Organización internacional de DDHH insta al presidente
Santos a poner freno al abuso de la Fuerza Pública en Urabá
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La organización internacional de derechos humanos, Rete
Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane, envió una dura
carta al presidente Juan Manuel Santos instándolo a que ponga freno a los
abusos del Ejército, Policía y paramilitares contra las comunidades de San José
de Apartadó.
La ONG le solicita al primer mandatario tomar medidas
urgentes contra el coronel Germán Rojas
Díaz, comandante de la Brigada 17 del Ejército, por persecución contra la Comunidad de Paz y sus estrategias
de intimidación contra la población civil con la justificación de la lucha
contra la insurgencia.
Las tropas bajo el mando de Rojas Díaz son acusadas de
disparar indiscriminadamente en medio de la población civil y de usar medios de
comunicación para estigmatizar a los pobladores y a la Comunidad de Paz.
A continuación transcribimos apartes de la carta:
Señor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente
República de Colombia
Vicepresidencia, Ministro de la Defensa, Ministro del
Interior, Ministro de Justicia y del derecho, Fiscal General de la Nación,
Defensoría del Pueblo, Departamento de Policia Urabá, comando de la Brigada
XVII.
Asunto: Solicitud de investigación y medidas para poner
freno a las persecuciones reiteradas por
parte de las Fuerzas Armadas estatales contra los pobladores de la zona.
Respetado Presidente:
Nos dirigimos directamente a Usted y al gobierno que
lidera vista la situación de extrema gravedad que viven un considerable número
de campesinos y campesinas en San José de Apartadó y veredas del entorno:
montajes judiciales promovidos por la Brigada XVII y
falta de independencia del sistema judicial con respecto a los militares;
amplia campaña de estigmatización contra la Comunidad de Paz por parte del
Coronel Germán Rojas Díaz, y violación
del derecho internacional humanitario por parte del Ejército colombiano, sobre
todo del principio de distinción entre población civil no combatiente y
combatientes.
Usted sabe que nosotros/as – integrantes de la Rete
Italiana di Solidarietà Colombia Vive! -
tenemos plena confianza en la opción noviolenta de la Comunidad de Paz y
creemos en sus constancias porque, hasta el momento, todas sus denuncias
siempre se han confirmado.
Sin embargo, no solo contamos con la versión de la
Comunidad, también nos basamos en las informaciones de los acompañantes
internacionales que viven permanentemente en San Josesito y otras veredas, como
medida de protección internacional, y del cuerpo noviolento de paz de la Comunidad Papa Giovanni XXIII, PBI y FOR.
Ahora bien, en cuanto a los montajes judiciales
evidenciamos la reciente captura de la campesina Luz Denis Valle Valderrama,
pobladora de San José de Apartadó y madre de 5 hijos, a quien detuvieron
agentes de la Fiscalía el 6 de agosto, un día antes del acto de posesión de su
segundo periodo como Presidente del País.
De la Fiscalía respondieron a nuestra acción urgente el 8
de agosto, y nos confirmaron la detención de la campesina dando cuenta también
de su ubicación.
Cuando recibimos la constancia de la Comunidad temimos que fuera otra desaparición forzada
como la que ocurrió hace ya un año con el Joven Buenaventura Hoyos, el cual fue
liberado después de 10 meses de cautiverio sin que hasta el momento ningún
órgano estatal haya dado alguna explicación.
Según la Comunidad
de Paz, la detención de Luz Denis no es
más que otro montaje judicial por parte de la Brigada XVII con la manipulación
de sujetos reinsertados quienes, con la presión de los militares que los alojan
y los utilizan, sirven de falsos testigos para señalar pobladores de la zona
como colaboradores de la guerrilla.
En efecto, en la comunicación de la Fiscalía informan que
a Luz Denis se le culpa por el delito de “administración de recursos
relacionados con actividades terroristas” art. 345 del CPP.
Dicha acusación coincide con una denuncia de la
Comunidad, en la que señalan que a
inicios de agosto el desmovilizado Luis Ángel Ceballos, alias Caballo, quien se
aloja en el Comando de la Brigada XVII, elaboró una lista para judicializar y
acusar a pobladores de la zona de colaborar con la guerrilla.
Así mismo, la
Comunidad de Paz nos informa que el procedimiento de detención de esta madre de
cinco niños y campesina fue completamente irregular, puesto que se le negó el derecho a llamar a un abogado y se le
trasladó inmediatamente a Medellín sin
permitírsele comunicarse con su familia
e informar de su paradero.
