Seguridad narcocrática/

Ex comandante de Fuerza de Tarea Omega del Ejército sentenciado por asesinato a sangre fría
Por Camilo Raigozo

Según la Fiscalía el ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, teniente coronel Luis Fernando Borja Aristizábal, fue sentenciado a 23 años y tres meses de prisión, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, con funciones de conocimiento.

El criminal aceptó su responsabilidad en el asesinato a sangre fría del campesino Ángel Gabriel Berrío Vides, perpetrado el 17 de febrero de 2008, en la finca Costa de Oro, vereda La Ventura, municipio de San Benito Abad, Sucre, informo ayer la Fiscalía.

En la coartada los uniformados del Ejército Nacional presentaron al cuerpo del agricultor como guerrillero dado de baja en combate y dijeron que le habían encontrado un revólver y una granada de fragmentación.

El peligroso alto oficial incurrió en los delitos de homicidio agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público, en calidad de coautor, que en el momento procesal respectivo le endilgó un fiscal de Derechos Humanos y DIH.

También fueron sentenciados: Otoniel Aguirre Correa, suboficial, purgará 23 años y tres meses por los mismos delitos. Así mismo, por homicidio agravado cumplirán 20 años y siete meses los soldados profesionales Afranio Mojica Armenta y Wilson Enrique Lara Palacio.

Igualmente por ese delito fue sentenciado a 18 años y nueve meses de cárcel el soldado profesional Rafael Antonio Pérez Vanegas.

La comunidad y organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras exigen que los homicidas paguen su condena en cárceles comunes y no en las instalaciones castrenses las cuales son un insulto a la justicia y una burla a las víctimas.

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Seguridad narcocrática/ Sabana de Torres, Santander

En grave riesgo la vida de defensor de derechos humanos y líder campesino
Notimundo. Con información de Asogras

El pasado 24 de agosto, aproximadamente las 4:30 de la tarde, se presentaron dos sujetos armados, en una motocicleta Kawasaki de color amarilla, sin placas, en la casa del defensor de derechos humanos y presidente de la Asociación Campesina de Santander, Asogras, Cesar Tamayo.

Los dos individuos le dijeron al papá del líder campesino que necesitaban hablar con él, quién no se encontraba, por lo que los dos presuntos sicarios insistieron en saber dónde podían localizarlo.

Luego a las 7:10 de la noche, por la pista del aeropuerto ingresaron varios sujetos en dos motocicletas y en medio de la oscuridad hicieron más de 10 disparos frente a la vivienda del defensor de derechos humanaos, creando pánico en la familia.

La víctima y la vecindad pidieron apoyo a la Policía pero esta llegó 20 minutos después, cuando ya los sicarios habían desaparecido.

Cesar Tamayo cree que estos ataques se deben a las denuncias que ha hecho por la invasión violenta del predio del cual tiene posesión, de la que fue víctima el pasado 7 de Agosto.

Tanto Tamayo, como otros miembros de la asociación campesina han sido víctimas de constantes amenazas, hostigamientos y atentados, por parte de la estrategia paramilitar del régimen en la región, debido a las denuncias y defensa de los derechos de los desplazados y del campesinado en Santander.

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Estudiantes afrocolombianos continúan toma pacífica del Icetex
Por estudiantes

En el segundo día de nuestra presencia en las  instalaciones del Icetex  Bogotá, manifestamos a la comunidad  local, nacional  e internacional, que nuestra  exigencia dada a conocer  en el pliego de peticiones de 13 puntos que pusimos a disposición de la comunidad, no ha avanzado en nada.

Por ello nuevamente solicitamos la presencia de la Junta Administradora Nacional de los créditos, más la participación de otros actores políticos que tienen injerencia en los puntos  de nuestro pliego.

Como son: Ministra de Educación, Ministro del Interior; como garantes, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital de Bogotá,  los cuales se sentarán con tres delegados que fueron seleccionados entre los estudiantes que permanecen en las instalaciones del Icetex.

Igualmente a través de este comunicado queremos aclarar que nuestra presencia ha sido pacífica, y, en ningún momento hemos ingresado a las instalaciones del edificio de forma violenta, tampoco hemos cerrado las puertas y mucho menos impedido la atención de funcionarios algunos, como lo manifiesta el Icetex  en un boletín de prensa  emitido hoy 24 de Agosto de nombre:  

Recursos del fondo de negritudes para 1.180 nuevas becas-créditos y 3.400 renovaciones, que reza en uno de sus  párrafo “ los estudiantes afrocolombianos se han tomado las oficinas del Icetex impidiendo la atención a los demás usuario”.

Queremos dejar claro que esto es totalmente falso, y de esto pueden dar fé  los organismos de control que desde ayer se han hecho presente, como son Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo. En otro párrafo el boletín del Icetex, manifiesta “ Lo cual, necesariamente requiere de un presupuesto mayor que no está disponible en el Fondo para Negritudes. 

A este respecto   respondemos diciendo: que, para nosotros  es claro que existen en nuestro pliego puntos que no se resuelven con el Icetex y tampoco con la simple junta administradora de los créditos, por ello solicitamos la participación de las otras instituciones arriba mencionadas.

Ante nuestra solicitud, la actitud del gobierno nacional ha sido, desde el día de ayer, enviarnos interlocutores de bajo nivel que no tienen capacidad de decisión; por ello creemos que a este problema no le han prestado la atención debida.

Nuevamente hacemos el llamado al gobierno nacional a través de sus instituciones, a que le encontremos soluciones a la situación que nos ha llevado hoy a permanecer en las instalaciones del Icetex.

Reiteramos nuestra disposición de adelantar un dialogo lo más constructivo posible para el bienestar del pueblo negro afrocolombiano. Por último, llamamos la solidaridad de las comunidades negras y del pueblo  en general, Y queremos convocarlos a que se hagan presentes en el Icetex Bogotá durante esta justa y legítima protesta.

¡En cumplimiento a nuestro pliego!

¡Porque la educación es un derecho, no un privilegio!
Estudiantes afrocolombianos/as en pie de lucha.

