Catatumbo, Norte de Santander
Con ausencia del gobierno las comunidades realizaron la séptima audiencia
Hicieron presencia dos alcaldes, algunos concejales y representantes de 45 veredas
Por Camilo Raigozo. Voz

Durante los pasados días 8, 9 y 10 de julio, en el corregimiento de San José de El tarra, jurisdicción del municipio de Hacarí, se realizó la séptima audiencia popular en la que hicieron presencia representantes de las comunidades campesinas de 45 veredas, el alcalde anfitrión Geovanny Ortiz, algunos funcionarios del gobierno local-

y el alcalde de San Calixto, Jairo Pérez, el cual ha sido uno de los pocos mandatarios que le ha cumplido a la población representada en la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, pactada entre los gobiernos locales, departamental y nacional.

Esta fue la última audiencia de las siete programadas dentro de los acuerdos firmados el 29 de agosto de 2009 en el Campamento de Refugio Humanitario, establecido en la vereda Caño Tomás, corregimiento de Fronteras, municipio de Teorama, entre las comunidades,-

el gobernador del Norte de Santander William Villamizar Laguado, representantes de la Vicepresidencia de la República y del gobierno central y los alcaldes de los siete municipios que conforman la región del Catatumbo, entre otras instituciones del Estado.

Gilma Tellez, dirigente de Ascamcat, recordó sobre la situación de los derechos humanos, los constantes incumplimientos por parte de la gobernación, en la entrega de la ayuda de emergencia humanitaria, después de haber transcurrido un año del compromiso por parte de la gobernación departamental.

También lamentó que se haya modificado la fecha de la comisión de verificación la cual estaba prevista para este mes, en la que todas las autoridades tienen un compromiso de participación junto a las organizaciones sociales que hacen parte a la Mesa de Interlocución y Acuerdo, desde el pasado 29 de agosto.

Violaciones a los derechos humanos

Se presentaron varias denuncias sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública, entre ellas las siguientes: A Nergi Pérez Duran, reconocido comerciante, lo detuvieron el 14 de octubre de 2009 en Cúcuta, tres agentes del DAS.

A día siguiente lo trasladaron a Bogotá, para dificultar su defensa. Allí permaneció un mes y luego fue trasladado a la cárcel de Ocaña donde lleva nueve meses privado de la libertad acusado de rebelión, lo cual es falso, según la denuncia.

En la vereda El Alto, municipio de San Calixto, donde habitan 15 familias tropas del ejército están ocupando varias fincas desde hace cinco meses infringiendo abiertamente el Derecho Internacional Humanitario. También denunciaron los abusos de los uniformados en los caminos y carreteras donde tratan mal a la población civil.

“El mando del ejército que está en nuestras parcelas es de apellido Suárez y ha incumplido el compromiso de desalojar las áreas civiles. El vienes pasado (2 de julio), la guerrilla del ELN lanzó dos cilindros bomba al ejercito, los cuales cayeron muy cerca de las viviendas, por lo que le solicitamos nuevamente al ejército salir nuestras casas”, denunció una de las personas afectadas.

Las anteriores y otras denuncias le fueron puestas en conocimiento de Rosa Helena Sabogal, personera municipal de Hacarí.

Asamblea general

Juan Carlos Quintero, líder de Ascamcat, hizo una clara exposición sobre el plan de desarrollo para el Catatumbo, al cual el alcalde de Hacarí se comprometió a girarle de forma inmediata los 20 millones de pesos, cifra que cada alcalde se había comprometido a entregar a los campesinos desde el 29 de agosto pasado para la formulación de dicho plan cuyo monto es de 164 millones de pesos.

De igual forma se abordaron los temas sobre Zona de Reserva Campesina, recursos naturales y propuestas de los campesinos para la sustitución concertada y gradual de cultivos de uso ilícito. Sobre las problemáticas de estos temas, sin excepción, los representantes de las instituciones del Estado presentes en la audiencia se comprometieron a apoyar. Ascamcat espera que cumplan.

