sábado, febrero 01, 2014

Terrorismo de Estado
Paramilitares atentan contra la vida de defensora de derechos humanos en Sabana de Torres, Santander
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 26 de enero a las 12:45 del día,  cuando la defensora de derechos humanos Martha Jiménez Aholios se encontraba almorzando en su casa con un grupo de amigos, llegó un sujeto vestido de negro, con un corte al estilo militar, armado con una pistola y al ver que habían varias  personas salió corriendo hacia el Barrio La Unión.

Más adelante, en la esquina que va del Asentamiento Siete de Agosto a la pista del Aeropuerto,  se paró amenazante con la pistola en la mano y gritó que “saquen a esa hijueputa del barrio”.

Entre los testigos estaban Alfonso Yepes Patiño, Jesús Colorado, Rubén Medrano Pedraza y Matilde Gamboa Pulido, informo la Asociación Agrícola de Santander, Asogras.

Según la denuncia, se presume que los responsables son el grupo paramilitar de “los Urabeños” que operan en el Magdalena Medio y Sabana de Torres.

“Hechos que fueron puestos inmediatamente en conocimiento de la Policía de Sabana de Torres, sin que se conozca cual fue el resultado de las pesquisas adelantadas por la Policía”, dice el documento.
                                           
La defensora de derechos humanos ya había sido amenazada por el grupo paramilitar autodenominado “ejército antirestitución de tierras” el 15 de marzo del año pasado.

En esa ocasión le dieron un plazo perentorio de 48 horas para que desistiera de la solicitud de restitución de tierras, más exactamente de la parcela El Limoncito, en la vereda Provincia, municipio de Sabana de Torres y otra en el norte de Bucaramanga de donde salió desplazada con su familia.

Dos hermanos de Martha Jiménez Aholios fueron asesinados por paramilitares en Sabana de Torres y otro en el norte de Bucaramanga.

A lo anterior se suman las amenazas e intimidaciones del cabo de la Policía José Cala Trujillo, quien el pasado 23 de enero a las 3:26 de la tarde llegó con el argumento de pasar revista a la residencia de Cesar Augusto Tamayo, a quien llamó para que saliera de la casa.

Tamayo, presidente de Asogras, le manifestó que entrara y cuando el agente ingresó le dijo que le iba a entregar el arma. Cuando el dirigente campesino le pregunto al uniformado a qué arma se refería este de forma agresiva le contesto que pediría al Ministerio del Interior para que le fueran retiradas las revisiones de la Policía, dadas las amenazas contra la vida de Tamayo.

El líder campesino le dijo al policía que “haga lo que quiera”, el agresivo agente lo amenazó diciéndole que se atuviera a las consecuencias porque eso no se quedaba así. Tamayo denunció los abusos del agente ante el sargento Gustavo Amador de la oficina de derechos humanos de la Policía.


Terrorismo de Estado
Fuerzas oscuras del régimen asesinaron otro hijo de Ana Fabricia Córdoba, reclamante de tierras
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Estado terrorista que padece Colombia acabó con la vida de otro de los hijos de la activista social, reclamante de tierras y exsobreviviente del terror de la estrategia paramilitar en Urabá, Ana Fabricia Córdoba.

La saña del régimen no ha claudicado en el objetivo de exterminar por completo a la familia Ospina Córdoba, utilizando para ese trabajo sucio a paramilitares y todo tipo de sicarios.

El ataque a la familia empezó por la época en que nació la Unión Patriótica y un hermano de Ana Fabricia fue militante activo de ese partido político en Urabá, al punto que fue elegido concejal en Apartadó.

En el año 2000 utilizando la estrategia paramilitar, el régimen asesinó al esposo de Córdoba y a uno de sus hijos. Ante las amenazas de exterminio y para proteger lo que le quedaba de familia Fabricia se desplazó forzadamente a Medellín un año después.

Allí organizó a las comunidades del barrio La Cruz al nororiente de Medellín, con las que denunció la vergonzosa complicidad existente entre la Policía y los paramilitares, lo que sin duda no le perdonaron.

Fue así como en uno de los atentados, paramilitares llegaron a su casa para asesinarla pero logró evadir la muerte. Sin embargo su segundo esposo no corrió con la misma suerte y lo mataron. En el 2004 fue detenida, arbitrariamente por los cuerpos represores del régimen y encarcelada durante dos meses acusada de pertenecer a las FARC EP.

