Para evitar impunidad de Justicia Penal Militar familia de grafitero asesinado por la Policia llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU
Por Camilo Raigozo

Ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será llevado el caso del asesinato del grafitero a manos de la Policía, para evitar que el proceso quede en manos de la Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de impunidad.

Según la abogada defensora de los familiares del joven asesinado, Miriam Pachón, no hay confianza en la “justicia” castrense y temen que si esto ocurre el crimen del joven grafitero quede en la impunidad.

Ellos exigen que sea la Fiscalía y la justicia ordinaria la que se encargue de investigar, procesar y enjuiciar a los responsables.

Como era de esperarse, el procurador  general, Alejandro Ordoñez, también conocido con el alias de “Monseñor absolvedor de la ‘yidispolítica’ y la ‘parapolítica’”, se pronunció a favor de la impunidad, pues es partidario de que el caso pase a la Justicia Penal Militar.

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Seguridad narcocrática/

Asegurados dos oficiales y un infante de Marina por secuestro
Por Notimundo. Con información de la Fiscalía

Por su presunta participación en el secuestro de un campesino en Mosquera (Nariño), el Juzgado 11 Penal Municipal de Cartagena, con funciones de control de garantías, acogió la petición de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento intramuros en contra de tres integrantes de la Infantería de Marina, informó la Fiscalía.

Según el ente investigador los imputados están señalados de haber secuestrado a Rito Marcial Payán Salazar, en la vereda Cocal Payanes, municipio de Mosquera, Nariño, el 23 de agosto de 2010.

Se pudo establecer que los uniformados ingresaron a la vivienda de la víctima, la sacaron por la fuerza, la obligaron a subir a una lancha y la trasladaron hasta un manglar, donde la amarraron e intimidaron para que informara sobre la ubicación de un sumergible y de unos estupefacientes.

Los hoy imputados: Javier Emilio Gaona Solano, mayor y quien era segundo comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina, No. 70 de Tumaco (Nariño); Héctor Mario Pazquel Chacón, teniente; y Robin Antonio García Martínez, infante de Marina profesional.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo de la Armada Nacional, hicieron efectivas las capturas este miércoles en Cartagena y Magangué (Bolívar) y en Corozal (Sucre), luego de que un juez de control de garantías librara las respectivas órdenes por solicitud de un fiscal delegado ante el CTI de Cali.

En las audiencias preliminares el juez legalizó las capturas, y la Fiscalía formuló cargos por el delito de secuestro simple agravado, que no aceptaron los procesados. Esas personas cumplirán la medida privativa de la libertad en las instalaciones del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina No. 2, en Cartagena.

Actualmente hay un fuerte debate político ante la pretensión de la cúpula militar y sectores derechistas del país de fortalecer el fuero militar para que crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública queden en la impunidad.

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Parauribismo/
Estudiantes denuncian hostigamientos de paramilitares en la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña
Por Aceu

La universidad FPS de Ocaña se encuentra en paro hace más de tres semanas, donde las y los estudiantes han participado de manera activa en la construcción de una mejor universidad, que defienda lo público, y que rechace esta reforma lesiva como lo es la que-

presenta el gobierno Santos, dando el debate serio y con todo el estudiantado, la toma ha sido de manera pacífica, pero por lo visto cualquier tipo de oposición sea en el lugar que sea es un peligro para este gobierno, aplicando su política de eliminación del “enemigo interno”.

En este sentido la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Aceu, rechaza los intentos de amedrentamiento ocurridos hoy en la Universidad Francisco de Paula, Santander de Ocaña:

1.    En horas de la tarde mientras los compañeros y compañeras se encontraban reunidos al interior de la universidad, llego un automóvil de placas EXT 145, color gris con vidrios oscuros.

2.    De este vehículo descienden 5 hombres, uno de ellos con gafas oscuras.

3.    Estos individuos se dirigen directamente hacia donde se encontraban los estudiantes reunidos, e inician a insultar a los allí presentes, preguntan en varias ocasiones “¿Dónde están los vagos del paro?”.

4.    Al ver el caso omiso que hacen los estudiantes se retiran y empiezan a rondar la universidad, verificando y haciendo señales amenazantes a las y los estudiantes.

5.    Dos horas (5:50 pm) después se dirigen de nuevo al lugar de reunión de los estudiantes, allí se encontraba un compañero que tenía puesto un pasamontañas en medio de la reunión, estos sujetos se dirigen directamente a este estudiante y le exigen que se acerque.

6.    Los y las estudiantes les reclaman que se identifiquen, a lo cual ellos responden de nuevo en tono amenazante, “¿Quién dijo eso?”, a lo que alegan todxs al unisonó que se identifiquen.

7.    Luego de este suceso los hombres se retiran, no sin antes señalar a los estudiantes allí presentes, se suben al carro y siguen dando vueltas a los alrededores, deteniéndose en varias ocasiones frente a los ya mencionados.

Este tipo de sucesos intimidan al movimiento estudiantil, desconocen el derecho a la protesta constitucionalmente reconocido,  limita y acalla las voces de las y los estudiantes que tenemos una posición crítica, respecto de la nueva ley de educación.

Las luchas que llevan hoy a cabo las y los estudiantes colombianos, no es solo una lucha por la no privatización de la universidad, si no por el aseguramiento de un mejor futuro para el país,  para nuestra generación y para las que vienen.

Por eso rechazamos y exigimos se respeten nuestros derechos y que este tipo de políticas paramilitares cesen en todas las universidades de Colombia.

