CPI investigará posible impunidad por extradición de `paras` a EE.UU.
Por: EFE/ El Espectador/ Notimundo

El fiscal argentino Luis Moreno, de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció este sábado que viajará en una semana a Colombia para seguir el caso de los ex jefes paramilitares que fueron extraditados hace tres meses a Estados Unidos.

"Investigaremos de cerca el por qué algunos ex paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos", dijo Moreno a Caracol Radio, que lo contactó por teléfono en Buenos Aires.

A diferencia de Colombia, que incluso lo ratificó, Estados Unidos no se adhirió al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI, que data de julio de 1998, lo que ha hecho temer por la exclusión de estos colombianos del alcance de la Corte Internacional.

Moreno anunció que regresará a la capital colombiana para gestiones relacionadas con la eventual competencia de la CPI sobre hechos criminales en este país andino.

"Mi tarea es advertir y monitorear las investigaciones judiciales en Colombia", recordó el jurista argentino, que el pasado octubre visitó Bogotá para analizar el avance de las causas abiertas contra "máximos responsables de crímenes bajo la competencia" de la CPI. Aludiendo a los procesos abiertos contra los ex jefes de las Autodefensas.

La CPI ha seguido de cerca la fase judicial de este polémico proceso de paz promovido por el presidente Álvaro Uribe, que el pasado mayo extraditó a quince antiguos mandos de las AUC procesados en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.

El viaje a Bogotá de Moreno fue precipitado por la últimas extradiciones, según lo advirtió él mismo en una comunicación al embajador de Colombia en Holanda, Francisco José Lloreda.

En la nota, fechada a mediados de junio pasado y divulgada el viernes por el diario El Nuevo Siglo, Moreno preguntó que "¿cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados con los grupos desmovilizados?".

El fiscal Moreno hizo mención también del llamado escándalo de la "parapolítica", cuya investigación fue asumida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia, que ha procesado por ello a setenta legisladores, la mitad de los cuales están detenidos.

"En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos", añadió Moreno.

El caso colombiano "continúa bajo análisis", prosiguió Moreno tras aclarar que en la CPI "no se ha tomado ninguna decisión con relación a la apertura de una investigación" contra presuntos criminales de este país andino.

El fiscal de esa Corte, con sede en La Haya, precisó que se entrevistará con investigadores judiciales y jueces colombianos relacionados con estos casos criminales.

Varias ONG nacionales e internacionales han criticado que el presidente Uribe haya extraditado abruptamente a los principales cabecillas del crimen, justo cuando estos empezaban a contar algunas verdades.

En Estados Unidos, estos solo serán procesados por el delito de narcotráfico y del negocio con la justicia estadounidense recibirán penas ridículas, mientras que las miles de víctimas en Colombia quedarán burladas de una manera vulgar por Uribe y los ‘paras’.

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Medalla de oro para Vladimir Putin
Por Heinz Dieterich

Con el Primer Ministro ruso Vladímir Putin en los juegos olímpicos de Beijing, y el Presidente ruso Dmítri Medvedev de vacaciones, el duo Bush-Cheney decidió que era el momento idóneo para liquidar militarmente a la zona autónoma de Ossetia del Sur; repetir después la operación en la zona autónoma de Abkazia e integrar, finalmente, a su anexo neocolonial Georgia en el Bloque de Poder de la burguesía transatlántica y su brazo armado, la OTAN.

Fiel a su condición de siervo político, el “Presidente” neocolonial de Georgia, Mijail Saakashvili ejecutó la autorización de Bush-Cheney para cometer el peor crimen que conoce el derecho internacional: la guerra de agresión. Mintiendo descaradamente sobre una supuesta “tregua” en Ossetia, el delincuente político lanzó sorpresivamente a su soldadesca ---entrenada por instructores estadounidenses--- contra la zona autónoma, donde cometió un sinnúmero de crímenes de lesa humanidad contra la población civil.

La camarilla Bush-Cheney-Saakashvili incurrió, sin embargo, en el grave error de subestimar a Putin. El ex estudiante de derecho, quien había realizado en la Universidad de Leningrado su tesis sobre la política imperialista de Washington en África, para después ingresar a la dirección de Asuntos Exteriores de la KGB y practicar sus conocimientos en una unidad soviética de investigación política y militar en Dresden, en la RDA, conoce al monstruo imperial a fondo y reaccionó magistralmente ante la conspiración imperial-oligárquica.

Aplastó con rapidez y eficiencia militar a las hordas militares de Saakashvili, pese a los refuerzos militares traídos por el Pentágono, desde Irak. Cuando Saakashvili ofreció una tregua unilateral, no la aceptó. Aprovechó su ventaja militar para consolidar las posiciones rusas en el campo de batalla.

Terminada esta fase firmó una tregua con Georgia orquestada por el operador transatlántico y politplayboy Sarkozy. Signado el papel, procedió a ocupar militarmente la estratégica ciudad Grosi. Y cuando el imperialismo empezó a movilizar su maquina militar y mediática mundial para responder, simplemente paró las maniobras militares para llevar el conflicto a la dimensión política-diplomática.