También, nos inquieta señor presidente que una vez
detenida la persona se proceda con la legalización de la captura, tal y como se
anota en la comunicación recibida por parte de la Fiscalía de Medellín: “Acto
seguido fue trasladada a la ciudad de Medellín ese mismo día, para efectos de
realizar las labores de judicialización y legalización e [sic] captura.
A la fecha, se encuentra bajo medida intramural una vez
se celebró para el día 07/08/2014 la audiencia de legalización de captura,
formulación de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento,
determinada por un juez de conocimiento en esa ciudad”. ¿Sabría usted
explicarnos a que se refieren cuando indican lo anterior?
La Comunidad de Paz, a través de los derechos de petición
dirigidos a su persona en calidad de Presidente de Colombia y máximo comandante
de las Fuerzas Armadas, remitidas por el
sacerdote jesuita y director de la base de datos de violencia política del
CINEP,-
padre Javier Giraldo le ha expuesto con lujo de detalles
y mucha documentación las cuestionantes acciones del coronel Germán Rojas Díaz mientras se
desempeñó como Comandante del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII y en
general, las estrategias que se utilizan
en el Urabá a través de las cuales se tiende a involucrar a la sociedad civil
con la insurgencia cuando reivindican su derecho a no participar en la guerra.
Es de su conocimiento que los montajes judiciales y el
relacionar al campesinado de la zona con los insurgentes es una práctica muy utilizada por los jefes
militares del Ejército como estrategia de control. Recordará Usted, respetado
mandatario, que este modus operandi fue
el que se utilizó para desprestigiar a Luis Eduardo Guerra,-
líder de la Comunidad masacrado el 21 de febrero del 2005
por agentes de las Fuerzas Armadas en colaboración con los paramilitares del
Bloque Héroes de Tolová; y para negar los hechos en el mismo Congreso
colombiano, al que se llevaron los reinsertados a declarar en contra de la
Comunidad de Paz.
Lo que más nos preocupa es la falta de independencia del sistema
judicial, especialmente de la Fiscalía, con respecto al poder de este tipo de
militares.
Reiteramos que muchas de las detenciones y procesos
contra campesinos y campesinas de la zona son iniciados por la Fiscalía de la
región bajo las acusaciones de los militares, teniendo como única prueba los
testimonios de reinsertados, cuya voluntad está sometida al arbitrio de
éstos.
Por eso comprendemos la posición de la Comunidad en su
ruptura con el sistema judicial colombiano, sabe usted también que para que se
establezca la confianza en el mismo, este tipo de prácticas y controles de las
fuerzas militares sobre el sistema judicial no puede ser.
Realmente señor Presidente, esta situación evidencia la
negación de los derechos ciudadanos y la deficiencia del Estado de
Derecho.
Por eso le rogamos que interceda directamente ante el
Coronel Germán Rojas Díaz para que lo convenza de desistir de sus estrategias
de intimidación e involucración de la población civil en un conflicto que para
nada les pertenece.
Y más directamente, le solicitamos que tome las medidas
oportunas, vista y comprobada su animadversión por la Comunidad de Paz de SJA
expresada en las prácticas ya referidas y muy identificadas por las
organizaciones que acompañamos a las comunidades que sufren en medio del
conflicto armado.
Es de conocimiento internacional que las víctimas reales
del conflicto son los campesinos y campesinas que, por desgracia en su país,
han sido históricamente discriminados y maltratados por un amplio sector de la
población y concretamente por parte de los altos vértices militares.
Quisiéramos que el comandante nos demostrara cómo se ha
menguado la credibilidad internacional de la Comunidad, porque ahora más que nunca
las organizaciones internacionales estamos entendiendo claramente la dinámica
que se ha utilizado para debilitar la
opción de los campesinos y campesinas de no ser involucrados en la guerra.
Precisamente este tipo de acciones son las que nosotros
denunciamos porque son estas campañas las que estigmatizan a los campesinos y
campesinas que quieren una Colombia donde no sean las balas las que gobiernen.
Como lo explica claramente la comunidad de Paz en su
comunicación del 13 de agosto del año en curso y ante lo cual estamos
totalmente de acuerdo:
Desde las experiencias directas de nuestras tragedias,
que absolutamente nadie las puede falsificar o disfrazar ante nosotros mismos
que las sufrimos, conocemos de primera mano la mentira que se difunde en las
emisoras radiales, los periódicos y los canales televisivos locales, regionales y nacionales, cuando se
refieren a nosotros.
