Valle del Cauca
Importantes ONG realizarán Segundo Foro por los Derechos Humanos
Por Athemay Sterling

El Grupo de Investigación Palenque, en conjunto con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Capitulo del Valle, el Sindicato de Profesores de la Universidad Santiago de Cali y la Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”, entre otros importantes organismos realizarán el miércoles 5 de agosto el II Foro Regional por los Derechos Humanos y la Paz, en el que se tratarán tres ejes temáticos:

1.- Impacto de la Seguridad Democrática en la institucionalidad, la violación de los DDHH y las libertades democráticas.

2.- Dificultades y perspectivas del Acuerdo de Intercambio Humanitario y posibilidades del dialogo para una solución política del conflicto en el marco de un régimen autoritario.

3.- Crisis Económica y Derechos de la Población. y se presentaran casos emblemáticos de la violación de los DDHH en Cauca y Valle.

El foro tendrá lugar en el Auditorio Pedro Elías Serrano (Bloque 3 Piso 4) de la Universidad Santiago de Cali, a partir de las 8:00 AM hasta la 6:00 PM. Entrada libre. Confirmar asistencia en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el teléfono 8939069, correo electrónico cpdhvalle2003@yahoo.es

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Por hechos recientes de violencia en el Catatumbo
Defensor del Pueblo solicita medidas eficaces de protección para la población vulnerable que habita en esa región del país
Comunicado de Prensa

Ante los últimos hechos de violencia, amenazas y vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho internacional humanitario en el que han resultados víctimas ciudadanos inermes de Ocaña y habitantes de los municipios de Convención y Teorama, la Defensoría del Pueblo condena los hechos criminales y las agresiones que han vulnerado el derecho a la vida, la integridad y la libertad de los habitantes de esa zona del país.

La Defensoría Regional de Ocaña informó que desde el 12 de julio de 2009 hasta la fecha alrededor de 9 personas han muerto de manera violenta en Ocaña, Norte de Santander, sin que hasta el momento las autoridades hayan logrado judicializar a los grupos o personas responsables de estas acciónes criminales.

Igualmente, la Defensoría Regional de Ocaña informó sobre la denuncia formulada por parte de la Asociación de Campesinos del Catatumbo Ascamcat, en relación con los hostigamientos llevados a cabo por parte de integrantes de la Brigada 30 sobre los campesinos que habitan en el albergue humanitario ubicado en la vereda Caño Tomás, corregimiento de Fronteras en el municipio de Teorama.

En varios informes de riesgo y en declaraciones públicas el Defensor del Pueblo ha instado a las autoridades municipales para que se establezcan mecanismos eficaces que permitan controlar y evitar los hechos de violencia contra la población civil y se avance en las investigaciones judiciales orientadas a lograr la captura y judicialización de quienes han perpetrado estos hechos lamentables.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de sus Informes de Riesgo ha indicado que los grupos al margen de la ley que han venido realizando acciones de violencia contra la población civil se encuentra conformado por excombatientes de las Auc que, tras la desmovilización del Bloque Catatumbo, buscan consolidar su accionar en perímetros y zonas urbanas, sobretodo en barrios populosos de ciudades grandes e intermedias donde en su momento ejercieron un fuerte dominio, para mantener el control social, político y económico .

La Defensoría del Pueblo, tanto en las notas de seguimiento como en los informes de riesgo que se encuentran vigentes, ha puesto de manifiesto la afectación de la población civil de los municipios de la región del Catatumbo, como consecuencia del continuo e indiscriminado accionar de los grupos al margen de la ley que vulneran los derechos fundamentales de la población e infringen de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario, en particular el principio de distinción frente a la población no combatiente.

En tales informes se reitera a las autoridades municipales, departamentales y nacionales la necesidad de adoptar medidas de prevención eficaces que contribuyan al normal desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes de esta región.

