sábado, diciembre 29, 2012

Desafuero penal militar
ONU reafirma que fuero penal militar es un retroceso en derechos humanos
Por Camilo Raigozo

El esperpento contra los derechos humanos aprobado en el Congreso por la aplanadora santista, conocido como la ampliación del fuero penal militar, fue nuevamente criticado por la ONU, quién advirtió una vez más que constituye un retroceso.

En "el año 2012 hubo varios avances en materia de derechos humanos. Sin embargo, la reforma del fuero militar constituye un retroceso", precisó en un comunicado Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, informó la agencia Afp.

Howland reiteró la preocupación de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Navy Pillay, y otros expertos de la organización, de que la aprobación del fuero militar, "contraviene las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos".

Según el funcionario, "las violaciones de derechos humanos no pueden ser objeto de la competencia de la justicia penal militar. La competencia penal militar es excepcional y debe estar limitada a conductas típicamente militares cometidas por personal en servicio activo”, informó la fuente.

Sin ninguna vergüenza el “honorable” Congreso aprobó la reforma constitucional el pasado 11 de diciembre, para dar vida al nuevo fuero militar, el cual, según la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, garantiza la impunidad a los crímenes cometidos por militares y policías.

Una de las cortadas de la reforma con la que el Gobierno ha querido engañar a la ONU, a las organizaciones de derechos humanos y a la opinión pública en general, es que aparentemente crímenes como el genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado, no podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar.

Sin embargo será la flamante Comisión Mixta, compuesta por militares en retiro y otros gérmenes de la misma especie, y no la Fiscalía, la que primero llegue al sitio de los hechos y quién realice la primeras investigaciones de los posibles crímenes.

También será ese siniestro órgano quién decida si las investigaciones y procesos judiciales serán de competencia de la justicia penal militar o de la justicia ordinaria. Es fácil deducir cuáles serán sus “justas” decisiones.

Pero como si lo anterior fuera poco, existe otra figura previamente fabricada para complementar el esperpento que les espera a los colombianos, el cual fue desnudado por Human Rights Wach:

“De acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente por la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado u organización”.

De acuerdo a lo anterior, casos como el del oficial del Ejército que violó a dos niñas en Tame, Arauca, y luego asesinó a una de ellas, junto a sus dos hermanitos, no podría ser juzgado por la justicia ordinaria, porque tendría que demostrarse que dichos crímenes eran parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil efectuado con conocimiento del ataque como política del Ejército o del Estado.

La justicia ordinaria encontró culpable de los hechos al oficial y lo condenó a 60 años de cárcel. Sin embargo con la ampliación del fuero militar, más sus complementos, como el descrito anteriormente, este y el resto de casos similares o peores podrían pasar a la justicia penal militar, la cual es sinónimo de impunidad.

Lo mismo puede ocurrir con los más de 3.000 asesinatos a sangre fría cometidos por militares, más conocidos como falsos positivos.

Igualmente los miembros de la Fuerza Pública que resulten “condenados” por sus crímenes pagarán sus castigos en centros de reclusión especiales, como el Tolemaida Resort. Toda una ofensa contra las víctimas y la dignidad humana.

La reforma al fuero militar es un mensaje claro a militares y policías de que pueden cometer toda clase de crímenes y violaciones a los derechos humanos contra la población civil, con la garantía de que sus delitos van a gozar de impunidad.

Salario mínimo
Sindicatos anuncian paro nacional en contra de aumento del salario mínimo
Consideran que el incremento para el 2013 "es un irrespeto" para los trabajadores.
Por: Elespectador.com

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Domingo Tovar manifestó que se está haciendo la convocatoria para hacer un paro nacional en enero del próximo año en contra del aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno para el 2013.

Tovar anunció que el incremento del 4.02 por ciento presentado por el Ministerio de Hacienda “no fue justo” puesto que no se tuvo en cuenta el crecimiento de la economía registrado en el presente año.

"El Gobierno impuso la Reforma Tributaria que es un premio a los ricos y grandes empresarios, que no pagarán parafiscales. Y ahora el ministro Mauricio Cárdenas indicó que la economía y la productividad crecieron, pero lo único que no puede crecer fue el salario mínimo de los trabajadores", precisó el presidente de la CUT en RCN Radio.

En este sentido calificó como “un irrespeto” el salario mínimo de 589.500 pesos, por lo que ya anunciaron la presentación de una demanda en contra del decreto porque es una cifra que no aceptaron las centrales obreras y los sindicatos.

"Lo que han hecho el Gobierno y los empresarios es aplicarle una miserableza al salario de los trabajadores en este país, es un aumento de hambre, un irrespeto, es una propuesta inaceptable", indicó.

viernes, diciembre 28, 2012

Sabana de Torres, Santander
La Policía y la Fiscalía protegen a jefe paramilitar que agredió y amenazó a un comerciante
Por Camilo Raigozo. Con información de Asogras

El pasado 6 de diciembre, aproximadamente las 7:10 de la noche, el cabecilla paramilitar alias “Piraña” (foto), quien se hace llamar Oscar Leonardo Montealegre Beltrán, agredió y amenazó de muerte al comerciante Ricardo Olago.

El criminal se desplazaba en una camioneta oficial de la Policía de Sabana de Torres bajo el mado del subintendente Parra y otros dos policías de quienes se desconocen las identidades.

Según la denuncia, los policías que acompañaban al paramilitar, no sólo no evitaron la agresión  contra Olago, sino que por el contrario también intentaron agredirlo en favor del criminal.