Después los criminales violaron sexualmente a una de sus hijas y asesinaron a su hijo Carlos Mario Ospina de 13 años. Ana Fabricia responsabilizó del crimen a la Policía del barrio La Cruz, cuyos miembros perseguían y torturaban a los jóvenes en complicidad con paramilitares.

Por las denuncias su casa fue allanada en varias ocasiones de manera ilegal y arbitraria, así como también fue amenazada y acusada de ser guerrillera.

La saña del régimen siguió su camino de exterminio y fue así como el 7 de julio de 2010 su hijo Jonatan Arley Ospina de 19 años de edad fue asesinado. Como en el caso anterior y con fundamento, Ana Fabricia culpó del crimen a la Policía lo que generó el recrudecimiento de las amenazas contra su vida y la de su familia.

Ella había denunciado decenas de veces ante el Estado las amenazas y atentados de  las que eran víctimas. Igual número de veces pidió la protección del régimen, sin embargo su voz nunca fue escuchada.

Por el contrario, el 7 de junio de 2011 Ana Fabricia Córdoba, de 57 años de edad, fue asesinada por un sicario que le disparó en la cabeza cuando viajaba en el interior de un bus de servicio público.

Sin embargo su muerte no le dio fin a la perversa estrategia de aniquilamiento de la familia. Este sábado 1 de febrero de 2014, al filo del mediodía, las fuerzas sicariales del régimen criminal y violento que padece Colombia asesinaron en su sitio de trabajo, un lavadero de carros, a Carlos Arturo Ospina Córdoba, de 22 años de edad. Desde luego, su muerte también quedará en la impunidad.

viernes, enero 31, 2014

Terrorismo de Estado
Denuncian bombardeos indiscriminados y pillaje por parte del Ejército
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 21 de enero a las 8 de la noche, en la vereda Nueva Colombia, municipio de Vistahermosa, Meta, la Fuerza Aérea bombardeó un campamento de las FARC EP  y arrasó con al menos 10 hectáreas de montaña la Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombiano, Dhoc.

Habitantes de las veredas Nueva Colombia, Caño Cabra y Caño San José, así como personal de la Fundación Dhoc dirigidos por las juntas de acción comunal y los comités de derechos humanos llegaron hasta el sitio del bombardeo y pudieron observar el inmenso daño ambiental.

El campesino Yilmer Cardona quien se encontraba de cacería duró dos días perdido en la selva y por fortuna logro salir con vida a la vereda El Silencio, luego de ser alcanzado por la onda explosiva que afecto a los habitantes de las 3 veredas antes mencionadas.

Los bombardeos indiscriminados no solo causaron un profundo daño ecológico, sino que también afectó sicológicamente a la población, especialmente a los niños, según la denuncia de José Samuel Mora Rojas, miebro de Fdhoc.

Según la queja, los militares de la Brigada Móvil 7 realizan actos de pillaje, violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra la población.

Por ejemplo, el pasado 23 de enero un militar golpeó al afrodescendiente Luis Mosquera y luego de tirarlo al piso le hicieron disparos al pie de la cabeza. La arbitrariedad se hizo en presencia de Aminta Moreno, de 64 años y de Pedro Córdoba. Este último salió corriendo para evitar la golpiza y los militares le dispararon ráfagas de fusil. Córdoba salió ileso por fortuna.

Campesinos denunciaron también que los militares le prendieron fuego a varias fincas de  campesinos argumentando que eran de la guerrilla. Al cierre de esta nota iban más de 120 hectáreas consumidas por el fuego que sigue sin control.

A última hora en el sitio hizo presencia la Cruz Roja Internacional y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. Igualmente las comunidades denunciaron los atropellos ante las autoridades competentes a nivel nacional e internacional con muy poca esperanza de que cesen los ataques contra la población civil y se haga justicia.

Finalmente las comunidades denunciaron a Fdhoc que varios campesinos han sido señalados y estigmatizados por los militares quienes los acusan de ser auxiliadores o milicianos de la Guerrilla. Foto: Comunidades.


miércoles, enero 29, 2014

Terrorismo de Estado
El Ministerio de Defensa tendrá que pedir perdón por crimen de sus tropas
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Estado terrorista en cabeza del presidente Santos, el ministro Juan Carlos Pinzón y en este caso, la Brigada 16 de Boyacá-Casanare, deberá pedir perdón públicamente por el asesinato a sangre fría del campesino Luis Alberto Vega Patiño.

El desagravio tendrá que cumplirse hoy 30 de enero a las 12 m, en el municipio de Labranzagrande, Boyacá y debería encabezarlo el ministro de la guerra y la represión contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, informó  la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, defensora de las víctimas.

