Seguridad narcocrática/ Urgente, Putumayo

Denuncian que el gobierno persigue y criminaliza el derecho a la organización y la protesta social
Con información de la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales Campesinas Indígenas y Afrodescendientes del Putumayo

La comisión de derechos Humanos de la mesa departamental de organizaciones sociales campesinas indígenas y afrodecendientes del putumayo, denuncia ante las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y demás organizaciones sociales y populares la persecución de la que sigue siendo víctima la Mesa Departamental, sus dirigentes, dirigentas y todos los afiliados a las organizaciones que hacen parte de esta.

El Pasado 30 de julio a las 8:30 de la mañana, fue detenido en su vivienda por miembros de la Fiscalía en el municipio de Orito, el líder campesino Clímaco de la Cruz Rodríguez.

La víctima del terrorismo de Estado es el vicepresidente de la Fundación El Progreso, filial de Fensuagro y miembro de la junta nacional de la misma.

También es miembro de la Comisión de Coordinación General y de Incidencia de la Mesa Departamental, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Populares del Sur, Corposur y delegado a la  coordinación nacional de la CONAP.

Desde el pasado mes de abril se conoció por fuentes allegadas al alto gobierno nacional que en reunión sostenida por altos funcionarios de este  y de sus fuerzas de seguridad, habían planificado unas acciones para desestabilizar los procesos organizativos del putumayo, entre las cuales estaban las detenciones de líderes y judicialización  en represalia  a la legitima acción de denunciar-

la no atención a las exigencias de diálogos y concertación que han hecho las comunidades campesinas organizadas del putumayo por la difícil situación  social,  económica  y ambiental, que  padece el departamento.

La realización de la Audiencia Ciudadana por la verdad  en Puerto Asís los días 11 y 12 de febrero del 2011, ha sido otro de los pretextos para criminalizar la lucha social en el Putumayo.

El  pasado 2 de junio fueron detenidos   cuatro miembros de la  Asociación Campesina Agrícola del Putumayo, Ascap, entre los cuales se encuentra, Eulogio Tapiero, directivo de la asociación y miembro de la Junta Nacional de Fensuagro. Las cuatro víctimas están siendo judicializadas  por rebelión.

Igualmente denuncian la persecución a la que está siendo sometida por parte de la fuerza pública, autoridades locales, empresa petrolera  y miembros de la Sijin del municipio del valle del Guamuez, Nercy Lorena Castro, presidenta de la seccional del Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrícolas del Putumayo, Sintracap, filiales de Fensuagro y perteneciente a la junta directiva del mismo.

“Rechazamos la falta de voluntad de diálogo,  concertación y la aplicación de medidas represivas que utiliza la clase gobernante para callar a los dirigentes y  parar las protestas pacíficas por los derechos sociales y constitucionales e imponer a sangre y fuego las políticas de saqueo y despojo, en función de los intereses del capital transnacional

“Exigimos que se les respete los derechos civiles y constitucionales que tienen las personas miembros de las organizaciones y dirigentes del putumayo  que están siendo  judicializados y su inmediata libertad”, dice las organizaciones en el documento.

De la misma forma solicitaron a las organizaciones de derechos  humanos, departamentales, nacionales e internacionales  y demás organizaciones sociales y populares  se solidaricen con la mesa departamental y sus organizaciones filiales.

Igualmente piden que se rechace de manera contundente las acciones represivas y arbitrarias del gobierno nacional y departamental contra el proceso de lucha campesina social y popular del putumayo.

Finalmente ofrecieron su solidaridad y acompañamiento permanente  a los presos políticos, a sus familias por la difícil situación que afrontan en  el cumplimiento de sus deberes patrióticos al frente de las organizaciones.

“Porque estamos convencidos de que la organización del pueblo es el camino para los cambios sociales que necesitan los Putumayenses, ¡continuamos la lucha!”, advierte la denuncia en su epílogo.

En la gráfica de Camilo Raigozo, vista parcial de la audiencia del 11 y 12 de febrero en Puerto Asís, Putumayo.