Al lugar acudieron varias personas que le reclamaron a la Policía que protegieran al comerciante y no al paramilitar, de quién se sabe operó dentro del municipio de Sabana de Torres como cabecilla del Bloque Central Bolívar y es responsable de varios crímenes.

El 7 de diciembre, el comerciante acudió a la Fiscalía de Sabana de Torres a instaurar la denuncia y fue atendido por la funcionaria Pilar Mariela Vásquez, jefa de la Unidad Local CTI.

Contra toda lógica, la funcionaria remitió al comerciante a la inspección de policía, para que conciliara con su verdugo, el temible jefe de sicarios de la región alias “Piraña”.

La comunidad quedó perpleja por la bochornosa actitud de la fiscal, pues ante la agresión y la mortal amenaza del paramilitar, no sólo no le recibió la denuncia a la víctima, sino que la remitió para que se disculpara con su victimario.

Ante la protección que goza el jefe paramilitar por parte de la Policía y la Fiscalía, el comerciante acudió al personero, quien lo ayudó con la denuncia escrita y su gestión en el organismo investigador.

El 17 de diciembre anterior, Ricardo Olago, en compañía del presidente de la Asociación Campesina de Santander, Asogras, Cesar Tamayo, acudió a la Fiscalía para averiguar el avance de su denuncia contra “Piraña”.

¡Oh sorpresa!,  la denuncia del comerciante gestionada con ayuda del personero, desapareció por arte de magia de las oficinas de la Fiscalía de Sabana de Torres, por lo que Olago tuvo que instaurarla nuevamente.

Las anomalía fueron conocidas por el mismo personero de Sabana de Torres, Juan Gabriel Peñaloza y por el presidente del Concejo del mismo municipio, Javier Martínez.

También fueron informados el mayor Gómez, comandante del Sexto Distrito de Policía de Sabana de Torres, el coronel Saavedra, del Departamento de Policía de Santander y el alcalde de Sabana de Torres, Jairo Rivera Arciniegas, quienes hasta la fecha han guardado silencio.

Seguridad narcocrática/
Asegurado suboficial del Ejército por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

El Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín con base en pruebas presentadas por la Fiscalía dictaminó asegurar al sargento viceprimero del Ejército, William Daeley García Ospina, por su presunta responsabilidad en los asesinatos  a sangre fría de cuatro civiles en los municipios de Caldas y Segovia, Antioquia.

Según el ente investigador, el 15 de marzo de 2007 bandidos pertenecientes al  Batallón Pedro Nel Ospina de la IV Brigada, asesinaron a Jorge Humberto Lotero Restrepo y lo presentaron como guerrillero del ELN “dado de baja en combate” en el municipio de Caldas.

Al día siguiente, criminales del Batallón Energético y Vial Número Ocho de la misma brigada asesinaron a sangre fría a Inrid de Jesús Alzate, Diego Ferney Jiménez Montoya y Julián Andrés Hernández Henao.

Los terroristas estatales presentaron a las tres presuntas víctimas como extorsionistas abatidos en enfrentamientos en el municipio de Segovia, Antioquia, coartada que fue desmentida por la Fiscalía.

Los sabuesos pudieron constatar que los bandidos del Estado contactaron a sus víctimas en los municipios de Belalcázar y Risaralda (Caldas) y los engañaron ofreciéndoles trabajo en agricultura en Antioquia.

García Ospina, preso en la Cárcel Nacional Bellavista, no aceptó los cargos formulados por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH por los delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Por los mismos hechos cumple 32 años y cinco meses de prisión el civil Luis Norberto Serna encargado de atraer a las víctimas potenciales con falsas promesas laborales.

Recientemente  el presidente Santos, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, altos mandos castrenses, congresistas inescrupulosos y la derecha fascista del país, impulsaron y aprobaron la ampliación del fuero penal militar, con lo cual los crímenes, violaciones a los derechos humanos y del DIH, quedan en la impunidad.

jueves, diciembre 27, 2012

Masacre de Santo Domingo, Arauca
Fueron tres las bombas que la Fuerzas Militares descargaron sobre la población civil
La CIDH condena al Estado colombiano por la masacre de 17 civiles, de la que acusaron falsamente a las FARC
Por: Miguel Puerto

El 13 de diciembre de 1998 la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó la vereda de Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca. Fue lanzado un dispositivo cluster que resultó en la muerte de 17 civiles, entre ellos cuatro niños y dos niñas.

Asimismo, 27 civiles resultaron heridos, entre ellos cuatro niños y cinco niñas. Tras la explosión del dispositivo la Fuerza Pública continuó el bombardeo, desde el aire, sobre los civiles que trataban de auxiliar a los heridos y escapar de la vereda.

Tras los hechos, la población de Santo Domingo se desplazó́ en su integridad y en enero de 1999 retornó a fin de reconstruir sus viviendas.

Estos hechos permanecen en la impunidad pues el Estado no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables intelectuales y demás responsables materiales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondieran.

En su informe de fondo, la CIDH concluyó que transcurridos más de doce años desde los hechos únicamente se ha proferido una condena en primera instancia contra los tripulantes del helicóptero que lanzó el dispositivo.

Recientemente hemos recibido la noticia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por los hechos conocidos como la 'Masacre de Santo Domingo', un bombardeo que sucedió en la vereda de Santo Domingo, un pequeño caserío del Municipio de Tame, Departamento de Arauca.

