Parauribismo/
Listado de Políticos implicados con el paramilitarismo
Por prensa nacional

El siguiente listado está compuesto por políticos de diferentes regiones del país implicados de una u otra forma con la estrategia criminal del paramilitarismo.

Unos han aceptado cargos, otros han sido condenados, otros están llamados a juicio, otros están detenidos, otros han rendido indagatoria, otros han rendido versión libre, y finalmente hay otros que han sido mencionados por los propios paramilitares en sus confesiones. La gran mayoría apoyaron y siguen apoyando al presidente Uribe.

Como un servicio a nuestros lectores a continuación transcribimos el listado enviado a este medio por colaboradores:

Aceptación de cargos

Miguel de la Espriella, ex senador de Córdoba.
Eleonora Pineda, ex representante a la Cámara, detenida en la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá.
Jorge Luís Caballero, ex representante del Magdalena, en los próximos días aceptará cargos. Está detenido.
Rocío Arias, ex representante a la Cámara, se encuentra en libertad y a la espera de que se emita su medida de aseguramiento.
Muriel Benitorevollo, ex representante a la Cámara, se encuentra detenida en el Buen Pastor y en los próximos días se someterá a sentencia anticipada.
Wilmer José Pérez Padilla, ex alcalde de San Antero, Córdoba, detenido.

Condenados

Eric Morris, representante a la Cámara. Seis años de prisión y 2 mil salarios mínimos.
Alfonso Campo Escobar, ex representante. Multa por más de 1.600 millones de pesos y prisión por seis años.
Trino Luna, ex gobernador de Magdalena. Cárcel por 3 años y ocho meses.
Nelson Stanp Berrío, ex diputado de Sucre. Multa de 430 millones de pesos y prisión por tres años.
Edilberto Castro, ex gobernador del Meta.
Miguel Ángel Pérez, ex gobernador del Casanare. A seis años de prisión, aunque fue por enriquecimiento ilícito de particulares y por fuera del escándalo de la parapolítica, fue una de las primeras en hacerse en contra de un político vinculado a las autodefensas.

A juicio

Dieb Maloof, ex senador, renunció a su investidura, detenido.
Jairo Merlano, ex senador, renunció a su investidura, detenido.
Álvaro Araujo, ex senador, renunció a su investidura. Detenido.
Álvaro García, ex senador, renunció a su investidura., detenido.
Mauricio Pimiento, ex senador, César, renunció a su investidura, detenido.
Luís Eduardo Vives, ex senador, Magdalena, renunció a su investidura, detenido.
Juan Manuel López, ex representante, Córdoba, renunció a su investidura.

Detenidos

William Montes, senador, Bolívar, detenido.
Karelly Lara, representante, Magdalena, detenido.
Reginaldo Montes, senador, Bolívar, detenido.
Jorge Luís Caballero, ex representante, Magdalena, renunció a su investidura. Detenido.
Ángel Daniel Villareal, diputado, Sucre, detenido.
Jhony Guillermo Villa, diputado, Sucre, detenido.
Walberto Estrada, diputado, Sucre, detenido.
Pedro Pestana (líder indígena), bajo jurisdicción de el resguardo San Andrés de Sotavento, Sucre Antonio de Jesús Martínez (líder indígena).

Indagatoria

Vicente Blel, senador, Bolívar, detenido.
Luís Humberto Gómez, senador conservador, detenido.
Mario Uribe, senador, Antioquia, renunció a su investidura.
Luís Alberto Gil, senador, Santander, renunció a su investidura.
Óscar Josué Reyes, senador, Santander.
Luís Alfonso Riaño, representante, Santander.
Luís Carlos Torres, senador.
Meta Jairo Fernández, representante.
Sucre Carlos Clavijo, ex senador.
Gonzalo García, representante, Tolima.
Hernando Molina, gobernador Cesár.
Luís Carlos Ordosgoitia, ex congresista, Córdoba, detenido.
Alfredo Cuello Baute, representante a la Cámara.
Álvaro Morón Cuello, representante, César.
Jassir Farak Mendoza, diputado, Sucre.
José Manuel Herrera, representante, Santander, renunció investidura.
Oscar Wilchez, representante Casanare, detenido.
Álvaro Antonio Cabrales
Edwin José Mussi Restom, ex alcalde de Ovejas, Sucre.
Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cúcuta, N. de Santander.
William Pérez, ex gobernador de Casanare.
Mauricio Esteban Chaparro, ex alcalde de Sabanalarga, Casanare.
Jorge Eliécer López Barreto, ex alcalde de Tauramena, Casanare.
Henry Montes Montes, ex alcalde de Maní, Casanare.
Raúl Cabrera Barreto, ex alcalde de Villanueva, Casanare.
Aleyder Castañeda, ex alcalde de Monterrey, casanare.
Leonel Torres, ex alcalde de Aguazul, Casanare.
César Ricardo Chapín, ex alcalde de Tamalameque, Bolívar.
Rosa Stella Ibáñez, ex alcaldesa de Soledad, Atlántico.
Fulgencio Olarte Morales, ex alcalde de Zona Bananera, Magdalena.
Luís Saleman, ex alcalde de San Onofre, Sucre.
Nazly Zambrano, ex alcalde de Algarrobo, Magdalena.
José Francisco Zúñiga, ex alcalde de Santa Marta, Magdalena.