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Parauribismo/
Paramilitares amenazan nuevamente a organizaciones de derechos humanos del Valle del Cauca

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos del Valle del Cauca denunciaron que de las 7:30 a 9:30 fue enviado a los celulares de Martha Giraldo, miembro del equipo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, nodo Valle del Cauca y de Walter Agredo, coordinador de la Fundación Comite de Solidaridad con los Presos Politicos, Cspp una amenaza de muerte en la que se nombran igualmente:

A las organizaciones Nomadesc, CUT, Ecate, Sintraunicol y PCN.

La amenaza dice textualmente: "moriran ustedes comunistas disimulados ideologos de la farc nomadesc cut ecate sintraunicol pcn indios perros movice. Aguilas negras nueva generacion tres dias en alianza para exterminarlos".

El mensaje ademas de amenazar a las organizaciones pretende generar terror a partir de afirmaciones temerarias e injuriosas que tienen como objetivo  deslegitimar el importante trabajo que vienen desarrollando las organizaciones.

La denuncia agrega que hasta el momento no se tiene conocimiento de más amenazas a otras organizaciones o personas por estos grupos de sicarios de la estrategia paramilitar del régimen, contra la oposición.

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Seguridad narcocrática/

Capturan a coronel del Ejército implicado en al menos 50 desapariciones
Por Camilo Raigozo

El Cuerpo Técnico de Investigación capturó en Bogotá al coronel (r) del Ejército Nacional Juan Carlos Castañeda Villamizar, para que cumpla la medida de aseguramiento proferida por la fiscal de Derechos Humanos y DIH que adelanta el proceso por la desaparición de no menos de 50 personas en los municipios de Recetor y Chámeza, Casanare, entre el año 2002 y el 2003, informó la Fiscalía.

De acuerdo con la providencia de la fiscal instructora el presunto criminal incurrió, en los delitos de asesinatos a sangre fría en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

Según la investigación, el coronel Castañeda Villamizar facilitó supuestamente las acciones criminales de las bandas paramilitares comandadas por alias “Martín Llanos”, cuando era comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez de la Brigada 16 del Ejército, con asiento en Tauramena.

La Fiscalía pudo establecer según las investigaciones que los paramilitares retuvieron, torturaron y asesinaron a al menos a medio centenar de pobladores, de Recetor y Chámeza, con la supuesta complicidad del oficial.

El ente investigador estableció que el presunto criminal del ejército se encuentra “recluido” en una guarnición militar, lo cual es sinónimo de impunidad y una burla a la justicia y a las víctimas.

Otros 17 sicarios de la estrategia paramilitar del régimen están vinculados a esta investigación, incluido “Martín Llanos”, quién, como es obvio, se encuentra prófugo de la justicia.

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Estudiantes afrocolombianos toman pacíficamente al Icetex para exigir sus derechos vulnerados

Por Notimundo. Con información de Estudiantes afrocolombianos en pie de lucha

Desde las tres y media de la tarde de este 23 de agosto, 350 estudiantes universitarios afrocolombianos se tomaron pacíficamente las instalaciones del Icetex en Bogotá, para reclamar respeto a sus derechos vulnerados.

Los estudiantes exigen que se habilite una mesa de diálogo, concertación y decisión, con el gobierno, para tratar el tema de los créditos condonables y están dispuestos a permanecer en su lucha hasta que sean escuchados.

A continuación el comunicado en su integridad:

En la actualidad la movilización es el principal mecanismo utilizado por los movimientos sociales para exigir el cumplimiento de sus  derechos y la población afrocolombiana no es ajena a  la utilización de ese mecanismo. 

Hoy el tema que nos convoca es la reivindicación de los derechos que la comunidad estudiantil afrocolombiana denuncia frente a una serie de irregularidades que el gobierno, a través del Icetex  viene desarrollando en el proceso de administración de los créditos condonables para comunidades negras,-

afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo cual va en detrimento de los derechos plasmados en la Ley 70 de 1993 y las justas causas del pueblo Afrocolombiano. Por esta razón hoy decidimos realizar una acción de movilización frente al Icetex  Bogotá para instalar una mesa de negociación frente a los siguientes puntos:

1.     Aprobación del crédito para los 9.730 estudiantes afrocolombianos que poseen la documentación requerida en la convocatoria 2011.

2.     Que se realice elección de la representación de los estudiantes a nivel nacional, entre los estudiantes elegidos en las regionales, presentes en este mismo escenario.

3.     Solicitud de reglamentación de la junta, con la participación de 5 estudiantes; uno de cada región del país, un comisionado pedagógico, ente colegiado que es la comisión pedagogía.

Cambiar la representación del rector de la universidad nacional de Colombia por la del Rector de la universidad del pacifico o su delegado.

4.     El periodo de cada miembro de la junta será máximo de 3 años, y su permanencia podrá ser removida. Se reglamentará el funcionamiento de la junta. Sus miembros podrán ser reelegibles sólo por un periodo.

Esto aplica para  los miembros del pueblo afrocolombiano: 5 representantes estudiantiles, el representación de la comisión pedagógica nacional y la Representación de la Universidad del Pacífico.

5.     Que se realice convocatoria  Semestral de crédito (preferiblemente en los meses de abril y octubre).

6.     Que se permita el sistema de cartas como medio de matrícula cuando los giros no se den a tiempo.

7.     Realización de una auditoria e interventoría para el fondo de créditos condonables.

8.     Los representantes ante la junta deben recibir los viáticos necesarios para garantizar la reunión de la junta, estos viáticos y pasajes deberán ser garantizados por el ministerio del interior.

9.     En cada convocatoria  se seleccionarán 4000 nuevos estudiantes por semestre.

10.     Valor a recibir los estudiantes pregrado 5  smlv,  y posgrado 7 salarios smlv.

11.     Crear un sistema de información de todos los estudiantes becarios.

12.     Crear un mecanismo de seguimiento al trabajo comunitario. Por parte de las juntas regionales.

13.     Cronograma de reunión de la junta nacional y regional cada 2 meses.

Con los puntos de negociación presentados, iniciamos un proceso de movilización que estamos dispuestos a no finalizar hasta lograr la negociación de los puntos planteados y que favorezca los intereses de la comunidad estudiantil afrocolombiana y del pueblo en general.