Para los que hemos dedicado buena parte de nuestras vidas a la lucha contra la impunidad de violaciones a los derechos humanos, esta noticia no solo nos alegra, sino que esperamos que luego de una condena de estas características, hechos como estos, jamás vuelvan a suceder.

En mi calidad de abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, tenía como tareas inmediatas hacer el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos que sucedían en los Departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca, dado que para ese tiempo estaba en plena vigencia la Jurisdicción Regional.

Unas pocas organizaciones de Derechos Humanos hacíamos ese mismo trabajo en el Departamento de Arauca, entre estos, Humanidad Vidente, Minga, y el mismo Comité Regional 'Joel Sierra', una pequeña organización de Derechos Humanos con sede en Saravena, que daba su nombre en homenaje a un joven defensor de derechos humanos asesinado en aquella población.

La década del noventa, se caracterizó por masivas movilizaciones en Departamento de Arauca, con fuerte presencia del movimiento sindical y social, en una región altamente militarizada.

Yo mismo sufrí una detención ilegal, en uno de los tantos retenes militares, mientras acompañaba a comunidades campesinas que se movilizaban a un encuentro departamental programado en la ciudad de Arauca, la capital del departamento.
 
En medio de aquellas movilizaciones que reivindicaban los derechos de las comunidades, conocí reconocidos líderes sindicales y sociales del departamento, entre estos Alirio Martínez, el Presidente de la organización campesina ADUC;-

Jorge Prieto, el Presidente regional del Sindicato de los trabajadores de la salud ANTHOC; Leonel Goyeneche, del sindicato de los profesores; Samuel Morales, el Presidente de la CUT Arauca, entre muchos otros.

Alirio, Jorge y Leonel, poco después (2004), murieron 'fusilados' por el Ejército Colombiano y Samuel, quien estaba también con ellos en aquella reunión de trabajo en la vereda Caño Seco, del Municipio de Saravena, se salvó milagrosamente de una muerte segura.

Años después, compartiendo un café en la ciudad de Londres, con lágrimas en los ojos, Samuel me contaba que aún no 'podía creer' como se salvó de morir, aquella madrugada, cuando una patrulla militar allanó la vivienda en donde dormía con sus tres compañeros de trabajo.

Volviendo a los hechos de Santo Domingo, en los primeros días del mes de diciembre de 1998, se presentaron algunos combates entre las FARC y unidades del Ejército Colombianos en lugares rurales de la vereda de Santo Domingo.

El 13 de diciembre los habitantes del pequeño caserío organizaban un bazar, con el propósito de recolectar fondos para arreglos de su comunidad.

Lo que no sabían los pobladores era que el Ejército Colombiano, la aviación miliar, con el apoyo de aviones norteamericanos, tripulados por pilotos 'gringos', planeaban operaciones militares sobre Santo Domingo.

En una de mis visitas a Santo Domingo, me comentaba uno de los sobrevivientes del bombardeo, un joven de aficionado al futbol, que estaban a punto de iniciar un encuentro futbolístico entre la vereda Santa Domingo y un equipo de una vereda vecina, cuando hizo presencia el 'avión Skymaster' un avión norteamericano, y varios helicópteros militares.

El presidente de la junta de Acción Comunal, recomendó a todos los habitantes que se ubicaran a lo largo de la carretera, que es la única calle del caserío, para que los militares los pudieran ver con claridad y se percataran que ellos era civiles, simples pobladores del pequeño caserío.

Mientras los habitantes se colocaban en la carretera, un pequeño grupo de niños, se subieron a un viejo y destartalado camión, abandonado por años, que se podría a la orilla de la carretera.

En ese momento los helicópteros descargaron no una, como se dice en los medios noticiosos, sino tres bombas tipo 'clúster', conocidas como bombas de racimo, artefacto que al impactar desprende seis bombas de fragmentación. Una de las bombas impacto la parte delantera del abandonado camión.

Como consecuencia, murieron en el acto, los seis niños que se encontraban en la carrocería del camión y once personas más, y quedaron heridos de gravedad un alto número de habitantes.

Por varios minutos los habitantes de Santo Domingo vivieron un verdadero infierno, la gente corría por todos lados y buscaban abandonar el pueblo, uno de los pobladores saco su camioneta, en donde colocaron a los heridos, para trasladarlos a la ciudad de Tame, pero mientras salían por la carretera rumbo a Tame, los helicópteros disparaba ráfagas de fuego para impedir la marcha del vehículo.

En pocos minutos, aquel pequeño caserío que se había vestido de fiesta se convirtió en un pueblo fantasma.

Las organizaciones sociales denunciaron de inmediato este bombardeo y dos días después se hizo presente una comisión de la Fiscalía para investigar los hechos, junto a esa comisión de fiscales, nos hicimos presentes algunos abogados de organizaciones de derechos humanos.

Era muy diciente la actitud de la fuerza pública que hacia el acompañamiento a los fiscales, se dedicaron a recoger tornillos y pedazos de metal, desprendidos del viejo camión impactado por la 'cluster', y poco después, los medios de comunicación sacaban en primer plano la noticia… en Santo Domingo, la guerrilla había estallado un carro bomba y como consecuencia del estallido, varios menores y pobladores del caserío había muerto.

La prueba contundente para confirmar esta noticia, eran las primeras evidencias de los hechos, que mostraban que la 'bomba de fabricación casera', utilizada para la explosión, estaba rellena de tornillos y pedazos de metal. Esa fue la tesis que sostuvo la Fiscalía durante los primeros años de investigación de los hechos.

