Parauribismo
El alcalde de Cúcuta Donamaris Martínez habría recibido un millón de dólares de paramilitares según investigadora venezolana

La periodista investigadora venezolana Larissa Costa en su programa de televisión A un click denuncia, entre otras anomalías, que el actual alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, recibió de parte de paramilitares la suma de un millón de dólares. A continuación el video:





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La Macarena, Meta

Audiencia pública por la defensa de los derechos de los campesinos

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Ante la feroz arremetida del régimen contra el campesinado de la región del municipio de La Macarena, Meta, las organizaciones sociales campesinas realizaran durante los próximos 28,29 y 30 de septiembre una audiencia pública para defender los derechos de las comunidades.

Recientemente el Gobierno Nacional junto a instituciones como el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro anunciaron con bombos y platillos, la recuperación de “tierras de las FARC” en esta región del país.

Principalmente se refirieron a un gran predio baldío de 277 mil hectáreas ubicado en inmediaciones de los municipios de San Vicente del Caguán y de La Macarena, departamentos de Caquetá y Meta respectivamente, el cual habría sido tomado por el ejército insurgente de manera ilegal.

Para las comunidades estas acciones del gobierno se traducen en la vulneración de sus derechos para desplazarlos forzadamente, ya no con la estrategia militar-paramilitar, sino ahora valiéndose de estrategias más sofisticadas. Supuestamente mediante acciones “legales”.

Los campesinos sostienen que desde hace varias décadas viven es esos territorios y que los planes del gobierno presentan serias inconsistencias que debe aclarar ya que en el mencionado “baldío” el mismo Estado ha desarrollado varias obras en los que históricamente ha reconocido a los campesinos como propietarios legales.

Algunos de ellos son la constitución de la Zona de Reserva Campesina en 1999 y la adjudicación de baldíos a campesinos en su interior.

“El mismo Incoder adelantó estudios para la sustracción de una parte de Zona de Reserva Forestal junto con Corpo-amazonia. También el Incoder junto a Parques Nacionales, así como para la creación de la Zona de Reserva Campesina del Losada Guayabero, Cormacarena y el Sinchi, y para el Plan de Manejo Integral de un sector del Distrito de Manejo Integrado del Área de Manejo Especial de la Macarena”, argumentan los campesinos.

Igualmente exhiben como pruebas de la posesión legal de los predios el hecho de que el Banco Agrario les otorgó créditos a familias campesinas y organizaciones sociales desde el año 1970. Igualmente el Estado ha reconocido la personería jurídica a más de 300 juntas de acción comunal  presentes en el área del mencionado predio.

Así mismo –argumentan las comunidades- otras entidades nacionales y organismos de cooperación internacional han desarrollado proyectos con organizaciones campesinas de esta región entre las que se encuentran:

El Ministerio de Ambiente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, Agencia Alemana para la cooperación técnica - GIZ, la Unión Europea por solo mencionar algunas. Son más de 10 mil millones de pesos que se han invertido en el área del denominado “baldío de las FARC”.

“Hoy nuestro gran temor es que una vez más estamos siendo estigmatizados y podríamos ser sujetos de despojo de los predios en los que hemos vivido por décadas y que se aducen según la resolución 810 del 2015 del Incoder, por informes de inteligencia militar usados en dicho proceso, es un predio de las FARC, lo cual fue irresponsablemente multiplicado por medios de comunicación. Todo lo anterior sin el debido respeto a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa que nos asiste”, advierten los pobladores.

En la audiencia se espera la participación de más de 3.000 campesinos, colonas e indígenas de la región y las organizaciones que los representan, tales como: la Asociación Campesina y Ambiental del Losada Guayabero, Ascalg; Asociación de Colonos del Pato, Amcop; la Asociación de Juntas Comunales, Asojuntas;-

Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios y Ambientales de los Llanos del Yarí Corpoyarí; Corporación por la defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Área de Manejo Especial de la Macarena, Corpoamem; Asopeproc; Núcleo Catalina y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina Anzorc.

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Diálogos de paz
Texto íntegro del comunicado conjunto de las FARC EP y el Gobierno sobre el acuerdo de Justicia Transicional para la paz

La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015

1. Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano:

Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz.

Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos.

La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad.

En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.

A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado.

Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales.

Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias.

Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

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Justicia para la paz y la reconciliación 

Por Oficina de prensa Aída Avella

Desde su origen, la Unión Patriótica ha luchado por la paz a través del diálogo, y ha soportado, en el marco del prolongado conflicto armado, el terrorismo de Estado representado en la persecución y el asesinato de miles de sus militantes y dirigentes. 

Por eso celebra el acuerdo sobre justicia, alcanzado entre las FARC EP y el Gobierno, el cual considera la creación de una jurisdicción especial para la paz, mediante un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, para garantizar plenamente los derechos de las víctimas. 

