Mortandad narcocrática/
Destituyen al general Quiñónez seriamente cuestionado en derechos humanos
Por Camilo Raigozo

El Gobierno colombiano retiró del servicio al general Guillermo Quiñónez Quiroz , jefe de operaciones del ejército y ex comandante de la IV División, con sede en la ciudad de Villavicencio, Meta.

Quiñónez Quiroz había sido criticado por varios sectores de la comunidad internacional y del gobierno por no presentar resultados en la aprehensión de los narcotraficantes, paramilitares, Daniel Barrera, alias "El Loco Barrera", Pedro Oliveira, alias "Cuchillo", alias “El Tino” y otros cabecillas ‘paras’ que actúan en Meta y Guaviare.

De igual manera, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y las comunidades campesinas de los dos departamentos, habían exigido al gobierno de Uribe el retiro inmediato y la apertura de investigaciones del general, por las constantes ejecuciones extrajudiciales y escabrosas violaciones a los derechos humanos cometidos por las tropas bajo su mando.

Las comunidades del Meta y Guaviare han acusado insistentemente a la Fuerza Pública de favorecer la actuación de las diferentes cuadrillas de paramilitares que azotan la vasta región y de amenazar directamente a los campesinos con la actuación de los ‘paras’.

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Falsos positivos, asignatura pendiente
Por Vladimir Flórez. El Nuevo Siglo

EL año pasado, la tradicional tregua navideña de los medios de comunicación fue completamente alterada por el anuncio de las liberaciones que las FARC prometieron como desagravio a Hugo Chávez y a Piedad Córdoba, tras la abrupta defenestración por parte del gobierno colombiano de su tarea de mediación con la guerrilla.

Los últimos días de 2007 y los primeros de 2008 fueron la antesala de la libertad para muchos rehenes que por años tuvieron que soportar el suplicio del secuestro; ese delito execrable que algunos insisten en denominar con eufemismos como ‘retención’, ‘prisión’ o ‘detención’.

La liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, más la recuperación de Emmanuel fueron la primera dosis de felicidad colectiva que recibimos los colombianos en este convulsionado año.

El regocijo se renovó luego con el regreso de los excongresistas Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Géchem; y se convirtió en éxtasis el 2 de julio, con la extraordinaria Operación Jaque, gracias a la cual pudieron volver a casa quince de los secuestrados más ilustres de las Farc, encabezados por Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos, en el que fue sin duda el peor golpe moral que la guerrilla recibía en años, y que se producía pocas semanas después de la muerte de ‘Raúl Reyes’; del asesinato de ‘Iván Ríos’, y del deceso de ‘Tirofijo’, quien murió de viejo.

En el interregno se realizó la gran marcha del 4-F convocada supuestamente como rechazo a las FARC, pero que debido a la manipulación mediática terminó convertida en un multitudinario plebiscito de respaldo a Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática, que en este año que termina mostró su mayor lustre, pero también dejó ver su peor degradación.

Si bien es cierto que la guerrilla sufrió serios reveses contra las FF.AA., no es menos cierto que en 2008 muchos uniformados (sobre todo del Ejército) incurrieron en excesos “por los cuales no deberíamos sentirnos orgullosos”, como diría el general Colin Powell.

Aunque de por sí ya eran graves asuntos como la polémica invasión a Ecuador, rodeada de desinformación; el escabroso episodio de la recompensa por la mano cercenada de Iván Ríos y las mentiras piadosas de la Operación Jaque, el caso de los falsos positivos llenó de vergüenza a las Fuerzas Armadas y de dolor a toda Colombia.

El costo de una supuesta recuperación de la tranquilidad del país no puede medirse con la vida de jóvenes inermes, asesinados con las armas del Estado.

Y si el Presidente de la República creyó que dejaba resuelta la cosa con la destitución fulminante e improvisada de dos docenas de militares está muy equivocado, pues aún falta determinar la responsabilidad material de esos crímenes (cuyos autores deben ser judicializados), y además establecer la responsabilidad política, punto en el cual el doctor Uribe y su ministro de Defensa no se pueden seguir lavando las manos olímpicamente. Tremenda asignatura la que les queda pendiente para el año nuevo…

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ONU criticó la situación de derechos humanos en Colombia
Por Comisión Colombiana de Juristas. Viernes 12 de diciembre de 2008

En Ginebra, Suiza, tuvo lugar el 10 de diciembre la revisión de la situación de derechos humanos de Colombia en el marco del Examen Periódico Universal, nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos. 43 países de Europa, América, Asia y África participaron en este debate, que duró tres horas.

