jueves, octubre 07, 2010

Cauca y Nariño
Denuncian graves infracciones del Ejército al DIH
Ocupación de áreas civiles protegidas así como de viviendas en una zona de intenso conflicto a puesto en alto riesgo la integridad de la población
Por Camilo Raigozo. Voz

La Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Francisco Isaías Cifuentes denunció que el pasado 18 de septiembre, en el casco urbano del corregimiento El Mango, municipio de Argelia, Cauca, a las 11 de la noche, se presentó un enfrentamiento entre militares pertenecientes al Batallón de Infantería 7 “General José Hilario López”, y guerrilleros de las Farc.

Los uniformados del Ejército se apostaron en las inmediaciones de las viviendas, según denuncias de los habitantes suministradas a la fuente. Minutos más tarde los soldados dispararon indiscriminadamente causándole heridas al campesino Rodrigo Solano.

La víctima se encontraba en los alrededores de su residencia, cuando fue alcanzado por los disparos que le causaron heridas en el costado izquierdo de la espalda, con daños en el colon, estomago y la pierna izquierda.

Solano fue trasladado inicialmente al Hospital Nivel 1 Municipal de Argelia, para luego ser remitido al Hospital Universitario “San José” de la ciudad de Popayán, en donde se recupera.

“Responsabilizamos al Estado colombiano, y en particular al mayor general Justo Eliseo Peña Sánchez, comandante de la Tercera División del Ejército, al teniente coronel Miguel Ángel Fajardo Pedraza, comandante del Batallón de Infantería 7 “General José Hilario López”,-

por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, advirtieron, tanto la ONG defensora de derechos humanos, como voceros de la comunidad afectada.

Por otro lado en El Bordo, Cauca, el pasado 20 de Septiembre, en el corregimiento Brisas, Vereda La Paz, en horas de la noche arribaron a ese sitio aproximadamente 100 militares, perteneciente al Batallón de Infantería 7 General José Hilario López.

Los militares ocuparon de manera abusiva las viviendas de Arsesio Noguera, José Adolfo Muñoz, Catalina Camacho y Héctor Olmedo Gómez. En las viviendas además se encontraban varios niños y demás miembros de las diferentes familias.

Tres días después en el caserío de la misma vereda aproximadamente a las tres de la mañana, militares del Batallón de Infantería 7 General José Hilario López, tuvieron enfrentamientos con insurgentes de las Farc.

Según la denuncia, un grupo de militares se atrincheró en varias viviendas, entre ellas la de Héctor Olmedo Gómez, su compañera y sus hijos, quienes salvaron sus vidas al haberse desplazado previamente dado el inminente peligro que corrían. Un artefacto explosivo destruyó la vivienda. Foto El Espectador.

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miércoles, octubre 06, 2010

Seguridad narcocrática/
Suboficial y varios soldados fueron condenados por ejecución extrajudicial
Con información de la Fiscalía

El cabo segundo del Ejército Nacional Edgar Alexander Correa Patiño, fue hallado culpable del asesinato a sangre fría de persona protegida y condenado a 31 años de cárcel, informó la Fiscalía.

La condena fue promulgada por el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón, Antioquia, con base a las pruebas técnicas y testimoniales aportadas por la Fiscalía la cual pudo establecer el homicidio de un campesino por tropas del Ejército en Argelia, municipio del mismo departamento.

El 21 de noviembre de 2004 en la vereda Peñoles de la citada población, tropas del Batallón Juan del Corral de la IV Brigada del Ejército reportaron la muerte en supuesto combate con el frente 47 de las Farc del presunto guerrillero Wilson de Jesús Posada Quintero.

En el informe castrense se registró la incautación de un arma de fuego de corto alcance y un radio de comunicaciones.

Vecinos y familiares de la víctima declararon a la Fiscalía que el labriego fue retenido por tropas del Ejército Nacional quienes lo amarraron, lo torturaron y finalmente lo asesinaron con disparos de fusil

Según la Fiscalía, varios soldados profesionales, quienes se acogieron a sentencia anticipada, ya fueron condenados por el delito de encubrimiento por favorecimiento de homicidio.

Los soldados explicaron, además, que para simular el combate se hizo detonar una carga explosiva de manera regulada.

