sábado, abril 12, 2008

Piedad Córdoba: Nosotros somos capaces de lograr el Acuerdo Humanitario
Por Corporación Viva la Ciudadanía

Las mujeres cubriendo sus cabellos con pañoletas de colores y levantando flores al paso de la Senadora, fueron una de las manifestaciones de cariño y desagravio con que se llevó a cabo el homenaje a Piedad Córdoba.

Piedad, la mujer, la líder afro-colombiana, la opositora en medio del unanimismo, y ahora, la víctima de una sociedad ciega, que paradójicamente la ataca por su gran valor y por su sinceridad a la hora de nombrar las cosas.

Sociedad que permanece encantada frente a una realidad que es mejor comprendida desde afuera.

Por ejemplo, como lo denunció esta semana el Senador Demócrata, Barack Obama, pronunciándose frente al Tratado de Libre Comercio con Colombia: "el TLC con Colombia no debe firmarse porque en ese país no se respetan los Derechos Humanos (...)".

Fueron muchos los asistentes: Representantes de movimientos y organizaciones de derechos humanos, de diversidades sexuales, étnicas y culturales, partidos políticos, sindicatos, afrodescendientes, Senadores, Representantes a la Cámara, líderes, periodistas, empresarios, profesores, ciudadanos y ciudadanas que entienden, más allá de la crítica ciega, la importancia de las gestiones y resultados logrados por la senadora Piedad Córdoba por el acuerdo humanitario y por la paz de Colombia.

Al comienzo del evento un grupo de actrices presentó un perfomance alegórico al acuerdo humanitario y a la lucha que Piedad Córdoba Ruiz ha realizado durante los últimos años alrededor del tema.

Así mismo mujeres en representación de las entidades organizadoras del acto llevaron la palabra destacando el compromiso de la Senadora Piedad con la defensa de las reivindicaciones de la mujer, la defensa de los derechos humanos y de las causas democráticas en el país. Intervinieron además delegadas de Venezuela y Costa Rica.

Al iniciar la interlocución la Senadora dijo: "Quiero comenzar hablando de lo que somos capaces, somos capaces de lograr el Acuerdo Humanitario, este acto no es solo un acto de reconocimiento a mi labor, es de solidaridad, de reconocimiento a todos ustedes y a todas quienes tenemos la posibilidad de lograr el acuerdo humanitario que es la esperanza para este país (...).

Agradezco a todos y a todas porque se que muchos han dejado su trabajo, sus horas de descanso, o han venido desde muy lejos y lo mas importante es que están aquí diciendo que este país tiene esperanza".

También enfatizó en las liberaciones que se han logrado como la de Clara Rojas quien pudo reencontrarse con su hijo Emmanuel, de Consuelo que conoció a su nieta nacida en cautiverio.

Fue muy reiterativa diciendo que se puede lograr la libertad de los demás secuestrados: "Hay que creer en la gente buena de este país, que ha pesar de todos los obstáculos que se le han aparecido al Acuerdo Humanitario, como la detención de las pruebas de supervivencia, de los helicópteros sobrevolando las zonas de despeje o incluso la muerte de Raúl Reyes, creo que seremos capaces de lograrlo porque es urgente reconstruir estas familias y devolver la esperanza al país".

El pasado miércoles, la senadora fue llamada por el Gobierno de Francia para participar como mediadora en la operación médica internacional que busca atender a Ingrid Betancourt y a otros retenidos por la guerrilla en las selvas colombianas, cuyo deterioro de salud fue confirmado por la senadora.

Piedad no dejo pasar la oportunidad para hacer un fuerte llamado al hostigamiento mediático en el país, ya que en el recinto se encontraban los medios que mayor publicidad negativa le han generado a su imagen.

Este hecho lleva a plantear un problema estructural en la educación, que es el analfabetismo del Siglo XXI, donde la población no tiene la posibilidad de discernir sobre los contenidos que los monopolios informativos generan porque tergiversan la realidad para nublar a la opinión y de esta manera construir un discurso equivoco.

Así es que toda la imagen negativa es en parte, efecto de la manipulación mediática que pretende hacer creer a la ciudadanía que los que trabajan a favor del intercambio humanitario están en contra del Estado Social de Derecho.

El discurso de la Senadora agregó que la liberación no puede seguir siendo unilateral, que es evidente que hay que hablar de Sonia, Simón Trinidad, Brigite y de los demás miembros encarcelados de las FARC.