Las organizaciones sociales de Arauca declararon un 'Paro Cívico' en protesta por estos hechos, Paro que culminó con la conformación de una 'Comisión Interinstitucional' para investigar los hechos de Santo Domingo.

Durante varios meses sesiono esta 'Comisión', liderada por el Ministerio del Interior, sin arrojar resultado alguno, a pesar que las organizaciones sociales de Arauca presentaba más de cien testimonios que coincidían todos que las muertes se habían sucedido producto de un bombardeo de los helicópteros militares, pero la Fiscalía y el Gobierno, se sostenían en la tesis del camión bomba estallado por la guerrilla.

Mientras tanto, la investigación del bombardeo había pasado a la 'Justicia Penal Militar', jurisdicción esta, que estaba a punto de absolver a los pilotos investigados por el bombardeo.

En el año 1998, varias organizaciones sociales y de derechos humanos habíamos organizado un exitoso Tribunal Internacional de Opinión, en la ciudad de Barrancabermeja, en donde se condenó al Estado Colombiano por la 'Masacre de Barrancabermeja' en donde fueron desaparecidos 25 personas y otras más fueron asesinadas, en hechos sucedidos el 16 de Mayo de 1998.

Como consecuencia de este Tribunal, el 'Center for Civil and Human Rights Notre Dame Law School' , de una Universidad de Derecho de los Estados Unidos, organizo un Tribunal Internacional de Opinión, para investigar los hechos de Santo Domingo.

Una de las conclusiones de este Tribunal, fue el de presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, instancia esta que luego de investigar los elementos probatorios, paso la investigación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien acaba de condenar al Estado Colombiano, como responsable de aquellos luctuosos hechos conocidos como el bombardeo a la población de Santo Domingo.

De poco sirvió la estrategia del Gobierno colombiano, para mostrar su no responsabilidad en estos hechos, estrategia que llego al extremo de utilizar una condena a un comandante de las FARC, proferida por un juzgado de Arauca en el 2011.

La sentencia de condena de la Corte Interamericana desestimó de plano esa pretensión gubernamental, dejando claro que los hechos que dieron origen a la condena al comandante guerrillero alias 'Granobles', no fue por los hechos conocidos como la 'Masacre de Santo Domingo'.

Remata la Corte Interamericana concluyendo que, esta estrategia de defensa del Gobierno Colombiano es de mala fe y que vulnera varios principios entre ellos, el de equidad procesal, el de seguridad jurídica y el estoppel.

Con este corto relato, quiero señalar la importancia que este fallo internacional tiene para las víctimas de aquella masacre, para las organizaciones sociales del Departamento de Arauca y para las organizaciones de Derechos Humanos.

Catorce años después, se logra sacar a flote la verdad de los que sucedió en Santo Domingo, la responsabilidad directa de las fuerzas militares y del Estado Colombiano y por estas vía se logre el castigo a los responsables y se repare de alguna manera el daño 'irreparable' causado a las víctimas de esos hechos.

Nos declaramos en espera, hasta que se cumpla la sentencia y en particular, el acto de perdón público que debe ofrecer el Estado Colombiano en la vereda de Santa Domingo, el que debe ser transmitido ampliamente y debe contar con la presencia de altos funcionarios estatales.

miércoles, diciembre 26, 2012

Concepción, Antioquia
El Ejército Nacional agredió y amenazó a líder del movimiento ambientalista Ríos Vivos

El Movimiento Ríos Vivos denunció que este  23 de diciembre de 2012, militares del Batallón Bajes del Ejército Nacional amenazaron a su líder Rubén Areiza.

Los atropellos ocurrieron en la vereda Chiri del Briceño, municipio de Concepción, Antioquia, cuando los soldados desaseguraron sus armar y las apuntaron contra Rubén y otros miembros de la comunidad.

Según la fuente, el líder logró salir del sitió pero las unidades militares le advirtieron a la comunidad que “mañana lunes lo esperamos para ‘darle Candela’”.

Ituango, Antioquia
Denuncian atropellos del Ejército contra pobladores
Por Camilo Raigozo

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos “Héctor Abad Gómez”, denunció que el pasado 24 de diciembre a las 11 de la mañana, en el sitio Las Mellizas, corregimiento La Granja, municipio de Ituango, Antioquia, fueron detenidos por el Ejército los campesinos César Antonio Restrepo y Salvador Areiza .

Las tropas le manifestaron a César Antonio que para poder pasar por donde ellos estaban tenía que cubrirse el rostro.

El campesino no sólo se negó al atropello sino que preguntó por el nombre del comande de los miembros del ejército que se encontraban dicho lugar, a lo que estos les respondieron que a él  que importaban quien era el comandante.

Según las dos víctimas quienes fueron dejados en libertad a la una de la tarde del mismo día, manifestaron que los uniformados ocultaron las insignias que los identificaban, lo cual es una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Las comunidades y la ONG defensora de los derechos humanos responsabilizaron de los atropellos al coronel Gonzalo Antonio Gómez Amaya, comandante de la Brigada Móvil  18 del Ejército, acantonada en Ituango.

Igualmente  e instaron al ministro de Defensa y a los altos mandos castrenses respetar y hacer respetar los derechos de los pobladores.

