Comunidades de la localodad de Suaba se movilizarán el próximo 12 de octubre
sábado, octubre 08, 2011
viernes, octubre 07, 2011
Comunicado de los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Nacional en el que desmienten a las directivasEl día de hoy la Rectoría expide la Resolución 1218 de 2011 con Fecha 6 de Octubre dirigida a los estudiantes de la carrera de medicina que se encuentran en Asamblea Permanente. En dicha resolución se nos comunica la decisión de invalidar las materias que componen el Programa Curricular de todos los semestres de la carrera.
Como Asamblea de Estudiantes de la Carrera de Medicina lamentamos profundamente que esta situación se haya dado y rechazamos de manera enérgica las declaraciones hechas por las Directivas de la Universidad en donde se nos acusa de ser los culpables de la pérdida del semestre.
Recordamos que nosotros hemos estado durante tres meses buscando y proponiendo soluciones para resolver los problemas por los cuales estamos en asamblea y, pese a esto, la lentitud en el desarrollo y solución de los procesos por parte de las Directivas fue lo que hizo que los estudiantes siguiéramos en asamblea y llegáramos a esta situación. Recordamos que dentro de nuestros objetivos nunca estuvo la cancelación o invalidez de las materias.
Por lo tanto, declaramos que la invalidez de materias se da como consecuencia de la lentitud, falta de compromiso, minimalización del problema y negligencia propia de la burocracia universitaria y limitaciones impuestas por el Estado para resolver nuestra actual crisis de la mejor manera.
Aclaramos también, que la ayuda ofrecida por la Señora Alcaldesa Clara López Obregón fue resultado únicamente del proceso activo que realizó la Asamblea, al igual que el lograr retomar la problemática de Hospital Universitario.
Entendemos que por ser estudiantes de una Universidad Pública tenemos una gran responsabilidad con la sociedad colombiana, por este motivo queremos manifestarles a ustedes la realidad de la situación:
Iniciamos este movimiento exigiendo una mejor calidad académica en las prácticas clínicas que se venían deteriorando desde hace doce años por falta de políticas claras, reales y concisas, por parte de las Directivas de la Facultad y Universidad para la realización y construcción de un Hospital Universitario , fue y es nuestro deber ético buscar trascender la limitaciones intrínsecas de nuestra situación actual para darle al país excelentes profesionales del área de la salud.
Finalmente, Recordamos que pese a la circunstancias nuestro objetivo es el Hospital Universitario Propio y para la Nación y que seguiremos trabajando hasta su consecución contando con el apoyo expresado por la Academia Colombiana de Medicina, Anir, Aexmun, Acome, Mane, padres de familia, algunos profesores de la carrera y del estudiantado en su conjunto. Pedimos el apoyo de la sociedad colombiana.
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Sindicatos del Sena rechazan acusaciones del presidente Juan Manuel SantosEl Presidente Santos continúa la política de señalamientos del Presidente Uribe y de Darío Montoya contra los Sindicatos (Elespectador.com, noticias políticas, 06.10.2011), para soslayar graves situaciones que se presentan en el Sena y sus verdaderas intenciones sobre la entidad.
Sindesena y Sintrasena efectivamente han formulado denuncias políticas por la intención de privatizar la institución, por la abierta violación a los derechos de los trabajadores y por la existencia de una planta paralela de aproximadamente 20.000 Contratistas,-
con lo que se desconoce la sentencia C-614 de 2009, la ley 1429 de Formalización y Generación de Empleo y su propio Plan Nacional de Desarrollo, ley 1450 de 2011. Igualmente, sobre los manejos que el actual gobierno pretende dar al presupuesto nacional desviando el 90% de las rentas del Sena a la financiación de Educación Superior.
Además, Sindesena y Sintrasena han denunciado políticamente, la destinación de recursos del Sena a la financiación de la parapolítica.
Cumpliendo el deber que la constitución nos impone, de “participar en la vida política, cívica y comunitaria del país” (num.5, artículo 95 C.N.), desde 1993 Sindesena y Sintrasena habían optado por una de las más exigentes formas de participación dispuestas por la Carta Magna (art. 103 C.N.), la Iniciativa Legislativa Popular, para derogar el privatizador Decreto 2149/92.
Desde entonces, elevamos memoriales al Congreso en tres nuevas oportunidades, cada una de ellas acompañados por más de un millón de firmas. Y de nuevo para cumplir tal deber y ganar en el ejercicio de sus derechos, la comunidad del Sena con el apoyo de los vallecaucanos logró una curul en el Congreso de la República para el Representante Wilson Arias, quien ha continuado con la defensa del Sena en lo legislativo y en el control político.
