sábado, noviembre 22, 2008

Amenazados periodistas en Socorro, Santander
Por Fundación para la Libertad de Prensa

Dos periodistas fueron amenazados en los últimos días en el municipio de Socorro, Santander, al nororiente del país. Se trata de la comunicadora Jazmín Romero, del diario ‘Vanguardia Liberal’, y Mario Ruiz, del canal local de televisión ‘Pase TV’.

Los amenazas contra Romero se presentaron el pasado jueves 13 de noviembre cuando recibió en su celular la llamada de un desconocido que le dijo: “Llevamos un año diciéndole (…) Le damos ocho días para que se vaya (de Socorro), tenemos ubicada a su familia. ¿Quiere mucho a su hija? La tenemos ubicada en su colegio”.

Al día siguiente la situación se repitió. La periodista recibió la misma llamada, esta vez de otro sujeto. En la comunicación le reiteraban las amenazas de muerte y le señalaban que le quedaban siete días para salir de la ciudad.

No es la primera vez que Jazmín Romero es amenazada. En octubre de 2007, en pleno periodo electoral, recibió varias intimidaciones que la obligaron a salir del municipio por un tiempo. Al parecer, estos nuevos hechos no se relacionan con ese episodio.

En esta oportunidad, las amenazas podrían haberse ocasionado por algunas indagaciones que hizo la periodista para obtener las versiones libres de un paramilitar desmovilizado que habría implicado a personas de la región en hechos delictivos.

Las directivas de ‘Vanguardia Liberal’ se mostraron muy preocupadas por la situación de la periodista, quien debió salir del municipio de Socorro.

Por otro lado, el periodista Mario Ruiz también recibió amenazas de muerte luego de dirigir un foro que promovía la veeduría de los medios de comunicación locales frente la licitación que la Alcaldía de Socorro abrió para realizar la liquidación de la empresa de acueducto del municipio.


La primera intimidación que recibió el reportero fue vía telefónica, el pasado cuatro de octubre. Le dijeron “Mario, H.P., déjenos trabajar”, y le advirtieron que su vida corría peligro.

Posteriormente, sobre las paredes del exterior de su residencia aparecieron mensajes intimidatorios en similares términos a los de la llamada.

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jueves, noviembre 20, 2008

En Bogotá miles de indígenas de toda Colombia
Por Rafael Calcines. Prensa Latina

La gran minga transita frente al Centro Administrativo Distrital rumbo a la Universidad Nacional. Foto Notimundo

Bogotá, 20 nov (PL) Alrededor de 20 mil indígenas de comunidades de toda Colombia llegaron hoy a esta capital tras una larga marcha de más de 500 kilómetros que partió hace 10 días del departamento de Cauca.

Los manifestantes entraron por el sur a Bogotá y tras recorrer buena parte de la importante Carrera 30 terminaron su caminata en los predios de la universidad nacional, que les servirá de albergue hasta el próximo domingo.

Ese centro de estudios superiores suspendió las clases durante cuatro días, para facilitar el alojamiento de los miles de indígenas, cuya estancia ha sido garantizada por las autoridades capitalinas.

Durante su permanencia en Bogotá los aborígenes preven concentrarse mañana en la céntrica Plaza de Bolívar, así como exponer a representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad colombiana sus reclamos.

También esperan tener un encuentro con el presidente Alvaro Uribe, para buscar soluciones a sus demandas.

Ellos exigen la entrega de tierras establecida en la Constitución de 1991, el respeto a los derechos humanos y una política clara de inclusión social para esa minoría olvidada por un gobierno tras otro.

Asimismo plantean la firma por Colombia de la Declaración de los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas, promovida por la ONU.

También han expresado su rechazo legislaciones enfocadas hacia el agro y al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por considerarlos perjudiciales para el desarrollo y la supervivencia de esas comunidades.

Este jueves se cumplen 40 días del inicio de la minga, movilización de resistencia indígena y popular con carácter nacional que se ha convertido en uno de los movimientos más importantes de ese sector de la población colombiana en muchos años.

En un comunicado, el Partido Comunista Colombiano calificó la minga de “la más vigorosa manifestación actual del repudio nacional a la firma del TLC con Estados Unidos y de defensa de la naturaleza”.

Asimismo el Polo Democrático Alternativo, principal fuerza de oposición, llamó a todos sus seguidores a brindar su respaldo y reconocimiento a los justos reclamos de los pueblos aborígenes.


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miércoles, noviembre 19, 2008

Falsos positivos
Por Pablo Sandino

Bogotá, Ciudad Bolívar y Soacha
sangre joven ha sido derramada
sobre los campos de esta patria amada
el verdugo, criminal, blandió su hacha.

