sábado, diciembre 11, 2010

Parauribismo/
Alias ‘El número 1’ intenta maquillar su responsabilidad en las ‘chuzadas’
Notimundo

Todos los mafiosos y criminales, históricamente, han tratado de ocultar o justificar sus atrocidades y las de sus secuaces, con mayor o menor grado de cinismo. Alias “El Número 1”, como lo denominaban sus subalternos en la organización criminal DAS, no es la excepción.

El otrora intocable cabecilla de “La Casa de Nari” observa con impotencia como el poder se le  escapa inexorablemente de las manos, como el círculo se le cierra y como la justicia le respira cada vez más cerca de la nuca.

Hasta algunos de sus más fieles cómplices, los principales medios de “comunicación”, están saltando del barco y hasta destruyen el teflón que ellos mismos fabricaron alrededor de “El Número 1”. Sin embargo aún quedan algunos que insisten en defender lo indefendible y ocultar lo inocultable.

A continuación un artículo de Vanguardia Liberal  publicado en Internet el 11 de diciembre intitulado: Arremeten contra Uribe por su defensa ante Wikileaks:

Arremeten contra Uribe por su defensa ante Wikileaks

Tras conocerse la defensa que hizo el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en donde explicó los supuestos alcances de la conversación filtrada por Wikileaks entre el director de la Policía, general Óscar Naranjo, y el entonces embajador de los Estados Unidos en Colombia miembros de la oposición arremetieron contra el ex Presidente.

Uribe defiende a Bernardo Moreno y José Obdulio por tema de 'chuzadas'

“Lo que el ex presidente Uribe intenta es ocultar la responsabilidad que tienen sus allegados, y él mismo, en todos los episodios del funcionamiento criminal de las dependencias del DAS”, aseguró el representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda.

Cepeda afirmó que “es normal que en su actitud pública, él (Uribe) intente maquillar la información en la que, por distintas fuentes, se hace evidente que varios de los funcionarios que trabajaban en el Palacio de Nariño, estaban coordinando las labores de espionaje”.

Al mismo tiempo, el ex senador Gustavo Petro calificó a Uribe a través de una emisora nacional como una persona “cínica, en la medida en que no se sonroja por el hecho de que sus más altos colaboradores estén siendo sindicados judicialmente o extrajudicialmente”.

Al mismo tiempo, el también ex candidato presidencial le hizo un llamado al general Óscar Naranjo para que “le dé las explicaciones correspondiente al actual presidente, Juan Manuel Santos, y a la sociedad colombiana”, en vez de dárselas al ex presidente Uribe.

Finalmente, Cepeda sostuvo que lo que se debe hacer en este caso es “dejar que actúe la justicia”, y que sea este sector del Estado el que se encargue de valorar el carácter probatorio que tengan los cables de Wikileaks.

El ex presidente Uribe publicó el comunicado en las horas de la mañana del sábado, en el que dio las explicaciones del general Naranjo, e hizo una férrea defensa de sus ex funcionarios, calificándolos como personas pulcras, inmaculadas y rectas de carácter.


miércoles, diciembre 08, 2010

10 años evidenciando la situación de las mujeres en medio del conflicto
 Por Brújula comunicaciones

El próximo viernes 10 de diciembre a las 8:30 a.m en la Casa de la Mujer (carrera 35 No. 53A-86 Barrio Nicolás de Federmán) se realizará una rueda de prensa en la que voceras de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado presentará el X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia.

Este informe recoge 10 años de trabajo permanente para visibilizar la violación de los derechos humanos de las mujeres por los actores involucrados en el conflicto armado interno, la fuerza pública, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros, así como las normas del derecho humanitario que protegen a la población civil.

Este X Informe pretende evaluar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer en su visita a Colombia en 2001, por parte del Estado Colombiano e incorpora información actualizada de la situación de las mujeres, jóvenes y niñas en el escenario del conflicto armado y la violencia sociopolítica que vive el país.

Aborda sus compromisos internacionales, las voces y testimonios de las mujeres y la  experiencia de las organizaciones que conforman la Mesa, las cuales han desarrollado su trabajo con mujeres víctimas de las acciones de actores armados en el país.

A través del X Informe, la Mesa hace recomendaciones al Estado colombiano y hace un llamado a la sociedad colombiana recordandole su compromiso ético y político  con las mujeres víctimas de los actores armados, para que les sean reconocidos sus derechos y se respete su dignidad e integridad.

