Asesinan a líder político de oposición en Arauca
Por Camilo Raigozo

Este viernes 8 de agosto, a las 9: 30 de la mañana aproximadamente, fue asesinado por desconocidos Luís Mayusa Prada, líder político y social del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo, cuando se trasladaba a su residencia en el barrio Galán, en el municipio de Saravena, Arauca.

La víctima era militante de los dos partidos de oposición y desarrollaba su actividad política en este municipio, razones por las cuales había recibido amenazas de paramilitares afines al régimen uribista..

La Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca, el Partido Comunista, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras, condenaron enérgicamente el crimen que enluta nuevamente a Colombia.

La nueva ejecución extrajudicial selectiva contra miembros de los partidos de oposición, pone en evidencia la falta de garantías para el ejercicio político y sindical en el país.

El pasado 31 de julio en el municipio de Arauquita, la comunidad de Arauca, hizo más de 300 denuncias de asesinatos selectivos, detenciones masivas ilegales, desplazamientos forzados, amenazas y fumigaciones, entre otras violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y paramilitares.

El Partido Comunista, El Polo y las organizaciones defensoras de derechos humanos, solicitaron a los organismos de control y al gobierno de Uribe una inmediata y eficaz investigación para que este otro crimen no sea cobijado con el manto de la impunidad.

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Acábenlos
Por Ramiro Bejarano Guzmán

La semana que pasó dijo muchas cosas el presidente Uribe, unas trascendieron, como su reto populista al Banco de la República para que maneje la economía oyendo al pueblo; y otras, igualmente importantes, no han merecido comentarios, como la extraña orden que impartió a unos generales en relación con lo que debían hacer con unos delincuentes.

En medio de un acto oficial en Medellín, rodeado del calor de sus paisanos –a los que ha consentido tanto en desmedro de otras regiones, como el Valle del Cauca– el Presidente impartió una orden perentoria a los generales que allí se encontraban. Con su estilito, entre arrogante y aparentemente descomplicado, Uribe sentenció: “A los bandidos que quedan aquí, de la Oficina de Envigado: un tal ‘Yiyo’ y un ‘Memín’. A esos acábenlos. ¡Y por cuenta mía, no se preocupen!”.

¿Puede el Presidente de una nación democrática, de cuya legislación está proscrita la pena de muerte, impartir la orden a unos generales de que acaben con unos delincuentes? La respuesta categórica es no. Por encima del 91% de la popularidad del Presidente está la Constitución, que no puede ser ignorada, ni siquiera para reprimir el delito.

Se equivocan aquellos que privada o públicamente sostienen que todo lo que haga Uribe para recobrar la paz es legítimo. Tal tesis ya la ensayaron los paramilitares, cuando creyeron que para combatir a la insurgencia todo valía. El tiempo demostró que cuando el delito se combate con más delito, no hay justicia ni tampoco paz.

A lo mejor, cuando el Presidente dio tan extraña orden no tuvo la intención de decretar la muerte de unos delincuentes, pero el tono, más el talante, dejaron el sabor de que bajo el temido “acábenlos” lo que se pedía a los generales no era otra cosa que el aniquilamiento físico de unos facinerosos, que por más que lo sean tienen derecho no sólo a un juicio rodeado de garantías sino además a que se les respete la vida, así hayan cometido crímenes atroces.

Si mañana, por desgracia, llegasen a aparecer muertos ‘Yiyo’ o ‘Memín’ o ambos, la duda mortal de la que habló para siempre Racine podría poner en aprietos al Mandatario que dio la orden de acabarlos y ponerlos en su cuenta. ¡Qué tal que se sobregire!

El Estado de Derecho no consiste en que una sola persona mande, gobierne, juzgue, absuelva, condene, controle y ejecute a los ciudadanos. Cuando un hombre puede y debe hacer todo él solo, ese Estado es totalitario y peligroso.

Si algo está extraviando a Uribe es ese 91% de popularidad que lo tiene convencido de que puede hacer y deshacer, al extremo de considerar que puede manejar el país, como lo hace con su finca ‘El Ubérrimo’, y hasta mentir, como quedó demostrado en el video de la operación Jaque.

Tal parece que el mal hizo metástasis, a juzgar por la altanera entrevista que concedió José Obdulio Gaviria a este periódico, en la que a la pregunta “¿Qué candidato le gusta?”, respondió que “el presidente Uribe o el uribismo determinarán el que sea el sucesor del Presidente”, aseveración que riñe con las buenas costumbres democráticas.

Con razón alguien dijo que cuando Dios quiere perder a un hombre, lo vuelve soberbio.

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Organizaciones españolas constataron “terrible” situación de los derechos humanos en Colombia
Por Camilo Raigozo. Voz

De izquierda a derecha, Elena Vásquez, Javier Arjona, Rafael Palacios y Enrique Alcalde. Foto Camilo Raigozo

En rueda de prensa realizada el pasado 1 de agosto, una delegación de diferentes organizaciones sociales provenientes de varias provincias españolas, denunciaron la grave situación de derechos humanos en las tres regiones que habían visitado previamente.