Águilas negras, con su vil destreza
los polluelos cazaron en sus nidos
a otras tierras, con ellos han partido
dejando en sus hogares la tristeza.

A vencer la pobreza en los caminos
de una digna labor, ellos marcharon
queriendo regresar al domo vivos.

Mas fueron tinta de “falsos positivos”
que de “ muertos en combate”
reportaron
al comando general, los asesinos.

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Otro profesor víctima del régimen
Por Camilo Raigozo

Continúa la implacable persecución del régimen narco-paramilitar contra estudiantes y profesores en el territorio colombiano.

Este miércoles el DAS detuvo a Jaime Alberto Pineda Muñoz, catedrático de las universidades Nacional y de Caldas en la ciudad de Manizales al que acusa de ser ideólogo de las Farc.

El régimen de terror que gobierna al país, acusa al docente de adoctrinar a los estudiantes y de tener vínculos con el Bloque Jacobo Arenas de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, Farc- EP.

Los agentes del Estado detuvieron al catedrático en Manizales por orden del fiscal 12 antiterrorismo de Bogotá y fue trasladado a esta capital donde continuará sometido al proceso.


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lunes, noviembre 17, 2008

Comunidad universitaria sometida a absurda inquisición
Requerimiento de bases de datos de varias universidades por la Fiscalía vulnera derechos fundamentales de estudiantes y profesores
Por Comisión Colombiana de Juristas

El 10 de noviembre de 2008 se conoció la decisión del fiscal Jorge Iván Piedrahita Montoya, perteneciente a la unidad antiterrorista de la Fiscalía General de la Nación, de ordenar a la Policía Judicial -Dijín- realizar "inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital,

Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992, a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la Ley". En el requerimiento a las universidades se solicita “copia en medio magnético de la base de datos de la planta estudiantil y docente desde el año 1992 a la fecha 2008”.

Esta medida atenta contra los derechos fundamentales de los estudiantes, egresados y profesores de las Universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Nacional y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En particular se afecta el derecho a la intimidad y a la protección de la información personal (derecho de hábeas data) de la comunidad universitaria al realizar una acción desproporcionada e inconducente.

Según estimaciones del viceministro de educación superior, las bases de datos solicitadas contienen información de por lo menos 1.450.000 personas, por lo cual no es legítimo ni razonable vulnerar sus derechos para buscar información de 55 personas que investiga la Fiscalía porque sus nombres aparecen en el computador de un guerrillero.

La solicitud masiva de datos sobre toda una comunidad académica y científica transgrede además los principios de presunción de inocencia, el buen nombre y la buena fe, al señalar indiscriminadamente a un enorme grupo de personas como sospechosas de cometer delitos.

Adicionalmente, esta acción vulnera la autonomía universitaria, al estigmatizar y señalar de forma irresponsable y abusiva a importantes centros académicos de educación superior.

Estos señalamientos aumentan el riesgo de la comunidad académica de sufrir amenazas y hechos de violencia por parte de actores armados, por cuanto las universidades han sufrido atentados execrables que han tenido como fundamento estigmatizaciones menos graves que las que actualmente realiza la Fiscalía.

La información de estudiantes y profesores es recogida y almacenada con fines exclusivamente académicos y laborales, razón por la cual un fiscal no puede solicitarla de forma masiva, con fines indeterminados y sin especificar las motivaciones sobre casos concretos de investigaciones penales.

Por estas razones, la orden del fiscal constituye una actuación violatoria de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.

La Comisión Colombiana de Juristas solicita al fiscal del caso que corrija esta irregularidad y al Fiscal General de la Nación que se inicien las investigaciones disciplinarias y administrativas para aclarar esta situación.

En el mismo sentido hace un llamado para que en las investigaciones penales que se desarrollan por supuestas infiltraciones de la guerrilla en las universidades se respeten los derechos fundamentales y la autonomía universitaria, y no se realicen acciones de estigmatización contra las comunidades académicas.

Aplaudimos la reacción de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los rectores de las universidades, quienes acertadamente se han opuesto a esta abusiva orden del fiscal encargado del caso y los alentamos a continuar protegiendo la Universidad ante los ataques injustificados y arbitrarios que ha sufrido.

Hacemos un llamado a los organismos internacionales, tales como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator de Naciones Unidas sobre el terrorismo, para que avoquen el conocimiento de esta inusitada violación de derechos fundamentales.

Mayor información: Ana María Sánchez. 3768200 ext 115


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