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Según ONGs, son 30.000 los enterrados en fosas comunes desaparecidos por los 'paras'
La Fiscalía dice que son 10.000

Por Terra Colombia / Efe/ Indymedia

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Masacre de El Salado en la que más de 300 paramilitares asesinaron de forma brutal a por lo menos 100 campesinos en febrero de 2000. Foto archivo de El Tiempo

Las escabrosas confesiones de paramilitares y desmovilizados de la guerra colombiana han permitido la exhumación de 1.700 cadáveres en los últimos dos años, pero los desaparecidos enterrados o arrojados a los ríos superan los 10.000.

Éstas son cifras entregadas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, muy inferiores a las que ofrecen algunas Organizaciones No Gubernamentales que elevan los desaparecidos a 30.000 en las últimas décadas.

La sistemática desaparición de personas es uno de los grandes dramas del conflicto colombiano, que se extiende por más de cuatro décadas y que tuvo una escalada sin precedentes con la aparición de los escuadrones de la muerte en los años ochenta del siglo pasado.

Declaración de desmovilizados alerta sobre proliferación de fosas comunes

En los últimos dos años se han hallado 1.729 cadáveres en 1.403 fosas, de los cuales sólo han sido identificados 517 gracias a los testimonios de los paramilitares arrestados o desmovilizados.

Los ejecutores han explicado al detalle cómo mataron, trocearon y enterraron a sus víctimas, datos que se unieron a los ofrecidos por informantes que buscan los algo más de 200 dólares que el Gobierno ofrece como recompensa por información que lleve a las macabras tumbas.

"Entre las formas de llegar a estas fosas clandestinas de grupos armados al margen de la ley están también los campesinos, que arando sus tierras encuentran restos humanos, y el Ejército, que en sus patrullajes las encuentran", explicó el fiscal Javier Celedón.

Fiscalía rastrea ubicación de más cuerpos sin vida

Celedón forma parte de uno de los seis equipos de la Fiscalía de Colombia que se ha propuesto desenterrar los horrores de la cruenta guerra colombiana.

Concentrado en el metódico trabajo de extraer restos de cadáveres de una de esas fosas, ubicada en una zona montañosa y de difícil acceso del departamento central de Boyacá, Celedón narró cómo los cuerpos descuartizados y las confesiones de los paramilitares evidencian prácticas inhumanas.

Y es que los cuerpos fueron descuartizados para poder enterrarlos en pequeños huecos. Los jefes de las Auc llegaron a impartir cursos a jóvenes en los que como "prueba de coraje" debían trocear vivos a ancianos y campesinos que acusaban de ayudar a guerrilleros.

"Es aterrador", reconoce este fiscal, al detallar que en una ocasión llegaron a desenterrar a "una familia completa" que había sido desmembrada e incinerada.

Fosas comunes: estrategia 'paramilitar'

Esta práctica obedece al pragmatismo de reducir al máximo las pruebas y sortear la posibilidad de ser acusados de crímenes de lesa humanidad.

"Lo que uno no se imagina que un ser humano le pueda hacer a otro, nosotros lo hemos visto aquí", confiesa Celedón.

La labor de estos fiscales es ardua y sobre todo comprometida: consiste en llegar a lugares inaccesibles, recuperar los restos, llevarlos al laboratorio para analizar el ADN y, tras verificar el resultado, se hace la entrega a la familia.

Pero no solo el ADN sirve para identificar a desaparecidos, también ropas, zapatos, billeteras, rosarios, escapularios y relojes han sido clave.

Miles de 'paras' ejecutados han sido sepultados en fosas

Los fiscales saben, además, que muchos desaparecidos fueron sacados de los lugares de enterramiento por sus propios verdugos para arrojarlos después a los ríos y así no dejar rastro.

La evidencia de ello la expuso el máximo comandante de las temibles Auc, Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos y quien en una reciente comparecencia pública reconoció que sacaron de su fosa el cadáver del líder indígena Kimi Pernía y lo lanzaron al río Sinú para esconder el crimen.

