miércoles, noviembre 10, 2010

Catatumbo, Norte de Santander
Campesinos marchan hasta Cúcuta para exigir cumplimiento de los compromisos del gobierno
Por Dilo Comunicaciones

Más de 500 campesinos del Catatumbo marcharán este jueves 11 de noviembre en la ciudad de Cúcuta, como respuesta al abandono estatal y las retaliaciones del la fuerza pública en contra de de los pobladores de la región.

La movilización se inicará hacia las 9 de la mañana en la Calle 10 con avenida 8ª, y se planea concluir al medio día en la calle 13 con avenida 5ª, junto a la Gobernación de Norte de Santander.

Los labriegos demandan atención del gobierno central y el cumplimiento de las promesas hechas por las autoridades departamentales y nacionales, en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, con el Comité Permanente del Refugio Humanitario.

Hasta el momento, las auroidades han sido sordas al clamor de los campesinos y se teme el incremento de nuevos ataques de la fuerza pública, en contra de los civiles que defienden sus derechos y reclaman inversión social para mejorar sus condiciones de vida.

lunes, noviembre 08, 2010

Denuncian que el Ejército asesinó a niño de tres años en San Vicente del Caguán y amenazó a familiares
Por Camilo Raigozo

La Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive  denunció a Notimundo y a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, el asesinato por parte de tropas del Ejército Nacional del niño Geider Dionicio Mendoza Valencia, de tres años de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre a las seis de la mañana en la vereda La Punta, jurisdicción de San Vicente del Caguán.

Según la fuente, el viernes 5 de noviembre, en la finca La Morra de propiedad de Arnulfo Mendoza, ubicada en la vereda La Punta, San Vicente del Caguán, Caquetá, a eso de las seis de la mañana se desató un combate entre miembros de la Brigada Móvil 6 del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC, a unos 200 metros de la vivienda.

Según el testimonio dado a la fuente por Arnulfo Medoza, padre del niño y quién se encontraba con él en los momentos de los hechos, el intercambio de disparos duró cerca de 20 minutos hasta cuando los subversivos se internaron en una zona boscosa.

En ese momento un soldado abrió fuego directamente contra la vivienda causándole la muerte por impacto de bala al niño Geider Dionicio Mendoza Valencia, de tres años y nueve meses de edad.

Cuando el niño cayó muerto, el padre salió gritando de la habitación donde se encontraba refugiada toda la familia. Luego las tropas del Ejército cesaron los disparos y procedieron a rodear la vivienda.

Un soldado revisó los signos vitales del menor y aseguró que estaba muerto. Entonces el  Ejército hizo desalojar la casa a partir de las ocho de la mañana hasta que llegó el CTI. Después el cuerpo del niño fue trasladado por sus padres hasta la bodega de la vereda.

El órgano de investigación de la Fiscalía arribó a las dos de la tarde y solo hasta entonces permitieron que la familia pudiera entrar nuevamente a la casa. En ella, al momento del ataque se encontraban los padres del menor, dos adultos mayores abuelos del niño, uno en situación de discapacidad y un hermano del mismo de nueve años, los cuales por fortuna salieron ilesos.

Al sitio del crimen, tropas del Ejército arribaron en compañía de un hombre llamado Aristo Rodríguez, quién afirmó ser el personero de Cartagena del Chaira, el cual asistió a las diligencias de inspección al lugar y al levantamiento del cadáver.

Para la comunidad no es entendible la presencia de este funcionario público en el lugar, dado que no tiene jurisdicción en esa zona.

De igual manera la Corporación Caguán Vive denunció que soldados de la Brigada Móvil 6 adscrita al Comando Especifico del Caguán, que se quedaron en el área del caserío de la vereda La Punta, amenazaron a los jóvenes Luis Ángel Guzmán y a Leonel Mendoza, primo y tío del niño asesinado.

Según la denuncia, un grupo de soldados les dijo que si seguían quejándose del asesinato del menor, ellos después los iban a coger solos y arreglaban cuentas.

La Corporación Caguán Vive se quejó de que los medios de comunicación masivos han manipulado el testimonio del padre de Geider Dionicio, “intentado disfrazar la responsabilidad de la Fuerza Pública en el hecho”.

