viernes, mayo 08, 2015






Terrorismo made in USA
La gran mentira: los 26 aspectos del Estado Islámico que EU no quiere que sepa

En un período de diez años comprendido desde 1982 hasta 1992 unos 35.000 yihadistas procedentes de 43 países fueron reclutados para la yihad afgana en los campos de entrenamiento de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EU) en Pakistán. Más información.        

miércoles, mayo 06, 2015

Terrorismo de Estado
Desapariciones y amenazas de paramilitares en una zona altamente militarizada en Cauca
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 30 de abril, en el barrio Las Palmas, municipio de Guachene, cerca de las 10:30 de la noche, Yerson Adrian Vidal Laboa, de 19 años de edad, fue visto por última vez por amigos y familiares en inmediaciones a su lugar de residencia.

Desde ese momento no se tiene conocimiento ni indicio alguno sobre la suerte del joven, denunció Reddhfic. Al momento de su desaparición la víctima vestía un saco de color amarillo, un pantalón corto de color blanco y calzaba sandalias.

Vidal Laboa es integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, al igual que varios miembros de su familia. Yerson se ha destacado por impulsar la conformación de grupos juveniles es su municipio, siendo reconocido por su liderazgo e iniciativa.

El 6 de febrero de 2015, en la cabecera municipal de Caloto, barrio La Palma, aparecieron panfletos amenazantes del grupo narcoparamilitar autodenominado “águilas negras” en los que declararon una campaña de “limpieza social” y se señalaron con nombre propio a más de veinte pobladores de los municipios de Guachené y Caloto.

Varias personas cuyos nombres se encuentran en el panfleto, han sido objeto de atentados y la mayoría tuvo que desplazarse forzadamente para salvar sus vidas.

Ese mismo día, dos comuneros del Cabildo de Toéz, Gerardo Velasco Escué y Emiliano Silva Oteca, quienes se desempañaban como corteros de caña, fueron asesinados y sus cuerpos aparecieron con señales de tortura sobre la vía que de la vereda Alto El Palo conduce a Guachené. En el sepelio se presentaron hostigamientos contra los familiares.

Los anteriores sucesos se han venido presentando en zonas altamente militarizadas y no se explica cómo los escuadrones de la muerte continúan su orgía de sangre sin que la Fuerza Publica intervenga.


Terrorismo de Estado
Militares destruyen sembrados y agreden a comunidades en Toribío, Cauca
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 24 de abril unos 20 militares bajo el mando del mayor Leguizamón, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo del Ejército, arribaron a una finca en el resguardo Tacueyó, municipio Toribío, Cauca.

Ante la presencia castrense unas 25 personas, entre mujeres, niños y ancianos y hombres, que se encontraban desarrollando sus labores agrícolas, abordaron a los intrusos para saber cuáles eran sus intenciones, denunció la red de derechos humanos Reddhfic.

Los agentes del régimen adujeron que venían con la orden de erradicar los cultivos de marihuana que hay allí, porque eran de la guerrilla.

Los pobladores les explicaron a los uniformados que se ven forzados a tener esos cultivos ilícitos porque son su única fuente de sustento y el de sus familias ante el abandono del Estado, que solo hace presencia en la zona con militarización y represión pero sin inversión social.

Los militares acusaron a las personas allí presentes y a los pobladores de la zona de ser guerrilleros, mientras pisoteaban y dañaban un cultivo de cebolla.

Los habitantes les reclamaron a los invasores por el abuso y los instaron a que pagaran por los daños económicos causados. Los soldados intentaron retirarse del predio haciendo caso omiso del pago por el daño en bien ajeno.

Ante la intención de huida de los soldados y la acción de la comunidad para impedir que se fueran sin pagar, los primeros hicieron varios disparos y amenazaron a los civiles. Uno de los agresores golpeó a una mujer causándole lesiones en varias partes del cuerpo.

Otro soldado intentó dispararle a un comunero a quien le dijo que no le importaba si tenía que pagarlo. Familiares de la víctima intervienen mientras otras personas comenzaron a grabar con sus celulares la agresión, ante los cuál los agentes represores cesaron los abusos.

Sin embargo solo le pagaron a la dueña del sembrado de cebolla la suma de 200 mil pesos, cuando el monto de los daños fue superior a los 600 mil pesos.


martes, mayo 05, 2015

San José de Apartadó
Detenciones arbitrarias, ataques de la Fuerza Pública y envenenamiento con glifosato denuncian las comunidades
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Comité para los Derechos Humanos de San José de Apartadó denunció que el pasado 3 de mayo en horas de la mañana, en la vereda La Hoz, jurisdicción del corregimiento de San José, fueron detenidos injustificadamente cuatro campesinos por la Policía Nacional.

Los campesinos se quejan de los malos tratos por parte del Ejército y de la Policía, a quienes también acusan de permitir el terror paramilitar en la zona.