“Pedimos a las ONGS nacionales e internacionales, a las Naciones Unidas y a la OEA estar vigilantes de la crisis humanitaria que hoy padecen los pobladores del municipio de Ituango”, dice la denuncia conocida por Notimundo.

lunes, diciembre 24, 2012

Corinto, Cauca
El Ejército Nacional secuestró y desapareció a campesino
Por: Camilo Raigozo. Con información de Reddhfic

El 1 de noviembre de 2012, en el corregimiento El Barranco, municipio de Corinto, Cauca, militares adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo del Ejército Nacional, secuestraron al campesino Alexander Noscue Canas y hasta la fecha lo mantienen en condición de desaparición forzada.

Noscue  Canas transitaba en inmediaciones del puente sobre el río Guengué, por la vía que comunica a los municipios de Miranda y Corinto a bordo de una motocicleta en compañía de un lugareño y al pasar por un retén militar fueron retenidos por tropas del Ejército.

Los uniformados subieron a la fuerza al labriego Alexander Noscue Canas a una camioneta Dimax, blanca, mientras que al acompañante lo dejaron en libertad.

Desde ese momento y hasta la fecha –dice la fuente- los familiares y amigos de la víctima desconocen su paradero.

Versiones de algunos pobladores de la zona señalan que hasta el pasado 19 de diciembre, el campesino Noscue Canas permanecía con vida en manos de sus secuestradores en un lugar desconocido, quienes lo habrían sometido a torturas.

“Responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos, a la Gobernación del Cauca en Cabeza de Temístocles Ortega y en particular al general Leonardo Barrero Gordillo, comandante del Comando Conjunto Suroccidente, al brigadier general Jorge Humberto Jerez,-
 
"comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo del Ejército de Colombia, al coronel Jhon Mesa, comandante de la Brigada Móvil No. 14, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano”, dice la urgente denuncia.

domingo, diciembre 23, 2012

Putumayo
Acusan al Ejército de abusar de las niñas, robar alimentos y otros abusos contra la población
Por Camilo Raigozo

El pasado 4 diciembre la Representante a la Cámara Ángela María  Robledo realizó un debate en el Congreso en el que denunció los brutales abusos que sufren los pobladores del Putumayo por parte del Ejército Nacional.

Tan dolorosos y contundentes fueron las denuncias que hasta el coronel Juan Carlos Gómez, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, se avergonzó. Por lo menos eso fue lo que dijo públicamente.

El Espectador publicó una muestra de las denuncias de las comunidades, las cuales presentará ante la Fiscalía próximamente. La fuente se reservó la identidad de las víctimas para proteger su vida y su integridad.

A continuación reproducimos dichas muestras:  

Las niñas como ‘damas de compañía’

“[A los niños] sus papas los internan, precisamente, para evitar que sean abusados. [Los militares] abusan de las niñas, las llevan al ‘cambuche’ o al lugar donde ellos están. Vienen 5, 6, 7 u 8 militares, las llevan y están con ellas, luego las regresan a la casa o, a veces, no las llevan directamente a la casa, sino a una intersección para que ellas sigan.

“Las tienen de damas de compañía. Y luego vienen los grupos armados ilegales y se dan cuenta de que esa niña estuvo con un militar y entonces la torturan porque dicen que está con el enemigo”.

‘La Fuerza Pública debe respetar el sentido ético de su profesión’

“La Fuerza Pública debe respetar el sentido ético de su profesión. Este año, 12 estudiantes menores de edad, del Colegio Industrial, resultaron embarazadas. Todas ellas por soldados. Ellos les conversan mientras van camino a la casa. Les dan bolsas de comida para conquistarlas.

“Tiempo después, les dicen déjeme tocarle los senos y yo le doy $2 mil. Y las niñas se dejan tocar, que es lo más complicado. Si se dejan tocar la vagina son $5 mil, $10 mil. Son muchas las necesidades de estas peladas, viven en condiciones deplorables: no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay energía. Por tener cualquier peso en la mano acceden a estas cosas”.

‘Me da rabia cuando dicen que son casos aislados’

“Ninguna entidad del Gobierno tiene realmente una panorámica de lo que está pasando en el país, porque uno muchas veces está frente a un televisor y se sorprende de la cantidad de mentiras que dicen. A mí me da rabia cuando un coronel del Ejército dice que esos son casos aislados.

“Cuando uno está en el medio, uno sabe que eso no son casos aislados, que eso es un común denominador. Yo he tenido contacto con el batallón. Como también me ha tocado estar con la guerrilla y me sorprende como muchas veces hay mejor trato de parte de la guerrilla que del Ejército”.

Si le ocurriera a un civil...

“Cuando se accedió a hablar con el comandante del batallón, ¿cómo lo solucionó él? Lo único que hizo fue cambiar el pelotón y mandó la explotación a otro lado. ¿De qué sirve que haya inversión social si los mismos miembros de la Fuerza Pública que tienen que respetar y evitar la vulneración de los derechos de los niños son los primeros que los están violando?

“Si eso ocurriera con un civil, seguro que le aplicarían el peso de la ley, pero pasa con un soldado profesional y todo el mundo evade la responsabilidad”.

‘Si hablo, a mi hija la violan’

“Los campesinos cuentan que van a mercar y cuando vuelven el Ejército se les mete a las casas y les quitan la poca comida que tienen, y, ¿quién los defiende?  No podemos decir que son casos aislados, pero a la gente le da miedo denunciar porque Putumayo es uno de los departamentos donde más casos de falsos positivos se han presentado. Si hablo, a mi hija la violan. Si hablo, me ponen una mina quiebrapatas. Si hablo, no me siento respaldado”.

¿Dónde está la voz de protesta de quienes se rasgan las vestiduras hipócritamente  acusando falsamente a la insurgencia de violar los derechos de la niñez?