Por tal razón tanto la ONG defensora de derechos humanos, como las comunidades, solicitaron a los entes de control del Estado y a los organismos internacionales y nacionales que trabajan en el tema de derechos humanos que verifiquen el desarrollo de la investigación de este hecho, para que se garanticé justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición.

Este lunes 8 de noviembre más de 500 campesinos marcharon en Florencia, Caquetá, acompañando los honras fúnebres de Geider Dionicio y pidieron a la Fuerza Pública respetar los derechos humanos de los caqueteños.

Las comunidades de San Vicente del Caguán, se encuentran se encuentran permanentemente en alto riesgo debido a las consecuencias del conflicto armado que vive el país.

Por último exigieron a los miembros de las fuerzas militares que respeten los bienes, integridad, honra y cesen los amedrentamientos y constreñimientos contra las comunidades.

Teorama y Civención, Norte de Santander
Esmad arremete violentamente contra jornadas pacíficas campesinas
Las agreciones han dejado al menos ocho personas heridas de gravedad y varias detenciones arbitrarias
Por Comité Permanente de Refugio Humanitario en la Región del Catatumbo

Desde el pasado 04 de noviembre de 2010, con la presencia de más de cien campesinos,  fueron tomadas pacíficamente las Alcaldias de Teorama, Convenciòn,  y El Tarra,    con el objetivo de que el Gobierno Nacional,  Departamental y Municipal cumpla con los compromisos adquiridos en la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), y además,  brinde soluciones efectivas a la grave crisis humanitaria que azota a la región del Catatumbo.

Simultáneamente,  en la ciudad de Cúcuta,  desde el 03 de noviembre hacen presencia ochenta campesinos,   a fin de que la Comisión Política del Comité Permanente de Refugio Humanitario  -proceso que impulsa y hace veeduría a las MIA- interlocute con el Gobernador del Norte de Santander y encuentre salidas concertadas a los incumplimientos y la crisis del campesinado.

Con el ingreso de los campesinos y las campesinas a  las instalaciones municipales, se informó a cada uno de los Alcaldes y a sus equipos de trabajo de los propósitos de dicha manifestación, haciendo especial énfasis en su carácter pacífico, de otro lado, se solicitó la presencia de los personeros municipales  para que fueran veedores y garantes de las jornadas, en igual sentido, se comunicó a la Defensoría Regional y Provincial.

Tras tres días de pacífico asentamiento, el día de ayer – 07 de Noviembre de 2010- entre las 4:30 a.m. y las 5:00 a.m. el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en una operación conjunta con la Sijin,  irrumpió violentamente a las instalaciones de las Alcaldías de Teorama  y Convención, desalojando a los campesinos que allí se albergaban,  y propiciando graves violaciones a sus derechos fundamentales.

Con el ingreso del Esmad a la Alcaldía de Teorama fueron agredidos  ocho campesinos, de los cuales dos recibieron heridas de gravedad,  representadas en fracturas en la clavícula, fémur y lesiones en la cabeza, por lo que fueron traslados de urgencia al municipio de Ocaña, los demás heridos reportan lesiones en sus brazos propiciadas por elementos cortopunzantes y  hasta el momento, no han recibido asistencia médica alguna.

Previo a la remisión de algunos de los heridos a Ocaña, las ocho personas lesionadas junto con dos de los líderes de la jornada pacífica, fueron detenidos. Es de resaltar,  que uno de ellos fue esposado por el teniente coronel Antonio Vitoria quien le manifestó de manera grotesca su complacencia por su retención,-

posteriormente,  procedieron a aislarlo de los demás retenidos, llevándolo  hacia una calle oscura en la que le amenazaron de muerte, no obstante,  gracias a la intervención de la comunidad fue llevado a la Estación de Policía,  allí fueron filmados, fotografiados y obligados a firmar un documento en el que reconocían su pertenencia a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), y hacia el medio día recuperaron su libertad.

En similar sentido, el desalojo en Convención dejó diecisiete  heridos, uno de gravedad que fue remitido a la ciudad de Cúcuta con serias lesiones en una de sus manos;  de otro lado, a medida que iba siendo  evacuada la Alcaldía,  los campesinos debían aglomerarse junto a la iglesia para ser filmados y fotografiados-

con nueve cámaras portadas por miembros de la Sijin, quienes, además, sacaron arbitrariamente de la multitud  a ocho  líderes de la manifestación, los trasladaron  hasta Ocaña, y los pusieron a disposición de la Fiscalía Seccional de este mismo municipio, la cual al poco tiempo de tenerlos bajo su custodia los puso en libertad.