En medio de este diálogo, generalmente caracterizado por un lenguaje diplomático de reconocimientos entre los gobiernos, se expresaron serias preocupaciones por la persistencia de una grave situación de derechos humanos en Colombia.

Entre las problemáticas que de manera reiterada suscitaron preocupación de los Estados se destacan las numerosas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas en gran escala por la fuerza pública, las desapariciones forzadas, y el reclutamiento forzado de niños y niñas y su uso para tareas de inteligencia militar.

También se expresó preocupación por la práctica de la tortura. Pidieron tomar medidas significativas para que cesen estas prácticas, que no tienen cabida en una sociedad democrática.

Asimismo, varios Estados recomendaron al Estado colombiano que ratifique la Convención contra las desapariciones forzadas y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

Los diferentes gobiernos fueron muy críticos por las recurrentes amenazas y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, e instaron al Gobierno a respetar la independencia del poder judicial y garantizar la integridad de los funcionarios judiciales.

Recomendaron en particular al Gobierno abstenerse de estigmatizar públicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos e insistieron en la necesidad de hacer declaraciones públicas al más alto nivel reconociendo la legitimidad de su labor y de garantizar su protección.

Muchos países manifestaron su preocupación por el incremento del desplazamiento forzado, la deficiente atención a esta población y la falta de medidas para garantizar la restitución de las tierras y el retorno.

También recibió fuerte atención la situación de particular vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, y se recomendó garantizar su derecho a la vida y a la consulta previa sobre proyectos que afectan sus territorios.

Así mismo recomendaron implementar las recomendaciones de 2004 del Relator Especial sobre pueblos indígenas e integrar en todas las políticas públicas la Declaración sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Varios Estados se mostraron preocupados por la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado, y el impacto del reclutamiento de niños y niñas y del desplazamiento en sus vidas, haciendo especial énfasis en la violencia sexual y la trata de mujeres y niñas, requiriendo medidas urgentes y concretas para su atención de conformidad con la reciente decisión de la Corte Constitucional.

También se mencionó la necesidad de garantizar la protección y no discriminación de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (Lgbt).

Llamaron la atención sobre la persistencia de grupos paramilitares con distintos «disfraces» y la necesidad de apoyar al poder judicial en sus investigaciones sobre los nexos entre estos grupos y agentes del Estado, al tiempo que pidieron la aplicación de los estándares internacionales para garantizar los derechos de las victimas a la verdad, la justicia, y la reparación, en particular mediante la adopción de una Ley de Víctimas que permita un acceso a la reparación en términos de igualdad para todas las víctimas del conflicto armado, incluso las víctimas de agentes del Estado.

En varias intervenciones, se resaltaron la necesidad de garantizar derechos económicos, sociales y culturales, haciendo referencia en particular a la salud, la educación y a situaciones críticas de pobreza y desigualdad, especialmente de los pueblos indígenas, afrodescendientes y población desplazada, mientras otros insistieron en la urgencia de llegar a acuerdos con las guerrillas para poner fin al conflicto armado interno.

Varios países se ofrecieron para facilitar la búsqueda de la paz.

En todos los niveles de violación de los derechos humanos mencionados, los Estados expresaron preocupación por los altos niveles de impunidad, incluyendo sobre la violencia sexual contra las mujeres, y urgieron al Estado colombiano a que tome medidas judiciales más efectivas para combatirla, investigando y sancionando a los responsables. Pidieron expresamente no aplicar amnistías a responsables de crímenes de lesa humanidad.

La generalidad de los países reconocieron la actitud abierta y de cooperación del Gobierno colombiano hacia la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y frente al Examen Periódico Universal así como la ratificación de gran parte de los tratados internacionales de derechos humanos.