Necesitamos tu apoyo compañeras y compañeros de lucha. Por favor reenvíen este mensaje a todos sus contactos de correo electrónico y redes sociales.

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Seguridad narcocrática/

Procurador agudiza persecución contra Piedad Córdoba
Por Camilo Raigozo

Tumbada por la Corte Suprema de Justicia la coartada uribista del “computador de Raúl Reyes”, en el que la inteligencia del Estado fabricaba a su conveniencia correos electrónicos entre el líder guerrillero y miembros de la oposición, ahora entran en juego de forma demencial las docenas de computadores, USB y memorias, del El Mono Jojoy.

La primera víctima de la subrepticia estrategia  es la activista por la paz, defensora de los derechos humanos y ex senadora de la República, Piedad Córdoba, quién tuvo que exiliarse recientemente de forma apresurada ante inminentes atentados contra su vida.

El victimario no podía ser otro que el “Absolvedor de la yidispolítica y la parapolítica”, Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación.

Este 22 de agosto, Ordoñez ordenó pliego de cargos contra la ex senadora basado en los supuestos correos electrónicos hallados en las docenas de computadores, USB y memorias, “encontrados” en la operación ‘Sodoma’, donde fue asesinado el ‘Mono Jojoy’.

En la nueva coartada fabricada con los supuestos computadores del Mono Jojoy, el régimen terrorista puede armar montajes contra cualquier ciudadano que le resulte incómodo. Periodistas, políticos, sindicalistas, profesores, estudiantes, líderes campesinos, jueces, defensores de derechos humanos, etc.

El régimen terrorista se cuidó esta vez de abastecerse de abundante "material probatorio", ya que en el campamento de Jojoy "encontraron" 15 computadores, 94 memorias USB y 14 discos duros externos. Según el vicealmirante Álvaro Echandía fueron 20 computadores, 78 memorias USB y 3 discos duros.

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Parauribismo/ Sabana de Torres, Santander

Paramilitatres amenazan a líder campesino defensor de derechos humanos
Por Asogras

La Asociación Campesina de Santander, Asogras, denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional, que el lunes 22 de agosto de 2011, aproximadamente a las 08:30 a.m. al abrir el correo electrónico la Secretaria Departamental de la Asociación, la compañera Maribel Quintero, encontró un correo amenazante; remitente: "Eder García" edergarcia88@yahoo.com.co.

Asunto: “O se va o se muere”, al abrirlo, era una amenaza contra el compañero Presidente de la Asociación Campesina, Cesar Augusto Tamayo, en donde dice que el compañero tiene que salir del lote vivo o muerto, estas amenazas se las atribuyen las Águilas Negras del Magdalena Medio, inmediatamente fue enterado el compañero Presidente de la Asociación vía Avantel y los compañeros de la Junta Departamental.

Como se recordará, el compañero viene denunciando la invasión violenta de un predio que tiene en posesión, de la que fue víctima el pasado 07 de agosto a las 12:30 A.M., el cual hoy, lo tienen invadido más de 210 familias promovidas presuntamente por el candidato del Partido Liberal, quienes ya pidieron el servicio de luz ante la Electrificadora de Santander. Teniendo en cuenta que las personas fueron traídas en camiones de varios municipios cercanos, esto ocasionaría alteración en el proceso electoral del próximo 30 de octubre.

Desde el día de la invasión, se han presentado varios problemas entre los invasores que han dejado ya varios heridos, como lo podrá corroborar el Hospital del municipio y la misma Policía, quienes han conocido del caso de alteración del orden público sin que las autoridades acantonadas en el municipio hagan algo por evitar dicha situación, la cual viola el derecho a la posesión de las personas que habitamos en este predio de mayor extensión.

El día 07 de agosto de 2011, a las 4:00 P.M. aproximadamente, llegaron al barrio la Unión, cuatro sujetos armados preguntando dónde vivía Cesar Augusto Tamayo, al parecer con el fin de atentar contra su vida y la de su familia por estar defendiendo el derecho a la posesión del predio donde vive con su familia, motivo por el cual solicitó a la Fiscalía protección de carácter urgente para su familia y para él, como defensor de Derechos Humanos y Dirigente Campesino.

El día 10 de Agosto, siendo aproximadamente la 6:20 p.m., se reunieron los invasores y el tema principal de la reunión fue el de que tocaba sacar a Cesar Tamayo como fuera vivo o muerto o en tres tablas, con estas amenazas de muerte por parte de los líderes de la invasión queda demostrado que detrás de esto están los paramilitares que operan en Sabana de Torres, de lo cual, ya están identificados los promotores de la invasión, quienes ya fueron denunciados ante las Autoridades competentes.

La misma noche del día 10 de agosto, siendo aproximadamente las 8:00 p.m., en la cabecera de la pista, muy cerca al lugar de residencia del compañero Tamayo, había una camioneta de color Blanco, vidrios polarizados y la información que teníamos era que estaban esperando al Defensor de Derechos Humanos para atentar contra su vida,-

se solicitó a la Oficina de DD.HH. de la Policía en Santander, quienes han estado atentos a esta situación, la presencia de la Policía para que identificara a los ocupantes, la Policía llegó pero no los identificó solo se limitaron a preguntarles que hacían y los dejaron ir, para lo cual, el compañero Tamayo les reclamó a los Policías que atendieron el caso por esta falta tan grave.

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Chocó

La revictimización de los hijos de la selva
Por Consejo de Autoridades Asociación Orewa

El departamento del Chocó es el territorio donde vivimos desde tiempos ancestrales los pueblos Indígenas Embera Dobida, Embera, Katío, Embera Chamí, Tule y Wounaan. Habitamos los ríos, las montañas y la selva del pacífico colombiano. Como lo dice nuestro mandato Indígena del noveno Congreso de los Pueblos Indígenas del Chocó (junio de 2011). 

Igualmente, el departamento del Chocó es uno de los departamentos con mayor índice de violación a los derechos humanos y ambientales; situación que está poniendo en riesgo la vida de los pueblos Indígenas que habitamos este territorio desde tiempo inmemoriales.