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Sabana de Torres, Santander
Organización campesina acusa al Periódico 30 Días El Gran Santander de persecución contra sus líderes
Por Asogras

En la edición No. 0774 del mes de septiembre de 2011, del Periódico 30 Días El Gran Santander, en las paginas 07, 08 y 09 bajo el titular “Con la vara que mides sereís medido” refiriéndose a la invasión violenta que se realizó el día 07 de Agosto de 2011,-

al predio del compañero defensor de derechos humanos Cesar Augusto Tamayo, el director hace unas presuntas entrevistas a los invasores violentos quienes aseguran que el compañero Tamayo tiene vínculos con paramilitares.

Con estas aseveraciones dicho periódico pone la lápida en la espalda del compañero. Como se recordará, en una Edición anterior el mismo Director publicó: que el compañero había invadido la pista del aeropuerto de Sabana de Torres y que-

“no le había contado al auditorio que estuvo detenido por rebelión”, declaraciones publicadas por el Señor Carlos Santamaría y que están en conocimiento de la Fiscalía General en el municipio de Sabana de Torres.

A raíz de todas estas publicaciones temerarias publicadas por el Periódico “30 Días El Gran Santander” la seguridad personal del compañero se ha desboronado al punto que hoy el compañero no puede vivir de tiempo completo en su residencia-

como lo ha denunciado ante las diferentes autoridades, las cuales a la fecha, no le han garantizado la seguridad personal al compañero para que pueda seguir desarrollando su actividad como defensor de Derechos humanos y dirigente campesino dentro del municipio de Sabana de Torres.

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Las FARC- EP desmienten al Ejército y a los medios sobre el secuestro de la niña Nohora Valentina Muñoz

Por Notimundo

En un comunicado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, desmienten las versiones dadas por mandos castrenses y policiales, en los que  son acusadas de ser las responsables del secuestro de la niña Nohora Valentina Muñoz.

En el comunicado las FARC no solo niegan ser las autoras del repudiable hecho, sino que lo “condenan sin vacilaciones”.

Del mismo modo recuerdan que las acusaciones falsas son una estrategia  de desinformación y manipulación de la opinión pública.

Ponen de ejemplo el caso de las dos niñas violadas, y una de ellas asesinada junto a sus dos hermanitos, en un múltiple infanticidio presuntamente perpetrado por un oficial del Ejército Nacional.

En esta ocasión las versiones militares fueron, como ahora, profusamente difundidas por los todopoderosos medios de comunicación, tratando de hacerle creer a la opinión pública que los responsables de las violaciones y posterior asesinato de los niños era la guerrilla.

A continuación transcribimos en su integridad el comunicado de las FARC:

A raíz del secuestro de la niña Nora Valentina Muñoz, hija del señor Jorge Enrique Muñoz, Alcalde del Municipio de Fortul, Arauca, hemos escuchado por los medios de información acusaciones tendenciosas por parte de mandos militares y de policía, que buscan vincular a las FARC-EP a este hecho, lo cual rechazamos de plano por no corresponder dichas afirmaciones con la realidad.

El Estado Mayor del 10º frente, hace saber a la opinión pública que ninguna de nuestras unidades tiene que ver con este secuestro que condenamos sin vacilaciones, a la vez que alertamos a toda la opinión para no dejarse manipular y confundir respecto a los verdaderos autores y las oscuras intenciones que puedan estar motivando tan repudiable hecho.

Curiosamente los que hoy nos señalan sin prueba alguna, son los mismos que en el pasado reciente intentaron hacerlo con el caso de la niña Jenny Torres y sus pequeños hermanos Yeison y Álvaro, víctimas de la barbarie militarista; la misma que fue capaz de concebir los crímenes de estado conocidos como “falsos positivos”, en desarrollo de su estrategia de desinformación y manipulación de la opinión, con el fin de sustentar la fascista y antipatriótica política de seguridad democrática, que tanto dolor y sufrimiento ha dejado al pueblo colombiano.

El secuestro de la menor parece calcado de los manuales de operaciones sicológicas de los organismos de inteligencia militar, a fin de moldear la opinión regional y nacional a favor del escalamiento guerrerista propiciado desde las altas esferas gubernamentales, contrario al deseo de una salida incruenta y civilizada para la crisis nacional, por la vía del diálogo, que viene ganando terreno en diversos sectores sociales y políticos del país.

Sabanas de Arauca, octubre de 2011.

Estado Mayor Décimo Frente, comandos de dirección de la Columna Alfonso Castellanos y la Compañía Reynel Méndez.
Bloque Comandante Jorge Briceño.
FARC-EP.

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Seguridad narcocrática/

Denuncian que Defensoría Militar impide a procesados contar la verdad sobre sus crímenes para favorecer a los altos mandos
Por Camilo Raigozo. Con información de El Espectador

Varios militares autores de actos criminales y que quieren colaborar con la justicia para obtener rebajas a sus penas denunciaron que la Defensoría Militar, Demil, no les permite acogerse a sentencia anticipada.

Esto significa que tienen que renunciar al derecho a obtener rebajas de penas y así solución sus problemas judiciales de manera acelerada.

Según una información del diario El Espectador, la denuncia, que relata algunos casos de asesinatos a sangre fría mal llamados falsos positivos, cuenta uno particular: En Cúcuta, un cabo del Ejército confesó ante la Fiscalía su responsabilidad. Luego, fue abordado por abogados de Demil para que cambiara su testimonio.

“En mi caso, la Defensoría Militar me obligó a retractarme. Yo les insistía en que lo que estaba relatando era la verdad, pero me prohibieron inicialmente confesar. Me decían: ‘Eso no se puede divulgar’.

“Claramente la idea de ellos con esas prácticas es que el militar se hunda y de esta manera taparles a los altos mandos”, indicó un cabo que hoy está condenado. Según El Espectador esta práctica también ha sido con civiles, testigos en los procesos.

La situación, que generó estragos en el proceso, fue motivo de quejas disciplinarias contra un abogado de Demil ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Varios fiscales de Derechos Humanos han denunciado esta y otras prácticas contrarias a la lealtad procesal. Esta práctica, incluso, ha sido motivo de análisis de la ONU en su informe de Derechos Humanos en Colombia.