Consejo de Seguridad en Convención

Con el propósito de evaluar las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo para la protección de los derechos humanos de la población civil residente en el Alto y Bajo Catatumbo, se llevó a cabo en la mañana de hoy a instancias de la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña, un Consejo de Seguridad con las autoridades del municipio de Convención con el fin de evaluar las medidas de prevención aprobadas en anterior consejo del 14 de julio y que busca formular una estrategia de prevención de los actos de violencia llevados a cabo por grupos armados ilegales post-desmovilización de las Auc y de los que han sido víctimas pobladores de la zonas urbanas y rurales, Así como controlar la presunta incursión de grupos ilegales en el casco urbano del municipio según comunicado emitido por Ascamcat.

Hostigamientos de la Fuerza Pública a albergue humanitario en Teorama

Según denuncias de los voceros de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, el pasado sábado 18 de julio el albergue humanitario ubicado en la vereda de Caño Tomás llegó un grupo de uniformados integrantes del grupo mecanizado maza y profirieron amenazas.

La Defensoría del Pueblo señala que El campamento de refugio humanitario fue conformado por los campesinos de 24 veredas en esa zona como respuesta a los problemas de carácter humanitario que han venido padeciendo la población campesina del Catatumbo.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, insta a las autoridades y a la Fuerza Pública ofrecer medidas de protección a las personas ubicadas en el refugio humanitario de la vereda Caño Tomás y, al mismo tiempo solicita de los organismos competentes cumplir con las recomendaciones institucionales establecidas en los Autos de la Corte Constitucional con respecto a la población desplazada.

Para la Defensoría del Pueblo las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional de la población civil que se asienta en las zona urbana y rural de la subregión del Catatumbo, constituyen factores de riesgo potenciales para las acciones violentas que se traducen en amenazas, intimidaciones, desapariciones, reclutamientos forzados, homicidios selectivos, enfrentamiento armados con interposición de población civil, ataques armados con efectos indiscriminados y la utilización de métodos y medios para generar terror en la población civil.

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Campesinos del Catatumbo instalaron mesa de diálogo con el Gobierno
Ante la indiferencia de los gobiernos municipales, departamental y nacional por los diálogos los campesinos marcharán hasta Cúcuta. El Ejército infringió el DIH al hostigar al Campamento de Refugio Humanitario
Por Camilo Raigozo. Voz

Campesinos en el Campamento de Refugio Humanitario. Foto Patricia Alonso.

La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, informó ante la opinión pública que el pasado 17 de julio, justo cuando se cumplieron 10 años de impunidad de la masacre paramilitar en el municipio de Tibú, Norte de Santander, más de 550 campesinos y delegados de otras organizaciones sociales instalaron la Mesa de Interlocución y Acuerdo:

Por la Vida, la Dignidad, la Tenencia de la tierra y la Permanencia en el territorio, a la cual habían convocado de forma reiterada a los gobiernos municipales de Tibú, El Tarra, Convención, El Carmen, Teorama y San Calixto, junto con sus respectivos personeros y concejales.

También habían citado a los gobiernos departamental y nacional, lo mismo que a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, a la Oficina de Derechos Humanos de la vicepresidencia, a Acción Social, y a los ministerios del Interior y de Justicia, Medioambiente y Minas y Energía.

Con excepción de los Concejos de Tibú y de San Calixto, nadie cumplió la cita. La indiferencia para con los campesinos fue total y los dejaron solos en el Campamento de Refugio situado en la vereda Caño Tomás, corregimiento de Fronteras, municipio de Teorama, Norte de Santander, sitio de instalación de la Mesa.

Movilización hasta Cúcuta

La convocatoria tenía como propósito acordar salidas a la problemática del campesinado y del pueblo indígena Bari, principalmente en aspectos como: crisis humanitaria y derechos humanos, tierra y territorio, recursos naturales y cultivos ilícitos.

La desidia y el desinterés de los gobiernos para resolver los problemas que ha ocasionado la aplicación de la llamada “seguridad democrática”, la cual ha causado más de 60 ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, fumigaciones indiscriminadas, erradicación no concertada, presencia paramilitar y ausencia de inversión social, entre otros males, los cuales forzaron al campesinado a ampararse en el Campamento de Refugio, desde el pasado 29 de abril.

Ante la indiferencia de los gobiernos municipales, departamental y nacional, los campesinos los responsabiliza de la grave crisis humanitaria y de las acciones que pongan en riesgo al Campamento de Refugio o atenten contra la integridad de sus miembros.