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Seguridad narcocrática/
Denuncian robo de información a ONG de derechos humanos en Manizales
Con información de Cpdh Caldas

Entrada de presuntos ladrones en la noche del lunes 1 de agosto del año cursante,  a las oficinas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Caldas, ubicada en la calle 128 Nª 23 – 57 de Manizales.

Desde el mes de julio del año 2010, el CPDH Caldas tiene su sede en la Calle 18 Nº 23 – 47 de la ciudad de Manizales, sede que comparte con la oficina de trabajo de la honorable senadora del PDA Gloria Inés Ramírez Ríos.

1.     A tempranas horas de la mañana del martes 2 de agosto del año que cursa, mediante llamada telefónica, se le informa al Presidente del CPDH Caldas que aparentemente han incursionado delincuentes con ánimo de hurtar a las oficina de la Sede.

2.     Al hacer presencia en la Sede el Presidente se encuentra con la presencia de la Policía y el CTI, constatando que efectivamente por la ventana de una de las oficinas se efectuó entrada de personas que hurtaron un equipo de sistemas.

3.     La Policía informa que se recuperó un monitor, no así la CPU.

4.     Los equipos hurtados pertenecen a un grupo de estudio conformado por jóvenes cercanos al CPDH.

5.     Para nadie es desconocido que desde años atrás, ha sido sistemático el “robo” de equipos de sistemas de organizaciones defensores de Derechos Humanos en diferentes ciudades del País, equipos en los que se conservan documentación sobre violaciones de DD.HH. y mecanismos de exigibilidad de derechos de las víctimas.

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Seguridad narcocrática/
Enjuician a estudiantes de la UIS por protestar
Por estudiantes

El joven Daniel Rueda Otero es un estudiante de la escuela de historia de la Universidad Industrial de Santander, aprehendido injustamente por la Policía Nacional el 26 de agosto de 2009 mientras se efectuaba un acto de protesta en contra de la privatización de universidad pública.

Del 4 al 8 de agosto de 2011 se efectuará el juicio oral por el delito de terrorismo, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. Por tal motivo los convocamos a acompañar solidaria a Daniel en el palacio de justicia de Bucaramanga a partir de las 9:00 a.m. en la sala 5C.

Mientras se desarrolla el juicio oral contra Daniel, los estudiantes de UIS son víctimas de agresiones por parte del escuadrón móvil anti – disturbios Esmad de la Policía Nacional, quienes cumpliendo órdenes del ministro de defensa y el rector Jaime Alberto Camacho, se han ubicado en todas las portería de la Universidad efectuando requisas desproporcionadas.

Causa curiosidad que mientras que el proceso de Daniel se encuentra en la etapa final de juicio oral, la investigación por parte de la Fiscalía contra el rector se desconoce, incluso no ha sido llamado a imputación ni se ha permitido conocer la carpeta,-

a pesar de existir una comunicación del rector con un reconocido jefe paramilitar en la que se habla de aplicar un “plan pistola” contra estudiante, profesores y trabajadores de la UIS con “pensamiento de izquierda”

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'Mujeres del mundo embarcándonos por la paz'

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Seguridad narcocrática/

Denuncian que infiltración de las Farc en universidades es un 'falso positivo'
El concejal Jaime Caicedo dice que se trata de una nueva modalidad para reprimir protestas estudiantiles.
Por: Elespectador.com

El concejal Jaime Caicedo denunció que las informaciones sobre supuesto reclutamiento guerrillero en universidades son un “falso positivo” que lo que buscan es “bloquear las protestas por privatización de educación superior, así como satanizar política y moralmente a los contradictores”.

Caicedo indicó que se trata de una nueva modalidad de “falsos positivos” políticos que pretenden vincular cualquier expresión de protesta ciudadana y especialmente estudiantil con la acción de la insurgencia.

“Al mejor estilo del gobierno anterior, los organismos de inteligencia están filtrando selectivamente a los medios masivos informaciones según las cuales existen órdenes perentorias de los comandantes de las Farc para reclutar jóvenes estudiantes universitarios con destino a las filas guerrilleras.

“Esto no puede ser simple coincidencia en momentos en que las organizaciones estudiantiles y profesorales de instituciones de educación tanto privadas como públicas anuncian grandes movilizaciones contra la pretensión del gobierno nacional de introducir el concepto de negocio en la dinámica universitaria pública y privada”, señaló el cabildante.

