Piden tomar acciones urgentes para proteger la vida de activistas, religiosos y sindicalistas afrocolombianos

Por Rsca

La Red de Solidaridad con Comunidades Afrocolombianas (ACSN por siglo en inglés) fuertemente denuncia los siguientes incidentes de seguridad que han sucedido en comunidades afrocolombianas desde julio:

Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó)

La semana pasada, dos personas, Everto González y Francisco Pineda, de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, parecen haber sido desaparecidos, y hasta la fecha no se sabe dónde se encuentran. Unos otros 32 miembros de estas comunidades están sujetos a amenazas de muerte.

Dentro de los amenazados se encuentra el líder Enrique Petro quien tiene medidas provisionales de protección de la OEA. En esta área los paramilitares continúan actuando con impunidad pese a la presencia de miembros de la Brigada 17 del ejército.

La brigada no ha tomado acciones contra los aproximadamente 300 paramilitares que se han visto en esta área en las últimas semanas. Se alega que en las últimas cinco semanas los paramilitares han cultivado 10 hectáreas de coca en los territorios colectivos de las comunidades negras y que la Brigada 17 no está requisando o deteniendo a los paramilitares quienes transitan coca por los retenes militares.

Adicionalmente, los paramilitares están ofreciendo 800,000 pesos a jóvenes para que se integren en sus filas. Los jóvenes que se niegan aceptar esto son amenazados y resultan forzados a desplazarse del área. Este escenario está generando un desplazamiento tipo gota a gota de los locales.

El Ministro de Defensa no ha cumplido con los pedidos de las ONGs y la comunidad de establecer, en consulta con las comunidades, un plan de alto nivel de protección integral de forma coordinada con el ejército y la policía. 

Afrocolombianos de  Cococauca (Guapi, Cauca)

El 6 de agosto, paramilitares asesinaron a José Maria Cadena (33 años de edad), el hermano de un líder que formaba parte de Cococauca. El Sr. Cadena fue detenido por paramilitares mientras que viajaba en un barco en el río Guapi desde la comunidad de Bellavista (localizado en el consejo comunitario de bajo Guapi) hasta el casco urbano de la municipalidad.

Hombres que se identificaron como paramilitares forzaron al Sr. Cadena bajarse del barco, le amararon las manos y lo mataron de forma brutal. Después del asesinato del Sr. Cadena, unas cincuenta familias de la comunidad de Sanson (aproximadamente 300 personas) se desplazaron internamente a Guapi.

Cococauca informa que hasta el día 8 de agosto, las autoridades locales no habían reconocido a estas personas como desplazados internos y que Acción Social no había visitado estos desplazados. Acsn está muy preocupado por informes del terreno que indican que existe un retén paramilitar en esta área debido a que esta es una región regularmente patrullada por las fuerzas armadas. Insistimos que las autoridades colombianos oficialmente reconozcan a las personas desplazadas por paramilitares y que les provean asistencia humanitaria.

Iglesia Católica en el Chocó

El 29 de julio, personas desconocidas entraron a la casa de un miembro de la Diócesis de Quibdó por fuerza y robaron una computadora, dos discos duros, una memoria USB y una unidad móvil de internet. Los materiales robados contenían información de carácter sensible acerca de casos de derechos humanos involucrando víctimas de la violencia y desplazamiento interno y de las organizaciones étnicas de la zona. Este es el segundo robo de este tipo en contra de miembros de la Diócesis de Quibdó este año.

Unión Portuaria en Buenaventura (Valle del Cauca)

El 24 de julio, los directivos de la Unión Portuaria en Buenaventura, John Jairo Castro Balanta y Elizabeth Cuero Badillo, fueron amenazados a través de mensajes de texto en sus celulares. Los mensajes fueron los siguientes: “Ustedes los de Unión Portuaria sigan creando problemas y encontraran lo que no se les ha perdido,” y “Ustedes los de la Unión Portuaria sigan creando problemas y denuncias y se muere unión mortuaria.” 