Conocemos de primera mano las mentiras que redactan en la
Brigada XVII y que le hacen firmar a los aterrorizados detenidos, chantajeados
por torturas y sobornos, obligándolos a firmarlas y a ratificarlas en juzgados
y tribunales para castigar con años de prisión a quienes rechazan las
estrategias de sometimiento a sus intereses.
Conocemos de primera mano las mentiras descomunales de
militares y policías para ocultar la responsabilidad de sus crímenes contra la
población inocente.
Conocemos de primera mano las mentiras de los
funcionarios administrativos y de los directorios políticos que buscan
estigmatizar a quienes repudian sus campañas y manejos inmorales del poder.”
(Leer constancia completa en: http://cdpsanjose.org/?q=node/325).
En nuestros archivos reposan respuestas del Ministerio de
la Defensa y del Ejército, también de la Fiscalía en las que fundamentamos
nuestras reflexiones.
El caso emblemático, pero no el único, al cual ya nos
referimos en líneas superiores, fue
la masacre del 21 de febrero del
2005 y las respuestas que nos
suministraron los órganos estatales ante la denuncia.
Por ello, quienes llevamos años acompañando la opción de
la Comunidad de Paz, los montajes judiciales a civiles con testimonios falsos
de desmovilizados y la atribución de asesinatos y crímenes realizados por los
mismos efectivos de las fuerzas del orden a la guerrilla, los identificamos
como parte de las estrategias de guerra de las fuerzas militares,-
por desgracia contra los civiles. Incluimos también los
falsos positivos, los cuales a propósito, se han reactivado en la zona, como en
el caso de la campesina Yerly Magaly Muñoz, menor de 18 años y madre de un niño
de tan solo 1 año, víctima de un combate y presentada como guerrillera dada de
baja por el ejército.
Por ello, en relación a este hecho que además de cruel
es inmoral; le rogamos limpiar la memoria de esta joven
madre y restituirle la honra propia declarando públicamente que no se trata de
una guerrillera dada de baja en combate, sino de una madre y mujer campesina víctima
de esta guerra que sigue ensangrentando a Colombia, a pesar de los diálogos de
paz en La Habana.
Así mismo, le
reiteramos, por enésima vez, que las Fuerzas Militares del Estado de su
país infringen el derecho internacional humanitario cuando instalan sus
campamentos en terrenos de propiedad privada y cuando irrumpen en las fincas de
los habitantes de las veredas, destruyendo plantaciones de pancoger.
De acuerdo con el comunicado de prensa enviado por el
cuerpo de paz de la Comunidad Papa Juan XXIII que acompaña a la Comunidad para
su protección desde los principios de la noviolencia, el pasado 22 de agosto
durante un combate entre el Ejército colombiano-
(Brigada Móvil XI) y guerrilleros de las FARC en la
vereda Bellavista, jurisdicción de San José de Apartadó, el Ejército Nacional
disparó indiscriminadamente y a altura de hombre sobre diversas viviendas de
habitantes de la zona.
Excelentísimo Presidente, de acuerdo con el mismo
comunicado de los acompañantes italianos, los militares no atienden las
súplicas de los pobladores de las veredas para que no los pongan como escudos
humanos en los combates que libran contra la subversión.
En todas nuestras comunicaciones a los organismos
internacionales hemos expresado nuestra preocupación por la falta de respeto y
los abusos de poder de los efectivos militares contra los civiles y sobre todo
por la dinámica establecida por parte de las tropas-
que se despliegan en las veredas de San José de Apartadó,
o sea la de utilizar las viviendas y propiedades privadas de los campesinos con
fines militares, violando el derecho internacional humanitario y su principio
de no involucrar a la población civil en
la guerra.
Nos resulta muy difícil
imaginar cómo se puede vivir en una zona en la que las Fuerzas del
Estado constantemente están haciendo uso arbitrario de su poder, siempre con la
justificación de la lucha contra la insurgencia.
Señor presidente, Usted como máximo comandante de las
Fuerzas Armadas colombianas es mucho lo que puede hacer para poner límite a los
excesos militares y sobre todo para llamar al orden al Coronel Germán Rojas
Díaz, puesto que desde su llegada se han incrementado las estrategias típicas de
guerra sucia contra la población civil registradas, también, en otros años.
Agradecemos su amable atención,
Andrea Proietti
Presidente Rete Colombia Vive! A nombre de los miembros
de la Red y de su Consejo Nacional:
Abogado Francesco Tartini (Treviso), Giuseppe Coscione
(Genova) y Simona Fraudatario (Roma).