Además del brutal desalojo del Esmad,  que trajo consigo más de veinte campesinos heridos y detenciones arbitrarias, fueron hurtados por los mismos  miembros de este escuadrón las donaciones en dinero hechas por el campesinado del Catatumbo,-

cuya cifra asciende a los cuatro millones de pesos, cámaras fotográficas y algunos enseres, asimismo,  propiciaron los daños a las instalaciones de las Alcaldías que hasta antes de su ingreso se conservaban en el mismo estado en el que fueron recibidas por los funcionarios que allí laboran.

Como consecuencia de lo anterior, los campesinos asentados en Convención y Teorama se han desplazado a diferentes puntos de estos municipios sin haber recibido alguna ayuda de carácter institucional pues sus pertenencias, vestuario y reservas alimenticias debieron ser abandonadas para salvaguardarse de la irrupción.

Por los anteriores hechos el Comité Permanente de Refugio Humanitario exige:

Al Gobierno Nacional:

Convocar  inmediatamente a una reunión de alto nivel en la que participen las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, así como el Comité Permanente de Refugio Humanitario,  con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos hechos en el marco de las Mesas de Interlocución y Acuerdo (MIA) y   construir concertadamente soluciones a la crisis humanitaria que afronta la región del Catatumbo.

A las Autoridades del orden departamental y municipal:

Exhortar al Gobierno Nacional para que se propicie una reunión de alto nivel en la que participen las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, así como el Comité Permanente de Refugio Humanitario,  con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos hechos en el marco de las Mesas de Interlocución y Acuerdo (MIA) y   construir concertadamente soluciones a la crisis humanitaria que afronta la región del Catatumbo.

Hacer inmediata presencia en los asentamientos campesinos a fin de garantizar su derecho a la protesta y brindar la atención que corresponda para su pleno ejercicio.

A la Policía Nacional – Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad):

Su retiro inmediato  de las jornadas de protesta campesina, el respeto por la vida y la integridad de sus participantes,   y la devolución de los bienes hurtados a la comunidad en el desalojo hecho en las Alcaldías de Teorama y Convención el domingo 07 de noviembre del año en curso.

A los entes de investigación penal y disciplinario:

Iniciar las investigaciones correspondientes a fin de individualizar y sancionar a los miembros del ESMAD y de la SIJIN que se extralimitaron en el uso de la fuerza y de sus funciones, lo cual conllevó a las lesiones a la integridad física de  veinticinco campesinos y a la  detención arbitraria de dieciocho.

A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos:

Solidarizarse con el pueblo catatumbero y exigir del Gobierno Colombiano así como de su fuerza pública y policial el respeto y las garantías para ejercer su derecho a la asociación, a la libertad de expresión y a la protesta; así como, el cumplimiento a los acuerdos hechos en el marco de las Mesas de Interlocución y Acuerdo (MIA) y la construcción concertada de soluciones a la crisis humanitaria que afronta esta región.

San José de Cúcuta, noviembre 8 de 2010

La Fiscalía está actuando por fuera de la ley al retener el cuerpo del ‘Mono Jojoy’
Por Camilo Raigozo

Así lo expresó el abogado Rodolfo Ríos Lozano, apoderado de los familiares que reclaman el cuerpo del extinto líder guerrillero.

También afirmó en entrevista con Notimundo el pasado 4 de noviembre, que estos han sido víctimas de hostigamientos y seguimientos por parte de agentes de inteligencia.

Notimundo: Doctor Ríos, como apoderado de los familiares que reclaman el cuerpo del comandante de las FARC, ‘Jorge Briceño’, cuál es su opinión acerca de la demora por parte de la Fiscalía para acceder a la entrega?

Rodolfo Ríos Lozano: La Fiscalía en principio puso trabas por cuanto no se establecía la plena identidad de consanguinidad entre los familiares que lo reclaman y el cuerpo de Jorge Briceño. Pero el último concepto de Medicina Legal es que hay un vínculo familiar consanguíneo del 99. 96 por ciento.

Ahora la Fiscalía exige para la entrega del cuerpo que este sea enterrado en Bogotá, lo que es contrario a la voluntad de los familiares, quienes desean hacerle las honras fúnebres y depositar los restos en el cementerio del municipio de Cabrera, Cundinamarca, de donde son originarios.

