sábado, febrero 05, 2011

Seguridad narcocrática/
Audiencia pública en falso positivo jurídico contra líder campesino de La Macarena, Meta
Notimundo transmitirá en directo los pormenores de la audiencia desde Villavicencio
Por Camilo Raigozo

Mañana lunes 7 de febrero de 2011 en el Juzgado Segundo Penal de Villavicencio, se llevará a cabo una audiencia pública en el proceso del que es víctima el líder campesino de La Macarena, Meta, José Samuel Rojas Mora (foto).

Rojas, al igual que centenares de campesinos de la región, ha sido víctima de falsos positivos judiciales, consistentes en burdos montajes en los que cumplen papel protagónico testigos a sueldo del Ejército.

El labriego se encuentra detenido injustamente en la cárcel de Villavicencio desde el 10 de septiembre de 2010 acusado de rebelión por segunda vez. Hace pocos años el terrorismo de Estado tuvo que dejar en libertad a Rojas Mora, al no poder demostrar su culpabilidad de lo que se le acusaba.

La persecución contra el campesino es una retaliación por haber sido uno de los organizadores de la Audiencia por la Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales, realizada el 22 de julio del año pasado en La Macarena, en la que él mismo denunció las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública y los paramilitares.

Cabe recordar que en dicha ocasión el mundo pudo conocer la existencia de fosas comunes o cementerios clandestinos con centenares de cuerpos de personas desconocidas, muchas de ellas víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Ejército, mal llamados falsos positivos.

Notimundo transmitirá en directo a partir de las ocho de la mañana los pormenores de la audiencia a través de Notimundotv.

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viernes, febrero 04, 2011

¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!
Las víctimas no aceptan un perdón pedido por paramilitares y en cambio exigen que haya, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición
Por Camilo Raigozo. Voz

El pasado 3 de enero, los paramilitares William Ramírez Castaño; Marco Tulio Pérez Guzmán, alias "el Oso"; Wilson Herrera Rojas; Ángel Berrocal Doria, alias "el Gocha"; Yairsiño Meza Mercado, alias "el Gato";-

José Heriberto Navarro Martínez, alias "Mano quemá", le hicieron llegar al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, Capítulo Sucre y a otras personas, un documento en el que piden perdón a las víctimas de sus atroces crímenes.

Los ‘paras’ “arrepentidos” forman parte de las estructuras sicariales del bloque Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc. Cabe anotar que en la coartada Uribe-‘paras’, sólo se “desmovilizaron” los criminales materiales, pero los intelectuales de la infamia andan campantes amasando fortunas y haciendo política.

En el documento enviado a las víctimas los paramilitares expresan su disposición a pedir perdón públicamente por los hechos cometidos y hacer aportes serios para la reconciliación en el departamento de Sucre y, en especial, en la región de los Montes de María.

“Se han presentado casos de personas en el departamento de Sucre, quienes se han hecho pasar  por víctimas...pero poco a poco se descubre la verdad y por esa verdad estamos dispuestos a aportar por la paz del país y de nuestra región”, dicen los ‘paras’ en el documento.

Para las víctimas estas declaraciones podrían estar encaminadas a la deslegitimación del Capítulo Sucre del Movice y a la creación de nuevos montajes judiciales. Al respecto, recordaron el caso del secretario técnico del Capítulo de este departamento, Carmelo Agámez, quién lleva dos años de injusto encarcelamiento, víctima de un montaje judicial creado a partir de las declaraciones de varios parapolíticos del departamento.

Autores intelectuales y materiales

 “Como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, expresamos nuestra inconformidad con dicha petición”, fue la respuesta del Movice por intermedio de un comunicado público. 

“Las víctimas de crímenes de Estado consideramos que no es posible un proceso de reconciliación, desde el punto de vista del perdón, más cuanto que se trata del lugar de los victimarios encarnados en personas cuyo accionar ha consistido en sembrar el terror por más de diez años en el departamento de Sucre.

“Por lo contrario, consideramos que un proceso serio de esclarecimiento de la verdad debe recaer sobre los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en el departamento”, agrega la respuesta.