“Frente a esta situación, nos vemos forzados a movilizarnos hasta la ciudad de Cúcuta, porque han sido las movilizaciones las que históricamente han logrado la escasa atención estatal”, afirma el comunicado de Ascamcat.

Ejército infringió el DIH

A las cinco de la mañana del 18 de julio pasado, unos 30 militares de la Brigada 30 del Ejército irrumpieron en el Campamento de Refugio Humanitario infringiendo las normas del Derecho Internacional Humanitario, violentando los derechos de las comunidades de 24 veredas de la región del Catatumbo que se encuentran en el refugio para proteger la vida, por lo que han exigido el no ingreso de grupos armados al mismo.

Los militares bajo el mando del teniente Modelo, amenazaron a los campesinos que en masa se resistieron a la violación militar del refugio. El 20 de julio, a las 9:30 de la mañana, llegaron doce soldados a la entrada del refugio humanitario sobre la altura de Caño Frío, preguntando por los líderes que habían hablado con ellos dos días antes. Filmaron a todos los presentes en el sitio.

Así mismo, hacia las 11:50 de la mañana, en el puesto de control sobre el río Catatumbo en el corregimiento de La Gabarra, Tibú, N. de Santander, fueron filmados 32 campesinos que venían en canoa desde el Refugio Humanitario.

Les tomaron nombres y apellidos y el militar que hizo el registro se identificó solo como cabo primero de la Fuerza de Tarea del Catatumbo, sin dar su nombre. Ningún militar tenía insignia alguna que lo identificara.

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Mapiripán 12 años
¡Que no se olvide, que no se repita!
En medio de amenazas de paramilitares y hostigamientos del ejército, 450 personas realizaron con éxito la Caravana de la Memoria por la Vida y la Paz hasta el sitio en que se perpetraron los demenciales crímenes
Por Camilo Raigozo. Voz

Momentos en que el monumento de homenaje a las víctimas de Mapiripán era colocado sobre el obelisco. Foto Camilo Raigozo.

Al cumplirse exactamente 12 años de la masacre de Mapiripán, Meta, perpetrada conjuntamente por paramilitares, el Ejército, la Policía y tropas estadounidenses que permanecían en la zona, una caravana de la que formaron parte familiares de víctimas, organizaciones sociales,

defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras, sindicatos, asociaciones de personas desplazadas, estudiantes y periodistas, entre otras, logró llegar hasta el sitio donde entre el 16 y el 20 de julio de 1997 fueron cruelmente torturadas y asesinadas al menos 49 personas y desaparecidas más de 20.

La Caravana, que contó con el acompañamiento de representantes del PNUD, Defensoría del Pueblo, Oficina de Paz de Villavicencio, Arquidiócesis de Villavicencio, Diócesis de Granada, Meta, Diócesis de San José del Guaviare,

Brigadas de Paz Internacional y del Observatorio Internacional de Paz, partió de Bogotá a las dos y media de la madrugada del 18 de julio pasado. A su paso por Villavicencio se adhirió otro buen número de personas.

Hostigamiento del ejército

En el puente Nowen sobre el río Guaviare que une a los departamentos de Meta y Guaviare, la Caravana fue recibida por un nutrido número de personas, y organizaciones sociales de esa localidad que presentaron varios actos culturales. Desde el puente fueron arrojados al río 49 claveles blancos en homenaje a cada una de las víctimas.

El arribo a San José del Guaviare tuvo lugar hacia las dos y media de la tarde y allí se realizó una marcha por las principales calles de la ciudad. En el recorrido, varios sujetos fotografiaron y filmaron a los marchantes.

Uno de los sujetos de forma descarada inquirió de una de las participantes que le indicara el itinerario completo de la Caravana pero fue abordado por personas del acompañamiento internacional y periodistas.

Resultó ser José Alirio Contreras Beltrán, miembro de inteligencia del Batallón Joaquín París, batallón que colaboró con los ‘paras’ en la masacre de Mapiripán, según el resultado que arrojan las investigaciones hasta hoy. El militar de civil fue entregado a la Policía y obligado a borrar las imágenes que poseía de personas de la Caravana.