Logros a nivel nacional

Como resultado de los distintos esfuerzos de articulación de las organizaciones que hacen parte de la Mesa durante estos 10 años, se ha logrado la incidencia en la formulación y difusión de leyes, decisiones judiciales y Políticas Públicas que favorecen la prevención y atención de las violencias contra las mujeres:

la  ley 1257 de 2008 (que pretende sensibilizar, prevenir y sancionar las diferentes formas de violencias y de discriminación contra las mujeres), en el Auto 092 de 2008 (que garantiza la protección de las mujeres en situación de desplazamiento forzado) y en la difusión la Resolución 1325 (mujer paz y seguridad), 1820 y 1880 (Prevención y respuesta a la violencia sexual relacionada con los conflictos) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Logros a nivel internacional

Tras 10 años de trabajo ininterrumpido, la Mesa es reconocida en instancias internacionales de derechos humanos como la Oficina de la Alta Comisionada de derechos Humanos de la ONU, en los mecanismos especiales de Derechos Humanos como la Relatora Especial sobre independencia judicial, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, entre otras.


Ha hecho visible la situación de las mujeres colombianas en el marco del conflicto, ante instancias internacionales como el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Audiencias temáticas de la CIDH y en las relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas.

La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado promueve la visita a Colombia de la actual relatora Sra. Radisha Manjoo para el año 2011.

Mayor información:
Brújula Comunicaciones
2856984 / 4870740
300-2648634

Una Ley para la restitución plena de derechos o nueva revictimización?
Por Andas Valle

La Campaña Permanente Tierra Vida y Dignidad, considera inaplazable la adopción de una ley de  víctimas que restablezca los Derechos vulnerados a millones de víctimas de un conflicto social, político y armado que ha permanecido por más de 60 años en la historia reciente de nuestro  del país.

Sin embargo, abogamos por una ley que respete la dignidad y los derechos de las víctimas y reconozca los estándares  internacionales en esta materia.

Se necesita una ley que consulte ampliamente a las víctimas y respete los aportes de las personas afectadas por el conflicto, reconociendo que esta debe ser incluyente  y no estar sujeta a restricciones y  cortapisas como el tema de la sostenibilidad fiscal.

Hemos asistido con interés a los debates adelantados en la Cámara de Representantes. Reconocemos que el proyecto tiene importantes avances  como la inclusión de las Víctimas de Crímenes Estado y algunas medidas de restitución de tierras, aspectos que reconocen las solicitudes de las víctimas y de la comunidad internacional.

No obstante ello, persisten entre nosotros preocupaciones en torno a la no restitución de bienes patrimoniales, vivienda y lucro cesante, y la insistencia en que medidas sociales y humanitarias se tomen como reparación, entre otras, igualmente no reconoce ampliamente los derechos de las mujeres víctimas del conflicto así, como desconoce la obligación de realizar consulta previa para comunidades afrocolombianas  e indígenas.

Esta semana se suma una preocupación más, en la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se establece que “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1993…”. 

Así mismo se plantea en el artículo 63 que son titulares del derecho a la restitución de tierras las personas  que  “hayan sido despojadas de éstas, o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos entre el 1º de enero de 1993 y el 1º de enero de 2011…”. Para rematar el artículo 153 sólo reconoce el desplazamiento forzado a partir del 1° de enero de 1993.

Tal periodización para el reconocimiento de la condición de víctima controvierte el  espíritu del objeto de la ley que establece “… hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifiquen a través de la recuperación del ejercicio de sus derechos constitucionales, promoviendo igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier forma de discriminación, dentro del marco de la justicia transicional”.

El proyecto de ley, en consecuencia, excluye, discrimina, desconoce, es decir revictimiza a las víctimas de violaciones de DDHH que están por fuera de la mencionada periodización; establecida -no nos cabe duda- caprichosamente y para resolver la supuesta sostenibilidad fiscal de la ley reclamada insistentemente por los ponentes de la Unidad Nacional.

Se desconocen, mediante esta “leguleyada”, las sistemáticas violaciones de DDHH y DIH y el despojo de tierras ocurridos, por ejemplo, durante la década de los 80, tales como: Las masacres de la Rochela, Segovia y Trujillo, las victimas del palacio de justicia y los magnicidios de Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán, Enrique Low Multra, también de Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, José Antequera y otras víctimas del genocidio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, entre muchas otras graves violaciones.