Las víctimas por intermedio del Movice plantean que “una apuesta por la reconciliación desde el perdón, sin que haya una voluntad política real que propenda por la justicia, por la reparación integral y las garantías de no repetición para las víctimas de crímenes de Estado, es ahondar en la impunidad y en la prolongación del conflicto político, social y armado del país”.

El Movice advierte que su Capítulo en Sucre ha sido víctima de más de 80 agresiones de parte de la estrategia paramilitar desde que fue creado en octubre de 2006. Asesinatos selectivos, amenazas, detenciones y desplazamientos, son algunos de los crímenes cometidos por los ‘paras’ con miembros del Movice.

Exigencias

Los últimos crímenes datan de apenas hace un mes, cuando el integrante del Capítulo Sucre, Eduardo Castro Camaño, fue amenazado de muerte por teléfono el 21 de diciembre de 2010; también, hombres armados entraron a la casa de la vocera del Capítulo Sucre, Ingrid Vergara Chávez, el 2 de diciembre de 2010.

“Enfatizamos también, que a diferencia de un supuesto posconflicto en el que habrían unas bandas inconexas llamadas “Bacrim” o “bandas emergentes”, estamos en la actualidad, caso Sucre, bajo la existencia permanente, hasta la fecha, de estructuras armadas paramilitares que actúan en connivencia, promoción y tolerancia con el andamiaje político de este departamento”, recuerdan las víctimas a los ‘paras’.

El Movice exige verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, de los crímenes cometidos por los paramilitares; la libertad inmediata de Carmelo Agámez y el fin de los montajes judiciales en contra de miembros de su movimiento.

También solicitó el desmonte real y efectivo del paramilitarismo y el juzgamiento de todos los participantes de sus crímenes y fines. Al Estado y a la Fiscalía le exigieron las garantías al debido proceso, la integridad física, sicológica y la presunción de inocencia en los casos que se están adelantando contra el Movice.

Avanza la resistencia contra la política minera de Santos
Por Red Reclame

El año 2011 comenzó con inmensos desafíos para los movimientos sociales que, articulados en la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, han emprendido tareas para frenar los proyectos a cielo abierto que el gobierno nacional auspicia, desconociendo todas las pruebas que demuestran su inconveniencia.

No se trata, como lo mencionan las cajas de resonancia de las multinacionales, de “alcabaleros, ambientalistas” y “oportunistas de toda índole”.

Es una fuerza social informada que a punta de argumentos ha generado un proceso de resistencia civil para advertir a la sociedad colombiana de las funestas consecuencias sociales, económicas y ambientales que se producirán de seguir con el legado minero que dejó Uribe y que ha convenido el actual régimen en alianza con transnacionales mineras y especuladores financieros.

Como tareas urgentes para el primer periodo de 2011, están las de acompañar, impulsar y visibilizar las acciones, movilizaciones y denuncias de los comités cívicos, sindicatos, asociaciones mineras y demás organizaciones que se han constituido en las principales zonas de explotación y de proyección minera:

• A lo largo y ancho del país, las asociaciones y federaciones de mineros se están agrupando para resistir el embate que contra su actividad inició el gobierno de Uribe y profundiza el de Santos. Desde el Establecimiento avanza una acuciosa campaña que pone a estos productores nacionales en el mismo costal con la minería que desarrollan grupos al margen de la ley.

La propaganda oficial en contra de la pequeña minería, les impide el acceso a las herramientas y materiales adecuadas para realizar su actividad, produciendo lamentables accidentes que le han costado la vida en el último año a cientos de colombianos, como sucedió en Amagá, Antioquia en el 2010, y recientemente en Sardinata, N. de Santander y Sutatausa, Cundinamarca.

• En la Guajira, los trabajadores de El Cerrejón aprobaron la huelga en medio de la represión de la compañía y Sintracarbón continúa presionando por mejores condiciones laborales para los más de 5.000 trabajadores tercerizados.

Además, protestan por la defensa de la salud y la educación en una región con los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos del país. El 9 de febrero se realizará una jornada de movilización con los trabajadores, sus familias y la comunidad guajira.

