sábado, febrero 02, 2013

San Juan de Losada, San Vicente del Caguán, Caquetá
Denuncian abusos y atropellos del Ejército contra la población civil
Por: Camilo Raigozo. Con información de organizaciones sociales*

Varias organizaciones sociales denunciaron los hostigamientos, abusos y atropellos contra la población civil por parte del Ejército Nacional en la vereda Aires del Meta, Región de Losada-Guayabero, entre los departamentos de Meta y Caquetá.

Según la denuncia, desde el pasado 15 de enero miembros del Ejército se ubicaron en el sitio La Y, en la vereda Aires del Meta, la cual hace parte del Núcleo Veredal 2 de la región Losada-Guayabero.

Las tropas se encuentran ubicadas en los alrededores de las viviendas infringiendo abiertamente el Derecho Internacional Humanitario y poniendo en alto riesgo la vida y la integridad de los pobladores.

Igualmente se instalaron en las inmediaciones de la Escuela Sede Educativa La Y del Guayabero, poniendo en peligro la integridad física de los estudiantes, frente a eventuales enfrentamientos con la insurgencia.

Esos abusos han hecho que los padres de familia no puedan enviar a sus hijos a estudiar, cuando el calendario académico apenas empieza.

Del mismo modo los campesinos y campesinas de la región han denunciado la desaparición de al menos 6 reses, desde el momento en que el Ejército hizo presencia en la zona sin que nadie les responda.

Así mismo –dice la denuncia- los uniformados hacen retenes permanentes en los cuales empadronan a la población, lo cual es ilegal, como también les exigen documentos de identidad y documentos de los vehículos, en constante hostigamiento.

El pasado 28 de enero una delegación de derechos humanos de la junta de acción comunal del Núcleo 2, intentó persuadir a los militares, particularmente a quien parecía ser el comandante (quien se negó a identificarse), para que pusieran termino a los atropellos.

Ante la negativa de los soldados, los defensores de derechos humanos les informaron que denunciarían públicamente los hechos y harían llegar al lugar a una comisión de derechos humanos del oriente colombiano, a lo cual respondieron con groserías y desprecio por las normas del DIH y de los derechos de las comunidades.

Desde entonces las acciones ilegales del Ejército han continuado, con el agravante de que,  previendo las denuncias, ahora operan en camiseta, sin distintivos y sin mando visible, lo que hace más compleja la situación.

Las comunidades exigen que:

Las tropas del Ejército Nacional se retiren de las inmediaciones de las viviendas, de la Escuela Sede Educativa La Y del Guayabero y de todo espacio civil tal como lo contempla el DIH para la protección de la población ajena al conflicto.

Que cese la persecución por parte del Ejército contra los habitantes de la vereda Aires del Meta de la zona Losada-Guayabero y sus alrededores.

Que cesen las hostilidades contra los defensores de derechos humanos y sea respetada la autoridad constitucional de la Junta de Acción Comunal del núcleo número 2 de la región Losada-Guayabero.

Que se dé término al seguimiento a la población con la exigencia de entrega de documentos de identidad, empadronamientos e interrogatorios sin orden judicial.

Que los miembros del Ejército exhiban los distintivos que los identifican, como ordena la Constitución Política y el DIH.

Que la alcaldía municipal de la Macarena, Meta y de San Vicente del Caguán, Caquetá, se manifiesten e informen a qué brigada pertenecen los militares que vienen cometiendo los abusos.

*Fundación Para la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano, DHOC
Mesa de Unidad Cívico, agrario y Popular del Oriente Colombiano, Mucapoc
Red de Medios Alternativos y Populares, Rema-Populares

Conflicto social y armado
La muerte de los policías en la Guajira deben pesar en la conciencia de quienes se niegan a un cese bilateral del fuego
Por: Camilo Raigozo

En los últimos cuatro días el demencial conflicto aupado por el régimen ha arrojado como saldo trágico: 4 soldados muertos y dos gravemente heridos en Nariño; 1 guerrillero muerto en Córdoba y 3 policías muertos en la Guajira.

La muerte de estos ocho colombianos y las que vendrán, son responsabilidad exclusiva del presidente Santos, de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, del expresidente Uribe, de la cúpula militar, de la dictadura mediática y en general de todos los guerreristas, quienes se niegan a parar los muertos decretando un simple cese bilateral de fuegos.