Los proyectos económicos que se están desarrollando y se quieren desarrollar en nuestros territorios, pretenden acabar con nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra autonomía y con la vida misma de los pueblos Indígenas.

A esto se le suma la constante presencia de los grupos armados que se disputan el control de nuestros territorios, quienes con su avaricia, ambición y sus acciones de maldad han puesto nuestras comunidades en medio del conflicto armado, afectando nuestra vida y nuestro territorio.

Vivimos en un contexto de agresión constante que nos somete a amenazas, confinamientos, asesinatos, desplazamientos, señalamientos entre otras acciones de terror que ponen en riesgo la autonomía y la soberanía de nuestros pueblos Indígenas.

Con el paso de los tiempos hemos tenido que sobre llevar situaciones muy difíciles que han afectado la vida de nuestras comunidades, situaciones que en su mayoría se han generado por la llegada de la avaricia, la codicia y ambición de acumulación, que han traído con sigo los colonos que poco a poco se han ido apoderando de nuestros territorios.

En principio llegaron para acabar nuestras selvas, talando los árboles y convirtiéndolos en madera para así satisfacer sus necesidades de consumo, no conforme con la tala de árboles, se comenzó con la siembra de monocultivos tales como el banano, plátano y hoy palma aceitera.

Pero como la avaricia y la ambición por el dinero nunca se sacia en ellos, trajeron el narcotráfico a nuestros territorios, de igual manera comenzaron a escarbar la tierra como aquel armadillo que escarba para encontrar su alimento, estos han escarbado la tierra para encontrar el alimento de sus codicias, como lo son los minerales que la madre tierra a creado para la armonía de la vida.

Así como para nosotros los minerales son un fruto preciado de la vida ya que nos ayuda en el equilibrio con los espíritus de la naturaleza, para lo nuevos hombres que habitan nuestros territorio es el premio que calma pero no llena la ambición.

Esta situación ha creado un desequilibrio en nuestros territorios porque con la llegada de estas personas llego el deseo de acumulación y esto a su vez trajo la muerte y el dolor en nuestras comunidades, volviendo nuestros territorios una fábrica de explotación tanto de recursos naturales como minerales.

Y como la muerte trae más muerte, así como en la naturaleza un cuerpo muerto atrae gallinazos, los grupos armados han ido llegando para apoderarse y controlar los frutos de la explotación natural. Convirtiendo los territorios en zonas de guerra y miseria y en una lucha constante por manejar todo el botín de la acumulación.

Los pueblos Indígenas hemos tenido resistir a todo los proyectos de exterminio que se nos han presentado, Estos temas debieron quedar como huellas del pasado que nos recordaran nuestro caminar, nuestra historia de los últimos cinco siglos,-

pero desafortunadamente es una realidad que sigue presente y cada vez más cruel y despiadada, hasta el punto que la máxima instancia de control constitucional como es la Corte Constitucional colombiana, en el año 2005 mediante la sentencia T-025 afirmó enfáticamente que en este país vivimos en medio de un estado de cosas inconstitucional.

Posteriormente en 2009, señala expresamente mediante el Auto 04 de seguimiento a dicha sentencia, que los cinco pueblos indígenas que milenariamente habitan el Chocó, al igual que otros 29 pueblos indígenas del país,-

se encuentran en grave peligro de exterminio físico y cultural, como consecuencia del abandono estatal y del desarrollo del conflicto armado en la región, que se ensaña perversa y criminalmente contra la población civil, especialmente contra la más empobrecida y marginada del país.

Como consecuencia de ello, la Corte estableció dos importante ordenes al gobierno nacional, de un lado crear un programa de garantías para todos los pueblos indígenas de Colombia y establecer 34 planes de salvaguarda para nuestras etnias, a fin de que el Estado pase de la formalidad jurídica al cumplimiento del estatus de garante de derechos individuales y colectivos.

Estas órdenes fueron dadas para ser diseñadas de manera concertada con nuestras autoridades y comunidades indígenas pertenecientes a cada pueblo; sin embargo hasta la fecha no solamente no se ha dado cumplimiento a estas órdenes y otras tantas que se han impartido en el marco de la sentencia referida,-

como el de protección de los derechos de las mujeres y los derechos de los niños y las niñas, sino que continúa y se agrava la situación de nuestras comunidades, quienes se debaten entre afectaciones territoriales, violaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos e infracciones al DIH; entre ellas se presentan:

Bloqueos económicos y alimentarios por parte de la fuerza pública y los paramilitares mediante la prohibición de entrada de alimentos a nuestras comunidades con el pretexto que son para las guerrillas.

Prohibición impuesta por los diferentes actores armados de transitar por lugares tradicionales de caza, pesca, siembras, lugres sagrados y fuentes de agua de las comunidades, lo cual viene generando una situación estructural de hambre en la mayor parte de nuestros territorios colectivos del Chocó, cobrando decenas y decenas vidas, especialmente de los niños y las niñas.

Confinamiento y el desplazamiento forzado al interior del departamento del Chocó representado en más de siete mil indígenas desplazados en los últimos años  sin que el Estado colombiano les haya restablecido sus derechos, así como el confinamiento de muchas de nuestras comunidades;-

situación ocultada permanentemente por parte del gobierno nacional que a través de Acción Social niega la atención humanitaria integral con el argumento que no se han desplazado porque continúan dentro del territorio, violando los principios rectores del desplazamiento y el marco jurídico colombiano.

Los grupos armados continúan estigmatizando a las autoridades y líderes indígenas que, en ejercicio del Gobierno Propio y la Autonomía, reclaman la garantía al territorio ancestral y el cumplimiento de los principios constitucionales con respecto a los pueblos indígenas, así como la garantía del derecho a la Consulta Previa, Libre e informada.

Amenazas a líderes e integrantes de las comunidades indígenas paran evitar el justo reclamo de las comunidades para que se reconozca y respete su territorio ancestral ante los intereses de multinacionales de explotación de recursos naturales.