"La guerrilla de este país no se trajo de Irak o Afganistán, es nuestra surgió de los desequilibrios y las injusticias sociales de Colombia y por esta razón debemos buscar una solución".

Frente al debate realizado en estos días por parte de la Presidenta, Nancy Patricia Gutiérrez, la Senadora Piedad señaló que se mantenía en las afirmaciones que allí había realizado en cuanto al derecho a rebelarse contra unas instituciones y un régimen que no trabaja por la justicia, que solo actúa a favor de los poderosos y que mantiene a la mayoría de la población en la miseria y la exclusión.

Abogó así mismo porque se reconozca la existencia de un conflicto armado en el país, que hunde sus raíces precisamente en esta realidad de injusticia y exclusión.

Se rebela al tenor del artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala este derecho, porque reclama el derecho a la vida, se rebela contra el discurso del establecimiento que no se conmueve con los crímenes efectuados por los paramilitares, pero, como hacerlo si ellos están tan cerca de los mismos.

Así se evidenció la semana pasada al llamar la Fiscalía al gran amigo del Presidente Uribe, su secretario privado durante sus tres años como gobernador de Antioquia, Rubén Darío Quintero, por sus nexos con paramilitares.

"Ese es el otro problema para el Acuerdo Humanitario, la parapolítica, todos los capturados que apoyaron al Presidente Uribe, pero eso no se queda allí eso se hincha", anunció Piedad.

El homenaje que estaba convocado en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán fue cancelado a última hora debido al hostigamiento del conglomerado de RCN del empresario Carlos Ardila Lülle, quien quiso involucrar al Alcalde Mayor de Bogotá aduciendo que era un evento político y la administración no se podía prestar para ello.

Pero ni esto logro su objetivo, el evento fue multitudinario, asistieron tantas personas que muchas tuvieron que aguardar afuera del lugar.

Para la Senadora el hecho hizo retrospección en la Masacre de las Bananeras, episodio ocurrido en 1928 en Ciénaga, donde las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes y trabajadores de la United Fruit Company.

Hoy la gente que trabaja a favor del Acuerdo Humanitario esta desplazada.

En muchos apartes de su intervención Piedad Córdoba trató de mantener los puentes que durante los últimos meses ha mantenido con las FARC y que son los que le han permitido actuar de manera afirmativa para la liberación de los únicos siete secuestrados puestos en libertad por ésta guerrilla.

Por ello defendió que para buscar la liberación de todos los secuestrados se requiere de un diálogo y una interlocución con las FARC.

Defendió el Acuerdo Humanitario como la primera fase para el logro de un proceso de negociación que conduzca a la Paz de Colombia.

Finalizando la intervención, la senadora Piedad Córdoba presentó a través de un video, pruebas de vida del ex congresista Oscar Tulio Lizcano, secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde el año 2000.

El ex legislador conservador de 55 años, padre del hoy representante a la Cámara Mauricio Lizcano, fue capturado por las FARC el 5 de agosto 2000 en Río Sucio (departamento de Caldas) cuando era miembro de la Cámara de representantes. Se encuentra actualmente en un grave estado de salud y no se puede desplazar por sí mismo.

Según han dicho supuestos ex miembros de las FARC a medios colombianos, Lizcano presentaría paludismo cerebral y leishmaniasis. Es el político que más tiempo lleva en la selva.

Es preponderante hacer un llamado al diálogo y a una solución negociada al conflicto que vive el país desde hace más de medio siglo. Y recordó al líder político asesinado el 9 de abril, Jorge Eliécer Gaitán "Colombianos y colombianas apenas pedimos que nuestra patria no transite por caminos que no nos avergüencen ante propios y extraños, pedimos hechos de paz y sensibilización”.


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Ejército - ‘paras’, alianza siniestra en Viotá, Cundinamarca
¿Meras coincidencias?
Por Colectivo de Abogados Alvear Restrepo

"Operativos militares grandes y exitosos del gobierno deAlvaro Uribe han coincidido con una fuerte expansión paramilitar en esaszonas”.
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Así titulaba la revista Semana en julio de 2003 un artículo en elque señalaba varios ejemplos en todo el país, de grandes operativos militaresrealizados con ocasión del Plan Colombia en los que el paramilitarismo habíapodido actuar a sus anchas.

“(…) cuando llegó la Fuerza Pública, en diciembre del año pasado, muchoshabitantes de Viotá respiraron con alivio. Pero la alegría duró poco.