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Terrorismo made in USA/

ONG de derechos humanos pidió a Canadá detener y procesar al criminal de guerra George W. Bush
Por Camilo Raigozo

La ONG defensora de derechos humanos Amnistía Internacional instó este 12 de 0ctubre de 2011 a las autoridades canadienses para que detengan y procesen ante los tribunales al poderoso terrorista internacional George W. Bush, expresidente de Estados Unidos.

Según la ONG internacional de derechos humanos el ex presidente estadounidense autorizó torturar a sus víctimas cuando se inventó la estrategia de “guerra contra el terrorismo que lideró el imperio para apoderarse de los recursos de otras naciones.

Susan Lee, directora de AI, les recordó a las autoridades canadienses que "Por sus obligaciones internacionales Canadá debe detener y procesar al ex presidente Bush por su responsabilidad en los crímenes contra el derecho internacional, entre ellos la tortura".

Según agencias internacionales, las acusaciones de AI se refieren principalmente al programa secreto de la CIA ejecutado entre 2002 y 2009, que infligía a los detenidos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como desapariciones forzosas".

Lee advirtió que "Como las autoridades de Estados Unidos no han, llevado a Bush ante la justicia, la comunidad internacional debe intervenir. Si Canadá se abstiene de actuar durante su visita, eso constituirá una violación de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y será una manifestación de desprecio a los derechos humanos".

Amnistía Internacional hizo el pedido formal a las autoridades canadienses a través de un memorando fechado el 21 de septiembre de 2011 y espera que tenga respuesta positiva.

Bush tiene previsto asistir a una cumbre de economía en la provincia canadiense British Columbia el próximo 20 de octubre

La ONG acusa a Bush de haber autorizado "técnicas reforzadas de interrogación", entre ellas "el simulacro de ahogamiento".

Cabe recordar que por temor a una detención internacional el sátrapa estadounidense canceló en febrero pasado una visita a Suiza, tras enfrentar llamados públicos similares para su detención.

Sin embargo Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional en Canadá dijo que la ONG continuará su causa contra el expresidente de Estados Unidos ante los gobiernos de los  países que Bush pueda visitar.

"Los torturadores deben enfrentar a la justicia y sus crímenes son tan atroces que la responsabilidad de garantizar justicia es compartida por todas las naciones", dijo Neve según la prensa internacional.

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Histórica decisión del Congreso protege la vida, la familia y las mujeres
Por Brújula Comunicaciones

Desde Ciudad de México, la abogada Mónica Roa, directora de proyectos de Women’s Link, celebró la decisión de la Comisión Primera del Senado de archivar la iniciativa legislativa que pretendía penalizar nuevamente el aborto.

“Éste es un paso más hacia el país que queremos: un país en donde impera el Estado de Derecho, un país que atiende argumentos científicos y de derechos para decidir sobre temas de alto impacto como el aborto, y un país que protege realmente a las mujeres, su vida y su familia”, dijo Roa.

La abogada recuerda que el derecho a interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la mujer corre riesgo, cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo es producto de una violación, sigue vigente y por tanto el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso al servicio en condiciones seguras y de calidad.

Con la decisión de hoy, el Congreso ratifica en un nuevo ejercicio democrático la Sentencia C355, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y el pleno ejercicio de sus libertades para decidir sobre su vida y la opción de conformar una familia.

“Pero no debemos bajar la guardia, nada garantiza que no surjan nuevos intentos por obstaculizar los avances alcanzados”.

Ante el acoso al que se han visto sometidos los senadores que votaron en contra de la iniciativa, Women´s Link hace un llamado a respetar las diversas posturas expresadas en el debate, y a aceptar la prevalencia de los mandatos constitucionales.

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‘Preocupante aumento de infracciones contra la misión médica’: Cruz Roja
Por Cicr

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Colombiana manifiestan su gran preocupación por el elevado número de infracciones contra el personal médico y las instalaciones sanitarias que se han registrado en zonas de conflicto armado en lo que va del año 2011.

Las infracciones afectan no sólo al personal de salud sino también a la población residente, puesto que disminuye o cesa la atención médica que recibe.

Entre enero y septiembre de 2011, el CICR registró 39 casos de infracciones contra las normas del derecho internacional humanitario que protegen a la misión médica en conexión con el conflicto armado, más del doble con respecto al mismo período en 2010, año en el que hubo 31 casos en total.

Los departamentos más afectados por la situación son Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nariño y Antioquia.

"Además de este incremento cuantitativo, preocupa también la mayor gravedad de las infracciones como el aumento de ataques contra la infraestructura sanitaria", dijo Jordi Raich, jefe de la delegación del CICR en Colombia.

"Cabe resaltar también que el aumento de estas infracciones dificultan cada vez más el acceso a la salud de las comunidades que habitan en zonas de conflicto armado".

Otras de las infracciones documentadas por el CICR han sido amenazas contra el personal médico y robo de medicamentos. Se presume que estas acciones han sido cometidas por las distintas partes en conflicto.

"Estamos comprometidos con promover el respeto a la misión médica en Colombia. Nos preocupan mucho estos eventos porque además generan daños progresivos en las redes sanitarias del país, con el consiguiente deterioro de las condiciones de salud de las comunidades,-

las cuales, además de estar ya afectadas por la violencia, sufren las inundaciones causadas por una temporada invernal excepcionalmente dura", indicó Walter Cotte, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana.

El CICR y la Cruz Roja Colombiana recuerdan a todas las partes en conflicto su obligación de respetar y proteger en toda circunstancia, como disponen el derecho internacional humanitario y la legislación colombiana, al personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios.