“En vez de lanzar acusaciones genéricas e indeterminadas que crean un ambiente de desconfianza y señalamiento en el ámbito estudiantil, deberían presentarse pruebas contundentes, definidas y no amañadas sobre el particular”, indicó el concejal Caicedo.

“El país estaría frente a una nueva manipulación informativa que sólo busca acallar la protesta ciudadana contra uno de los proyectos más lesivos de que se tenga noticia en las últimas décadas como es la introducción de las leyes del mercado a la actividad académica.

"Ese parece ser el verdadero propósito de esta serie de consejas y chismes malintencionados que se esparcen sin que nadie se atribuya responsabilidad alguna sobre tales afirmaciones”, dijo Caicedo.

Las organizaciones estudiantiles en Bogotá y en otras ciudades del país preparan protestas y expresiones de inconformidad y desacuerdo frente al proyecto que avanza con el apoyo de la mesa de Unidad Nacional.

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Universidad Industrial de Santander, ni privatizada ni militarizada
Por estudiantes

Atendiendo la convocatoria de Sintraunicol Nacional, se reunieron los estudiantes y trabajadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) el día jueves 28 de julio en el auditorio Ágora de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS,-

acompañados por 39 secretarios de Derechos Humanos de las diferentes universidades públicas del país, afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia Sintraunicol, para analizar la crisis humanitaria y la militarización a la que ha sido sometida la Universidad.

El conflicto por el cual atraviesa hoy nuestra Alma Máter se ha ido intensificando día a día por la inoperancia y la directa acción de los organismos de control del estado, y al aniquilamiento de los canales de diálogo, participación y concertación propio del sentir de quienes hacemos parte de la universidad.

La violación sistemática de los Derechos Humanos en la UIS se agudiza a raíz de la conocida conversación telefónica del rector Jaime Alberto Camacho Pico con el presunto jefe paramilitar “Félix” el día 4 de Julio de 2007, en la cual el funcionario público mostraba consentimiento en entregar una lista concreta de estudiantes, trabajadores y profesores para proceder a implementar un Plan “Pistola” en contra de ellos.

Como resultado de este compromiso vienen los procesos disciplinarios contra los miembros de la comunidad universitaria que participan en diferentes procesos sociales y de resistencia en la Universidad; la continuidad de las amenazas;-

los señalamientos; y el aumento a las medidas represivas representadas en cámaras de vigilancia, recompensa a delatores, incremento de la vigilancia privada, llegando al punto crítico de la militarización y controles coercitivos para el ingreso al claustro universitario.

Sin embargo dejamos claro que el caso de la UIS no es un hecho aislado, es el continuismo de las políticas neoliberales y guerreristas del anterior gobierno, ratificadas hoy por Juan Manuel Santos Calderón, primero fue la Universidad de Antioquia (UdeA), hoy es la Universidad Industrial de Santander (UIS). Políticas que pretenden eliminar la resistencia universitaria, abriéndole un espacio expedito a las reformas privatizadoras.

Los estudiantes, trabajadores, empleados y profesores de las universidades públicas hacemos un llamado a defender el derecho constitucional a la educación frente al peligro que hoy representa el trámite de una nueva Ley de Educación superior ´disfrazada´ de ´reforma´ a la Ley 30 que pretende entregar las Universidades al capital financiero y convertirlas en empresas con ánimo de lucro.

Responsabilizamos a la administración de la UIS en cabeza del actual rector Jaime Alberto Camacho Pico por lo que le pueda ocurrir a cualquier miembro de la comunidad universitaria, ante el irrespeto y señalamientos hechos por la vigilancia privada y el Escuadrón Antimotines ESMAD, al ingreso en las porterías, donde se intimida, amenaza y filma al estudiante que rechaza las medidas impuestas que son represivas.

Invitamos a las jornadas de resistencia en las puertas de ingreso a la UIS, en las horas pico, 8:00 a.m. y 2:00 p.m.

Convocamos a una movilización nacional el próximo 11 de agosto con delegaciones de las universidades públicas para encontrarnos en la UIS, donde participaremos en un acto de solidaridad con la UIS, en rechazo a la militarización de las universidades públicas.

