Abuso policial contra abogado defensor de derechos humanos
Por Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, denunció ante la comunidad nacional e intencional el continuo atropello por parte de la Policía contra el abogado defensor de los derechos humanos Leonardo Jaimes Marín.
El día 23 de abril a las 9:00 a.m. en el sector de Cañaveral del municipio de Floridablanca zona metropolitana de Bucaramanga, el abogado Leonardo Jaimes Marín, fue retenido ilegalmente por miembros de la Policía Nacional de Floridablanca.
Los hechos ocurrieron en un sitio muy cercano a su lugar de residencia, donde hay una curva solitaria y peligrosa en materia de tránsito por lo que no es posible y mucho menos habitual la realización de retenes de verificación por parte de la policía.
Jaimes Marín transitaba, en un recorrido habitual desde su apartamento a la oficina, cuando se le atravesó abruptamente una motocicleta de la Policía con dos agentes; uno de ellos se ubicó a espaldas del abogado empuñando un arma, mientras el otro lo aborda exigiéndole que se identificara y permitiera una requisa de su maletín.
Es de anotar que el apellido de los presuntos servidores públicos, que debe permanecer siempre visible, se encontraba oculto, pero lo más grave fue que éstos se negaron a identificarse.
Ante estas irregularidades el abogado solicitó a los policiales que precisen los motivos por los cuales estaban desarrollando ese procedimiento. Tres minutos después arriba la patrulla de la policía en la que se encontraba el intendente Zamora y el patrullero Lizcano.
El primero en un tono sumamente agresivo dio la orden de conducirlo a las instalaciones de la Sijin y manifestó que el abogado debía ser filmado (no se efectuó). Uno de los agentes motorizados dijo que tenían que verificar antecedentes porque no sabían si “él era delincuente o no”.
Transcurrieron unos veinte minutos de discusión entre los funcionarios y el abogado, por cuanto éstos justificaban el operativo e insistían en revisar minuciosamente el bolso del defensor de derechos humanos.
El abogado accedió a entregar su cédula de ciudadanía y por órdenes del intendente Zamora, sus datos personales fueron anotados en una libreta, por parte de uno de los motorizados que no se identificó.
Tomaron nota del nombre, apellido, número de cédula y placas de la moto. Una vez realizado este procedimiento Zamora manifestó textualmente “con esos datos, es suficiente para nosotros”
En el transcurso de ese tiempo los policías recibieron una llamada de una persona que manifestó haber recibido una comunicación de la Defensoría del Pueblo, pidiendo -de parte del doctor Ancízar Salazar, un informe escrito del comportamiento del abogado, por cuanto el mismo “lo necesitaban para otras cosas”.
Una vez efectuada la verificación de antecedentes y anotación de los datos del abogado, le fue devuelto su documento de identidad y le exigieron exhibir los papeles de la motocicleta y su tarjeta profesional, además insistieron en que debía permitirles la requisa de su maletín; requerimientos a los que por constituir una arbitrariedad, Jaimes Marín se negó a acceder.
Finalmente los agentes decidieron poner fin a su actuación abusiva y justo en el momento en que el abogado se disponía a marchar del lugar, se percató que el patrullero Lizcano hizo señas a los motorizados indicando que debían seguirlo.
A las 10:00 a.m., el abogado estableció comunicación por avantel con el doctor Ancízar Salazar, quién sin haber escuchado previamente la versión del abogado, justificó el comportamiento de los agentes de policía, argumentando que el informe que le llegó es que él se había negado a colaborar con la requisa. Y que si existía alguna inconformidad presentaran la queja.
Ancízar Salazar, funcionario de la defensoría, en pasada oportunidad anunció que presentaría denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia contra la responsable del área de asistencia carcelaria y miembro de la junta directiva de la Fundación, Flor Múnera,
si no se retractaba de las afirmaciones que se realizaron en denuncias públicas y solicitudes a las autoridades, en las que se trasmitía información de los detenidos políticos relacionadas con su actitud en el marco de la huelga de hambre desarrollada en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Palogordo, en Girón Santander.
Una vez se inició la ejecución de este hecho, la Fundación se comunicó con la oficina de derechos humanos de la Policía Nacional de Bogotá, siendo atendidos por una funcionaria, quien manifestó que había informado de la situación a la Defensoría del Pueblo de Bucaramanga.
De igual forma, entabló contacto con el abogado y el agente Zamora, para finalmente justificar dicho procedimiento en las facultades en materia preventiva tiene la policía nacional y a la vez criticar la negativa del defensor Leonardo Jaimes Marín a aceptarlo.
El 2 de marzo de 2009 cuando los defensores de derechos humanos Jaimes Marín y José Rafael Figueroa, intervinieron legítimamente en la protección de las garantías y la restitución de los derechos fundamentales de los dirigentes campesinos miembros de la Federación Agro-minera del Sur de Bolívar Gabriel Henao Cortés, Narciso Veleño y Víctor Rafael Acuña Pérez detenidos arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional.
En esa oportunidad los abogados fueron abordados por el teniente Martínez G., quien les solicitó las tarjetas profesionales decomisándolas y manifestando que debían ir (junto con los líderes campesinos privados arbitrariamente de la libertad) a las instalaciones de la Sijin.
Este policial anotó en una libreta los datos de los dos abogados afirmando que presentaría una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura por obstruir el procedimiento.
Aadujo igualmente que ellos podían conducir a cualquier persona para verificar si posee o no orden de captura.
A lo anterior debe sumarse que el 3 de marzo de 2009, el abogado de la Fundación, en ejercicio de su labor acudió a las instalaciones de la Sijin con el objetivo de entrevistar al detenido Diomar Bárcenas Pérez, que había sido capturado ese día por su presunta pertenencia a una organización rebelde.
En el lugar se encontró con varios de los funcionarios que participaron en el suceso anterior; su tarjeta profesional fue retenida por varios minutos, siendo llevada a la parte interior de la Sijin sin que el doctor Leonardo Jaimes Marín supiera el propósito que se pretendía con esta actitud.
El 04 de marzo de 2009, antes de iniciar la audiencia de legalización de captura de Diomar Bárcenas Pérez, este le comentó al abogado Jaimes, que el día anterior, después de la visita, los miembros de la Sijin, habían expresado que “ese abogado es más guerrillero que los guerrilleros mismos”.
Posteriormente el funcionario de mayor rango afirmó: “sabemos que es abogado de la guerrilla”; e igualmente manifestó “ese abogado generó un desorden grande ayer”.
A la Fundación Comité de Solidaridad con los presos Políticos le preocupa altamente la sistematicidad con que las autoridades han venido hostigando a su abogado abogado defensor de derechos humanos.
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