Versión libre

Óscar Suárez, senador, Antioquia
Mauricio Parodi, representante, Antioquia
Ciro Ramírez Pinzón, senador conservador, Boyacá
Dispón Ferney Tapasco, representante a la Cámara
Rubén Darío Quintero, senador, Antioquia
Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda
Gonzalo García Angarita, representante, Tolima
Alfredo Cuello Baute, representante a la Cámara
Edgar Benito Revollo, ex diputado, Sucre.

Indagación preliminar

Miguel Pinedo, senador Magdalena
Julio Manzur, senador, Córdoba Zulema Jattin, senadora, Córdoba
Habib Merheg, senador, Risaralda
Héctor Julio Alfonso, ex representante de Bolívar, renunció a su investidura.
Fernando Tafur, representante a la Cámara, Bolívar
Adriana Gutiérrez, senadora, Caldas
Gabriel Zapata, senador, Antioquia
Guillermo Rivera, representante, Putumayo
Luís Fernando Almario, representante, Caquetá
Jorge Anaya, gobernador, Sucre
Sabas Enrique Balseiro, alcalde de San Onofre
Musa Basaile Fayad, representante, Córdoba
Rodrigo Burgos de La Espriella, ex senador, Córdoba
Freddy Sánchez, ex congresista, Córdoba
Remberto Montes, ex congresista, Córdoba
Álvaro Antonio Cabrales Hodeg, diputado, Córdoba
Sigifredo Mario Senior Sotomayor, ex alcalde de Tierra Alta, Córdoba
Wilmer José Pérez Padilla, ex alcalde de San Antero, Córdoba
José María López, ex gobernador, Córdoba
Emilio Enrique Ángel Barco, Partido Liberal
Hernando Díaz Mendoza, ex alcalde de la Jagua de Ibérico
Aleider Castañeda, ex alcaldesa de Monterrey, Casanare
Jorge Luís Feris Chadid, ex congresista
José María Imbeth, ex representante, Bolívar.

Mencionados

Javier Cáceres, senador, Bolívar
David Char, senador, Atlántico
Mussa Besaile, representante
Luís Alfredo Ramos, ex senador y Gobernador de Antioquia
Piedad Zuccardi, senadora
Alonso Salazar Jaramillo, Alcalde de Medellín
Luís Élmer Arenas, senador, aparece en los correos de ‘Ernesto Báez’
Nelly Blanco, diputada, Sucre
Pedro Patrón Luna, ex alcalde de Coveñas
Daniel Contreras Serje, alcalde de El Guamo
Guillermo León, alcalde de San Jacinto
Efrén Hernández, ex gobernador de Casanare
Guillermo Jaramillo Martínez, ex gobernador de Tolima
Jorge Rafael Garay, ex acalde de Coveñas, Sucre
Mario Prada, ex alcalde de Valencia, Córdoba
Salomón Nader, ex congresista
Libardo López
José María López
Mario Pineda, ex alcalde de Valencia
Ferney Bertel, ex alcalde de Buenavista
Rodolfo Montes, ex alcalde de Lorica
Martín Álvarez, ex alcalde de San Antero
Moisés Nader, ex alcalde de Montelíbano
Wilson Negrete, ex alcalde de San Bernardo del Viento
Julio Álvarez, ex alcalde de Chinú
Carlos Rodríguez, ex alcalde de Chinú
Carlos Vergara, ex alcalde de Puerto Escondido
Nelly Blanco, diputada, Sucre
Libardo Simancas, ex gobernador de Bolívar
Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, ex concejal de Santa Marta, Magdalena

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Cifras del despojo de tierras: Conferencia Nacional de Tierras y Territorio
¿Porqué el gobierno no promueve una acción nacional de devolución de tierras a los campesinos despojados?