ACSN esta especialmente preocupado por la seguridad del Sr. Balanta. El recientemente visitó a los EU en una delegación apoyada por el AFL-CIO para conversar con políticos estadounidenses acerca de las difíciles condiciones laborales de los trabajadores de los puertos y preocupaciones acerca del pendiente TLC entre Colombia y los EU.

Pese a que Colombia y los EU firmaron un Plan de Acción Laboral en abril que dice que inspectores van a investigar la situación laboral donde operan las cooperativas de trabajo asociado (CTAs) en industrias incluyendo la portuaria, las investigaciones sobre los abusos dentro de esta industria no parecen haber avanzado.

Poco se sabe en el ámbito público del trabajo de estos inspectores y sus investigaciones. ACSN recomienda que la Oficina del Representante de Comercio Exterior (USTR) y políticos estadounidenses pidan a las autoridades colombianas garantizar que los inspectores están tomando acciones acerca de los abusos de derechos laborales en el sector portuario y que todas las amenazas en contra de la Unión Portuaria y sus trabajadores sean investigadas.

Afrocolombianos en el norte del Cauca y Bogotá

En el mes de julio activistas afrocolombianos que residen en o trabajan sobre la temática del norte del Cauca recibieron amenazas de muerte. José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN),  recibió amenazas de muerte vía texto en su celular.

Armando Caracas Carabali, activista del PCN quien reside en el norte del Cauca recibió una serie de llamadas amenazantes, y hombres desconocidos intentaron entrar a su casa mientras que su esposa e hijo estaban ahí. 

Aníbal Vega, el representante legal del consejo comunitario de la Toma también recibió una amenaza de muerte que mencionó su postura en contra de la minería ilegal en la zona: “ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben”.

Todas las victimas de amenazas han denunciado estos incidentes a las autoridades apropiadas. En una reunión el día 21 de junio con el vice ministro Idagorry del Ministerio del Interior y Justicia, varias organizaciones afrocolombianas expresaron sus preocupaciones y pidieron que se les otorguen medidas de protección.

En otra reunión que sucedió el día 25 de julio con Oscar Gamboa, Vanessa Palomeque (Directora de Asuntos Afrocolombianos del Ministerio del Interior y Justicia), dos representantes del Ministerio de Defensa, y Sandra Narváez (Programa Presidencial de Derechos Humanos), PCN reitero sus preocupaciones. Pese a las denuncias escritas y públicas de los líderes afrocolombianos donde han pedido protección, el Ministerio del Interior y Justicia todavía no les ha otorgado medidas de protección.

Copdiconc en Cali

El 13 de julio, dos hombres armados ingresaron a las oficinas del Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la  Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca (Copdiconc) en la ciudad de Cali.

Los hombres asaltaron al representante legal y otro miembro de Copdiconc. Ellos acusaron a los mismos de ser miembros de las “guerrillas” mientras que los abusaron físicamente y demandaron que ellos les indican de qué grupo guerrillero ellos formaban parte.

Los hombres robaron computadoras, un equipo de grabación, discos duros y otros materiales conteniendo información sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra afrocolombianos. Ese mismo día, tres hombres entraron por fuerza a la casa del Presidente de Copdicinc.

El 8 de agosto, la campaña Somos Defensores lanzo un informe que dice que “en promedio, entre enero y junio de 2011, cada día y medio fue agredido un defensor(a).” El mismo informe indica que 29 defensores fueron asesinados y unos 145 agredidos o amenazados entre enero y junio de este año.

ACSN opina que Estados Unidos no debería avanzar con un Tratado de Libre Comercio con Colombia mientras que un número tan alto de activistas afrodescendientes, defensores de derechos humanos y sindicalistas siguen siendo asesinados, amenazados y atacados.

