sábado, mayo 18, 2013


S. O. S.
Solidaridad para con fundadores de la ANUC

Apreciados amigos y amigas.

Alguna vez aprendí que la ternura de los pueblos, es la solidaridad.

La compañera de Nacho Rangel, histórico fundador de la Asociación Nacional de Usuarios Campesino, Anuc, se encuentra muy enferma.  

Esta pareja de esposos, ya de la tercera edad, fueron víctimas de desplazamiento forzado en la región del Magdalena y por algún tiempo se refugiaron en Venezuela. 

El único hijo de éstos, fue encontrado en ese país por los grupos paramilitares y salvajemente asesinado, luego de ser torturado, hechos que sucedieron hace cuatro meses.  

Esta situación tiene a los viejos absolutamente descompensados, mal cuidados y regresaron al país en condiciones de absoluta fragilidad.

Ellos, fundadores de Anuc merecen que el movimiento social les mire como lo son y que el cariño que nos han dado, se les pueda retribuir de algún modo. Por tanto, las Cras.. de Anuc llevaron a Blanquita al médico. El diagnóstico fue:

Diagnóstico: Bajo el sistema inmunológico, problemas de descalcificación y de desnutrición. Debe estar tres meses en reposo.

Por esa razón nos hemos dado a la tarea de conseguir los trescientos mil pesos que vale el medicamento, pero además de ello, tenemos que sobrealimentarla y llevarla a control médico, por esa razón las Cras de Anuc me han pedido que a un grupo de amigos cercano, les solicitemos su apoyo.

Por esta razón recurro a uds. Necesitamos recoger por lo menos un millón de pesos.  Las indicaciones que ellas me han dado son:

Favor poner un giro a nombre de la Cra. Doris Amida Díaz Benavides, CC 37834345 de Bucaramanga.

A la oficina de Servientrega del Barrio Nariño Sur en Bogotá  (lo que cada uno pueda, cinco, diez mil pesos, cincuenta mil pesos, etc.). Es la persona que es la acudiente de Blanquita, que está incapacitada y no puede desplazarse.

Una vez sea enviado lo que cada uno de nosotros pueda aportar, por favor comunicarse con la casa campesina, con la Cra Doris o con Edilia Mendoza y el número telefónico es 4099545 para que se informe lo que se ha enviado y ella (Dorys) pueda ir a retirarlo.

Carácter: Urgente.
Si prefieren otra modalidad, pueden llamar a Dorys o a Edilia y acordar con ella(s) otra forma.

Así mismo estamos viendo la necesidad de obtener una vivienda y tierrita para ellos, que preferiblemente sea en el campo, quizás en una reserva campesina, para que puedan estar acompañados.

Estas inquietudes se las dejo por si acaso alguien en algún proyecto pueda abrir un campito para ellos. Pero son temas que deben ser coordinados con la ANUC directamente, no conmigo. Yo solo hago el puente.

Muchas gracias,

Claudia Liliana Meza Romero


Tumaco, Nariño
El Ejército asesinó a líder campesino y retuvo ilegalmente a otros 14 de Marcha Patriótica
Por Camilo Raigozo

La Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, Rpasur, informó este 18 de mayo de 2013, sobre la crisis humanitaria que viven los pobladores de la zona de los ríos Mira, Nulpe y Matajes, por los asesinatos y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.

El dirigente campesino José Elmer Gutiérrez, en declaraciones a Rpasur, denunció que el pasado 26 de abril a las siete y media de la mañana tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso, del Ejército, ingresaron a la finca del dirigente campesino Álvaro Fernando Quenguán y lo asesinaron.

Los uniformados también hirieron al labriego Víctor Julio Sánchez y retuvieron de manera arbitraria a 14   integrantes de la junta de Acción Comunal de la vereda el Muguí, de la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuma, que hacen parte del movimiento político y social Marcha Patriótica.

El crimen de José Elmer Gutiérrez y las heridas de Víctor Julio Sánchez ocurrieron en la vereda Muguí, corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, Nariño. Más de 300 labriegos de las veredas del río Mira, Nulpe y Mataje, se desplazaron y se concentraron inicialmente en la vereda la Montañita.

“El día de hoy nos mantenemos en la vereda Corozala porque también hay presencia del ejército y está violando los derechos humanos de nuestras comunidades”, dijo Gutiérrez.