¿Dónde está la vehemencia de la congresista Gilma Jiménez, que usa los derechos de la niñez para ganar votos, pero que en los casos de abuso del Ejército prefiere mirar para otro lado?

Recientemente  el presidente Santos, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzó, altos mandos militares y congresistas inescrupulosos, participaron en la aprobación de la ampliación del fuero penal militar, con lo cual los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública quedan en la impunidad.

Terrorismo de Estado/
Víctor Carranza estaría detrás de la masacre de Miraflores en 1997 apoyado por el Ejército
El Ejército  “estaba tan infiltrado por paramilitares y por sus secuaces, que ni él ni sus colegas tenían temor alguno de que los arrestaran”, y “siempre se les avisaba con antelación de cualquier posibilidad de captura”
Por: Notimundo

Un artículo de Verdad Abierta publicado este sábado 22 de diciembre relata cómo documentos secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos recientemente desclasificados, señalan al zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, como un temible jefe paramilitar, más sanguinario y con mayor poder que Carlos Castaño.

A continuación apartes del artículo:

A medida que la vida de Víctor Carranza Niño, conocido como el “Zar de las Esmeraldas”, se acerca a su último capítulo, lo vemos nuevamente objeto de una investigación sobre sus vínculos, hace tiempo sospechados, con escuadrones paramilitares responsables de numerosos asesinatos y de horribles masacres a lo largo de varias décadas.

El magnate de la minería, que hoy tiene 77 años, ya salió ileso en una ocasión de acusaciones similares hace diez años. Desde entonces, sin embargo, el panorama de sus posibles actividades ilegales se ha hecho más claro, tanto gracias a las confesiones de antiguos jefes paramilitares como a la colección de documentos estadounidenses desclasificados y publicados hoy mismo por el National Security Archive.

Uno de estos documentos contiene nuevos e intrigantes detalles sobre el posible involucramiento de Carranza en la masacre de Miraflores en octubre de 1997. Doce campesinos fueron asesinados y cientos más fueron desplazados durante el operativo, parte de una ofensiva coordinada por las entonces recientes Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De probarse el vínculo entre Carranza y el operativo en Miraflores respaldaría la acusación de que él formó y comandó al conocido grupo paramilitar de los “Carranceros”, después conocido como las Autodefensas de Meta y Vichada.

Los anteriores intentos de investigar al hombre que controla cerca de un tercio del mercado mundial de esmeraldas han terminado por fracasar sea por falta de evidencia, falta de voluntad política, o de corrupción en el sistema judicial.

En 1996, cuando a una fuente de la Embajada le preguntaron cómo es que Carranza había podido eludir la justicia hasta entonces, éste respondió que en el primer caso “ninguno de los testigos se atrevía a hablar” y que en el segundo “todos los testigos habían muerto”.

Sin embargo, la Unidad Antiterrorista del Fiscal General ha abierto ahora una nueva investigación basada en los testimonios de más de media docena de ex miembros de las AUC.

En los últimos años varios líderes y subordinados han acusado a Carranza de patrocinar y organizar escuadrones paramilitares responsables por innumerables masacres y asesinatos.

El consenso entre ellos sobre el hecho de que Carranza fuera un líder importante de las AUC corrobora las observaciones de diplomáticos y oficiales de inteligencia estadounidenses, que lo han llamado tanto un “capo del narcotráfico” como uno de los “más conocidos” líderes paramilitares en Colombia.

Y ahora el testimonio de un ex jefe de las AUC bien puede ser la llave para develar los secretos de un cable diplomático estadounidense recientemente desclasificado de la masacre de Miraflores.

Hace unos meses el jefe paramilitar encarcelado Freddy Rendón Herrera “El Alemán” le dijo a los fiscales  que el reservado Carranza había usado el llamativo alias de “Clodomiro Agámez” en sus asuntos con las AUC.

Este singular nombre de guerra es asombrosamente parecido al que usó un líder paramilitar que “admitió libremente” que “él y algunos hombres bajo su mando” organizaron la masacre de Miraflores, según un cable diplomático estadounidense desclasificado.

El reporte, de diciembre de 1997 y titulado “Mapiripán y Miraflores: Indicios crecientes de la facilitación del Ejército a los Paramilitares” le atribuye la confesión a “Clodomiro Agami”, identificado como “el líder de los paramilitares de los Llanos Orientales”.

Según lo reportado, “Clodomiro” dijo que el Ejército colombiano “conocía con anterioridad sus planes y actividades en Miraflores y había facilitado el operativo desde el comienzo hasta el fin”.

El Ejército, dijo, “estaba tan infiltrado por paramilitares y por sus secuaces que ni él ni sus colegas tenían temor alguno de que los arrestaran”, y “siempre se les avisaba con antelación de cualquier posibilidad de captura”.

Aunque la pequeña variación entre los nombres pueda crear dudas sobre la identificación de uno y otro, la caracterización como “Clodomiro” en los cables de la Embajada como un jefe paramilitar en esa región vinculado con miembros de las fuerzas armadas es consistente con todos los records desclasificados diplomáticos o de inteligencia que se conocen, en cuanto a los supuestos vínculos de Carranza con grupos paramilitares.

Uno de los documentos caracteriza a Carranza justamente como el tipo de paramilitar que se escondería tras un nombre falso.
 
Un reporte de inteligencia preparado en 1998 por el General Charles Wilhelm, el militar estadounidense de más alto rango en América Latina, dijo que el sigiloso Carranza estaba “a gusto operando tras bambalinas” mientras que otros jefes de las AUC como Carlos Castaño jugaban “un papel de mayor visibilidad”.