“La Universidad del Atlántico en Barranquilla, no parece un centro de educación superior, sino una penitenciaría. En nuestra visita, nos hostigó palmo a palmo mucha gente de seguridad privada fuertemente armada. Además hay cualquier cantidad de videocámaras que te vigilan en todo momento”, observó Rafael Palacios, miembro del Grupo Parlamentario Izquierda Unida por Asturias.

También dijo que allí no hay libertad de cátedra y que ni estudiantes ni docentes pueden opinar ni debatir libremente sin correr el riesgo de pagar con su vida la osadía.

Admitió que los directivos de la universidad costera son uribistas y tienen al estudiantado dividido en dos grupos: estudiante buenos y estudiantes malos. Los buenos no opinan, no critican, no debaten, no exigen y menos protestan y se movilizan.

Sí lo hacen son señalados de ser guerrilleros y pasan a ser “objetivos militares” de los paramilitares. “Lo mismo pasa en las universidades del Valle, Cauca, Industrial de Santander y Antioquia, entre otras”, dijo Palacios.

En el municipio de El Castillo, Meta, otro de los sitios visitados, las mismas tropas del ejército les dicen a los pobladores “detrás de nosotros vienen los paramilitares”. El paramilitar alias “Muelas”, patrulla el casco urbano conjuntamente con el ejército y en presencia de la Comisión, seis sujetos fuertemente armados que se movilizaban en una camioneta blanca amedrentaron a la población diciendo que eran del Gaula.

En un área totalmente militarizada, al preguntarle al ejército sobre dichos sujetos respondieron que no sabían quienes eran.

Mientras tanto en Palmira, Valle, coincidencialmente con la llegada de las trasnacionales españolas, como Unión Fenosa, se prolifera el paramilitarismo y con ellos, las masacres, los desplazamientos, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales.

En Corinto, Cauca, las fuerzas militares bombardean indiscriminadamente zonas civiles. “Se pudo constatar que el 97% de las violaciones y crímenes son cometidos por la Fuerza Pública y paramilitares, mientras que en el 3% es cometido por las guerrillas”, denunciaron los españoles.

A mediados de septiembre saldrá a la luz pública el documento completo, el cual será conocido por el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, de la OEA, de la OIT, del Parlamento Europeo, del español y del asturiano, entre otros organismos internacionales.

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Arauquita, Arauca
El pueblo denunció a sus verdugos
La Fuerza Pública y los paramilitares fueron acusados de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en la región
Por Camilo Raigozo. Enviado especial Voz

En la imagen la senadora Gloria Inés Ramírez, fustiga a los agentes del Estado incluyendo al paramilitarismo, por ser los máximos violadores de los derechos humanos de forma persistente. Foto Camilo Raigozo

El pasado 31 de julio, se realizó en el municipio de Arauquita, Arauca, la Primera Audiencia Pública, por los derechos humanos en esta zona del país, terriblemente azotada por la violencia del régimen uribista contra la población civil inerme, agudizada por la mal llamada “seguridad democrática”, que desde el año 2002 ejecuta en este departamento petrolero el denominado laboratorio de guerra.

Asistieron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Germán Navas Talero, Germán Reyes, Rosmery García, Gullermo Santos y Juan Manuel Hernández, lo mismo que la presidenta de la Comisión de Paz del senado de la República, Gloria Inés Ramírez, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y las organizaciones sociales del departamento de Arauca.

La cita se cumplió en la Institución Educativa Liceo del Llano, donde la comunidad denunció ante la opinión pública nacional y extranjera las constantes detenciones masivas ilegales, el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la corrupción administrativa, la persecución y estigmatización contra el movimiento sindical y las organizaciones sociales, las amenazas, las fumigaciones indiscriminadas, el desempleo y los abusos de las transnacionales petroleras.

Dos casos

Vista parcial de la comunidad araucana en la Primera Audiencia por los derechos humanos. Foto Camilo Raigozo.

El 23 de junio de 2004 fue detenido el joven campesino Tilzón Barrera Acosta, en la vereda Aguachica, municipio de Arauquita, por miembros de la Brigada 18 del Ejército Nacional. En la guarnición militar fue sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos por varios días. Luego lo trasladaron al Batallón Rafael Navas Pardo en Tame, donde permaneció 10 días en las mismas circunstancias.

El 10 de julio siguiente, nuevamente desde la Brigada 18, Barrera Acosta le dijo telefónicamente a su esposa que debido a las presiones, amenazas y torturas a las que lo habían sometido, fue obligado a acogerse al programa de desmovilización del gobierno. Los militares amenazaron a Barrera con hacerle daño a su familia sí no accedía a “desmovilizarse”.

Hasta el día en que lo asesinaron el labriego fue obligado a patrullar al lado del ejército como informante, recorriendo varias poblaciones, entre ellas, El Oasis y Santa Ana, municipio de Arauquita.

Finamente el 5 de agosto de 2004 el comandante de la Brigada 18, general Gustavo Matamoros Camacho, declaró que Tilzón Barrera, había sido “dado de baja”, cuando intentaba huir luego de un combate. El cuerpo del trabajador agrario presentó signos de tortura y varios disparos.