Les urgimos a Uds. que por favor tomen los siguientes pasos para proteger las vidas y los derechos de los afrocolombianos:

Llamen a sus congresista/senadores comunicándose por el sistema telefónico del capitolio al número (202) 224-3121 e insistir que él/ella vote NO acerca del TLC entre Colombia y los EU y pedir a él/ella que hagan cabildeo para que Colombia tome pasos fuertes para proteger líderes, comunidades y activistas de derechos laborales afrocolombianos.

Manden un correo electrónico al Embajador Michael McKinley (AmbassadorB@state.gov) en Bogotá expresando sus preocupaciones acerca de los casos involucrando a afrocolombianos que se encuentran en este comunicado y recomendar que la Embajada de los Estados Unidos debería tomar acción para proteger a los afrocolombianos e investigar las violaciones cometidas en contra de ellos.

Para más información, favor contactar a Gimena Sanchez-Garzoli de WOLA, gsanchez@wola.org o (202) 797-2171.

* Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar. Peace Brigades International (PBI) participa como observador internacional.

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López de Micay, Cauca
'El Ejército se atrincheró en la casa parroquial y la guerrilla le disparaba desde la montaña'
Durante cinco horas que duraron los enfrentamientos estuvo en peligro la vida y la integridad de la población civil
Por Notimundo. Con información de Cococauca

Según denuncias de la organización de comunidades afrodescendientes, Cococauca, el 10 de agosto de 2011 desde las 9:30 a.m. se iniciaron los enfrentamientos entre las Farc al Ejército en el área urbana del municipio de López de Micay, los cuales duraron hasta las 2:30 p.m.

Al inicio de los enfrentamientos armados los niños y niñas que se encontraban en clases salieron despavoridos poniendo en alto riesgo la vida, mientras que la comunidad en general vivió momentos de angustia y pánico.

“Es preocupante la presencia de los actores del conflicto armado en los territorios civiles del pacifico, que en su conjunto violan el derecho internacional humanitario”, dice la denuncia conocida por Notimundo.

La población le hizo saber a la fuente que durante los combates el Ejército usó como trinchera la casa parroquial de San Miguel en López de Micay, mientras que la guerrilla le disparaba desde la montaña.

“Como resultado de este hecho la casa parroquial está afectada, la estructura quedó en mal estado, hubo daño de la planta eléctrica, y con base en los recorridos de la gente se dice que todo parece indicar que fueron fusiles propios de la fuerza pública”, dice el documento el cual también indica que por fortuna no se presentaron heridos ni muertes en la población civil.

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Seguridad narcocrática/

Asegurados oficial y soldado del ejército por asesinato a sangre fría de campesino
Por Camilo Raigozo

Con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, fueron afectados por la Fiscalía un oficial y un soldado profesional investigados por su presunta responsabilidad en el homicidio de un agricultor en jurisdicción de Támara (Casanare), informó la Fiscalía.

El fiscal de Derechos Humanos y DIH a cargo del caso sindicó a Marco Fabián García Céspedes, subteniente, y John Henry Alzate, soldado profesional, por los delitos de homicidio en persona protegida, fraude procesal y falsedad, para el primero, y homicidio en persona protegida, para el segundo.

El crimen fue perpetrado el 17 de diciembre de 2006, cuando el campesino José Cayetano Mendivelso Rabelo salió de su vivienda en la vereda Ariporo para hacer el mercado semanal. Los criminales pertenecientes a la Brigada 16 del Ejército Nacional lo interceptaron, le dieron muerte a sangre fría y lo presentaron como guerrillero del ELN dado de baja en combate.

La familia de la víctima encontró su cuerpo en las instalaciones de la Brigada 16 del Ejército en Yopal (Casanare). Según el informe de los asesinos, el labriego “llevaba en un canguro dos granadas de fragmentación y unas cuantas municiones para diferentes armas”.

Este tipo de criminales pagan sus condenas en las supuestas cárceles castrenses, que como en el caso de “Tolemaida Resort”, son centros vacacionales.