El complejo militar-industrial estadounidense se quedó atónito ante el impecable software de defensa antiimperialista y las jugadas maestras del ex abogado. Oficiales del Pentágono revelaron que no habían contado con una reacción tan rápida y contundente de su adversario. Condoleezza Rice, la Secretaria imperial de Relaciones Exteriores, advirtió ayer a Putin que Rusia ya no es lo que fue la Unión Soviética.

Tiene razón, pero se le olvida que Estados Unidos tampoco ya es, lo que fue en 1990 y que el abogado Putin de la exKGB no es el inepto soñador de Gorbachev, ni el borracho neocolonial de Yeltsin.

La lección principal del conflicto para América Latina es esa: las conspiraciones imperial-oligárquicas no se derrotan con buenas intenciones, sino con el poder real disuasivo y destructivo que pueden movilizar las fuerzas de emancipación. Lo demás es folklore.

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Parauribismo/
La senadora Gina Parody le 'canta la tabla' al fiscal Mario Iguarán

En una carta la senadora Gina Parody cuestiona la gestión del fiscal general Mario Iguarán y le reclama por su ineficiencia en el proceso de la mal llamada Ley de Justicia y Paz. “Señor Fiscal General, quiero manifestarle que es muy alarmante para mí como Colombiana, que a causa de la labor poco eficiente de la Fiscalía en la investigación de quienes se tomaron con el fusil las urnas en el poder local, hoy muchas personas sigan desconfiando de la Justicia ya que su Alcalde, Diputado o Concejal es un socio o ex socio de los paramilitares que asesinaron, masacraron y desplazaron a sus familias”, le reclama entre otras cosas Parody a Iguarán.

A continuación transcribimos el texto íntegro de la misiva:

Bogotá D.C. Agosto 12 de 2008

Doctor
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General De La Nación
Ciudad

Señor Fiscal:

El objetivo de esta carta es referirme a la parapolítica regional que ha quedado sin investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pongo de presente dos hechos que no han tenido eco en la Entidad que usted dirige en relación con las personas firmantes de los llamados acuerdos de "Chivolo" y de "Pivijay". Primero, la solicitud para la apertura de investigación a los involucrados en dichos pactos.

Hasta ahora no tengo respuesta. Segundo, he pedido información sobre el estado en que se encuentran las investigaciones por el asesinato de alcaldes, ex alcaldes, ex funcionarios públicos, familiares de estos y líderes cívicos, de los municipios a los que pertenecían los candidatos y funcionarios públicos firmantes.

Al respecto no he recibido más que dilaciones, y la total ausencia de acciones eficaces por parte de su oficina. De 21 asesinatos de funcionarios públicos en la zona, sucedidos en la época de los pactos, 7años después solo hay 2 casos en etapa de juzgamiento.

Mientras tanto, las denuncias ciudadanas se han incrementado porque el paramilitarismo echó raíces, y sin el compromiso de la justicia para investigar y encontrar la verdad la maleza se quedará para siempre.

Las víctimas de crímenes de lesa humanidad como los ocurridos en estas zonas y como los sucedidos en la segunda guerra mundial, tienen un denominador común: creen que lo normal son esos ataques sistemáticos contra la población , que eso es lo común, que lo normal es que les violen los derechos, que lo normal es que los desplacen, que en cualquier momento puede entrar alguien en la noche y abusar de la hija, o reclutar el hijo, o las 2 anteriores, que lo normal es vivir bajo la amenaza y la zozobra.

Y usted como yo sabe que eso no es lo normal en un Estado de Derecho como el nuestro, y que la responsabilidad de la entidad que usted maneja es precisamente investigar, y hoy tiene aún más herramientas con los datos que han entregado algunos de los procesados en justicia y paz.

La investigación por parte de la Fiscalía es para que esas personas que sufrieron violaciones sistemáticas de derechos humanos sepan que tienen un Estado que los protege, que son ciudadanos, que quienes cometieron los crímenes serán sancionados, que la verdad será encontrada como primera forma para repararlas y que todos estamos dispuestos a generar las medidas de no repetición para que esas atrocidades no vuelvan a ocurrir en nuestro territorio.

Sin embargo, la investigación de la parapolítica regional que corresponde a la Fiscalía en muchas zonas del país se paró o no ha arrancado. Y esto hace que las personas que "asaltaron" el poder local se queden legitimadas por la no investigación o por un inhibitorio.

Le pongo un ejemplo, el caso del asesinato del defensor de Derechos Humanos José Mendivil Cárdenas, cuya investigación se había cerrado, y que pese a que según comunicado de la Fiscalía de Barranquilla fechado el 29 de abril del presente año, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias "Don Antonio", lo reconoció, solo hasta que envié mi solicitud el 17 de junio exponiendo que éste homicidio había sido revelado por el ex jefe paramilitar, se está pensando en reabrir la investigación, como me fue informado en reciente oficio. Y como ese caso hay más.

La parapolítica del Congreso cuyos casos en gran parte lleva la Corte Suprema de Justicia, son solo una parte mínima del fenómeno de la macrocriminalidad que se tomó las regiones, se está reproduciendo y se quiere perpetuar allí. De nada nos sirve condenar a los congresistas si en las regiones la estructura se mantiene intacta.

En el pacto de Chivolo donde se estiman más de 200 personas firmaron, y la Fiscalía apenas tiene un investigado por concierto para delinquir, y ni un investigado por delitos electorales a pesar de que quienes lo firmaron llegaron a ser alcaldes, concejales, diputados, congresistas y hasta gobernador pusieron: José Domingo Dávila Peralta.