Sobre el asesinato del líder campesino y la retención ilegal de los otros 14, el general Valencia expresó a través de los medios, que sus tropas habían dado de baja a un cabecilla de la columna móvil Daniel Aldana y que se había capturado a otros 12 integrantes de la misma.

En diciembre pasado el presiente Santos, su ministro de Defensa, altos mandos militares y personajes de la extrema derecha, en complicidad con las mayorías inescrupulosas del Congreso aprobaron la ampliación del fuero militar para dejar impunes los crímenes de militares y policías. 

viernes, mayo 17, 2013


Acusaciones temerarias y calumniosas del exmilitar Jaime Ruiz indignó al congresista Iván Cepeda
Por Camilo Raigozo

En el foro sobre el fuero militar que se adelantaba en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el exmilitar Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de militares Oficiales en Retiro, lanzó acusaciones temerarias y calumniosas contra el representante Iván Cepeda.

Un video de Caracol muestra a Ruiz Barrera diciendo que, “Los principales opositores a este proyecto del fuero militar, menciono varias instituciones y organizaciones, entre ellos, los miembros del Partido Comunista, del Polo Democrático, encabezados por el hijo de un importante y extinto líder de las FARC”.

Inmediatamente el Congresista Iván Cepeda le inquirió al exmilitar que aclarara si se refería a él y a su padre, Manuel Cepeda Vargas, asesinado por militares y paramilitares el 9 de agosto de 1994.

““Respóndame una pregunta directamente general, ¿Está haciendo alusión a mí?” El exmilitar contestó preguntándole a Cepeda si se sentía aludido, lo que indignó aún más al congresista, quién tildó a Ruiz de cobarde.

“No sea cobarde hágame el favor”, le dijo Cepeda al exmilitar al ver que no aclaraba los perversos señalamientos.

“Yo lo llamo a que usted tenga la entereza y la valentía, de que si es esa la acusación que está lanzando, lo haga directamente. Diga, señor Cepeda, usted es hijo de alguien de las FARC.

“Porque sí usted lo hace, le repito, le entablo una denuncia penal. Se lo advierto aquí. No es ninguna amenaza. Lo voy hacer con toda la certeza”, le advirtió Iván Cepeda al exmilitar.

Cabe aclararle a Ruiz Barrera que no solo son el Partido Comunista, el Polo Democrático y el congresista Iván Cepeda, los que se oponen al oprobio de la ampliación del fuero militar, sino también millones de colombianos, entre los que están los centenares de miles de víctimas del terror militar-paramilitar, por ser este garantía de impunidad para los crímenes cometidos por militares y policías.

Se oponen también al esperpento, centenares de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, el Sistema Interamericano de Derechos humanos, la OEA y la ONU, entre otros organismos, quienes le han advertido al gobierno de Santos sobre las nefastas consecuencias que se vendrán. 


jueves, mayo 16, 2013


La senadora Gloria Inés Ramírez repudió las amenazas contra periodistas y se solidarizó con ellos
Por Camilo Raigozo

El pasado miércoles 1 de mayo el periodista de la revista Semana Ricardo Calderón fue víctima de un atentado cuando regresaba a Bogotá, luego de haber estado recopilando información sobre el caso de las irregularidades que se vienen presentando en la llamada “cárcel” de Tolemaida, donde cumplen condenas militares inmersos en crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

Cinco días después, el lunes 6 de mayo, ocho periodistas de Valledupar fueron amenazados por un grupo paramilitar autodenominado “ejército antirrestitución”.

La amenaza se realizó por intermedio de un panfleto distribuido a los medios de comunicación en el que los criminales sentencian: “Tienen 24 horas para abandonar la ciudad y debe quedar claro que si siguen metiendo sus narices en los casos de restitución de tierras serán ustedes las próximas víctimas. Es el único y último llamado que se les hace”.

El viernes 10 de mayo del presente año, fue asesinado Alberto Lázaro del Valle, director de la emisora Planeta en Cali. El periodista fue asesinado por dos sicarios que le dispararon cuando salía de la emisora al norte de esa ciudad.

El pasado lunes 13 de mayo, la Unidad Nacional de Protección, UNP, por intermedio de su director, Andrés Villamizar, advirtió que se había descubierto un plan para asesinar a los periodistas investigadores Gonzalo Guillén, Ariel Avila y León Valencia, estos dos últimos de la Fundación Nuevo Arco Iris.