Simultáneamente a realizar actividades en cada universidad y solidarizándonos en la lucha contra la estigmatización y militarización de las universidades públicas.

“La UIS ni militarizada ni cerrada”

Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios Sintraunicol, Corporación Permanente de Derechos Humanos “Christian Roa”, Observatorio Estudiantil Universitario (Dloea), Voceros estudiantiles Mesa Territorial de Garantías para Defensores & Defensoras de D.H, Colectivo Informativo Susurro.

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La Macarena, Meta

Campesinos protestan por falta de energía eléctrica y por el cierre de las vías que los comunican con los demás municipios
Por Comunidades

El 2 de agosto de 2011 los campesinos de La Macarena, protestaron por la falta del servicio de energía eléctrica desde hace varios días, perjudicando a toda la comunidad y especialmente a los comerciantes, así mismo rechazaron el cierre de las vías que los comunica con los otros municipios y veredas, obligándolos a usar exclusivamente la vía aérea para salir del pueblo.

Esta situación ha generado el disgusto de los pobladores de esta apartada región y dado que han intentado buscar solución y respuesta de las autoridades sin encontrar soluciones por lo que decidieron protestar en forma pacífica esperando que sean atendidas sus peticiones.

“Hacemos un llamado a la Policía Nacional y a los miembros del ejército que se encuentran en este municipio para que se respete el derecho a la protesta y se garantice la vida de la población civil  que ejerce su derecho constitucional a la protesta”, pidieron los labriegos. 

Así mismo hicieron un llamado a las autoridades para que solucionen de inmediato los diferentes problemas y necesidades que tiene la comunidad, teniendo en cuenta todos los recursos “invertidos” en el marco del-

Plan de Consolidación Integral de la Macarena, ya que según el informe del Ministerio de Defensa Nacional esta cabecera municipal es territorio consolidado por el estado Colombiano y los recursos invertidos en este municipio supera los treinta mil millones de pesos, que no se ven por ningún lado.

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Parauribismo/
Paramilitares amenazan a sindicalista de Sintratucar
Por Sintratucar

El pasado 2 de agosto se presentó nuevamente un caso de amenaza en contra de nuestra organización sindical, esta vez fue amenazado el compañero Endri Barón Nieto, afiliado a Sintratucar, presidente nacional de Sinaltrametal, sindicato  que agremia a los trabajadores del sector metalúrgico colombiano y miembro activo del  Partido Socialista de los Trabajadores.

Mediante la modalidad del panfleto y mensajes de texto vía celular se amenaza de muerte a él y a su familia, cabe resaltar que esta modalidad es repetitiva en las amenazas anteriores a los compañeros Jairo Del Río, Deivis Blanco y a las asesoras legales Sonia Velásquez y Dayra Fecete, lo que indica que este no es un hecho aislado y que hace parte de las intimidaciones de las cuales venimos siendo víctimas desde agosto de 2009.

Cabe resaltar que la situación de seguridad para los sindicalistas y defensores de derechos humanos en nuestro país es preocupante, durante el primer año del gobierno de Santos fueron asesinados 45 sindicalista, la cifra record la mantiene el año 2009 con 101 compañeros asesinados en el gobierno de Uribe, en la ciudad de Cartagena los sicarios disparan sus armas a plena luz del día hasta en sectores que se consideraban de alta seguridad  como el  de boca grande, el mes de julio cerró con 18 homicidios de los cuales más de la mitad se trataron de atentados sicariales .

Los obreros colombianos exigimos que se creen medidas de fondo por el gobierno nacional que permitan el libre ejercicio de nuestras funciones como representantes de los trabajadores sin que seamos objeto de intimidaciones que van dirigida a callar nuestra labor, exigimos a la Fiscalía se pronuncie ante estos nuevos hechos ya que la impunidad sigue reinando en las investigaciones.

La clase obrera agremiada en Sintratucar y Sintrametal no se intimidara ante las amenazas y le brindara todo el apoyo necesario a los directivos amenazados para que sigan con su labor al igual que a las compañeras asesoras legales, además pedimos a la gerencia en manos de Ricardo Prosperi, brinde todas las garantías necesarias para que en Tubos Caribe se siga ejerciendo el derecho a la sindicalización.