“Sin Justicia será imposible una paz y una reconciliación verdadera; justicia significa derechos para las víctimas del conflicto, sin exclusión alguna. Compartimos el espíritu de una justicia restaurativa que ante todo garantice verdad, para que nunca más, colombianas y colombianos debamos padecer el mismo dolor de millones, durante décadas de guerra. 

No creemos en la venganza, ni en el odio que algunos insisten en sembrar en las nuevas generaciones”. Indicó el Comité Ejecutivo Nacional de la UP. 

Por su parte Aída Avella añadió: “el partido sabe que ha llegado la hora de parar la guerra, de dejar de asesinarnos, pero también de resolver conflictos y diferencias sin violencia, de reconciliarnos para vivir, crecer y construir la paz justa y democrática que anhelamos la inmensa mayoría de este hermoso país”. 

Tras el anuncio del acuerdo en mención, la UP llama al Estado a garantizar la no repetición de los delitos cometidos contra la colectividad, y a brindar, sin dilaciones las garantías necesarias para el ejercicio de la oposición social y política. 

La UP invita a sectores sociales, políticos, económicos, medios de información y comunidad internacional a conocer, estudiar, difundir y respaldar este acuerdo de justicia, que acerca el fin del conflicto y la firma definitiva de un acuerdo de paz estable y duradera. Reitera su llamado

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Terrorismo de Estado

Asegurados 11 terroristas del Ejército Nacional por asesinatos a sangre fría

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 22 de septiembre un fiscal de la Dirección de Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario impuso medida de aseguramiento contra de 11 terroristas del Ejército, activos y retirados, por asesinatos de civiles.

Entre los presuntos criminales del régimen se encuentran el coronel Jaír Arias Sánchez, el teniente coronel William Roberto del Valle, un mayor, un capitán, un sargento y otros seis bandidos más.

La investigación está relacionada con hechos ocurridos durante el 2007 en los que fueron asesinadas al menos16 personas presumiblemente a manos de bandidos pertenecientes al Batallón Especial Energético y Vial 2 “Coronel José María Cancino”, con sede en La Jagua de Ibirico, Cesar.

Según el ente acusador la investigación cuenta con el relato y confesión de algunos miembros del Ejército, quienes revelaron que al interior de esa unidad militar había una organización para asesinar personas inocentes y hacerla pasar como guerrilleros muertos en combates inexistentes.

Dentro del proceso figura que los supuestos combates registrados en 2007 y donde se reportaron las víctimas, sucedieron en la vereda El Hatillo de Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Becerril, Bosconia, El Paso y Astrea, bajo el régimen de terror de Uribe.

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El defensor de derechos humanos
David Ravelo, víctima de falso
positivo judicial.

Terrorismo de Estado

ONGs internacionales reclaman nulidad de la condena contra el defensor de derechos humanos David Ravelo

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Al menos 24 organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos reclamaron mediante un documento firmado, que debido a las protuberantes irregularidades y violaciones al debido proceso, entre otras anomalías, sea anulada la condena a más de 18 años de cárcel al defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo.

La petición fue hecha al cumplirse cinco años de la detención y encarcelamiento arbitrario e injusto del defensor de derechos humanos de Barrancabermeja.

A continuación transcribimos apartes del comunicado:

Declaración conjunta

Organizaciones Internacionales expresan su preocupación en el quinto aniversario de la detención de David Ravelo Crespo, prominente defensor Colombiano de derechos humanos.

El día 14 de septiembre de 2015, se cumplieron 5 años desde que el destacado defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) de la ciudad de Barrancabermeja (Colombia), fue detenido.

Las organizaciones no gubernamentales y redes internacionales abajo firmantes volvemos a reiterar nuestra preocupación acerca del incumplimiento del debido proceso en este caso que culminó con una sentencia condenatoria de 220 meses de prisión.

Recordamos que el defensor de derechos humanos David Ravelo fue detenido y encarcelado el 14 de septiembre de 2010, sindicado de ser autor intelectual del asesinato en 1991 de David Núñez Cala, funcionario público de Barrancabermeja.

Ante las sentencias en primera y segunda instancia que lo condenaron a la pena de 220 meses de prisión (más de 18 años), el Sr. Ravelo y sus abogados interpusieron recurso de casación.

Sin embargo, éste fue declarado inadmisible por la Corte Suprema de Justicia en febrero 2015. En la actualidad, se radicó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual está en fase de recolección de información.

Entre las varias irregularidades denunciadas durante el proceso, los abogados del Sr. Ravelo señalaron la ilegitimidad del fiscal que dirigió la investigación, el Sr. William Gildardo Pacheco Granados quien antes de ser fiscal era Teniente de la Policía Nacional en Armenia (Quindío, Colombia).