Villamizar expresó que detrás de estas últimas amenazas estaría un grupo político de la costa norte de Colombia. Ayer Gonzalo Guillen en entrevista con una cadena radial señaló que Juan Francisco “Kiko” Gómez, gobernador de la Guajira, estaría detrás del plan criminal.

Según cifras suministradas por el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, en la última década han sido asesinados en Colombia 40 periodistas. Todos en la impunidad.

La misma fuente afirma que Colombia ocupa el deshonroso quinto lugar en el mundo con mayor impunidad por asesinatos de periodistas, sólo superado por Irak, Somalia, Filipinas y Sri Lanka.

La senadora Gloria Inés Ramírez en conversación con Notimundo expresó su repudio a las amenazas contra los periodistas e investigadores y les envió un mensaje solidario.

“Repudiamos categóricamente las amenazas y los crímenes de los que vienen siendo víctimas los periodistas e investigadores en el país. Igualmente nuestro mensaje solidario a León Valencia, Ariel Avila, Gonzalo Guillén, Ricardo Calderón y a todos los comunicadores que vienen siendo amenazados por los intolerantes”, dijo la senadora.

Igualmente, la legisladora instó a la Fiscalía a que adelante  con celeridad las investigaciones y ponga a los responsables ante los estrados judiciales, para evitar que la impunidad en estos casos siga siendo superior al 98 por ciento.


Terrorismo de Estado/
El Ejército asesinó a un joven en el Patía, Cauca
Por Camilo Raigozo

Miembros de la Brigada 29 del Ejército asesinaron a Leonardo Escorsia, de 19 años de edad, cuando se movilizaba en un vehículo particular en inmediaciones del coreegimiento Fondas, jurisdicción del Patía, Cauca.

Según las comunidades los criminales dispararon sobre el carro hiriendo de muerte a Escorsia, quién alcanzó a conducir el vehículo hasta el casco urbano donde minutos después murió.

Según varios medios de comunicación, familiares de la nueva víctima y vecinos de estos dijeron que en el sitio donde fue asesinado el joven no hay ninguna señalización que indique la presencia de algún retén militar.

Como es costumbre y con el cinismo que los caracteriza, en este caso el coronel Henry Piraquive, comandante de la Brigada 29 le dijo a la prensa, sin ningún rubor, que sus hombres le habían disparado al joven porque “desatendió la orden de pare”.

Mientras tanto el flamante ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón le pedía al Congreso acelerar el trámite de la ley estatutaria de fuero militar para tener "mecanismos disciplinarios efectivos", que traducido a la realidad significa mecanismos reales de impunidad.


Terrorismo de Estado
Familiares de “falsos positivos” en los Llanos Orientales piden que se haga justicia
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

Mediante un comunicado el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, informó que los cuerpos identificados de las 18 víctimas que fueron entregados a sus familiares en Villavicencio el pasado 10 de mayo corresponden a:

Carlos Hernando Pinto Poveda, Dairon Ramírez Villafañe, Edgar González Vera, Franklin Excenober Aguirre García, Guillermo Alfonso Murillo Taborda, Jesús Camilo Montes, José Antonio Batero Henao, José Miguel Cárdenas Pachón,-

Henry Pacheco Sarmiento, Lenin Pinilla Gordillo, Luis Antonio Quevedo Devia, Luis Alberto López Giraldo, Luis Alfonso Hernández, Luis Norberto Orozco García, Nicolás Delgado Piñeros, Serafín García Moreno, William Alexander Reina Pardo y Wilmer Parra Flórez.

Según el colectivo, la entrega realizada por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, es el resultado de la denuncia hecha en el 2010 en la Audiencia Pública sobre la Crisis Humanitaria en Los Llanos Orientales, realizada en La Macarena , Meta, los congresistas Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, diplomáticos europeos, organizaciones nacionales e internacionales y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

Posteriormente a la ceremonia judicial de entrega de los restos óseos de las víctimas, estos fueron trasladados a los cementerios de La Macarena, Granada, Villavicencio y otras regiones definidas por los familiares para darles cristiana sepultura.

La mayoría de las familias de las 18 víctimas no aceptan la versión de los militares de que la muerte de sus seres queridos se produjo en supuestos  combates, pues no pertenecían a ningún grupo armado.

Por el contrario, sostienen que sus hijos, hermanos, padres o esposos, en la mayoría de los casos fueron víctimas de asesinatos a sangre fría por miembros de las Fuerzas Militares y presentados como “falsos positivos”.