Una de tales reclamaciones, elevadas tanto en las aulas como en foros, audiencias públicas, en la plaza y ahora en el propio Congreso de la República, señala directamente al Presidente Santos por sus engaños e incumplimiento de sus promesas electorales.
Ya desde su campaña presidencial habíamos rechazado la puesta a disposición del Sena a los intereses del candidato Santos por su copartidario Darío Montoya, vergonzosa denuncia hecha pública por la doctora Noemí Sanín y ampliada por Sindesena sobre la promoción de otros candidatos de la U, como Camilo Montes al Senado.
Pero hoy nuestra denuncia tiene que ver con la pretensión de convertir al Sena en una Institución de Educación Superior (P.L. 030/2011), o volverle apéndice de la Educación Técnica Formal (P.L. 054/2011), todo ello en detrimento de la atención a campesinos y trabajadores, su población objeto.
La posible derrota que se inflija al gobierno en el Congreso en ambos proyectos; las denuncias allí elevadas sobre convenios con firmas relacionadas con paramilitares (Fundapazcor y Coolechera), suscritos por su prosélito Darío Montoya;-
el hallazgo de que el Sena entregó más de 1.600 millones de pesos a la “Universidad Minuto de Dios”, hasta hace muy poco regentada por quien hoy dirige al Sena.
el control que se hace de su gestión y la noticia de que se aproxima “el destape de una olla podrida en el Sena”, podrían estar explicando la reacción del Presidente de la República, sus acusaciones temerarias, sus “operaciones de propaganda” contra los Sindicatos del Sena, maniobras del tipo “JJ Rendón” que tanto rechazo han producido en el país y que ahora se proyectan contra una comunidad sindical.
Retamos democrática pero enfáticamente al Presidente de la República Juan Manuel Santos, a que formule ante los organismos de control sus denuncias. De lo contrario, le exigimos una pública e inmediata rectificación. Y le notificamos: continuaremos investigando y alertando sobre los graves hechos que se siguen sucediendo en la entidad. No nos callará.
Universidad del Tolima
Denuncian sabotajes y agresión a la comunidad universitaria con químicos
Por Aceu
La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Aceu y el Colectivo de Derechos Humanos “Camilo Alberto Zuluaga” denuncia y alerta a la opinión pública nacional, sobre las acciones vandálicas y de sabotaje ante los actuales procesos organizativos al interior de la UT, por medio de la agresión con químicos en contra de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad del Tolima en Ibagué.
El día de hoy en horas de la mañana un grupo de individuos con sus rostros cubiertos, pasaron por los Bloques 32 y 33 de la universidad rociando en los pisos el compuesto químico conocido como formol; lo que puso en peligro la salud de estudiantes y profesores que se encontraban en clase, además de los trabajadores de la universidad que estaban realizando sus labores diarias.
Las directivas de la universidad procedieron de una manera inadecuada al ordenar a las empleadas del bloque limpiar esto con agua y otro líquido, lo que causo una reacción química más fuerte que aumento sus efectos lesivos.
Varios estudiantes y profesores se vieron afectados por el químico mientras que tres funcionaros resultaron seriamente afectados.
La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Aceu y el Colectivo de Derechos Humanos “Camilo Alberto Zuluaga”, denuncian estas acciones que ponen en riesgo la salud de la comunidad universitaria, y alerta la clara intención de sabotaje contra los procesos organizativos llevados al interior de la universidad;-
en rechazo a la intención del gobierno nacional de reformar la ley 30 de 1992, la exigencia del pago de la deuda histórica que la gobernación del Tolima ha tenido con la UT y el abandono económico en que la tiene sometida, además del inconformismo con las directivas universitarias.
Exigimos:
1. El respeto a la vida y la integridad física de la comunidad universitaria.
2. El respeto total a las justas luchas del movimiento universitario.3. Las garantías necesarias para la protesta.
Igualmente hacemos responsable a las autoridades locales y nacionales por los señalamientos y provocaciones que han estado llevando a cabo contra los estudiantes, profesores y trabajadores que luchan por la educación como un derecho y no un servicio que se compra y se vende, al igual que todos los sucesos que se presenten de aquí en adelante contra algún miembro de la comunidad universitaria.
jueves, octubre 06, 2011
Estudiantes de la Universidad de Córdiba entran en paro para rechazar la privatización de la educación
Por FEU
El día de hoy (5 de octubre de 2011) entraron en paro, las y los estudiantes de la Universidad de Córdoba, en rechazo a la reforma a la ley 30 radicada por el gobierno nacional el día lunes 3 de octubre, por supuesto esta forma de protesta está acompañada de campamentos, actividades artísticas, culturales y otras formas de expresión del estudiantado.