Carranza de hecho era “más poderoso” que Castaño, según el oficial que le dio el reporte a Wilhelm, “porque es multimillonario; le lleva el doble de años a Castaño; tiene más gente armada bajo su mando; y ganó una sangrienta guerra en 1980 contra el capo de la droga [del Cartel de Medellín] Gonzalo Rodríguez Gacha”.

Otro record señala como evidencia que en una ocasión Carranza buscó el apoyo del Ejército para sus actividades, cuando necesitó tapar una masacre ocurrida sólo meses antes de la de Miraflores, y no lejos de allí.
 
El agregado militar de Estados Unidos reportó que un oficial del Ejército colombiano había sido contactado por un “agente paramilitar” del “grupo de Víctor Carranza” pidiendo ayuda militar para “legalizar” los asesinatos resultantes de una operación paramilitar de “limpieza” en Tomachipan, probablemente clasificándolos como guerrilleros caídos en combate.

“Capo del narcotráfico”

Lo que primero llamó la atención de los oficiales estadounidenses en los años 80 fueron las relaciones de Carranza con narcotraficantes como el Rodríguez Gacha “El Mexicano”, capo del Cartel de Medellín.

Los dos habían “corrompido a los militares locales”, según una fuente confidencial de la Embajada estadounidense y estaban comprando tierras en los remotos Llanos Orientales como parte de una estrategia que incluía “ejercer el control sobre la política de la región y subyugar las organizaciones campesinas a las necesidades de seguridad del narcotráfico”.

En equipo con ganaderos y miembros de las fuerzas de seguridad locales, Carranza y Rodríguez Gacha armaron grupos de “autodefensa” para borrar la oposición política, proteger sus negocios de las amenazas de la guerrilla y destruir cualquier obstáculo eventual.

Muchos de los asesinatos reportados tuvieron causas políticas. Algunos reportes de la Embajada de finales de los 80 conectan a Carranza y sus secuaces con una serie de grotescos asesinatos masivos.

En uno de ellos, la Embajada presenta información que indica que el “Zar de las esmeraldas” ha apoyado a “un grupo de asesinos” responsables de los asesinatos de 38 hombres sospechados de ser guerrilleros en la masacre de Mejor Esquina de abril de 1988.

Carranza era también “el principal sospechoso de haber organizado y financiado el desmadre que le quitó la vida a 41 habitantes de Segovia, Antioquia, un bastión de la izquierda, el 11 de noviembre de 1988”.

Poco después, las autoridades colombianas descubrieron un capo de entrenamiento militar junto con los cuerpos de 40 supuestos miembros de la Unión Patriótica (UP), partido político izquierdista, en una finca que había pertenecido a Carranza.

Un reporte de la Embajada identificó al respecto a Carranza como un “asociado de Rodríguez Gacha” de quien “se sospechaba haber organizado y financiado varias masacres importantes”.
 
Semanas después, la revista Semana publicó el llamado “Dossier paramilitar”, basado en fuentes confidenciales del gobierno colombiano, que ofrecía amplios detalles sobre los vínculos de Carranza con escuadrones y con narcotraficantes.

Otros reportes de la Embajada posteriores registraron el baño de sangre que ocurrió después que “El Mexicano” tratara de “tomarse el negocio del tráfico de esmeraldas”, arrebatándoselo a su antiguo socio.

Las “guerras de las esmeraldas” habían “incubado grupos armados tan despiadados y sofisticados como los que habían fundado los narcotraficantes”, según un cable de la Embajada, e involucrando “en gran medida a la misma gente”.

Otros  cablesdescriben la “sangrienta contienda” entre los grupos de Carranza y de Rodríguez Gacha tanto por el control de las esmeraldas como de las drogas, que terminó cuando el infame jefe del Cartel de Medellín murió a manos de la policía en diciembre de 1989.

El asesinato desató rumores de que Carranza había colaborado con la búsqueda de la policía y que básicamente se había cambiado de bando en el submundo de los narcóticos, uniéndose al rival Cartel de Cali y al gobierno colombiano en su guerra abierta contra sus antiguos asociados en Medellín.

Un documento de la DEA de Estados Unidos respalda esta teoría, pues indica que la policía colombiana quería que el “Zar de las esmeraldas” colaborara con la caza a Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín que había escapado de la cárcel en 1992 y andaba fugitivo.

El cable, descubierto por el periodista Mark Bowden en su libro Killing Pablo, decía que la Policía Nacional de Colombia estaba “intentando contactar al traficante de esmeraldas Víctor Carranza con la esperanza de recolectar información sobre la ubicación de Escobar”.

Hacia 1990, Carranza se había posicionado como “el miembro más prominente de la extremadamente violenta mafia narco-esmeraldera en Colombia”, según un documento de la Embajada.

Al año siguiente, la Embajada dio indicaciones de que Carranza, el “capo del narcotráfico”, podía “aprovechar el vacío” dejado tras la rendición del grupo paramilitar de Ariel Otero en el Magdalena Medio.

El embajador estadounidense Morris Burby dijo que había “razones para creer” que Carranza se había aliado con Iván Roberto Duque, antiguo jefe del grupo paramilitar Acdegam.

Los intentos de culpar a Carranza por los asesinatos cometidos por su grupo fracasaron, y él aparece destacadamente en un cable de 1990 lamentándose de la cantidad de “obstáculos” que el sistema judicial colombiano enfrentó ese año.