Tanto las familias como las comunidades exigen que se esclarezca la verdad, que se aplique justicia y que se repare el daño causado a la dignidad y a la vida de sus familiares.

Igualmente exigen que sea la justicia ordinaria y no la Justicia Penal Militar, quién haga las investigaciones y adelante los procesos correspondientes para que estos crímenes no queden en la impunidad.

Según el Colectivo Fals Borda se completan así las entregas de restos mortales correspondientes a 20 personas de las 782 identificadas en los cementerios de Vistahermosa, Villavicencio, Granada, La Macarena y San José del Guaviare.

“Sin embargo, la labor apenas inicia, pues en estos cementerios la Fiscalía General de la Nación ha reconocido un total de 2.328 restos mortales reportados como NN y, en consecuencia, 1.546 quedan aún por lograr la plena identificación por parte de sus familiares”, dice el documento. 

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miércoles, mayo 15, 2013


Sumapaz 
Alcaldía Mayor de Bogotá y comunidades del Sumapaz llegaron a un acuerdo
Por Camilo Raigozo. Notimundo

A las comunidades de la localidad 20 del Sumapaz al sur de la capital del país se les había rebosado la copa y se vinieron en masa hasta Bogotá para protestar ante el alcalde Gustavo Petro, porque desde hace más de un año no tienen alcalde local en propiedad.

Las comunidades se quejan del incremento en las violaciones a los derechos humanos y de la paralización de obras en infraestructura vial, educación y salud, entre otras, perjudicando gravemente a la población.

En la tarde del  pasado 14 de mayo unos 80 campesinos realizaron un mitin pacífico en la Plaza de Bolívar de Bogotá, frente al edificio Liévano donde tiene su despacho el alcalde Gustavo Petro, reclamándole al alcalde que los escuchara.

Estuvieron hasta las ocho de la noche esperando que el Alcalde Mayor los recibiera. Sin embargo fueron atendidos por el secretario de gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, quién no les dio ninguna solución.

En la mañana de ayer miércoles 15 de mayo los campesinos decidieron tomarse las instalaciones de la alcaldía menor de la localidad 20 de Sumapaz localizada en Puente Aranda, para presionar de esta forma que las autoridades distritales se sentaran a dialogar con ellos.

Al inicio de la protesta los labriegos fueron agredidos por el régimen a través de los escuadrones Esmad, quienes los golpearon, les arrebataron las pancartas y detuvieron algunas personas.

Más adelante volvió la calma y las personas detenidas fueron dejadas en libertad, según información suministrada a Notimundo por el presidente del Sindicato Agrario del Sumapaz, Sintrapaz, Filiberto Baquero (foto 2).

“Nosotros tenemos varias inconformidades con la administración
distrital, principalmente por la falta de un alcalde local en propiedad. Eso ha causado que haya mucha dificultad con la contratación y con el desarrollo de la localidad”, dijo Baquero.

“También tenemos una grave situación en derechos humanos. Los campesinos siguen siendo atropellados, detenidos, estigmatizados, hay varios campesinos están detenidos víctimas de montajes judiciales” Agregó el dirigente agrario.

El presidente de Sintrapaz también denunció que la telefonía fija de la localidad está totalmente fuera de servicio y que las comunidades están muy preocupadas y en alerta debido a que las empresas multinacionales tienen la intención de apoderarse de los recursos naturales, lo cual causaría gravísimos daños sociales y ambientales.

Por su parte Libia Villalba (foto 7), edilesa  de la localidad de Sumapaz  le dijo a Notimundo que “la Junta Administradora Local en segundo proceso meritocrático radicó la terna el 17 de diciembre, o sea que ya llevamos cinco meses y seguimos siendo la única localidad que no tiene alcalde o alcaldesa en propiedad. Ya es hora de que a los campesinos se les responda”.

En horas de la noche Notimundo conoció que los campesinos y la administración distrital llegaron a un acuerdo y es que en la próxima semana será nombrada como alcaldesa o alcalde, una persona de la entera confianza de la población mientras que se estudia una nueva terna, por lo que los labriegos pusieron fin a la protesta.


Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó
Pobladores rechazan construcción de una base militar por la connivencia existente entre la Fuerza Pública y los paramilitares
Por Camilo Raigozo. Notimundo

En una carta dirigida al Ministerio del Interior, los pobladores de al menos 18 consejos comunitarios menores, organizados en zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, rechazan nuevamente la construcción de una base militar adscrita a la siniestra Brigada 17 del Ejército.

Esta brigada fue comandada entre 1995 y 1997 por el temible bandido Rito Alejo del Río, general del Ejército, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato a sangre fría de un campesino. 

Cabecillas paramilitares han declarado ante la Fiscalía que la brigada 17 estuvo fuertemente ligada con paramilitares que cometieron horrendas masacres, asesinatos y desplazamientos forzados. 

Una de estas masacres ocurrió el 21 de febrero de 2005, en el que militares de la brigada 17 y paramilitares asesinaron a tres niños y cinco adultos en San José de Apartadó.

La base se empezó a construir desde mediados del año pasado y desde ese entonces las comunidades se opusieron, entre otras razones, porque dicha obra no les fue consultada previamente.

Lo que más tiene indignadas a las comunidades es que quién dio la autorización es el empresario, “poseedor de mala fe”, Darío Montoya, quién según la misiva hizo los acuerdos con militares de la Brigada 17 sin tener autorización, derecho, ni reconocimiento por parte de las comunidades.

Los pobladores consideran que el aumento de la Fuerza Pública no es garantía de seguridad, ya que las estructuras paramilitares siguen actuando libremente en medio del Ejército y la Policía y en convivencia con las dos instituciones.

En diciembre pasado se había suspendido la construcción de la base militar y la población respiró tranquila, pero en marzo de este año se reinició la construcción, lo que hizo que las comunidades reaccionaran indignadas.

Las comunidades le exigen al Gobierno que suspenda la construcción de la base dentro de sus territorios colectivos;  se desarticulen las estructuras paramilitares que operan en el mismo las cuales cometen todo tipo de crímenes y abusos contra la población inerme.

Igualmente exigen que en el proceso de restitución que adelanta el Gobierno Nacional, sean desalojados sin más demora los empresarios de mala fe que ocupan los territorios colectivos.

martes, mayo 14, 2013


15 de mayo, Día del Educador
La senadora Gloria Inés Ramírez felicita y apoya las luchas de los educadores colombianos
Por: Camilo Raigozo

La senadora de la República Gloria Inés Ramírez Ríos por intermedio de un comunicado felicitó a los educadores en su día, el cuál se celebra este 15 de mayo de 2013 y les manifestó su apoyo incondicional a su constante lucha en defensa de sus derechos y por la educación como derecho fundamental gratuito.

“Apoyamos decididamente la movilización nacional de protesta convocada por Fecode para el 14 de mayo y estamos prestos respaldar la convocatoria del paro nacional indefinido que, tal como están las cosas, podría extenderse a los demás trabajadores estatales”, dice un aparte del comunicado.

Ramírez criticó duramente al gobierno nacional por lo que consideró “escamoteo a los acuerdos alcanzados con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane”, y por la dilación o negativa del Ministerio de Educación Nacional para solucionar las peticiones de Fecode y de otros estamentos educativos.

La legisladora afirmó que “Las peticiones en materia de política educativa ni siquiera han sido abordadas. Igual suerte han corrido la refinanciación del Fondo de Prestaciones del Magisterio, la Evaluación de Competencias para ascenso en el escalafón, la solución de los problemas de atención en salud, las peticiones de carácter económico y las garantías para la vida e integridad de los educadores amenazados”.

Ramírez aseveró que en contraste con lo anterior, cuando se trata de atender las solicitudes de los grandes capitalistas, ahí sí el gobierno de Santos se muestra muy diligente, como en el caso de la última reforma tributaria, “que exoneró a los empresarios del pago de los aportes para el Sena, el Icbf y la salud, poniendo en grave riesgo el futuro de estas entidades que cumplen una función social beneficiosa para millones de colombianos”.

Finalmente la senadora apuntó que es inaudito que mientras el neoliberalismo hace agua en todo el mundo el gobierno colombiano insista en mantener ese modelo fracasado, y que “mientras la educación privada florece, la educación pública está sometida a la carencia de recursos, de personal docente y administrativo y de instalaciones físicas adecuadas”.