Reclutamiento forzado de jóvenes de las comunidades indígenas por parte de grupos armados

Frecuentes intentos de abuso sexual a jóvenes de comunidades indígenas por actores armados legales e ilegales

Invasión  transitoria y permanente de los diferentes  actores armados legales e ilegales.

Desatención estatal generalizada, especialmente en salud,  pues no existe un reconocimiento a nuestra identidad cultural en materia de salud y medicina tradicional, no se ha hecho ninguna intervención adecuada que logre frenar los altos niveles de mortalidad y morbilidad que nos aquejan.

La forma de atender a los indígenas en hospitales y centros de salud en su mayoría es discriminatoria, ofensiva, irrespetuosa y falta de humanidad. En reiteradas ocasiones no les practican los exámenes correspondientes en el tiempo adecuado.

Se han presentado casos irregulares en la atención de indígenas, algunos donde no se toman medidas preventivas, como exámenes para un buen diagnóstico, otros con la muerte como consecuencia y cuando alguna EPS no ha girado recursos a centros hospitalarios con quienes ha firmado contratos, no atienden a la población, igualmente pasa con los medicamentos, hospitalizaciones y remisiones que no son llevadas a cabo. 

Muchas remisiones son tardías o incluso no se autorizan, teniendo consecuencias terribles para la vida de nuestras comunidades.

Esta situación se hace aún más grave por la violación al derecho fundamental al territorio, mediante concesiones mineras,  madereras y de aguas que el gobierno nacional hace principalmente  a empresas multinacionales, sin respetar ni acatar el derecho constitucional e internacional de la Consulta Previa.

En el período comprendido entre 2002 y 2011 se han registrado 238 violaciones a los derechos humanos (entre amenazas y otros delitos contra la humanidad) contra comunidades indígenas en el departamento del Chocó1 evidenciadas en la permanente y sistemática de violación de nuestros derechos y la victimización que sufrimos por el incumplimiento al DIH,-

específicamente el bombardeo y ametrallamiento a comunidades indígenas y bienes protegidos, los reclutamientos forzados y mediante engaño, violaciones de niñas y mujeres, asesinatos, masacres, heridos, desaparecidos, involucramiento de niños y jóvenes en acciones de inteligencia militar,-

desplazamientos masivos, confinamientos, daños materiales, robo de nuestras únicas pertenencias y torturas y amenazas por parte de los actores armados legales e ilegales que actúan en nuestros territorios.

Las zonas en las cuales se concentran el mayor nivel de violaciones a los derechos humanos son

Bajo Baudó

Quibdó – Carmen de Atrato (Zona Carretera)

Carmen del Darién – Riosucio – Unguía – Acandí (Bajo Atrato – Darién Chocoano)

Tal como se expresa:

Bajo Baudó

En las regiones del Alto, Medio y Bajo Baudó se encuentran asentadas históricamente pueblos indígenas pertenecientes a la étnica Embera Dobida, quienes ha pervivido en parte de sus territorios n ejercicio de la autonomía y han convivido con las comunidades negras que llegaron a la zona hace 2 siglos aproximadamente.

Las comunidades del Bajo Baudó, municipio de Pizarro vienen padeciendo el escalonamiento del conflicto armado dada la disputa territorial que se presenta en la zona protagonizada por grupos postdesmovilización denominados “Rastrojos” y “Águilas Negras”-

quienes se confrontan entre sí y con unidades de guerrilla conformadas por la alianza entre el “Frente de Resistencia Cimarrón” del ELN y el Frente “Aurelio Rodríguez” de las FARC – EP, todo esto promovido por el vertiginoso avance en los cultivos de uso ilícito y las actividades del narcotráfico, la declaratoria de zona especial para la realización de la sísmica y la explotación de hidrocarburos de manera inconsulta por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,-

la expansión del Distrito minero de Istimina y su influencia en la zona por la extracción de oro y otros minerales por parte de multinacionales, la implementación de megaproyectos de infraestructura como el proyecto Arquímedes, el Plan 2500 y la explotación irracional de madera.

Así mismo, los grupos armados postdesmovilización con presencia en las cabeceras municipales han permeado instancias institucionales y sociales, generando entre la población un alto nivel de temor y zozobra por la imposibilidad de denuncia de amenazas y persecuciones permanentes de las cuales son víctima líderes y autoridades indígenas que reivindican sus derechos y buscan ejercer la autonomía d los pueblos.

En este contexto se han presentado múltiples desplazamientos masivos hacia los municipios de Pizarro y Quibdó, entre otros.  De estos desplazamientos también han sido víctima aproximadamente 1.400 personas, de las cuales gran parte provienen de comunidades indígenas, quienes en su mayoría se desplazan forzadamente entre los resguardos de la zona.

Desde 2010 líderes indígenas como voceros de las comunidades del Resguardo del río Purricha han manifestado su voluntad de afiliarse a la Asociación OREWA para fortalecer sus procesos de defensa del territorio ancestral y el gobierno propio.  Ante esta manifestación han recibido múltiples amenazas y hostigamientos.

Entre ellos se encuentran 4 líderes indígenas 2 gobernadores y 2 docentes de las comunidades de Birrinchao y Villanueva, quienes arribaron a Quibdó para diligenciar la afiliación a la Asociación Orewa y denunciar casos de corrupción en la ejecución de los recursos destinados a la garantía al derecho a la educación de niños y niñas indígenas,-

pero que en este momento están siendo buscados en Quibdó por miembros de un grupo armado postdesmovilizació para ser asesinados, tal cual les han manifestado directamente vía celular en las amenazas. 

Estos líderes que se encuentran en condición de desplazamiento forzado, desafortunadamente se suman a otras autoridades indígenas amenazadas y/ forzadas a abandonar su territorio por la labor de defensa del mismo y de sus comunidades confinadas por el accionar de grupos armados.

Igualmente, miembros de los equipos de la Asociación Orewa han sido amenazados por acompañar y asesorar las comunidades Embera Dobida del Bajo Baudó.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre este tipo de situaciones y la grave situación humanitaria de las comunidades indígenas del Baudó, particularmente del municipio de Pizarro, tal como aparece en el Informe de Riesgo 011 del 29 de abril de 2009, ratificado como alerta Temprana por parte del CIAT y su consecuente nota se Seguimiento No. 015 del 10 de Junio de 2010. 