Pronto señor fiscal, en 3 meses, estos delitos prescribirán, y estos actos quedaran impunes y legitimados. En el Pacto de Pivijay, por el cual ya hay condenados congresistas, sus socios en las regiones siguen libres y gobernando.

Para sellar estos pactos los paramilitares y sus socios primero masacraron, desplazaron, intimidaron a la población, mataron a la oposición. En 1999 por ejemplo, en el municipio del Piñón en el Magdalena masacraron a 27 campesinos esto ya lo aceptó “Jorge 40".

El mismo Bloque Norte tomó control del territorio y asesinó a alcaldes y concejales de "oposición política". ¿Donde están sus socios políticos? Cuáles eran los alcaldes y concejales que no eran de la oposición de Jorge 40? ¿Hay alguna investigación contra ellos?

A los paramilitares les fue muy bien con los pactos locales y por eso siguieron violando los derechos humanos. En noviembre 22 de 2000 perpetraron la masacre de Sitio Nuevo en la que mataron 37 personas entre pescadores y campesinos.

Luego se tomaron los municipios de la zona matando 4 alcaldes, 2 ex acaldes y 4 concejales, actos que hasta el día de hoy siguen impunes. En ese contexto un año después celebraron el Pacto de Pivijay ya mencionado.

Ciudadanos de esta misma región del País me han hecho llegar información sobre la existencia de más pactos locales en el Magdalena, como el de los municipios de San Ángel y Concordia, así como el de la lista a la Asamblea de Magdalena en 2003 por un movimiento político que hoy tiene a todos sus Congresistas investigados por parapolítica. Estos hechos los pongo en su conocimiento si es que su entidad no los conocía.

El modelo "Pivijay" fue replicado en otras regiones con algunas variaciones. Por ejemplo, en el Cesar se presentó el genocidio de 145 indígenas Kankuamos, el robo de regalías, el saqueo a los recursos públicos de la salud, y el asesinato de 4 alcaldes, 1 ex alcalde y 14 concejales en estos mismos años.
Ya hay un congresista condenado por sus vínculos con el paramilitarismo. Se conformaron 2 distritos electorales ampliamente conocidos, donde sólo se podía votar por quienes dijeran los paramilitares a riesgo de muerte como le sucedió al señor Jorge Arias (QEPD), quien no votó por uno de los beneficiarios de esos pactos. ¿Qué paso con los socios regionales de estos políticos?

También, en el Urabá Antioqueño, en los municipios de Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Turbo y Carepa, entre los años 90´s y el 2002, se presentaron más de 50 masacres.

En esta zona en el 2001, en la escuela de Pueblo Nuevo, municipio de Necoclí- con presencia de alias "El Alemán" y su hermano, el hoy prófugo de la Justicia alias "Don Mario", que al parecer tiene infiltrada la Fiscalía, se acordó con líderes políticos de la región el pacto de "los cuatrillizos", a partir del cual los paramilitares apoyaron una lista al Congreso para el periodo 2002-2006, avalando 4 nombres de dirigentes de la zona.

Como los demás pactos, este también fue efectivo y ganaron la curul, gracias al distrito electoral con altísimas concentraciones de votación de hasta el 70 por ciento en Necoclí y Arboletes, y se la rotaron sucesivamente cada uno un año, aprovechando para nombrar en la Unidad de Trabajo Legislativo líderes firmantes del pacto y hasta al propio "Alemán".

Por este pacto ya hay dos Senadores de la República con medida de aseguramiento, y sin embargo, hasta mayo de éste año no se conocía que ninguno de los cuatrillizos, ni los demás políticos regionales hubieran sido llamados a declarar por parte de la Fiscalía como denunció el testigo principal Dagoberto Tordecillas.

Hoy 4 de esos firmantes increíblemente son alcaldes de municipios del Urabá Antioqueño: Turbo con Estanislao Ortiz Lara, Edison Yáñez Tirado en Necoclí, Gustavo Germán Guerra en Arboletes, y Hugo Caballero Ballesteros en San Pedro de Urabá.

Me parece muy preocupante Señor Fiscal, que al igual que en Uraba, por no haberse iniciado las debidas investigaciones en su momento, en el Departamento de Magdalena varios de los firmantes de los pactos de Chivolo y Pivijay fueron elegidos como Alcaldes en las más recientes elecciones regionales.

Tal es el caso de los municipios de Remolino, dónde un candidato a concejal del pacto de Chivolo, fue elegido como Alcalde en 2007. Y en el municipio de Pivijay, donde Ramón Prieto Jure firmante de los dos mencionados pactos, y desmovilizado de las autodefensas, fuera reelegido el pasado octubre.

Pero esto no solo sucedió en Magdalena y Urabá, sino en todas las demás regiones del país tomada por los grupos ilegales cuyos pactos son públicos hoy.

De toda esta toma del poder político regional lo que más me preocupa y entristece, Doctor Iguarán, es lo que deben estar sintiendo y pensando las víctimas, al conocer mediante respuesta de su Entidad, que en la mayoría de investigaciones por los crímenes en los municipios escenario de los pactos entre políticos y paramilitares entre los años 1999 y 2006, casi todas han terminado en inhibitorios o 7 años después siguen estando en práctica de pruebas. ¿Cuál es el compromiso de su Administración con la verdad?

