sábado, noviembre 10, 2012

Diálogos de paz
"Quién te enseño a odiar a las FARC?”
Se pregunta el bloguero David Quitián en un inteligente y valiente artículo publicado en El Tiempo.com.
Por Camilo Raigozo

Inteligente por que el sólo hecho de dudar sobre si todo lo que se dice de las FARC es cierto o no, significa que sus neuronas aún no han sido achicharradas por la monstruosa manipulación de los medios, apéndices del aparato militar del régimen.

Valiente, porque expresar ese tipo de pensamientos y opiniones abiertamente, acarrea en Colombia furibundos ataques, señalamientos, estigmatizaciones, amenazas, desplazamiento, exilio, desaparición o muerte. Miles de ejemplos hay para la muestra.

“Sí. Ya escucho los gritos heridos, las maldiciones y los insultos: soy colombiano y entiendo que esto puede producir indignación y rabia.

“Sin embargo me pregunto hasta qué punto estos sentimientos tienen un asidero real, justificable y en dónde empieza la construcción social de esas emociones. Dicho de otra manera: cómo se aprende a odiar a las Farc.

“Hablando con vecinos, familiares, amigos he oído teorías exóticas como que "ellos (los de las Farc) nacieron malvados, son desalmados por naturaleza" hasta las más razonables que afirman que ellas "combaten al Estado, la legitimidad del establecimiento; la soberanía económica"”, expresa Quitián (foto) en su artículo.

Continúa el articulista afirmando que: “Si convenimos que esas impresiones anti-Farc merecen respeto (al fin y al cabo quienes las expresan lo hacen con toda honestidad) ¿por qué no concederles la misma gracia -el mismo respeto- a los colombianos que justifican su existencia?

“Lo que digo no es descabellado: los estudiosos del conflicto afirman que la no extinción del ejército creado por "Tirofijo" se debe a que tienen una base social importante”.

Lo que continúa hilvanando Quitián sin duda les debe producir ronchas de rencor a los uribistas, al generalato y a los dueños y directores de los medios, entre otros guerreristas, quienes han empleado sin límites la diabólica estrategia de manipulación y desinformación mediática para ganar la guerra:

“No nos engañemos: este grupo insurgente cuenta con apoyo y respaldo civil. Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Y tanto los subversivos como su base social son colombianos y los segundos (los civiles) en un estado de derecho -como el que nominalmente tenemos- podrían expresar su simpatía política con las Farc.

“Al fin y al cabo el ser "políticamente in-correctos" no es causal de prisión. Incluso en Alemania, donde el tema es altamente sensible, declararse seguidor de Hitler no genera sanción punitiva.

“Privar de la libertad a alguien por pensar diferente en materia política - o peor aún: asesinarlo-  es fascismo y si se llega al extremo de la eliminación física es un crimen. Eso me enseñaron en la universidad”.

Una cosa es Alemania y otra muy distinta es el régimen que padece Colombia, el cual ha sido capaz de aniquilar todo un partido político de oposición sin el menor sonrojo: La Unión Patriótica.

Por pensar diferente hay actualmente en las cárceles, víctimas de falsos positivos judiciales, al menos 7.500 presos y presas, cuyo delito fue disentir y oponerse a las injusticias de las clases dominantes en el poder.

Sólo para mencionar un corto ejemplo, a finales de enero de 2011 la Fiscalía informó que tenía documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por paramilitares, cuando supuestamente ya se habían desmovilizado.

Los grupos paramilitares en la historia de Colombia, han sido ejércitos criminales que le han hecho el trabajo sucio al régimen. Es difícil encontrar una masacre en la no haya responsabilidad del Ejército o la Policía, ya sea por acción o por omisión.

 “Los paramilitares son la amante del militar. No se puede llevar a la casa, pero hay que tenerla”. Esta regla militar fue expuesta por el entonces mayor del Ejército Hernán Orozco, en declaración ante los tribunales por su participación en la masacre de Mapiripán (1). 

"Militares retirados me dijeron que de los cuarteles salían los sicarios para asesinar a miembros de la Unión Patriótica”, le dijo recientemente a El Espectador el exconsejero presidencial y exviceministro Carlos Ossa Escobar (2).

 Decenas de paramilitares han declarado ante Justicia y Paz, las alianzas entre militares y 'paras' en distintas zonas del país.

Acontinuación transcribimos en su integridad el artículo de David Quitían:

¿Quién te enseñó a odiar a las Farc?
Por David Quitián el 8 de Noviembre 2012 3:39 PM

Hablemos claro: no todos quieren la paz en Colombia. Y ojo que digo "paz" (palabra chocante por utópica y demagógica) y no "diálogos de paz" porque ahí si el porcentaje de opositores incrementaría.

Si englobamos las estadísticas de prensa, casi un tercio de la población nacional se muestra entre contradictora y escéptica de las negociaciones Santos- Farc. 

La desazón es natural: existen razones objetivas e históricas para creer que no habrá trato. Sin embargo, lo inadmisible es que haya motivaciones políticas y electorales para hinchar en contra del proceso que debería convertir a las Farc en un partido político.

Hay todo un movimiento de ajedrez político que busca repetir un jaque, pero esta vez sin estratagema oculta, sino de cara a la opinión pública.

Por increíble que parezca, esta suerte de cruzada "anti-diálogos" tiene futuro. Así se lo explico a un amigo brasilero: liderar el fracaso de las negociaciones tiene un premio gordo: la presidencia.

Y con ella el regreso de un régimen que privilegia la guerra y se inspira en la política inaugurada en los escombros de la torres gemelas por George W. Bush:

La doctrina de la paranoia, del ataque preventivo, de la restricción del disenso y de las libertades en pro de la defensa, de la seguridad. Eso en clave colombiana es "seguridad democrática".

Sí. Ya escucho los gritos heridos, las maldiciones y los insultos: soy colombiano y entiendo que esto puede producir indignación y rabia.

Sin embargo me pregunto hasta qué punto estos sentimientos tienen un asidero real, justificable y en dónde empieza la construcción social de esas emociones. Dicho de otra manera: cómo se aprende a odiar a las Farc.

