viernes, mayo 15, 2015

Terrorismo de Estado
Capturan a presuntos terroristas del Ejército por masacre en Chigorodó, Antioquia
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Los posibles terroristas Nofar Fabián Motta Bastidas y John Fredy Moncada Carmona, mayor y sargento del Ejército respectivamente, fueron capturados por agentes del CTI  por su presunta participación en la masacre de Chigorodó, Antioquia, perpetrada por militares y paramilitares en agosto de 1995.

Moncada Carmona y Motta Bastidas son investigados por cargos de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo con porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, informó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, el 12 de agosto de 1995 paramilitares, bajo el mando de Evert Veloza, alias “HH”, irrumpió en la discoteca El Aracatazo en Chogorodó y con lista en mano hicieron tender en el piso a las víctimas y les dispararon con armas cortas y largas.

Los criminales remataron posteriormente a quienes intentaron salvar sus vidas. La mayoría de las víctimas eran sindicalistas y simpatizantes de izquierda, de la región de Urabá.

El jefe de sicarios del régimen, acertadamente llamados paramilitares, alias “hh” aceptó en versión libre ante la, entonces, Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, haber autorizado la masacre y se acogió a sentencia anticipada como coautor del múltiple crimen.

Por este caso el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá condenó a “hh” a solo siete años de prisión, amparado por la vergonzosa ley de impunidad, mal llamada de Justicia y Paz, planificada por el gobierno de Álvaro Uribe.


El dirigente campesino Wilmar
Madroñero, víctima del terroris
mo de Estado. Foto Notimundo
Terrorismo de Estado
Cayeron falsos positivos judiciales contra 8 dirigentes campesinos de Putumayo
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El 14 de mayo anterior, ocho dirigentes campesinos del departamento de Putumayo, víctimas de la perversa estrategia de falsos positivos judiciales del Ejército, la Fiscalía y otros entes represivos del régimen, tuvieron que ser puestos en libertad ante la ausencia de pruebas en su contra.

La inocencia de los labriegos fue defendida en los estrados judiciales por la Red de Derechos Humanos de Putumayo y el Comité Permanente para los Derechos Humanos, Cpdh, quienes lograron que las víctimas recobraran la libertad, que nunca debieron haber perdido.

Así muestran a las víctimas los me
dios cómplices de las atrocidades
del régimen. 
Sin embargo ¿quién les responde a los campesinos y a sus familias por el tiempo perdido de sus vidas causado por el encarcelamiento injusto y arbitrario?  ¿Por las penalidades padecidas en este tiempo? ¿Por las pérdidas económicas, morales, sociales, laborales y afectivas, entra otras consecuencias? ¿A caso les responde el generalato o el bravucón ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón?

La Juez Penal del Circuito de Puerto Asís falló a favor de los labriegos absolviéndolos de cualquier responsabilidad por los cargos que se les imputaba de rebelión, homicidio y terrorismo, otorgándoles la libertad inmediata, según informó la Red de Comunicadores del Putumayo.

Las comunidades del Putumayo
siempre exigieron la libertad de
sus dirigentes. Foto Notimundo
Entre las personas afectadas por el terrorismo de Estado y que ahora goza de su libertad es el dirigente agrario y defensor de derechos humanos Wilmar Madroñero Velasco perteneciente a la Asociación Campesina y Agrícola del Putumayo e integrante de la Junta Patriótica Regional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y la Red de Derechos Humanos del Putumayo quien había sido capturado bajo montaje judicial en el mes de octubre del año 2013.

Los otros siete líderes campesinos víctimas de la persecución política y la infamia de las fuerzas militares son:  Mario Vilora, Juan Clímaco Vega, Alexander Pianda, Sabino Eduardo Castro, Luis Efrén Fajardo, José Harry Rendón y Oswaldo Arcos.

“Con este proceso no sólo se logra demostrar la inocencia de nuestros compañeros que luchan y defienden la vida y el territorio, sino que se deja en evidencia la falsedad detrás del aparato criminal de persecución política gestado desde la fiscalía y las fuerzas militares al servicio del capital nacional y transnacional”, dice finalmente la fuente.

domingo, mayo 10, 2015

Parauribismo
Paramilitares incursionaron en resguardo indígena en Orito, Putumayo
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 7 de mayo en la vereda Bellavista, municipio de Orito, Putumayo, a las 9 de la noche, al menos 15 sujetos armados entraron al resguardo indígena del pueblo Nassa.

Los criminales dispararon indiscriminadamente contra la comunidad, lanzaron  granadas al garaje de la casa  comunal y le prendieron fuego, entre otras atrocidades.

“La comunidad quedó desprotegida y aislada ya que en la casa comunitaria se encontraban todos los utensilios para la cocina, víveres y enceres, herramientas de comunicación, y los vehículos de transporte”, dice un aparte de la denuncia conocida por Notimundo.

La agresión duró unas cuatro  horas sin que la Policía y el Ejército apoyara a la comunidad, denunció la Comisión De Derechos Humanos De La Mesa Regional de Organizaciones Sociales de la Baja Bota Caucana, Cofania Jardines del Sucumbíos-Nariño y Putumayo.

El 8 de mayo la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del departamento, visitó el lugar de los hechos, comprobando los hechos violentos contra la comunidad.     

Los pobladores temen por sus vidas y no han podido volver a sus labres agrícolas ni enviar a sus hijos al plantel educativo, ya que este queda junto al lugar del incendio.

Dos días después del ataque ninguna autoridad civil o militar ha acudido al resguardo para prestar ayuda a los indígenas afectados, investigar los hechos y perseguir a los delincuentes.