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“Que se retire la fuerza pública de la UIS”, pidió en plenaria de la Cámara el vocero del PDA, Hernando Hernández Tapasco
Por Oficina de prensa

Bogotá, 02/08/2011. “Ante la aguda crisis y violación de derechos humanos que enfrenta la Universidad Industrial de Santander por parte de la fuerza pública, es urgente que retorne la tranquilidad y la convivencia a este centro educativo”, afirmó el Representante Hernando Hernández Tapasco.

Los estudiantes han expresado su conciencia crítica frente a la reforma de la Ley 30, que pretende convertir a los centros universitarios en instituciones con Ánimo de Lucro, y el gobierno les ha respondido militarizando la Universidad.

Según denuncias de la Comunidad Universitaria, efectivos de civil se han infiltrado en la institución provocando fuertes enfrentamientos durante los dos últimos días. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) mantiene una tanqueta dentro de la propia universidad.

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La Asociación Campesina de Santander gana Tutela contra periódico por calumnia

Por Asogras

La Asociación Campesina de Santander, Asogras, informa ante la comunidad nacional e internacional, que mediante providencia de fecha 19 de julio de 2011 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, profirió Tutela en favor de derechos violentados por el Periódico 30 días El Gran Santander.

Primero: Tutelar los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y a la rectificación de la información del señor Casar Augusto Tamayo, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Segundo: ordenar al periódico treinta días El Gran Santander que si todavía no lo ha hecho, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, o a más tardar en la siguiente edición del periódico posterior a la notificación de esta providencia,-

proceda a rectificar la expresión: “pero lo que no gritó o alzó la voz, fue contarle a las autoridades y auditorio, que fue procesado por rebelión en septiembre 19 de 1996, por la Fiscalía 29 Regional”, contenida en el artículo titulado “Concejo de seguridad por supuestas amenazas a un integrante de Asogras y al Director del Periódico el Sabanero”,-

publicado en la página 26 de la edición No. 071 del mes de febrero de 2011, en el sentido de aclarar que mediante decisión de fecha 8 de mayo de 1997, le fue precluida la investigación por el delito de rebelión al señor Cesar Augusto Tamayo, la cual debe hacerse en las mismas condiciones en que fue publicada la anterior expresión.

Tercer: oredenar a la accionada que remita con destino a este proceso, informe del cumplimiento a la orden impartida en el numeral anterior; dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al vencimiento del término otorgado para el efecto.

Cuarto: Notificar el fallo a las partes por el medio más expedito o en la forma establecida en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991 y si no fuere impugnado, remítase a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Este es el fallo que protege los derechos al buen nombre como ciudadano de bien, al señor Cesar Augusto Tamayo.

Este señor se ha dedicado a perseguir todo el trabajo que la Asociación Campesina de Santander viene desarrollando en el municipio de Sabana de Torres, que al parecer la información que da en el periódico no se ajusta a la verdad, al contrario se la pasa es injuriando a las personas como quedó demostrado en esta ocasión.

Por este caso cursa demanda penal en la Fiscalía Local de Sabana, con No. de Noticia Criminal 686556000225201100122. Por injuria y calumnia.

Peticiones

Primero: Solicitar la intervención de la Fiscal General de la Nación Dra. Vivián Morales, en las diferentes denuncias presentadas por la Asociación Campesina Asogras.

Segundo: Solicitar al señor Vicepresidente DR. Angelino Garzón, para que haga seguimiento a las denuncias hechas por nuestra Asociación Campesina.

Tercero: Pedir el acompañamiento de la comunidad internacional, de las O.N.GS. Defensoras de DD. HH. Nacionales e Internacionales, por la gravedad de las denuncias hechas. Nos pueden respaldar enviando comunicados al gobierno Colombiano sobre esta Grave situación, para garantizar la seguridad a los miembros de la Asociación Campesina Asogras, a la Junta Directiva y como defensores de DD.HH. y D.I.H.