• El Comité Ciudadano en defensa del páramo de Santurbán, en Santander, junto con destacados sectores gremiales como Fenalco, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Cámara de Comercio y la Sociedad de Mejoras Públicas, están invitando a toda la comunidad a una marcha para el 25 de febrero, en defensa del agua y contra el proyecto Angostura, de la canadiense Greystar Resources.

Así, los santandereanos se preparan para la audiencia pública convocada para el 4 de marzo, para saldar definitivamente el proyecto.

• En Marmato se está consolidando el Comité Cívico y se han sumado importantes sectores de la sociedad caldense para defender a los habitantes, trabajadores y pequeños mineros de la zona, contra el proyecto de la empresa Medoro Resources.

• En la Provincia García Rovira, Santander, el Comité de Defensa del páramo del Almorzadero durante dos décadas ha frenado el avance minero, y en el municipio de Cerrito, a través de una Iniciativa Popular Normativa,-

aprobada por unanimidad por el Consejo Municipal y apoyada por la alcaldía municipal excluye el área del páramo correspondiente a la jurisdicción de ese municipio las actividades mineras. Mientras se fortalece la resistencia en los municipios vecinos de Norte de Santander

En medio de esta situación, las 51 organizaciones nacionales que conforman Reclame se están preparando para realizar el Segundo Encuentro de la red, el 8 y 9 de abril de este año, en el que se definirá un plan de acción conjunto y de crecimiento en la unidad, para enfrentar la actual política minería, que le genera más conflictos y costos que beneficios para el país. Foto Wueb.

jueves, febrero 03, 2011

Encuentro Indígena Nacional
Propuesta popular para la Ley de Desarrollo Rural
El proyecto será presentado ante el Congreso de la República para su estudio una vez el gobierno haya presentado el suyo dentro de la semana que hay de plazo.
Por Camilo Raigozo. Voz

Dentro del Encuentro Indígena Nacional realizado en el municipio de Caloto, Cauca, durante los pasados 29, 30 y 31 de enero, fue presentado y analizado el Proyecto Popular de Tierras o Reforma Agraria o de Desarrollo Rural, desde la perspectiva popular.

El documento fue expuesto por Héctor Cárdenas, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Incoder, Sintraincoder, vinculado a su vez a  la Coordinación Nacional Popular de Colombia, Conap. En la construcción del proyecto han intervenido numerosas organizaciones y sectores populares.

Se aspira a que una vez se conozca la fecha en que el gobierno presente su proyecto de ley, la bancada del Polo Democrático Alternativo a través de sus parlamentarios haga la presentación del proyecto de ley desde el pueblo. Se cree esto sucederá en los primeros días de marzo próximo.

El objeto de dicha ley es establecer el marco normativo e institucional para el cumplimiento efectivo de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política Nacional.  

El primero dice que “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.

Por su parte el Artículo 65 reza que “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado.

Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

Finalmente el Artículo 66 ordena que: “Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales”. Sobres esos tres artículos se basa la propuesta planteada por la organizaciones, teniendo en cuenta que de esta forman parte la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993.

Algunos de los principios que las organizaciones han tenido en cuenta a la hora de construir su proyecto son: Soberanía alimentaria como prioridad nacional; defensa y reconocimiento de la economía campesina; reconocimiento de la diversidad étnica y cultural; visibilización de las comunidades rurales y su importancia social y política;-

participación decisoria y autónoma de la población rural en la gestión de planes, programas y proyectos acordes a sus necesidades y la devolución de las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, negras y campesinas, por medio de la estrategia paramilitar, lo mismo que la distribución equitativa de tierras ociosas y enajenadas judicialmente a las mafias narcoparamilitares y otro tipo de delincuencia. Fotos Camilo Raigozo.

Parauribismo/
Aseguran a ‘Cuco Vanoy’ por centenares de asesinatos y desapariciones
Por Camilo Raigozo

Por solicitud de un fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, un magistrado de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, ex jefe de sicarios del Bloque Mineros de los 'paras', informó la Fiscalía este 3 de febrero desde Medellín

El ente investigador le imputó al cabecilla paramilitar 192 hechos por homicidios, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, desplazamientos forzados, hurtos y concierto para delinquir, entre otros crímenes, cometidos entre 1990 y 2005 por asesinos bajo su mando en poblaciones del norte y del bajo Cauca de Antioquia, en la estrategia paramilitar de terrorismo de Estado.