En una acción vergonzosa para la justicia y de burla para las víctimas, el ministro de Defensa Rodrigo Rivera logró comprometer a la bancada del Partido Liberal, a agilizar el proyecto de ley que fortalece la defensa técnica de los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública inmersos en crímenes, que busca crear mecanismos para la defensa de los militares y lograr su impunidad.

Sin ninguna vergüenza Rivera señaló que se evalúa la posibilidad de crear un fondo para que los colombianos aporten recursos para la defensa de los miembros de la Fuerza Pública que están siendo investigados.

La Fiscalía investiga más de 3.000 casos de asesinatos a sangre fría conocidos como falsos positivos cometidos por militares del Ejército Nacional, casi todos en la más aberrante impunidad. Sin embargo el ministro de Defensa, el gobierno y la oligarquía, se preocupan por los victimarios y no por las víctimas.

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Parauribismo/

Paramilitares continúan su orgía de sangre en Córdoba
Por Camilo Raigozo

El terror de la estrategia paramilitar del régimen ha dejado ya al menos 313 víctimas mortales en lo que va corrido del año en la “República Paramilitar Independiente de Córdoba”, como se le puede denominar a ese departamento en el que las estructuras de la Auc controlan hasta la respiración de la población.

Doce personas fueron asesinadas por los paramilitares en los últimos días, la mitad de las cuales sucedieron el pasado domingo 7 de agosto en la vereda Las Pailas, municipio de Tierra Alta, Córdoba.

Más de 207 familias salieron desplazadas por estos grupos terroristas los cuales actúan en connivencia con la fuerza pública, pues no de otra forma tendrían tanta libertad de acción.

Los cuerpos sin vida de Carlos Arturo Ruiz Pérez, de 26 años, José Alberto Wilches Ortiz, de 49 años; Henry López Coneo, de 24 años y Kevin Hernández Castillo, de 30, fueron encontrados el mismo domingo, mientras que los otros dos cuerpos fueron encontrados el martes 9 de agosto.

El año pasado los ‘paras’ asesinaron en Córdoba al menos 570 personas, cifra similar a la de los años inmediatamente anteriores. La gran prensa y el gobierno, en una estrategia diabólica del uribismo, persisten en denominar “Bandas Criminales” a los paramilitares.

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El ‘Bolillo’ no debe estar al frente de la Selección

Por Camilo Raigozo

La continuidad del Hernán Darío Gomez, más conocido como “El Bolillo Gómez”, es un irrespeto a la dignidad de la mujer, no solo en Colombia, sino en el mundo.

Bien vilipendiados que se encuentran los derechos de la mujer, no sólo por la cultura conservadora y machista persistente en Colombia, sino también por algunos miembros retardatarios de la Iglesia, políticos uribistas y hasta por el procurador general de la nación, para permitir que el director técnico de la selección redondee esa lamentable faena.

No basta con ofrecer disculpas, pues estas son lo mínimo que debía hacer el Bolillo frente a la cobarde agresión física  a una dama.

La permanencia de Gómez en el cargo no sólo es un atropello a la dignidad de la mujer, sino que además sirve de mal ejemplo para que por cualquier circunstancia las mujeres sigan siendo agredidas y victimizadas.

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Parauribismo/ Guapi, Cauca
Paramilitares desplazan masivamente a la comunidad de Sansón
Por Notimundo. Con información de Cococauca

El desplazamiento masivo se produjo luego del asesinato del hermano de un líder de la comunidad afrodescendiente de Sonsón, municipio de Guapi, Cauca el pasado 6 de agosto.

Según la denuncia conocida por Notimundo, el pasado 6 de agosto un grupo de 13 paramilitares vestidos de camuflado y fuertemente armados asesinaron a José María Cadena de 33 años, hermano del líder de la organización de Cococauca.