Finalmente señor Fiscal General, quiero manifestarle que es muy alarmante para mí como Colombiana, que a causa de la labor poco eficiente de la Fiscalía en la investigación de quienes se tomaron con el fusil las urnas en el poder local, hoy muchas personas sigan desconfiando de la Justicia ya que su Alcalde, Diputado o Concejal es un socio o ex socio de los paramilitares que asesinaron, masacraron y desplazaron a sus familias.

Señor Fiscal, usted no es el único responsable de la reconciliación en Colombia, pero si cumple una labor fundamental: ayudar a encontrar la verdad. Elemento que es un pilar de todo este proceso de paz, cumple por lo menos con 3 funciones: reparar a las víctimas, desmantelar los grupos armados ilegales, y construir memoria colectiva. Cada vez que su entidad no investiga se produce un hecho en contra de las víctimas, y eso implica que pasaremos generaciones y generaciones tratando de encontrar la paz, porque aparecerán nuevos vengadores por mano propia.

Hoy lo que tenemos en estas zonas son más muertos, más disputas territoriales por rutas de la droga, por mantener el poder local a costa de nuestros ciudadanos, mas desplazamientos, es decir los peores crímenes de la humanidad se siguen cometiendo y la justicia pasa de agache.

Cordialmente,

Gina María Parody D Echeona
Senadora de la República

Foto: Catalina Pabón Loaiza


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"El Presidente está buscando que me maten"
Por El Espectador

De acuerdo con la senadora Piedad Córdoba, que podría demandar al primer mandatario por calumnia e injuria, esa sería la intención de Uribe al afirmar que ella manipula testigos.

“El Presidente está buscando o que me maten o que me yo me tenga que ir del país. Y del país no me voy a ir. La responsabilidad sobre mi seguridad y sobre mi vida le corresponde al Presidente”.

Con estas palabras la senadora liberal Piedad Córdoba respondió a la afirmación del jefe de Estado sobre su presunta manipulación de testigos en el caso de la parapolítica.

Desde Barrancabermeja, a donde asistió a una audiencia pública con las víctimas de los paramilitares y de los organismos de seguridad del Estado, la senadora dijo desconocer las motivaciones del presidente Álvaro Uribe para señalarla de tal conducta y aseguró:

“yo puedo ser una persona que no piense como piensa el Presidente, pero soy una persona decente, éticamente respetable, incapaz de hacer ese tipo de manipulaciones que irían en contra, no solamente de la verdad, sino también de personas, que gracias a eso podrían tener consecuencias muy graves para sus vidas”.

La senadora consideró posible demandar al presidente Álvaro Uribe por calumnia e injuria si no explica ante la justicia las denuncias en su contra. Uribe dijo el lunes anterior que la justicia debe investigar los rumores que indican que Córdoba y el también senador Gustavo Petro manipularon a testigos en el proceso que se le sigue a varios congresistas por presuntos vínculos con paramilitares.

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Paramilitares impondrán toque de queda en Cúcuta
Por Camilo Raigozo

Varios dirigentes de organizaciones sociales y comunitarias denunciaron ante varios medios de comunicación, que paramilitares fuertemente armados patrullan la ciudad en horas de la noche, sembrando el pánico entre las comunidades.

Líderes sociales y comunidades de los barrios Navaroo Wolf, La Libertad, Cundinamarca y otros, han denunciado la presencia y el objetivo de estos criminales de imponer un código de conducta y cometer masacres sistemáticas.

Sin embargo las autoridades policiales, como en el pasado, han dicho que no son paramilitares sino delincuencia común que se hace pasar por ‘paras’ autodenominados “Águilas Ngras”.

“Nadie puede estar afuera de las casas luego de las 10 de la noche o de lo contrario se tomarán represalias”, dicen las amenazas contra la ciudadanía de Cúcuta.

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Parauribismo/
Nueva oleada criminal en Saravena, Arauca
En los últimos 10 días han sido asesinadas siete personas al tiempo que han aparecido letreros alusivos a las Auc
Por Camilo Raigozo. Con información de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, denunció ante la comunidad regional, nacional e internacional, lo mismo que ante los organismos de justicia y control del Estado, el asesinato de al menos siete personas en Saravena, Arauca entre el 3 y el 13 de agosto de 2008.

También denunció la aparición en el casco urbano de este municipio de letreros amenazantes y alusivos a las “Autodefensas Unidas de Colombia, Auc”, grupo de exterminio de extrema derecha que apoya implícitamente en sus comunicados al gobierno del presidente Uribe.

El 3 de agosto del corriente año, fue asesinado Wilson Rodríguez Mosquera, de 31 años en la vereda Puerto Contreras.

El 5 de agosto fue asesinado Omar Yesid Tarazona, de 29 años, en el Barrio Cuatro de Diciembre.

El 8 de agosto, fue ultimado Uriel Ortega Cáceres, de 31 años, en la vereda Puerto Contreras. El mismo día en el Barrio Galán, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, fue asesinado el dirigente social y político Luís Mayusa Prada, 46 años.