En el marco de esta jornada de protesta y hacia las 3:30 pm, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), derribando la puerta de la universidad, ingresó a la misma, agrediendo a los allí presentes con gases lacrimógenos, granadas de dispersión, balas de goma, entre otras armas usadas por este cuerpo policivo.
Debido a las desmedidas agresiones del Esmad, a la fecha hay un registro de 15 heridos, 1 de ellos de gravedad.
Exigimos:
Que se retiren inmediatamente los agentes del Esmad de los predios de la Universidad de Córdoba, cesando estas injustas arremetidas contrala comunidad universitaria.
Que se respeten los derechos de las y los estudiantes a la vida, la integridad física, a la asociación, la protesta y la movilización.
¿Qué es y qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Por Comisión Colombiana de Juristas
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte Interamericana) es un órgano judicial de la Organización de Estados Americanos –OEA- que tiene autonomía frente a los demás órganos de esta organización.
Tiene su sede en San José de Costa Rica y su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos internacionales.
La Corte Interamericana tiene competencia para conocer cualquier caso concerniente a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que los Estados partes a ese tratado hayan reconocido expresamente dicha competencia, por declaración especial.
Básicamente, conoce de los casos cuyas demandas hayan sido interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o un Estado, en que se alegue la violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención.
¿Qué es y qué hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C.
Tanto los Estados como los particulares pueden recurrir ante la CIDH para presentar casos de violaciones a los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana.
Asimismo, la CIDH otorga medidas cautelares a favor de personas que se encuentren en situación de peligro con el fin de que el Estado tome las medidas pertinentes y necesarias para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos, y en caso de considerarlo necesario, puede dirigirse a la Corte Interamericana para que esta a su vez, otorgue medidas provisionales.
Sobre la Comisión Colombiana de Juristas
La Comisión Colombiana de Juristas es una organización no gubernamental con estatus consultivo reconocido por las Naciones Unidas, cuyo objetivo de su trabajo es la defensa y promoción de los derechos humanos en Colombia.
La CCJ es una organización pluralista, aconfesional, no vinculada a partidos políticos, con más de veintitrés años de trabajo ininterrumpido en Colombia que apoya la consolidación y el desarrollo democrático de la Constitución de 1991.
En desarrollo de esta labor, la Comisión Colombiana de Juristas representa a los familiares del caso 19 comerciantes.
Los familiares del caso 19 comerciantes piden justicia y respeto a la memoria de las víctimasHoy se cumple otro año más de la masacre de 19 comerciantes. 24 años después del horrendo crimen, el caso sigue en la impunidad, los familiares siguen sin conocer la verdad y las autoridades nacionales no han cumplido a cabalidad-
lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su sentencia de 5 de julio de 2004 declaró responsable internacionalmente al Estado colombiano por la masacre de los 19 comerciantes.
A principio del mes de octubre de 1987, Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Javier Rodríguez Quintero, Israel Pundor Quintero, Ángel María Barrera Sánchez, Antonio Flórez Contreras, Víctor Manuel Ayala Sánchez,-
Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortiz Sarmiento, Reinaldo Corzo Vargas, Luis Hernando Jáuregui Jaimes, Luis Domingo Sauza Suárez, Rubén Emilio Pineda Bedoya, Carlos Arturo Riatiga Carvajal, Juan Bautista,-
Alberto Gómez y Huber Pérez, partieron desde Cúcuta hacia Medellín trasportando mercancías para venderlas. En la tarde del 6 de octubre, en el caserío de Puerto Araujo (Santander), fueron requisados por militares.
Poco después fueron detenidos por miembros del grupo paramilitar de Puerto Boyacá, cerca de la finca “El Diamante”, de propiedad del jefe paramilitar de la región Henry Pérez y ubicada en jurisdicción de Cimitarra (Santander).
Esa misma noche los 17 comerciantes fueron torturados y asesinados, sus cuerpos fueron descuartizados y lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Quince días después,-
los comerciantes Juan Alberto Montero Fuentes y José Ferney Fernández Díaz salieron en su búsqueda y corrieron con igual suerte, cuando fueron detenidos por miembros del mismo grupo paramilitar.
En su sentencia del 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana concluyó que “En la época de los hechos de este caso, el referido grupo ‘paramilitar’ que operaba en la región del Magdalena Medio actuaba con la colaboración y-
apoyo de diversas autoridades militares de los Batallones de dicha zona. Los ‘paramilitares’ contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de éstas”[1][1].
Hasta el momento solo se han proferido condenas contra algunos paramilitares[2][2], pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 - como el General Farouk Yanine Diaz (foto), el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, el mayor (r) Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el Sargento (r) Otoniel Hernández Arciniegas- han sido condenados.