Parauribismo/
José Obdulio Gaviria ataca al defensor de derechos humanos Rodolfo Riós
Por Camilo Raigozo

En una entrevista dada a Confidencial Colombia, el otrora asesor del expresidente Uribe, alias “El número uno de la ‘Casa de Nari’”, insinuó perversamente que el abogado defensor de derechos humanos Rodolfo Ríos Lozano es abogado de las FARC.

Las opiniones de Gaviria apuntan, como ha sido habitual en la estrategia uribista de atentar contra los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC EP.

José Obdulio Gaviria fue sacado por la puerta de atrás del diario El Tiempo donde mantenía una columna de opinión desde donde se convirtió en una peligrosa figura, no solo para el proceso de paz, sino también para defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, medios de comunicación y otras organizaciones sociales las cuales fueron blancos de sus perversos ataques.

Las opiniones del primo del mayor narcoterrorista de la historia de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, no tendrían nada especial, sino fuera porque generalmente los blancos de sus ataques resultan siendo víctimas de la estrategia paramilitar, que actualmente llaman “bacrim”.


A continuación transcribimos apartes de la entrevista:

Confidencial Colombia: ¿Tiene alguna otra prueba de que a Urdaneta lo secuestraron las Farc?

José Obdulio Gaviria: Pues ate cabos: ¿sabe quién es el abogado de los “desmovilizados” implicados en el plagio de Urdaneta? El mismo que reclamó el cadáver del ‘Mono Jojoy’ (el abatido jefe militar de las Farc) y que defendió a las ‘correos humanos’ que traían las pruebas de sobrevivencia de Íngrid Betancourt.

C.C¿Estamos hablando del abogado Rodolfo Ríos?

JOG: Así es. No lo sindico de nada. Yo, incluso, fui abogado de muchos guerrilleros (entre 1978 y 1983), pero nunca fui guerrillero; fui abogado de mafiosos, pero nunca fui mafioso. Sería ignorancia o mala fe insinuar algo de un abogado. Pero estamos hablando de personas a quienes la guerrilla contrata recurrentemente.

C.C Es decir, tres meses después de que fue botado de ‘El Tiempo’, ¿nadie le ha demostrado que dijo mentiras o que se equivocó?

JOG:Todo lo contrario: los hechos demuestran que las Farc siguen secuestrando y que seguirán negándolo. Y que ese secuestro (de Urdaneta) se solucionó rápidamente en La Habana. 

En otras circunstancias,  semejante problema se hubiera resuelto en años; este se resolvió en ocho días. Incluso, no es muy creíble la historia que le contaron a la Fiscalía de que se pagaron 575 millones de pesos. Mejor dicho, ese secuestro se resolvió entre blancos.

lunes, mayo 13, 2013


Parauribismo/
Descubren plan para asesinar a tres críticos de Uribe
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Andrés Villamizar, reveló a través de twitter que existe un plan para asesinar a los investigadores León Valencia y Ariel Avila de la Fundación Nuevo Arco Iris y al periodista Gonzalo Guillén.

“#Alerta. La @UNPColombia ha recibido una información muy precisa y delicada sobre un plan para asesinar a tres de nuestros protegidos”, advirtió Villamizar.

Luego explicó que la Policía Nacional fue informada y que la Dijin ya se encuentra adelantando las investigaciones del caso.

Según la UNP el sicario encargado para ejecutar los crímenes es  un sejeto conocido con el alias de “Morroncho”, el cual ya se encuentra en la capital del país. Villamizar le dijo a los medios que se sabe cuál es el nombre real el cual ya fue suministrado a la Dijin.

Desde la Fundación Nuevo Arco Iris, Valencia y Avila, han realizado serias investigaciones sobre el paramilitarismo y han dilucidado extensa información sobre estas estructuras criminales y su vinculación con políticos, empresarios, narcotraficantes y otros benefactores de la demencial estrategia.

Por su parte el periodista Gonzalo Guillén ha investigado y publicado varios artículos muy serios sobre los presuntos vínculos del expresidente Uribe y varios de sus familiares con grupos paramilitares y con mafias narcotraficantes, entre ellas el cartel de Sinaloa de México.

El investigador Ariel Avila dijo a través de una cadena radial que detrás de los planes criminales está un grupo político del norte del país, quién le habría pagado a alias “Morroncho” 200 millones por la cabeza de una de las víctima y 150 millones por cada una de las otras dos cabezas.

Avila afirmó que desde hace dos años junto con León Valencia han estado investigando sobre las estructuras políticas que tienen alianzas con grupos paramilitares y otras bandas mafiosas.