Este y otros interrogantes serán respondidos luego de un juicioso análisis por los más de 200 personas asistentes a la Conferencia Nacional de Tierras y Territorio: Catastro del Despojo, que se desarrollará hasta el próximo sábado 8 de agosto en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la ciudad de Bogotá.

El evento tiene como propósito fundamental construir una estrategia que visibilice la magnitud del fenómeno de apropiación violenta de tierras y cuantificar su dimensión por departamento o región afectada.

El cálculo exacto de la cantidad de hectáreas despojadas como consecuencia del conflicto social político y armado que atraviesa Colombia aún es tarea pendiente.

Sin embargo, en el marco de la Sentencia T-025 de 2004, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado en sus últimos informes[1], ha establecido, a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Verificación de julio de 2008, un aproximado del total de hectáreas despojadas y forzadas a dejar en abandono[2] de 5.5 millones de hectáreas.

Cálculo del que se excluyeron las formas colectivas de propiedad o tenencia, así como los predios con extensiones superiores a 98 hectáreas. Extensión que equivale al 10,8% del total de la superficie agropecuaria del país[3].

La magnitud del despojo y desterritorialización ha generado situaciones de dominio y control territorial en lo militar, lo político y lo económico que ha acentuado la concentración de la tierra en el país, al punto que hoy en día, Colombia es el segundo país del mundo en concentración de la propiedad de la tierra[4].

En el 2005 el 0,4% de los propietarios poseía más del 60% de la tierra, casi el doble lo que poseían hace 20 años. Mientras tanto el 58% de los propietarios poseía menos del 2%.[5]

Las anteriores cifras revelan lo que muchos y muchas han denominado la más grande contrarreforma agraria del país, teniendo en cuenta que el número de hectáreas adjudicadas entre 1962 y 2006 dentro de los programas de reforma agraria solo alcanzaron un total de 1.607.543 hectáreas[6], y ha hecho que las tierras se encuentren hoy de manera preponderante, en manos de terratenientes tradicionales, agroindustriales, ganaderos, narcotraficantes, paramilitares y sus testaferros.

No obstante es importante insistir en que el despojo y el abandono forzado no se han concentrado únicamente en las tierras. En relación a los otros bienes, la Comisión de seguimiento calcula que el 78.9% de familias desplazadas tenían animales, especialmente aves, cerdos, ganado bovino, equino, entre otros, de las cuales el 92.4% se vieron obligadas a abandonarlos[7].

Así mismo un 43,6% de los grupos familiares tenían cultivos que se perdieron en un 93,3%, consistentes primordialmente en cultivos de yuca, plátano, maíz, ñame, café, arroz, fríjol, caña, y tabaco[8], productos que además de ser fuente de generación de ingresos, eran fuente de consumo alimentario, afectándose así el derecho a la seguridad y a la soberanía alimentaria.

Estos cálculos además de develar la magnitud del despojo, confirman la pérdida de los activos productivos para las víctimas, es decir, de los medios que les permitían la generación de ingresos a través de los trabajos que desempeñaban.

Al punto que se ha podido establecer que “una de las consecuencias más relevantes del desplazamiento es haber deteriorado de forma radical los niveles de ingreso de los grupos familiares desplazados y, consecuentemente, haber postrado a un amplio sector de familias colombianas a la pobreza y a la indigencia”[9], la pobreza habría pasado de 51% al 97.6%, y la indigencia de 31.5% a 80.7% en el caso de la población desplazada[10].

Así entonces cuando se procura determinar el daño causado a la población que ha sido despojada de sus bienes y en general de una parte significativa de su patrimonio, es importante insistir en que, parte fundamental del mismo, se produce por el despojo y el abandono forzado de las tierras, pero también de otros bienes, que en muchas ocasiones eran indispensables para satisfacer sus derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, a la vivienda digna, entre otros.

Frente a esta situación de despojo la Corte Constitucional Colombiana luego de corroborar la ineficacia de la política de tierras adelantada por el Estado Colombiano, ordenó de manera reciente a través del auto 008 de 2009, la reformulación total de dicha política.

Este hecho es relevante si se tiene en cuenta que la tierra despojada continúa en manos de quienes la usurparon y que hasta el momento son inexistentes políticas eficaces dirigidas a lograr una verdadera restitución del patrimonio, que responda de manera efectiva a la superación de los obstáculos fácticos, normativos y políticos existentes.