El 12 de agosto de 2006 fueron detenidas de forma masiva e ilegalmente en Fortul, Arauca, Abdón Goyeneche, presidente de la Asociación de Educadores de Arauca; Nubia Chacón, fiscal de la Asociación de Juntas; Javier Francisco Hinestroza, conductor del colegio Alejandro Humbolt; Esaud Montero Triana, integrante de Misión Médica;

Pedro Bueno, dirigente comunal y de la Fundación Comité de Derechos Humanos Joel Sierra; Luz Marina Rodríguez, líder comunitaria; Wilmer Hinestroza Pacheco, líder de la Cooperativa del Transporte; Ignacio Vega Talero, comerciante; William Sáenz, líder sindical del magisterio; Ulises Arciniegas, líder juvenil;

Hernando Moreno, comerciante; Luís Jesús Pérez Ascanio y Edwin Hinestroza Pacheco, sindicados falsamente de rebelión. Siendo inocentes, los 13 líderes sindicales y sociales, permanecieron detenidos por más de 18 meses víctimas de los montajes judiciales.

Como los anteriores, fueron más de 300 los casos denunciados por la comunidad araucana, de los cuales casi su totalidad esta en la impunidad y no se vislumbra que las violaciones vayan a disminuir en el futuro mientras persista el guerrerismo del presidente Uribe.

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¡Aberrante Presidente!/ Uribe se compromete con la OTAN en el envío de tropas a Afganistán
Dignidad cero
Por Roberto Romero, periodista de la USO

En otra muestra de cipayaje sin límites, Uribe salta todos los marcos de la dignidad nacional al comprometerse con EE.UU. y la OTAN en la guerra sucia contra el pueblo afgano.

La información filtrada hoy por el diario español El País, señala que Madrid acolita la misión reafirmando a Colombia ante Washington.

Las fuentes citadas por el medio español destacan el interés de Uribe de participar en las operaciones en Afganistán, que sufre desde septiembre de 2001, la más feroz arremetida de 14 potencias bajo el remoquete acuñado por doctrina Bush de “lucha contra el terrorismo”.

La medida de Colombia supone, según El País, “una ayuda impagable” a España, metida hasta los tuétanos, contra el querer del pueblo ibérico, en los asuntos de otra nación, lejana a sus fronteras y cultura.

Uribe continúa así el vergonzoso papel de Colombia como sirviente de la Casa Blanca, contribuyendo con sus tropas o su posición, en cuanta aventura se embarca dándole una apariencia de paz a los peores actos de guerra: la agresión a Corea en 1952, el envío de militares al Sinaí en 1980 (que aun continúan allí) para apuntalar los planes de Camp David contra el pueblo palestino, el rechazo a respaldar a la Argentina en 1981 en la guerra de las Malvinas, el apoyo incondicional a la invasión norteamericana a Irak en 2002.

¿Qué futuro les puede esperar a los invasores de Afganistán, de la laya que sean, en aquellas tierras ajenas donde crece la resistencia patriótica en defensa de los intereses nacionales? Una franca derrota como la que sufren a diario en el suelo iraquí.

No hay duda que el paso de Uribe va marcado por el más oportunista cálculo político. Toma esta decisión ahora y no antes porque ve cercano un posible triunfo demócrata en la Casa Blanca con un Obama que muestra cada vez más su talante agresor contra los pueblos del medio oriente.

Hace solo un par de semanas Obama visitó Kabul, la capital afgana, prometiendo reforzar la presencia militar de la OTAN “hasta poner fin al terrorismo de Al Khaeda”. Obama, como Zapatero, no tendrá como pagar estos “desinteresados” servicios del mejor agente de los intereses imperiales que haya pasado por la Casa de Nariño.

Y valen dos preguntas finales. ¿Uribe ya se siente el monarca todopoderoso que sin la autorización del Congreso, como ordena la Constitución, decide a mutuo propio, el envío de tropas a una nación extranjera, vinculándose en acciones de estrategia global que no conciernen a los intereses de América Latina?

Y bajo la misma óptica, ¿será posible que las 10 naciones restantes de la región puedan sentarse en la misma mesa del naciente Consejo de Defensa de América del Sur, destinado a salvaguardar la soberanía de nuestras naciones frente a las pretensiones de siempre de EE.UU. mientras uno de sus miembros obedece ciegamente las órdenes de la OTAN?

Un gobierno que pisotea a un país hermano agrediéndole con un ataque artero y justificando su proceder bajo la doctrina de Bush de la soberanía limitada, que ordena a sus militares el uso de los emblemas de la Cruz Roja internacional en otro crimen de guerra, y que ahora se suma al tinglado de los agresores del pueblo afgano, no merece sino el repudio internacional.

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Parauribismo/

Están asesinando y amenazando a campesinos despojados de sus tierras por paramilitares
La Comisión Colombiana de Juristas urge actuar frente a amenazas y asesinatos de víctimas relacionadas con la Ley de Justicia y Paz en el caso de Blanquicet, Urabá antioqueño

En horas de la mañana del domingo 20 de julio de 2008, en el corregimiento de El Reposo, ubicado entre Apartadó y el municipio de Carepa (Urabá antioqueño), fue muerto a tiros por un sicario que iba en moto Juan Agustín Jímenez Vertel.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) tuvo conocimiento de este asesinato porque Jímenez era vecino de varias personas que esta entidad representa en la región en el marco de la ley 975 de 2005.