Como consecuencia de esas investigaciones –afirmó- los resultados de una de las investigaciones fue publicada recientemente y que la otra está próxima a salir. 

domingo, mayo 12, 2013


Villavicencio, Meta
Entregaron los restos de 18 personas, varias de ellas asesinadas a sangre fría por el Ejército
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

Gracias al trabajo de los congresistas Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda, las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, fue posible que el pasado viernes 10 de mayo fueran entregados a sus familiares los restos mortales de las primeras 18 personas enterradas como desconocidas, en los cementerios de La Macarena y Granada, Meta.

Un día antes, 9 de mayo, Ramírez y Cepeda conversaron con las familias de las 18 víctimas y les ofrecieron sus condolencias, solidaridad y respaldo, ante el dolor que las embarga. Así mismo se comprometieron a continuar la lucha para que los probables crímenes de sus familiares no queden en la impunidad y a que haya verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición. 

Como respuesta a la grave crisis humanitaria, el 22 de Julio de 2010 se realizó en La Macarena la Audiencia Pública Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales, convocada por la senadora Gloria Inés Ramírez, en coordinación con las organizaciones sociales de la región.

Allí se conocieron decenas de denuncias sobre crímenes cometidos por tropas del Ejército contra la población civil y también se evidenció la existencia de una  gigantesca fosa común aledaña a la guarnición militar y al cementerio del municipio.

Los mismos comandantes castrenses habían reconocido ante la prensa local que en dicho cementerio habían inhumado 564 cuerpos de supuestos “guerrilleros dados de Baja en Combate”.

Una investigación de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, en junio de 2010, arrojó como resultado que en 454 de los 1.123 municipios que tiene el país, hay al menos 20.453 cadáveres de personas sin identificar.

Notimundo habló con varios familiares y pudo constatar que un buen número de las 18 personas fueron civiles asesinados a sangre fría por tropas del Ejército y luego reportadas como “guerrilleros dados de baja en combates”, en lo que se conoce como “falsos positivos”.

Luisa Fernanda Marroquín*, hermana de una de las 18 personas cuyos restos le serían entregados al siguiente día, le dijo a Notimundo que “Testigos nos dijeron que a mi hermano lo recogió un helicóptero del Ejército el 21 de marzo de 2006 y desde entonces no volvimos a saber de él.

“Por indicaciones de las comunidades, en abril del mismo año lo buscamos en el cementerio de La Macarena y ahí lo encontramos. El Ejército lo asesinó y lo reportó como guerrillero dado de baja en combate. Mi hermano era un agricultor que trabajaba en la finca”, contó en medio del llanto Luisa Fernanda.

También le dijo a este medio que “Cuando estuvimos haciendo las averiguaciones en La Macarena sujetos desconocidos nos abordaron y nos dijeron, ‘Es mejor que dejen eso quieto por la seguridad de ustedes’”.

A doña Martha Arango* le ocurrió algo similar: “Mi esposo salió de la casa a las 8 y media de la mañana del 24 de agosto de 2007 rumbo a la escuela de la vereda vecina y aunque había quedado de regresar antes del medio día no volvimos a saber de él.

“Al día siguiente, 25 de agosto, unos vecinos de la vereda que pasaban por el camino, vieron que unos militares tenían el cuerpo sin vida de mi esposo tirado en el piso.  Los uniformados les preguntaron: ‘¿Ustedes conocen a este gran hijueputa guerrillero que tenemos muerto aquí?’”

Aunque los labriegos conocieron a la víctima, por instinto de conservación les contestaron a los criminales que no y así pudieron seguir su ruta y llegar con vida a su destino.

“En esos días vi en las noticias que el Ejército lo reportó como guerrillero y confirmé que era el mismo Ejército quien lo había matado.

“A los 8 días del desaparecimiento de mi esposo, llegaron a mi casa militares de la Brigada 19 y me trataron mal, me dijeron que tenía que irme porque el marido mío era un guerrillero”, recordó Martha, quién no se desplazó porque sola y con sus tres niños no tenía a donde ir.

Al cabo de un mes Arango salió al casco urbano del municipio de La Julia y allí se encontró con los vecinos quienes le dijeron: “Mona, a su marido lo mataron. Nosotros lo vimos cuando los militares lo tenían muerto en el camino y lo presentaron como guerrillero muerto en combate”.