El Ejército realizó allanamientos masivos, muchos sin orden judicial, e intimidóa la población anunciando que detrás de ellos venían los paras. Y en efecto,en marzo llegaron las autodefensas del Casanare”, señalaba el artículo.

Organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos denunciamosdesde el mes de marzo de 2003 la sucesiva y sistemática ocurrencia decrímenes de lesa humanidad contra los habitantes viotunos conforme íbamosteniendo conocimiento de ellos:

desapariciones forzadas, tortura, ejecucionesextrajudiciales, desplazamiento forzado, entre otros, y, desde entoncesvisibilizábamos la clara connivencia entre las Acc y las tropas del BatallónColombia con sede en La Mesa, bajo el mando del teniente coronel (r), (yprófugo), Rodrigo González Medina.

Por ello se afirmó que existía una campaña de deslegitimación de las FuerzasMilitares orquestada por la comunidad de derechos humanos, y como ahora, nopocos esfuerzos gubernamentales fueron desplegados con el fin de desmentir lodicho e invisibilizar a las víctimas, como actualmente lo pretende la PolíticaIntegral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario formulada por el Ministerio de Defensa Nacional .

Hasta el momento, cinco años después de lo ocurrido, se había avanzado en elesclarecimiento de algunos de los hechos y el juzgamiento y sanción penal dealgunos de los responsables, la mayoría de ellos, de menor rango en susrespectivas estructuras.
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Por parte de las Acc, habían sido condenados Maer Isidro Arévalo y José Arnulfo Cortés Bustos y Claudia Patricia Amaya; y se habían sometido a sentencia anticipada por algunos de los delitos Rafael Antonio Chaparro, Luis Fernado Gómez Flórez, Angel Rodrigo Daza Ávila y Agapo Gamboa.

Por parte de los miembros del Batallón Colombia, había sido condenado enoctubre de 2006 el capitán Edgar Mauricio Arbeláez Sánchez a cuarenta años deprisión por los delitos de Homicidio Agravado y concierto para delinquir dedos personas del pueblo que hizo pasar como paramilitares muertos en combateporque “el hombre de arriba necesita un favor para salvar el pellejo ”,

tal y como se deriva de una llamada telefónica que sostuvo con un integrante de lasAcc, refiriéndose a la necesidad del Coronel, de mostrar resultados paraterminar con las sospechas y denuncias que se cernían en su contra. En lamisma sentencia se condenó al cabo Eduardo Enrique Márquez por concierto paradelinquir y como cómplice de los homicidios.

El Sargento Harold Pejendino fue condenado a cuarenta años por los delitos deHomicidio Agravado, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada,desplazamiento forzado y secuestro simple el pasado 31 de marzo.
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Esta semana, se llevó a cabo la primera sesión de Audiencia Pública contra losmiembros de las Acc, Jhon Jairo Sánchez Roa, Oscar Andrés Huertas Sarmiento y Jair Madrigal Quintero y contra los miembros del Batallón Colombia, tenientecoronel González Medina y los mayores Alexander Lizarazu Parra y Alejandro Robayo Rodríguez,

ocurriendo que este último fue reconocido en medio de laaudiencia directamente por el comandante de las “especiales” de las Acc comouno de los participantes en la reunión de coordinación logística entre losmiembros del Batallón Colombia y las Auc, para cometer los crímenes de lesahumanidad. Pero no solamente este impresionante hecho fue conocido en la Audiencia.

Detalles escalofriantes de la coordinación entre las Auc y la Plana Mayor delBatallón Colombia y otros oficiales, salieron a la luz: las “Ordenes deBatalla” que eran entregadas directamente por miembros del Ejército a losparamilitares con los nombres y fotografías a color de los ciudadanos de Viotá

que debían ser asesinados, torturados o desaparecidos; los mecanismos decoordinación para que los retenes del Ejército, que en plena operaciónLibertad I, antesala del Plan Patriota, fueran levantados al paso de losparamilitares cuando ellos lo necesitaran;

la traición del Coronel González Medina a las Auc debido a la entrada a la región del grupo paramilitar de los“Urabeños” de Castaño y Mancuso, quienes habían puesto precio a la cabeza delos miembros del grupo del Casanare; la presencia de miembros de las ACC eninstalaciones de la Policía de Viotá y del Batallón Colombia en la Mesa,

con carnets que los acreditaban como oficiales del Ejército; el relato del propiocapitán Arbeláez de la utilización de encapuchados que señalaban a loshabitantes como auxiliadores de las FARC y muchas otras circunstancias queemergen a la luz después de cinco años de oscuridad.