Son 51 víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por paramilitares que incluyen asesinatos, tortura, desaparición forzada, usurpación y despojo de tierras, así como desplazamiento forzado.

Dentro de las 51 personas, 11 son socios de la Cooperativa de Medianos y Pequeños Agricultores de Blanquicet y Macondo (Cootragroblan), a quienes les fue arrebatada la finca “La Esperanza” en el corregimiento de Blanquicet, municipio de Turbo, Antioquia.

Además han sido objeto del asesinato de sus familiares, amenazados y desplazados forzadamente.

Los demás poderdantes son también víctimas de los crímenes mencionados que ocurrieron en corregimientos y veredas aledañas a Blanquicet.

Por ello lo denominamos genéricamente caso Blanquicet. La violencia desatada por los grupos paramilitares contra estas comunidades campesinas tiene como punto de inicio el año 1996.

Uno de los poderdantes de la CCJ, José María Calle Sánchez, campesino de la región, fue demandado en julio de 2007 por José Vicente Cantero Ibáñez, quien busca la prescripción agraria ante el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, Antioquia, del predio “Bonaire”, ubicado en el paraje La Eugenia, inspección de Nuevo Oriente, municipio de Turbo, Antioquia.

El señor Calle Sánchez había adquirido la propiedad de dicho predio por adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), desde el año 1985.

En 1997 fue obligado a vender dicho bien a un precio irrisorio y fue despojado del mismo por personas afiliadas al paramilitarismo que estaban dedicadas a la usurpación, despojo y compra a precios lesivos de grandes extensiones de tierras, obligando al desplazamiento de familias enteras de campesinos de la región.

El 3 de junio de 2008, la CCJ contestó la demanda de prescripción agraria a nombre de José María Calle Sánchez y a la vez presentó contrademanda reivindicatoria o demanda de reconvención para que José Vicente Cantero Ibáñez restituyera el predio “Bonaire” a Calle Sánchez.

Paralelamente al anterior proceso, Ledys Sierra Flórez, esposa de José Vicente Cantero, figura demandando la prescripción agraria de otro predio de la misma zona en el mismo Juzgado Civil del Circuito de Apartadó contra Juan Agustín Jiménez Vertel y Rafael Enrique Jiménez Padilla, campesinos de la región y conocidos vecinos de José María Calle Sánchez.

A principios de la semana del 23 de junio de 2008, José Vicente Cantero Ibáñez, en compañía de Fabián Roldán, quienes residen en el municipio de Chigorodó, Antioquia, visitaron a otro de los poderdantes de la CCJ.

A Pedro Padilla, quien vive en ese mismo municipio, y quien también había sido obligado a negociar a menor precio con Cantero.

Le dejaron fotocopias de los poderes que por escritura pública las 51 víctimas representadas por la CCJ habían suscrito ante la notaría única de Chigorodó y le advirtieron en tono amenazante sobre los riesgos que corrían quienes los estaban tildando de paramilitares, manifestándole que ellos sólo eran empresarios.

El 25 de junio de 2008, cuando varios miembros de la CCJ (abogados representantes de víctimas en el procedimiento de la ley 975 de 2005 y una psicóloga), se encontraban realizando entrevistas previamente concertadas con las víctimas del caso Blanquicet para valoración de daños y perjuicios, en el centro vacacional “Simona del Mar”, cerca del casco urbano del municipio de Turbo vía Necoclí, arribaron a media mañana Cantero Ibáñez y Roldán, junto con Marino Ortiz. Este último dijo ser el abogado de los anteriores.

Los tres manifestaron que eran empresarios que han adquirido legalmente predios de la zona y, en forma intimidante, dijeron que no deseaban que se volviera a generar la violencia en Urabá por el problema de tierras.

A raíz de tal visita intempestiva, los miembros de la CCJ interrumpieron la actividad con los poderdantes y, por la falta de garantías de seguridad para todos los participantes, abandonaron inmediatamente el sitio y regresaron a Bogotá.

El 20 de julio de 2008 se produjo el asesinato de Jiménez Vertel. Según su hijo, Darío Jiménez, su padre ya había sido amenazado y habían corrido comentarios en la región en el sentido de que “los que reclamaran tierras iban a tener problemas y que ellos no se las iban a dejar quitar”.

Los anteriores hechos están enmarcados dentro de la expansión criminal de los paramilitares a partir de su estrategia de usurpación y despojo de tierras conocida como “la retoma de Urabá”, ocurrida desde el año 1996, y son consistentes con las declaraciones de los jefes paramilitares Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche”, Éver Veloza, alias “HH”, y Raúl Hazbún alias Pedro Ponte o Pedro Bonito, que han declarado sobre el despojo y el desplazamiento masivo ocasionado en la zona.

Estos hechos configuran una nueva y grave afectación a las víctimas del paramilitarismo y ponen en evidencia que los grupos armados criminales que lo integran no se han desmontado en esta violenta región de Urabá, donde lograron consolidar su generalizada y sistemática estrategia de usurpación y despojo de tierras y actualmente se proponen legitimar y legalizar sus adquisiciones violentas.