Asimismo, recuerdan a las autoridades que el personal sanitario tiene la obligación de atender sin distinción alguna a todos los heridos y enfermos, aunque hayan tomado parte en las hostilidades, y que este personal no debe ser privado de la libertad por hechos relacionados con el ejercicio su profesión.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desarrolla actualmente una campaña mundial con el fin de sensibilizar a diferentes públicos sobre la importancia de respetar y proteger al personal médico y las instalaciones sanitarias en los conflictos armados de todo el mundo.

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Balance positivo de la Acción Humanitaria a Pacific Rubiales
Por Junta Directiva Nacional USO

Con un balance positivo se cumplió el segundo día de la Acción Humanitaria que se desarrolla en el municipio de Puerto Gaitan convocada por la Union Sindical Obrera, USO, y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, por la defensa de las libertades sindicales y el respeto por los derechos laborales, sociales y ambientales de los trabajadores que laboran para la multinacional canadiense Pacif Rubiales.

La jornada se cumplió con un foro regional petrolero con la asistencia de trabajadores, comunidad gaitanense, expertos catedráticos en recursos naturales y medios de comunicación internacional.

En el foro se pudo precisar que la política petrolera en Colombia favorece fundamentalmente los intereses de las multinacionales y no los de la nación, mucho menos los intereses de los municipios de las áreas  de influencia petrolera, que como el caso de Puerto Gaitán,  que está encima de la riqueza y  vive en la miseria.

Adicionalmente se expusieron todas consecuencias que va tener para los municipios petroleros la reciente reforma a las regalías, pues en el estado actual de las cosas por cada barril de petróleo que se explote los municipios solo recibirán el 2.1% de su valor como regalía, lo que hará aún más grave la situación económica de estas regiones, también se explicó lo concerniente al daño medio ambiental,-

tema que debe ser de permanente preocupación de las comunidades pero ademas de constante denuncia y de exigencia al gobierno nacional para que realice los controles adecuados que obliguen a las multinacionales a cumplir con todas las normas ambientales y realice las acciones necesarias para recuperar los daños ambientales ya generados.

De manera simultánea la Unión Sindical Obrera, USO, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, representantes de Pacif Rubiales y la dirección de tránsito de la Policía Nacional en cabezada por el General Rodolfo Palomino se llevó a cabo una reunión para tratar el tema de seguridad y-

desplazamiento de la caravana humanitaria el día miércoles 12 de octubre al caserío de Puerto Triunfo jurisdicción de Puerto Gaitán, posteriormente el día jueves a las 10:00 am partirá hacia la vereda Rubiales donde se hará contacto con la comunidad de esta zona y en horas de la tarde se desarrollara una asamblea sindical con los trabajadores de Pacif Rubiales.

El movimiento sindical continuara con las acciones de movilización en defensa del medio ambiente, de los derechos de las comunidades y de los trabajadores al servicio de la industria petrolera.

Por la defensa de las libertades sindicales y los derechos laborales, ambientales y sociales vamos juntos a campo Rubiales.

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Estudiantes de la UIS denuncian acción terrorista paramilitar en la que un alumno resultó herido
 

Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, denunciaron a Notimundo que el pasado 11 de octubre hizo explosión un artefacto en uno de los baños resultando gravemente herido un estudiante.

A continuación transcribimos en su integridad la denuncia:

Las organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos abajo firmantes como integrantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), rechazamos y condenamos de manera enérgica los ataques que se vienen ejecutando en contra de las distintas expresiones Y organizaciones estudiantiles de nuestra universidad.

Hechos como los del día de ayer, donde un estudiante de la Facultad de Ingenierías Físico Mecánicas resultó herido debido a la onda producida por un artefacto instalado en un baño del edificio de Diseño Industrial, deben ser condenados vehemente por los diferentes colectivos y organizaciones estudiantiles que hacen presencia en la comunidad académica.

Estamos convencidos que estas acciones son perpetuadas por sectores para-militares que son ajenos a la lucha universitaria, lucha que hoy se viene presentando en contra de la vergonzoso “proyecto reforma” de la Ley 30 de educación superior.

Presentamos nuestra solidaridad con el estudiante afectado el día de ayer, y con su familia. Y pedimos al Estado colombiano que se realice una investigación a fondo para que se establezca toda la verdad.

Solicitamos al gobierno nacional de Juan Manuel Santos Calderón cumplir su obligación de velar y respetar las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que poseen los estudiantes de la UIS & el sindicato de trabajadores y empleados universitarios (Sintraunicol)

Así mismo exigimos el retiro inmediato del Escuadrón Esmad de la Policía del campus universitario, y la desmilitarización de nuestra vida universitaria.

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Nariño

Multinacional agrede a campesinos para explotación minera en sus fincas

Organizaciones sociales del norte de Nariño y sur del Cauca denunciaron a Notimundo los abusos de la multinacional minera Mazamorras Gold contra campesinos de los municipios de Arboleda, Marruecos y San Lorenzo, para explotar oro y cobre en sus fincas.

A continuación transcribimos la denuncia en su integridad:

Entre los municipios de Arboleda-Berruecos y San Lorenzo en el norte del departamento de Nariño, se encuentra la multinacional Gran Colombia Gold con el proyecto “Mazamorras Gold” que viene desarrollando actividades de exploración minera de oro y cobre.

A causa de esta concesión actualmente hay problemas sociales en las comunidades de carácter grave, causando división y enfrentamientos entre ellas mismas, denunciados recientemente y que es necesario atender de manera urgente por las autoridades respectivas.

En la vereda Bolívar, Corregimiento de Santa Marta del municipio de San Lorenzo, el día de 8 de octubre de 2011, en horas de la mañana llegó un equipo de mineros para realizar trabajos de perforación.

La comunidad al percatarse de ésta situación se opuso rotundamente y les manifestó su negación a que se realicen trabajos en sus propiedades, pues las fincas son de vocación agropecuaria y de subsistencia de las familias.