Figuran en las imputaciones 231 casos de asesinato y desaparición forzada de servidores públicos, miembros de la Unión Patriótica, y líderes sindicales. Igualmente, le fue imputado el reclutamiento de 327 menores de edad y la comisión de siete masacres en las que perecieron 56 personas en Medellín y en otras poblaciones antioqueñas.

Sin embargo el múltiple criminal fue extraditado por el entonces presidente Álvaro Uribe, junto a otros 13 cabecillas en mayo de 2008, en una maniobra desesperada por ocultarle la verdad al país, sobre la demencial estrategia criminal.

“Cuco Vanoy” sólo pagará condena en los Estados Unidos por tráfico de drogas, delito menor al lado de los centenares de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. El jefe de sicarios de la oligarquía criolla y multinacional contra el pueblo colombiano, está preso en una cárcel federal del estado de la Florida, Estados Unidos.

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Seguridad narcocrática/
Brutal agresión de la Policía a estudiantes en Barranquilla
Por Pacocol

Miembros del Esmad  de la Policía  Nacional propinaron una brutal paliza contra un grupo de estudiantes de la Universidad del atlántico que el miércoles 2 de febrero protestaban por la imposición de la rectora inconsulta Ana Sofía Meza por parte del Consejo Superior del alma mater reunido en la Gobernación del departamento del Atlántico.

Los policías agredieron sin motivos a los estudiantes con  bolillazos en la cabeza de la forma más despiadada y en la espalda y brazos con resultado de dos jóvenes con heridas graves en la  cabeza y tres que fueron conducidos a la URI  la Fiscalía, a quienes pretenden judicializar.   La acción salvaje la realizan en el marco de los decretos dictatoriales del alcalde Char que prohíben concentraciones y manifestaciones que no sean para respaldarle. 

Organizaciones juveniles como la Juventud Comunista Juco,  Aceu, FEU y el Polo democrático han condenado la barbaridad de los policías y exigen al comandante de la policía en el Atlántico que se investigue y se ponga fin a los abusos de estos cuerpos de represión militarista contra pobladores que hacen uso de las garantías en el estado social de derecho imperante en Colombia.

Ni los periodistas y reporteros gráficos escapan de los atropellos. El reportero gráfico del diario El Heraldo que hacía su trabajo, fue ultrajado por  los miembros del escuadrón de la Policía, quienes, sin ningún motivo, intentaron golpearlo con los pesados escudos antidisturbios con el objeto de impedirle su trabajo, lo que fue rechazado por los presentes.

Los voceros estudiantiles exigen al  gobernador del departamento Eduardo Verano de la Rosa que  se pronuncie sobre estos  hechos de violencia ocurridos a las puertas de su despacho.


Comunicado de las organizaciones estudiantiles:

Barranquilla, 2 de Febrero de 2.011

Denuncia pública

El día de hoy sesionó el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para designar rector en propiedad tras 12 años seguidos de encargos, de los cuales el de Ana Sofía Mesa de Cuervo demoró casi 5 años, pues, empezó en Abril 19 de 2.006, cuando Álvaro Uribe Vélez la impuso para privatizar nuestra Institución.

Tras haber realizado una Consulta a los estamentos estudiantiles y profesorales en Noviembre pasado, dando como ganador al Doctor Salim Mattar Velilla con una votación histórica de 2.527 votos entre los estudiantes y 423 por los profesores, es decir, más de 3.000 votos de la Comunidad Universitaria, el Consejo Superior ratificó a la inconsulta Ana Sofía Mesa de Cuervo por 3 años más.

Previamente a la votación se retiraron del recinto, los representantes de profesores, egresados y exrectores, José Gabriel Coley, Edgar Castañeda y Guillermo Rodríguez Figueroa respectivamente, argumentando la falta de garantías por las posturas asumidas por el viceministro y el representante de los estudiantes al defender a la enviada del presidente saliente para asumir la rectoría, ¡cuando todo esto se sabía! Esto dejó el camino libre para que la votación se diera 5 a 1 a favor de Mesa de Cuervo.