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La propuesta del partido conservador no protege la vida, no evita abortos ni defiende la familia

Diferentes organizaciones sociales y personas* que trabajan en derechos humanos y derechos de las mujeres indican que, de aprobarse la iniciativa, tendría más costos que beneficios y graves consecuencias para la sociedad colombiana
Por Organizaciones sociales

Bogotá, agosto 3 de 2011.- La propuesta de acto legislativo presentado por el Partido Conservador, que busca reformar la Constitución Política para declarar que la vida es inviolable “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, no protege la vida, ni evita abortos, ni defiende la familia, aseguran diferentes organizaciones sociales colombianas.

NO protege la vida. La vida, de hecho, ya está protegida a través del artículo 11 de la Constitución que establece que “el derecho a la vida es inviolable”; y de la jurisprudencia constitucional que ha establecido que la vida del que está por nacer es un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado Colombiano.

NO evita abortos. Una prohibición absoluta del aborto no los evita. Por el contrario, hace que éstos se realicen en condiciones precarias de clandestinidad y que las mujeres que necesitan un aborto para salvar su vida o su integridad deban morirse y dejar niño/as huérfano/as.

NO defiende la familia. A las parejas que no pueden tener hijos y buscan ayuda a través de la fertilización in vitro se les estaría negando el derecho a formar una familia, tal como sucede actualmente en Costa Rica, en donde por cuenta de la “protección a la vida desde la concepción”, se prohibió la reproducción asistida en el año 2.000.

Una verdadera preocupación por el bienestar de los no nacidos sería garantizar la atención prenatal gratuita a todas las colombianas que deciden tener hijos, niveles nutricionales adecuados para ellas y servicios de salud materna que aseguren el bienestar de la mujer y, por consiguiente, el de su hijo/a por nacer.

Las consecuencias de la reforma

Una propuesta como la del Partido Conservador tendría consecuencias negativas para la sociedad colombiana,  en particular para las mujeres en edad reproductiva, así como para otras personas que tendrían que privarse del progreso científico, al no poder acceder a tratamientos con células madre, por ejemplo.

El Estado colombiano también tendría que asumir costos elevados en materia fiscal y el resquebrajamiento de su imagen internacional por cuenta de la ruptura de sus compromisos internacionales. Además, también supondría llegar a absurdos jurídicos como eliminar la figura de la legítima defensa del código penal.

Para las mujeres, esta iniciativa supone altísimos costos porque mueren y dejan huérfanos a sus hijos, al no poder acceder a un aborto legal para salvar su vida; ó porque son obligadas a llevar a término un embarazo que ha sido fruto de una violación o cuyo producto no sobrevivirá al parto.

Del progreso científico tendrían que privarse las parejas que no pueden tener hijos y desean un tratamiento de fertilización in Vitro, como se mencionó anteriormente. Así mismo, las personas con discapacidades o enfermedades graves que podrían curarse con células madre, tendrían que renunciar a su esperanza de vida porque una reforma tal implicaría la prohibición de este tipo de investigación.

Entre tanto, el Estado tendría que asumir los costos fiscales que supone dejar de atender 10 pacientes, en cualquier servicio, para tratar a una mujer con complicaciones relacionadas con abortos inseguros y clandestinos.

El Estado también podría verse abocado a asumir los costos diplomáticos de una condena internacional como la que recibió Perú, por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por someter a una menor de edad, con un embarazo de un feto anencefálico (sin parte de cerebro y cráneo),-

a tratos crueles, inhumanos y degradantes al negarle un aborto legal. También podría enfrentar costos financieros, como en el caso de Polonia que este año fue condenada a pagarle 60 mil euros a una mujer a la que se le obstaculizó el acceso a un aborto legal.

* Las organizaciones sociales y personas que suscriben esta posición son: Católicas por el Derecho a Decidir, DeJusticia, Women’s Link Worldwide, Centro de Derechos Reproductivos, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia Diversa, Fundación Mujer y Futuro, Fundación Sí Mujer, Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, regional Medellín; y Germán Humberto Rincón Perfetti.