Así mismo, estos hechos demuestran los graves efectos de la impunidad y de la falta de investigación y procesamiento de los perpetradores que tienen en su poder grandes extensiones de tierra en todo el Urabá, particularmente en la zona de la carretera panamericana donde quedan el corregimiento de Blanquicet y otros corregimientos aledaños, donde habitaban las víctimas del caso Blanquicet que representa la CCJ.

Además, estos hechos ponen en grave riesgo el trabajo y la vida de las y los miembros de la CCJ que trabajan con víctimas en el marco de la ley 975 de 2005, en el proyecto apoyado por la Unión Europea.

Por todo lo anterior, la Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado a todas las autoridades competentes, y en particular al Presidente de la República, al Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, al Alto Comisionado gubernamental para la Paz, al ministro del Interior, al ministro de la Defensa Nacional, al comandante general de las Fuerzas Militares, al director general de la Policía, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y a todas las autoridades concernidas, para que adopten de manera urgente las medidas que les correspondan en relación con estos hechos.
En especial para que: (i) se investigue y sancione el asesinato del campesino Juan Agustín Jiménez Vertel, quien era titular de un predio en Macondo aledaño a Blanquicet.

Se neutralice a los agentes paramilitares que continúan actuando en Urabá y específicamente en el corregimiento de Blanquicet y sus alrededores y se desmantele el paramilitarismo persistente en esa región.

Se adopten a la mayor brevedad los dispositivos necesarios para proteger la vida de José María Calle Sánchez Marcos Iglesia, Pedro Padilla, y los demás propietarios que han sido despojados de sus tierras por los paramilitares en Blanquicet o han sido amenazados por estos grupos por haberle conferido poder a la Comisión Colombiana de Juristas para representarlos en los procesos de la ley 975 de 2005.

Se tomen igualmente las previsiones necesarias para proteger la vida y el trabajo de los miembros de la Comisión Colombiana de Juristas que están realizando actividades con víctimas de crímenes objeto de la citada ley 975.

La Comisión Colombiana de Juristas urge igualmente a la comunidad internacional a contribuir, en la medida de sus posibilidades, a que las autoridades colombianas garanticen los derechos de estas personas y reparen los que han sido lesionados, llamado que se hace especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Relatores de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, sobre Defensores de Derechos Humanos, Independencia de Jueces y Abogados, al Representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, al G-24, y a quienes apoyan financieramente este proyecto (la Unión Europea).

Bogotá, 6 de agosto de 2008
Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, director CCJ. Tel. 376 8200, ext. 115

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Desaparece campesino en el nordeste antioqueño

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño Cahucopana, denunció ante la opinión pública, las autoridades civiles, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y ante las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos la desaparición del campesino Manuel Sánchez, en la vereda Lejanías, municipio de Remedios Antioquia, el pasado martes 5 de agosto.

El martes 5 de agosto de 2008 a las seis de la mañana, Manuel Sánchez, de 40 años, salió de su vivienda ubicada en el sitio conocido como Mulatos, montado en una mula y llevando consigo otras dos hacia la vereda Lejanías, municipio de Remedios, Antioquia, aproximadamente a dos horas, a donde nunca llegó.

Vecinos del lugar encontraron en horas de la tarde las mulas amarradas a un lado del camino, aproximadamente a media hora de Mulatos.

En el lugar en que fueron encontradas las mulas se observaron rastros y huellas de la presencia de muchas personas, por lo que se presume que Manuel ha sido desaparecido forzadamente.

Manuel Sánchez es un campesino de aproximadamente 40 años de edad, padre de familia, habitante de la vereda Lejanías del municipio de Remedios, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda, dedicado al trabajo artesanal de la mineria.

Las comunidades del nordeste antioqueño han sido víctimas de manera recurrente durante los últimos años, de multiples violaciones de derechos humanos que van desde homicidios hasta desplazamientos forzados y de una fuerte represión a la organización y la resistencia campesina.

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CICR condena el uso fraudulento de su emblema hecho por Colombia

El CICR deplora el uso indebido del emblema de la cruz roja

Ginebra (CICR) – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha manifestado hoy su grave inquietud ante lo que parece haber sido un deliberado uso indebido del emblema de la cruz roja durante la operación, efectuada el 2 de julio, para liberar a 15 rehenes.

En un vídeo transmitido esta semana en la televisión colombiana, se revela que, incluso antes de que comenzara la operación, un miembro del equipo del ejército que participó en la liberación llevaba puesto un chaleco señalado con el emblema de la cruz roja, lo que hace suponer el uso indebido intencional.

"Si se autentican, estas imágenes establecerían sin equívocos el uso indebido del emblema de la cruz roja, hecho que lamentamos", declaró el director adjunto de Actividades Operacionales del CICR, señor Dominik Stillhart.

El uso de los emblemas de la cruz roja, de la media luna roja y del cristal rojo está reglamentado en los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos adicionales.

Estos emblemas no pueden ser utilizados por organismos o personas que no estén autorizados a hacerlo de conformidad con el derecho internacional humanitario.

"Estamos en contacto con las autoridades colombianas, a las que hemos solicitado más aclaraciones sobre lo que sucedió exactamente", dijo el señor Stillhart.

El respeto total y cabal debido al emblema de la cruz roja es esencial para que el CICR pueda prestar asistencia y protección a las personas más afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia.