El 10 de agosto, aproximadamente a las 9:20 de la noche, fue asesinado Luís Alejandro Díaz Villamizar, de 18 años, en el establecimiento comercial La Chorizada de Papi, ubicada en la Carrera 9 con calle 28.

El 11 de agosto, aproximadamente a las 5 p.m., fue asesinado Alexander Tulivila, de 29 años, en la carrera 16 con calle 19, Barrio Seis de Octubre.

Aproximadamente a las siete de la noche del mismo día, en la vereda Puerto Contreras fue asesinado un hombre de entre 30 a 35 años de edad, el cual no ha sido identificado.

De otra parte, varias fachadas de viviendas de diferentes barrios del municipio, han venido apareciendo letreros alusivos a las Auc, tales como: “Yegan las Auc”, generando zozobra en la población inerme.

Se cree que las amenazas son por la presencia que han venido haciendo en la región de defensores de derechos humanos, periodistas y comerciantes, entre otras personas.

“En el pasado resiente sicarios que actuaban a nombre de paramilitares y que se movían en los cordones de seguridad de la Policía Nacional, asesinaron un gran número de personas, muchos de ellos dirigentes sociales”, recuerda la ONG Joel Sierra.

“Este número elevado de muertes violentas, en una región con tanta presencia de la fuerza pública denota que la seguridad democrática tiene su sentido frente a los intereses económicos de las transnacionales, pero no en lo que hace referencia a la vida e integridad de los araucanos”, agregó en el comunicado.

Finalmente la Fundación para los Derechos Humanos Joel Sierra, exigió la activación del sistema de Alertas Tempranas, disponiendo las medidas administrativas, judiciales y de control para proteger la vida e integridad de la comunidad en general.

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Araújos et al
Por Alfredo Molano Bravo. El Espectador

Seguro es que los araújo vallenatos no tienen sangre próxima común con los de Cartagena, aunque a un senador de Texas o a un representante sueco al Parlamento Europeo, la coincidencia les aflojará una sonrisita de lado.

El asunto no es de consanguinidad, sino de identidad en el modo de hacer negocios, aunque no sean socios. Ambas familias son de esa rancia cúspide regional acostumbrada a manejar haciendas, predios, casas comerciales y oficinas públicas, con los mismos criterios especulativos y endogámicos.

Los notables de Valledupar nacieron todos en la misma cuadra y se conocen los trapos íntimos desde niños. Han vivido del contrabando de café y ganado con Venezuela por Puerto López —el de Tite Socarrás—; después, sin duda, contrabandearon maracachafa por Bahía Portete; han escriturado, con parientes notarios, haciendas y predios urbanos a sus reconocidos nombres y les han quitado toda la tierra que pueden a los indígenas de la Sierra Nevada y sobre todo a los kankuamos.

Las campañas electorales de estos prohombres son —hoy todavía— un espectáculo deprimente: suben sus delegados en camión a la Sierra, digamos a Atanquez, y llevan a los indígenas enchirrinchados a donde necesitan inclinar a su favor la votación.

Una vez que, abrazo de por medio, los indígenas votan, los empujan en cualquier esquina para que amanezcan botados, vomitados y sin saber cómo devolverse a su tierra. El espectáculo se repite con la regularidad del Festival Vallenato. Con el mismo procedimiento los llevan a firmar escrituras. Lo que hace Jorge 40 no es mas que repetir la historia.

Pasa lo mismo con los nobles de La Heroica. Son un puñado. Conocidos de todos porque de alguna Miss Bolívar son parientes o, por lo menos, a una han coronado en el Hotel Caribe siendo gobernadores, alcaldes, secretarios de gobierno, almirantes de la Armada.

Tienen una larga y noble historia como que fueron los más ardientes enemigos de los piratas ingleses y franceses que venían a quitarles los chancucos comerciales con la Madre España. Siempre han sido comerciantes y, además, hacendados. Han comerciado con todo: aceite en botija, esclavos, géneros, azúcar, y, claro, tierras.

Indígenas no tienen a mano, si se exceptúan los que su parentela, los Guerra de la Espriella —otros también embollados con la Ley—, engañan y emborrachan en Sucre: Joselito, convicto del 8.000 y especializado en atropellar —digo lo menos— a los indígenas de San Andrés de Sotavento; su hermano Víctor, hoy delegado personal del presidente Uribe en la Corporación Autónoma de Sucre, organizó con paramilitares las Convivir regionales bautizadas con el significativo nombre de Orden y Desarrollo; Miguelito, el de Ralito; su hermana, ministra de Comunicaciones, y su padre, Julio César Guerra Tulena. Mejor dicho…

El nuevo Canciller estuvo untado en el negociado de Chambacú. Y salió bien librado. Explicable, siendo fiscal Luis Camilo Osorio, al que tarde o temprano veremos en los estrados. Pero el problema no es legal. Es social. Chambacú era un pueblo de negros tan auténtico como puede ser San Basilio.

Vestigios ambos de lo que fue la cultura africana en América. Pero a los casatenientes cartageneros no les gustaba el barrio hecho entre manglares con cartones y tejas de cinc. Le daba mal aspecto al Corralito.