Lo cual corrobora que los factores de riesgo de las comunidades de la región prevalecen sin la actuación debida de las autoridades competentes.

Zona carretera

La jurisdicción de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato es una de las zonas con  mayor número de concesiones para explotación minera otorgadas por el Gobierno nacional, así como la ampliación de la carretera Quibdó – Medellín, ha acentuado los niveles de riesgo y factores de vulnerabilidad de las comunidades-

Embera Dobida, Eyabida y Chamí que habitan ancestralmente estos territorios, que desde hace más de 11 años viven una grave situación humanitaria dada la alta presencia de grupos armados en la zona y la confrontación entre los mismos. 

Estos grupos armados además de restringir la movilidad de personas y alimentos, han amenazado en repetidas oportunidades a autoridades y líderes indígenas por el reclamo de sus territorios y denunciar las sistemáticas violaciones a derechos humanos.

El último hecho de violación a los derechos humanos se dio el día domingo 7 de agosto de 2011 alrededor de las 11:00 AM en el punto conocido como el 17, entre la comunidad de Abejero Resguardo de Abejero y la comunidad de las Toldas, Resguardo Indígena de Capa-Lana, municipio del Carmen de Atrato, Chocó.

Fue desaparecida la joven indígena de la etnia Embera Katío de 17 años de edad, María Cecilia Bailarín Domicó, quien es madre de una menor de cuatro años de edad y se encontraba en estado de embarazo.

El hecho se presentó cuando la madre de Cecilia Bailarín salió a realizar sus actividades económicas al río Atrato. La joven se había quedado en la casa preparando el almuerzo  para luego llevárselo a su mamá al lugar de trabajo.

Después del mediodía y al ver que Cecilia no llegaba con el almuerzo la madre se regresó para la casa. Cuando llegó a la vivienda no encontró a su hija Cecilia, la buscó en los alrededores pero no la encontró. La madre junto a otros familiares continuaron la búsqueda y en el recorrido hallaron el rastro de huellas de alguien que había sido arrastrado hacia el río.

Según informaciones, algunos vecinos vieron a un hombre desconocido dirigirse hacia la vivienda de Cecilia Bailarín alrededor de las 10:30 de la mañana. En el momento de la desaparición Cecilia Bailarín tenia puesto una camiseta color blanco y una falda color verde.

La guardia indígena de la Zona Carretera desde el mismo domingo inició un recorrido de búsqueda por las comunidades cercanas, pero hasta el momento es incierto el paradero de la joven indígena.

Con este hecho ya son dos casos de desaparición los que se han presentado en la Zona Carretera, ya que a mediados del mes de Julio en la comunidad Indígena de Ovejas municipio del Carmen de Atrato, fue desaparecido el joven Indígena de la etnia Embera Katío Ernesto Majoré de 16 años de edad.

La guardia Indígena ha realizado varios recorridos de búsqueda pero hasta el momento también es incierto el paradero del joven Indígena. Este hecho provocó el desplazamiento de 13 familias indígenas de la comunidad de Ovejas hacia la ciudad de Quibdó y otras comunidades Indígenas de la Zona Carretera.

Debido a esta preocupante situación las comunidades Indígenas de la Zona Carretera se han declarado en Asamblea permanente. Las comunidades Indígenas están muy preocupadas por los constantes hechos de violencia que se han venido presentando e incrementando en los últimos meses;-

situaciones representadas en la presencia de grupos armados legales e ilegales, constantes retenes militares, impedimento para el libre tránsito de las comunidades Indígenas en el territorio, desaparición forzada de  2 jóvenes indígenas y el desplazamiento forzado de varias familias Indígenas.

Es alarmante que todos estos hechos de violencia sucedan en uno de los territorios con mayor presencia del Ejército Nacional en el departamento del Chocó, ya que en el proceso de pavimentación de la carretera Quibdó – Medellín, el gobierno a enviado un gran número fuerza pública para custodiar las maquinarias y brindarles la seguridad a los encargados de dicha obra. 

Lo anterior se presenta un contexto de agresión contra los pueblos Indígenas del Chocó, situación que pareciera no tener fin. Las comunidades Indígenas de la Zona Carretera desde años atrás vienen denunciando numerosas agresiones de las que han sido víctimas,-

por ejemplo durante todo este tiempo la comunidad Indígena de Abejero ha vivido el asedio de los grupos armados, que restringen la movilidad hacia las zonas de caza, siembra y pesca,  la fuerte presencia de los grupos armados que quieren reclutar forzadamente a los jóvenes y niños Indígenas.

El Constante asedio de los grupos armados contra las mujeres Indígenas, debido a que cuando las mujeres van al río a realizar diferentes actividades económicas y domésticas, son acechadas e intimidadas por miembros del Ejército Nacional, quienes instalan sus campamentos al interior de las comunidades.

Todo lo anterior evidencia la difícil situación a la que están siendo sometidas las comunidades Indígenas a causa del conflicto armado y los “proyectos de desarrollo” que se adelantan en nuestros territorios.

Se tiene como antecedentes que la comunidad Indígena Embera Katío del Resguardo de Abejero, en jurisdicción de Carmen de Atrato fue reconocida en el año 2000, se encuentra conformada en este momento por 15 familias de las cuales 4 familias a cargo de madres solteras.  Han padecido diferentes hechos de violencia tales como:

El primer Gobernador José Belarmino Domicó tramitó ante el Incora el reconocimiento legal de territorio ancestral de la comunidad, había sido amenazado por grupos paramilitares que posteriormente lo asesinaron en 22 de agosto de 2000.

Este hecho y las continuas amenazas de grupos paramilitares con presencia en la zona generó el desplazamiento forzado de todas las familias de la comunidad de Abejero que en ese momento eran aproximadamente 45, quienes se vieron obligados a asentarse temporalmente en el municipio de Urrao, Antioquia, perdiendo cultivos, enseres y animales de cría.