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Deplorable la condición de los derechos humanos en el Pacífico colombiano
Por organizaciones sociales

Las comunidades negras y sus organizaciones étnico - territoriales de la costa pacífica del Cauca, se hallan en estado crítico por la guerra que se libra en sus territorios y pareciera que el conflicto apunta a desvertebrar las organizaciones y el movimiento social en su conjunto.

Se recuerda los asesinatos con mutilación los días 21 y 22 de enero de 2010, de los líderes de Cococauca el docente José Felix Orjuela y el directivo Milton Grueso Torres.

Nuestros territorios colectivos de comunidades negras, han sido escenarios ancestrales de paz como garantía a la vida de su gente, de las especies con las cuales interactúa, y todos los recursos que existen.

Este territorio biodiverso viene siendo destruido como consecuencia de los atentados a la población, a las comunidades, los suelos, el agua, los ríos, la fauna, flora, y el aire.

Igualmente, los líderes de los 18 Consejos comunitarios y de organizaciones de base étnicas de la región se encuentran en riesgos, como consecuencia de la disputa territorial por los actores del conflicto armado y de grandes sectores económicos con interés en la región.

La realidad cambió de manera adversa sin darnos tiempo de prepararnos, pero nuestras organizaciones han adoptado la postura de resistencia con la reivindicación de derechos étnicos y territoriales bajo enfoque de paz desde la base.

Teniendo como guía espiritual el mandato de los mayores, gestamos la Primera Audiencia o Mesa subregional de Garantías para la costa pacífica del Cauca.

El evento contó con la participación del 90% de los Consejos comunitarios de la costa pacífica del Cauca, organizaciones sociales a nivel departamental y nacional, la institucionalidad del estado y del gobierno en su conjunto (nacional, departamental y municipales).

En el evento se presentó el diagnóstico de “Los derechos humanos en la costa pacífica del Cauca(Recopilación de hechos de 2009 a 8 abril de 2010)”, que ilustró sobre la grave situación de DH expresada en múltiples hechos de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento, y la afectación a los derechos colectivos y territoriales, expresada en los riesgos y afectaciones sobre su gente, los pueblos, su cultura y la cosmovisión.

Acuales riesgos para los líderes

La situación de violación a los derechos humanos, la intimidación y la inseguridad crecen. Los lideres, sus comunidades y las organizaciones que representan como grupos étnico - territoriales de la costa pacífica del Cauca, se hallan en estado crítico por la guerra que se libra en sus territorios, las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario con intensidad creciente y sistemática.

El conflicto apunta a desvertebrar las organizaciones y el movimiento social en su conjunto, que se expresa en las modalidades de muertes selectivas, amenazas e intimidación a líderes, docentes y mujeres.

Como elementos de diagnostico se tienen datos sobre homicidios, atentados contra la vida, minas antipersonas, bombas o explosiones, las fumigaciones, un número indeterminado de desplazados muchos sin registrarse (cuadro posterior).

Se fumiga el territorio sin la realización de la respectiva consulta previa, afectando a las personas, las viviendas, las fuentes de agua, las plantas, los arboles, las aves, los reptiles, el suelo, todo lo que tenga vida y naturaleza

Presencia de la fuerza publica en sitios o espacios de protección con base en el DIH, como escuelas, centros de salud y salones comunitarios

El ejercicio del liderazgo se ve amenazado por los señalamientos y estigmatizaciones de los actores del conflicto armado legal e ilegal.

Las fuerzas armadas legales nos señalan como cómplices de guerrilla por que hacen presencia en nuestras zonas; y la guerrilla como informantes de la fuerza pública y en tal sentido ha habido detenciones de personas por ser supuestos informantes de la Red de Cooperantes.

Cada vez se hace más difícil el libre tránsito por nuestros territorios, el ejercicio del trabajo social y comunitario, como consecuencia de los controles y restricciones, máxime cuando opera la Justicia privada con ejecuciones o pena de muerte.

De igual manera nos preocupa mucho que nuestros jóvenes los estén reclutando, asi como las amenazas del comunicado que circuló a nivel nacional sobre las organizaciones Junpro y Asopomy, que son parte de Cococauca emitidas por el bloque central de la Águilas Negras.