En Mapiripán, luego de navegar durante cinco horas por el majestuoso río Guaviare, la Caravana realizó un desfile por su calle principal y visitó los sitios emblemáticos donde los paramilitares hicieron su festín macabro con personas indefensas.

En el parque principal se llevó a cabo una homilía y varios actos culturales ofrecidos a la memoria de las vícitmas. Tanto las organizaciones componentes de la mesa de trabajo, como los habitantes de Mapiripán y San José del Guaviare habían sido amenazados previamente por paramilitares del régimen, por organizar y participar en el evento.

Deuda pendiente

Cerca del potrero que sirve como aeropuerto de Mapiripán, en la esquina del centro educativo Jorge Eliécer Gaitán, fue erigido como homenaje a las víctimas un monumento de tres metros de altura denominado por su autor, el artista, Luís Alfredo Castañeda, 'La sangre de nuestros mártires renacerá la nueva patria'.

Es un puño de gran tamaño elaborado en fibra de vidrio. La Caravana pernoctó esa noche en la localidad y emprendió el regreso a sus sitios de origen a las tres de la madrugada del lunes 20 de julio.
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En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración entre la Fuerza Pública colombiana y los paramilitares en la masacre. Hasta el momento, de las 49 víctimas reconocidas por el jefe paramilitar Carlos Castaño, solo 11 han sido identificadas, de estas nueve han sido indemnizadas y el resto siguen desaparecidas.

Eduardo Carreño, del Colectivo José Alvear Restrepo, denunció que aún no han sido identificados y condenados todos los responsables del régimen cómplices de la masacre, como tampoco ha habido verdad, justicia y reparación. Es una deuda pendiente que el Estado debe pagar.

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Parauribismo/
Atribuyen a ‘paras’ asesinato de campesino en Sabana de Torres, Santander
Por Camilo Raigozo

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, denunció ante la opinión pública nacional e internacional el asesinato de Herber González Herrera, miembro de esa organización agraria.

Según la denuncia, el pasado 25 de Julio, aproximadamente a las dos de la tarde, González Herrera fue abordado por un sujeto quién logró engañarlo para que lo trasladara a un lugar desconocido.

Sin embargo, González fue encontrado muerto frente a la finca La Alegría, sobre la vía que conduce a Ecopetrol saliendo del casco urbano de Sabana de Torres donde le cegaron la vida con siete tiros de pistola.

Según la fuente, la comunidad ha informado que el nuevo crimen fue cometido por paramilitares autodenominados “Los Rastrojos”, que han venido azotando la región desde hace varios años.

Desde el 2004 la Asociación Agraria de Santander ha sido víctima de constantes asedios, amenazas, persecución y asesinatos, por paramilitares “Águilas Negras” y “Los Rastrojos”, que operan en el departamento de Santander y Magdalena Medio, en especial en el municipio de Sabana de Torres.

Los criminales además de tener amenazados a seis líderes de la organización, han asesinado a cinco campesinos y desplazado a 21, mientras que otros 11 han sido detenidos de forma ilegal.

Los campesinos exigieron al régimen que el nuevo crimen no quede en la impunidad y que se les brinden a las comunidades las garantías de protección de sus derechos humanos fundamentales empezando por la vida.

Finalmente, solicitaron la solidaridad y apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, sociales y sindicales, para que cese el derramamiento de sangre de la población.

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Parauribismo/ Para que no perdamos la memoria histórica
En Medellín, 32.000 víctimas esperan reparación de 'don Berna'

Por Comunicaciones El Retorno

Un mes antes de que Diego Fernando Murillo, 'don Berna', fuera extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008, María Holguín le pidió desde la sala de víctimas del Palacio de Justicia de Medellín que le dijera en qué fosa estaba enterrado su hijo Carlos Emilio Torres, desaparecido el 29 de noviembre de 2002 en la comuna 13 durante la Operación Orión.

La mujer le entregó una fotografía y le recordó que entonces su hijo tenía 28 años y que trabajaba en la empresa de tejidos Lindalana. 'Don Berna' miró la foto y dijo: "En la próxima versión le doy datos luego de preguntar con la gente del bloque, porque no sé de qué me está hablando".