Hablando con vecinos, familiares, amigos he oído teorías exóticas como que "ellos (los de las Farc) nacieron malvados, son desalmados por naturaleza" hasta las más razonables que afirman que ellas "combaten al Estado, la legitimidad del establecimiento; la soberanía económica".

Si convenimos que esas impresiones anti-Farc merecen respeto (al fin y al cabo quienes las expresan lo hacen con toda honestidad) ¿por qué no concederles la misma gracia -el mismo respeto- a los colombianos que justifican su existencia?

Lo que digo no es descabellado: los estudiosos del conflicto afirman que la no extinción del ejército creado por "Tirofijo" se debe a que tienen una base social importante.

No nos engañemos: este grupo insurgente cuenta con apoyo y respaldo civil. Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Y tanto los subversivos como su base social son colombianos y los segundos (los civiles) en un estado de derecho -como el que nominalmente tenemos- podrían expresar su simpatía política con las Farc.

Al fin y al cabo el ser "políticamente in-correctos" no es causal de prisión. Incluso en Alemania, donde el tema es altamente sensible, declararse seguidor de Hitler no genera sanción punitiva.
 
Privar de la libertad a alguien por pensar diferente en materia política - o peor aún: asesinarlo-  es fascismo y si se llega al extremo de la eliminación física es un crimen. Eso me enseñaron en la universidad.

Para el caso recuerdo la lapidación pública sufrida por el prelado del Valle cuándo abogó por la Majestad del Estado en la operación contra Alfonso Cano.

Su llamado de atención merecería una investigación judicial (¡estamos hablando de la probidad del status quo!) y no meramente un ejercicio intelectual jurídico: el número uno de las Farc debió ser detenido, enjuiciado y -seguramente- condenado, no abatido cuando la asimetría de fuerzas era de 1000 a 1.

Lo que resulta significativo es la elección de enemigos que hizo la sociedad colombiana: poca -o casi nula-  animadversión para los narcotraficantes (incluso hasta telenovelas se le hacen y mucho me temo que existe ambigüedad en su condena),-
 
una ojeriza tibia hacia los paramilitares (que registran hechos tanto o más condenables que los de la violencia guerrillera) y toda la rabia hacia las Farc (otro filón de análisis es porqué el ELN no despierta tanto furor en contra).

No obstante ese odio exacerbado no fue siempre así: incluso durante varios gobiernos recientes (Barco, Gaviria, Samper) la agenda fue copada en la lucha y desmantelamiento de la mafia. Fue a partir de Pastrana y particularmente de Uribe que el obrar de esas fuerzas insurgentes tiene rango apocalíptico.

La conclusión es que el odio y su intensidad también son construidos. Uno no nace odiando. A uno le enseñan a odiar. Y que ese capital (número de personas que comparten ese sentimiento) es aprovechado políticamente por una elite dirigente.

Lo que resulta paradójico es que aceptándose eso, que los odios son elegidos y que se vierten contra personas que piensan y obran distinto, todavía no se asuma que la resolución de las diferencias, del conflicto, debe ser necesariamente por la vía política.

El panorama es complejo, difícil y la apuesta del actual gobierno es temeraria según las condiciones presentadas. Santos se juega su continuidad en el poder. Del otro lado las Farc también tienen razones para desconfiar: se saben impopulares y no olvidan el magnicidio de la UP.

Por eso creo que la clave de todo está en la paciencia. En los avances lentos, pero ciertos. El afán y la prisa son exigidos por quienes resultan beneficiados con la guerra (como aconteció en EE.UU respecto a Vietnam).

Y finalmente, es inevitable, las dos partes deberán creer. Acreditar en el proceso y creer en la contraparte. Esa confianza también debe ser construida y respaldada por la gente.
 
Para el caso medite estas preguntas amigo/a colombiano/a: ¿en qué me ayuda mi odio? ¿Qué sociedad quiero? y ¿cómo puedo contribuir a que esto termine bien?
 

viernes, noviembre 09, 2012

Cúcuta, Norte de Santander
Comité de derechos humanos denuncia 244 asesinatos, 97 desapariciones y 50 amenazas a líderes en 2012

Las cifras anteriores corresponden únicamente a Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.
 
Razones del comité de derechos humanos de la CUT para  su negativa de acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia de la República.

A continuación Notimundo transcribe en su integridad el texto del comunicado:

Comunicado público

Por qué no asistimos al foro departamental de derechos humanos convocado por la Vicepresidencia de la República y la gobernación del departamento.

La difícil situación de violencia y criminalidad que atraviesa el departamento, afecta de manera directa el libre ejercicio de defender los Derechos Humanos, limita nuestro trabajo y pone en riesgo nuestra vida e integridad.

Así lo demuestran el accionar de grupos paramilitares, de bandas criminales y de grupos guerrilleros. Así como también las violaciones a los derechos humanos de miembros de la fuerza pública.

Durante el año 2012 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría Nacional del Pueblo ha emitido tres informes de riesgo y una nota de seguimiento.

Durante el primer semestre fueron asesinados 244 ciudadanos en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, de los cuales el 90% fue a través de la modalidad del sicariato.

Durante este mismo periodo según el Instituto de Medicina Legal se denunciaron 97 casos de desaparición de personas en estos tres municipios.

Así mismo la Policía Metropolitana de Cúcuta recibió 180 solicitudes de protección por parte de distintos ciudadanos.

En los últimos dos años han sido amenazados de muerte 50 líderes de organizaciones sociales, sindicales, de víctimas, comunales y de Derechos Humanos.

Este oscuro panorama regional, debió comprometer a las entidades del gobierno nacional, departamental y municipal, para aprovechar la oportunidad de la realización del foro de Derechos Humanos-
 
el pasado 2 y 3 de noviembre, para hacer un ejercicio abierto a la participación y al debate, en donde entre todos, hubiéramos podido evaluar lo realizado y encontrar soluciones a tan gravísimos problemas de violaciones a los Derechos Humanos.

Así mismo avanzar en el logro de mayores compromisos del gobierno nacional y mejorar la coordinación institucional.

Desafortunadamente primó en los organizadores del foro, seguir jugando al tape, tape, a la falta de compromiso y eficiencia en la prevención y protección de los Derechos Humanos y a no asumir las responsabilidades que a cada cual le corresponde.
 
