sábado, agosto 02, 2008

¡Aberrante Presidente!/
Empresa Saludcoop despide trabajadores por sindicalizarse
El sector sindical acusa al Ministerio de Seguridad Social de complicidad con las actitudes de los empleadores
Por Camilo Raigozo. Con información de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, denunció a la Empresa Prestadora de Salud, EPS, Saludcoop y al Ministerio de la Protección Social por su actitud contra los derechos de los asalariados en el proceso de constitución e inscripción del Sindicato Sintrasaludcoop.

El miércoles 16 de julio de 2008, los trabajadores en asamblea constitutiva realizada entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., acordaron la creación del Sindicato de Trabajadores de Saludcoop, Sintrasaludcoop.

El 17 de julio a partir de las 11:30 de la noche, le fue notificado a los trabajadores (a unos en sus puestos de trabajo, y a otros en su residencia, violándole los derechos a la intimidad y al descanso), su despido por “justa causa”.

En la carta de despido, “con texto idéntico para la mayoría de las víctimas”, se les dice entre otras cosas: “ Revisando sus antecedentes, se pudo constatar que el área y los turnos donde usted labora presenta varias quejas e informes de nuestros usuarios relacionadas con maltratos, atención inoportuna, información errada, tratamientos inadecuados, etc., según informe remitido el pasado 14 de julio por nuestra empresa auditora Audieps.

“Estos hechos constituyen un grave e incuestionable incumplimiento a sus obligaciones legales, contractuales, y reglamentarias, por lo que se justifica plenamente la determinación que se le comunica, máxime cuando hechos como estos perjudican nuestra imagen corporativa y atentan contra la dignidad y salud de nuestros clientes afiliados”.

Con los despidos de los trabajadores que se encontraban en turno, se puso en riesgo la integridad de los pacientes que a esa hora eran atendidos por los despedidos.

Luego de los despidos, denuncian los ex trabajadores, han sido asediados con persistentes llamadas telefónicas a sus residencias.

“En dichas llamadas, la mayoría efectuadas por la señora Jackeline Bustos, nos ofrecen dadivas económicas a cambio de que desistamos de todos los actos necesarios para culminar con la inscripción del sindicato en el Ministerio de la Protección Social”, dicen en un documento público las personas afectadas.

“Hoy, fruto de la presión sicológica desatada, de los ofrecimientos e inclusive intimidaciones temerarias con demandas penales por hechos imprecisos que anuncia la empresa, quedan aún en el proceso doce valientes trabajadoras que no están dispuestas a doblegarse”, advierten en su queja.

El Ministerio de la “Protección” Social juega su funesto papel

Mediante la resolución 002347 del 23 de julio de 2008, firmada por Carmenza Gallo, inspectora de Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del ministerio, procede a negar la inscripción del Sindicato.

Según los sindicalistas, “el ministerio argumentó aspectos irrelevantes y, en todo caso, subsanables, o que teniendo alguna relevancia dejan de considerar la dificultad de las condiciones en que se crea el sindicato.

“En este caso, el ministerio actuó con toda la premura que no tiene tratándose de los cambios de junta directiva de los demás sindicatos, y en todo caso dándole una prelación y acuciosidad inexplicable respecto de todos los demás procesos”.

Algunas excusas del ministerio para su negativa

Que el nombre del sindicato no es idéntico, por algunas letras, en todas las partes del cuerpo estatutario y la solicitud. Asunto considerado por los asalariados como irrelevante y subsanable.

Que se acogen como propias las funciones de presentar solicitudes respetuosas en representación de sus afiliados o que interesen a ellos, que corresponden a los sindicatos empleados públicos.

“Es lógico que cualquier sindicato desarrolle funciones en representación de sus afiliados, de sus fines y funciones y en todo caso en un Estado Social de Derecho. Asunto irrelevante y si fuese del caso subsanable”, aducen los gremialistas.

Que no se indica la actividad que ejercen los trabajadores y que los vincula sindicalmente, ni el objeto de la organización.

“Es claro y de bulto, que siendo Saludcoop una EPS, la función principal de sus trabajadores es la de la los servicios de salud, lo que se puede además deducir de una simple lectura de la nómina de junta directiva presentada a la Inspección, en que se señala la profesión u oficio de los directivos elegidos. Respecto del objeto de la organización, este está claramente definido en la Ley”, responden los trabajadores.