Como organización humanitaria neutral e imparcial, el CICR depende de la confianza que le otorgan las partes en el conflicto para poder realizar su labor humanitaria.

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¡Aberrante Presidente!/

Cruz Roja: Colombia violó Convenciones de Ginebra
Agencias Efe, ABN, APE, El Espectador/Notimundo

Tanto el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez como su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, mintieron de manera grave nuevamente al ocultar el uso premeditado de los símbolos humanitarios de la Cruz Roja y de los medios de comunicación Telesur y Ecuavisa, canales de información alternativa, con cuyos paises Uribe y Santos mantienen tensas relaciones en cubrimiento de su principal aliado el presidente Bush

La Cruz Roja Internacional dijo este miércoles que Colombia violó las Convenciones de Ginebra al utilizar su bandera humanitaria en una operación militar para rescatar rehenes de manos de la guerrilla FARC. Serán denunciados ante Corte Penal Internacional, dijeron fuentes humanitarias suizas

El Comité Internacional dijo que vio filmaciones en video, las que demuestran que se usó deliberadamente el emblema en la audaz operación que permitió rescatar a Ingrid Betancourt entre otros rehenes.

El presidente colombiano Alvaro Uribe ofreció disculpas el mes pasado por el uso de la cruz roja y aseguró que su gobierno no lo había autorizado.

Pero el CICR dijo en un comunicado que en el video se ve a los participantes portando el emblema antes del inicio de la operación, lo que sugiere un mal uso intencional y una violación de las Convenciones de Ginebra sobre las leyes de guerra.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó este miércoles su "gran preocupación" por la utilización deliberada de su emblema en la operación militar, que permitió el pasado mes de julio la liberación de quince rehenes de las FARC, entre ellos 11 miembros del Ejército y la Policía.

En una declaración pública difundida en Ginebra, el organismo humanitario subraya que las imágenes ofrecidas este lunes por un canal de televisión colombiano confirmaron que un miembro del Ejército "utilizó una prenda marcada con el emblema de la Cruz Roja antes del inicio de la operación".

Ese vídeo "sugiere un uso indebido intencional" de ese símbolo, asevera la institución.

El organismo recalcó que el respeto "completo y total" del emblema de la Cruz Roja es lo que le permite brindar ayuda y protección a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia.

La posibilidad de que pueda brindar esa ayuda y protección se fundamenta en que la organización es históricamente considerada una institución neutral e imparcial, y por ello las partes en conflicto le permiten realizar sus tareas de socorro.

El CICR agrega que si la autenticidad de las imágenes se confirman, ello implicaría claramente una utilización inadecuada del emblema, "lo que deploramos" , indicó el subdirector de Operaciones del organismo, Dominik Stillhart, citado en el comunicado.

Recuerda que el uso de la cruz roja, así como de otros emblemas de tipo humanitario como la media luna roja o el cristal rojo, están regulados por las Convenciones de Ginebra, que permite que lo exhiban únicamente entidades y personas con derecho a hacerlo en aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

En Colombia, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se disculpó el martes con el CICR por el hecho de que los militares que participaron en la operación "Jaque" utilizaran su emblema.

Pero todo indica que "Santos sí lo sabía, pués algo dejó entrever en su entrevista con el presidente Bush en Washington", dijo una fuente de Telesur.

A ese respecto, Stillhart señaló que la Cruz Roja está "en contacto con las autoridades colombianas para pedir aclaraciones sobre lo que sucedió exactamente".

Fuentes suizas dijeron que el caso es de una tal gravedad que expertos de organismos humanitarios estudian la posibilidad de una sanción al país suramericano y una denuncia ante la Corte Penal Internacional por el delito de perfidia.

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¡Aberrante Presidente!/
Piedad Córdoba tiene pruebas de que la información del computador de “Raúl Reyes” fue manipulada
Por Caracol Radio

En su visita a Ecuador, funcionarios del Ministerio de Defensa del vecino país, facilitaron a la senadora Córdoba datos basados en el informe de la Interpol, en la que se demostraría que el contenido del computador de "Raúl Reyes" fue alterado.

"Le pedí a un funcionario del ministro Larrea el informe que hicieron de la Interpol, que es bastante importante, donde se demuestra que borraron correos, que introdujeron nuevos correos, estos datos son muy importantes para aportarlo en el proceso que se sigue ante la Corte Suprema", indicó la senadora.

Piedad Córdoba ratificó que el gobierno colombiano está fabricando pruebas en el proceso que se sigue en su contra por la Farcpolítica.

"Estoy totalmente segura porque hay cosas que se con certeza que nunca las escribí, yo estoy tranquila porque confió en la Corte que es mi juez natural pero me preocupa porque han intentado comprar a miembros de mi unidad legislativa, a asesores para que declaren en mi contra, he tenido conocimiento de reuniones del Alto Comisionado con desmovilizados de las Farc para fabricar un expediente en mi contra", indicó Córdoba.

La senadora agregó que en la Base Militar de Tolemaida se estarían instruyendo a guerrilleros desmovilizados con información de su actividad política para que testifiquen en su contra.