Mientras tanto, las oficinas gubernamentales siguen repletas de cuotas y corbatas políticas a nombre de los Derechos Humanos.

Propusimos en varias oportunidades que era necesario que las entidades del estado asumieran un compromiso serio de protección a los Derechos Humanos.

Que se implementaran las suficientes garantías para que las organizaciones de regiones como el Catatumbo, la provincia de Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta, no sólo pudieran asistir, sino debatir la grave situación de violencia socio política que vive nuestro departamento.

Que para ello era necesario organizar unos foros regionales, con acompañamiento del gobierno departamental y la comunidad internacional.

Con lo hecho el pasado 2 y 3 noviembre, cumplieron con la visita vicepresidencial, pero quedó demostrado también, que en ningún momento existió voluntad gubernamental, para hacer de este foro de Derechos Humanos, un ejercicio amplio, democrático y deliberativo.

San José de Cúcuta, noviembre 7 de 2012.

Enrique Pertuz, Cesar Ruiz, Wilfredo Cañizares, Fabio Santos Lindarte, Jorge Solano, José Abel Correa
 

Comunicado de parlamentarios y sectores críticos del PDA al III Congreso

Compañeros y compañeras:

Han hecho un esfuerzo, que consideramos honesto y sincero, por rescatar el partido de la profunda crisis que lo cruza en el Tercer Congreso del PDA.

Sin embargo, ustedes saben que no estarán presentes todas las vertientes y fuerzas que contribuimos, en su momento a configurar el más importante destacamento de la izquierda colombiana.

Sin autocrítica, sin rectificaciones serenas y consensuadas, sin razones valederas y sólidas, se ha preferido el camino de la exclusión y la reducción a su mínima-
 
expresión de la participación democrática de todos los sectores que conformamos el Polo, en contra del espíritu unitario aprobado por la Conferencia Ideológica Nacional.

Decisiones que no podemos compartir por ser profundamente contrarias a la razón de ser principal del Polo, que es la unidad en el marco del pluralismo.

La crisis del PDA no se soluciona con divisiones, macartismo, irrespeto a las normas convenidas y a la democracia interna.

La salida a la crisis del PDA solo la podría alcanzar un Congreso unitario, convocado consensualmente y ampliamente incluyente.

El III Congreso no se puede reducir a una puesta en escena de decisiones ya tomadas para privilegiar intereses personales y de grupo en contra del ideario de unidad.

El pueblo trabajador colombiano espera la más generosa contribución de todas las vertientes y fuerzas políticas, más allá de los estrechos cálculos de conveniencia electoral.

Tenemos un claro compromiso en la lucha por la paz, con justicia social. Todos los pensamientos organizados de la izquierda nos necesitamos en la defensa de los derechos del pueblo,-
 
de las libertades, de la soberanía y la búsqueda de un nuevo poder democrático que consolide el futuro de otra Colombia posible.

Existen nuevas expresiones en la izquierda que responden a los requerimientos unitarios que postula el Ideario de Unidad al que no renunciamos.

Les hacemos un llamado fraterno a converger en la exploración de nuevos horizontes para la unidad popular. Con esta perspectiva nos reuniremos próximamente en el Seminario Por una Izquierda Unitaria en la ciudad de Bogotá.

Con un abrazo franco y cordial,

Gloria Inés Ramírez – Senadora PDA.
Iván Cepeda Castro – Representante a la Cámara PDA por Bogotá
Hernando Hernández – Representante a la Cámara PDA por las comunidades Indígenas.

Vamos por los Derechos, Partido Comunista Colombiano, Movimiento por la Constituyente Popular, Polo al Sur, Fuerza Común, Otra Colombia es Posible,-

Revolución de la Esperanza, Polo Crítico,  Polo Unido de Sucre, Presentes por el Socialismo, Círculos socialistas de Antioquia, Acción Ciudadana de Córdoba, Indígenas PDA (Fabiola Piñacue).

Conflicto social y armado/
“Miembros del ejército se atrincheraron en mi casa debajo del piso de madera”
Por: Corporación Reiniciar

Según las denuncias, el martes 30 de octubre, miembros del ejército llegaron al poblado de San José de las Hermosas del municipio de Chaparral en el Tolima,-
 
se instalaron en los patios y andenes de varias casas; en el patio de una de las casas instalaron una ametralladora de alto poder.

El miércoles 31, hacia las 10 a.m. los padres de familia de la Institución Educativa San José, se encontraban reunidos asistiendo a la entrega de boletines de sus hijos.

Estando allí reunidos quedaron atrapados en medio del fuego cruzado entre miembros del ejército que se encontraban acantonados en el perímetro urbano del poblado y guerrilleros de las FARC-EP.

En el cruce de disparos fue impactado el techo y las paredes de la Institución Educativa y se puso en grave riesgo la población civil.

Durante el día 31 fueron constantes los enfrentamientos, de los soldados que se encontraban ubicados en los patios y andenes de las viviendas se tuvo conocimiento que uno de ellos estaba herido y varias viviendas fueron impactadas.

Una de las casas impactadas fue la de la señora Mariela Conde quien se encontraba con su familia en su casa, y que adicionalmente fuera del terror vivido por los combates,-
 
el ejército irrumpió en su morada aproximadamente a las 5:30 de la tarde, minutos después de haber salido la comisión humanitaria del poblado,-
 
encañonaron a su esposo José Edgar Cupitre Ríos, le pidieron la cédula y lo sacaron hacia la calle, allí después de verificar información le dijeron que no era el que andaban buscando y lo dejaron libre.

Las denuncias hechas por los habitantes del poblado dan cuenta de más de 10 casas averiadas y múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del ejército por utilizar los bienes de la población civil como trincheras-
 
e intimidar a la comunidad y de esa manera poner en alto riesgo a sus habitantes, como por parte de la guerrilla por falta de precaución en el ataque, tal como lo denunciaron las víctimas ante Reiniciar y que serán puestas en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría:

“Mi casa de habitación ubicada a la entrada del caserío, fue impactada varias veces producto del fuego cruzado. En el patio de mi casa, el ejército tenía instalada una ametralladora de alto poder”.

“Mi casa fue utilizada por miembros del ejército como trinchera”.