El “notorio” Carranza, del que la Embajada había dicho ser “el miembro más prominente de la extremadamente violenta mafia narco-esmeraldera en Colombia” fue arrestado y liberado seis horas más tarde, “después de que una corte verificara que no existían acusaciones criminales pendientes en su contra”.

Carranza había sido “exculpado formalmente” de las acusaciones de asesinato a pesar de que las víctimas “habían sido encontradas en una fosa común en una propiedad que había pertenecido al traficante de esmeraldas”.

Uno de los paras “más conocidos” en Colombia

Para cuando los dispares grupos paramilitares del país se habían unido para formar las AUC en 1997, Carranza ya era uno de los “más conocidos” paramilitares en Colombia, junto con Carlos Castaño.

En una detallada respuesta a las preguntas del Departamento de Estado sobre actividad paramilitar en Colombia, la Embajada nombró a Carranza, a “‘Guillermo Torres’ alias ‘Sestan’ o ‘don Guillermo’ y a ‘Carlos Castillo’” como miembros de “la organización de Víctor Carranza”.

Las “áreas de operación” del grupo incluían “Puerto López, Puerto Gaitán, El Porvenir, Río Tillava, El Dorado, Cumaral (Ariari), Villavicencio, Acacias y Guamal (Meta), así como Medina y Paratebueno en Cundinamarca”. La organización de Carranza también estaba cooperando con lo que había quedado de la organización de Rodríguez Gacha, según el cable.

Las agencias de inteligencia estadounidenses también ponían a don Víctor en la cima de la jerarquía paramilitar. En uno de sus primeros reportes completos sobre las recientes AUC, la CIA dijo que Carranza y Castaño habían encontrado la manera de trabajar en equipo:

Las rivalidades personales entre Castaño y Carranza frustraron los intentos de unidad anteriores, pero los dos han dejado de lado sus diferencias con el fin de unir sus recursos y formar fuerzas más competentes para hacer frente a las guerrillas…

La gráfica en la página 17 del reporte de la CIA identifica las “Áreas de acción de los mayores grupos paramilitares en Colombia” desde mayo de 1997, incluyendo lo que los analistas llamaron “la organización de Víctor Carranza”, que operaba en el sur de Boyacá y en el centro-norte del Meta.

Observados con atención desde Washington

La Embajada miró con aprobación el arresto de Carranza durante el Primer Congreso y Expo Mundial de la Esmeralda en Bogotá, tildándolo como evidencia de que Colombia “podía estar pasando un punto de inflexión en la espinoso asunto de los nexos entre militares y paramilitares”.
 
Un reporte militar estadounidense decía que el arresto era “ulterior evidencia de la aparente determinación [de Colombia] de combatir a los paramilitares”.

Era de esperarse que el “veterano jefe paramilitar” “usara su poder considerable y su influencia para intentar evitar el encarcelamiento”, según el Comando Sur de los Estados Unidos.

“Ejecutivos de multinacionales petroleras también manifestaron su preocupación acerca de la expansión de las fuerzas paramilitares de Carranza”, según un reporte de la oficina de inteligencia del Departamento de Estado, y “los intereses de los negocios internacionales” estaban “crecientemente preocupados por el efecto de congelamiento que las actividades de los paramilitares tienen sobre las inversiones”.

Tales miedos dieron lugar a una reunión de alto nivel con fiscales colombianos específicamente sobre el asunto de Carranza, en la que el jefe de misión de la Embajada, Oliver P. Garza, manifestó “preocupación” por el caso en contra del “jefe paramilitar acusado”.

Garza dijo que el caso estaba siendo “observado con atención desde Washington” y se mostró preocupado por los reportes que decían que Carranza se estaba “ufanando” de lo pronto de que saldría de prisión.

El oficial le dijo a Garza que la Fiscalía estaba “confiada en la solidez del caso”, pero “no mencionó los pormenores”. Un oficial de la oficina que estaba juzgando a Carranza después le aseguró al personal de la Embajada que “el caso era consistente y no había ‘manera’ de que Carranza fuera puesto en libertad”.

Cuatro años después, el “Zar de las esmeraldas” salió en libertad de la cárcel, absuelto por un tecnicismo cuando la juez no logró cumplir con uno de los plazos. Poco después la juez misma fue acusada de “practicar la corrupción” y sentenciada a 46 meses de cárcel.

Aunque pasó varios años detenido, Carranza nunca ha sido condenado por sus nexos con el paramilitarismo. ¿Será una nueva investigación sobre los supuestos vínculos con el paramilitarismo capaz de triunfar donde las anteriores han fallado?

Con tanta evidencia a la mano, la respuesta a esta pregunta parece depender sólo de si el gobierno colombiano y el sistema judicial tendrán el coraje y los recursos de llevar a cabo el caso, de proteger a los testigos, jueces y ficales de intimidación, y competir con los “recursos considerables” que Carranza puede destinar a su defensa.

Parauribismo/
Asesinaron a sindicalista y activista político del Polo en Buenaventura
Por: Camilo Raigozo

Mediante la estrategia paramilitar, el régimen terrorista colombiano asesinó en la mañana del sábado 22 de diciembre al dirigente y activista político del Polo Democrático Alternativo, Carlos Torres.

La nueva víctima del terrorismo de Estado también era miembro del sindicato de las telecomunicaciones y excandidato al concejo municipal de Buenaventura. Colombia es el país donde más sindicalistas son asesinados en el mundo.


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