Cancelación de la medida de protección blanda de un líder de Cococauca

Con relación a la minería se alertó en la Audiencia de garantías de abril, la situación crítica que se presentaba sobre el Consejo Comunitario de Integración de López de Micay donde habían ingresado varias retroexcavadoras, sin surtir los procedimientos de consulta previa con las comunidades y sus autoridades locales étnicas y violentando la vida y la cultura de sus gentes.

La Junta Directiva de este consejo, desde febrero de 2010, ha venido ejerciendo sus derechos como grupo étnico en sus territorios colectivos, y por estas acciones sufrieron un atentado y actualmente se encuentra amenazado un grupo de 7 personas.

Una situación similar se empieza a vivir en los Consejos comunitarios de Sanjoc (López de Micay), y Renacer negro (Timbiquí)

Datos

Es de anotar que los datos recolectados durante el periodo de 9 de abril de 2010 a 30 de septiembre de 2010, en este documento no son oficiales, es producto de los informes de la comunidad, de lo que se percata o conoce. Por lo tanto, pueden variar y ser diferentes a los datos oficiales.

Oleada de atentados

Asesinatos en Guapi: 17
Asesinatos en López: 2
Asesinatos en Timbiquí: 2

Accidentes e incidentes por minas antipersona
1 muerto y un herido

Desaparición forzada: 2 en Guapi
Fumigaciones: López, Timbiquí y Guapi
Bombas: 1 López, 2 Guapi y 4 Timbiquí (1 desactivada)
Hurtos: 2

Como se observa el municipio más afectado por la violencia en todas sus manifestaciones es Guapi en el cual ha ocurrido el 81% de los asesinatos, el 100% de los secuestros y hurtos, el 20% de los atentados con Bombas.

Propuestas
Surtir la Consulta previa, libre e informada para todos los efectos en nuestros territorios colectivos étnicos con consulta territorial amplia, incluyente y suficientemente concertada, y exigir la revocatoria de la directiva presidencial 001 de 26 de marzo de 2010.

Promover la revisión inmediata de todos los permisos, trámites, concesiones y demás actuaciones administrativas que tengan como lugar de implementación nuestros territorios de comunidades negras e indígenas.

Exigir la actuación correspondiente para el caso de la minería ilegal en nuestros territorios, de entidades competentes como Ingeominas, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ccrc, Defensoría, Min Interior, Fuerza Pública y alcaldías.

Exigir la derogatoria del decreto 1740 de mayo del 2010 por reducir significativamente las medidas de prevención y protección para las personas que realizan una labor legítima de la defensa de los derechos humanos.

Valoración sobre los avances de los acuerdos de la mesa subregional de Guapi de 9 de abril de 2010.

Pasados seis meses de realizada la mesa subregional de garantías en Guapi y de haber firmado un acta de acuerdos con el gobierno nacional y departamental, las organizaciones sociales y comunitarias del pacifico Caucano han evaluado negativamente los avances de compromisos y responsabilidades adquiridas por las instituciones y organizaciones firmantes del acuerdo.

Dicha valoración se sustenta por el desconocimiento que existe frente al cumplimiento de las acciones, compromisos y tareas suscritos en el documento de acuerdos.

En este sentido podemos hacer una relación de dichos acuerdos incumplidos:

1. No se configuro el mecanismo de seguimiento a los acuerdos y mucho menos se realizaron las reuniones correspondientes del mismo

2. Ante la inexistencia del mecanismo la procuraduría no tubo objeto para su acción de veeduría a las acciones del mecanismo de seguimiento

3. La no realización de la reunión plenaria de la mesa subregional de garantías
4. No se ha llevado a cabo el mecanismo de seguimiento con la seccional de fiscalías.
5. No existe ni está funcionando la red de comunicaciones con los líderes del pacifico Caucano.

Para finalizar solicitamos garantías para el retorno de nuestros líderes quienes se hayan desplazados en otros municipios del Departamento por las amenazas de las que fueron objeto en el mes de enero del 2010.

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martes, octubre 05, 2010

Se abre paso la Convención contra la desaparición forzada en Colombia
Por Oficina de prensa de Iván Cepeda

Bogotá 5 de octubre de 2010. Con diez votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada en la mañana de hoy en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto de Ley No 303/10 en la Cámara y 209/09 del Senado-

sobre la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta convención fue adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

El representante Iván Cepeda, ponente coordinador de esta iniciativa, calificó la Convención como un instrumento revolucionario para la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo.