En enero 2003, 27 de las familias iniciaron proceso de retorno, sin las garantías institucionales a pesar de las denuncias ante las instituciones. Ante el inicio del proceso de retorno de la comunidad los paramilitares asediaron a la comunidad e incursionaron en el asentamiento torturando a las mujeres y hombres que se encontraban en proceso de retorno.

Los paramilitares desnudaban a mujeres y hombre y luego de amarrarlos los golpeaban con palos, asimismo  obligaron a niños y jóvenes a presenciar la tortura de sus padres forzándolos a manifestar que en la comunidad había hecho presencia la guerrilla de las FARC y como estrategia de terror para que la comunidad no denunciara los hechos de tortura y de desplazamiento forzado.

Ante esto, los miembros de la comunidad huyeron de sus casas, tomadas por los paramilitares y se salvaguardaron en la selva intentando asentarse en la cabecera del río Abejero, por cuanto la carretera se encontraba militarizada.

Allí estuvieron aproximadamente 4 meses, al notar que los paramilitares habían abandonado las casas retornaron, pero sin la posibilidad de sembrar o acceder a alimentos por cuanto se encontraban en confinamiento dada la alta presencia de los grupos armados (legales e ilegales) alrededor de la comunidad.

Sin embargo, al percibir la cercanía de los grupos armados las familias huían permanentemente hacia la cabecera del río para resguardarse, en esta situación algunas mujeres embarazadas dieron a luz en la selva, por ello una bebé recién nacida murió por falta de atención.

Como resultado de esta situación muchas de las familias se desplazaron para otras zonas (Urrao, Medellín, Dabeiba, Carmen de Atrato) hasta quedar solamente 4 familias en el resguardo.  En 2005 algunas familias comenzaron a retornar nuevamente de manera dispersa.

En abril de 2010 durante la semana santa, la comunidad organizó una minga para ir a cazar y pescar colectivamente en las cabeceras de los ríos, el domingo la mayoría de los adultos salieron para el monte, el lunes a las 4 am el Ejército ingresó al territorio del resguardo, tomándose las casas de las familias y robando alimentos y animales. 

Las unidades del Ejército cercaron la comunidad restringiendo a los jóvenes que se encontraban en el asentamiento a no salir de la comunidad.  Los adultos regresaron el jueves se encontraron con que los miembros del Ejército habían hurtado el mercado y las gallinas que tenían y que habían utilizado sus viviendas para cocinar y dormir.

Una semana después la guerrilla llamó a uno de los jóvenes de la comunidad acusando a quienes se habían quedado en el asentamiento, en su mayoría jóvenes, de colaborar con el Ejército y manifestando que reclutarían por lo menos a 3 de los jóvenes de Abejero. 

Esto produjo el desplazamiento forzado de 4 jóvenes de la comunidad quienes aún se encuentran en municipios cercanos dado el riesgo de reclutamiento forzado del cual pudieran ser víctimas.

Durante todo este tiempo la comunidad de Abejero ha vivido el asedio de los grupos armados con presencia en la zona, que restringen la movilidad hacia las zonas de caza, siembra y pesca, además corren el permanente riesgo de reclutamiento forzado de jóvenes y niños y algunas mujeres han sido asediadas por miembros de grupos armados en la zona, pues cuando las mujeres van al río son acechadas por miembros del Ejército que instalan campamentos  al interior del resguardo.

El 7 agosto de 2011 fue desaparecida la joven María Cecilia Bailarín Domicó cuando se encontraba cocinando sola en su casa.  Su familia se encontraba en el río y al regresar al medio día notaron que no se encontraban y al iniciar la búsqueda hallaron el rastro de huellas y de alguien que había sido arrastrado hacia el río.

Se hace necesario resaltar que la comunidad de Abejero se encuentra en la orilla de la carretera Quibdó – Medellín y que esta vía se encuentra militarizada por cuanto se están llevando a cabo labores de ampliación de la misma y el Ejército Nacional tiene la tarea de custodiar la maquinaria de la empresa a cargo de dichas tareas. 

Por lo tanto, no es claro como en una de las zonas con mayor presencia de Fuerza Pública en el departamento del Chocó, se presente el rapto y desaparición forzada de una joven.

Zona norte - Bajo Atrato

En jurisdicción de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio se encuentran asentados desde tiempos milenarios comunidades de los pueblos indígenas Embera Dobida, Embera Eyabida y Wounaan. Por otro lado, en los municipios de Acandí y Unguía habitan comunidades Embera Dobida, Embera Eyabida y Tule. 

Esta zona se ha caracterizado, desafortunadamente, por ser zona de refugio de grupos irregulares y de laboratorio de guerra de paramilitares y fuerza pública. El incremento en los cultivos de uso ilícito, la expansión de los potreros para la ganadería extensiva, la explotación irracional de madera sin el debido control por parte de las autoridades ambientales,-

la concesión inconsulta de títulos para explotación minera y proyectos de infraestructura como el proyecto Arquímedes, el canal seco Atrato – Truandó, la interconexión eléctrica binacional y la transversal de las Américas, han fomentado el incremento de las acciones de los grupos armados en la pugna por el control de los territorios.

Durante la crisis humanitaria de 1997 y 2001 los Embera y Wounaan se refugiaron en las cabeceras de los ríos y en territorios de otros resguardos, sin embargo la restricción a la movilidad de personas y alimentos, los señalamientos a autoridades y líderes indígenas,-

el despojo violento de los territorios, el reclutamiento forzado y las graves infracciones al DIH por parte de los grupos armados son situaciones permanentes en la vida de las comunidades indígenas en la zona.

En Riosucio, por ejemplo, las comunidades indígenas han sido víctimas de 2 bombardeos por parte de la Fuerza Aérea en menos de un año en territorios indígenas de las cuencas de los ríos Salaquí y Truandó, estos bombardeos son justificados en la supuesta presencia de miembros de las FARC en los asentamientos indígenas, en franca infracción a los principios del DIH de distinción y protección de la población civil y sus bienes.