Cuando el representante de los estudiantes, Franklin Ortega, salió de la Gobernación, en actitud provocadora abordando la camioneta del representante del presidente ante el consejo superior,  los estudiantes y profesores le reclamaron por su traición a la voluntad de los estamentos universitarios, lo cual fue desmedidamente reprimido por la fuerza policiva que se encontraba-

afuera, golpeando a diestra y siniestra a los estudiantes, esto dio como resultado a 7 estudiantes heridos, de los cuales 4 fueron apresados y llevados a la URI, en estos momentos están siendo procesados sin que sepan los cargos que se le imputan, mientras los demás se encuentran en estos  momentos en un centro asistencial de la ciudad por la gravedad de las heridas.

Lo que debió ser un día histórico para devolver la democracia a la otrora Universidad más importante del Caribe colombiano se selló con traición y represión, fiel reflejo de la absurda democracia colombiana.

El departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla, encarnan el modelo de prosperidad democrática que el Presidente Santos abandera, puesto que, por un lado el Alcalde Char deja en la calle a más de 20.000 trabajadores informales del sector del mototaxismo y cuando estos protestan envía a la fuerza pública para desalojarlos de las calles y por el otro, el Gobernador Verano de la Rosa guarda silencio ante la antidemocracia reinante en el órgano directivo de nuestra Alma Mater y la golpiza de que fueron objeto los ciudadanos que él debe proteger.

Denunciamos a la Comunidad Nacional e Internacional, estos graves hechos y los que le precedieron, como la amenaza de que fue objeto la compañera Victoria Cañas, miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios –FEU-, cuando al acercarse a su casa fue abordada por un sujeto que le dijo “tienes un angelito muy grande pero no te va a demorar toda la vida”, todo ello mientras sesionaba el Consejo Superior.

Exigimos la libertad inmediata de los compañeros detenidos arbitrariamente, Kathleen Salazar, Yubitza Rovira, Andrés Márquez y Pedro Navarro en la URI de la Fiscalía y se brinden todos los mecanismos para garantizar su protección, de igual forma, se abra investigación disciplinaria contra los agentes de la policía que agredieron brutalmente a los compañeros estudiantes, dos de ellos con serias heridas en sus cráneos y el otro con fuertes golpes en su espalda, producto de las picanas y botas de quienes dicen defender a la ciudadanía.

miércoles, febrero 02, 2011

Urgente: familias desplazadas serán desalojadas de edificio del Icbf en Bogotá
Por Maureen Maya

Hoy jueves 3 de febrero a las nueve de la mañana, se inicia el desalojo de las familias desplazadas que en septiembre del 2008, aproximadamente, se tomaron un edifico abandonado del ICBF en la localidad  de Santa Fe (calle 24 No 17-35).

La situación es grave y más si se considera que estas familias no tienen a donde ir, y que entre ellas se encuentran varios menores de edad y personas de avanzada edad.

Sería importante que medios de comunicación, representantes de organizaciones sociales y en especial de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado,  hagan presencia en el sitio para intentar una mediación y evitar la acción de la fuerza pública.

Declaración de Iván Cepeda Castro al Polo Democrático Alternativo

Fueron necesarios cien años…

Las luchas por los derechos democráticos en Colombia se han realizado en medio de la exclusión en todas sus variantes posibles. Así lo testimonia una pertinaz lista de ejemplos que caracterizan la historia contemporánea del país:

el intento por restablecer la pena de muerte en 1925, la encarcelación de dirigentes del Partido Socialista Revolucionario en 1927, la masacre de los obreros bananeros el 6 de diciembre de 1928.

En los años treinta, la llamada “Revolución en marcha”, como se llamó a las reformas parciales intentadas durante el primer gobierno de López Pumarejo chocó con los intereses de los gremios económicos representados en los dos partidos tradicionales, lo que condujo a la retoma del poder por los conservadores y a derogar aspectos sustanciales de las reformas que intentó aquel gobierno.