Y decidieron sacar a la gente a la fuerza y botarla a vivir donde pudiera. Chambacú se volvió uno de los más costosos predios. El negocio fue redondo. Hasta construyeron un edificio inteligente. Los desalojados tuvieron que treparse a La Popa y las Loma de Peyé, terrenos hermosísimos con vista al mar.

Hay un nuevo plan para sacarlos de ahí también: la Avenida Perimetral. Limpias esas lomas, vendrá triunfal don Donald Trump, rey inmobiliario de Nueva York y dueño del Concurso Miss Universo, a inaugurar —quizás asociado con los Noguera, los Guerra de la Espriella y, por supuesto, con Jean Claude Bessudo, “El Aprendiz” —un gran vividero residencial para pensionados gringos—. De ahí las medidas adoptadas para la ciudad por el Vicepresidente y el Ministro de Defensa.

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El Mambrú latinoamericano
Por Daniel Samper

Borrachos por el jolgorio de los 80 puntos de popularidad presidencial (¿o son 95?, ¿o 107?), muchos colombianos no se percatan de la preocupante deriva que están tomando algunas cosas en el país bajo el manto político y filosófico de la Seguridad Democrática, tan positiva en otros aspectos.

En primer lugar, el desdén por la ley. En segundo, la tendencia a mentir. Después, el reino de la improvisación. Y, para completar, una intensa iniciativa para imponer la Opinión Única, golpear a los disidentes con el garrote del patriotismo y enredar a los enemigos oficiales.

Parte de esta última operación consiste en rechazar reflexiones adversas al Presidente y sus cercanos colaboradores. Se multiplican los insultos contra quienes discrepan, surgen extrañas complicaciones a quienes investigan asuntos sucios del mandato (caso del magistrado Iván Velásquez Gómez) y una guardia pretoriana de columnistas se encarga de sacarle al Gobierno las castañas (casi escribo las micas) del fuego y distraer los temas delicados cuando la embarra.

Golpe a golpe se impone el criterio de que importa poco violar la ley si, al hacerlo, se consiguen buenos resultados. Consumado el acto ilegal -bombardear un país vecino, utilizar símbolos protegidos por convenios internacionales-, el Presidente ofrece excusas o bien atribuye la responsabilidad a subalternos invisibles.

De pulir el remiendo se encargan opinadores amigos de la casa, para quienes un atropello a las normas internacionales es un insignificante "mugrecito".

La estrategia conduce al encubrimiento sistemático. ¡Qué enredo el del doctor Uribe, el ministro Santos y algunos altos mandos por el mal uso de la Cruz Roja! Celebro vivamente el éxito de la 'Operación Jaque'. Pero temo que estamos pagando por él una costosa factura: la violación consciente de la ley y la clara sensación de que el Gobierno nos miente. Salta entonces la cuestión del patriotismo.

¿Es antipatriótico revelar realidades incómodas para el mandatario? No. Pienso, como el desaparecido escritor gringo Edgard Abbey, que "patriota es el que está dispuesto a defender a su país contra su gobierno".

Muchas de las mentiras oficiales surgen por el desorden general de la Administración. Reconozco el interés de Uribe por escuchar y solucionar problemas. Pero su habilidad para gobernar al detal contrasta con sus erráticas políticas generales, sobre todo en asuntos exteriores.

Para muestra, la curiosa novedad de que -como si no tuviéramos suficiente con la pseudoguerra con Venezuela, la viceguerra con Ecuador y la cuasiguerra con Nicaragua- nos sumaremos a la conflagración de Afganistán. Ya somos el Mambrú latinoamericano.

¿Por qué Afganistán? Dicen que es un bonito adiós al presidente Bush y un amable "¡jalou!" a su sucesor. Además, una cortesía con España, madrina de nuestra tropa. Aún estamos a tiempo de que más bien los visiten los niños vallenatos.

¿A cambio de qué? No han informado. Por lo menos se debería negociar, en compensación, un mejor trato consular en Europa y Estados Unidos a los colombianos.

¿Cómo será? Lo ignoramos, pues cada día salen nuestros gobernantes a exponer nuevas versiones. Primero iba a ser un batallón de 100 soldados; luego, una mezcla de soldados e ingenieros; al final, el generoso regalo de Colombia al mundo parece reducirse a un puñado de hábiles desminadores. Menos mal.

Resulta increíble que decisión tan importante se meza a la bulla de los cocos y no merezca un debate serio ni responda a una política sólida. Entre otras cosas, porque la de Afganistán es una señora guerra de siete largos años que los aliados están perdiendo (así lo dijo en enero un informe independiente), que deja más muertos estadounidenses que el conflicto iraquí y que nos matricula en un complicadísimo lío narco-terror-político-religioso.

Sin olvidar que seguimos siendo socios de la guerra de Irak, esa sí, a diferencia de la que nos disponemos a emprender contra los talibanes, abiertamente ilegal. Es decir, un "mugrecito".

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Murio el maestro Orlando Fals Borda

Orlando Fals Borda fue un investigador y sociólogo colombiano, nacido en el año 1925 en la ciudad de Barranquilla. Realizó estudios de maestría en la Universidad de Minnesota en 1953 y obtuvo el grado de Ph. D. en Sociología de la Universidad de la Florida en 1955.