“El 31 de octubre, me encontraba en la casa, estaba recostada en mi cama con una de mis hijas viendo televisión, como a las 5:30 P.M, dentro del tiroteo que se llevaba a cabo un proyectil atravesó la pared, la cama y se alojó en el interior del colchón, las cobijas quedaron perforadas”.

“El día 31 de Octubre, cerca de mi casa cayó un proyectil disparado desde un mortero, lanzando piedras y tierra sobre el techo de mi vivienda”.

“El día 1° de Noviembre de 2012, hacia las 12:00 meridiano, mi hijo y mi esposo se encontraban guadañando un potrero, allí quedaron atrapados en medio de un nuevo ametrallamiento de un helicóptero. Un día antes el ejército disparo sobre ellos, haciéndolos salir del predio donde estaban trabajando”.

“Producto de los enfrentamientos de los días Miércoles 31 de Octubre y Jueves 1°de Noviembre de 2012, resulto muerta una yegua de mi propiedad”.

“Vivo en la Finca Balcones, Vereda Alemania Hermosas, cuando me movilizaba desde mi casa hacia el caserío de San José, fui interceptada por un soldado quien protagonizo en mi presencia actos obscenos.

Cuando le reclame al comandante de la unidad militar, fui objeto de burlas y comentarios malintencionados”.

El día 31 de octubre hacia las 5 p.m. hizo presencia un helicóptero, ametrallando los alrededores del poblado

Diálogos de paz
“Dejaremos las armas cuando pierdan su razón de ser”
“Resueltos los problemas del pueblo, resueltos los de las FARC”. Los delegados plenipotenciarios de las FARC, desde La Habana, señalan que los planes para aniquilarlos han fracasado
Por: El Telégrafo

Los comandantes Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús Santrich, Marcos Calarcá y Andrés París responden a un cuestionario de este diario. Aquí algunas pistas del futuro del proceso Diálogo con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El 18 de octubre de 2012 inició, en Oslo, Noruega, uno de los procesos más importantes para buscar la paz en Colombia.

El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, después de largas y secretas conversaciones, decidieron sentarse para dialogar sobre los problemas más acuciantes de su país.

Ese día el mundo pudo ver, en directo, como cada delegación respondía al reto de la historia desde sus demandas políticas. Los diálogos continuarán el 15 de noviembre en La Habana, Cuba.

El Telégrafo quiere propiciar el análisis que tal proceso ha generado y contribuir a la discusión pública de las tesis de ambos actores.

En ese contexto, contactamos a los Delegados Plenipotenciarios de la Paz de las FARC-EP en La Habana, vía electrónica. Aquí se revelan algunos aspectos que ahondan la posición de las FARC respecto al momento histórico en el que se dan estos nuevos diálogos.

Las respuestas fueron escritas por Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús Santrich, Marcos Calarcá y Andrés París.

¿Cuáles fueron los principales argumentos para empezar un nuevo proceso de diálogo por la paz en Colombia?

Desde siempre hemos buscado una salida dialogada al conflicto social y armado que vive Colombia. Las banderas de la paz pertenecen al pueblo y somos parte sustancial del mismo.

Tras más de 50 años de continuos fracasos del Estado y los sucesivos gobiernos en la lucha contrainsurgente, ahora dan muestras de realismo político y militar.

Nos buscan para dialogar y encuentran a un interlocutor dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta que si hay voluntad política de la contraparte se podrá avanzar hacia una paz con justicia social.

¿En qué momento y cuáles son los elementos que incidieron para que Juan Manuel Santos decida tratarlos como fuerza beligerante y no como terroristas?

Nos trata como insurgencia obligado por la realidad. El cumplimiento del compromiso de aniquilarnos militarmente adquirido por el gobierno anterior ante la Casa Blanca fracasó, como fracasaron igualmente los programas impuestos:

el Plan Colombia y sus variantes el Plan Patriota y el Plan Consolidación, entre otros, obligando a la oligarquía, en cabeza de Juan Manuel Santos, a reconocer la existencia del conflicto social y armado que afronta el país.

Esa realidad obligó al reconocimiento de hecho de nuestro carácter de fuerza beligerante, aunque ellos no lo quieran reconocer a través del derecho, pese a que tengamos todos los requisitos:

somos una organización político-militar con mando centralizado; nos guiamos por nuestras propias normas organizativas y disciplinarias; estamos desplegados en todo el territorio nacional;-

nuestros combatientes visten uniforme y portan visiblemente sus armas y en la mente llevan el programa revolucionario de la Nueva Colombia, la Patria Grande y Socialismo.

La imputación de terroristas no se la creen ni los mismos que nos la han achacado. Usted puede ver a los señores del gobierno reunidos con nosotros, a representantes de prestigiosos gobiernos aportando al proceso que se inicia y puede leer el alud de pronunciamientos hechos a diario.

En ninguna parte aparece el término al que usted refiere. Muchos analistas, de tendencia liberal, dicen que ustedes se sientan a dialogar porque están en una situación de “derrota estratégica”.

Con vencidos o derrotados no se dialoga. Se impone la voluntad del vencedor. Esa es la esencia de la guerra.

¿Es legítimo sentarse a negociar con un Estado que muchas veces ha actuado de acuerdo a los lineamientos de EE.UU. de considerar a Latinoamérica como un patio trasero de experimentos bélicos para apropiarse de recursos naturales?

Las FARC-EP no están negociando nada, porque nada tiene que negociar. Dialogamos con el gobierno en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado.

La permanente injerencia de los EE.UU. y otras potencias en Colombia es una de las causas fundamentales de la guerra que sufre nuestro pueblo.

Sin esa abundante ayuda económica y militar (Colombia es el tercer país receptor de ayuda militar gringa), sin el recibimiento de asesores, de equipamiento y entrenamiento de tropas, de soportes en el área de la inteligencia militar, el ejército oficial habría colapsado hace rato.

El Estado colombiano, cumpliendo órdenes de Washington, declara la guerra y la desarrolla. Son ellos, EE.UU., quienes tienen que pararla. Es con ellos que debemos entendernos.

Los vietnamitas mientras enfrentaban la guerra de agresión de Francia y luego de los EE.UU. dialogaron con sus agresores sin abandonar los principios. Es una enseñanza que hay que tener en cuenta.