De igual manera le expresaron a los mineros “que se vayan de la zona”; a lo cual el Ingeniero, de apellido Cubillos, del proyecto “Mazamorras Gold”, respondió: “trabajen por encima del diablo o de cualquier cosa que se oponga”, los trabajadores mineros empezaron a golpear a la comunidad resultando heridas una señora y una niña.

La empresa se niega a cumplir la voluntad de la comunidad de no aceptar minería en la región, expresada en la Jornada de Movilización y en el Cabildo Abierto realizados el pasado 20 de Agosto de 2011, en uso de su derecho constitucional de Prevalencia del Interés General planteados en esta forma de Consulta Popular autónoma y soberana.

Ante esta nueva agresión y situación de amenazas y atropellos, la comunidad se moviliza de nuevo, y en la vereda Bolívar se inicia una concentración con el objetivo de impedir que la empresa siga haciendo perforaciones, generando daños en las fincas, amenazando, destruyendo su territorio, y tejido social.

Hacemos un llamado a la solidaridad a todas las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de negritudes, defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que realicen actividades de acompañamiento y difusión a las legítimas protestas que adelantan las comunidades del Corregimiento de Santa Marta, Municipio de San Lorenzo Nariño, en rechazo a las explotaciones mineras.

Requerimos a las autoridades departamentales y organismos de control a intervenir en este caso brindando las garantías a las comunidades, organizaciones y líderes.

Responsabilizamos al Gobierno Nacional, entidades e instituciones relacionadas por las graves violaciones a los Derechos Humanos a las cuales están siendo sometidas comunidades del Departamento de Nariño, en particular de los Municipio de San Lorenzo y Arboleda Nariño, por las concesiones mineras adjudicadas a Empresas Extranjeras.

Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima; Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano, Fundesuma; Fundación Estrella Geográfica del Macizo Colombiano, Fundecima, Y Coordinador Nacional Agrario, CNA.

Pasto, Nariño, 9 de octubre de 2011

Foto: Alcaldía de Arboleda

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Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología se pronuncia sobre proyecto de aborto

Por Brújula Comunicaciones

Comunicado público respecto al proyecto de ley 006 de 2011

La Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, Fecolsog, entidad científica que representa a los médicos Gineco-Obstetras en Colombia y vela por el adecuado ejercicio de la profesión con parámetros éticos,-

científicos, modernos, para el cuidado de la salud de la mujer y su entorno en sus aspectos biológico, psicológico y social, hace conocer a la opinión pública su concepto acerca del proyecto de acto legislativo 006 de 2011 que se encuentra en curso en la comisión 1a del Senado.

En los últimos 100 años se han logrado importantes avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres Colombianas, siendo la constitución de 1991, el documento más importante en que se consagran, al involucrar los derechos Sexuales y Reproductivos de la persona, como derechos fundamentales enmarcados en los derechos sociales, económicos y culturales.

Pasar de la mujer sin reconocimiento de sus derechos ciudadanos en la década de los años 50, a la mujer actual con derechos y deberes consagrados en la constitución, pero todavía muy lejana al logro de una posición equilibrada y óptima, como individuo y como parte de la sociedad,-

ha sido un proceso difícil, dispendioso, que de alguna manera reconoce a la mujer como la principal víctima de una histórica violencia social que la ha desplazado, enajenado, violado y subyugado, limitando sus derechos, su autonomía, y posibilidad de desarrollo integral, incluidos el aspecto de la salud.

Por esto resaltamos el avance que significo la sentencia C-355 de 2006 que velando por el derecho a la autodeterminación y a no ser obligada a ser víctima en situaciones no voluntarias, que atentan contra su dignidad y su vida, implica la obtención de algunos de estos derechos para la mujer.

Promovemos que no se limite el acceso a tratamientos científicos actuales ni se discrimine a las mujeres y parejas que presentan enfermedades como la infertilidad, por el hecho de tener esta condición.

Rechazamos cualquier situación que limite el acceso a todos los métodos de planificación de la familia disponibles para las mujeres, así como su derecho de definir cómo quiere conformar su familia y proyectarse en la vida.

Promover, cuidar y propender por la vida y la salud de la mujer y la familia gestante es uno de los más importantes objetivos de nuestras vidas como profesionales, contemplado esto en la amplitud y contexto que lo caracteriza, no aceptamos retrocesos que afecten la individualidad, autonomía y entorno social de la mujer.

El desarrollo y liderazgo científico y social de la profesión médica en todo el mundo –entre otros factores determinantes- ha permitido que la calidad y perspectiva de vida, en un concepto de integralidad, enmarcada en una sociedad específica, sea cada vez mejor, permitiendo a los países plantearse objetivos de desarrollo cada vez más optimistas.

Sin embargo hace falta mucho y Sociedades Científicas como la que representamos, están dispuestas a seguir trabajando con el gobierno y con todas aquellas entidades que tengan entre sus objetivos la promoción de la salud en todos sus aspectos, para mejorar las condiciones de vida y salud de nuestras familias.

Junta directiva Fecolsog

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Más de mil delegados de todo el país entre víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica se reunirán en Bogotá

Conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica
Por Corporación Reiniciar

Después de 25 años de impunidad, lucha permanente y la firme convicción de lograr justicia por el genocidio contra la Unión Patriótica, más de 1000 familiares y víctimas sobrevivientes de todo el país, durante 3 días,-

se reunirán en Bogotá para reflexionar sobre la Reparación Integral de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para conmemorar el 11 de octubre: Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica.

En la Sexta versión del encuentro nacional, la apertura se hará el jueves 13, con la “Marcha contra el Olvido y por la Justicia”, que saldrá a las 11 am del Planetario Distrital y recorrerá la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar donde se desarrollarán varias actividades en memoria de más de 5 mil personas de la UP que fueron asesinadas, torturadas, desaparecidas, exiliadas o perseguidas.