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Human Rights Watch cree que la reforma de Uribe amenaza investigación "parapolítica"
Por Caracol Radio

La reforma constitucional que impulsa el presidente colombiano, Alvaro Uribe, atenta contra la obligación de rendir cuentas y favorece a los parlamentarios aliados del mandatario investigados por la "parapolítica", afirmó hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

El grupo humanitario criticó en un comunicado una propuesta en particular que, a su juicio, le quitaría a la Corte Suprema en ese país la función de investigar a políticos involucrados en el escándalo de la "parapolítica".

"Es evidente que la intención de Uribe es retirarle a la institución que más ha hecho por descubrir y confrontar la influencia paramilitar en el Congreso la facultad de investigar a congresistas", dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de HRW.

"Esta propuesta no tiene un propósito distinto que el de ayudar a los miembros de la coalición de Uribe a librarse de la justicia", agregó.

La propuesta indica que los procesos penales serían llevados por un tribunal local, el Tribunal Superior de Bogotá, y la Corte Suprema solo conocería de las apelaciones.

Pero el texto de esa reforma "no es claro con respecto a quién estará a cargo de las investigaciones: si los fiscales de la Fiscalía General de la Nación o los jueces del tribunal de Bogotá", precisó HRW.

De esta forma, la reforma propuesta afectaría las investigaciones "sin precedentes" que adelanta la sala penal de la Corte Suprema acerca de la infiltración de paramilitares en el Congreso colombiano, indicó la organización.

El grupo recordó que más de 60 congresistas de la coalición de Uribe son objeto de investigación, y más de 30 de ellos están detenidos por colaboración con los paramilitares.

Entre los políticos encarcelados como producto de las investigaciones figura el senador Mario Uribe, primo del presidente y uno de sus aliados políticos más cercanos durante muchos años.

También se encuentra el senador Carlos García, presidente del partido "la U", afín a Uribe, cuya captura la corte ordenó el 25 de julio de este año.

La organización destacó que Uribe y varios miembros de su gabinete han atacado en reiteradas ocasiones a la Corte Suprema, "haciendo acusaciones cuestionables e incluso llamando a los magistrados por teléfono para indagar acerca de investigaciones en curso".

HRW reconoció que existen problemas en torno al debido proceso judicial, en particular el hecho de que la sala penal de la Corte Suprema está a cargo tanto de las investigaciones como del juicio de los congresistas, y no hay ningún recurso para apelar sus decisiones.

Sin embargo, añadió, existen otras soluciones a esos problemas que no perjudicarían las investigaciones de la parapolítica y para las cuales "no sería necesario retirarle a la Corte Suprema la competencia sobre las investigaciones a congresistas".

"Esta invocación orwelliana del debido proceso que hace el Gobierno pareciera apuntar, principalmente, a encubrir su intención de darles un golpe fatal a las investigaciones de la parapolítica", agregó Vivanco.

El 20 por ciento de los miembros del Congreso están bajo investigación o están detenidos, y el Gobierno de Uribe tiene una amplia mayoría en el Congreso.

Ante ese escenario, es poco probable que las reformas propuestas afronten gran resistencia, y si finalmente son aprobadas, "probablemente afectarían no solo casos futuros, sino también investigaciones ya iniciadas por la Corte Suprema", lamentó Vivanco.

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Por fumigaciones mueren 25 niños en Vaupés
El asesino tiene nombre propio: Álvaro Uribe Vélez
Por Camilo Raigozo

Al menos 25 infantes indígenas han muerto por hambre en Cumaribo, Vichada, causada por las devastaciones de las fumigaciones aéreas con glifosato sobre cultivos alimenticios ordenadas por el presidente Uribe, informó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.
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Según la Consultoría, quedan confirmadas las denuncias hechas por esa comunidad en abril pasado por intermedio del gobernador indígena, Cantalicio Monroy, quién advirtió que las consecuencias de reanudar las fumigaciones serían catastróficas.

El Gobierno pasó por alto las súplicas y condenó a muerte por hambre a numerosas personas principalmente niños.

“A pesar de varios requerimientos hechos por una comisión de esa comunidad en abril pasado a entidades como la Defensoría del Pueblo y Acción Social para gestionar la no reanudación de las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, esta comenzó en abril con los mismos efectos nocivos para la comunidad: daño de los cultivos de pancoger y afectación económica.

“El resultado, una nueva hambruna que cobra las vidas de 25 niños y tiene en grave emergencia a esa comunidad, sitiada por una selva inhóspita de la que solo se puede salir en días de verano, cuando baja el caudal de los rios y caños que la rodean”, dice en su información la ONG..

“La carta enviada en abril relataba como en 2007 las fumigaciones produjeron una terrible hambruna de la que los habitantes de Cumaribo solo pudieron escapar en enero pasado cuando el verano les permitió a cerca de 5.000 personas salir desplazadas hacia la capital, Puerto Carreño y la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

“En esa misiva los miembros de la comunidad Barranco Siare anunciaron lo que pasaría si el gobierno continuaba fumigando “Las consecuencias de la fumigación, además de la devastación en los cultivos sería la contaminación de las fuentes de agua como el río Uvá y sus afluentes, afectando especialmente la salud de niños y madres gestantes”.

“La comunidad solicitó también conformar una comisión interinstitucional que viajara a la zona para conocer de primera mano la problemática y mediar con el Gobierno para encontrar soluciones urgentes. Pero nada pasó y las consecuencias están saliendo a flote.