Del mismo modo denuncian el envenenamiento de las personas, los cultivos de pancoger, las zonas hídricas y del medio ambiente en general, por las fumigaciones aéreas con glifosato en las veredas La Hoz, Rodoxali, Resbalosa, El Porvenir, La Esperanza y Naim, realizadas desde el 27 de abril anterior.

Igualmente denunciaron el desplazamiento forzado de personas de la vereda La Esperanza debido a los continuos atropellos y violaciones de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública y amenazas paramilitares.

“Hemos conocido por los diferentes medios de comunicación que altos mandos de la fuerza pública mencionan el reclutamiento de menores para la guerra. Aunque no tenemos información certera o veraz de estos hechos, rechazamos categórica y públicamente cualquier forma en que es involucrada la población civil en el conflicto”, dice un aparte de la denuncia.

Así mismo las comunidades rechazaron las jornadas cívico-militares, las acciones de soldados por un día, las acciones de guerra contra la población civil ejercidas por los diferentes grupos armados legales o ilegales.

Finalmente la población urabaense rechazó enfáticamente las declaraciones del pasado 7 de marzo de altos mandos de la Brigada 17 del Ejército contra líderes defensores de derechos humanos.

“Creemos completamente malintencionadas las declaraciones de la Fuerza Pública en las que faltan a la verdad y exigimos el respeto al buen nombre de los líderes y lideresas de San José”, expresa finalmente la organización campesina.

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Empresa de flores se niega a negociar con el sindicato
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Organización Nacional de Obreros Trabajadores de la Floricultura Colombiana, Onof, denunció el acoso al que se han visto sometidos los trabajadores de la empresa Jardines de los Andes.

Según la denuncia conocida por Notimundo, desde el mismo momento en que la empresa supo de la creación del sindicato, no ha ahorrado gestiones para amedrentar a los trabajadores amenazándolos de que el sindicato era ilegal.

Algunos mandos medios han hecho circular la calumnia de que el sindicato quiere acabar la empresa. Los trabajadores se defienden argumentando que ese no es el objetivo de la organización y que por el contrario se debe proteger el derecho al trabajo en condiciones dignas para todos los trabajadores y sus familias.

La represión y los abusos han llegado al límite de decomisar los periódicos, documentos, boletines y demás medios informativos del sindicato.

La empresa ha utilizado a trabajadores traicioneros  como Pedro Morales y Julio Romero –dice la denuncia- para hacer propaganda negativa del sindicato y su dirigencia, inventar calumnias, como de que la organización obrera se dispone a realizar un paro, lo cual es falso.

Los trabajadores organizados sostienen que los administradores y dueños de la empresa vociferan que por el hecho de existir un “pacto colectivo”, no reconocer el pliego de peticiones y por el contrario proceden a insultar y agredir a los sindicalisados.


domingo, mayo 03, 2015

Parauribismo
Revés para los Uribe Vélez en su estrategia de atacar a testigos en su contra por paramilitarismo
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El cabecilla paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias "alberto guerrero", ha acusado en varias ocasiones a los presuntos paramilitares Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago, de ser los creadores de las bandas paramilitares "los doce apóstoles" y "bloque metro", con los cuales se cometieron múltiples crímenes.

Una de las tácticas de los Uribe Vélez es acusar a los testigos en su contra de injuria y calumnia para posiblemente evadir el peso de la ley. Fue así como los Uribe denunciaron ante la justicia al testigo "alberto guerrero" por calumnia.

Sin embargo la semana pasada el juzgado primero penal municipal de Itagüí, Antioquia, absolvió al testigo paramilitar de los delitos de los que lo acusan los Uribe Vélez. Los abogados de Uribe apelarán el fallo.

Parauribismo
Corte ordena investigar al presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe por las acciones criminales desde el DAS
Por Camilo Raigozo. Notimundo

En el mismo fallo de condena contra los secuaces de Uribe, Bernardo Moreno y Maria del Pilar Hurtado, a 8 y 14 años de cárcel respecrivamente, por sus acciones criminales desde el DAS, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara investigue al presunto cabecilla paramilitar Alvaró  Uribe por su responsabilidad en tales acciones delincuenciales.

El alto tribunal expresó igualmente que otros presuntos delincuentes cómplices de Uribe también serán investigados por los mismos actos criminales como son José Obdulio Gaviria, Cesar Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo y Jorge Mario Eastman.

Hace apenas dos semanas otros tres bandidos del gobierno de Uribe fueron condenados por varios delitos destinados al beneficio de alias "chuzador de la casa de nari". 

Estos tres bandidos corresponden a los nombres de Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez, lo que demuestra una vez más que Uribe construyó un gran aparato criminal desde la "casa de nari".

Sin embargo, a pesar de las numerosas condenas contra altos funcionarios del gobierno Uribe, los procesos en su contra no avanzan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, más conocida como " Comisión de Absoluciones".

El senador Iván Cepeda, una de las víctimas de las actividades criminales desde la "casa de nari", señaló a Álvaro Uribe como máximo responsable y exigió que "debe responder ante la justicia por estos crímenes".


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