Durante el segundo día, viernes 14, en el teatro Down Town Majestic (Calle 23 No. 6 – 19) a partir de las 8 am y hasta las 6 p.m., se desarrollarán los paneles “Experiencias Nacionales e Internacionales sobre Reparación Integral”.

El panel internacional contará con la participación por Suiza, Eric Sotas; por Argentina, Guillermo Levy; por Perú, Jairo Rivas y por Colombia, Luz Marina Monzón.

En el Panel Nacional intervendrán Mauricio Fajardo (presidente del Consejo de Estado), Ana Teresa Bernal (CNRR), María Camila Gamboa (Universidad del Rosario) y la Coordinación Nacional de Víctimas del Genocidio contra la UP.

El cierre de las jornadas de conmemoración se hará el sábado 15, con el Encuentro Nacional de las Coordinaciones Regionales de víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica (Sesión Privada).

Mayor Información:

Betty Monzón
Periodista
Celular: 317 642 7427

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Seguridad narcocrática/

Acusan a diez militares por asesinatos a sangre fría
Por Camilo  Raigozo

Un fiscal de Derechos Humanos y DIH formuló acusación en contra de diez integrantes del Ejército, por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos civiles en zona rural del municipio de Puerto Concordia, Meta.

Según la Fiscalía, en la tarde del 22 de marzo de 2006 supuestos paramilitares se llevaron de su casa, ubicada en la vereda Alto Cafre del citado municipio, a Arcadio Torres Peña junto con el labriego Rosendo Holguín Bohórquez.

Al día siguiente, 23 de marzo, tropas del Batallón José Joaquín París reportaron la muerte en combate de dos NN del frente 44 de las FARC que presumiblemente atacaron a los uniformados quienes iban hacia el campamento de los insurgentes.

Posteriormente, la madre de Torres Peña se enteró de las muertes de su hijo y de Holguín Bohórquez cuando denunciaba en la Personería de Puerto Concordia la desaparición de éstos.

Los presuntos criminales son: Miguel Alejandro Durango Durango, capitán; Sergio Alfonso Cruz, hoy sargento segundo; Luis Euclides Ibargüen Mestra, cabo; Diego Fernando Mina Yonda, cabo tercero; y Valentín Díaz Hernández, Carlos Alirio Alvarado Carrillo, Jhorman Said Montenegro Pachón, Anderson López Hurtado, Luis Segundo Cano Gómez e Isidro Malaver Ahumada, soldados profesionales.

El ente investigador aseveró que los presuntos homicidas están “privados de la libertad” en guarniciones militares, que no son más que centros vacacionales, como el “Tolemaida Resort”.

El Gobierno, congresistas inescrupulosos, medios de comunicación y sectores de extrema derecha, están tratando de legalizar una ampliación del fuero militar para que los crímenes que estos cometan no sean investigados, procesados y juzgados por la justicia ordinaria, sino por su propia Justicia Penal Militar.

Capturan a dos soldados por asesinato de un civil

Por otro lado, otros dos soldados adscritos al Batallón Especial Energético y Vial No. 9, fueron capturados por su presunta responsabilidad en el asesinato de un conductor de servicio público del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo.

Los criminales vestían de civil en los momentos del homicidio. El Comando de la Vigésima Séptima Brigada rechazó los hechos y se declaró a la espera de los resultados de la investigación que adelante la Fiscalía, con el fin de que se determine la responsabilidad de los vinculados.

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Parauribismo/ Derecho a la oposición

Polo asegura que este Gobierno sigue las 'chuzadas'
Sus dirigentes afirman que desde el DAS y la Policía mantienen los seguimientos ilegales, "demostrando que todo es igual al gobierno de Uribe".
Por: Elespectador.com

El Polo Democrático Alternativo denunció este lunes que el gobierno de Juan Manuel Santos ha mantenido las 'chuzadas' en contra de la oposición.

En ese sentido, el senador Alexander López Maya, vocero de la colectividad, dijo que el Jefe de Estado, al mantener en ese órgano al director del DAS, Felipe Muñoz, indica directamente que se mantienen las interceptaciones. Además, señaló que hay siete testigos que relacionan a Muñoz con las 'chuzadas' telefónicas y con "la campaña de desprestigio desde el Das".

"En reiteradas ocasiones, y justamente uno de los argumentos del Polo para calificar que el gobierno de Santos es igual al de Uribe, es justamente la continuidad de Felipe Muñoz", sostuvo. Igualmente, López dijo que es lamentable que pese a que Muñoz fue denunciado por ocultamiento de pruebas sigue ahí.

Recordó como hace tres semanas fue interceptada una reunión de sindicalistas donde estaba el vicepresidente Angelino Garzón. También citó que fueron descubiertos dos policías de inteligencia de la Sijin tomando fotografías en medio de las protestas del pasado viernes.

A su turno, el presidente del PDA, Jaime Dussán Calderón, insistió en los seguimientos. Para explicar la actual situación, señaló que a la sede de su colectividad pasan varios "carros extraños".

De otro lado, se conoció que han creado una cuenta ficticia en las redes sociales, atribuida al representante Iván Cepeda Castro, para lanzar mensajes en favor de grupos armados ilegales.

En su reclamo, Cepeda recordó que su cuenta en Twitter su nombre es @IvanCepedaCast, que comienza con i mayúscula, pero ahora, aparece una cuenta donde escriben @lvanCepedaCast con ele minúscula para "desprestigiarlo".

El legislador ha considerado que esa campaña en su contra se inicia luego de que diera a conocer los testimonios de algunos exparamilitares que vinculan al expresidente Álvaro Uribe Vélez con paramilitares.

En ese sentido, Cepeda recordó que el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria ha reaccionado con varias publicaciones en su contra frente a sus denuncias.