A su regreso, encontró que en su país era ineludible el estudio y aplicación de las ciencias sociales, especialmente de la sociología por lo cual, en 1959, junto con Camilo Torres Restrepo, fundó la primera Facultad de Sociología de América latina en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, convirtiéndose en su primer decano, papel que asumió hasta 1966.

Se constituyó en uno de los fundadores y representantate más destacado de la Investigación Acción Participativa (IAP), método de investigación cualitativa que pretende no sólo conocer las necesidades sociales de una comunidad, sino también agrupar esfuerzos para transformar la realidad con base en las necesidades sociales.

El recorrido fundamental de la obra de Fals Borda está dado en la conjunción de la indagación sociológica con el compromiso político en beneficio de los "sectores populares" (campesinos y proletariado agrícola en lo fundamental), en cuya "praxis" postula la "investigación-acción participativa".

Su obra es consultada en todas partes, principalmente en las universidades del denominado "tercer mundo" —como también en las norteamericanas y europeas—, al considerarse que activa innovaciones metodológicas en la práctica sociológica.

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Denuncian un nuevo ataque contra la Juventud Comunista

La Corporación Casa de la Juventud y la Corporación Redvivir, denunció a la opinión pública nacional e internacional, el registro ilegal realizado presuntamente por parte de organismos de la inteligencia gubernamental, a las oficinas principales donde funcionan las dos corporaciones.

El 9 de agosto de 2008, presuntos asaltantes ingresaron a las instalaciones de la Corporación Casa de la Juventud y la Corporación Redvivir, ubicadas en la calle 32 A N 18- 11 en el barrio Teusaquillo de donde se llevaron los computadores con información del quehacer de las dos instituciones

Los individuos, a pesar de la fuerte presencia policial en la zona, cortaron las líneas telefónicas de la sede, tres días antes con el fin de desactivar el sistema de alarma.

Las dos corporaciones tienen como objetivo desarrollar proyectos e iniciativas productivas, promoción de los derechos humanos, impulsar el arte y los derechos juveniles, así como también denunciar las amenazas y persecuciones contra las organizaciones antes mencionadas.

Otros de los objetivos de las dos organizaciones es la promoción y exigencia al respeto de los derechos fundamentales de la población desplazada y de las familias sobrevivientes al genocidio de la Unión Patriótica, de la Juventud Comunista y del Partido Comunista.

El Partido y la Juventud Comunista responsabilizaron de estas agresiones a los organismos de inteligencia del Estado y a la política de seguridad democrática del presidente Uribe.

Ya antes miembros de la junta de la Corporación, entre ellos Diego Marín Ríos, representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, y de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista Colombiana ha sido víctimas de persecuciones, amenazas a su vida e ntegridad física y desplazamiento.

También Jaime Andrés Osorno, miembro de la junta directiva de la Corporación Casa de la Juventud, destacado dirigente del proyecto estratégico de jóvenes del Polo Democrático Alternativo, representante estudiantil de la Universidad Javeriana y miembro de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista, en la semana anterior fue víctima de hurto de los computadores de su vivienda, así como también de seguimiento y persecución.

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Apoyo al periodista Alfredo Molano
Por Camilo Raigozo

El día martes 12 de agosto a la nueve de la mañana se realizará la primera audiencia de conocimiento en el caso de la demanda que la familia Araujo Noguera y Araujo Castro, de Valledupar, Cesar, instauraron contra el periodista Alfredo Molano, por una columna suya en el periódico El Espectador.

Contra varios miembros de esta “sagrada familia” cursan varias investigaciones de la justicia por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Álvaro Araujo Castro, ex congresista del uribismo se encuentra tras las rejas y su padre, Álvaro Araujo Noguera, es prófugo de la justicia.

Se tiene prevista una concentración de los sectores democráticos de apoyo moral y ético al periodista Molano y por ende a la libertad de expresión, de por sí bastante limitada en Colombia.

La cita para la concentración es a las nueve de la mañana frente a los juzgados de la Fiscalía en Paloquemao, en la capital del país. “¡Todos presentes!”, dicen los convocantes.

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Jaque mate
Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Nada verosimil la hipótesis de que Uribe y Juan Manuel Santos fueron engañados por unos militares que filtraron al canal RCN el video que reveló el uso abusivo del emblema de la Cruz Roja en la ‘Operación Jaque’. Y no es creíble, porque fue notorio que desde el primer instante en el que el Presidente montó un consejo comunal con Íngrid Betancourt y los demás liberados, existía preocupación de su parte por despejar la inquietud que entonces nadie tenía, acerca de que no se habían utilizado símbolos falsos.

No una sino varias veces, Uribe interrumpió a sus generales, obligándolos a que confirmaran que no se había utilizado ningún emblema falso, obviamente buscando que todo coincidiera con la precipitada conclusión inicial de Íngrid, de que la operación había sido perfecta. ¿Por qué tanta preguntadera? O presentía o sabía todo. Me inclino por lo último, pues como dicen en Buga: “El que pregunta es porque sabe”.

Y creo que Uribe sí sabía todo, por una razón adicional. Fue también ostensible su preocupación para que se supiera que el Ejército no había atacado al comando guerrillero que quedó en tierra después de que el helicóptero alzó vuelo con los liberados. Uribe dijo que habiendo podido el Ejército atacar a ese reducto insurgente, se había abstenido de hacerlo en señal de paz. ¿Magnánimo con los supuestos asesinos de su padre? Lo dudo.