Mayor información

Sandra Mazo

Católicas por el Derecho a Decidir
Cel. 311- 201 8440

Diana Guzmán

DeJusticia
300- 564 5294

Brújula Comunicaciones

Cel. 320- 275 7653

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Parauribismo/

El que la debe la teme y Uribe se prepara
Habla de un complot de los cabecillas paramilitares que extraditó en una jugada audaz para deshacerse de la verdad
Por Camilo Raigozo

En una jugada desesperada y audaz, en la madrugada del 13 de mayo de 2008 Uribe extraditó a Estados Unidos a 13 de los principales jefes sicariales de la estrategia paramilitar del régimen, en momentos en que algunos habían empezado a contarle la verdad al país.

Del mismo modo, ante el inminente encarcelamiento y por ende la salida a flote de la verdad sobre las acciones criminales desde el DAS, afanosamente le buscó asilo en Panamá  a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, el cual fue otorgado fraudulentamente por ese gobierno en noviembre de 2010.

Entre Mancuso y “Jorge 40”, habían señalado a más de cien delincuentes, entre diputados, senadores, ministros, militares, gobernadores, alcaldes y concejales, en su gran mayoría aliados, correligionarios, amigos y hasta familiares de Uribe, de pertenecer a las estructuras paramilitares.

Otros jefes ‘paras’ habían amenazado con divulgar nombres de altos mandos militares, empresarios, funcionarios públicos, políticos, terratenientes, empresas multinacionales y otras personalidades de la vida nacional, comprometidos seriamente en los crímenes de las Auc.

"La extradición de los cabecillas paramilitares evita que sus confesiones sigan incriminando congresistas de la coalición uribista e involucrando a integrantes de la rama ejecutiva en el proceso de la parapolítica", denunció en su momento el Polo Democrático Alternativo.

Cuando algunos de los extraditados han intentado hablar ante las autoridades judiciales desde las cárceles en los Estados Unidos, sus familias han sido amenazadas en Colombia. Muchos han renunciado a seguir colaborando con la justicia presionados por esas circunstancias.

Con la coartada de la extradición de los jefes ‘paras’ quedaron burlados los derechos de las víctimas  a obtener verdad justicia y reparación integral. El país y al mundo fueron privados del derecho a  conocer la verdad sobre la demencial estrategia paramilitar.

Este primero de agosto de 2011, Uribe pidió, con visible desespero, a la justicia investigar un supuesto complot en su contra por parte de los paramilitares extraditados. Lo que Uribe teme es que cuenten la verdad que las víctimas y el país tienen el derecho a saber y la justicia la obligación de investigar.

“La verdad es que se ha desestimado la venganza criminal contra nuestro gobierno. Nuestro gobierno extraditó 1.200 personas, desmanteló los paramilitares, extraditó 14 cabecillas paramilitares, debilitó a las Farc y el Eln”, aseguró Uribe a algunos medios.

Lo único cierto de lo anterior es el número de las extradiciones. El resto son “falsedades de toda falsedad”, como él mismo dice. Las estructuras de la estrategia paramilitar siguen masacrando, asesinado, desplazando, desapareciendo y amenazando en muchas regiones del país.  

En Córdoba, en las vecindades de El Ubérrimo, para no ir tan lejos, estas estructuras criminales controlan hasta la caída de las hojas de los árboles. Claro que estratégicamente los interesados ya no los llaman paramilitares, sino “Bacrim”.  En cuanto al debilitamiento de las FARC y del ELN, las investigaciones demuestran otra visión.  

“Cuando yo fui a extraditar a los paramilitares alguien me dijo: ¿está preparado para las venganzas que sobrevendrán?”, le dijo Uribe a los medios quejándose de que “la justicia no ha querido examinar esa hipótesis que tiene fundamento”.

Momentos antes de abordar el avión de la DEA que los llevaría a los Estados Unidos, pálido y sin poder creer que lo que les estaba pasando fuera cierto, Salvatore Mancuso dijo ante las pocas o tal vez única cámara que había en ese lugar: “Nos traicionaron esos h.p.”.

En la misma intervención Uribe insistió en la defensa de los presuntos delincuentes Andrés Felipe Arias, su ministro de Agricultura y  Bernardo Moreno, su secretario presidencial, ambos encarcelados por sus presuntas fechorías, debidamente sustentadas por la Fiscalía.

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