En el caso del General Yanine y del Teniente Coronel Navas, las investigaciones precluyeron en razón de su fallecimiento (2009 y 2002). Respecto de los dos otros militares, aún no hay juicio, y menos aún condenas, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenara en el 2008 reabrir la investigación por la acción extraordinaria-
de revisión a solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Veinticuatro años después del crimen y siete años después de la sentencia de la Corte Interamericana el caso permanece en la impunidad y los familiares continúan esperando que se haga justicia y se encuentre la verdad.
Entre las medidas de reparación decretadas en su sentencia, la Corte Interamericana ordenó la edificación de un monumento erigido por el Estado en memoria de las víctimas. La obra artística del monumento fue terminada por el artista Juan Areaza a principios del presente año.
Sin embargo, la obra civil para la instalación del monumento en la ciudad de Bucaramanga no estaba adelantada, debido a las numerosas trabas y obstáculos interpuestos por el Estado para cumplir con su obligación.
La obra artística fue movilizada de Bogotá a Bucaramanga por efectivos militares en la tercera semana de junio, sin consulta ni información previa a los familiares y el artista como lo había ordenado la Corte Interamericana.
Inicialmente las autoridades se negaron a proporcionar información, después de distintas gestiones ante el Estado se estableció que el monumento se encuentra consignado en la Brigada V del Ejército, lo que ha generado una profunda indignación y temor en los familiares de los 19 comerciantes.
El hecho de que esta obra esté ubicada, así sea temporalmente, en las instalaciones de la Brigada V, a la cual estaban adscritos varios de los autores y coparticipes del horrendo crimen, constituye un insulto a la memoria de las víctimas y a la dignidad de sus familiares, así como un acto de revictimización de éstas.
Al cumplirse 24 años, los familiares y la Comisión Colombiana de Juristas hacen un llamado enérgico a las autoridades colombianas para que se haga justicia y además se cumpla sin más dilaciones con la obligación de honrar la memoria de las víctimas mediante la instalación del monumento en la ciudad de Bucaramanga.
Así mismo, urge a la Corte Interamericana para que vigile de manera efectiva el cabal cumplimiento de estas obligaciones.
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miércoles, octubre 05, 2011
Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
El proceso que se adelanta contra el presunto violador y asesino de niñas y niños en Tame, Arauca, el oficial del Ejército, Raúl Muñoz, continúa presentando serias dificultades, ocasionadas unas veces por las actitudes poco limpias de la defensa, otras por acusaciones falsas contra personas inocentes y por amenazas contra familiares de las niñas y niños, así como contra testigos.
Este miércoles 5 de octubre, justo cuando en los estrados judiciales se continuaba el proceso que se le sigue al militar, fue seriamente amenazada la personas que halló la fosa con los tres cuerpos sin vida de los niños.
El testigo denunció que en la región donde fueron violadas las dos niñas, una de ellas asesinada junto a sus hermanitos, “se vive pánico”, por las hostilidades y amenazas.
Un representante de los familiares de los tres niños asesinados denunció el aumento de amenazas contra habitantes de la región, luego de testificar contra el oficial Raúl Muñoz como autor del múltiple crimen.
Otro testigo denunció que cuando se confirmó su participación en el juicio que se adelanta contra el militar, empezaron las amenazas telefónicas contra su vida y la de los miembros de su familia. “En la región se vive mucha zozobra, nunca habíamos visto tanta presión”, dijo.
“Después de las denuncias contra del oficial de haber violado a dos niñas y haber asesinado a una de ellas y a sus dos hermanitos en octubre del año pasado, se ha extendido un temor y un pánico generalizado”, precisó el testigo.
La misma persona explicó la forma como encontró la fosa común con los cuerpos de los tres niños, los cuales presentaban múltiples heridas causadas con arma blanca.
El pasado 22 de marzo en Saravena, Arauca, sicarios asesinaron a la jueza Gloria Constanza Gaona, quién llevaba el caso contra el oficial Muñoz Linares. Al crimen de la jueza fueron involucrados personas inocentes a quienes acusaron de ser guerrilleros.
El pasado 16 de septiembre, funcionarias expertas del Instituto Nacional de Medicina Legal declararon bajo juramento ante la Jueza, que en las dos niñas violadas se encontró el ADN del oficial Muñoz Linares.
Igualmente, explicaron que en el caso de la niña asesinada junto a sus dos hermanitos, los rastros de semen del militar se encontraron a través del frotis anal y en las pruebas practicadas a la ropa interior de la niña.