La violencia que se derivó de estos parciales intentos por crear un fundamento normativo del Estado social de derecho trajo consigo 200.000 muertos, el despojo masivo de tierras y cerca de dos millones de desplazados, en el comienzo de un período de violencia que aún no concluye.

A mediados del siglo pasado se expidieron normas (como el Acto Legislativo 06 de 1954 o el decreto 0434 de 1956) que creaban delitos de “índole comunista” que condujeron a ilegalizar partidos de izquierda y a la censura de opinión.

El corolario de toda esta persecución infame fue primero el genocidio contra el movimiento gaitanista y luego el genocidio contra la Unión Patriótica.

Todos estos hechos dan cuenta de la actitud de los sectores más fanáticos y extremistas del poder por extirpar cualquier intento de lucha por los derechos fundamentales. No han vacilado en ejercer la violencia, la represión, la discriminación abierta y el genocidio cuando han sentido amenazados sus intereses y su hegemonía.

Pero como si esto fuera poco, cuando las estrategias de aniquilación no han surtido el efecto buscado, y cuando los métodos criminales no han sido suficientemente eficaces, se ha apelado a seducir o sobornar a líderes y sectores de la izquierda, convirtiendo a algunas de sus prominentes figuras en defensores del statu quo.

En medio de la adversidad que la ha llevado casi al punto de desaparecer, la izquierda ha resurgido una y otra vez, tras el fuego, como el Ave Fénix de las cenizas. Pareciera que no somos conscientes de ello.

Con frecuencia se olvida que la existencia en nuestro país de la oposición política ha tenido un costo inmenso en vidas humanas y que varias generaciones han sido literalmente desaparecidas en el intento de construir un modelo social diferente.

Estos ciclos de violencia y persecución no han pasado sin dejar una dolorosa huella. Se refleja en las deformaciones de la personalidad política de la izquierda desde sus orígenes. Se prefiere el individualismo o la secta al proyecto colectivo.

La desconfianza innata y el prejuicio se anticipan como forma privilegiada del debate. Durante un largo período se creyó a ciegas que el uso de la violencia, o cualquier clase de métodos, era justificable ante el uso brutal de la fuerza por las instituciones oficiales y sus grupos paramilitares.

En fin, la ausencia manifiesta o la precariedad de verdaderos hábitos democráticos ha sido una de las principales trabas para el ejercicio de la acción transformadora.

Fueron necesarios casi cien años para que los movimientos democráticos se encontraran en una coalición compuesta por múltiples movimientos sociales y por partidos de diversas características ideológicas. Resultado de ello es el joven partido Polo Democrático Alternativo.

Para el Polo los últimos dos años han sido especialmente difíciles. El partido ha estado sometido a duras pruebas. Tres de ellas presentan una enorme dificultad. La gestión de la Alcaldía de Bogotá ha estado en el ojo del huracán debido, de una parte, al cuestionamiento por el procedimiento a través del cual han sido otorgados numerosos contratos de obras públicas y, de otra, por los costosos retrasos que ha tenido la administración en la ejecución de las obras que ha emprendido.

Además de esto, están las diferencias internas que existen dentro del partido y que no le han permitido avanzar en la consolidación de posiciones que permitan mediar entre la autonomía de tendencias y los intereses generales del partido.

Estas diferencias que se han ventilado sin tener reglas claras en el debate público e interno, han sido instrumentalizadas para tratar de menoscabar el significativo respaldo que ha alcanzado el Polo en sus muy cortos años de vida; tiempo dentro del cual ha derrotado consecutivamente en dos períodos a los partidos tradicionales en varias administraciones u órganos de decisión locales.

Otra dura prueba ha sido la persecución de que ha sido víctima el partido a través del espionaje, campañas sistemáticas de desprestigio de toda índole y el asesinato político. Tan solo en 2010 fueron asesinados 13 líderes del Polo.

Muchos han tratado de que no existamos, pero hemos sobrevivido. A pesar de todos los embates y de los sectarismos propios, la izquierda democrática ha sido generosa con sus detractores y victimarios.

Ha hecho ingentes esfuerzos por dialogar con todos los sectores, ha buscado la salida definitiva del conflicto armado interno, ha participado obstinadamente en los procesos electorales, participó en 1991 hombro a hombro con múltiples corrientes políticas en la creación de la Constitución y su carta de derechos, etcétera.