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Declaración de la Federación Médica Colombiana sobre penalización del aborto

Por Brújula Comunicaciones

Declaración:

La Federación Médica Colombiana en su condición de asesora del Gobierno Nacional y el Estado Colombiano en materia de salud, según las leyes 67 de 1935, ley 23 de 1981 y ley 100 de 1993, teniendo en cuenta nuestra misión resumida en el lema “Velamos por la profesión médica,-

por su ejercicio ético y por la salud de los colombianos”, y ante la intención de cambiar la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en las tres situaciones especiales a saber: embarazo por violación, embarazo que amenace la vida de la madre y embarazo con inviabilidad fetal post parto,

Considerando que:

1.      Como auxiliar de la justicia, su compromiso es velar específicamente por el cumplimiento de las leyes de la República en materia de salud.

2.      Como entidad científico-gremial debe también velar por los derechos de los médicos y garantizar que los avances de la ciencia sean asequibles a toda la población habitante del territorio Nacional

3.      El aborto en Colombia es un problema de salud pública que al ser realizado en condiciones inadecuadas e inseguras para las mujeres embarazadas que se someten a este procedimiento y les produce en esas condiciones altas cifras de morbilidad y mortalidad

4.      Los avances científicos en materia de fertilización in vitro logrados en Colombia se verían en serio riesgo de ser penalizados y, por lo tanto, desaparecerían en el país.

Declara:

1.      Que es amenazante contra la salud y la vida de las mujeres afectadas en las tres situaciones anteriormente mencionadas, penalizar nuevamente el aborto

2.      Que de ser así, en tales condiciones sus derechos sexuales y reproductivos serían afectados negativamente, al igual que el derecho de toda la sociedad colombiana al disfrute de los avances científicos, en particular las parejas que por su condición de esterilidad intentan métodos de fertilización in vitro para ejercer su pleno derecho a realizarse como padres y constituir una familia

3.      Que los médicos que decidan expresar objeción de conciencia para cumplir con la sentencia de la Honorable Corte Constitucional, que despenaliza el aborto en Colombia, deben hacerlo ante la institución para la cual trabajan o a la que piensa vincularse,-

para que su objeción no se convierta en obstáculo a la salvaguarda de los derechos de las mujeres y la institución pueda organizar de manera óptima la atención médica oportuna y suficiente y, a su vez, tampoco le sea violado al médico su legítimo derecho de objeción de conciencia.

Por todo lo anterior, la Federación Médica Colombiana exhorta al Honorable Congreso de la República de Colombia y en particular a los miembros de la Comisión Primera del Senado a que no se eche atrás este avance en derecho, logrado bajo la Constitución de 1991 al amparo de su artículo 1° que consagra a nuestro país como un Estado Social de Derecho

Atentamente Junta Directiva Nacional:

Sergio Isaza Villa

Presidente
Otras firmas
Federación Médica Colombiana

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Parauribismo/

Demandarán a Uribe por concierto para delinquir agravado
Por Camilo Raigozo

El Polo Democrático Alternativo demandará ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara al expresidente Álvaro Uribe Vélez, alias “El número uno de la Casa de Nari”, por el delito de concierto para delinquir agravado.

La colectividad polista advirtió que la denuncia es por las criminales acusaciones que hiciera el exmandatario contra el senador Alexander López y el exrepresentante Wilson Borja.

Los dos dirigentes políticos, víctimas y sobrevivietes del terror de Uribe, fueron absueltos en sendos fallos de la Corte Suprema y por lo tanto denunciarán al “Número uno de la Casa de Nari” ante la Comisión de Acusación de la Cámara y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alexander López aseveró que el plan era asesinarlo y que por los hechos ordenados por Uribe ya hay tres oficiales del Ejército detenidos, “uno de ellos confesó que estaba recibiendo órdenes superiores”, dijo López.

Voceros del Polo dijeron que la denuncia será por el delito de concierto para delinquir agravado, del cual hicieron parte los entonces ministros del Interior, Carlos Holguin Sardi y el de Defensa, Jorge Alberto Uribe.

Wilson Borja fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida el 15 de diciembre de 2000 en el noroccidente de Bogotá, perpetrado por miembros del Ejército Nacional y paramilitares.

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‘Colombianas y Colombianos por la paz exigimos la inmediata libertad de la niña, Nohora Valentina Muñoz, en el municipio de Fortul, Arauca’

Diversas versiones han circulado sobre los responsables, y las motivaciones de esta repudiable actuación que deja en alta vulnerabilidad a una niña de 10 años, ante un eventual daño irreparable.

Colombianas y Colombianos por la Paz, desde el conocimiento de este hecho, rechaza esta práctica contra la libertad, en este caso, la de la niña .

Ante las afirmaciones diversas según las cuales la niña se encuentra en poder de las FARC o del ELN, Colombianas y Colombianos por la Paz solicita a éstas se pronuncien sobre su autoría en este hecho,  y considera que en nada contribuye a encontrar caminos para  el diálogo hacia la paz en el país.

Si la niña se encuentra en su poder, Colombianas y Colombianos por la Paz, les exige en conformidad con los estatutos, ética y principios del derecho internacional humanitario, su inmediata liberación, sana y salva.

Colombianas y Colombianos por la Paz, reitera a su familia, al gobierno colombiano, y a quién tenga la niña en cautivo, su disposición para lograr la inmediata liberación de Nohora Valentina, y con ésta, su pronto regreso a casa.