Las expertas de Medicina Legal advirtieron que "la probabilidad de que la muestra de ADN sea del teniente Muñoz supera la población mundial" y que las pruebas fueron realizadas según los estándares internacionales que certifican sus resultados y que además, la cadena de custodia fue respetada y garantizada.
Mientras tanto el Gobierno está promoviendo en el Congreso una vergonzosa ley de impunidad de los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, que va en contravía de la Constitución y los acuerdos internacionales.
Dicha afrenta a la justicia y a las víctimas, otorga un fuero especial para los militares que consiste en que no sea la justicia ordinaria la que investigue y juzgue a los miembros de la Fuerza Pública, sino la Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de la más aberrante impunidad.
Juan Carlos Vélez, senador del Partido de la U, ponente de la demencial estrategia, sostuvo que se incluirá un inciso en el Artículo 221 de la Carta Magna, estableciendo que será la Justicia Penal Militar la que conocerá de todos aquellas conductas cometidas por los militares.
“Es decir que la primera que llegará al lugar de los hechos será la justicia penal militar y no la ordinaria como hoy está ocurriendo. Eso me parece que ayudaría mucho para que los militares puedan actuar con más tranquilidad y sientan que su propia justicia es la que los va a juzgar”, expresó con un cinismo aterrador Vélez.
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martes, octubre 04, 2011
Guapi, Cauca
Dos mujeres heridas de gravedad deja explosión de artefacto
El pasado 3 de octubre alrededor de las 8 de la noche explotó un artefacto en un puesto de venta de chance del barrio Puerto Cali del área urbana de Guapi, dejando dos mujeres gravemente heridas.
Al parecer fue una acción de los ‘paras’ como retaliación al incumplimiento del pago de extorsiones de las desdichadas mujeres. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la ciudad de Cali.
Las comunidades han denunciado en repetidas ocasiones que grupos paramilitares hacen presencia constante en el municipio, sin que las autoridades civiles y militares actúen en la protección de la población civil
Seguridad narcocráticaPor Corporación Caguán Vive
De acuerdo al artículo de El Tiempo, “La reforma agrariade Jojoy” publicado en el 19 de septiembre de 2011, las organizaciones sociales de San Vicente del Caguán y La Macarena preocupados por lo señalado allí de que somos organizaciones de la guerrilla y que el poblamiento de esta zona estuvo y está dirigido por ellos, manifestamos:
Que las organizaciones de la región hacen parte de procesos sociales campesinos y que por tanto son legítimas, legales, autónomas e independientes y son reconocidos por el Estado al estar integradas por Juntas de Acción Comunal JAC y los Resguardos Indígenas constituidos ante las autoridades nacionales competentes.
En anteriores oportunidades las organizaciones y sus miembros han sido señalados de hacer parte de la subversión solo por estar asentados en esta región que aunque tiene una trayectoria de permanencia de la guerrilla, en los últimos 9 años ha sido objeto principal de la política de consolidación de los territorios en el marco de la política de seguridad democrática,-
con una presencia permanente de efectivos pertenecientes a las Fuerzas Militares y que hacen presencia en toda la zona, y como lo dijo el presidente Santos “en este momento ya no hay ninguna región vedada para las fuerzas públicas, que las Farc-Ep están en pleno desmonte y los santuarios de la guerrilla ahora son inexistentes”.
Por lo tanto nos resulta extraño que luego de cuantiosas inversiones, numerosos operativos, pérdidas humanas, mutilaciones, desplazamientos, destrucción de los bienes naturales, contaminación de aguas y medio ambiente, se esté argumentando que la guerrilla sigue haciendo presencia y determinando las dinámicas de estos territorios.
El análisis del artículo citado, permite evidenciar que lo argumentado allí está dirigido a desocupar el territorio, cuando ya en anteriores oportunidades se ha señalado por parte del gobierno la necesidad de adjudicar nuevas zonas de explotación petrolera,-
de fomentar megacultivos de palma africana, caucho y de encontrar nuevas opciones que echen a andar la locomotora minero-energética del gobierno actual como son el coltán (ver anexo) que se afirma está presente en la región mencionada por el artículo.
Además, se quiere negar que en el Caquetá y el Meta los procesos de colonización siguen vigentes y son resultado de la necesidad de los campesinos de acceso a la tierra y la posibilidad de subsistir de una manera digna.
Confirmamos que el repoblamiento del Resguardo Yaguara II, se dio en el marco de un proceso de fortalecimiento organizativo, donde las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que habitan los territorios de San Vicente del Caguán, se reúnen periódicamente con el fin de discutir acciones comunitarias,-
para garantizar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y para avanzar en el bienestar comunitario especialmente de los tres cabildos indígenas que son víctimas de desplazamiento forzado y se encuentran habitando la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, en riesgo inminente de pérdida de su cultura, autonomía, lengua, usos y costumbres tradicionales.
