Terrorismo de Estado
Denuncian brutalidad del Inpec contra la población
reclusa
Por Corporación Solidaridad Jurídica
La Corporación Solidaridad Jurídica emite denunció al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, Inpec, por
agresiones contra la población reclusa del Complejo Metropolitano de Bogotá Eron
Picota.
El mundo se despertó la última semana de enero con la
muerte de 17 internos en la Cárcel Nacional Modelo de Barranquilla, resultado
del acumulado de hechos ya enunciados, y nuestra deplorable situación, la gota
que lleno la copa, un operativo brutal y desmedido del Inpec y Policía Nacional
dentro de unos de los patios de dicho establecimiento.
El 19 de febrero de 2014, a las 7:30 am, mientras los
internos recibían el desayuno en completa tranquilidad, la guardia del Inpec
realiza un operativo de requisa en el patio, bajo el mando de los Tenientes
Castillo y Pérez, impidiendo que una parte de los internos ejercieran su
derecho a la alimentación.
Ante esto, los internos en su inconformidad protestan de
forma pacífica para exigir su derecho a alimentarse, la respuesta de la guardia
fue la agresión directa con violencia física contra cinco internos en estado de
indefensión y vulnerabilidad, los cuales fueron brutalmente pateados y
golpeados, exactamente por el Cabo Duran Juan y los Dragoneantes Grass Jeison y
Cárdenas.
Uno de los internos quien oculta su identidad por temor a
represalias en su contra, fue agredido además con gas pimienta de forma directa
a menos de 15cm en sus ojos. Seguido a esto fue brutalmente golpeado por los
funcionarios ya mencionados.
En horas de la noche del día 19 de febrero, siendo las
8:30 pm, los guardias del Patio13 proceden al conteo nocturno, durante el cual
se presentan unas agresiones verbales de parte y parte con un interno conocido
como Valoyes.
Una vez encerrados los internos en sus celdas, el interno
Valoyes impreca a los guardias y pide que le abran la puerta de la celda donde
habita.
Los guardias de manera irresponsable proceden a la
solicitud del interno, siendo sorprendidos con un ataque con arma blanca por
parte de este. El resultado, un guardia herido de gravedad y, otro herido, y
conminado a abrir el resto de celdas del patio.
Los internos al salir y ver al guardia herido de gravedad
postrado en el piso, corren a su auxilio y dan aviso de alguna manera de lo
sucedido al resto de la guardia. En respuesta al sentir humanitario de los
internos del patio, los guardias proceden con un salvaje operativo.
Un grupo de alrededor de 50 guardias, con sus rostros
parcialmente cubiertos y sus presillas ocultas, todo esto con el ánimo de no
ser identificados, entran al patio agrediendo de manera salvaje a todos los
internos con granadas de gas, choques eléctricos, bolillazos, patadas, puños e
insultos.
Los internos fueron obligados a desnudarse y postrarse en
el piso mientras esto ocurría. Así, aprovechan para destruir cuanto encuentran
en las celdas (radios, repisas, cartas, etc.). Realizan un robo de $350.000 pesos
en tarjetas para llamar, que se encontraban en la celda #41 de este patio.
Todo está tortura y pillaje masivo, fue llevado a cabo
por un tiempo aproximado de 20 minutos, tiempo en que llega el Capitán Romero y
ordena parar el operativo, recibiendo de la guardia azul un intento de
insubordinación como respuesta.
En los días posteriores a la ocurrencia de estos hechos,
los internos del Patio 13 reciben una serie de visitas y reuniones con la
asistencia del Subdirector General del
Inpec, las directivas de Comeb Eron Picota Bogotá, junto a sus cuadros de mando.
El propósito de la visita era reconocer el atropello
cometido y desincentivar cualquier posibilidad de denuncia de los hechos antes
relatados.
El 25 de febrero, Cesar Augusto Ceballos, director de Comeb
Eron Picota Bogotá, junto con sus cuadros de mando, solicitan la presencia de
los Prisioneros Políticos y de Guerra del Patio 13.
Acusan a dos de ellos de estar vinculados con un supuesto
escrito para desprestigiar al Inpec, haciendo referencia en realidad al
ejercicio legítimo por parte de los reclusos de denunciar las violaciones a
derechos humanos ocurridas en días anteriores en el patio.
Estos señalamientos irresponsables por parte de las
Directivas contra los prisioneros políticos y de guerra, generan tensión al
interior del patio.
Particularmente, entre el grupo de prisioneros políticos
y dos internos reconocidos por los demás reclusos y por el mismo Inpec, como
"caciques", en tanto controlan
en complicidad con la guardia el funcionamiento y la dinámica del patio, ellos
son: Jairo Musso Torres, conocido como "Pacho Musso", y Carlos Gómez.
En respuesta a las denuncias presentadas por varios
prisioneros por los hechos sucedidos, Jairo Musso Torres (Pacho Musso), expresó
publica y abiertamente ante el director Cesar Augusto Ceballos y el capitán
Romero, su solicitud a manera de orden de trasladar a 2 de los prisioneros
políticos,
solicitud que fue acatada de manera inmediata por el
director, dejando en evidencia la complicidad entre las directivas del Inpec y
las mafias al interior de los centros de reclusión como mecanismo represivo para evitar la
denuncia de estos graves hechos.
A pesar de haberse realizado los traslados arbitrarios la
tensión en el patio continua. En el ánimo de esconder los atropellos ocurridos el día 19 de febrero, los
prisioneros políticos y de guerra Jairo Asley Porras Carvajal,-
Gerardo Suárez Garzón y Aria López Isaac, junto a otros dos internos, fueron llevados a
Medicina Legal hasta el 27 de febrero para ser valorados ante las graves
lesiones que presentaban en varias partes de su cuerpo, de las cuales adjuntamos
varias imágenes a la presente denuncia.
Los internos del patio 13, lograron reconocer al dragoniante
López de la Guardia Azul a pesar de
haber ocultado su identidad, como uno de los guardias comprometidos en los
hechos que tuvieron lugar el día 19 de febrero.
El Estado Colombiano, en cabeza del Inpec, ha desconocido
el Artículo 37 de la Constitución Nacional violentado el derecho a la protesta
pacífica de los reclusos, agravando la situación con la consumación-
de violaciones graves a los derechos humanos de los
mismos, como la dignidad humana, integridad personal y psicológica, la salud,
la seguridad, el derecho a la denuncia, a presentar peticiones y recibir
respuesta oportuna, entre otros.
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