Una semana antes las FARC privaron de la libertad (no secuestrados como afirma el régimen y sus medios, según el DIH)  a dos policías en acciones del conflicto en el Cauca. Ahora el Gobierno de forma irracional quiere rescatarlos  a sangre y fuego sin el menor respeto por la vida y la integridad de los dos agentes.

Sin embargo el presidente Santos sigue afirmando que, “Si las Farc creen que a través de los secuestros —que prometieron que no iban a realizar— van a tratar de presionar al Gobierno para aspirar a un cese al fuego dentro del proceso de diálogos, se equivocan.

“Aquí no hay contemplación de ninguna naturaleza, así estemos dialogando. Los generales saben que tienen que triplicar el número de acciones hasta que terminemos esta guerra por las buenas o por la malas”.

Algunas de las afirmaciones del Presidente son falsas: primero los agentes del Estado privados de la libertad en poder de la insurgencia por causas del conflicto no tienen el estatus de “secuestrados” (Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II).

Es inaudito que un jefe de Estado no haya leído las estipulaciones del Derecho Internacional Humanitario y peor aún si las leyó, las entendió, pero decide mentirle al país y al mundo descaradamente, como lo hacen los medios.

Por otro lado las FARC se comprometieron a no volver a secuestrar o retener civiles con fines económicos o por otra índole, pero siempre han afirmado que en medio de los combates y de la confrontación privarán de la libertad a sus adversarios dominados en combate.

Las mentiras y las manipulaciones no conllevan a ganar la guerra, pero si contribuyen a la degradación de esta, a la polarización y al escalamiento del conflicto.

jueves, enero 31, 2013

Conflicto social y armado
Santos menosprecia la vida de los policías en poder de las FARC al pretender rescatarlos a sangre y fuego
Por: Camilo Raigozo

Vuelven y juegan los rescates a sangre y fuego de los miembros de la Fuerza Pública que pierden la libertad a manos de la insurgencia en acciones inherentes al conflicto, lo cual pone en alto riesgo sus vidas.

Según el Derecho Internacional Humanitario en casos como estos la responsabilidad sobre la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad, recae exclusivamente en  el bando que intenta el rescate a sangre y fuego.

El Presidente dijo de manera arrogante ante los medios que “los policías secuestrados por las FARC están vivos y vamos a rescatarlos”.

A cada momento el presidente Santos y su ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, repiten y amenazan que no habrá cese bilateral del fuego y que continuarán su guerra frontal contra las FARC.
 
El primer mandatario reiteró que el Gobierno no está dispuesto a negociar la regularización del conflicto y aseguró que "la guerra la vamos a ganar por las buenas o por las malas".

Ayer desde La Habana el comandante Iván Márquez expresó al respecto, que resultaba insensato  que el régimen declare a cada instante que incrementará la guerra y al mismo tiempo se queje de las consecuencias que deja la misma.

"Humberto de la Calle ha reiterado que la orden presidencial a la Fuerza Pública es seguir persiguiendo a las FARC en todo el territorio nacional. Entonces resulta insensato que mientras se hacen declaraciones de escalar la guerra se eleven quejas por las consecuencias que esta desata", dijo Márquez.

Mientras tanto en los campos de batalla siguen muriendo, quedando heridos o perdiendo la libertad militares, policías, guerrilleros y población civil. Hace 48 horas, por ejemplo, en Nariño perdieron la vida cuatro soldados y otros dos quedaron gravemente heridos.

Son las atrocidades de la guerra  que el régimen se empeña tercamente en escalonar todos los días, sin preocuparle en lo más mínimo el sufrimiento que le causa al pueblo colombiano.

Por otro lado los voceros del gobierno, medios de “comunicación”, periodistas, opinadores y oportunistas en general, como Angelino Garzón, mienten ante la sociedad al desconocer que el Derecho Internacional Humanitario, en el caso de miembros de la Fuerza Pública capturados en combate por la insurgencia, estipula que no tienen el estatus de “secuestrados”.

A los militares, policías o guerrilleros, que pierden la libertad en manos de sus adversarios por efectos de la guerra, el DIH (Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II) los denomina: "Personas que han perdido la libertad en acciones inherentes al conflicto".

Lo anterior es válido para conflictos armados internos, que es el caso colombiano. Llamar  secuestrados a los militares o policías que pierden la libertad por causas del conflicto es una estrategia perversa que distorsiona la realidad de la confrontación y la incentiva.