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[1] En esta Comisión participan el Ex Defensor del Pueblo y ex Presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, la periodista Patricia Lara, el Director Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica colombiana Monseñor Héctor Fabio Henao, el economista Luís Jorge Garay, el Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Dr. José Fernando Isaza, el Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia Rodrigo Uprimny Yepes,

el Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia Luis Evelis Andrade, la dirigente Rosalba Castillo de la organización AfroAmérica XXI, el Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Orlando Fals Borda (qepd), el Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía Pedro Santana, y el profesor de la Universidad Nacional y Presidente de Codhes, Marco Romero.

La Comisión cuenta con el acompañamiento internacional de la premio Nóbel de paz Rigoberta Menchu, la Organización Plan Internacional y el ex representante de Acnur en Colombia Roberto Meier.

Actualmente La Comisión cuenta con una secretaría técnica integrada por los comisionados representes de las siguientes organizaciones: Codhes, Viva la Ciudadanía, Pastoral Social, Centro de Estudios De Justicia y Plan Internacional.

[2]Resulta necesario distinguir entre estas dos categorías de despojo y abandono forzado: “Despojo: acción o actividad ejercida para sacar de la órbita del patrimonio de una persona un bien con el propósito de apropiárselo de manera ilegal.

Para el caso del despojo de tierras, este se entiende como la acción por medio de la cual a una persona se le priva arbitrariamente de su propiedad, posesión, ocupación, tenencia o cualquier otro derecho que ejerza sobre un predio, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, actuación administrativa, actuación judicial o por medio de algunas acciones tipificadas en el ordenamiento penal y aprovechándose del contexto del conflicto armado. El despojo puede ir acompañado o no del abandono, pero a diferencia de este último, en el despojo hay una intención expresa de apropiarse del predio. (…).

Abandono: acción por la cual las personas o comunidades se ven obligadas a dejar los bienes con los que tenían un vínculo en términos de propiedad, posesión, tenencia u ocupación. El abandono impide que la persona o comunidad use, goce o disponga libremente de sus bienes por sí misma o a través de terceros, en razón a los hechos que la pusieron en situación de víctima”. Definiciones extractadas del proyecto de ley 157/07 Senado.

[3] Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. XI Informe: Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Bases para el desarrollo de procesos de reparación. Enero 19 de 2009. P 35.

[4] El Radar. ¿Qué pasa con la tierra en Colombia?, entrevista a Alejandro Reyes. Caracol Televisión.http://www.caracoltv.com/producciones/informativos/elradar/video138144-pasa-los-terrenos-colombia.

[5] Garay, Luis Jorge y otros (2008). La pobreza de un país altamente inequitativo, Pg. 14.

[6] Yamile Salinas. Tenencia de tierra y conflicto armado. Caja de Herramientas # 121. 2007. http://www.viva.org.co/caja_herramientas_contenido.htm?cmd%5B825%5D=x-825-18812269&cmd%5B822%5D=x-822-18812264&cmd%5B874%5D=x-874-18812264&cmd%5B824%5D=c-1-3b4b85fd854bb6de807f26760702bb41

[7] Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. XI Informe: Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Bases para el desarrollo de procesos de reparación. Enero 19 de 2009. P. 2, 7.

[8] Ibid. p.4, 16.
[9] Ibid. p. 17.
[10] Ibid. p. 17.

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Parauribismo/
‘Paras' amenazan de muerte a dirigentes agrarios en Girón, Santander
Por Camilo Raigozo

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, denunció ante la opinión pública mundial las amenazas de las que fueron víctimas miembros de ese sindicato agrario en el municipio de Girón, Santander.

El pasado martes 28 de Julio, a las tres de la tarde, aproximadamente, por vía telefónica fueron amenazados y declarados “objetivo militar”, Felix Ortiz Amaya, presidente de la subdirectiva de Asogras en Girón, Mabel García Mantilla, vicepresidenta de la la misma subdirectiva y Juliana Andrea García Carrillo, secretaria de la misma Asociación .

Los criminales al parecer pertenecen a paramilitares que operan en ese municipio, los cuales además de amenazar a las personas mencionadas, le comunicaron a la hermana de Mabel García, que debía abandonar el Barrio Miradores de San Juan inmediatamente.

Así mismo, agregaron que conocían toda la rutina de cada uno de los familiares y que desaparecerían al esposo de Mabel García, porque era lo que más le dolería.