Según el documento, ante el asedio paramilitar las 50 familias de la comunidad de Sansón, estimada en 300 habitantes aproximadamente, entre mujeres, niñas y niños, jóvenes, adultos y ancianos, se desplazaron al área urbana de Guapi desde el 6 de agosto.

Hasta el 8 de agosto de 2011 no se había reconocido el desplazamiento por parte de la administración municipal, ni de la Personería y Acción Social no había hecho presencia.

Lea también:
Parauribismo/ Paramilitares asesinaron a hermano de dirigente de comunidades negras en Guapi, Cauca

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Sabana de Torres, Santander

Asociación campesina denuncia invasion de un lote sin que se protejan los derechos humanos de los campesinos
Por Asogras

La Asociación Campesina de Santander denunciamos ante la Comunidad Nacional e Internacional, a las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y al Procurador General de la Nación los siguientes.

La Asociación Campesina de Santander ASOGRAS, denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional, que el pasado siete (07) de Agosto de 2011, unas 100 personas invadieron un lote de recuperación ambiental y forestal en el municipio de Sabana de Torres, en el Barrio La Unión, de una extensión de dos (2) Hectáreas, 8.300 metros.

Invasión promovida por los Sres. MARCO TULIO LUQUE MENDEZ quien dice ser el Presidente de la J.A.C. del Barrio La Unión, JOSE ALDEMAR QUINTERO quien dice ser miembro de la misma Junta, TEODORA MACHACON miembro de la misma Junta, INES GONZALES, JUAN CARLOS MELGAREJO de la tienda en el Barrio la Unión,-

ALFONSO CACERES vive en el Barrio la Unión y fue quien llevó varios camionadas de madera robada para la invasión, MAURICIO MORENO, LUIS PORRAS Directivo de la J.A.C. Barrio la Unión, LAZARO MARTINEZ vive en el Barrio la Unión, DALFER GARCIA vive en el Barrio la ISLA DE CUBA, JAIRO NEIRA vive en el Barrio La Isla de Cuba, JERLIX GALVIS CHEVEZ vive en el Barrio La Unión y MARIA LUISA RODRIGUEZ CLAVIJO.

Personas encargadas de coordinar todo el procedimiento de invasión al predio que hoy está en posesión desde hace varios años por el Defensor de Derechos Humanos, CESAR AUGUSTO TAMAYO, quienes lo amenazaron en la madrugada del siete (07) de Agosto, manifestándole que si no sale del predio será linchado, encontrándose ya la Policía de Sabana de Torres.

Estas personas están acompañadas de otros invasores, como son JAVIER, BLANCA CECILIA, OLGA PATRICIA, JUANCHO, HERNAN quien tiene la moto de placas QYR 85B Honda 125,

ALVARO alias el tesorero, Alias el PAISA, ELIZA, HERNAN quien vive en el Barrio la Unión en la manzana 1 casa 28, FEDERICO y REINALDO.

Personas que tienen vivienda propia.

En la parcela se están llevando a cabo unos proyectos productivos de cultivo de pancojer de 25 mil matas de yuca comercial, que tenían la edad de 4 meses, habían sembrados 300 árboles de la especie Tecas, 400 maderables de nauno, 380 árboles frutales entre limón Tahití, aguacates, naranja valenciana, mandarina israelita, mango normal, chancleta, azúcar, 50 Guanábanos,-

2.000 metros cuadrados de pasto de Corte, dos (2) cuadras de pasto mejorado, en la especie humihicula cada una de 4.000 metros cuadrados, 30 ceibas, una ceiba de 8 años, 8 pomarrosas, 8 ohities, 4 palmas de coco, 30 árboles de marañón, 20 pinos, 10 eucaliptos, estaba cercado con postes de madera y alambre de púas, 40 árboles de la especie mata ratón,-

una cisterna para el suministro del agua. En el momento de la invasión lo destruyeron todo y se apoderaron del pozo donde se surte el agua para la vivienda. Este terreno hace parte del predio La Palestina, con Matricula Inmobiliaria Número 303-1964 Cédula Catastral 001007009000, el cual se encuentra actualmente en Proceso de Embargo Ejecutivo por la Secretaria de Hacienda Municipal de Sabana de Torres, oficio 375 por no cancelación de impuestos.