Ella le imploró: "Espero que tenga piedad señor, llevo cinco años esperando saber algo". La espera no ha terminado, 'don Berna' no ha dicho nada y hay pocas esperanzas de que lo haga. "Quiero que me devuelvan los restos, es la mayor reparación para una madre -dice María-. Lo administrativo es secundario".

En esta misma situación están 32.000 personas que se han inscrito en la lista de víctimas en Medellín y que reclaman reparación del ex jefe paramilitar. De ellas, 17.156 dicen que los suyos cayeron en manos del bloque Metro, inicialmente al mando de Carlos García, 'Doblecero', y que luego pasó a las filas de 'don Berna' y por eso se sienten en el limbo. Otras 10.214 responsabilizan al bloque Cacique Nutibara, 3.630 al bloque Héroes de Granada y 783 al Héroes de Tolová.

Según la Fiscalía, en Medellín le atribuyen al ex jefe paramilitar 'don Berna' y a sus hombres 417 desapariciones, 9.290 homicidios y 199 casos de desplazamiento, lo mismo que la expropiación de varios inmuebles, extorsiones y secuestros.

Pero 'don Berna' solo ha dado pistas de dos fosas, y ha reconocido 13 crímenes, nueve de los cuales corresponden a desapariciones y asesinatos. Del resto no hay rastros, ni pistas... Nada.

Y lo más grave es que el 23 de junio, en versión libre en Nueva York, 'don Berna' dijo: "En las actuales condiciones va a ser casi imposible seguir suministrando datos sobre la ubicación de fosas donde están los restos mortales de muchas de las víctimas".

El ex jefe paramilitar ha incumplido el compromiso de colaborar con Justicia y Paz. "Dilata y dilata, y al final termina diciendo que hubo una guerra y que era normal que murieran inocentes -sostiene Fernando, padre de un desaparecido-. No ha dado un solo dato, ni coordenadas".

Los investigadores de Justicia y Paz se enfrentan a una compleja situación porque fuera de 'don Berna' no hay un comandante de bloques bajo su mando que pueda dar pistas sobre los crímenes.

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Daniel Mejía, 'Danielito', quien era su sucesor, fue desaparecido, y Carlos Aguilar, 'Rogelio', el siguiente en la línea de sucesión, se entregó a la DEA el año pasado y está colaborando con las autoridades en temas de narcotráfico. Y 'Job', el que se reunió con altos funcionarios de la Casa de Nariño el 23 de abril del año pasado, fue asesinado tres meses después.

Según, Albeiro Chavarro, fiscal de Justicia y Paz, en Medellín no han podido ubicar fosas y no saben quiénes son responsables de los asesinatos. Tampoco el Fondo de Reparación ha recibido los 122 bienes de 'don Berna' avaluados en 25.000 millones de pesos, que su abogado anunció que entregaría. Estaban a nombre de testaferros y no han podido recuperarlos.

Y no existe una relación de las empresas de transporte, agencias de apuestas y loterías que pertenecieron al ex paramilitar. "Pese al esfuerzo de la Fiscalía, por ahora es imposible devolverles a las víctimas los restos de sus desaparecidos -advierte Chavarro-. Antes de irse, lo poco que se supo fue por preguntas que las víctimas le hicieron a Diego Fernando Murillo".

'Don Berna' fue condenado en Estados Unidos a 31 años de prisión por narcotráfico, pero en Colombia sus víctimas aún esperan la verdad. "Tengo desaparecida a mi mamá Ana Lilia Roldán y a mi hermano Everardo por órdenes de 'don Berna', y ahora me dicen que debería hacer entierro simbólico porque es difícil encontrar los cuerpos -dice Ana-. No me resigno, quiero la verdad".

Pero todo parece indicar que, como lo anticiparon los críticos de la extradición de los ex paramilitares y como dijo Salvatore Mancuso, con ellos extraditaron la verdad.

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Relator de la ONU fue recibido con un falso positivo
Por Redacción de El País en Popayán

Según los voceros indígenas, el comunero nasa Reynel Dagua "fue sacado de su casa y tres horas después se escucharon tres disparos y luego su cuerpo fue hallado sin vida". En Piendamó, James Anaya escuchó 196 denuncias de masacres y atropellos.