Así mismo, habrá completa impunidad para las víctimas de 16.766 asesinatos por motivaciones políticas, 2.392 detenidos desaparecidos, 3886 personas torturadas en el periodo comprendido entre 1980 a 1992 según cifras del proyecto Colombia Nunca Más, y más de 600.000 desplazados desde 1985  fecha en que iniciaron los registros hasta 1992, según información de CODHES.

Por otra parte subsiste en el país un conflicto armado que sigue provocando victimas lo que pone en tela de juicio hablar de justicia transicional. Determinar el 1° de enero de 2011 como fecha límite para ser titular del derecho de restitución, equivale a decir que a  partir de tal fecha no se presentarán más despojos, sea violentamente o encubiertos bajo formas legales, como está sucediendo en Montes de María entre otras regiones del país.

Por estas razones la Campaña Permanente Tierra, Vida y Dignidad,  rechaza los desarrollos que hasta la fecha se dan en esta ley y aboga por una que consulte amplia y efectivamente a todas las víctimas del conflicto.

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Sabana de Torres, Santander
La Sijin detuvo ilegalmente a líderes campesinos
Con información de Asogras

La Asociación Campesina  de Santander, Asogras, denunció  ante la comunidad nacional e internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos, Procuraduría y demás entes de control del Estado, el abuso de agentes de la Fuerza Pública.

El domingo 5  de diciembre, aproximadamente las 11:30 a.m., fueron retenidos los campesinos Luis Alberto Castillo Florez y Alfonso Yepes Patiño, por parte del  sargento Romero de la Sijín, encargado de la inteligencia en Sabana de Torres.

Los abusos ocurrieron en el momento en que los labriegos tomaban fotos a la maquinaria oficial del municipio cuando desarrollaba trabajos en un lote privado supuestamente de propiedad de Reinaldo Gómez Gómez, quien dice ser el dueño.

El sargento Romero, ultrajó al afiliado Castillo Flórez, al cual tiró de la mano hacia una camioneta y le borró las fotografías en claro abuso de autoridad. Estas servían de prueba sobre la presunta corrupción al usar maquinaria del municipio para trabajos privados.

Asogras informó los hechos a la Oficina de DD.HH. del Departamento de Policía de Santander y le  solicitó información de las personas que se encontraban en el lugar de los acontecimientos sin que hasta el día de hoy haya tenido respuesta alguna.

Según la denuncia, en el lugar de los hechos se encontraba el agente Puello de la Sijín, quien estaba supuestamente prestando apoyo a la maquinaria que se encontraba haciendo las labores en el lote privado que supuestamente es del señor Gómez.

“No es la única vez  que afiliados de Asogras encuentran  la maquinaria oficial haciendo trabajos en predios privados, de lo cual ya tiene conocimiento la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja y no pasa nada.

“Por tal razón solicitamos que el Procurador General de la Nación, se apersone de estos actos de corrupción que viene cometiendo la administración municipal de Sabana de Torres, en cabeza del alcalde Uriel Velandia Gutiérrez”, advirtió Asogras en un comunicado dirigido a Notimundo.

lunes, diciembre 06, 2010

Catatumbo, Norte de Santander
Policía retiene arbitrariamente a campesino y sargento lo golpea brutalmente
Con información de Ascamcat

EL comité permanente de Refugio Humanitario de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat, denunció ante la opinión pública nacional e internacional la grave crisis que vive la población por la constante violación a los derechos humanos  y el Derecho Internacional Humanitario en la región del Catatumbo.

La crisis se ha venido incrementando en los últimos meses, dado el incremento del pie de Fuerza Pública y la llegada de empresas nacionales y trasnacionales saqueadoras de la riqueza de la región.

El lunes 29 de noviembre anterior, la Policía del corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, retuvo arbitrariamente al campesino Cesar Acosta Sabala.

El campesino fue retenido desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, tiempo en el cual fue golpeado brutalmente por un sargento y posteriormente fotografiado. Gracias a los reclamos de la población civil se logró que lo soltaran y respondieran por él.

“Responsabilizamos a la Policía de la Gabarra por los hechos que ocurran con esta acción, contra el compañero, dado a la gravedad de la situación.  Esperamos que la Fuerza Pública se haga responsable de sus actos; ojala no le suceda nada malo al humilde poblador, y rechazamos tajante mente acciones como esta dado que crea miedo, preocupación y inseguridad en la comunidad”, dice Ascamcat en un comunicado conocido por Notimundo.


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