A las 7:00 P.M. ya habían más de 130 personas en el predio y se habían apoderado del pozo que nos suministra el agua para cocinar y las labores diarias de esta familia campesina en donde hay un niño de 13 meses y otros tres menores de edad, que no han podido ir a estudiar, estamos totalmente encerrados por los invasores los cuales nos tienen amedrantados.

Se aclara, que los promotores de la invasión pertenecen a una campaña política que se está desarrollando en el municipio de Sabana de Torres, la Policía se presentó al lugar la noche de la invasión pero manifestaron que tocaba dejarlos ya que ellos eran muy pocos para evitar la invasión.

El día de ayer, domingo 07, se presentaron el Señor Alcalde de Sabana de Torres, Dr. URIEL VELANDIA GUTIERREZ, El Comandante del 6º Distrito de Policía, Sr. Capitán VARGAS, la Sra. Inspectora de Policía, la Dra. CECILIA ROJAS y la Comisaria, la Dra. LILIA NASLY,-

quienes hablaron con los invasores y les manifestaron a miembros de la Asociación Campesina que era imposible sacarlos por la falta de personal de la Policía, acordándose que el día de hoy ocho (08) de agosto se llevaría una reunión con los líderes de la invasión en el despacho del Alcalde para llegar a acuerdos y desocuparan el predio.

Siendo las 3:00 A.M. se presentó una patrulla motorizada de la Policía de Sabana de Torres y manifestaron que no tenían ni idea de que el lote donde se encontraba viviendo el defensor de DD. HH. CESAR AUGUSTO TAMAYO, estuviera invadido por estos vándalos.

El día sábado seis (06) de Agosto, sobre las 2:00 P.M. en la ciudad de Barrancabermeja cuando se desarrollaba un evento sobre defensoras y defensores de DD.HH. fueron informados de estos hechos a funcionarios de la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, a la Dra. ELSY, a un funcionario de la Procuraduría Delegada para los D.D.HH., Dr. JESUALDO.

PETICIONES

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal Dr. URIEL VELANDIA GUTIERREZ, que ordene de inmediato el desalojo del lote que fue invadido de acuerdo a la nueva ley del ciudadano, el Código de Policía de Santander, al nuevo Código Penal y de Procedimiento.

SEGUNDO: Solicitar la intervención de la Fiscal General de la Nación Dra. VIVIAN MORALES, para que esta denuncia pública presentada por la Asociación Campesina Asogras sea asumida con carácter de urgente.

TERCERO: Solicitar al Director General de la Policía Nacional ordenar el desalojo inmediato del predio.

CUARTO: Solicitar al señor Vicepresidente DR. ANGELINO GARZON, para que haga seguimiento a esta denuncia hecha por nuestra Asociación Campesina, en donde hay derechos fundamentales violados como es el caso de los menores de edad y de los defensores de DD. HH., como es el derecho a la vida y que nos están privando de nuestro pozo que es de donde nos surtimos de agua.

QUINTO: Pedir la presencia y el acompañamiento de la comunidad internacional, de las O.N.GS. Defensoras de DD. HH., Nacionales e Internacionales, por la gravedad de los hechos que estamos denunciando, el compañero CESAR AUGUSTO TAMAYO es el representante de nuestra Asociación Campesina y nos pueden respaldar enviando comunicados al gobierno Colombiano sobre esta Grave situación para garantizar la seguridad de la familia del Defensor de DD. HH y Presidente de la Asociación Campesina Asogras.