Piedad Córdoba Ruíz

Colombianas y Colombianos por la Paz
Octubre 10 de 2011

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Parauribismo/

USB de Castaño, la memoria olvidada
Pese a la cantidad de información que contiene la USB entregada por alias H.H. a la Fiscalía General hace tres años, hasta ahora no ha sido tenida en cuenta dentro de las múltiples pesquisas que se adelantan sobre el paramilitarismo y sus aliados en todo el país.
Por Claudia Julieta Duque*. Un Pasquín

Con un total de 35 megabytes y 721 archivos divididos en siete carpetas diferentes, la memoria USB de Carlos Castaño –máximo líder de los grupos paramilitares en Colombia– se encuentra en cadena de custodia en la Fiscalía General de la Nación desde hace ya tres años, cuando fue entregada por Hebert Veloza García, alias “H.H”.

A pesar de que a las pocas semanas de recibida el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) elaboró un juicioso informe de 50 páginas respecto a su contenido, hasta ahora no ha sido tenida en cuenta dentro de las múltiples pesquisas que se adelantan respecto al paramilitarismo y sus aliados en todo el país.

El informe, que lleva el número 410780 y fue entregado el 23 de ju lio de 2008 a la Fiscalía 47 Delegada ante el Tribunal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de Medellín, hace un recuento de los más importantes hallazgos hechos por los investigadores.

Un Pasquín divulga los nombres de personajes y entidades que debido a su figuración pública su mención resulta de interés general, y que de acuerdo con los analistas del CTI, habrían tenido comunicación con Carlos Castaño.

Se omiten aquellos que aparecen en archivos de prensa, cartas abiertas, gestiones humanitarias, páginas web o informes públicos, así como las comunicaciones entre paramilitares.

Políticos y funcionarios:

Jorge Visbal Martelo. Actual embajador en Perú y congresista en el período 2006-2010. Investigado por sus nexos con el paramilitarismo.

José Miguel Narváez. Ex subdirector del DAS. Detenido y en juicio por paramilitarismo y por el homicidio de Jaime Garzón y por su relación con las llamadas “chuzadas”. Con medida de aseguramiento en los casos del secuestro de Piedad Córdoba y el homicidio de Manuel Cepeda Vargas.

Rocío Arias Hoyos. Castaño y Don Berna ratifican su apoyo a la candidatura Arias al Congreso.

Rodrigo Escobar Gil. Ex magistrado de la Corte Constitucional. Desde 2010 es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicita apoyo para la liberación de su novia, Soraya Daza Fernández, secuestrada en junio de 2002 por las AUC. La fecha del correo es del 9 de agosto de 2002.

Alcaldes municipales de Urabá. Convocados a una reunión no oficial en la cual Castaño explicaría el tema de la desmovilización. La convocatoria tiene fecha de mayo de 2003.

Periodistas y columnistas:

Astrid Legarda. Periodista asilada en Estados Unidos. Habría intermediado para que Carlos Castaño mediara con el grupo de los Buitragueños, comandantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, en un caso de venta de armas por parte de los suboficiales del Ejército Dauris Mercado Tamara y Harold Ever Montaño.

Luis Jaime Acosta. Corresponsal de la Agencia Reuters. Después de entrevistar a alias Rodrigo Doble Cero y a El Alemán, le escribe a Castaño: “Quedé muy impresionado con el grado de entrega y profesionalismo de la gente del Bloque Metro y de los comandantes Rodrigo y Jota. Sin otro particular y esperando sus instrucciones”.

Harriet Yolanda Hidalgo Silva. Periodista. Actual Jefa de Investigación del programa La Noche de RC N. Le envía un poema personal a Carlos Castaño.

Ernesto Yamhure. Como le denunció Un Pasquín en edición anterior, Castaño le enviaba sugerencias de modificaciones a sus columnas. Yamhure también habría intermediado para una comunicación de Carlos Castaño con la embajada de Estados Unidos.

Salud Hernández-Mora. Ver artículo en la página 5 de esta edición.

Instituciones que habrían entregado información a las Auc:

Policía Nacional. El CTI encontró que desde la Policía salieron documentos exclusivos de esa institución que terminaron en manos de Carlos Castaño. Varios de ellos incluso con logo de la Policía, otros con información secreta de operaciones realizadas o por realizar, otros con fotografías, nombres, cargos y especialidades de 13 miembros de la institución, así como información de inteligencia, con nombres, códigos y claves de los encargados de llevar a cabo diferentes operativos encubiertos para penetrar o infiltrar a los grupos paramilitares.

Ejército Nacional. El CTI encontró documentos con los nombres de los comandantes de las 24 brigadas a nivel nacional, así como algunas comunicaciones entre miembros de esa institución y Carlos Castaño.

*Claudia Julieta Duque es Periodista Investigadora.

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Invitación al homenaje a las madres de personas asesinadas a sangre fría por el Ejército Nacional de Colombia

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Rendirán homenaje a madres de personas asesinadas por Fuerzas Militares

Por Camilo Raigozo

El próximo 18 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, se realizará un especial homenaje a las madres de personas asesinadas a sangres fría por el Ejército Nacional de Colombia, más conocidos como “falsos positivos”.

La invitación al evento, cuya entrada es libre, la hace la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia Secretaria de Gobierno, de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Se tiene prevista la intervención de la alcaldesa encargada Clara López Obregón y del grupo musical Aterciopelados de Andrea Echeverry. También será presentado el documental Relatos de Familia, de Alexandra Cardona Restrepo.

Entre el 2004 y 2008 más de 3.000 personas fueron asesinadas a sangre fría por el Ejército Nacional de forma sistemática y premeditada para presentarlas como “guerrilleros dados de baja en combate”.

La gran mayoría de estos crímenes se encuentran cobijados con el manto de la impunidad y los pocos criminales que han sido sentenciados pagan sus condenas en “cárceles castrenses” como el “Tolemaida Resort”, lo cual es una burla a la justicia y a las víctimas.

El gobierno, congresistas inescrupulosos y otros sectores retardatarios del país, buscan ampliar el fuero militar, buscando que la Justicia Penal Militar sea la única competente para investigar, procesar y condenar a los violadores de derechos humanos de esa institución.

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