Con la noticia del asesinato de un comunero por parte del Ejército en lo que sería un ‘falso positivo’, fue recibido ayer el relator de las Naciones Unidas para asuntos indígenas, James Anaya, en el Cauca.

Anaya no sólo conoció ese caso ocurrido cuatro horas antes de que pisara el territorio caucano, sino que además escuchó cerca de 196 denuncias y quejas por masacres, desapariciones, secuestros, invasión de territorios y violación de los Derechos Humanos por la guerrilla, los grupos emergentes y la Fuerza Pública.

El representante de la ONU visitó Popayán y llegó al resguardo indígena de La María, ubicado en el sector de Piendamó, donde se reunió con 200 asistentes, todos custodiados por la guardia indígena.

Voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, le aseguraron hacia las 7:45 a.m. a Anaya que una patrulla militar adscrita a la Brigada 29 fue la responsable de la muerte de Reinel Dagua Quinto, de 28 años, quien era comunero en el cabildo de Pitayó, entre los municipios de Silvia y Jambaló.

Según le relataron el actual consejero Elides Pechené y la líder Aida Marina Quilque, Dagua Quinto habría sido sacado de su residencia a las 2:15 a.m. de ayer por hombres armados que vestían prendas de la Fuerza Pública.

Tres horas después su cuerpo fue hallado sin vida en un descampado y presentaba varios tiros de armas automáticas y además vestía una prenda camuflada del Ejército.

Por su parte, el Batallón de Infantería Número 8 José Hilario López y la Brigada 29, informaron que Dagua Quinto había caído en combate con las tropas militares y que llevaba uniforme oficial de las Fuerzas Armadas.

Una fuente militar aseguró que la muerte del comunero indígena no fue casual y que para llegar a la operación fue menester un trabajo de la inteligencia militar durante varios meses.

Según fuentes oficiales, el indígena estaba indocumentado y portaba una pistola artesanal.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, del Cauca adelantó la diligencia del cuerpo del supuesto subversivo, en tanto que la investigación fue asumida por una Fiscalía especializada.

"Esta visita pone en evidencia realmente toda la problemática de violación de derechos humanos que estamos padeciendo los pueblos indígenas”. Alcides Musé, consejero.

Después de escuchar a los presentes, el relator de la ONU James Anaya manifestó que es fundamental que exista una verdadera voluntad política entre el Estado y las organizaciones sociales para encontrar las fallas de cada una de las partes a fin de que se aunen esfuerzos y se entre a trabajar con el objetivo de lograr una auténtica paz y de paso, construir lazos de armonía entre indios, negros, blancos y mestizos.

A los medios de comunicación, les expresó que “he venido a ver y a escuchar, pero no puedo de buenas a primeras dar opiniones sobre la situación de orden público y social de Colombia, y si en algo debo y puedo coadyuvar para que el panorama mejore tengo que almacenar en conjunto lo que más pueda”.

Agregó que “en el Cauca me he entrevistado con las autoridades civiles, militares y de policía y personal de la Acción Social y con los dirigentes nativos como Elides Pechené, del Cric, y la ex consejera Aida Quilque, y todos me han hecho aportes muy decisivos para nuestro trabajo”.

El relator de la ONU no quiso hacer ningún comentario sobre el supuesto caso de ‘falso positivo’, sino que espera entregar unas recomendaciones al Gobierno sobre la problemática de los indígenas.

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Para que sean escuchadas 700 familias desplazadas tomaron pacíficamente oficinas de Acción Social en Buenaventura
Por Camilo Raigozo

La Mesa Distrital de Fortalecimiento a la Población Desplazada y el Colectivo de Mujeres en Situación de Desplazamiento de Buenaventura, a través de un comunicado advirtieron que desde el pasado 21 de julio a las cuatro de la tarde, 700 familias, unas 2.000 personas, en condición de desplazamiento, se tomaron pacíficamente las oficinas de Acción Social en Buenaventura, Valle.

La acción de protesta pacífica fue motivada, según el comunicado enviado a Notimundo, por la desidia y los constantes abusos del Gobierno para con la población desplazada en los despachos de Acción Social en ese puerto del Pacífico.