El perdón público es parte de la reparación directa a las víctimas de los hechos criminales perpetrados el 4 de junio de 2006, en la vereda Cueta, municipio Labranzagrande,  por terroristas pertenecientes a la Brigada 16 del Ejército con sede en Yopal, Casanare.

“Este hecho, ocurrido bajo la jurisdicción de la Brigada 16, en ese entonces al mando del general Henry William Torres Escalante, forma parte de una serie de crímenes cometidos en Casanare y Boyacá, bajo la responsabilidad de unidades militares de esta Brigada”, afirma la nota de prensa de la FCSPP.

Entre diciembre de 2005 y junio de 2007 fueron asesinados por las tropas de la Brigada 16, bajo el mando de Torres Escalante, al menos 57 personas, advierte la fuente quién basa sus informaciones en las investigaciones del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la CCEEU y el banco de datos de DDHH y DIH del CINEP.

Todos estos crímenes incluido el del campesino Luis Alberto Vega, gozan de la más vergonzosa impunidad, a tal punto que no existe sanción alguna contra los criminales, los cuales continúan en servicio activo en las fuerzas militares “lo que se constituye en un peligro para la sociedad, la familia y los testigos”.

“Aunque la sentencia de reparación administrativa ordena, entre otras cosas, la realización del acto de disculpas públicas, en un fallo que tuvo lugar el 19 de abril de 2012 por el Juzgado Segundo Administrativo de descongestión del circuito de Santa Rosa de Viterbo, en el proceso que cursa ante la Fiscalía 43 de la Unidad de Derechos Humanos, no se ha llevado a cabo la audiencia de imputación y no existe medida de aseguramiento contra ninguno de los responsables”, asevera la FCSPP.

A última hora se supo, según pronunciamientos del Ejército, que el ministro Pinzón, bravucón contra el proceso de paz que se adelanta en La Habana, contra miembros de Marcha Patriótica y los campesinos, no le dará la cara a las víctimas y enviará al general Ricardo Gómez Nieto en su reemplazo.

Se tiene previsto que al acto de desagravio asistan las víctimas, familiares y organizaciones acompañantes, pero se tiene el temor de que en el futuro se presenten retaliaciones de los victimarios por el hecho de exigir justicia, reparación y castigo a los criminales.


Terrorismo de Estado
Militar y paramilitar amenazan a miembros de Marcha Patriótica en Sucre, Cauca
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 24 de enero a las 6 y media de la tarde, un militar perteneciente al Batallón de Alta montaña 4 General Benjamín Herrera, llegó hasta la panadería Choroto, de propiedad de Ricardo Quinayas Galindez.

De forma amenazante el militar dijo:  “Llegamos al pueblo miliciano, a la panadería miliciana. ¿Dónde estará el panadero miliciano para darle con esta?”, señalando el fusil.

Tres días después, lunes 27 de enero, en horas de la mañana habitantes del lugar vieron a un desconocido rondando el municipio de forma sospechosa. El sujeto es alto, robusto, trigueño, portaba un casco y tenía cicatrices en los dos brazos.

A las dos de la tarde el desconocido entró a la panadería de Quinayas Galindez y repitió las amenazas que había pronunciado en otros lugares, según testigos de la comunidad: “tengo vistos a tres personas en este pueblo para matarlos.  A mí no me hacen nada, tengo gente que me respalda” y se retiró del sitio.

Ricardo Quinayas Galindez es  un dirigente campesino miembro de Marcha Patriótica, forma parte de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos en el Cauca y de la coordinación del Partido Unión Patriótica, denunció la Reddhfic.

El genocidio que se está llevando a cabo contra el movimiento político Marcha Patriótica, 30 asesinatos y tres desapariciones forzadas en menos de dos años, sigue la misma estrategia del genocidio contra la Unión Patriótica:

Militares o policías recogen los datos de las futuras víctimas por medio de filmaciones, fotografías, empadronamientos, seguimientos y señalamientos, entre otros y luego criminales adiestrados o paramilitares hacen el trabajo sucio de asesinar, desaparecer o desplazar a las víctimas, quedando todo en la impunidad.

Por estas razones las comunidades y las ONG de derechos humanos responsabilizan por estas amenazas y por los futuros crímenes al Estado en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, del gobernador del Cauca Temístocles Ortega, del mayor general del Ejército Germán Giraldo Restrepo y del comandante de la Policía del Cauca, coronel Iván Ramiro Pérez Manzano.

lunes, enero 27, 2014

Conflicto social y armado
Enfrentamientos entre las FARC EP y el Ejército dejaron a un teniente muerto y tres soldados gravemente heridos
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Según información de medios locales y nacionales enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla de las FARC EP dejaron como saldo al teniente José V. Villamil Pedreros muerto y heridos a los soldados Yurley Escudero Cortés, Johnatan Mendoza Mosquera y Yeisón A. Ortega Sotelo.