Que se propuso como requisito para afiliarse una edad de 18 años y no de catorce 14 como dice la Ley. Esta al fijar una edad mínima de catorce 14 años no prohíbe que se establezca una edad superior.

Que algunas partes del estatuto, no son equivalentes a lo señalado constitucional y legalmente. Este asunto es fruto de la premura en tiempo para fundar el sindicato, y del desconocimiento normativo por falta de experiencia en el tema de los fundadores.

Lo anterior demuestra que el Ministerio de Trabajo y “Protección Social”, está hecho para proteger a los empresarios contra los derechos de los asalariados.

El régimen narco-para-uribista queda al desnudo nuevamente, sin embargo el apoyo al Presidente sigue acercándose al 100%.

Las víctimas de esta masacre laboral entablaron una acción de tutela solicitando su reintegro a la empresa, por considerar vulnerado el derecho fundamental de asociación sindical.


viernes, agosto 01, 2008

El Castillo, Meta
“Aquí va a morir mucha gente”: Ejército
Serias denuncias de sindicatos agrícolas y de las comunidades contra la Fuerza Pública por violación s sus derechos
Por Camilo Raigozo. Con información de Fensuagro

Según denuncias del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, en los días siguientes de la Misión Humanitaria realizada los días 21 y 22 de mayo en las veredas de Campo Alegre y La Esmeralda, han ocurrido hechos que tiene preocupados a los pobladores.

Tropas del Batallón 21 Vargas que controla el territorio con patrullajes permanentes, han realizado allanamientos a varias viviendas campesinas buscando amedrentar y causar terror en los pobladores, lo mismo que a las personas que han retornado a la región luego de haber sido desplazadas.

Según los campesinos la situación es muy grave ya que las autoridades civiles del municipio de El Castillo no tienen control y al parecer tampoco poseen información de los desmanes que la fuerza pública viene realizando.

A finales del mes de mayo allanaron la casa de Valentina, una campesina de avanzada edad quién vive sola y en condiciones muy precaria. En la población de Miravalles miembros del ejército acusaron a un campesino de ser guerrillero y lo amenazaron con los paramilitares.

El día 7 de Julio de 2008, a las 10 de la mañana hombres del ejercito se acercaron a unos 30 metros de la vivienda de Aladino Álvarez Calvo, en la parte alta de la vereda de Caño Lindo.

Los soldados le pidieron que les vendiera unos plátanos a lo cual asintió Aladino, pero cuando el campesino les ofreció limonada, le tomaron fotos con un celular y seguidamente le preguntaron que en realidad que estaba haciendo mientras simulaba el que trabajaba.

Aladino les respondió que estaba sembrando fríjol, a lo que el uniformado lo acusó de estar comunicándose por teléfono con la guerrilla, avisándole de la ubicación del ejército.

“Tranquilos, ya estamos engordando a varios marranitos para la noche buena, ahora las cosas han cambiado, por que los que no salieron antes de la región en el desplazamiento pasado los tenemos ubicaditos, aquí va a morir mucha gente”, le dijo el militar a Aladino, quién advirtió que los militares poseen una larga lista de campesinos de la región, entre los que recuerda a Jesús Rengifo, campesino de la vereda.

El día 7 de Julio de 2008, entre las 11 y las 12 del día, hicieron presencia tropas del ejército en la casa de Jesús Antonio Rengifo. “Llegaron a mi casa tomándome fotos con un celular, entraron y abrieron un cajón, miraron, lo cerraron y se fueron”, dijo Rengifo quién se encontraba con un nieto menor de edad. Pidió que la Defensoría investigue el porque las tropas del ejército le toman fotos y le hacen seguimientos.

El 13 de julio anterior, en la vereda Caño Lindo, informaron los campesinos sobre la presencia del ejército a 100 metros de distancia de la vivienda de Herminson Tique, quién en días anteriores había sido citado por el ejército en una parte montañosa lo que le generó temor y sospecha decidiendo no acudir.

Ese mismo día hubo sobrevuelos de aviones militares a muy baja altura lo que generó pánico colectivo entre los habitantes de las veredas. El 19 de julio del 2008, a las 2:30 p.m. aproximadamente, al sitio donde se realizaba una fiesta organizada por el comité de deportes de la vereda de La Esmeralda.

De repente llegaron al sitio un carro vino tinto y una furgoneta de los que bajaron militares del Gaula que inmediatamente rodearon el lugar y se dedicaron a tomarle fotos y a filmar a los pobladores que se encontraban en la reunión comunitaria.