¿Saben ustedes cuál es la postura oficial -pero no pública- del gobierno de Barak Obama sobre estas nuevas negociaciones de paz? ¿Trataron este asunto con el gobierno colombiano antes de las conversaciones?

Voceros del Departamento de Estado de los EE.UU. han felicitado públicamente al señor Santos por iniciar las conversaciones.

Antes del viaje de la delegación de las FARC-EP a Oslo, Noruega, hubo una inusual declaración del mismo Departamento, y con posterioridad a Oslo, un tercer pronunciamiento bastante prudente.

Hubiera sido bueno que en la última comparecencia de los candidatos en la Tv, Obama se hubiese ocupado de América Latina y fijado la posición de su próximo gobierno frente al conflicto colombiano.

No obstante, en una desacostumbrada entrevista Obama habló de sus deseos de paz para Colombia y formuló su propósito, como es lógico sin consultar los intereses de la mayoría,-

exponiendo que para él el conflicto se resuelve simplemente con que las FARC-EP dejen las armas. Una visión desafortunadamente irreal y unilateral.

¿En qué medida la presencia de delegados ex militares en la mesa de negociación cambia positivamente las condiciones para llegar a un acuerdo de paz? ¿Conocen mejor los militares las sinuosidades no políticas de la lucha armada?

En procesos de diálogos anteriores también participaron algunos generales retirados, como es el caso del general Forero Delgadillo, o del general Joaquín Matallana, quien siendo coronel encabezó el ataque contra la región de Marquetalia.

Hoy hacen presencia en la mesa dos de los hombres que apostaron por la derrota militar de nuestra organización guerrillera.

Es deseable que generales en servicio activo también se vinculen, muchos de ellos han sido asaltados en su buena fe para adelantar una guerra en contra de su propio pueblo.

Por otra parte, la Fiscalía dice que hay más de 15.000 militares investigados por diversos delitos: los homicidios fuera de combate (falsos positivos), los vínculos con el paramilitarismo, las desapariciones, torturas, abusos de poder son lastres que avergüenzan a militares honestos.

El fantasma de lo que ocurrió a los generales en Argentina, Uruguay, Guatemala, el Salvador ronda hoy en los salones dorados de los clubes de oficiales de las FF.MM. y de Policía. Esperamos que los militares por fin aporten a la paz del país.

Antes de continuar con los puntos a tratarse en la agenda de los diálogos, quisiéramos saber dos cosas: 1.- ¿Hay consenso al interior de las FARC de que es la hora de negociar la paz y abandonar las armas?

La bandera de la paz es nuestra. Desde nuestros orígenes hemos planteado soluciones diferentes a la guerra. Es parte de nuestra línea política. Por ello existe unanimidad en adelantar los diálogos con el gobierno, de eso que no quepa la menor duda.

Este es un proceso que apenas comienza. Cada punto de la agenda contempla unos sub-puntos que habrá que desarrollar con creatividad para ir encontrando fórmulas de acuerdos que deben comenzar a plasmarse en la vida práctica de la sociedad colombiana.

Si en la refrendación e implementación de los acuerdos se van obteniendo resultados concretos, se transitará hacia un país que ataca las causas que han dado origen al conflicto; seguramente esto hará innecesario el uso de las armas que legítimamente hemos empuñado hasta el momento.

La guerra nunca ha sido un fin para los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC-EP, por tanto, si dejan de existir las causas que hicieron tronar las armas, estas se silenciarán y no tendrán ninguna utilidad.

Y dos: ¿Aún consideran a la lucha armada como una alternativa militar y política mientras en la mayoría de países, sobre todo en el Sur de América, hay procesos políticos que los más optimistas han calificado de progresistas? ¿Cómo miran ustedes esos procesos?

Los pueblos de nuestra América y del mundo tienen derecho a luchar por sus intereses y en contra de aquellos que usurpan sus derechos y riquezas.

La forma de lucha es decisión de cada pueblo consultando las realidades que vive. Las FARC-EP no son pregoneras de la lucha armada específicamente, esta no surge por decreto de nadie.

Obedece a factores muy específicos de cada sociedad. Como revolucionarios nos solidarizamos con todas las luchas de los pobres de la tierra.

En Colombia no se permite hacer política de otra manera. El carácter violento, asesino y sanguinario de las apátridas élites nacionales, plegadas a las políticas del Pentágono (un Estado violento que utiliza el terrorismo como método preferido de dominación), así lo confirman.

Una larga lista de otros factores hace que nuestro país sea tierra fértil para la expresión armada de la lucha, sin ir más lejos, la desigualdad social. Nuestro país ocupa el vergonzoso cuarto lugar sobre la lista a nivel mundial... y ¿qué decir de la corrupción?

Nuestros gobernantes, metidos hasta los tuétanos en negocios sucios, no respetan ninguna norma moral, mucho menos una carta ética.

Y como corolario, el hecho real de que en nuestro país aquel que disienta del sistema y sus políticas se convierte automáticamente en objetivo militar.

En otros países de la Patria Grande se dan procesos en los cuales hay gobiernos que consultan y representan los intereses populares, toda nuestra admiración y solidaridad para con ellos.

Entre otras cosas esa realidad influye positivamente en este nuevo intento de salida dialogada al conflicto.

Uno de los puntos básicos de la agenda de diálogos es el tema agrario. Si consideramos que ningún país latinoamericano ha hecho una reforma agraria,-

¿Qué les lleva a pensar y plantear que el Programa Agrario de las FARC puede encontrar eco en el gobierno de Santos que ha propuesto una ley de desarrollo rural?

¿Cuáles serían los puntos que harían avanzar un acuerdo básico en este tema?

No es sólo el Programa Agrario de los Guerrilleros, aprobado en 1964 y que sigue absolutamente vigente, sino que además nos adecuamos a las nuevas realidades,-

abocándonos a construir soluciones que garanticen los derechos de los campesinos, indígenas y afrodescendientes, generando condiciones de vida digna producto del trabajo.

Consultando los conceptos de tierra, territorio y espacialidad, desarrollo amigable con la tierra se resalta, por cierto, que el capitalismo amenaza la propia existencia del planeta; lo que reivindicamos es una explotación racional de los recursos, acorde a una existencia digna del ser humano.

