Seguridad narcocrática/
Acusan al Ejército de utilizar a civiles como escudos humanos
Por Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes

En desarrollo de acciones militares indiscriminadas, integrantes del Ejército del Estado Colombiano utilizan de escudo, destruyen bienes civiles, cometen homicidios y le causan heridas a personas protegidas integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Municipio de Argelia, Filial de Fensuagro e integrante de la Coordinación Departamental del Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.

De acuerdo con las denuncias recibidas recientemente, militares del Estado Colombiano, pertenecientes al Batallón de Infantería 7 General José Hilario López, pertenecientes a la brigada 29 y adscritos a la Tercera División del Ejército de Colombia, en desarrollo de la Doctrina de la Acción Integral y su Política de-

Consolidación de la Seguridad Democrática continúan desplegando acciones sistemáticas de terror de Estado concretadas en acciones militares indiscriminadas en zonas pobladas en enfrentamientos armados con el Sesenta Frente de las FARC-EP.

En los cuales el grupo de militares del Estado Colombiano utilizando los bienes civiles y a ciudadanos como escudos, atacaron indiscriminadamente bienes civiles y resultaron heridos cuatro campesinos, entre ellos una menor de 18 meses de edad y muertos dos menores de 11 y 17 años, además de causar graves daños a bienes civiles.

Como política de Estado, los “soldados de la patria” del presidente Álvaro Uribe Vélez, en desarrollo de su accionar militar violan frecuente y reiteradamente los principios de humanidad, necesidad militar, distinción, inmunidad civil y proporcionalidad y sobre todo el carácter de protección que tienen los civiles y sus bienes.

Por lo tanto, responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, a la Gobernación del Departamento del Cauca en Cabeza de Guillermo Alberto González y a militares y de policías del Estado colombiano, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el Municipio de Argelia.

En el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, el viernes 28 de Mayo de 2010, a las 6:13 de la tarde, militares pertenecientes al Batallón de infantería No. 7, General José Hilario López, inician enfrentamientos armados en una zona poblada en contra de integrantes del 60 frente de las FARC-EP.

Los militares se apostaron en las estribaciones de las casas de los habitantes del barrio Siete de Agosto, del corregimiento El Plateado. Los militares lanzaron varias granadas de fragmentación, una de las cuales cayó en un hogar campesino.

Allí se encontraban las campesinas Edith Narváez Bastidas, de 22 años y Jurley Narváez Bastidas de 17 años, mientras que en la casa vecina se encontraban Claudia Patricia Espinoza Salazar, de 17 años y Oscar Janier Espinoza Salazar de 11 años.

Resultaron muertos Claudia Patricia Espinoza a causa de esquirlas de artefacto explosivo a la altura del cuello y cabeza y Oscar Janier, a causa de esquirlas de artefacto explosivo en la espalda.

Mientras tanto Edith y Jurley Narváez resultaron con graves heridas y fueron trasladadas inicialmente al puesto de salud del corregimiento El Plateado y luego fueron remitidas al hospital nivel 1 municipal de Argelia.

Los enfrentamientos armados se trasladaron a la vereda Pepinal del Corregimiento de Argelia y cerca de las 6:30 de la tarde, resultaron heridos a causa de proyectil los campesinos Lucely Hoyos, de 24 años y su pequeña hija Daniela Fernández , de 18 meses.

Responsabilizamos al Estado colombiano, y en particular al mayor general Justo Eliseo Peña Sánchez, comandante de la Tercera División del Ejército de Colombia; al teniente coronel Miguel Ángel Fajardo Pedraza, recientemente nombrado como comandante del Batallón de Infantería No. 7, General José Hilario López,-

por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades militares que dirigen.

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Parauribismo/
Paramilitares vuelven a amenazar con el silencio cómplice del Presidente
Por organizaciones sociales

En el suelo colombiano continúa el plan de intimidación y exterminio por parte del paramilitarismo, “Águilas Negras”, en complicidad con el actual gobierno y sus fuerzas militares, quienes lo han asumido como una estrategia siniestra de acallar las voces de-

organizaciones sindicales y sociales que hemos decidido tomar las banderas de la defensa de los territorios, de la denuncia frente a los atropellos ocasionados por el gobierno y las multinacionales sin tener en cuenta los derechos ancestrales de las comunidades del suroccidente del país.