El mismo día arribaron a la vereda El 11 dos camiones del ejército con personal uniformado y hombres de civil armados, lo que ha despertado temor en la población inerme a lo que pueda ocurrir.


El sindicato agrario pidió a las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras estar alertas e instar al gobierno nacional para que cesen las violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades de esta región del Meta.
Foto El Espectador

miércoles, julio 30, 2008

Tribunal Permanente de los Pueblos
Condenados Gobierno y transnacionales en Colombia
Entre los múltiples actos criminales el tribunal internacional constató el proceso de aniquilamiento de al menos 18 tribus indígenas
Por Camilo Raigozo, Voz

En la gráfica de C. Raigozo, el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel (iz) y Gianni Tognoni en rueda de prensa.

Desde el año 2005 cuando el TPP aceptó la acusación formulada por un nutrido grupo de asociaciones civiles, se desarrollaron hasta la fecha, seis audiencias temáticas, las cuales se iniciaron con la transnacional suiza Nestlé, en Berna, Suiza, en octubre del 2005; las transnacionales agroalimentarias realizada en Bogotá el 1 y 2 de abril de 2006; transnacionales mineras, en Medellín, el 10 y 11 de noviembre de 2006;

transnacionales que afectan la biodiversidad, realizada en la cuenca del río Cacarica en el Bajo Atrato chocoano, realizada el 25 y 26 de febrero 2007; transnacionales petroleras, realizada en Bogotá, del 3 al 5 de agosto de 2007; de servicios públicos realizada el 7 y 8 de abril de 2008 en Bogotá y la más reciente, pueblos indígenas, realizadas los pasados 18 y 19 de julio en Atánquez, Sierra Nevada de Santa Marta.

En el veredicto final emitido el pasado 23 de julio en Bogotá por el TPP, fueron hallados culpables el gobierno de Álvaro Uribe y 43 empresas transnacionales, por la comisión de múltiples delitos violatorios a los derechos humanos fundamentales de la población colombiana, profiriendo condena ética y moral en su contra.

El proceso condenatorio estuvo a cargo de l2 jueces de la más alta reputación en el mundo, entre los que se encontraba el Premio Nóbel de la Paz de 1980, el argentino

Adolfo Pérez Esquivel, quién le comentó a VOZ que, “Sí bien es cierto que las condenas emitidas por este tribunal no contienen consecuencias jurídicas de obligatorio cumplimiento, estas deben ser bien tenidas en cuenta por los implicados, ya que emanan de un tribunal ético que goza de una relevante influencia a nivel internacional”.

Los delitos cometidos

Entre otros delitos por los que fueron condenadas las transnacionales están, la violación del derecho laboral; violación generalizada de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medioambientales de los pobladores; transgresión de los derechos de las comunidades indígenas y la utilización de grupos paramilitares en el aniquilamiento y desplazamiento forzado de extensas zonas poblacionales.

En la sesión que el TPP realizó el pasado 19 de julio en Atanquez, Sierra Nevada, se comprobó que al menos 18 pueblos indígenas colombianos están siendo aniquilados sistemáticamente y sus territorios controlados por paramilitares, megaproyectos y empresas transnacionales.

Por su parte el Gobierno colombiano fue condenado por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas en sus peculiaridades de matanzas, desplazamientos forzados, lesiones graves a la integridad física y mental y sometimiento intencional a condiciones de existencia que conllevan a la destrucción física total o parcial de comunidades enteras.

“Los gobiernos que permiten y facilitan estos tipos de violaciones por parte de las empresas, deben recibir el repudio del Tribunal Permanente de los Pueblos, pero también de todos los seres humanos existentes sobre la tierra”, dijo al respecto el juez italiano Gianni Tognoni.

También fueron condenados en el dictamen por sus políticas neoliberales que someten a extensas poblaciones al hambre, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, así como los organismos internacionales que dificultan la exigencia de responsabilidades desde el derecho internacional a las multinacionales.


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lunes, julio 28, 2008

Declaración del Partido Comunista de España en relación a la detención de la activista de solidaridad Remedios García Albert
Partido Comunista de España

El Partido Comunista de España considera necesario salir al paso de la detención de la activista de la solidaridad Remedios García Albert, ya que consideramos que la información que se ha dado desde los medios de comunicación ha sido claramente parcial.