Ascamcat, espera que en cabeza de la Gobernación, Vicepresidencia de la República programa de DD.HH, alcaldías, concejos municipales, personerías, Incoder, Parques Nacional Natural Catatumbo Barí, Corponor y demás instituciones, cumplan el acuerdo firmado el 29 de agosto de2009 en el Campamento de Refugio Humanitario,-

donde se comprometieron a participar los días 20 y 21 de agosto de 2010, en este mismo sitio, para evaluar los avances de los acuerdos en la gran Asamblea y concertar la segunda fase del proceso de interlocución y acuerdo en los temas de: Crisis Humanitaria y Derechos Humanos; tierra y territorio; recursos naturales y cultivos de usos ilícito.

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Marcha Patriótica
¡Urgente! Caquetá. Ejército impide movilización a Bogotá de 102 delegados
Por Camilo Raigozo

Las comunidades de San Vicente del Caguán y Puerto Rico, Caquetá, denunciaron a primeras horas de este lunes 19 de julio a Notimundo, que tropas del batallón Cazadores, comandadas por el coronel Wilson Tamayo, han impedido la movilización hasta Florencia y Bogotá de 102 delegados.

Las tropas impidieron el tránsito de tres buses procedentes de San Vicente, Puerto Rico y la Esmeralda, los cuales tuvieron que devolverse. Al parecer un cuarto vehículo que había sido inmovilizado desde el domingo en la Montañita logró pasar a primeras horas del lunes.

Eduardo Franco Jojoa, concejal de San Vicente, le dijo a Notimundo que estas violaciones se vienen presentando desde el mismo momento en que las comunidades empezaron su traslado desde las diferentes regiones para asistir en la conmemoración del Bicentenario en San Vicente, Florencia y Bogotá.

Las comunidades se quejaron de que el gobernador expidió un decreto en el que únicamente se permite la movilidad de buses de linea, con el ánimo de sabotear la participación de la población en la Marcha Patriótica programada por múltiples organizaciones sociales.

“El ejército ha justificado los atropellos aduciendo que se han presentado enfrentamientos con la guerrilla y otras argucias sin fundamento, las cuales las comunidades se niegan a creer y lo tendrá que investigar la Procuraduría y la Defensoría”, dijo Franco Jojoa.

Cartagena del Chairá

Las casi 150 personas que se movilizan por el río procedente del bajo y medio Caguán lograron pasar de Peñas Coloradas, donde fueron retenidas por el ejército por más de 18 horas, hasta Cistales, donde este lunes 19 de julio, se encuentran nuevamente inmovilizadas por tropas de la infantería de marina.

Ayer domingo para impedirles el paso a las comunidades los uniformados argüían que las embarcaciones llevaban sobrecupo, mientras que hoy en Cristales replican que no llevan suficiente combustible.

Según las denuncias recibidas por Notimundo, estas personas no han podido ingerir alimento desde el medio día del domingo cuando las embarcaciones fueron detenidas.

Tanto las comunidades de San Vicente del Caguán que se movilizan por tierra, como las de Cartagena del Chairá que se movilizan por el río, exigieron a la Procuraduría, Defensoría y demás organismos de control del Estado, intervenir de forma inmediata para que sus derechos no continúen siendo violados.

Del mismo modo hicieron un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, nacionales y extranjeras, reclamar al gobierno el cese inmediato de la violación de estos derechos a las comunidades del Caquetá.

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Marcha Patriótica
Continúa la vulneración de derechos humanos en Caquetá
Por Comisión de Comunicaciones Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia

Las autoridades civiles y militares del departamento de Caquetá, en cabeza del gobernador, la alcaldesa de Florencia, el comandante de la XII brigada del ejército y el comandante departamental de la policía continúan saboteando eventos conmemorativos del Bicentenario organizados por la sociedad civil en este departamento.

La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Sindicales, Agrarias, Ambientales e Indígenas del Caquetá, “Coordossac”, denuncia los obstáculos que ha puesto el gobierno departamental para impedir el desplazamiento y locomoción de los asistentes a las Audiencias Públicas convocadas en Florencia y San Vicente del Cagüan y a la Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia que se realizará en Bogotá, estos eventos se desarrollan en el marco de la conmemoración del bicentenario.