Estrategia que se fortalece por el contexto de degradación del conflicto social y armado por la que atraviesa nuestro país, aunada a la poca eficiencia y negligencia de las instituciones del Estado para garantizar nuestro ejerció democrático de exigibilidad de-

los derechos constitucionales de carácter fundamental para los grupos poblacionales vulnerables, y antes por el contrario permite que la escalada de violencia se posesione como una acción política en contra los líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

El 31 de mayo de 2010, siendo las 8:13 pm a algunos compañeros antes amenazados les llega un mensaje de texto enviado del abonado Comcel número 312-7609693, que decía textualmente:

“pcn concej cmrt la toma yolombo cric cerro tigeras ddhh cutvalle buenos aires cr teta nómades naya hp instan a las comunidades a la revolución creando problemas de orden publico reteniendo a los representantes del gobierno en Suarez presentando papeles falsos para evitar el progreso desde el dia viernes teníamos ubicao sr alex quintero le perdonamos la vida a la familia primero licifredy enrique goyes eduarvilleg diegescobar águilas negras”. (Sic).

Los anteriores compañeros hicieron parte de la Audiencia Minera que se celebró el pasado 26 de Mayo en el Municipio de Suárez, Cauca, hicieron intervenciones en defensa del territorio ancestral para las comunidades indígenas y negras, cuestionaron abiertamente las políticas del Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas en su nefasta-

intervención para que el Juez 1º Administrativo de Popayán ordenara mediante una acción de cumplimiento el desalojo de varias familias de escasos recursos que se han dedicado por centenares de años a la extracción artesanal de oro, y que ahora por extrañas circunstancias y procedimientos errados le fueron entregados en concesión al señor Héctor de Jesús Sarria, persona que nunca ha vivido en la región.

A la misma audiencia, asistieron por parte del Estado el encargado de la política de DDHH de la Vicepresidencia de la República Dr. Carlos Franco, Delegada del Ministerio de Minas y Energía, Delegadas de Ingeominas por Bogotá Dra. Ercilia Monroy y Cali, el Defensor Regional del Pueblo Dr. Víctor Meléndez, un Funcionaria de la Gobernación del Cauca, los Alcaldes de Buenos Aires Sr. Clemente Lucumí Golu y Suárez Sr. Luis Fernando Colorado, entre otras personalidades

Central Unitaria de Trabajadores Valle del Cauca; Departamentos de Derechos Humanos y Lucha contra Transnacionales, Asociación de Cabildos del Norte del Cauca; Consejo Regional Indígena del Cauca; Proceso de Comunidades Negras; Asociación Nomadesc; Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya; Comité de Integración del Macizo Colombiano; Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de Colombia; Cabildo Cerro Tijeras y Coordinador Nacional Agrario.

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El batallón Pichincha atenta contra la salud del vecindario por manipulación de gases
Por Carmiña Navia*

Hoy, martes 1 de Junio de 2010, habitantes de los barrios vecinos al batallón Pichincha en Cali, hemos sido expuestos a uno de los atropellos comunes que se cometen desde las instancias de poder, de manera completamente irresponsable.

A las 5.15 de la tarde, habitantes de los barrios: Meléndez, El Jordán, Horizontes, La Esmeralda, La Esperanza, Alto Jordán, Polvorines y los sectores aledaños (en Cali), empezamos a sentir: escozor en los ojos, dolor de cabeza, dificultades para respirar, congestión nasal, vómito.

Síntomas que aumentaban en la misma medida en que aumentaba la desesperación de no saber qué estaba pasando y cómo actuar. Se desató pues una emergencia que afectó por igual a niños/as, ancianos/as, a los que se podía ver en la calle buscando refugio y ayuda.

La situación de emergencia fue creciendo, hasta por lo menos las 6.15 p.m. cuando llamé al número 123, ayudas de la Policía, buscando apoyo. Allí se me informó que en el vecino Batallón Pichincha, se estaban haciendo unas prácticas y que unos gases se les habían escapado hacia el sector.