En nota publicada por su Abogado, Enrique Santiago se señala que:

La detención de R.G.A. se produjo bajo la acusación de un delito de ³integración en banda armada², acusada de ser la responsable de las FARC en Europa así como de estar integrada en la estructura de esta organización.

La detención se produjo a instancias de las autoridades colombianas, concretamente del fiscal Mario Iguaran, con base en unos supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del ex responsable de relaciones internacionales de las FARC Raúl Reyes, muerto el pasado mes de marzo en un ataque del ejercito colombiano contra territorio ecuatoriano.

RGA se ha desempañado desde 1.998 como técnico de Ospaal, ONG española cuyo objeto social es la búsqueda de la paz y la resolución negociada de conflictos aplicando los principios del Derecho Internacional Humanitario, debido a lo cual mantuvo constantes contactos con las partes involucradas en el conflicto colombiano.

Igualmente, RGA es un destacad activista de la solidaridad internacional, habiendo realizado números actividades de defensa de los derechos humanos de las victimas de los conflictos del Sahara Occidental, Palestina o Irak entre otros.

En la mañana del domingo 27 de julio , sin que la policía española utilizara más que un día de los cinco que la legislación antiterrorista le autoriza a mantener a la detenida bajo su custodia, fue puesta a disposición de la Audiencia Nacional, concretamente del Juzgado Central de instrucción nº 5, a cuyo frente se encuentra el Magistrado Juez Baltasar Garzón.

Tras el interrogatorio a que fue sometida en sede judicial, estando presente el fiscal y el abogado defensor Enrique Santiago, el juez rebajó la acusación a un delito de ³colaboración con banda armada², procediéndose a realizar la vista judicial que decide sobre la situación personal del imputado.


En la celebración de la vista el fiscal solicito que se acordara prisión provisional eludible bajo una fianza de 20.000.- euros, mientras que la defensa solicito la libertada de la imputada, subsidiariamente la imposición de una mediada cautelar no pecuniaria ­a tendiendo a la situación económica de la imputada, trabajadora de escasos recursos y sin patrimonio personal- y subsidiariamente, ante la reducción de la fianza solicitada por la fiscalía hasta una cantidad proporcionada a la capacidad económica de la imputada.

Finalmente el Juzgado Central de instrucción nº 5, tras establecer que podría tratarse de un posible delito de ³colaboración con banda armada², acordó la puesta en libertad de la detenida, decretando prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000.- euros que deberá ser depositad en siete días, y en caso de no ser depositada, con al obligación de ingreso en prisión.²

En función de esta información, para el PCE estamos ante un claro intento de criminalizar a los Movimientos Sociales alternativos, toda vez que esta noticia se mezcla con la no confirmadas relaciones entre las FARC y ETA, y de forma muy concreta se trata de deslegitimar a quienes tratan de plantear una salida negociada del conflicto colombiano.

De esta manera tras el 11-S y la posterior política de restricción de las libertades civiles y publicas que invade el planeta, todos los defensores de la paz y la resolución negociada de los conflictos en estricta aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario corren el riesgo de ser criminalizados, como ya está haciendo el gobierno colombiano con toda la comisión de autoridades que intervinieron en el ultimo intento de intercambio humanitario de rehenes de las FARC y presos del estado colombiano.

Los hechos imputados a RGA son claramente una criminalización gratuita de las actuaciones de búsqueda de la paz, de los compromisos de actuación humanitaria dentro del conflicto y de los esfuerzos por poner en contacto a las partes implicadas.

Cada vez aparece mas difusa la línea separadora entre las practicas dialogadas para la resolución de conflictos y la ³colaboración² con organizaciones terrorista, tendencia que de seguir así provocara mas temprano que tarde que nadie esté dispuesto en el planeta a realizar tarea alguna de mediación o interlocución para la resolución conflictos armados².


En consecuencia desde el PCE mostramos nuestra solidaridad con RGA y con quienes en todas las partes del mundo trabajan para frenar el imperialismo que intenta imponer una única vara de medir, mediante la que quienes son sus aliados pueden cometer todo tipo de crímenes, caso del terrorista Posada Carriles, mientras quienes no se someten a sus intereses son tratados como terroristas, por mas que defiendan la salida pacifica de cualquier conflicto, y en consecuencia pedimos al Gobierno de España que no se deja arrastrar por quienes tratan de situar al actual Gobierno de Colombia como la punta de lanza del imperialismo para frenar el avance popular que se esta dando en toda Latinoamérica.

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