Pero, al mismo tiempo, pareciese que a la izquierda le falta generosidad consigo misma para tratar sus propias dificultades. Se debe ser generosos con el otro, pero también consigo mismo, pues, inmersos en discusiones internas y toda suerte de antagonismos, la izquierda no puede asumir una actitud autodestructiva.

Pedimos ser generosos con nosotros mismos y sensatos, pero que al mismo tiempo no seamos ciegos y afrontemos con responsabilidad política nuestras deficiencias. Ha llegado el tiempo de hacer una profunda reflexión sobre quiénes somos y hacia dónde vamos.

El partido puede, por su esencia y talante democráticos, cambiar el país, participar en la movilización social civil y suprapartidista que ya señala un camino hacia la lucha por los derechos fundamentales de todos y puede, atraer a los sectores desencantados de la política. Con este objetivo el Polo debe trazar directrices precisas en este período sobre su agenda política:

Necesita ejercer la oposición a este gobierno y, al mismo tiempo, desarrollar una férrea lucha contra los sectores que integran el bloque criminal ligado a la parapolítica y al poder terrateniente; exigir que sus actuaciones no queden en la impunidad y que se desmantelen definitivamente las estructuras paramilitares.

Acompañar las movilizaciones sociales de las víctimas de crímenes contra la humanidad en su reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación, así como en los procesos de restitución de tierras.

Acompañar a los sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes y a los trabajadores de las grandes empresas que explotan recursos naturales estratégicos, en su resistencia a los megaproyectos y a la minería industrial.

Acompañar a las personas y comunidades víctimas de los desastres naturales y velar por salidas reales y transparentes a su actual situación de desamparo.

Tener la iniciativa en la búsqueda de la Paz y en la creación de un escenario de diálogo directo entre las partes del conflicto armado. Para poder hacer esto es necesario aprender de nuestros errores.

Contrarrestar todo vicio ligado a prácticas corruptas o clientelistas, así como profundizar las prácticas democráticas y derrotar toda forma de caudillismo. Evitar los debates abstractos sobre la definición teórica del régimen y prestar toda la atención posible al desarrollo de estrategias concretas que nos pongan en la iniciativa del debate público.

No olvidar que el Polo Democrático Alternativo está llamado a defender los derechos de todos los colombianos y colombianas. Se lo debemos no sólo a las generaciones venideras, sino, además, a cerca de diez mil líderes que en las últimas décadas han sido asesinados o desaparecidos en la lucha por la conquista de los derechos fundamentales, por una sociedad democrática y por una nación en la que tengan un lugar digno todos sus habitantes.

Seguridad narcocrática/
Detienen a suboficial del Ejército por triple asesinato

El pasado 1 de febrero en Bogotá, la Fiscalía cobijó con medida de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, al suboficial del Ejército, Luis Carlos Tumay Hernández, como presunto responsable del asesinato a sangre fría de tres personas.

Según la Fiscalía, el presunto criminal acabó con la vida de Javier Caballero Escobar, el 12 de enero de 1999 y con la vida de Dennis María Tovar Pacheco y Elxiano José Vargas, el 11 de febrero del mismo año.

Los tres crímenes fueron cometidos en Ciénaga, Magdalena, bajo la demencial doctrina uribista de que las víctimas eran auxiliadores de la guerrilla.

Al mismo proceso será vinculado mediante indagatoria el coronel (r) del Ejército, Byron Carvajal, quien purga condena en la cárcel de Palmira, Valle, por la masacre de diez miembros de la Dijin y un civil el 22 de mayo de 2006 en Jamundí, Valle del Cauca.

Tumay Hernández, privado de la libertad en Malambo, Atlántico, está sindicado por un fiscal de Derechos Humanos y DIH de haber incurrido, supuestamente, en los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, informó el ente investigador.

martes, febrero 01, 2011

Presos políticos de la Picota celebran liberaciones de las FARC

Así lo manifiestan en un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, conocido por Notimundo.