Que no era posible hacer nada porque el Ejército es autónomo y que ya se les había pedido que suspendieran los experimentos pero había que esperar a que los efectos pasaran por sí mismos.

Se supone que las autoridades de una ciudad, deben proteger el ambiente, la vida y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas e informar sobre qué hacer y cómo hacer, en casos de emergencia.

En este caso no sólo no cumplen con estos deberes, sino que son ellos mismos los encargados de generar la emergencia, sin que haya ninguna responsabilidad en la solución de la situación que han propiciado.

Cuando escribo esto, cerca de las ocho de la noche, hay aún vecinos y vecinas, con dolor de cabeza y con una aguda irritación en los ojos, como la que tengo yo misma.

Una vez más, los/las civiles nos encontramos indefensos y nuestra vida en riesgo por la arbitrariedad de quien tiene el poder.

* Habitante afectada por los gases emanados de las instalaciones del batallón Pichincha quien denunció los hechos a Notimundo.

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Contundente respaldo de la ciudadanía a la rama judicial
Las altas cortes cierran filas ante las presiones de Uribe
Por Alianza Ciudadana

Miércoles 2 de junio de 2010.- Los presidentes de la Corte Suprema Magistrado Jaime Alberto Arrubla, de la Corte Constitucional Magistrado Mauricio González y el vicepresidente del Consejo de Estado Magistrado Mauricio Fajardo,-

recibieron esta mañana en el acto de Ciudadanos por la Justicia, organizado por la Alianza Ciudadana por la Democracia y la Corporación Plural, el respaldo contundente y unánime de amplios sectores representativos de la sociedad civil.

En sus intervenciones, los Magistrados reiteraron la necesidad de procurar la independencia y autonomía de la justicia como un pilar esencial para el sostenimiento de la democracia.

El presidente de la Corte Suprema, Magistrado Jaime Arrubla, recordó al auditorio los señalamientos, amedrentamientos, amenazas y persecusiones de que han sido víctimas por los procesos que adelantan.

“Hay quienes, ufanándose de gozar de un poder popular, insultan a los jueces con el propósito de reducir sus funciones y competencias de carácter autónomo”, dijo Arrubla en su intervención y advirtió que, incluso, se les califica de “cohonestar con reductos del terrorismo”.

Le siguió en el orden de la palabra el Magistrado Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional, quien advirtió que “en pocas ocasiones los organismos judiciales muestran una armonía interna tan sólida como ahora, demostrando que el poder de la justicia está unido”, dejando clara así la posición única de la rama en relación con los señalamientos provenientes del poder Ejecutivo.

El vicepresidente del Consejo de Estado Magistrado Mauricio Fajardo, resaltó cómo el presupuesto asignado a la justicia en el presupuesto nacional es de sólo el 1,2 por ciento, y cómo la escasez de recursos en el sector es una afrenta a los ciudadanos, menoscaba el Estado Social y Democrático de Derecho y, por ende, la autonomía de la justicia.

Además, expresó que “cuando son las mismas autoridades de la república las que hacen críticas incendiarias contra la justicia, se está poniendo en entredicho la autonomía judicial”.

El Auditorio ovacionó de pie la intervención de cada uno de los Magistrados, ratificando así el cerrado apoyo a la independencia de la rama judicial.

Palabras de apoyo

Estos son apartes de algunas de las intervenciones ciudadanas que se escucharon en la mañana de hoy en el Salón Esmeralda del Hotel Tequendama:

“Cuando la concentración del poder amenazó nuestra democracia, la justicia la defendió. Cuando el abuso del poder nos atacó, la justicia nos protegió. Cuando las mafias se agazaparon en otros poderes, la justicia las develó.

“Cuando los aliados de esas mafias mancillaron su honor y obstruyeron su acción, la justicia resistió. Cuando el poder de la corrupción presionó para obtener impunidad, la justicia perseveró buscando claridad”. Claudia López, analista política.

“Los escándalos protagonizados por los servicios de inteligencia en contra de la justicia violan la ley y el mandato constitucional del derecho a la intimidad, como en abusivas autocracias de otras latitudes”. Augusto Ramírez Ocampo, presidente de la Corporación Plural.

