestra de los tipos de hostigamientos, intimidación y amenazas que enfrentan diariamente los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas independientes, y políticos de la oposición.

“Fuimos seguidos, sujetados a fotografía intimidante, puestos bajo vigilancia y la policía pasó nuestros datos personales a individuos no identificados que no llevaban uniformes sino ropa de civil.

“Creemos que tales acciones fueron diseñadas con la intención de intimidarnos e intimidar a los defensores de derechos humanos y sindicalistas que nos acompañaron”, advirtió la delegación europea.

La comisión escuchó durante toda la visita, testimonios detallados de las violaciones de derechos humanos y sindicales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desplazamiento forzado, detenciones masivas arbitrarias,-

desapariciones forzadas, criminalización de la oposición política, transferencia forzada de la tierra de los campesinos a la agroindustria grande y las corporaciones multinacionales.

“Después de haber escuchado tales testimonios creemos que el ejército colombiano es responsable por la mayoría de las violaciones de derechos humanos en contra de la población civil y la falta de acción por parte del gobierno para enfrentarse a estos abusos les hace cómplices y culpables de la continuación de estos abusos.

"La actividad paramilitar persiste, especialmente en las regiones rurales y además hay evidencia de que siguen los vínculos entre los paramilitares y el ejército”, fue una de las conclusiones finales de la delegación.

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Parauribismo/
Imputan cargos a paramilitar por 13 masasacres y desplazamiento forzado
Por Camilo Raigozo

El pasado 21 de enero en Barranquilla, la Fiscalía formuló cargos ante un Magistrado de Justicia y Paz, contra el paramilitar del “Bloque Norte”, John Jairo Esquivel Cuadrado, alías 'El Tigre', por al menos 22 actos criminales.

Según la Fiscalía, entre los atroces crímenes cometidos por “El tigre”, se encuentran las masacres de Santa Cecilia, ocurrida el 28 de enero de 2000 en Astrea (Cesar), y la ocurrida en El Salao, el 16 de febrero de 2000.

También fue señalado como responsable de 491 desplazamientos forzados, ocasionados por la ejecución de esos dos hechos, propios de de la demencial estrategia paramilitar del régimen.

Del mismo modo el peligroso sicario fue responsabilizado de la comisión de otras 11 masacres que dejaron al menos 46 víctimas y de otros demenciales crímenes como violación carnal, tortura, secuestro simple, secuestro extorsivo, homicidios agravados y concierto para delinquir.

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Parauribismo/

Paramilitares controlan poblaciones del bajo Cauca ante la indiferencia de la Fuerza Pública
Con retenes de día y de noche los paramilitares controlan el movimiento de los pobladores que ven con impotencia como las fuerzas de seguridad del Estado los mantiene desprotegidos
Por Camilo Raigozo. Voz

Los campesinos de Tarazá han sido desplazados en varias oportunidades. Aquí en improvisados cambuches en el casco urbano.

El 12 de noviembre de 2008, el entonces alcalde del municipio de Tarazá, Miguel Ángel Gómez García, fue detenido por sus presuntos vínculos con paramilitares del bloque Mineros.

Lo reemplazó Carlos Mario Cuartas en calidad de alcalde encargado, quién admitió a principios de este mes que hay una situación delicada por la presencia y continuos enfrentamientos de los bandos paramilitares autodenominados-

“los paisas” y “los Rastrojos”, quienes se disputan a muerte el dominio de la región para traficar con drogas, siendo el campesinado y los pobladores urbanos de las cabeceras municipales los más perjudicados.

En la región del bajo Cauca, el municipio de Tarazá ha sido uno de los más golpeados por la estrategia paramilitar que desde hace años ha hecho presencia en la región imponiendo un terror sangriento a la población.

Al finalizar el año pasado este y los municipios de Cáceres y El Bagre, presentaron una situación especialmente delicada ya que los dos bandos paramilitares han impuesto estrictos controles de acceso en las vías, de día y de noche, sin que la Fuerza Pública actúe para evitar masacres, extorciones y asesinatos selectivos contra la población civil inerme.

Los pobladores están temerosos e indignados por los abusos que tienen que soportar día a día de parte de los ‘paras’ quienes actúan sin dios y sin ley imponiendo restricciones a la libre circulación de vehículos, de personas y de remesas, entre otros actos criminales contra los pobladores.

En los retenes siembran pánico entre los campesinos y les esculcan y revisan absolutamente todo. Hay personas a las que les prohibieron moverse de sus casas y han tenido que permanecer prisioneros en ellas.

Según informaciones de las mismas autoridades, los Paisas, son brazo rural armado de la llamada ‘Oficina de Envigado’, quienes mantiene el control en Tarazá y los Rastrojos, son paramilitares que llegaron desde el Valle del Cauca y son los que mantienen el control en Cáceres.

La Policía Nacional sostiene que en el Bajo Cauca antioqueño actúan paramilitares de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”; “Los Paisas”, aliados con una facción del bloque Mineros de las Auc, y “Los Rastrojos”.

Esa es la razón por la que esta subregión mantiene la mayor área de cultivos de coca en Antioquia, con unas 4 mil hectáreas. Entre agosto y noviembre del año pasado fueron asesinadas al menos 73 personas. Los ‘paras’ mantienen un absoluto control social.

Aunque las autoridades civiles y las comunidades le han solicitado en varias ocasiones protección a los altos mandos militares de la Brigada 11, con sede en Montería, la cual mantiene jurisdicción en esta parte del Bajo Cauca y a los mandos de la Policía del Distrito Especial de Caucasia, son muy pobres los resultados que se han conseguido en esta materia.

Para las comunidades afectadas resulta inaudito que un distrito especial de Policía, con más de 800 hombres y en la que actúan diferentes organismos de inteligencia del Estado, los paramilitares puedan ejercer el control y accionar con tanta libertad e impunidad en la comisión de sus delitos.

Los campesinos se quejan de que la difícil situación y las constantes denuncias son desestimadas por los comandantes de la Policía Nacional y del Ejército. Para el teniente coronel José Rincón Vargas, comandante operativo de la división especial de Caucasia, lo denunciado por las comunidades y las autoridades locales riñe con la verdad.

“Todo eso es mentiras, nada de eso es cierto”, le dijo el oficial a un medio de comunicación nacional.

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