N: Esa exigencia de la Fiscalía es legal dentro del Derecho Internacional Humanitario y dentro de la legislación colombiana?

RRL: Yo creo que la Fiscalía en este caso está cometiendo abuso de autoridad y esa conducta puede estar tipificada en delito de prevaricato por cuanto está actuando por fuera de la ley.

No existe en el Código Penal o Procedimiento Penal colombiano o del Derecho Internacional Humanitario, alguna norma mediante la cual se pueda prohibir las entregas de los despojos mortales de las personas que mueren víctimas del conflicto interno a sus familiares.

Por el contrario, el DIH y los Tratados y Protocolos I y II de Ginebra exigen a los Estados miembros, que los cuerpos de las personas muertas en una confrontación militar deben ser entregados a sus familiares sin poner ningún tipo de restricción.

La situación que se está presentando en Colombia es muy particular dada la actuación que asumen los organismos de seguridad del Estado. En este caso la Fiscalía está totalmente equivocada, pues es su obligación entregar el cuerpo a sus familiares sin ninguna clase de restricción.

N: ¿Usted ha tenido problemas en su seguridad por adelantar este caso jurídico?

RRL: En estos momentos no hemos sentido ningún tipo de amenazas, seguimientos u hostigamientos por parte de alguien. Pero seguramente  habrá repercusiones dada la naturaleza del caso y de la situación de que se trata de un comandante de las FARC.

Pero como dicen sus familiares: estamos reclamando el cuerpo no del comandante y líder guerrillero, estamos reclamando el cuerpo de un tío y de un hermano.

N: ¿Se ha visto afectada la seguridad de las personas que están reclamando el cuerpo de Briceño?

RRL: Ellos me han manifestado que sienten temor por reclamar el cuerpo de Jorge Briceño, por cuanto han sido objeto de hostigamientos en el municipio de Cabrera por parte de la Fuerza Pública. Han estado rondando sus viviendas, sus movimientos.

Al parecer organismos de inteligencia han estado muy pendientes de los pasos que ellos dan. Sin embargo han expresado la mejor voluntad de reclamar el cuerpo de Jorge Briceño.

N: ¿Cual es la posición de los familiares respecto a la actuación de la Fiscalía?

RRL: La familia no va a permitir que el cuerpo sea sepultado en Bogotá. Ellos exigen que los restos puedan ser llevados al municipio de Cabrera donde se encuentran sus demás familiares. Siendo apoderado de estas personas, le exigimos al Gobierno Nacional que ofrezca las garantías necesarias para la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de las mismas.

N: ¿Cual es el paso a seguir en el caso de que la Fiscalía se niegue rotundamente a entregar el cuerpo?

RRL: La Fiscalía está cometiendo abuso de autoridad y posiblemente en una conducta de prevaricato. Los familiares de Jorge Briceño y su apoderado van a insistir en que el cuerpo debe ser entregado para ser enterrado en Cabrera.

En principio acudiremos ante un juez de Control de Garantías, por cuanto estamos frente a un sistema penal acusatorio. Por último acudiremos a una Acción de Tutela, que sería otro mecanismo para exigir la entrega del cuerpo.

Sin embargo la Fiscalía debe reconsiderar su actuación por cuanto está violando la legislación colombiana y los tratados internacionales.

Colombia ha suscrito mediante tratados internacionales el llamado Bloque de Constitucionalidad y ningún funcionario judicial puede violar estas normas internacionales como son los Protocolos Adicionales I y II de Ginebra que habla sobre la entrega de los cadáveres de combatientes a sus familiares.

N: ¿Puede ser una retaliación por parte de organismos del Estado la demora de la entrega del cuerpo del líder guerrillero?

RRL: Yo diría que en parte sí, porque la demora en los exámenes de ADN de Medicina Legal, los demoró la Fiscalía. Ahora la entrega la está dilatando la Fiscalía.

Yo no responsabilizo a Medicina Legal, pero sí a la Fiscalía de querer dilatar la entrega del cuerpo de Jorge Briceño, perjudicando de esta forma a la familia y especialmente a la administración de justicia en Colombia, por cuanto esta debe ser imparcial y en este caso la justicia está siendo extremadamente sesgada.


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