Por otra parte, el discurso pronunciado en Oslo por el Comandante Iván Márquez a nombre de las FARC-EP y firmado por el Secretariado Nacional de la organización,-

denuncia la trampa de la llamada ley de restitución de tierra, por medio de la cual se pretende legitimar el despojo de miles de hectáreas.

El ardid: la "venta" o "arrendamiento" de la tierra a los campesinos, comunidades indígenas y afro-descendientes de manera legal. Una vez legalizadas las transacciones, los terrenos son despojados o "confiscados" por necesidad del Estado.

Frente a las dificultades jurídicas que pueden derivarse si ustedes se desmovilizan, como producto de estas conversaciones,-

¿qué salidas concretas proponen para cambiar la percepción de una opinión pública formada en la desconfianza y en la idea de que muchas de sus acciones fueron criminales y que deben pagar por ellas antes de pensar en una abierta participación política?

Ya tenemos claro que no habrá desmovilización. Llegaremos a acuerdos sobre la dejación de las armas, en el sentido en que estas pierdan su razón de ser al resolver las causas de la guerra. No es posible mirar la institucionalidad de una manera estática.

Si estamos levantados contra ella actualmente no es con esa misma institucionalidad que se construirán los caminos de la paz.

Se deben hacer cambios y es la mesa de conversaciones la encargada de proponerlos, y de construir los acuerdos necesarios para atender las situaciones derivadas de los mismos.

De llegar a un acuerdo, ¿tienen ustedes un plan o proceso de desmovilización que asegure a los guerrilleros no solo una situación jurídica segura sino una reintegración social paulatina? ¿Y una reintegración económica?

Desafortunadamente la desinformación es la cuarta arma en la guerra. Los medios de comunicación hacen mella.

Pensamos que lo positivo es mirar el proceso que estamos iniciando con objetividad hacia ambas partes y no generar expectativas irreales con exigencias que no corresponden a la insurgencia.

Nos preguntas sobre la reintegración nuestra a la sociedad, a la economía y nuestra respuesta no puede ser que otra pregunta: ¿Y en virtud de qué artilugio estamos nosotros por fuera de la sociedad?.

El proceso de construcción de la paz con justicia social resolverá los problemas de la población colombiana en general.

Los guerrilleros y las guerrilleras nos incluimos ahí. En otras palabras, resueltos los problemas de pueblo, del cual somos parte esencial, estarán resueltos también los problemas de la guerrillerada.

Desde diversas esferas siempre se ha relacionado a las FARC con el narcotráfico; pero es el Estado el principal responsable de no controlar la producción y el tráfico de alcaloides.

¿Cuál es la posición de ustedes respecto a un tema que no solo le concierne a toda la sociedad colombiana sino a las redes internacionales que lucran de este negocio?

Estamos de acuerdo con ustedes sobre la responsabilidad del Estado en ese fenómeno. Sin desconocer la gravedad del problema para los pobres del mundo, es necesario precisar que el narcotráfico es un pretexto usado por los gringos para agredir a los pueblos.

Citemos sólo tres ejemplos: la invasión a Panamá; el Irangate, para financiar actividades encubiertas (como llaman a los delitos de los organismos de inteligencia); el Plan Colombia, como forma de justificar su descarado intervencionismo en territorio colombiano y latinoamericano.

Afirmamos con vehemencia que no somos narcotraficantes y no lo hemos sido jamás. No tenemos cultivos, no los cuidamos, no tenemos laboratorios y tampoco comercializamos la cocaína.

Lo que nosotros hacemos es cobrar impuestos a las actividades económicas que se realizan en los territorios donde ejercemos influencia, incluyendo el mercado de la hoja de coca.

Eso es lo que llaman participación en el narcotráfico. Muestra palmaria son nuestras propuestas de soluciones posibles a este nefasto problema.

En 1993 propusimos atacar el fenómeno del narcotráfico como un problema social y de salud y no con soluciones represivas y medidas de policía.

Después, en el 2000 propusimos la legalización del consumo de sicotrópicos, nos miraron con desdén y sin embargo esa realidad se abre paso actualmente como forma de solución.

Igualmente, en el mismo año, en el marco de los diálogos desarrollados con el gobierno de Andrés Pastrana, se realizó una audiencia pública internacional sobre el tema.

Allí propusimos un plan elaborado por el comandante Manuel Marulanda, para erradicar los llamados cultivos ilícitos.

El plan fue visto con buenos ojos y recibió comentarios positivos, pero a la hora de ponerlo en práctica ningún país, ninguna organización, ninguna personalidad dijo nada y allí quedó, en el olvido.

Otro elemento para sus conclusiones: ¿Por qué las recientes avalanchas de declaraciones, denuncias y confesiones hechas por los narcotraficantes siempre vinculan a políticos en ejercicio, militares en ascenso, ganaderos vinculados con paramilitares, y empresarios?

¿Quiénes son lo que verdaderamente se lucran de este negocio? ¿Cuáles son los mea culpa de las FARC luego de tantos años de lucha y dolor para quienes están dentro y fuera de la guerrilla en Colombia?

No es posible abordar la tarea de la construcción de la paz pensando únicamente en las responsabilidades de la guerrilla, desconociendo la realidad, olvidando quiénes son los verdaderos causantes de la violencia y viendo como única salida la claudicación del pueblo que lucha por sus derechos.

Nunca nuestro Ejército ha realizado operativos contra objetivos civiles, está en nuestros lineamientos éticos proteger a la población, sus bienes. Es más, hace parte de nuestra esencia como Ejército del Pueblo.

Preguntémonos más bien ¿quién se esconde tras la población civil?, ¿quiénes tienen los cuarteles e instalaciones en medio de los poblados desconociendo la normatividad internacional?,-

¿quiénes se atrincheran en las escuelas?, ¿quiénes se hacen transportar por civiles? Y un largo etcétera de violaciones a las leyes que rigen la guerra.

Si por situaciones de la confrontación hemos hecho algún daño a la población civil, esa no ha sido nunca nuestra intención y estamos dispuestos a aclarar cualquier duda en ese sentido.

¿Qué posición tienen acerca de la frase del negociador De la Calle cuando dijo que “... no serían rehenes de la mesa de diálogo...”?