Ahora sus herederos, las llamadas "Águilas Negras", paramilitares reorganizados tras el pacto de las AUC con el Gobierno de Álvaro Uribe, están concluyendo la tarea: arrojan a ríos y lagunas plagadas de caimanes los restos de esos cadáveres para hacerlos desaparecer por segunda vez.

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La marcha convocada por la ‘gran prensa’ fracasó
Por Camilo Raigozo

Panorama, hacia el norte, de la marcha al medio día sobre la carrera séptima frente al Parque Nacional. Foto Camilo Raigozo.

Muy pocos manifestantes concurrieron a la convocatoria de la ‘gran prensa’ para este 28 de noviembre en las principales ciudades colombianas y en otras del mundo.

La cita era para protestar contra el secuestro y para exigirle a la guerrilla de manera unilateral la liberación de las personas civiles secuestradas y de los miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad por acciones del conflicto.

Según analistas, la convocatoria surgió coincidencialmente con la destitución de más de 40 militares involucrados en la desaparición y posterior asesinato de civiles presentados luego como guerrilleros dados de baja en combates.

“Era un desagravio velado a estos militares inmersos en actos criminales”, dijo a este medio un transeúnte desprevenido al preguntársele por que no marchó.

La misma persona agregó que “es por eso que en la convocatoria de protesta no se tuvieron en cuenta las víctimas de los falsos positivos, ni de crímenes de Estado, ni de los paramilitares, ni los desaparecidos y mucho menos los desplazados”.

Panorama desde el mismo sitio a la misma hora hacia el sur. Foto Camilo Raigozo

Por su parte Antonio Celis, quién observaba el lánguido panorama sobre la carrera séptima con calle 38 frente al Parque Nacional al filo del medio día, advirtió que “tanto Uribe, como sus medios de propaganda quisieron repetir la marcha del 4 de febrero pasado, la cual fue multitudinaria debido a la manipulación de la que fue víctima la gente, que sin darse cuenta resultó apoyando a los ‘paras’. Esta vez fracasaron”, dijo.

Para el próximo 10 de diciembre, en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizará una gran marcha de solidaridad con las decenas de miles de víctimas de la estrategia paramilitar, de los falsos positivos y del terrorismo de Estado.

La marcha del 10 también será en apoyo y solidaridad con los cientos de miles de familias de desplazados y por las decenas de miles de personas desaparecidas.

Se le exigirá al régimen que cese la impunidad, las detenciones arbitraria y la persecución contra estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, profesores y en fin contra el pueblo colombiano.

También se instará a Uribe a que no dilate más el Acuerdo Humanitario y los diálogos de paz con las guerrillas.

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El Castillo, Meta
Terror y silencio
Por Camilo Raigozo. Voz

Caserío de la vereda La Esmeralda. Foto Camilo Raigozo.

El pasado 9 de noviembre, miembros del Ejército detuvieron a un campesino, quién iba acompañado de su esposa y su pequeño hijo. Uno de los soldados aseveró: “no, este no es Erminzon”, por lo que dejaron continuar su marcha a la familia.

Al día siguiente, tropas del Batallón 21 Vargas ingresaron de manera hostil a la vivienda del campesino Erminzon Tique e intimidaron a toda la familia. Entre los soldados no se pusieron de acuerdo si era o no el Erminzon que andaban buscando.

Ante tanto acoso y hostigamiento, Erminzon Tique se presentó ante el comandante Useche del Ejército y le preguntó para que lo requerían, sí tenían algo en su contra, o alguna orden de captura, a lo que Useche respondió que no.

Sin embargo, el labriego siente temor por cuanto las tropas tienen una lista de campesinos de las veredas La Esmeralda y Caño Lindo, del municipio de El Castillo, Meta, donde por amenazas de los mismos uniformados tuvieron que desplazarse forzadamente Aladino Álvarez Calvo y José Rengifo, entre otras personas.

