Prisioneras políticas terminan huelga de hambre
Por Lazos de Dignidad
La Fundación Lazos de Dignidad comunica a la Comunidad Nacional e Internacional que luego de cumplir 60 horas en huelga de hambre las prisioneras políticas Sandra Patricia Torres, Elena Patricia Muñoz y Camila, dieron por terminada su acción de protesta,-
sin que el gobierno nacional haya resulto sus peticiones de autorización de ingreso de la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos y de las y los Prisioneros Políticos a las prisiones Colombianas.
El 22 de marzo de 2012, desde las 6 de la mañana, en la Reclusión de Mujeres El Pedregal de Medellín, las prisioneras políticas Sandra Patricia Torres, Elena Patricia Muñoz y Camila, se habían declararon en huelga de hambre, sumándose así a la Jornada Nacional de Huelga de hambre-
iniciada por 555 prisioneros el 20 de marzo del corriente, en exigencia al gobierno para que permitiera el ingreso de la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos y de las y los Prisioneros Políticos a las prisiones Colombianas.
Ese mismo día, a las 8 de la noche, las prisioneras políticas fueron aisladas en celdas de castigo denominadas Unidades de Tratamiento Especial, quedando completamente incomunicadas con el mundo exterior.
El 23 de marzo, en horas de la noche, las prisioneras políticas en huelga de hambre fueron vistas por otras prisioneras cuando eran conducidas a la dependencia de sanidad, llamando la atención que las huelguistas eran sometidas al uso de grilletes durante su traslado.
Hoy, 24 de marzo, a las 6 de la tarde, luego de haber cumplido 60 horas sin ingerir alimentos, las prisioneras políticas Sandra Patricia Torres, Elena Patricia Muñoz y Camila, dieron por terminada la protesta y una hora después se comunicaron con nuestra fundación para manifestar que, a pesar de no haber logrado un pronunciamiento-
por parte del gobierno nacional, consideraban que su protesta no fue en vano, puesto que lograron demostrar que en Colombia existen prisioneras y prisioneros políticos, a quienes se le da un tratamiento discriminatorio y arbitrario, como fue el castigo de aislamiento e incomunicación al que fueron sometidas .
El aislamiento y la incomunicación a la que fueron sometidas las prisioneras políticas Sandra Patricia Torres, Elena Patricia Muñoz y Camila, constituyen una flagrante violación a la dignidad humana,-
al derecho fundamental de un debido proceso y al derecho a la protesta pacífica consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política y cobijado por la sentencia T -571 de 2008 de la Corte Constitucional colombiana.
Este castigo demuestra el abuso de poder por parte de los funcionarios del Inpec, quienes en sometieron a las prisioneras al asilamiento e incomunicación en retaliación al ejercicio de su legítimo derecho a la protesta pacífica.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó en su 99o período de sesiones en Ginebra que observaba con preocupación la alta incidencia de hacinamiento, y las quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes dentro de los centros penitenciarios y en lugares de detención temporal en Colombia.
Según las últimas cifras de población carcelaria, en 2011 ingresaron a los penales del país 55.112 reclusos, lo que indica un aumento del 40 % en la población carcelaria, que –según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)-
obedece a que fue mayor el número de ingresos al número de salidas (ingresaron 55.112 reclusos, mientras que 19.231 personas recuperaron su libertad), lo que genera un preocupante hacinamiento en las cárceles colombianas, que para este año se sitúa en 30,5% (1).
Los sitios de reclusión en Colombia están inmersos en una situación de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, calificado desde el año 1998 por la Corte Constitucional como un “estado de cosas inconstitucionales” (Sentencia T-
153/98), el cual a pesar de haber transcurrido más de 13 años se mantiene vigente, sin que se asuman planes o políticas públicas que profundicen el análisis de cada una de las situaciones violatorias evidenciadas y solucionen de manera efectiva dicha crisis.
En este contexto se presenta la situación de existencia y discriminación de las y los prisioneros políticos, denunciada desde los años 60, tiempos en que intelectuales y personalidades como Enrique Santos Calderón,-
hermano del actual presidente de Colombia, crearon organizaciones y espacios de acompañamiento jurídico y solidaridad con las personas encarceladas por causas políticas, que en la actualidad se estima ascienden la cifra de 9.500.
Desde el año pasado, las Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz, iniciaron un intercambio epistolar con las FARC EP, que arrojó como fruto que la organización subversiva anunciara la liberación militares que permanecen retenidos en su poder, solicitando la creación de una comisión internacional de verificación de la situación de todos los prisioneros políticos.
Desde diciembre de 2011, las Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz anunciaron la conformación de un mecanismo verificador de la situación de las y los Prisioneros Políticos, y el 26 de febrero de 2012, en el marco del foro “Colombia entre Rejas:
En Búsqueda de Caminos para la Libertad y la Paz”, instalaron la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos en las Reclusiones Colombianas y de las y los Prisioneros Políticos, conformada por parlamentarios, juristas, defensores de derechos humanos-
y personalidades democráticas del mundo, que el 28 de febrero se reunió formalmente con el Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, quien autorizó las visitas humanitarias a las reclusiones colombianas solicitadas por la comisión, autorización que fue revertida sin justa causa posteriormente.
Recientemente las FARC- EP anunció la liberación de 10 militares colombianos en su poder, y reiteró la petición de verificación de la situación de las y los prisioneros políticos en el país, sin embargo, el gobierno nacional arbitrariamente mantiene su postura de negar la acción humanitaria.
Ante la incertidumbre y la necesidad de que organismos internacionales observen la realidad de las reclusiones y de la situación de las y los prisioneros políticos, estos han se declararon en Jornada-
Nacional de Huelga de Hambre, la cual se desarrolló masivamente durante el 20 y el 24 de marzo, sin lograr que el gobierno nacional se pronunciaría frente a su petición.
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