De la Calle muestra la posición y urgencias del gobierno de Santos. Ellos están presionados por las transnacionales para continuar el inmisericorde saqueo de nuestras riquezas.

Acostumbrados a hacer lo que les viene en gana, de acuerdo a sus intereses y en medio de su prepotencia, no entienden cómo el pueblo en armas exige participación en las decisiones del país, para las mayorías.

No queremos considerar las palabras de Santos como una amenaza al proceso. El compromiso firmado es trabajar en los acuerdos de manera eficaz.

Aprendimos de nuestro Comandante en Jefe, Manuel Marulanda Vélez, que el trabajo para lograr la paz de nuestro pueblo se debe hacer “lento pero seguro”.

Desafuero penal militar/
Organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras le piden a Santos retirar el proyecto de ampliar el fuero penal militar
Por: Notimundo

A las peticiones de la ONU y de la ONG internacional Human Rights Watch al presidente Santos, para que impida la ampliación del fuero penal militar vía reforma a la Constitución, se sumaron al menos otras 150 ONGs defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras.

Entre estas están las organizaciones que confluyen alrededor de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), quienes le dirigieron una carta al presidente Santos y al Congreso de la República, pidiéndoles evitar la ampliación del fuero militar.

La ONU, HRW y Cceeu, coinciden en que la ampliación del fuero penal militar “garantizará la impunidad judicial a agentes del Estado incursos en las más graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

A continuación la carta enviada por las organizaciones sociales al presidente Juan Manuel Santos, al Senado y a la Cámara de Representantes:

Señor
Presidente de la República de Colombia
Señores
Miembros del  Congreso de la República de Colombia (Senado y  Cámara de Representantes)

Asunto: Solicitud de retiro de reforma constitucional que amplía el fuero penal militar a graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (Reforma a los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional).

Honorables Presidente de Colombia y Congresistas:

Las organizaciones y personas abajo firmantes, nos permitimos expresar nuestras preocupaciones por la previsible impunidad de graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al-
 
Derecho Internacional Humanitario que se auspiciará de aprobarse la reforma constitucional que actualmente se debate en el Congreso de Colombia para fortalecer el fuero penal militar.

Respaldamos el reciente llamado de alerta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República proferido por 11 Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas -inédito en la historia de las Naciones Unidas- para que reconsideren-
 
la inconveniente aprobación del más grave artificio jurídico concebido en Colombia que garantizará la impunidad judicial a agentes del Estado incursos en las más graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ampliando por medio de una reforma constitucional el fuero militar a graves violaciones de Derechos Humanos.

Esta reforma es un alarmante retroceso pues pasa por encima de avances en favor de la exclusión de los crímenes contra los Derechos Humanos del ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar, logrados en la legislación y en la jurisprudencia colombiana en las dos últimas décadas.

La larga historia de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH cometidos por agentes del Estado y la persistencia hoy día en Colombia de ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones-
 
forzadas, reclutamientos forzados, violencia sexual, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados, constatados en los recientes informes y visitas internacionales de relatores y grupos-
 
de trabajo de Naciones Unidas y de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deberían ser la razón principal para asegurar que por la naturaleza de estos delitos,-
 
su conocimiento judicial sea siempre asumido por la justicia ordinaria y en ningún caso por tribunales militares para definir o tipificar si se cometió o no una violación de derechos humanos.

Con esta reforma, el Estado colombiano, lejos de fortalecer la labor de la justicia ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación, para avanzar en líneas de investigación que permitan el esclarecimiento de los crímenes,-
 
el juzgamiento y sanción a los responsables conforme a estándares constitucionales e internacionales, está promoviendo cambios que beneficiaran a militares y policías implicados en-
 
graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario sustrayéndolos de ser investigados por la justicia ordinaria y permitirá que la jurisdicción penal militar,-
 
carente de independencia e imparcialidad -por su rol en el conflicto armado y en la represión de asuntos de orden público-, sea facultada para que agentes del Estado, activos o en retiro, sean a la vez Juez y Parte en estas investigaciones penales.

La ponencia presentada para debate del Proyecto de Acto Legislativo 192 de 2012 de la Cámara de Representantes establece que “De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo,-
 
y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares (…) Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

En ningún caso la justicia penal militar conocerá de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, ni de los delitos que de manera (…) taxativa defina una ley estatutaria.
 
(…) las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares.

Estos cambios contravienen la jurisprudencia constitucional y los tratados y resoluciones internacionales que han limitado la jurisdicción penal militar a asuntos estrictamente relacionados con la disciplina interna de la fuerza pública-
 
y pone en cuestión la autonomía e independencia del poder judicial cuando el parlamento se abroga la facultad de establecer los criterios de interpretación del Derecho Internacional Humanitario en las investigaciones judiciales.

Dicha normativa tiene la finalidad de proteger a la población civil y a combatientes que han quedado fuera de las hostilidades, y los criterios de interpretación hacen parte de un consenso
 
internacional ya establecido, que no puede ser modificado por autoridades nacionales y que constituye el núcleo básico del derecho de gentes de imperativo cumplimiento.

La independencia e imparcialidad de la justicia, también resulta afectada porque se crean instancias ajenas a cualquier proceso penal, entregando funciones jurisdiccionales a los militares-
 
tales como una Comisión Mixta y un Tribunal Militar de Garantías, conformados entre otros, por militares activos o retirados, paralelamente a los Tribunales de Garantías ya existentes.

De este modo como lo han resaltado los 11 expertos de Naciones Unidas, crímenes tan graves como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado,-
 
la violencia sexual contra las mujeres, formas de reclutamiento de niños y niñas, entre otros, quedarían bajo la competencia de la jurisdicción penal militar.

Nos preocupa también que los mecanismos que permiten la impunidad contribuyan a la estigmatización de las víctimas pues se identifica su búsqueda de justicia con acciones ilegítimas que van contra el orden establecido.

El ambiente de miedo y sospecha generalizado bajo el que tienen que actuar las víctimas en el presente, se vería intensificado si los procesos quedan en manos de las mismas instituciones que han cometido-
 
los diversos crímenes y por lo tanto la desconfianza en las acciones de derecho se aumentaría, generando en la sociedad una sensación de vulnerabilidad e indefensión que no contribuye a los procesos de acceso a la verdad, justicia y reparación integral.