“La justicia, como la prensa, se necesita independiente y autónoma en una democracia”. María Teresa Herrán, periodista.

“A los demócratas de hoy no nos alcanzará la vida para agradecer a la Corte Constitucional la sentencia que tumbó la reelección”. León Valencia, director de la Fundación Arco Iris.

“Hay una empresa criminal encargada de amenazar y coartar a la justicia. Hay que desmontar la mafia que hoy nos gobierna”. Natalia Springer, decana de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Es prioritario eliminar las conductas que puedan socavar la independencia judicial, tales como las presiones o amenazas, las interferencias ilegales y los intentos de desprestigio". Christian Salazar, representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. La ilustración es de Notimundo.

Mayor información

Alianza Ciudadana por la Democracia
alianzaciudadanaporlademocracia.net
alianza@alianzaciudadanaporlademocracia.net

Augusto Ramírez Ocampo
Celular 312-4346907

Armando Novoa
Celular 315-7807862




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Las altas cortes reciben respaldo de la sociedad civil
Por Alianza Ciudadana por la Democracia

Martes 1 de junio de 2010.- Mañana miércoles 2 de junio de 9:30 a 12:30 m. en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, la Alianza Ciudadana por la Democracia realizará un acto de Acción urgente por la justicia, en el que la sociedad ratificará su apoyo a la labor de los jueces y tribunales, y en especial, a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

El presidente del Consejo de Estado Magistrado Luis Fernando Álvarez Jaramillo, el presidente de la Corte Suprema Magistrado Jaime Alberto Arrubla Paucar y el presidente de la Corte Constitucional Magistrado Mauricio González Cuervo,-

recibirán un manifiesto de apoyo de la Alianza Ciudadana en el que se reafirma el respaldo a la función de la rama judicial en la defensa de la democracia y se llama a asegurar la independencia y la autonomía de los jueces, como lo señala la Constitución.

Antecedentes

El pasado 15 de abril la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia lanzó un S.O.S. a la sociedad para romper la indiferencia frente a los ataques orientados a desinformar, asediar y desprestigiar su acción por las investigaciones contra la parapolítica y la yidispolítica.

La Alianza Ciudadana por la Democracia atendió el llamado y, desde entonces, adelanta una serie de acciones tendientes a rodear a la rama judicial frente a la arremetida en contra de la autonomía de la justicia.

Esta arremetida ha consistido en seguimiento a los magistrados, intimidación contra ellos y sus familiares, interceptaciones telefónicas, y otra serie de actos que ya han llevado a que la Oficina de Naciones Unidas para la Independencia Judicial considere que la autonomía y la independencia de la justicia en Colombia se encuentran en grave riesgo.

Sobre la pertinencia del acto de acción urgente por la justicia dice Armando Novoa, de la Alianza Ciudadana por la Democracia: “Adquiere mayor importancia en este momento en el que se avecina el relevo presidencial, ya que el actual gobierno ha intentado limitar el poder de los jueces y restarle capacidad a su poder investigativo y sancionatorio. Una sociedad sin justicia autónoma e independiente no es una sociedad democrática”.

¿Qué es la Alianza Ciudadana por la Democracia?

La Alianza Ciudadana por la Democracia es una red de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones civiles, que defienden la diversidad, la equidad, la libertad y los valores plasmados en la Constitución de 1991.

Hacen parte de Alianza Ciudadana por la Democracia, entre otros: Augusto Ramírez Ocampo, Fabio Villa, Iván Marulanda, Armando Novoa, Eduardo Arias, Álvaro Echeverry, María Teresa Herrán, Gustavo Zafra Roldán, Germán Toro, Lorenzo Muelas, Andrés Hoyos, Fundación 7 papeleta, Colombia no vale huevo, Unión Colombiana de Jóvenes Demócratas, Imaginación 91, Espíritu del 91, Movimiento Naranja, Ciudadanía Rosa, Fuerza Común, Red Rinde, Foro por Colombia, Escuela Municipal de Ciudadanía de Caldas.

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