Otro de los azotes que vienen soportando los habitantes de esta zona altamente militarizada son los atracos a las viviendas y fincas por parte de sujetos encapuchados.

Según Fensuagro, tropas del Batallón 21 Vargas, han amedrentado tanto a los campesinos que ellos se niegan a denunciar los abusos, con el agravante de que la administración y los entes de control del Estado en el municipio les han dado la espalda.

Hay quejas contra el personero de esa localidad por intimidar a la población que se atreve a denunciar, según denunció Fensuagro a la Procuraduría General.

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Miembros del Ejército siguen aterrorizando a la población
Por Camilo Raigozo. Voz

Las comunidades de las diferentes veredas de Cartagena del Chairá, Caquetá, exige de la fuerza pública el respeto a los derechos humanos. Foto Camilo Raigozo.

El primero de noviembre pasado, a las cuatro y media de la tarde, tres militares me abordaron y me dijeron: “joven, permítame sus documentos”, a lo que yo asentí entregándoles mi cédula de ciudadanía. La observaron un rato y luego me invitaron a tomar gaseosa con el pretexto de que querían hablar conmigo en privado.

Una vez reunidos los tres militares y yo, me contaron que eran suboficiales del ejército. Noté que cuando quise leer sus apellidos, ellos trataron de evitarlo a propósito. Sin embargo alcancé a percibir el de dos de ellos: ‘Castro y Mantilla’. El resto de sus distintivos y el rango no los entendí porque no se nada de eso.

“Nosotros sabemos que usted es guerrillero”, me dijeron. “También sabemos de las armas que tiene en su casa y de los atentados que se propone realizar”, agregaron de forma maliciosa, mientras yo los escuchaba perplejo por tan absurdas acusaciones.

“Vamos a proceder a capturarlo. Claro está señor España, que sí usted trabaja con nosotros lo dejaremos libre y además le pagaremos una platica”, me dijeron amenazantes obligándome a entregarles mi billetera.

“Señor España, en esta billetera se deben ver muy bien los dos millones de pesos, ¿cierto?”, inquirieron, a lo que yo les contesté que sí, pero que era mejor que esa plata se la dieran a la gente pobre o a las familias desplazadas, que hay bastantes en la región.

“Eso no lo podemos hacer nosotros”, me dijo riendo el que parecía ser el jefe. “Es que el presidente Uribe no nos da esa plata para los pobres, ni para los desplazados, sino para los informantes”, remató poniéndose serio. Insistieron en que yo tenía que trabajar con ellos o de lo contrario adelantarían una orden de captura en mi contra.

Anotaron, contra mi voluntad, el número del teléfono celular y agregaron, “señor España puede irse, pero recuerde que lo vamos a estar llamando a ver sí se anima a trabajar con nosotros. Es mejor ganarse dos millones de pesos y no podrirse en una la cárcel”, sentenciaron antes de partir.

Efectivamente, a las siete y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día siguiente, recibí una llamada de los militares en la que me dijeron, “hola señor España, ¿que ha pensado de la propuesta que le hicimos ayer?”.

Les contesté cordialmente que no estaba interesado y que no insistieran más sobre el asunto. “Mire España, no vaya a quejarse cuando lo capturemos”, a lo que les repliqué que no tenían derecho a hacerlo, pues no había ningún motivo legal y colgué.

A las nueve y 48 minutos del 3 de noviembre de 2008, otra nueva llamada de los uniformados a mi celular: “hola España, ¿sí se ha enterado de las capturas que hemos realizado?”, me preguntaron amenazantes. “Sepa señor España que muy pronto le tocará a usted, piénselo bien”, dijo la voz antes cortar la comunicación.

Soy Oscar Anibal España Ordoñez, de 20 años de edad, natural de El Doncello, Caquetá y labriego de profesión. Los sucesos aquí narrados ocurrieron en el municipio de Cartagena del Chairá, Caqueta, donde trabajo y resido.

Hago esta denuncia públicamente por que tengo temor de que los militares me maten o me capturen por ejercer mi derecho civil de no involucrarme en el conflicto.

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