En el marco de estas reuniones, en el mes de septiembre de 2010 los gobernadores de los 9 cabildos legalmente constituidos en San Vicente del Caguán, se decide que como medida de mitigación a los efectos que en los pueblos indígenas genera el desplazamiento forzado,-
el resguardo Yaguara II, se comprometió a acoger 32 familias de la etnia Nasa que se encontraban en la cabecera municipal, que hacían parte de los cabildos de indígenas victimas de desplazamiento, y se encontraban en mayor condición de vulnerabilidad.
Este proceso de discusión entre las autoridades tradicionales estuvo acompañado permanentemente por la Defensoría del Pueblo, y la Corporación Caguán Vive, al igual que en muchos momentos por el Concejal electo por los Pueblos Indígenas Adán Aranda.
Lanzamos una alerta a la opinión pública, al pueblo colombiano, al gobierno nacional, a la comunidad internacional, por las posibles acciones que se tomen contra las organizaciones sociales, sus líderes y afiliados, luego de ser objeto de estigmatización, fuertes señalamientos en forma directa y continuas persecuciones.
L@s invitamos a acompañarnos en esta lucha por la permanencia en el territorio, por el derecho a la tierra, por nuestra dignidad y nuestra vida.
Anexo:
Embargan hacienda de ‘Don Berna’ en San Vicente:
La Jefe de la Unidad de Justicia y Paz reveló que ya se encuentra en poder de la Fiscalía una finca en San Vicente del Caguán, propiedad de alias ‘Don Berna’, avaluada inicialmente en 3.500 millones de pesos, en la que habría una mina de coltán.
La Fiscalía General de la Nación logró el embargo y secuestro de una millonaria propiedad perteneciente al extraditado paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, donde habría toda una mina de coltán, un mineral altamente apetecido para la fabricación de elementos de alta tecnología.
La jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Elba Beatriz Silva, reveló que se trata de la hacienda El Recreo, ubicada en San Vicente del Caguán, con una extensión de 15 mil hectáreas, valorada inicialmente en más de 3.500 millones de pesos.
La propiedad aparecía a nombre de Leonardo Jaramillo Escobar, quien fue detenido, luego de confesar a las autoridades que le sirvió de testaferro a alias “Don Berna”.
“Es una hacienda denominada El Recreo que consta de 15 mil hectáreas, en esa hacienda se logró detectar a un testaferro que en ese momento la mantenía, Leonardo Jaramillo Escobar, se encuentra detenido tras aceptar que estaba ejerciendo esa labor de testaferrato;-
y la particularidad es que estamos en la verificación de la presencia de una importante mina de coltán, un mineral conductor de energía especial para ciertos circuitos de alta tecnología, entonces la propiedad puede tener ese plus”, explicó Silva.
El coltán, conocido como el ‘oro gris’, es un mineral escaso en el mundo, preciado para el desarrollo de la industria tecnológica, que ha originado todo un tráfico entre organismos al margen de la ley, al convertirse en fuente de riqueza para los productores de alta tecnología.
La revelación de esta propiedad se hizo durante el lanzamiento de una Subunidad Élite para la Persecución de los Bienes para la Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado.
Este grupo especial está integrado por 51 fiscales especializados que centrarán sus esfuerzos en tres zonas del país. En el Norte: Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. En el Centro: Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Norte de Santander, Santander, Bogotá, Cundinamarca y Tolima. En el Sur: Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Putumayo y Valle del Cauca.
A la fecha los distintos ex paramilitares postulados a Justicia y Paz han ofrecido para la reparación de las víctimas un total de 481 propiedades, han entregado a Acción Social 135 y están pendientes de ser ubicados 346 bienes más.
Fuente: http://www.ellider.com.co/2011/05/07/embargan-hacienda-de-%E2%80%98don-berna%E2%80%99-en-san-vicente/
No son errores sino horrores, muchos de ellos crímenes de lesa humanidadSin ningún asomo de vergüenza para con las miles de víctimas y sus familiares, el flamante vicepresidente de la República, Angelino Garzón, pidió que los colombianos perdonen a los políticos, militares y policías, inmersos en crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad.
“El país debe entrar en una tónica de perdón y reconciliación integral con políticos, militares y policías que en el marco del conflicto armado hayan cometido errores”, dijo entre otras barbaridades Garzón, agregando que “se les permita obtener algún beneficio.
Sin mencionar a las víctimas y a sus familiares, el vicepresidente argumentó tamaña monstruosidad, aduciendo que “esta iniciativa que yo lanzo la dejo en manos del Congreso de la República y del ministro de Justicia para que el país avance en una perspectiva de perdón y reconciliación”.