Así mismo algunos Estados resaltaron como positiva la disminución presentada por el Gobierno de varios índices de violencia y la desmovilización de miembros de grupos guerrilleros y paramilitares en los últimos años.

Igualmente apoyaron al Estado en sus esfuerzos por garantizar la seguridad insistiendo en que se dé siempre en el marco del respeto del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y del Estado de derecho.

Rechazaron la comisión por las guerrillas de graves infracciones al derecho humanitario, particularmente el reclutamiento forzado de menores y el uso de minas antipersona.

Esperamos que la apertura del Estado colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos, reconocida por varios Estados, se refleje en la aceptación de todas las recomendaciones formuladas sobre todas las problemáticas arriba mencionados.

De la misma manera, para ser coherente con su expresada intención de colaborar con las Naciones Unidas, el Gobierno colombiano debería presentar periódicamente ante el Consejo avances efectivos en la implementación de estas recomendaciones.

Asimismo, debería hacer efectiva la invitación abierta a los procedimientos especiales mediante la aceptación de las solicitudes de visita pendientes por parte de varios Relatores y Grupos de Trabajo.

Constatamos que las inquietudes y consideraciones hechas por los Estados son las mismas que las organizaciones de Derechos Humanos y Paz han venido denunciando reiteradamente.

Finalmente, para mejorar la situación de derechos humanos, superar la crisis humanitaria y avanzar hacia una salida política y negociada al conflicto armado interno, reiteramos la importancia que se implementen todas las recomendaciones anteriormente emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, los órganos de tratados y los procedimientos especiales de Naciones Unidas.

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Comisión Colombiana de Juristas recibe el premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone

Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas. Foto Revista Cambio.

El Premio es un reconocimiento que la Cancillería Argentina hace a la Comisión Colombiana de Juristas por su destacado trabajo en la promoción y protección de los derechos humanos.

Este año la Comisión Colombiana de Juristas ha sido merecedora al premio gracias a la importancia y calidad de su trabajo en la defensa de los derechos humanos y del Estado social y democrático de derecho.

El Premio se entregará el viernes 19 de diciembre a las 6pm en el Palacio San Martin de Buenos Aires. El acto es organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

A la entrega del Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone asistirá en representación de la Comisión Colombiana de Justicia su Director Gustavo Gallón Giraldo, quien posteriormente tendrá la oportunidad de realizar una serie de encuentros y conferencias en los cuales se sensibilizará a la academia, la sociedad y el gobierno argentino acerca del trabajo de la Comisión Colombiana de Juristas y de la situación de derechos humanos en Colombia.

Los candidatos al premio internacional de derechos humanos Emilio Mignone son postulados por las Representaciones de Argentina en el exterior, así como por las organizaciones de derechos humanos argentinos.

En comité de selección (integrado por la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y un representante de la familia de Emilio Mignone) selecciona por consenso una terna que se eleva a la Cancillería para la decisión final del ganador.

Emilio Mignone fue un destacado abogado, educador y defensor de derechos humanos de Argentina, quien se desempeñó en los años 50 y 60 como Viceministro de Educación nacional y Director General de Enseñanza de la provincia de Buenos Aires.

A raíz de la desaparición forzada en 1976 de su hija Mónica, de 24 años de edad, durante la dictadura militar, fundó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El centro fue creado dada la necesidad de encarar acciones rápidas y decisivas para detener las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que cometió el terrorismo de Estado en Argentina.

"Mignone es una figura de un enorme peso y tamaño moral, y un ejemplo para todos los argentinos. Fue un hombre que supo combinar los principios muy firmes con un sentido práctico de la acción, que siempre lo llevaba a avanzar", expresó el canciller argentino Jorge Taiana en la primera entrega de esta distinción el año pasado a la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamid).

"La Comisión Colombiana de juristas agradece este reconocimiento, pues en medio de la difícil situación de derechos humanos por las que atravesamos en Colombia, resulta gratificante encontrar que el gobierno argentino se haya fijado en nuestra labor, por su propia iniciativa y sin que nosotros hubiéramos hecho ninguna gestión para ello" comenta el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón Giraldo.