El Sr. Pacheco fue investigado por la Procuraduría y posteriormente destituido de su cargo por la misma instancia, debido a su involucramiento en la desaparición forzada de Guillermo Hurtado Parra, en Armenia (Quindío, Colombia), en hechos ocurridos en el año 1991.

Posteriormente, en noviembre de 1993, el Sr. Pacheco fue condenado a un año de prisión por un Tribunal Superior Militar. Según la legislación colombiana, estos hechos lo descalificaban para el ejercicio de cualquier cargo en la Fiscalía.

Ante esta situación y dado que Guillermo Hurtado Parra continúa desaparecido, el 23 de abril de 2014, se presentó una denuncia penal contra el Sr. Pacheco Granados y posteriormente, la Fiscalía le llamó a rendir indagatoria.

La defensa del Sr. Ravelo también denuncia que el caso en su contra está principalmente basado en las declaraciones de dos paramilitares desmovilizados (Mario Jaimes Mejía alias el “Panadero” y Fremio Sánchez), quienes fueron condenados por graves crímenes cometidos en la ciudad de Barrancabermeja (entre los cuales destacan las masacres del 16 de mayo de 19986 y la del 28 de febrero de 19997) a raíz de hechos denunciados por el mismo Sr. Ravelo.

Por estas y otras denuncias los dos paramilitares declararon al Sr. Ravelo Crespo como “objetivo militar”.

Por otro lado, el otro acusado en el caso, el Sr. Orlando Noguera, denunció en la audiencia preparatoria que Mario Jaimes Mejía alias el “Panadero” y Fremio Sánchez «intentaron sobornarlo para que aceptara la acusación por el asesinato de Núñez Cala y que inculpara al Sr. Ravelo a cambio de beneficios en Justicia y Paz».

En este sentido resaltamos también que la Fiscalía General imputó cargos al mismo Mario Jaimes Mejía alias “El Panadero”, por falso testimonio, por haber señalado al excongresista Aristides Andrade como otro de los autores del homicidio por el que David Ravelo está condenado.

En el acta de la imputación de cargos contra Jaimes Mejía, la Fiscalía cita varias declaraciones que –a su juicio– ponen en entredicho las declaraciones que el exjefe paramilitar le ha dado a la justicia y que “eran suficientes para procesarlo por su falso testimonio”.

La primera audiencia en contra de alias el Panadero por falso testimonio tuvo lugar el pasado 9 de febrero, actualmente el proceso se encuentra en etapa de juicio y David Ravelo ha sido reconocido como víctima en este caso.

Desde que David Ravelo se encuentra detenido, ONGs nacionales, internacionales y mecanismos de las Naciones Unidas han llamado la atención sobre su caso y la falta de cumplimiento de los estándares internacionales del debido proceso1.

Incluso se han presentado dos amicuscuriae en relación con el juicio y la sentencia contra David Ravelo, en los que, entre otras consideraciones se concluye que el juicio amerita una nulidad y que, en todo caso, David Ravelo debería ser absuelto ya que “la condena del señor Ravelo fue en contra del peso de la evidencia que en este caso demostró su inocencia”.

Como organizaciones no gubernamentales y redes internacionales hemos venido realizando un seguimiento muy cercano a este caso y hemos expresado en numerosas ocasiones nuestra preocupación por estas y otras irregularidades sustentadas por los abogados defensores del Sr. Ravelo.

En este sentido, lamentamos profundamente que, a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha expresado preocupación por el respeto de las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a una legítima defensa y un juicio justo, la Corte Suprema de Justicia rechazara el Estudio del Recurso de Casación impidiendo así, que este defensor de derechos humanos fuera sometido a un proceso justo e imparcial en el que se le brindaran todas las garantías hasta ahora negadas.

Así mismo, esperamos que la justicia colombiana actúe con la mayor celeridad en los otros dos procesos jurídicos mencionados en contra de Mario Jaimes Mejía y de William Gildardo Pacheco Granados, y que se respete plenamente el debido proceso y los derechos de las víctimas. Y por último, hacemos un llamado a la CIDH, para que tome en cuenta las inquietudes expresadas y agilice el estudio del caso.

Firman:

ABColombia, Abogados sin Fronteras Canadá; Acción de los Cristianos para la Abolición de la tortura (Acat-France); ASK! - Grupo de Trabajo Suiza Colombia; Asociación de Solidaridad con Colombia Katio (Asoc- Katio); Associació Catalana per la Pau; Bar Human Rights Committee of England and Wales.