Aunque el fuerte del Mandatario no es el derecho, alguien tuvo que advertirlo de que si el Ejército usaba distintivos falsos y además atacaba militarmente al enemigo, ello tipificaría el delito de perfidia. Si el Ejército hubiese atacado a esos insurgentes, hoy cuando se sabe que para timarlos al menos uno de los oficiales simuló ser de la Cruz Roja, ya estaría abierto otro expediente en la Corte Penal Internacional contra Uribe, Santos y demás protagonistas.

Como si lo anterior no bastare, resulta inexplicable que apenas con ocasión de la divulgación del video por RCN, Uribe y Juan Manuel pretendan hacernos creer que sólo ahora se enteraron de su contenido, cuando la cadena CNN ya había difundido varias imágenes, entre otras la del oficial portando la Cruz Roja. A propósito, deplorable el remedo de foro que a continuación de la transmisión del video organizó el canal RCN, donde brillaron la grotesca lambonería y la falta de análisis de dos amanuenses del uribismo, Marta Lucía Ramírez y Alfredo Rangel.

Las investigaciones que por una supuesta traición a la patria reclaman Uribe y Santos —más para auto absolverse—, sumada a la espectacularidad de la difusión del video por el canal más gobiernista, seguida de comentarios laudatorios al régimen por dos de sus mas preciados áulicos, dejó la impresión de que todo fue un tinglado orquestado por la mano siniestra de un experto en guerra sucia o desinformación. ¿Dónde andará el temido J.J. Rendón, ex asesor de Juan Manuel Santos?

Ya veremos si se logra identificar al supuesto traidor, y cuál el papel de cada quien en ese delito execrable. Sí, si la difusión del video fue un crimen tan grave, no es Santos el llamado a acusar o exonerar a nadie, como ya lo hizo, pues, por ejemplo, el canal RCN tendría que informarle a la Fiscalía, si pagó, cuánto, a quién, cuándo, o si alguien del Gobierno puso en sus manos gratuitamente la codiciada información, en la creencia de que ya estaba en poder de otro medio, y para no correr el riesgo de que se divulgara por alguien independiente.

Cierto que la liberación de Íngrid y sus compañeros puso en jaque a la guerrilla, pero también le dio mate a la credibilidad del Presidente y su Ministro de Defensa, y de paso a la seguridad democrática.

***

Adenda. La tesis de que los congresistas no estarían impedidos para votar la tramposa reforma a la justicia, si en ella se propone que los puntos relacionados con ellos tengan efectos para después de 2010, es una leguleyada fraudulenta. El impedimento jamás está atado al sentido de la decisión que deba tomarse por el servidor público, sino con las condiciones subjetivas que le impiden actuar

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Para garantizar los derechos de las víctimas
Comisión Colombiana de Juristas insiste ante la Corte Constitucional para que revise tutela que buscaba impedir la extrdición de “Macaco”
De esta manera, asegura la organización no gubernamental, se establecería una interpretación constitucional sobre los alcances y límites de los derechos de las víctimas y se resolvería jurídicamente el debate sobre las extradiciones de los paramilitares
Por Brújula Comunicaciones

Bogotá D.C., agosto 8 de 2008. En marzo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado interpuso una acción de tutela para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, pues dicha extradición afectaría los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en Colombia.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca concedió la tutela, pero posteriormente el Consejo Superior de la Judicatura revocó la sentencia y autorizó la extradición del líder paramilitar.

Este último fallo del Consejo Superior sirvió también como fundamento para la extradición a Estados Unidos de ocho jefes paramilitares, 6 días después del pronunciamiento judicial.

Como organismo defensor de víctimas de los paramilitares, en el marco de la ley 975, la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- solicitó a la Corte Constitucional la revisión de la tutela para que dirima las tensiones surgidas entre la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que deben garantizarse primero los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, antes de realizar la extradición.

La CCJ también insiste en la revisión de la tutela pues, sin importar que alias “Macaco” ya fue extraditado, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura está generando efectos prácticos sobre otras extradiciones de paramilitares, pues la decisión ha sido usada, y puede continuar siéndolo, como justificación para extradiciones futuras.

Es el caso del paramilitar Ever Veloza, “alias H.H”, ya anunciada por el gobierno, y las de Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, y Edgar Cobo Téllez alias “Diego Vecino”, que se encuentran en trámite.

“Este caso es fundamental para estudiar las obligaciones del Estado en relación con la investigación, juzgamiento y sanción a personas acusadas de graves y sistemáticos crímenes de lesa humanidad.

Este caso constituye una oportunidad única para que la Corte Constitucional fije y aplique estándares de derechos humanos en la lucha contra la impunidad y los derechos de los las víctimas, en contextos de procesos de extradición por delitos menos graves por los cuales se investiga a los extraditados en Colombia.

El futuro de la administración de justicia por estos casos se encuentra en grave riesgo a causa de la actuación de una autoridad del Estado que autorizó la extradición de los jefes paramilitares, con el efecto cierto de la violación y amenaza de los derechos fundamentales de las víctimas, incluso del derecho de la sociedad colombiana a conocer la verdad como un eventual inicio de garantías de no repetición.”, aseguró la Comisión Colombiana de Juristas.

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