A continuación transcribimos en su integridad el comunicado de los presos políticos:

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional

“Yo no soy aquí más que un grillo
 que no se rompe entre otros mil
que no se han roto tampoco. Yo
no soy aquí más que una gota
de sangre caliente en un montón
de sangre coagulada(…) el orgullo
con que agito estas cadenas  valdrá
más que todas mis glorias pasadas”
                                              José Martí

Desde la penitenciaría La Picota, los prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP hacemos llegar un fraternal saludo lleno de optimismo revolucionario.

Celebramos la decisión  de nuestro movimiento de liberar a cinco de los retenidos políticos en las selvas de Colombia, como un gesto de paz y de compromiso de nuestra organización en la búsqueda de una salida política y dialogada al conflicto social y armado que vive el país.

Al mismo tiempo hacemos público nuestro enfático rechazo a las presiones y hostigamientos que desde diferentes sectores del Estado nos vienen haciendo con el fin de propiciar nuestra desmovilización y ampararnos en la falaz Ley de “Justicia y Paz”, así como con otras propuestas gubernamentales, que sólo persiguen ocultar sus fracasos políticos y su incapacidad para dar verdaderas salidas a los problemas que aquejan al pueblo colombiano.

No nos asusta el confinamiento en estos centros de reclusión, donde todos los días se violan nuestros derechos fundamentales.

Se equivoca el Estado sí cree que estos barrotes han debilitado nuestras ideas revolucionarias; se equivocan los comandantes de las Fuerzas Militares, sí piensan que por tenernos aquí, estamos derrotados, pues los luchadores sociales se templan en la cárcel.

Se equivocan los jueces de la República si creen que sus arbitrarias sentencias judiciales nos harán arrepentir de nuestras convicciones; se equivocan los medios oficiales de comunicación, sí esperan que su guerra sicológica nos hará doblegar.

Se equivocan los paramilitares sí creen que hemos renunciado a nuestros principios, porque el Estado a través del órgano represivo del Inpec, nos obliga a convivir con ellos.

Todos ellos se equivocan, porque tenemos el decoro y la dignidad de los hombres que anhelamos una sociedad mejor.

Desde estos oscuros calabozos reiteramos al pueblo colombiano nuestro compromiso de lucha por los ideales libertarios y de justicia que asumimos en el momento de tomar las armas y ratificamos nuestra subordinación a las orientaciones de nuestros superiores de dirección.

Presos políticos de guerra de la Picota.

Parauribismo/
Exigen que el peligroso delincuente Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, sea trasladado a una cárcel común

Así lo expresó en un comunicado público el Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda.

A continuación transcribimos en su integridad el comunicado enviado por la oficina de prensa del Representante a Notimundo:

31 de enero de 2011.

El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, envía el día de hoy un derecho de petición al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, en el que le solicita que el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez, sea trasladado a una cárcel común, y en lo posible a un pabellón de máxima seguridad.

En la actualidad Narváez se encuentra en la Academia Superior Aquimindia, centro de instrucción del DAS; una entidad que estuvo bajo su responsabilidad.

La justificación de esta solicitud es que el ex subdirector del DAS ha sido acusado de múltiples delitos dentro del proceso de seguimientos e interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, conocido como el “escándalo de las chuzadas”, entre ellos concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, entre otros.

Narváez está siendo investigado y procesado además por su presunta participación en los asesinatos del senador Manuel Cepeda Vargas en 1994 y del periodista Jaime Garzón en 1999, así como por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba ocurrido el 21 de mayo de 1999.

Mientras que Narváez goza de especial tratamiento a pesar de todas estas acusaciones e investigaciones judiciales, otras personas que están siendo procesadas con él y que están colaborando con la justicia –como es el caso de la señora Martha Leal, ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia y ex directora general encargada de Inteligencia del DAS- se encuentran recluidas en cárceles comunes.

Dicha situación es discriminatoria y viola el principio de igualdad ante la Ley.

El representante Cepeda señaló que alguien acusado de múltiples delitos, como el señor Narváez, no merece tratamiento especial; menos aun cuando los hechos que se le imputan pueden ser catalogados como crímenes de lesa humanidad. “Su situación debe ser tratada con rigurosidad por parte de la justicia” puntualizó.


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