Al Gobierno, especialmente a Garzón, se le olvida que sus responsabilidades en la conducción del Estado es el acato a la Constitución y las leyes y propender porque estas estén de parte de la justicia, no de la impunidad y de lado de las víctimas, no de los victimarios.
Cerca de 3.000 jóvenes cuyo único delito fue haber nacido pobres y excluidos por el mismo régimen de cualquier oportunidad en educación y trabajo, fueron asesinados a sangre fría por militares.
Según informó la Fiscalía a principios de 2011, en los últimos años del régimen de Uribe, fueron asesinadas más de 173.000 personas y al menos otras 34.000 fueron desaparecidas. El propio Uribe ha sido acusado por varios exparamilitares de haber sido determinador de varias masacres.
Del mismo modo, cerca de un centenar de “políticos ‘paras’, que no “parapolíticos”, la mayoría aliados de Uribe, están en las cárceles o están siendo investigados y procesados por alianzas con la estrategia paramilitar del régimen, mecanismo diabólico mediante el cual fueron desplazados más de cinco millones de personas a quienes les robaron al menos siete millones de hectáreas de tierras.
Esos crímenes no pueden ser catalogados olímpicamente como simples “errores” de políticos, militares y policías, que se pueden perdonar y olvidar fácilmente. En realidad esos crímenes son horrores que ofenden a la humanidad y los responsables deben ser, investigados, procesados y castigados ejemplarmente para garantizar que no se vuelvan a repetir.
No se trata de perseguir o condenar a miembros de la Fuerza Pública inocentes que en la función de su servicio han respetado los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución y las leyes, que sin duda lo son la mayoría, sino de quienes han hecho todo lo contrario.
Al vicepresidente se le olvida, a pesar de su largo recorrido político, que para conseguir la paz es fundamental que se conozca la verdad, que haya justicia, que las víctimas sean reparadas integralmente y que haya garantía de no repetición.
Garzón debiera preocuparse porque haya justicia para las víctimas y evitar que los victimarios procesados y condenados paguen sus delitos en cárceles comunes y no en sus mansiones o en centros vacacionales como el “Tolemaida Resort”, que no es otra cosa que impunidad simulada.
Seguridad narcocrática/
Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para sindicalistas
Al menos 38 sindicalistas han sido asesinados en el gobierno de SantosPor AP/Caracol/Notimundo
La ONG internacional de derechos humanos Human Rights Watch anticipó a la AP un informe sobre la violencia contra el sindicalismo en Colombia durante los últimos años. HRW afirma que Colombia no ha hecho ningún progreso real contra la impunidad.
Según Caracol Radio, quién toma como fuente a AP, se cuentan por ejemplo sólo 7 condenas de 195 casos que lleva un equipo especial de la Fiscalía de Colombia.
Además, se resalta que desde la posesión del presidente Santos al menos 38 sindicalistas han sido asesinados, manteniendo a Colombia como el país más peligroso del mundo para los trabajadores sindicalizados.
Con este nuevo informe, los sindicatos de Estados Unidos redoblarán sus presiones contra los congresistas demócratas. Precisamente la Federación Americana del Trabajo anunciará hoy su estrategia para pedirle a los congresistas que no aprueben el TLC con Colombia.
Por eso, aunque tanto la administración de Obama y el Gobierno de Colombia han dicho que están confiados en que el acuerdo pasará, aún tiene que sortear duros cuestionamientos de parte de sus detractores.
Según Caracol Radio, quién toma como fuente a AP, se cuentan por ejemplo sólo 7 condenas de 195 casos que lleva un equipo especial de la Fiscalía de Colombia.
Además, se resalta que desde la posesión del presidente Santos al menos 38 sindicalistas han sido asesinados, manteniendo a Colombia como el país más peligroso del mundo para los trabajadores sindicalizados.
Con este nuevo informe, los sindicatos de Estados Unidos redoblarán sus presiones contra los congresistas demócratas. Precisamente la Federación Americana del Trabajo anunciará hoy su estrategia para pedirle a los congresistas que no aprueben el TLC con Colombia.
Por eso, aunque tanto la administración de Obama y el Gobierno de Colombia han dicho que están confiados en que el acuerdo pasará, aún tiene que sortear duros cuestionamientos de parte de sus detractores.
lunes, octubre 03, 2011
Seguridad narcocrática/
Condenan al Estado por un caso de 'falso positivo' en el Tolima
Por Caracol Radio
El Tribunal Administrativo del Tolima halló responsable a la Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional por la desaparición y muerte de Rosember Ramos Rodríguez en hechos ocurridos el 9 de abril de 2007, en un caso de “falso positivo”.