Hoy podemos contestar a la pregunta que hiciera la revista: ¿Merascoincidencias? No, no fueron meras coincidencias. Los crímenes de lesahumanidad perpetrados en Viotá obedecieron a una impresionante coordinaciónentre las ACC y los más altos miembros del Batallón Colombia y otros oficialesy suboficiales. De esta manera nació el Plan Patriota.

Fecha: 13/07/2003. Edición: 1106. Disponible en: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=71591

Disponible en: http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_Home/Politica_DDHH_MDN.pdf Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca. Octubre30 de 2006. Causa 02-2004-0073

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viernes, abril 11, 2008

Sur de Bolívar
Paramilitares amenazan a organizaciones agro-mineras
Los miembros de Fedeagromisbol, Corporación Sembrar, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y sacerdotes, fueron declarados “objetivo militar” por los criminales
Por Camilo Raigozo. Voz. Con información de Redher

Paramilitares que actúan de manera pública, libre y abierta en el sur del departamento de Bolívar y que se hacen llamar “Águilas Negras, Bloque Norte de Colombia”, amenazaron vía Internet a los integrantes de la Federación Agro-minera del Sur de Bolívar, Agromisbol, Corporación Sembrar, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y a los sacerdotes de los municipios de Regidor y Tiquisio, a quienes declararon “objetivo militar”.

Las amenazas que van dirigidas con nombres propios a sus destinatarios advierten que, “su nombre está en la lista de personas no deseadas por el gobierno nacional que deben ser eliminadas”, señalándolos de ser auxiliadores o integrantes de grupos guerrilleros.

Los criminales agregan que “ustedes y las organizaciones a la cuales representan son un problema para Colombia”, sentenciando finalmente que, “por cada acto delincuencial en contra de la seguridad democrática que ustedes organicen dentro de estos pueblos, serán exterminados uno a uno por orden de lista”.

Los paramilitares les recuerdan a sus víctimas que han venido siendo seguidos muy de cerca por la organización delictiva en los municipios de Tiquisio, Arenal, Morales, Aguachica, La Gloria y Regidor, expresando que, “preparan por donde van asambleas idiotizantes, pero se les va aguar la maricada”.

“Los estamos vigilando minuto a minuto hijueputas, porque llegó la hora de acabar con esta maricada que tienen en estos pueblos. Y el plan de aniquilamiento contra ustedes iniciara con cualquier cierre. No vamos a vacilar en asesinarlos y ‘vallan’ (sic) preparando a sus allegados para que empiecen a enterrarlos”, dicen las tenebrosas misivas.

El pasado 1 de abril en Barrancabermeja, en la reunión del Comité Intersectorial a la que asistieron la Vicepresidencia de la República y la Fiscalía General, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco, expresó, refiriéndose a los hechos de Puerto Rico y Tiquisio, que Fedeagromisbol armaba escándalo por cualquier cosa.

El 2 de abril de 2008, en el marco de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, delegados del Ministerio de Minas, Ingeominas y la Gobernación de Bolívar, acordaron que, “Dada la gravedad de la situación de derechos humanos en el Sur de Bolívar, el Ministerio de Minas y la


Gobernación de Bolívar se comprometen a gestionar una reunión de alto nivel, a la mayor brevedad, con la participación del Vicepresidente de la República, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación, a efectos de tratar la problemática y adoptar medidas para superar la crisis existente”.

Indiferencia del Gobierno

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos puestos en conocimiento de dichas autoridades, hasta la fecha no se conoce de ninguna medida para proteger a los campesinos ni se ha convocado a la reunión acordada.

La continuidad de la Mesa de Interlocución en el tema minero se pone en peligro, por cuanto el Gobierno se niega a adoptar medidas serias y eficaces para garantizarle la vida y la integridad a los moradores de la región, así como su permanencia segura el sus tierras.

La Corporación Sembrar es un organismo no gubernamental de Derechos Humanos, que durante los últimos años ha venido acompañando a los habitantes y organizaciones del Sur de Bolívar en la denuncia, seguimiento y capacitación en la defensa derechos humanos.

El Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, es una organización que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, entidades no gubernamentales y gubernamentales de cooperación internacional y de los gobiernos nacional y local, que ha venido acompañando y apoyando a las comunidades y organizaciones del Sur de Bolívar, en el fomento a iniciativas de paz, promoción del desarrollo económico, social, cultural e institucional y la defensa de los derechos humanos.

La Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fedeagromisbol, agrupa asociaciones mineras y agrarias del Sur de Bolívar y ha generado desde hace décadas riqueza para la región a través de la promoción de proyectos mineros y agrícolas.

También hace parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, la cual ha venido desde el año 2005 adelantando un proceso de interlocución con el gobierno colombiano, para el respeto a la permanencia en el territorio, la garantía a los derechos humanos y la garantía de un desarrollo en condiciones de equidad, dignidad y sostenibilidad.

A su vez, estas amenazas se dirigen en contra de los sacerdotes de Tiquisio y Regidor, personas que desde su vocación pastoral y compromiso eclesial, han acompañado a las comunidades y organizaciones del Sur de Bolívar, de manera transparente y comprometida, en la defensa de los derechos humanos
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miércoles, abril 09, 2008

El Gobierno está entregando tierras de indígenas a particulares
A las más de seis millones de hectáreas de tierra arrebatadas a campesinos por intermedio de la estrategia paramilitar, hay que sumarle ahora la usurpación de los resguardos indígenas
Por Camilo Raigozo. Voz

El consejero territorial de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, Javier Alexander Sánchez, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, que tierras de resguardos indígenas, están siendo entregadas a empresas multinacionales, según lo registra la Red de Derechos Humanos en su boletín semanal .conocido por VOZ.

Según el líder indígena, la usurpación de tierras pertenecientes a resguardos indígenas por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder se viene presentando en los departamentos de Tolima, Meta, Vichada, Putumayo, Cauca y Atlántico, entre otros.

Señaló además a la Red que la problemática se generó a partir del extravío de al menos 200 procesos de prescripción, saneamiento y constitución de resguardos indígenas, en el momento en que el antiguo Instituto de Reforma Agraria, Incora, pasó a ser Incoder. Con la pérdida de dichos procesos, quedó como si las comunidades indígenas nunca hubieran solicitado la constitución de sus asentamientos como resguardos.

Igualmente las poblaciones indígenas se quejan de que desde hace más de una década el Incoder tiene al menos 420 procesos de titulación represados, lo que las hace temer que en la próxima desaparición del Incoder prevista por el gobierno para junio de este año, vuelvan a “extraviarse” los procesos dejándolos inermes frente a la voracidad de las multinacionales,

de los terratenientes y de los paramilitares, quienes están al acecho de los territorios indígenas para sus mega proyectos minero agro industriales, ya que para esto cuentan con la complicidad del gobierno de Uribe, como en el caso de la finca Carimagua, para citar un ejemplo.

“Para esquivar las consultas a las comunidades indígenas, el Incoder se inventa linderos que no existen y de esta manera adjudica territorios pertenecientes a resguardos indígenas a particulares”, dice Javier Alexander Sánchez, quién agregó que, "estas tierras están siendo asignadas a empresas multinacionales para la producción o implementación de monocultivos como caucho, palma aceitera o ganadería extensiva”.

Sánchez dijo que el pasado 20 de febrero en jurisdicción de Puerto Carreño, Vichada, llegaron al menos 20 sujetos bien armados que se transportaban en tres camionetas buscando a las autoridades indígenas de la comunidad Merey.

Les dijeron a los indígenas que venían en representación de la empresa Ercaucho y que tenían que abandonar los terrenos lo antes posible “a las buenas o a las malas” ya que ellos poseían los títulos de los terrenos. Así quedó consagrado en la denuncia que instauraron las comunidades amenazadas ante las autoridades de Puerto Carreño.

Un artículo publicado a finales de febrero por el semanario Llano 7 Días dice que el Incoder entregó cinco mil hectáreas que hacen parte del resguardo indígena Awalibá, en Puerto Gaitán (Meta).

De un plumazo en noviembre de 2004 el Incoder pasó a manos de tres particulares las cinco mil hectáreas que conforman la finca La Campana, habitada desde hace más de 70 años por indígenas de la etnia Sikuani, que hacen parte del resguardo Awalibá, en Puerto Gaitán (Meta).


Adicional a esta problemática legal, los indígenas sienten amenazado su territorio por el incendio que el pasado 27 de febrero consumió por completo las viviendas y literalmente todos los enseres de las 10 familias asentadas en este territorio ancestral.

Organizaciones regionales e internacionales estuvieron de acuerdo en que es necesario calificar el incendio de las casas de los indígenas Sikaune, como un hecho gravísimo, dice entre otras cosas la nota del semanario.

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