Ella tomó valor y fue a la base militar y habló con un capitán quién le negó los hechos. Le dijo que el muerto era un guerrillero de 19 años y que no molestara más.

Desde entonces no volvió a saber de su esposo, hasta ahora que la llamaron para que recibiera los despojos mortales del mismo, el cual había sido enterrado por las militares como guerrillero dado de baja en combate, en La Macarena.

“Soy Alfonso Quesada*, hermano de una de las 18 víctimas de las que recibiremos sus restos mañana. Él se fue de la casa en 1998 a trabajar como raspachín de hoja de coca a los lados del Guaviare.

“En los documentos que nos entregaron ayer dice que fue muerto en combate en la toma de Puerto Lleras, Meta, ocurrida en julio de 1999.

“Nosotros no estamos conformes con esa información y quisiéramos que se dieran a conocer más detalles, porque mi hermano no pertenecía a ningún grupo armado. No entendemos porqué si murió en Puerto Lleras, sus restos aparecieron en las fosas de Granada”, le dijo Quesada a Notimundo.

“Mi nombre es Patricia Ruiz*. Llevábamos 15 años viviendo en Tauramena, hasta que los paramilitares asesinaron a mis hijos mayores. El menor estudiaba y era un joven lleno de vida. Me vine a enterrarlos acá.

“A los dos meses de estar en Villavicencio, mi hijo menor desapareció. Cuando cumplió los 18 años fue a sacar la cédula y nunca más lo volví a ver, hasta cuando me lo encontraron y me dijeron que era víctima de un ‘falso positivo’ del Ejército.

“Los militares lo asesinaron en el municipio de San Martín, luego de dos meses de haberlo mantenido secuestrado. Un señor del CTI de la Fiscalía fue a la casa y me dijo que habían encontrado a mi hijo lastimosamente muerto”.

Con un dolor inmenso, bañada en lágrimas, doña Patricia esculcó en su bolso y  extrajo el retrato de un joven, casi un niño. Su sufrimiento y sus lágrimas se multiplicaron. “Acá tengo la foto de mi hijo. Tenía el ojito y la boca reventada y señales de haber estado amarrado y torturado.

“Me lo enterraron como NN, con armamento. Reportaron que era un paramilitar abatido en combates con el Ejército. A la defensora del pueblo de acá la llamaron y ella también afirmó que hubo un enfrentamiento entre paramilitares de San Martín y el Ejército.

“Ese día mataron a mi hijo y a un compañerito de 14 años que andaba con él. En este caso no los hicieron pasar como guerrilleros, sino como paramilitares. Yo fui a Granada hace cuatro años y le puse una crucecita donde él quedó, pero fui amenazada y no volví más porque me dio miedo.

“Un señor en la puerta del batalló me dijo: ‘no vuelva más por aquí porque le conocemos su familia, ¿o es que usted quiere que les desaparezcamos también a sus nietos?

 “Durante todo el tiempo el Ejército me envolató. Me mandaron a Bogotá, me mandaron al Ejército de aquí, me mandaron de un lado para otro y me envolataban de una parte para otra. Y así pasaron todos estos años.

“La última vez me dijeron que no volviera a hacer esas vueltas porque desaparecían a las personas que empezaban a molestar tanto. Mi hijo ya nadie me lo puede devolver. Acabaron con la vida mía al matarme a mi hijo que era el menorcito que me quedaba.

“En Granada hay una infinidad de personas NN. Uno siempre oye hablar de NN a decenas de familias. Después de tantos años de sufrimiento y de incertidumbre por fin voy a poder sepultar a mi hijo para que descanse en paz, para que no quede por ahí miserablemente como estaba.

“Les digo a las familias que viven las mismas circunstancias que denuncien pase lo que pase. Que no dejen que esas muertes queden impunes, porque esto no puede continuar así”, dijo finalmente doña Patricia sin parar el llanto.

Después de conversar con las familias los dos congresistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos se reunieron con el gobernador del Meta, Alan Jara, quién se mostró receptivo a cooperar y gestionar recursos de variada índole para poder continuar con el trabajo en otros cementerios donde hay un gran número de personas enterradas como NN o reportados por el Ejército como guerrilleros muertos en combates, que, como los casos anteriores,  pueden ser asesinatos a sangre fría, mal llamados “falsos positivos”. 

*Nombres cambiados para la protección de las fuentes.


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