Denuncian impunidad en violaciones sexuales por parte de militares estadounidenses
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Corporación Reiniciar denunció la aberrante impunidad en los casos de violaciones sexuales contra menores por parte de militares estadounidenses y el indignante sometimiento del Estado colombiano ante el imperio norteamericano al garantizar inmunidad (impunidad) a sus agentes que cometan delitos en Colombia.

A continuación apartes de la denuncia de Reiniciar:
  
La Corporación Reiniciar cuestiona la impunidad por parte del Estado colombiano y de los Estados Unidos en los casos de violencia sexual contra menores de edad por parte de militares estadounidenses.

La inmunidad diplomática de la cual gozan los militares estadounidenses, contemplada en un acuerdo bilateral suscrito entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos en el año 1974, con base en la Convención de Viena de 1961, origina la impunidad que se ha dado en estos casos.

Esta inmunidad, que cobija a agentes, acreditados y no acreditados e incluso a sus familiares, permite el traslado de estos procesos a Estados Unidos donde deben ser investigados pero cuyos procesos no arrojan ningún  resultado en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Pese a que en Colombia el acto sexual violento, el acceso carnal o acto sexual en persona en incapacidad de resistir, el acceso carnal abusivo con menor de catorce años y los actos sexuales con menor de 14 años, y están tipificados como delitos en los artículos 206, 207, 208 y 209 del Código Penal Colombiano estos han quedado en la impunidad cuando se trata de agentes extranjeros.

La Corporación Reiniciar que representó a Olga Lucía Castillo y su hija, J. P. B. C. en este caso por violación, en agosto de 2007, en contra de los militares Michael Cohen y César Ruiz enfrentó un sistema estatal que no respondió a sus demandas de justicia y prevalencia de los derechos de los menores.

Si bien J.P., víctima del hecho, su madre y su hermana recibieron por parte de Reiniciar el apoyo psicosocial y jurídico necesarios; su caso no prosperó penalmente debido a los factores que relatamos a continuación.

Esta Corporación solicitó a la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Relaciones Exteriores la protección de los derechos de la menor pero no obtuvo ningún resultado.

Por ello, Reiniciar presentó tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá -e impugnó el fallo negativo ante la Corte Suprema de Justicia - reclamando el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la prevalencia y protección de los derechos de los menores, en este caso J.P., presuntamente vulnerados por la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Relaciones Exteriores- pero ambos entes negaron la tutela de este derecho y fallaron negativamente.

Ese fallo negativo se sumó al no suministro de información, acerca del estado del proceso que se encuentra en la justicia penal de los Estados Unidos, solicitada por escrito y personalmente a la Embajada de ese país por los abogados de la Corporación Reiniciar y pese a que sostuvieron dos reuniones con el agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos en esa época, Jim Faulkner.

Por tanto, la Corporación Reiniciar considera que la existencia de ese acuerdo bilateral que otorga inmunidad diplomática a los agentes estadounidenses, la falta de información por parte de la Embajada de Estados Unidos y de las instituciones estatales para investigar estos hechos son factores que fomentan la impunidad en detrimento de los derechos de los menores y  su exigencia de verdad, la justicia y la reparación.

Finalmente, la Corporación Reiniciar insta a las instituciones nacionales e internacionales a demostrar su voluntad política en la investigación y condena de estos hechos que atentan contra la dignidad de las menores de edad violentadas sexualmente y también a garantizar justicia en sus casos.


Terrorismo de Estado
Policías agredieron y amenazaron a defensor de derechos humanos en Villavicencio, Meta
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 5 de mayo a las 8 y 30 de la noche, cuando el defensor de derechos humanos José Samuel Rojas Mora se dirigía a bordo de su moto a recoger a su esposa al colegio Gimnasio Pedagógico del Meta, fue detenido arbitrariamente por agentes de la Policía.

La detención se realizó en el sector conocido como El Dique, y participaron activamente tres policías, mientras que al menos otros 17 observaban el abuso, según denunció a Notimundo Rojas Mora.

“Fui víctima del abuso de  autoridad, tortura sicológica, amenaza,  agresiones físicas y verbales y estigmatizaciones,    por parte de tres agentes de la Policía Nacional, ante la mirada de por lómenos 17 policías más que dijeron pertenecer a la Policía Metropolitana de Villavicencio, Meta”, expresó a este medio la víctima.

Los policías retuvieron al dirigente comunitario por más de 10 minutos en un lugar oscuro y le tomaron fotografías, lo mismo que a sus documentos de identidad y a las placas de la moto.

“En estos días venimos por usted”, le dijo amenazante uno de los  uniformados. Otro agregó que “le voy hacer un montaje y lo voy a mandar a la cárcel”.  Los agentes del “orden” acusaron a Rojas de ser marihuanero y expendedor de alucinógenos.

El líder campesino estuvo encarcelado varios meses víctima de montajes judiciales planeados por el Ejército y la Fiscalía, quienes lo acusaron de rebelión y otros delitos. Fue dejado en libertad al no existir ninguna prueba de tales delitos.

Actualmente Rojas Mora es el representante legal de la Corporación de Vivienda Nuevo Amanecer, la cual se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos. Igualmente es dirigente de la población desplazada y refugiada en Brisas del Valle 2.

Finalmente queda la inquietud de que los policías cumplan las amenazas o le suministren las fotografías y demás información del defensor de derechos humanos a los grupos paramilitares para que lo asesinen o lo desparezcan ya que esta ha sido una estrategia del régimen.



  • "



  • Publicidad
    Paute aquí
    Contáctenos


    Zona comercial