Las 700 familias, cansadas de recibir maltrato, discriminación, evasivas e incumplimiento por parte del gobierno de los autos dictados por la Corte Constitucional para la atención urgente a la población en condición de desplazamiento.

“Esta oficina de Buenaventura actúa como una rueda suelta, atendiendo cuando quieren y en muchas ocasiones, a quien quieren, pese a que es el municipio que mayor cantidad de población desplazada tiene en el Valle del Cauca”, dice el documento.

Al cumplirse el quinto día de toma pacífica, solo en una ocasión se presentaron dos funcionarios de Acción Social para escuchar a las familias desplazadas, Nelly Bazán, coordinadora del programa de Acción Social de la Unidad Territorial del Valle del Cauca y Camilo Andrés Escobar, delegado de Acción Social de nivel central.

Los dos funcionarios y otros de la administración distrital “respondieron de una manera poco precisa y dilatoria, pese a la magnitud y urgencia de nuestra protesta, razón por la cual decidimos no levantar la toma y mantener esta vía de hecho de manera indefinida hasta que la crítica situación de nosotros, la población desplazada en Buenaventura sea tenida en cuenta con seriedad”, afirma el comunicado.

Lo que piden las familias desplazadas

1. Que se supere su condición de desplazados con una oferta estatal que permita de manera efectiva el restablecimiento socio-económico y la inclusión al desarrollo local.

2. Inclusión al Sistema de Registro de Población Desplazada, Sipod, a las personas que no fueron incluidas con argumentos no consecuentes con la realidad que han vivido.

3. Reinclusión de las personas y familias que fueron excluidas del registro sin explicación alguna.

4. Cumplimiento de los compromisos y programaciones de entrega de ayuda humanitaria de emergencia a quienes requieren de este apoyo estatal al haberse afectado profunda y significativamente su vida, honra y bienes a causa del desplazamiento forzado.

5. Cumplimiento del programa de soluciones de vivienda digna como se había planteado por parte de la administración distrital actual, que contribuya al restablecimiento socio económico.

6. Planes de generación de ingresos y empleo digno que les permita ganar de manera honesta el sustento diario.

7. Devolución de sus territorios, libres de actores armados y de cultivos de uso ilícito, minas quiebra-pata, cultivos extensivos de palma de aceite y agro proyectos del gran capital , para poder continuar con sus prácticas productivas tradicionales.

8. Reparación integral a las víctimas de la violencia, por las pérdidas de sus bienes por el desplazamiento forzado.

9. Cumplimiento de los Autos 200 de 2007 y 009 de 2009 sobre el derecho a la protección a las y los líderes de las organizaciones de población en situación de desplazamiento por parte del Ministerio del Interior y de Justicia.

10. Que cesen inmediatamente las amenazas, hostigamientos y persecuciones por parte de los grupos paraestatales que ponen en riesgo su vida e integridad.

Finalmente, solicitaron la presencia de los organismos de control, fiscalización y de justicia, como también la solidaridad de todas las organizaciones de población desplazada, organizaciones sociales, sindicales, defensoras de derechos humanos y el acompañamiento de la ciudadanía en general.

El comunicado lo firman la Mesa Distrital de Fortalecimiento de la Población Desplazada en Buenaventura, Colectivo de Mujeres en situación de Desplazamiento en Buenaventura, Adesempa, Asidespac, Fipan, Fundadesplazado, ODP, Fusapropac, Asodesplaz, Afrodes, Asowespac, Asofutume, Asomudespa y Apcaf.

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Parauribismo/

‘Paras’ amenazan a campesinos en Santander
Por Camilo Raigozo. Con información de Asogras

Campesinos denunciaron amenazas de paramilitares autodenominados ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’, en varios municipios de Santander, según un comunicado de la asociación campesina, Asogras, enviado a este medio.

En el comunicado la Asociación advierte que un grupo de criminales hizo presencia en varias veredas de los municipios Sabana de Torres y Lebrija, Santander y luego de amenazar de muerte a campesinos y líderes, sentenció su presencia permanente en esas regiones. Varios líderes campesinos se vieron obligados a abandonar su tierra.