Así mismo, en Carmen del Darién grupos paramilitares han amenazado y hostigado permanentemente a las autoridades indígenas que han denunciado la implementación inconsulta de megaproyectos como el de explotación minera y monocultivos de palma aceitera.

En el Darién Chocoano, a pesar de pronunciamientos de las altas Cortes, como la Sentencia T-129 de 2011, las instituciones del Estado no han respondido adecuadamente frente a las denuncias de graves amenazas contra Gobernadores Indígenas, incursiones armadas en los territorios y reclutamiento forzado de jóvenes. 

En esta zona, el nivel de despojo violento ha sido el más acentuado del departamento, la expropiación ilegal de los territorios indígenas para la implementación de la ganadería extensiva ha despojado de miles de hectáreas a las comunidades Embera Dobida y Eyabida de Pescadito, Chidima (Acandí), Tanela, Cuti y comunidad Tule de Arquía (Unguía).

En noviembre de 2010, aproximadamente 140 hombres armados pertenecientes a las FARC incursionaron en la comunidad Tule de Arquía, donde buscaban esconderse de unidades del Ejército, ante el reclamo de la comunidad indígena para el retiro inmediato, instalaron varias minas antipersonales alrededor del resguardo, en los senderos que conducen a las parcelas comunitarias.

En los últimos tres meses la guerrilla de las FARC ha incursionado 7 veces en territorio indígena de la comunidad de Chidima, generando grave riesgo para los Embera, frente a esto el 3 de agosto del año en curso, un grupo armado postdesmovilización derivado del Bloque Elmer Cárdenas, incursionó de manera violenta en el asentamiento de Chidima registrando las viviendas y hostigando a mujeres y niños.

Ante estas graves situaciones, la respuesta estatal no puede ser el incremento en el pie de fuerza y presencia de las Fuerzas Armadas, puesto que está demostrado que lo que genera esta reacción en realidad es la acentuación de los factores de riesgo y el aumento en las violaciones a derechos humanos y las infracciones al DIH.

Por otro lado, para la superación de la crisis humanitaria, el Estado debe garantizar los derechos al territorio ancestral, la consulta previa, libre  e informada y el Gobierno propio, como mecanismos de protección y pervivencia de los pueblos indígenas.

Contemplando que la implementación de megaproyectos de infraestructura, explotación de la naturaleza como recursos naturales y energéticos, se ha hecho de manera inconsulta violando abiertamente preceptos internacionales de protección a los pueblos indígenas.

Se debe diseñar e implementar de manera concertada una estrategia de protección a líderes y autoridades indígenas con un enfoque diferencial.

Se hace urgente el diseño de los Planes de Salvaguarda concertado con las autoridades indígenas y la aplicación de la aplicación de los mismos, no sólo para cumplir con lo preceptuado por la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009, sino para garantizar efectivamente la identidad cultural, la integridad territorial y la pervivencia de los habitantes ancestrales del departamento del Chocó, desde el principio de la memoria vivida para un futuro digno.

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Putumayo
Sindicato petrolero denuncia persistentes violaciones a los derechos humanos
Por Sintrapetroputumayo

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Campesinos de Antioquia, Chocó y Córdoba, muy preocupados por la depredación de las multinacionales y la represión militar-paramilitar

Con información del Comité de Impulso Federación Agraria, de Antioquia, Chocó y Córdoba

Los días 17, 18 y 19 de agosto del presente año organizaciones y comunidades agrarias de diferentes regiones como Medio Atrato Chocoano, Alto Sinú y Alto San Jorge Cordobés, junto ha las Asociaciones Campesinas del Norte de Antioquia Ascna, Asociacion Campesina del bajo Cauca Antioqueño Asocbac y Comité de Solidaridad de la CUT Antioquia.

Se reunieron en Puerto Valdivia, Antioquia, para analizar la coyuntura nacional y ver la forma como esta afecta a los campesinos, indígenas, afrodescendientes y pequeños mineros.

Muy preocupados por la continuidad de la agresión capitalista y multinacional que busca depredar sus territorios despojándonos de ellos, con militarización y terrorismo de Estado, negandole los derechos a la autonomía organizativa y soberanía alimentaria, que se traduce en las políticas locomotoras minero energética y agraria del gobierno de Santos.

La ley de Víctimas y Restitución de Tierras las ven los afectados  como paños de agua tibia, ya que su objetivo principal es lavarle la imagen al Estado colombiano ante la comunidad internacional que lo tiene en vilo por sus continuas generalizadas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.

Con esta ley continúa negándose el derecho de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, justicia y reparación integral, se profundiza la impunidad existente sobre estos crímenes y se perpetúa la problemática agraria que ha marcado la historia de Colombia.

De 10 millones de hectáreas usurpadas a las comunidades agrarias empobrecidas del país se promete restituir solo 5 millones de hectáreas. La locomotora minero-energética-agroindustrial (minería, palma africana,-

y cadenas productivas de cacao y caucho) proyectan utilizar 13 millones de hectáreas para su beneficio, de las cuales, ya están concencionadas 8.4 millones de hectáreas a multinacionales mineras principalmente a la Anglo Gold Ashanti. Como vemos realmente se nos sigue negando nuestro derecho a la tierra y al territorio.

Planteamos que la paz de Colombia pasa por una voluntad estatal de solución política al conflicto social armado, de décadas de desarrollo existente y aún vigentes, con una política estatal de justicia social,-

que significa tierra para el que la trabaja o la quiera trabajar, inversión social al campo colombiano, derechos laborales, sociales y una vigencia plena, real y legítima de los derechos humanos en su universalidad en el territorio colombiano.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales y populares del campo y de las ciudades del país a persistir en la resistencia, en la lucha por sus derechos, a generar y concretar espacios de unidad popular que realicen los cambios profundos que el pueblo colombiano clama por su libertad e igualdad.

Nos comprometemos a realizar un aporte en este proceso de transformación social, construyendo una federación agraria. De Antioquia, Chocó y Córdoba, la cual se empieza a gestar desde esta fecha y dará su luz cuando tanto las partes aquí presentes como comunidades y asociaciones hermanas de estas regiones concretemos los pasos necesarios para esta unidad en pro de los derechos del pueblo.

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