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Parauribismo/
Ola de asesinatos en Caquetá

Según denuncias de las comunidades, el pasado 23 de septiembre, en horas de la mañana, en la vereda Valle Bonito, corregimiento Lusitania, municipio de Puerto Rico, Caquetá, desconocidos asesinaron con arma de fuego a Ángel Humberto Peña Montenegro en presencia de su hijo de 6 años, y a Daimer Molano.

En horas de la tarde del mismo día, en una finca vecina, al parecer los mismos criminales, sacaron de su casa a un campesino llamado Pedro, del cual la fuente no suministró los apellidos y en presencia de sus seis hijos lo asesinaron.

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Parauribismo/
Paramilitares preparan masacres en Vista Hermosa, Meta
Unos 500 criminales hacen presencia en 20 veredas y están sembrando el terror entre los habitantes. Decenas de familias han tenido que desplazarse
Por Camilo Raigozo

Héctor Torres, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, denunció a este medio, de carácter urgente, que los campesinos residentes en las veredas, La Argentina, La Cooperativa, Loma Linda, Puerto Chorizo, Alto Canaguay, La Albania, La Siberia, El Dorado, El Vergel, La Esmeralda, El Encanto, El Progreso, Santo Domingo, Laureles, Los Pinos, Guaymaral,

Gorgona y El Tigre, municipio de Vista Hermosa, denunciaron a la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, que desde los primeros días del mes de Diciembre de 2008 aproximadamente unos 500 paramilitares autodenominados “Águilas Negras” , hacen presencia en las vías que de Piñalito conducen a las localidades de Santo Domingo y la Cooperativa.

Según las informaciones, los ‘paras’ tienen un campamento en el sitio conocido como Los Tanques, en la vereda Alto Canaguay.

Los campesinos denunciaron a la ONG que los paramilitares patrullan constantemente movilizados en motos y carros, sin que las tropas del Ejército y la Policía muestren voluntad para impedirlo.

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Los delincuentes han obligado a las comunidades a asistir a reuniones donde les advierten que ellos controlaran el negocio de coca y que ningún campesino puede vender un solo gramo nadie diferente a ellos. “De lo contrario se mueren”, les dicen.

Los ‘paras’ amenazan a la población por vía telefónica o directamente sindicándola de ser guerrillera, por lo que muchas familias han tenido que desplazarse a engrosar la cifra de más de cuatro millones de desarraigados que hay en Colombia.

Veredas enteras como El Tigre y La Gorgona, están totalmente desocupadas ante las amenazas de los paramilitares que les han dado plazos perentorios para que abandonen sus fincas.

Este 17 de diciembre un campesino víctima de los criminales que buscó refugio en Bogotá, llegó hasta las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari y suministró uno de los números de teléfono celular del que los ‘paras’ realizan las amenazas.

“Existe información de entera credibilidad de que el paramilitar Eduardo Hernández Léiton, alias “El Tino” ha amenazado de muerte a varias personas en las cercanías de Piñalito.

“Llama especial atención que en esta zona se desarrollan operaciones militares de gran magnitud y que allí opera la Brigada Móvil 12 señalada por varios campesinos de estar comprometida en varios asesinatos de campesinos, que posteriormente fueron reportados como guerrilleros abatidos en combate”, denunció la ONG en el comunicado.

La Comisión de Derechos Humanos y las comunidades responsabilizaron al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por los crímenes que han ocurrido y los que se ven venir. Del mismo modo pidieron a las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras a que insten al gobierno colombiano a que cese la orgía de sangre.

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Mortandad democrática/
Acusan al Ejército de violar el DIH en el Meta
En la vereda Barranco Colorado, municipio de Puerto Rico, Meta, unidades del Ejército adscritas a la Brigada Móvil 4, mantienen bloqueado el transporte de alimentos, medicinas y combustibles. También permanecen acantonados en áreas civiles
Por Héctor Hugo Torres, defensor de derechos humanos del bajo Ariari

El pasado lunes 15 de diciembre, varios líderes comunales de la vereda Barranco Colorado y veredas aledañas del municipio de Puerto Rico (Meta), denunciaron a la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, que unidades del Ejército Nacional adscritas a la brigada móvil 4 permanecen desde hace un mes en el casco urbano infringiendo el Derecho Internacional Humanitario.