“Pero la respuesta es la misma y hoy a pesar de que hay 25 menores muertos, las entidades del Estado y organismos humanitarios aseguran que las dificultades del terreno y los escasos medios de transporte no permiten llegar a la zona”, relató Codhes.

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Yo el supremo
Uribe ha dejado claro que la voz del pueblo es la voz de Dios, premisa que ha servido para el advenimiento de regímenes totalitarios
Por María Jimena Duzán. Semana

08/02/2008. "Hay que escuchar al pueblo para tomar las decisiones del Estado". El autor de esta frase no es el presidente Hugo Chávez -aunque reconozco que podría haber salido de sus labios sin ningún reparo-. Quien la pronunció fue el presidente colombiano, Álvaro Uribe, la semana pasada, en respuesta a las voces que se atrevieron a cuestionar otra frase suya que también habría podido decir Chávez con el mayor de los gustos: aquella según la cual, "el Banco de la República no escucha al pueblo", porque optó por subir las tasas de interés en contravía de sus designios.

Frases como estas no son sólo frases que se pronuncian al desgaire, sino que reflejan el talante del régimen que las fabrica. Y la verdad es que de un tiempo para acá, el presidente Uribe ha empezado a integrar en su discurso político unos elementos de alta carga populista que parecen calcados no sólo de la retórica chavista -prueba de que los extremos se tocan-, sino de los gobernantes que creen que su fuente de su legitimidad no está en el Estado de derecho, ni en el respeto por la división de poderes, sino en lo que ellos llaman "la voz del pueblo".

Cada vez es más evidente cómo el Presidente invoca su relación directa con lo que él llama "el pueblo", cuando se trata de sortear problemas de gobernabilidad derivados de la para-politica o de la yidis-politica. Ese fue el camino que tomó cuando propuso el insólito referendo para refrendar la legitimidad de su reelección en 2006 por cuenta del cohecho de Yidis Medina.

En lugar de dejar que la Corte siguiera investigando esas denuncias, optó por salir a los micrófonos a proponer un referendo para que el pueblo refrendara su legitimidad como gobernante, desacatando abiertamente un fallo de la Corte. Afortunadamente, en buena hora, el Presidente retiró ese referendo, pero en el ambiente político quedó el sabor de que su gobierno había probado las fronteras de los regímenes plebiscitarios, tan propios de los gobiernos populistas y autoritarios.

Ese no es el único episodio en el que Uribe ha salido a invocar al pueblo. Además de que el referendo de Luis Guillermo Giraldo, el que busca su segunda reelección, también está inspirado en la tesis de la voz del pueblo; en muchos de sus discursos, Uribe ha dejado claro que la voz del pueblo es la voz de Dios, premisa que ha servido como preámbulo para el advenimiento de gobiernos totalitarios, donde las minorías se han quedado sin voz, aplastadas por la gran masa que generalmente sale a las calles a manifestarse envuelta en un patrioterismo que atrapa el libre discurso.

Hasta allá no hemos llegado, es cierto, pero ya comenzamos ese camino desde cuando el presidente Uribe decidió estigmatizar a sus críticos con el argumento de que estos van en contravía de la voluntad del pueblo. Una sociedad de áulicos es el edén de los gobiernos neo-populistas.

Según Hanna Arendt, esta clase de gobernantes, los de derecha y los de izquierda, todos cometen el mismo error: se autoproclaman interlocutores del pueblo sin que en realidad lo sean, y confunden al pueblo de verdad con el populacho, que no es sino una caricatura de este.

Mientras el pueblo a lo largo de la historia siempre impulsa revoluciones para buscar una representación verdadera, el populacho siempre grita a favor del hombre fuerte, del gran líder; por eso, según Arendt, los regímenes plebiscitarios son la fórmula que mejor les funciona a los modernos dirigentes del populacho. Mientras entre el pueblo y el gobernante hay un Estado de derecho de por medio, unas instituciones y unos partidos, entre el populacho y su líder siempre hay una mezcla de admiración y de temor.

En realidad, la relación Uribe-pueblo es una relación entre Uribe y las encuestas de medición política que se hacen en las cuatro ciudades más importantes del país. En "ese pueblo", nadie duda de que el presidente Uribe es un mandatario con una inmensa aceptación. Pero las encuestas no son el pueblo.

En las encuestas no están los centeneras de colombianos que tuvieron que hacer la cola para pagar la Pila, o los que no pudieron hacerla porque no tuvieron como, o los miles de colombianos que después de años de trabajo no tienen una pensión decente para vivir, o los miles de desplazados por las Farc, o por los grupos narcoparamilitares, que viven en el despojo mientras sus victimarios siguen con sus tierras a salvo, amenazándolos, y el Presidente y sus ministros le dicen "al pueblo" que el paramilitarismo se acabó.

Si Uribe escuchara en realidad la voz de ese pueblo, habría cambiado a su ministro de (des)protección social, había resuelto el problema del formulario del Pila con la rapidez con que ordena la captura de un alcalde -o la muerte de un malhechor-. Uribe está con el populacho, y el populacho, con él. Al pueblo que lo dejen tranquilo.

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