Christian Aid; Colombia Solidarity Campaign, UK; Comunidad Cristiana de Base Sto. Tomás de Aquino - Comisión Ética Madrid; Cooperacció; Colombia Human Rights Committee; Colombian Caravana UK Lawyers Group - International Delegation of Lawyers / Grupo de Abogados del Reino Unido de la Caravana Internacional de Juristas.

Dial – Diálogo Interagencial en Colombia; Front Line Defenders; Haldane Society of Socialist; Lawyers; InspirAction España; International Action for Peace; Justice for Colombia; Justicia por Colombia España; kolko - Menschenrechte für Kolumbien e.V.; Misereor; Mundubat

Lea también:

Comité británico intercede ante la CSJ por el caso deldefensor de derechos humanos David Ravelo

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Foto: Anarkismo.net

Lucha sindical

Trabajadores denuncian persecución y amedrentamiento a sindicalistas por parte la empresa Jardines de los Andes

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Organización Nacional de los Obreros Trabajadores de la Floricultura Colombiana, Onof, denunció que la administración de la empresa Jardines de los Andes ha venido atacando y presionando a los trabajadores con el fin de eliminar el sindicato.

Según la denuncia, las directivas patronales en la oficina de recursos humanos les elaboran a los trabajadores las cartas de desafiliación al sindicato y los instan para que lo hagan.

Igualmente buscan a la presidenta del sindicato en horas laborales para entregarle las cartas de despido, confundiendo a los trabajadores frente a la manera de hacer el trámite pertinente.

Así mismo Onof denuncia que los trabajadores son víctimas de agresiones psicológicas, intimidaciones y amenazas de despido para que firmen un nuevo pacto colectivo el cual no tendría ninguna validez.

Actualmente  el pliego de peticiones presentado por los trabajadores a esta empresa se encuentra en manos del Tribunal de Arbitramento, cuyos árbitros se posesionarán en las próximas semanas y emitirán un dictamen arbitral que es igual a una convención colectiva de trabajo.

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Terrorismo de Estado

El Ejército habría asesinado a un campesino en Pradera, Valle

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La organización Frente Amplio por la Paz denunció que presuntamente militares pertenecientes a la Brigada Móvil 28 del Ejército habrían asesinado a un campesino que luego presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”.

Según la fuente el pasado 9 de septiembre un campesino del corregimiento Bolo Blanco informó sobre el rumor de que el supuesto guerrillero abatido en combate por la Brigada Móvil No 28, en realidad era un campesino de nombre Ismael quien vivía en el corregimiento El Salado, municipio de Pradera.

Sin embargo el Frente Amplio aclaró que al cierre del informe no le había sido posible constatar dicha información debido a que el supuesto campesino asesinado no tiene familia.

Una comisión de verificación habló al respecto con el secretario de gobierno municipal Carlos Augusto Leyton Valencia y el personero Samuel Orozco Gallego, quienes manifestaron que conocieron la información sobre el presunto enfrentamiento a través de los medios masivos de comunicación.

Los dos funcionarios se comunicaron con el coronel Álvaro Moya Zapata, comandante de la Brigada Móvil 28 que opera en la zona, quien les confirmó el supuesto combate con la guerrilla de las FARC EP y la muerte del guerrillero. Sin embargo el alto oficial se comprometió a presentar un informe detallado de los hechos.

Otras denuncias sobre abusos del Ejército

El 5 de septiembre de 2015 en los corregimientos El Salado y La Feria del municipio de Pradera, Valle del Cauca, aproximadamente a la una de la tarde integrantes de la Brigada Móvil No 28 adscrita a la Fuerza de Tarea Apolo de la Tercera División del Ejército instalaron un retén e impidió el paso de los pobladores.

Los militares obligaron a los transeúntes a devolverse y resguardarse, argumentando que se iba a presentar un combate con la guerrilla de las FARC EP. Cabe recordar que este ejército insurgente decretó un cese al fuego de forma unilateral desde el pasado 20 de julio.

Momentos después y de manera inexplicable se desató un fuerte enfrentamiento entre el grupo de militares del Ejército que se encontraba en el corregimiento La Feria y otro grupo de militares del mismo bando, que estaba en el corregimiento El Salado, poniendo en grave riesgo la vida de las comunidades.

El 7 de septiembre de 2015 en los corregimientos El Salado y Bolo Azul, municipio de Pradera, Valle del Cauca, se presentaron sobrevuelos constantes de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea. Hubo desembarco de tropas en la parte alta de Bolo Azul, lo que sembró terror en la población.

El 8 de septiembre de 2015 a la una de la madrugada, en el corregimiento El Nogal del mismo municipio, integrantes del cabildo indígena Kwet Wala, escucharon disparos hacia la zona de Bolo Azul, acompañados de sobrevuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, lo que sembró el miedo en la comunidad indígena.

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