Las normas internacionales prohíben que las tropas militares se instalen o usen zonas civiles y que permanezcan cerca de las viviendas de la población civil, porque la pone en alto riesgo de quedar entre el fuego cruzado en los enfrentamientos con la guerrilla.

Esta es una zona donde el conflicto mantiene alta intensidad, ya que allí operan varios frentes de las guerrillas de las Farc y los enfrentamientos son continuos.

Según un comunicado de la ONG defensora de los derechos humanos en la región, en ocasiones anteriores las comunidades han mantenido reuniones con los altos mandos del ejército, la Defensoría, la Procuraduría, la Vicepresidencia y otros organismos del Estado en los que se han comprometido a respetar el DIH.

Varias veces los mandos castrenses se han comprometido a mantener a sus tropas a distancias prudentes de las áreas y viviendas civiles, sin que hayan cumplido los pactos.

Según el documento, esta semana unidades del Ejército adscritas a la brigada móvil 4, están convocando a los dueños de fincas, comerciantes y pobladores civiles en general a este centro poblado para una reunión, diciéndole a los campesinos que no se puede pasar alimentos sin registro de cámara de comercio y que el transporte de estos deben ser controlados so pretexto que son para la guerrilla.

Los pobladores expresaron también su inconformidad porque las unidades militares no permiten el paso de combustibles, sin tener en cuenta que se inicia la época de adecuación de las tierras para los cultivos agrícolas.

Sin gasolina los labriegos se ven impedidos del uso de sus guadañadoras, motosierras, plantas eléctricas y demás herramientas del trabajo agrícola que son movidas por este combustible que las unidades militares están decomisándole a la población.

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Terror del régimen en el Guaviare
Los habitantes de este departamento denuncian ante la opinión pública nacional y extranjera el régimen de terror y exterminio de la fuerza pública y paramilitares
Por Camilo Raigozo. Voz

Desde el mismo momento en que se posesionó Uribe en agosto de 2002, el terror y la muerte se apoderaron del departamento del Guaviare, especialmente en su capital, San José del Guaviare y en los municipios, Calamar, Miraflores y El Retorno. De ser un territorio relativamente tranquilo y pacífico, pasó a ser un infierno para los guaviarenses.

La militarización trajo consigo la estrategia paramilitar. Se dieron inicio a las detenciones masivas arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas, los asesinatos selectivos, la restricción a la movilidad de personas, productos, medicinas, remesas y combustibles, lo que ha devenido en múltiples desplazamientos forzados.

“En el año 2002, fuimos hechos prisioneros de forma masiva y arbitraria, víctimas de un montaje de las fuerzas militares, el alcalde, el personero, los diputados y toda la dirigencia campesina de Calamar. Permanecimos año y tres meses privados de la libertad injustamente, hasta que logramos demostrarle al régimen terrorista que éramos inocentes”, le dijo a VOZ Germán Castro, dirigente comunal de ese municipio.

Policía y Ejército

El 10 de abril de 2004, miembros de la Policía y el Ejército sacaron de una finca de Calamar, donde trabajaba, al campesino Edgar Agudelo, a quién torturaron y asesinaron. Como Agudelo, centenares de personas han corrido la misma suerte. Según Castro, en el último año ha habido 276 víctimas mortales.

El 16 de febrero de 2007, agarraron a dos muchachos que iban a comprar arroz. Les pusieron uniformes, los montaron en caballos y los asesinaron. Nunca entregaron los cuerpos sus familiares. En el mismo año, la Brigada Móvil 7 se llevó a un montón de gente.

A un joven que trató de denunciar los abusos, lo golpearon, lo torturaron hasta que lo dejaron inconciente. Ese mismo día los uniformados violaron a una muchacha.

“Mi odisea empezó en el 2003 cuando llegó el ejército a Calamar y ofreció 50 millones de pesos a quién diera información acerca de mi paradero, porque según los mandos castrenses, yo era guerrillero”, le denunció a VOZ un líder campesino de la región.

Esta persona fue cotero y dirigente de ese gremio por más de 10 años, presidente y líder de la junta de acción comunal de su vereda y copropietario de una importante empresa de transporte fluvial. Todo su capital lo perdió por el acoso del ejército.