También señaló que su aprobación en Colombia se constituiría en un hecho histórico de enorme significado para la humanidad. La Convención ha sido ratificada por 19 Estados y sólo falta uno para completar los veinte requeridos para su entrada en vigencia.

El acto contó con la participación de Christian Salazar Volkmann, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia; Guilhem Ravier, coordinador de protección de la Comisión Internacional de la Cruz Roja;-

Federico Andreu Guzmán, director de la Comisión Colombiana de Juristas; José Daniel Álvarez de Familiares Colombia; Gloria Gómez, directora de ASFADDES; Jorge Cubides, Asesor Jurídico Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República;-

Andrés Orlando Peña de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; María Paulina Riveros Dueñas, representante de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y una vocera de la embajada de Francia.

“Colombia podría tener el honor de ser el país que mediante la aprobación de la Convención logre que este valioso instrumento de derechos humanos entre en vigor, lo cual le confiere una enorme importancia internacional a la decisión que adopte el Congreso de la República” afirmó el parlamentario.

Christian Salazar Volkmann, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, afirmó que la desaparición forzada es la más grave violación a los derechos humanos porque implica el-

desconocimiento de otros derechos, como el derecho a la seguridad, a la dignidad, a no sufrir tortura o trato inhumano y degradante, a una personalidad jurídica, a un juicio justo, a la vida familiar y el derecho a la vida.

“La desaparición forzada es una violación continúa en el tiempo. Según el artículo 5 de la Convención es un crimen de lesa humanidad cuando es sistemático y generalizado”

La convención en su articulado prioriza las voces de las víctimas, determina que los familiares tienen derecho a conocer las circunstancias de la desaparición, el paradero de los restos de sus seres queridos y a una reparación integral.

La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a los desaparecidos y a lograr la verdad sobre lo ocurrido.

Federico Andreu, director de la CCJ, explicó que la Convención pretende lograr la represión del delito al tipificar la desaparición forzada como una violación autónoma, de naturaleza grave y con carácter permanente y continuado.

También determina la responsabilidad individual y prohíbe que se invoque la obediencia debida para la exoneración de responsabilidades penales; determina normas procedimentales mediante la cooperación judicial entre los Estados Parte y define las medidas de prevención.

Con el voto favorable por parte de Colombia se contribuye a que las víctimas de todo el planeta cuenten con un recurso ante la justicia, y que además sean escuchadas de acuerdo a lo que determina la normativa internacional.

“Es un llamado ético que nace de una convicción solidaria”, sostuvo el representante Iván Cepeda.

El representante Cepeda agradeció a la Comisión su apoyo, a los invitados y a los familiares de desaparecidos que estuvieron presentes durante el acto de sustentación.

“Es un momento trascendental para el país y nos llena de emoción haber logrado este reconocimiento en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes” concluyó el parlamentario.

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Guerra fratricida/
Acusan a suboficial (r) por secuestro y entrega a paramilitares de dos guerrilleros
Con información de la Fiscalía

Medellin, 4 de octubre de 2010. Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de la sargento (r ) del Ejército, Belkis Margarita Villaruel Molina, por su presunta responsabilidad en el secuestro de dos supuestos guerrilleros de las Farc que estaban recluidos en la Brigada 17.

Villaruel Molina, privada de la libertad en la Bogotá, responderá por el delito de secuestro simple agravado, informó la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 1995, cuando paramilitares del “Bloque Bananero”, con la colaboración de militares, sacaron de la citada guarnición a Alcides Torres Arias y Ángel David Quintero Benítez, capturados dos días antes en el municipio de Turbo.

Ever Veloza García, ex cabecilla del “Bloque Bananero”, confesó a la Fiscalía que el doble secuestro fue ordenado por Carlos Castaño Gil, quien también dispuso que Torres y Quintero fueran conducidos hasta Buenaventura, donde fueron desaparecidos.

Por esos hechos ya fue condenado a 20 años de prisión Ricardo Lóperz Lora, alias "La Marrana", y está acusado el sargento ( r ) del Ejército, Héctor Gutiérrez Vélez.

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