Los combates se presentaron en la vereda La Alea, zona rural de Puerto Asís, Putumayo y los militares pertenecían al Batallón de Selva 55. Los heridos fueron trasladados al hospital de Puerto Asís.

La muerte y las mutilaciones de estos humildes soldados, así como la de los guerrilleros que han corrido la misma suerte se hubieran podido evitar si los señores de la guerra, ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el presidente Santos y en general la oligarquía nacional, accedieran a firmar un cese bilateral del fuego.

No lo hacen porque no son sus familias las que padecen el dolor y porque las barbaridades de la guerra las observan complacidos y muy cómodos desde sus poltronas. Es muy fácil ser valiente y guerrerista cuando se tienen estos privilegios.

Puerto Asís, Putumayo
Acusan al Ejército de amenazas y falsos señalamientos contra dirigente campesino
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo, Sintcafromayo, denunció que el pasado 25 de enero a las 7:20 de la noche, personas de las comunidades del corredor Puerto Vega-Teteye, le informaron a William González, sobre una amenaza del Ejército.

González, llamado “Champeta” cariñosamente por las comunidades, aparece en un volante firmado por el Batallón de Artillería 27 del Ejército, donde es señalado de pertenecer al Frente 48 de las FARC EP y lo insta a “pagar todos sus delitos”.

Según la denuncia el labriego William González es delegado de la junta de acción comunal de la vereda Agua Blanca los Cristales, la cual está a filiada a Fensuagro. Asi mismo es responsable de derechos humanos de las dos organizaciones sociales.

Por estos hechos las comunidades acusan al Ejército de vulnerar los derechos fundamentales de González y de sus comunidades, lo mismo que de violar los artículos 13, 14 y 15 de la Cnstitución Nacional.

Tanto las comunidades, como ONG de derechos Humanos, responsabilizan directamente al Ejército del posible asesinato del campesino, ya que esta estrategia perversa se ha venido aplicando en el resto del país, en la que los crímenes y desapariciones son realizadas supuestamente por paramilitares.

domingo, enero 26, 2014

Cúcuta, N de Santander
Uribe sufre otra fuerte repulsa y los manifestantes fueron brutalmente reprimidos por el régimen
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Este domingo en el sector conocido como El Malecón, en Cúcuta, centenares de personas que abuchearon y chiflaron a Álvaro Uribe y a su candidato a la Presidencia Oscar Zuluaga, fueron agredidos brutalmente por la Policía.

“¡Paraco!” “¡asesino!” “¡ladrón!” le gritaron, entre otras verdades, a Uribe los manifestantes antes del ataque policial. Anteriormente el “chuzador de la Casa de Nari” había sido abucheado y echado de Tunja, Soacha, Palmira y Neiva.

Según información que circula en las redes sociales la represión policial dejó varios heridos, dos de ellos de alguna gravedad.

Uribe llegó a la Presidencia de la República en el año 2002 de manera ilegítima, ya que se comprobó que paramilitares obligaron a poblaciones enteras a votar por Uribe y también financiaron sus campañas con dinero del narcotráfico.

El segundo mandato de Uribe no fue menos ilegítimo, ya que además de las acciones delincuenciales de la anterior campaña, se comprobó que su gobierno compró los votos a congresistas para reformar el “articulito” de la Constitución que le permitía un segundo periodo consecutivo, en lo que se conoció como “Yidispolítica”

A pesar de que el gobierno de Uribe durante los dos periodos se distinguió por ser uno de los más corruptos y sanguinarios en la historia de Colombia, los medios de comunicación de la oligarquía se encargaron de mantenerle  una imagen falsa de alta simpatía y aceptación que ahora se está derrumbando.

Uribe es el Presidente más investigado en la historia con al menos 276 demandas ante la Comisión de Acusaciones del Congreso y otras más en diferentes instancias judiciales, que van desde paramilitarismo hasta altos grados de corrupción. 

Sin embargo "el número uno", como lo llamaban sus secuaces en el DAS, todavía mantiene el poder suficiente para evadir las acciones judiciales. Poder que necesita seguir teniendo desde el Congreso y con la colocación de sus fichas claves en los diferentes poderes del Estado. Fotos 1, 2 y 3, de Internet.


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