SEXTO: Solicitamos al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, medidas urgentes de protección para garantizar el derecho a la vida, la honra y los bienes de la Asociación Campesina y el compañero Presidente y Defensor de DD.HH. CESAR AUGUSTO TAMAYO y su familia, ya que al día de hoy no tiene garantías para ejercer su función con Defensor de DD.HH. y se encuentra arrinconado, amenazado y amedrantado por los invasores y sus líderes.

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Graves agresiones de la fuerza pública contra la población civil en el Cauca

Con información de la Oficina de prensa del Representante Hernando Hernández

Bogotá, 8/08/2011. Una bebé de 3 meses de edad muerta por asfixia,  varios civiles heridos, más de 20 viviendas afectadas, señalamientos y detenciones arbitrarias son el resultado de  las agresiones de la Fuerza Pública,-

contra la población civil del  corregimiento El Mango, perteneciente al municipio de Argelia, Cauca, quienes protestan por la ubicación de la estación de Policía dentro del casco urbano.

Desde hace meses la población de la zona ha solicitado a autoridades departamentales, municipales y a agentes del Ministerio Público (Defensoría Regional del Pueblo y la Procuraduría Regional) la reubicación de dicha estación.

Esta petición fue reiterada el pasado 14 de julio, ante una Misión Humanitaria coordinada por la Defensoría del Pueblo, Regional Cauca, que contó con la participación de delegados de la Defensoría Nacional, un representante de las Naciones Unidas, ONG’s defensoras de DDHH y la Personería Municipal.

Teniendo en cuenta lo estipulado en las normas del DIH esta construcción no debe estar localizada dentro del casco urbano en aras de proteger a la comunidad y sus bienes e igualmente evitar este tipo de incidentes.

"Es urgente  que se tomen las medidas necesarias para poner fin a esta grave situación de orden público", aseveró el Representante y Vocero del PDA en la Cámara de Representantes Hernando Hernández Tapasco.

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Parauribismo/ Guapí, Cauca

Paramilitares asesinaron a hermano de dirigente de comunidades negras
Para los pobladores es evidente la complicidad de la fuerza pública con los criminales y se sienten abandonados y desprotegidos por el Estado
Por Notimundo. Con información de Cococauca

El 6 de agosto de 2011 alrededor de las 9:00 am, fue asesinado José María Cadena, de 33 años, por paramilitares,  quienes se encuentran ubicados entre las comunidades de Temuey hasta el Partidero con presencia en las áreas urbanas.

En la actualidad los habitantes de las comunidades de Codicia, Partidero y Sansón, estimadas en más de 500 habitantes, se encuentran masivamente desplazados  y sus casas están abandonadas, por las amenazas de estos criminales a tan solo 5 minutos del área urbana de Guapi, altamente militarizado.

La víctima había salido de la comunidad de Bellavista, distante 30 minutos del área urbana de Guapí, en lancha, con destino a la cabecera municipal. A la altura de la comunidad de Sansón fue interceptado por los criminales.

Los 'paras' habían llegado desde las 6 a.m. y les quitaron los celulares a todos los habitantes de la vereda Sansón. Luego detuvieron a una de las canoas que entraban al casco urbano e hicieron bajar a todos los tripulantes. Amarraron de las manos a José María Cadena y lo asesinaron de forma atroz.

El pasado 16 de julio los paramilitares ubicados en esta franja del rio Guapi, interceptaron y hurtaron las  pertenencias de todas las personas que se movilizaban en los transportes fluviales, paso obligado de la gente que sale o llega a Guapi. En esa ocasión asesinaron a una persona.

Según las denuncias los paramilitares instalan los retenes en el mismo sitio donde la fuerza Pública acostumbra a instalar los suyos, sin que esta se inmute, lo cual deja la sospecha de que es cómplice de las acciones criminales.

Con estos hechos, se corrobora el genocidio al que vienen siendo víctimas las comunidades negras del pacifico caucano, con la complicidad de la fuerza pública y de otras autoridades estatales.

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