Mientras tanto, en Bucaramanga también se sintió la presencia de los paramilitares, lo que ha ocasionado temor en los habitantes.

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, había denunciado recientemente nuevas amenazas contra sus integrantes por los grupos paramilitares autodenominados ‘Águilas Negras’ y ‘Los ‘Rastrojos’.

Igualmente denunció que el pasado 12 de julio se presentaron en cuatro motocicletas ocho hombres, quienes dijeron ser miembros de las ‘Águilas Negras’, y que a partir de ese momento el control estaría por parte de ellos en la zona.

La información suministrada por Asogras señala que los campesinos de esas regiones fueron advertidos sobre la presencia de los integrantes de los grupos paramilitares.

Según Asogras, las amenazas se centraron en las zonas de Chuspas y Vanegas, lo mismo que en la vereda de Palanqueros, cerca de la finca Santa Clara, en el municipio de Lebrija, Santander.

Ante las amenazas, Maribel Quintero García, directiva de Asogras residente en la finca Jazmín, de Caño Cuatro, vereda Chuspas, Lebrija, tuvo que desplazarse forzadamente ya que los ‘paras’ le advirtieron que la matarían sí se demoraba en salir del lugar.

Maribel Quintero García, era secretaria departamental de Asogras y en estos momentos se encuentra desplazada en algún lugar del departamento de Santander.

El documento también señaló que desde el 16 de julio fue amenazado de muerte Alecxer Daniel Contreras, por parte del grupo del grupo paramilitar ‘Los Rastrojos’, que operan en Sabana de Torres. El campesino tuvo que abandonar forzadamente su territorio.

Desde el 2004 los dirigentes y miembros de Asogras han sido víctimas de constantes asedios, amenazas, persecución y asesinatos, por el paramilitarismo, hoy con los remozados nombres de ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’, que operan en Santander, Magdalena Medio, especialmente en Sabana de Torres.

En esas circunstancias cinco campesinos han sido asesinados, 21 han sido desplazados, 11 han sido detenidos ilegalmente y están amenazados seis directivos de Asogras.

La fuente señala que “la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, advirtió, que sindicalistas, líderes comunitarios y asociaciones sociales de Bucaramanga y Barrancabermeja, recibieron amenazas del grupo armado 'Águilas Negras' en las últimas semanas”.

Una de las sindicalistas amenazadas por los paramilitares ‘Águilas Negras’ fue Belcy Rincón, secretaria general de Sintraclínicas, a quien el 19 de junio pasado le llegó a su apartamento una amenaza.

Según Codhes, fuente de Asogras, recientemente han sido amenazados por los ‘paras’, David Flórez, presidente de la CUT Santander, Javier Correa, presidente Nacional de Sinaltrainal, César Plazas, tesorero de la CUT Santander. Martha C. Díaz, presidenta de Astdemp, Fernando Porras, encargado de Derechos Humanos, también de la de la CUT Santander.

Así mismo han recibido amenazas César Tamayo, dirigente sindical y popular perteneciente a Fensuagro, William Rivera, directivo sindical de Sudevi, Gustavo Mendoza y Carolina Rubio del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Bucaramanga y Nohora Villamizar, maestra, integrante del grupo de trabajo de la CUT Santander.

En Barrancabermeja, según Codhes, las amenazas de ese grupo apuntan a las organizaciones sociales que trabajan con víctimas del conflicto armado.

En el puerto petrolero el 18 de junio, llegó a una de las organizaciones amenazadas un comunicado en donde se declara “objetivo militar” a organizaciones como Adeco, USO, OFP, Credhos, Acvc y Asodesamuba.

Líderes de las organizaciones amenazadas consultados por Codhes, advirtieron que las amenazas estarían relacionadas con denuncias hechas sobre la presencia de ‘paras’ en las comunas Siete y Diez de Barrancabermeja, donde siembran el terror en las comunidades.

Codhes le recordó a nuestra fuente que “las amenazas ya cobraron la vida de un joven transportador en el barrio 20 de Agosto, sector nororiental de Barrancabermeja, y un atentado contra un establecimiento comercial en el barrio Versalles, que dejó heridos a un adulto y a un menor”.

Foto: Internet, El Frente.

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