Finalmente, resulta indignante que recursos públicos del Estado se destinen para la defensa de militares y policías acusados de violaciones graves de los derechos humanos, delitos sexuales, narcotráfico, corrupción, etc.,-
 
máxime cuando –con la presente reforma- a las víctimas de estos crímenes se les coarta el derecho a ser tratados como iguales ante la ley y el derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad e imparcialidad.

Por las consideraciones expuestas, con todo respeto, exhortamos al Presidente de la República y a los miembros del Congreso, a retirar y abstenerse de continuar el trámite de aprobación-
 
del acto legislativo de la referencia,  y en cambio, acoger la oferta de asesoría para superar la impunidad propuesta a ustedes  por los 11 Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas.

Firmas,

Organizaciones de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos:

Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia   (ACOOC)
Asamblea por la Paz de La Unión Sindical Obrera (Uso – Paz)
Asociación Campesina de Antioquia (ACA)
Asociación Campesina de Arauca (ACA)

Asociación Campesina de Inza Tierra Dentro (ACIT)
Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT)
Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (ACSOMAYO)
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)

Asociación Colombiana de Estudiante (ASEU)
Asociación Comunitaria Tejedores de Paz (ASOCTEJAZ)
Asociación de Campesinos del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC)
Asociación de Desplazados Asentados en el municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA)

Asociación de desplazados del Salado  (ASODESBOL)
Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES)
Asociación de Familias Unidas por un solo Dolor (AFUSODO)
Asociación de Grupos Juveniles, Libertad (ASOLIBERTAD)

Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco (Aheramigua)
Asociación de Mujeres de Ituango Amii
Asociación de Mujeres Olla Colombiana
Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI)
Asociación Motilón Barí
Asociación Nacional Afrocolombiana Cimarrón

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS)
Asociación Nacional de desplazados Colombianos (ANDESCOL)
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción (ANUC – UR)
Asociación Nacional para el Bienestar (SEMILLAS)
Asociación para el desarrollo Social e Integral (Ecate)

Asociación para la Promoción Alternativa (Minga)
Asociación Prodesarrollo de Familias desplazadas y no desplazadas del Suroccidente de Barranquilla (Aprodefa)
Asociación Regional de Víctimas de la Violencia en El Magdalena Medio (ASORVIM)
Benposta Nación de Muchachos
Cabildo Camèntsa Biya

Central Cooperativa de Servicios (CENCOOSER)
Central Unitaria de Trabajadores
Centro Cristiano para la Justicia, La Paz y la Acción No Violenta (JUSTAPAZ)
Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN)
Centro de Cultura Popular “José Antonio Galán” (Jag)
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Centro de Promoción Ecuménica y Social (CEPECS)
Centro de Promoción Integral para la Mujer y La Familia (TALLER Abierto)
Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Colectivo Informativo Susurro (UIS)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia en la Creación (antes Franciscans International)
Comisión Vida Justicia y Paz

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
Comité Permanente por la defensa de los derechos Humanos Demetrio Prieto
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez
Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra
Comunidades Eclesiales de Base (CEBS)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA)
Corporación Avre - Apoyo a Víctimas Pro Recuperación Emocional
Corporación Casa de La Mujer

Corporación Centro de Estudios y Desarrollo de los Derechos Humanos (CEDERHNOS)
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Corporación Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda
Corporación Comité Universitario de DDHH “GUSTAVO Marulanda”
Corporación Con–Vivamos

Corporación de Coordinación Metropolitana de Asociaciones de Desplazados
Corporación de desarrollo Rural del Valle del Cauca (CORDESAL)
Corporación en Derechos Humanos (CONTRACORRENTE)
Corporación Fondo de Solidaridad Con Los Jueces Colombianos (FASOL)
Corporación Guayacán
Corporación Juan Bosco

Corporación Jurídica Libertad
Corporación Jurídica Yira Castro
Corporación Nación
Corporación para  la Paz y el Desarrollo Social  (CORPADES)
Corporación para el desarrollo Comunitario y la Integración Social (CEDECIS)
Corporación para el desarrollo del Oriente Compromiso
Corporación para el desarrollo Regional (CDR)

Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos (REINICIAR)
Corporación por la Vida La Justicia y La Equidad
Corporación Región
Corporación Regional Para La defensa de Los derechos Humanos (CREDHOS)
Corporación Servicios Profesionales Comunitarios (Sembrar)
Corporación Viva La Ciudadanía
Cristianas y Cristianos Por La Paz

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)
Diócesis de Quibdó
Diócesis de Tibú
Escuela Nacional Sindical (ENS)
Familiares Colombia
Federación de Estudiantes Universitario (FEU)
Fundación Amilcar Guido “Vida Digna”

Fundación Casa de La Juventud, Comuna 16
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)
Fundación Foro Costa Atlántica
Fundación Franciscana Santo Tomas Moro
Fundación Infancia Feliz (FIF)
Fundación La Guagua
Fundación Manuel Cepeda

Fundación Menonita Colombiana Para El desarrollo (MENCOLDES)
Fundación Nidya Erika Bautista
Fundación para La Educación y el desarrollo (FEDES)
Fundación para la Participación Comunitaria (Parcomún)
Fundación para la Promoción de la Cultura y La Educación Popular (FUNPROCEP)
Fundación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP)

Fundación Social Colombiana (CEDAVIDA)
Fundación Sumapaz
Funfedin
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH)
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Iglesia Prebisteriana de la Costa Norte
Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos (ILSA)
Instituto María Cano (ISMAC)

Instituto Nacional Sindical (CED – INS)
Instituto Popular de Capacitación  (IPC)
Jóvenes Rastros
Organización de Mujeres del Suroccidente de Montería
Organización Femenina Popular (OFP)
Organización Indígena de Antioquia (OIA)

Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC)
Proceso de Comunidades Negras (PCN)
Promoción para la Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (PROMOPAZ)
Proyecto Agenda de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas.
Proyecto Colombia Diversa

Proyecto Justicia y Vida
Red Juvenil de Medellín
Santamaría Fundación
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)

Otras organizaciones nacionales e internacionales:
Colectivo Jurídico Abogar

Carta de HRW
Santos y Pinzón pretenden engañar a la ONU sobre la ampliación del fuero militar


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