Brigada Móvil 7 asesina campesinos

El 10 de agosto de 2005 en la vereda Puerto Palma, militares de la Brigada Móvil 7 asesinaron a los campesinos Ericelio García Gutiérrez, Ángel Alberto Sánchez y Arnobio de Jesús García. Los presentó como guerrilleros dados de baja en combate.

De la misma finca los militares robaron 42 cabezas de ganado y varios caballos, que le vendieron a los paramilitares acantonados en Calamar. El dueño de la finca tuvo que abandonarla de inmediato para salvar su vida.

El 2 de agosto de 2007 en la vereda La Cristalina, de El Retorno, miembros del ejército asesinaron a los comerciantes Eider Leandro Rodríguez Guerrero, Omar Gustavo Perilla Bueno, José de Jesús Giraldo Aguirre y a Luís Serrano Rayo, quienes se dirigían de la vereda La Paz a Tomachipán a comprar ganado.

Los militares les robaron a los comerciantes 230 millones de pesos y los presentaron como guerrilleros abatidos en un supuesto combate.

“Vamos a traer a los paramilitares”

Otro campesino quién pidió omitir su nombre, le contó a este medio, que el 23 de diciembre del año pasado, cuando se dirigía a su casa montado en su caballo luego de sus faena diaria, se encontró con tropas del ejercito, quienes lo torturaron y lo golpearon con brutalidad, supuestamente por que era colaborador de la guerrilla.

“Sí no nos dice donde está la guerrilla vamos a traer a los paramilitares para que los maten”, lo amenazaron los uniformados. Por la golpiza que recibió quedó postrado en una cama por más de seis meses.

Los habitantes del Guaviare, claman a la comunidad internacional, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que insten al gobierno de Uribe a que termine con su política de terror contra las comunidades inermes y a que se haga justicia por todos los atropellos y crímenes cometidos por la fuerza pública en connivencia con paramilitares ahora autodenominados “Águilas Negras”.

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Mortandad democrática/

Asesinado en Caquetá defensor de derechos humanos
Por Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

La víctima en esta ocasión fue Joel Pérez Cárdenas, identificado con c.c 17.648.312 de Florencia caquetá, de 36 años de edad. Fue uno de los fundadores y primeros directivos del proceso organizativo de derechos humanos que hoy se conoce como Corporación por la Defensa de Derechos Humanos Caguán Vive.

Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Vegas Bajo Pato, vicepresidente de la Asociación Ambiental del Bajo Pato, ex-consejal de San Vicente del Caguan, miembro del Polo Democrático Alternativo y del Comité Municipal de Ganaderos de éste municipio.

También era directivo de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal y de profesión Administrador Financiero. Hijo de Simeón Pérez, dirigente politico de izquierda y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica.

Joel salió, en su motocicleta de su casa ubicada en el Barrio 20 de Julio de San Vicente del Caguán a las 8 de la mañana el día 8 de diciembre del presente rumbo al municipio vecino de Puerto Rico Caquetá que dista unos 45 minutos.

Avisó a su familia que regresaría ese mismo día pero no regresó. Su cadáver fue encontrado a 20 minutos del casco urbano el miércoles 10 de diciembre totalmente incinerado, decapitado y con un orificio en el cráneo.

Su motocicleta aun permanece desaparecida. Según testigos de la zona, el cuerpo sin vida fue visto en la mañana del martes aún humeante a orillas de la vía principal, lo que indica que su asesinato fue cometido, posiblemente, en la madrugada del martes.

Cabe anotar que según testimonios de los moradores de ese sector, el Grupo Meteoro del Ejército Nacional había llegado a ese sector el lunes 8 de diciembre. Cuando se fue a realizar la inspección con los agentes de la Sijin, aún se encontraban en la zona.

Los moradores aseguran que informaron al ejército de la existencia del cadáver pero que estos no hicieron diligencia alguna para su levantamiento. Según el proceso de recolección de testimonios, todo apunta a que se podría tratar de un crimen de Estado.

Joel era hermano de Domingo Emilio Pérez, actual presidente de la Corporación Caguán Vive, quien fue candidato a la alcaldía de San Vicente del Caguán por el Polo Democrático Alternativo en el 2007.

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