En su afán de torpedear los eventos populares, las autoridades civiles y militares han presionado a las personas que ya van en camino para que se devuelvan a sus sitios de origen, esta situación se ha presentado en la región del Mecalla, municipio de Solano y Puerto Mercedes sobre el río Caquetá, en el municipio de Curillo, y en la inspección de San Antonio de Getuchá, del municipio de Milán, donde han sido retenidos varios vehículos por parte de la Policía Nacional.

Dentro de los vehículos retenidos se encuentra uno en el punto “riecito”, entre San Vicente y Puerto Rico, las tropas del ejército al mando del Coronel Camargo no le permiten el paso, frente a esto las personas retenidas piden que se les permita la llegada hasta Puerto Rico para quedarse esta noche.

De igual forma algunos funcionarios en un uso abusivo de su autoridad han intimidado a los organizadores de los eventos por medio de amenazas, y detenciones arbitrarias. Se ha intentado pedir colaboración a la defensoría del pueblo pero el defensor encargado Jhon Fredy Malagon ha sido negligente frente al hecho.

Coordossac y las comunidades afectadas por el accionar arbitrario de las autoridades del departamento reclaman al Estado la garantía de sus derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física, libre movilidad y libertad de expresión y señalan al gobernador de Caquetá, Germán Medina Triviño, y la Alcaldesa de Florencia, Gloria Patricia Farfán Gutiérrez como los directos responsables de cualquier acción que atente contra la integridad de sus comunidades.

Pese a todos estos atropellos, algunas delegaciones ya están llegando a Florencia y a San Vicente, demostrando que entre más fuerte sea la represión, mas fuerte son los esfuerzos del pueblo colombiano por participar en espacios de construcción de un país que respete y garantice los derechos fundamentales.

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Marcha Patriótica
¡Urgente!. Comunidades del medio y bajo Caguán denuncian que el ejército sabotea movilización
Por Camilo Raigozo

A unos 150 campesinos que navegan este domingo 18 de julio por el río Caguán con rumbo a la capital departamental, Florencia, con el fin de participar en las celebraciones del Bicentenario, programadas por más de 100 organizaciones sociales caqueteñas, les ha sido impedido el paso por tropas de la infantería de marina acantonadas en la localidad de Peñas Coloradas.

Los uniformados al mando del sargento Gómez, argumentan que las dos embarcaciones en las que se transportan los campesinos llevan sobrecupo y por tal razón les ha impedido el paso.

Por su parte las comunidades aducen que las naves tienen capacidad para más de 100 personas cada una, que todas las personas que las ocupan portan chaleco salvavidas y que se está cumpliendo con los requisitos de seguridad estipulados.

Las embarcaciones arribaron a la una de la tarde al puesto de Peñas Coloradas y a las cinco de la tarde del domingo los militares continuaban impidiéndoles el paso. En horas de la noche está totalmente prohibido el tránsito fluvial.

Voceros de la comunidad le dijeron a Notimundo que el ejército está presionando a las comunidades para que se devuelvan, "para lo cual no ponen problema por el supuesto 'sobrecupo'".

Los campesinos advirtieron que no regresarán y que buscarán la manera de pernoctar en algún sitio o en las mismas embarcaciones en espera de que no se les continúe violando sus derechos.

“Lo que pasa es que hay una orden velada del gobierno de sabotear hasta donde sea posible las movilizaciones de las comunidades a las diferentes actividades programadas por el Bicentenario”, le dijo a Notimundo un líder agrario desde Cartagena del Chairá.

Ayer sábado la brigada móvil 22 de la infantería de marina bajo el mando del teniente Bernal, también obstruyó durante varias horas el paso de los campesinos a la altura de la inspección Monserrate.

Por otro lado en la zona de Unión Peneya las comunidades denunciaron que miembros del ejército están hostigando y amenazando a las personas que se movilizan rumbo a Florencia.

Algunos altos mandos castrences y miembros del gobierno civil han estigmatizado perversamente a las movilizaciones civiles afirmando que detrás de estas está la guerrilla.

Finalmente las personas afectadas por la vulneración de sus derechos demandaron de los entes de control a que tomen cartas en el asunto como lo ordena la Constitución Nacional.

También pidieron a la comunidad nacional e internacional instar al gobierno a respetar los derechos civiles de las comunidades y a estar atentas de lo que pueda pasar. Foto archivo Notimundo.

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