Ramos quien era enfermo de epilepsia salió de su casa en el municipio Chaparral luciendo ropa deportiva y a los dos días fue hallado muerto en el corregimiento de Tres Esquinas zona rural de la localidad de Cunday, con múltiples impactos de fusil y luciendo un traje militar, Medicina Legal determinó que las botas que portaba la víctima eran nuevas y no tenían señales de uso.
En su momento el Ejército lo reportó como un guerrillero de las Farc muerto en combate, sin embargo a lo largo de la investigación se desvirtuó dicha circunstancia.
Por ese motivo, el Estado deberá pagar una millonaria indemnización a los familiares de Ramos Rodríguez.
Además, la Justicia Administrativa ordenó que el Ejército deberá presentar una disculpa pública a los familiares de la víctima como directos afectados, a la comunidad y a la sociedad, en la que deberá reconocer la existencia de un comportamiento indebido por parte de sus hombres.
Tarazá, Antioquia
Denuncian que secretario de gobierno de Tarazá amenazó a líder campesino
Por Camilo Raigozo. Con información de Asocbac
Más de 1.500 campesinos del municipio de Tarazá, Antioquia, quienes se han movilizados desde las diferentes veredas hacia el casco urbano para exigirle a las diferentes esferas del gobierno el cumplimiento de los compromisos pactados en marzo pasado, se encuentran desde hace una semana en el coliseo de municipal sin que sus requerimientos hayan sido escuchados.
“No hemos obtenido solución alguna por parte del Estado y sólo vemos la continuidad de las fumigaciones con glifosato que afectan nuestra seguridad alimentaria, junto con la continuidad de los señalamientos a la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, Asocbac”, afirma en un comunicado la asociación campesina.
Debido a la indiferencia del gobierno los manifestantes trataron de bloquear la troncal Atlántica en la tarde del domingo 2 de octubre de 2011, siendo violentamente reprimidos por los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía, Esmad.
“Responsabilizamos por su negligencia en brindar soluciones y por su acción de represión contra el campesinado al Estado colombiano, en cabeza de la gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Tarazá”, advierte el comunicado.
Igualmente las comunidades rechazaron las amenazas recibidas por el vicepresidente de Asocbac, Istman Andrés Henao, por parte del secretario de gobierno de Tarazá, quién a las 7:15 de la noche del domingo le hizo una llamada para decirle que “me las va a pagar” y que lo iba a demandar.
Los campesinos exigen que se restablezca el diálogo, se brinden soluciones y cesen los señalamientos sobre Asocbac.
El cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos firmados en marzo pasado; el cese de la criminalización, persecución y señalamientos contra Asocbac y sus dirigentes.
Materializar estos acuerdos en obras de inversión social como:
Ayuda humanitaria en alimentación
Inversión en centros de salud veredales, equipos para atención médica primaria y de urgencias.Dotar a las escuelas rurales con los elementos y profesores necesarios para que puedan funcionar, a fin de garantizar el derecho a la educación de los niños del municipio en condiciones de gratuidad, dignas y de calidad.
Mantenimiento y adecuación de las vías de penetración a las veredas
Implantación de proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos, concertados con las comunidades por medio de Asocbac.El cese inmediato de la criminalización de la actividad minera pequeña y artesanal y viabilizar programas para su mejoramiento técnico y ambiental
Y cesar las fumigaciones con aéreas con glifosatoSeguridad narcocrática/
Vuelven las detenciones masivas
Victimas de montajes judiciales fueron detenidos cinco estudiantes, un profesor y un campesino en el occidente de Colombia
Por Camilo Raigozo
Seis estudiantes fueron detenidos por la Sijin de la Policía este 2 de octubre de 2011 acusados de tener vínculos con la guerrilla. Las nuevas víctimas del terrorismo de Estado son estudiantes de las universidades Surcolombiana de Neiva y La Amazonia del Caquetá.
También fueron víctimas de las arbitrariedades del Estado Omar Alfonso Cómbita, rector del colegio de Santana Ramos de Algeciras Huila y Luis Fernández, líder campesino miembro del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos en el mismo municipio.
Según la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU, “Estas afrentas se presentan en un momento histórico para el país, donde el movimiento estudiantil se levanta contra la Nueva ley de educación superior (reforma a la ley 30) del gobierno de Santos que pretende privatizar y despojar a los colombianos de la educación”.
Los estudiantes perseguidos por la infamia del Estado son: Jorge Eliecer Gaitán, Carlos Alberto Lugo y Paola Soto, de la universidad Surcolombiana y Corhuila de Neiva. Omar Marín y Camilo Escudero, de la Universidad Amazonía de Florencia, Caquetá.