Mientras tanto, a Juliana Andrea García el victimario le dijo que ella estaba embarazada y que “sería fácil darle donde más le doliera”.

A Felix Ortiz, le dijeron que lo que estaban esperando era que diera papaya para desaparecerlo. “Solo esperamos el momento y la hora para ejecutar dicha acción”, le advirtieron.

Según la fuente, se ha recibido información por parte de la comunidad que de que los sindicalistas pueden ser objeto de atentados en el barrio Miradores de San Juan, donde se sabe que delinquen paramilitares autodenominados “Águilas Negras” que controlan los barrios populares.

La Asociación Agraria de Santander, desde el año 2.004, ha sido víctima de constantes asedios, amenazas, persecución y asesinatos, por el paramilitarismo, que opera en Santander y Magdalena Medio, especialmente en el municipio de Sabana de Torres, quienes además han amenazado a miembros de la Asociación.

Las directivas de la Asociación Agrícola exigieron al gobierno y a las autoridades civiles y militares garantizar los derechos humanos fundamentales, entre ellos la vida de las personas amenazadas.

También hicieron un llamado urgente a la solidaridad y acompañamiento a los campesinos de la Asociación Agraria de Santander, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y sociales, nacionales y extranjeras, para que insten al gobierno colombiano a respetar el derecho a la vida y demás derechos civiles de las comunidades en peligro.

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Carta del profe Miguel Ángel Beltrán desde la cárcel
Por Miguel Ángel Beltrán Villegas

Miguel Ángel Beltrán fue secuestrado en México y puesto preso en la cárcel Modelo de Bogotá, escribe desde la reclusión una carta a sus compañeros y colegas profesores en la que presenta el estado en el que se encuentra y las irregularidades que rodean su proceso. A continuación presentamos la carta en su totalidad:

“Apreciados(as) colegas ASPU:

Han transcurrido dos meses desde mi arbitraria detención en este pabellón de "alta seguridad". Actualmente somos 73 internos (de una población de 6.102 presos), los que estamos recluidos en esta área de la Cárcel Nacional Modelo, que bien puede ser considerada una "cárcel dentro de la misma cárcel" alejada de los demás patios y donde sólo tenemos derecho a una hora diaria de sol.

Aquí comparto suerte no sólo con comandantes guerrilleros sino, también, con reconocidos narcotraficantes y jefes paramilitares que como "Zeus" y "Niche" están acusados de ser autores de numerosas masacres de hombres, mujeres y niños indefensos. Por fortuna éstos se encuentran en un piso aparte.

Cada vez que traspaso las puertas de esta institución carcelaria para una audiencia o una entrevista con los medios de comunicación, los impresionantes dispositivos de seguridad revelan que soy considerado un reo de alta peligrosidad para las autoridades carcelarias.

"El terrorista más peligroso de las FARC" según palabras del mismo presidente Uribe quien me condenó, sin ser escuchado en juicio, y agradeció al primer mandatario mexicano Felipe Calderón su colaboración en mi captura, aún así los jueces de garantías y de apelación insistieron que mi detención se produjo en Colombia.

Resulta un verdadero sarcasmo que mientras el fiscal promete para mí una pena de más de cuarenta años por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas, a los verdaderos criminales, que han sembrado el terror en todo el país, se les ofrece que purguen sus decenas de homicidios en 8 años, a cambio de su confesión, amparados en la política de "justicia y paz".

En otros casos, la justicia ni siquiera se ha hecho cargo de ellos y se mantienen en la total impunidad desempeñando importantes cargos públicos o altos puestos de dirección en las fuerzas militares.

En mi expediente no se me acusa de despedazar campesinos con motosierra, ni se me atribuye el asesinato de jóvenes provenientes de sectores populares que luego son presentados como "falsos positivos"; tampoco se me imputan tratos crueles, inhumanos y degradantes contra persona alguna;

mucho menos se me inculpa de delitos de lesa humanidad: contrario a ello se me acusa de "instigación al terrorismo" por denunciar estos hechos y de poner de presente la responsabilidad del Estado Colombiano y las Fuerzas Militares en estos crímenes:

se me acusa de ser un terrorista por sustentar en mis escritos en los foros públicos, que las FARC es una respuesta histórica a las múltiple violencias del Estado, porque en este país, por decreto presidencial no existe conflicto armado, pese a que el número de desplazados por la violencia sobrepasan ya los 4 millones de personas.

El hecho que se cite mis actividades académicas como indicios para inculparme, demuestra que se trata de un claro intento de criminalizar un trabajo docente e investigativo incómodo para el establecimiento.

En el pasado estas mismas sindicaciones han sido hechas a destacados profesores universitarios como el sociólogo Alfredo Correa, a quien se acusó de ser un "ideólogo de las FARC"; en esa ocasión las falsas inculpaciones provinieron de informaciones proporcionadas por los mismos organismos de inteligencia del Estado, concretamente del DAS institución que depende directamente de la Presidencia de la República.

Pese a que en el proceso jurídico se pudo comprobar su inocencia, al profesor Correa el Estado no le garantizó el derecho a la vida: pocas semanas después de su excarcelación, caía asesinado en las calles de Barraquilla.

Desafortunadamente, esta política de hostigamiento contra la academia Colombiana no es cosa del pasado, por el contrario se ha venido incrementando con la mal llamada política de "seguridad democrática".

William Javier Díaz es un ejemplo de ello, integrante del Taller de Formación Estudiantil Raíces (TJER ), que durante más de una década ha desarrollado seminarios de pensamiento social en la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital "Francisco José Caldas", con el apoyo de reconocidos académicos e investigadores, hoy es víctima de un montaje jurídico similar, donde, con base en espurios archivos de un supuesto computador incautado a la guerrilla, se le presenta como un militante de las FARC.

De esta manera el Estado pretende castigar a quienes consideramos que los estudiantes deben estar en contacto permanente con los problemas sociales no solo del pasado sino también del presente; que los futuros profesionales tienen que estar en contacto con las tercas y duras realidades de un país continente que hoy parece despertar tras años de letargo.

La universidad, centro por excelencia de producción y circulación del pensamiento crítico, no puede ceder a esta intimidación, escudándose en una supuesta neutralidad de la teoría, ni refugiándose en la torre de marfil de un conocimiento de expertos ajeno a cualquier compromiso con la realidad social, las libertades del pensamiento y expresión –escribía el profesor universitario y también activista de los derechos humanos Héctor Abad Gómez– "son un derecho duramente conquistado a través de la historia por millares de seres humanos, derecho que debemos conservar.

La historia demuestra que la conservación de este derecho requiere esfuerzos constantes, ocasionales luchas y aún, a veces, sacrificios personales".

En Colombia, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ha sido un instrumento de defensa de este derecho, preservando con su lucha el "alma mater" no sólo de los bárbaros que pretenden acallarla recurriendo a la violencia y la amenaza, sino haciendo frente a las políticas neoliberales que buscan asfixiarla presupuestalmente.

La generosa solidaridad que ustedes me han brindado en estos dos largos meses de reclusión, corrobora este compromiso que por décadas ustedes han mantenido en aras de la defensa de la educación superior y coloca de presente que esta lucha no solo es por mi libertad sino por la libertad y el respeto al trabajo científico e intelectual.

Desde estas cuatro paredes que aprisionan mi cuerpo, pero no mi pensamiento, quiero hacerles llegar mi voz de sincero agradecimiento por sus gestos de solidaridad y mi convencimiento de que en esta lucha llegaremos hasta el final, para que en el país el pensamiento pueda circular libremente y no sea amenazado por aquellos insensatos que aspiran revivir los tiempos de la inquisición, condenando a la hoguera a quienes expresamos ideas y opiniones diferentes.

Un abrazo fraternal.

Miguel Ángel Beltrán Villegas/Cárcel Nacional Modelo/Pabellón de Alta Seguridad. Julio 20 de 2009".

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Parauribismo/
Asesinado otro indígena en Caloto, Cauca
Cinco encapuchados le quitaron la vida delante de su familia
Por Camilo Raigozo

El indígena Wilson Ramón, de 42 años, fue asesinado por cinco encapuchados que le dispararon delante de sus familiares la noche del viernes en el caserío de López Adentro, municipio de Caloto, Cauca.

Según testimonios de familiares y de la comunidad, la víctima no había recibido amenazas pero aseguraron que recientemente han aparecido en la zona grupos de paramilitares encapuchados que vienen asesinando indígenas.

En lo que va del año han sido asesinados en el país 63 indígenas de los cuales cuatro pertenecen a esa comunidad, por lo que el relator de las Naciones Unidas (ONU) para los pueblos indígenas, James Anaya, señaló al concluir esta semana una visita a Colombia que "la situación de los derechos humanos de los indígenas es grave, crítica y profundamente preocupante" , tal y como había advertido su antecesor en el cargo, Rodolfo Stavenhagen, en su visita de 2004.

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