Así mismo el Estado colombiano continuamente infringe gravemente el DIH con las y los guerrilleros que pierden la libertad en acciones del conflicto, porque les viola los derechos estipulados en el Artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el Protocolo II del DIH, los cuales son de  obligatorio cumplimiento.

Conflicto social y armado
Mueren cuatro soldados y dos más heridos en combates con las FARC-EP  en el desangre que le fascina al régimen
Por: Camilo Raigozo

Según informaciones de la agencia Efe, en el corregimiento Puerto Sánchez, municipio Policarpa, Nariño, cuatro soldados resultaron muertos y otros dos más quedaron gravemente heridos en   combates entre las Fuerzas Militares del régimen y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo,  FARC-EP.

Los soldados que perdieron la vida a cambio de los salarios miserables que les pagaba el régimen por defenderle los intereses a la rancia oligarquía nacional y extranjera, fueron identificados como Luis Balanta Narváez, Héctor Arteaga Delgado, John Alejandro Angulo y Brayan Andrés Alegría Flórez.

Los dos militares que quedaron gravemente heridos fueron el cabo primero Gildardo Aguirre Poso y el soldado Fulmer Araujo Gaviria. Los seis uniformados pertenecían a la Fuerza de tarea Pegaso.

En la carrera desinformadora y manipuladora de los medios del régimen sobre la realidad del conflicto armado, minimizan el desangre del pueblo colombiano cuando las bajas son agentes del Estado y las maximizan  cuando las pérdidas son de la insurgencia, para ocultarle a los colombianos la imperiosa necesidad de pactar un cese bilateral de fuegos y de hostilidades que evitarían estos hechos dolorosos.

Pero esa es la catadura del régimen violento y criminal que mantiene el poder, junto a sus medios de desinformación y manipulación,  siempre voraces por  la sangre y el sufrimiento del pueblo colombiano.

miércoles, enero 30, 2013

La Macarena, Meta
Ponen fin a seis años de contaminación por el relleno sanitario
Por: José Samuel Rojas Mora. Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos DIH del Oriente Colombiano

Tras seis años de fuerte contaminación al medio ambiente, esta semana se pondrá fin al relleno sanitario causante de la tragedia ambiental.

El Juzgado Tercer civil del Circuito de Villavicencio profirió fallo a una acción de tutela radicada el pasado 18 de enero por el campesino Fernando Linares Sánchez, en contra del municipio de La Macarena.

El alcalde Hermiso Cárdenas y la Empresa de Servicios Públicos Edesa, tendrán que acatar el fallo judicial amparado en el Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.

En la "Sierra de La Macarena Reserva Biológica de la Humanidad", como la denominara un estudio de la Universidad Nacional, el relleno sanitario fue puesto en funcionamiento  en el 2004 en la vereda el Billar en un terreno que compró la alcaldía en el 2003.

No se tuvieron en cuenta el impacto ambiental y la cercanía de una fuente  de agua que está ubicada en la finca Villa Alejandra de propiedad de Fernando Linares.

Esta finca era utilizada para caminatas y paseos  ecológicos y avistamientos de aves exóticas  por los turistas. Además tenía 4 estanques para peces, una laguna con variedades de anfibios, tortugas, aves silvestres, moricheras naturales, más de 1.200 árboles sembrados de reforestación y ganado lechero.

A finales del 2006 a causas de la acumulación de basuras y la lluvia, se reboso el pozo de los lixiviados y empezó a contaminar lo que encontró a su paso. La primera propiedad afectada  fue la finca Villa Alejandra, en la que hubo una proliferación de moscas y malos olores.

Los líquidos contaminantes van directamente a la laguna donde habitaban miles de tortugas en vía de extinción. Esto causó la muerte de las tortugas y de al menos 10.000 peces, anfibios, aves y otras especies.

La contaminación se extendió al caño El Borruguito que atraviesa otras fincas afectadas, una base militar y desemboca en el río Guayabero, aumentando la contaminación y generando una crisis humanitaria a los habitantes.  

A causa de la contaminación ambiental hoy de los paseos ecológicos y del hermoso lugar sólo quedan las fotos, los recuerdos y los derechos vulnerados, como el derecho al trabajo, a la propiedad privada, a la producción de alimentos y a un ambiente sano.

Tuluá, Valle
En enfrentamientos con la insurgencia el Ejército se atrincheró en la escuela y en las viviendas
Por: Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, denunció que el martes 29 de enero de 2013, en la vereda Altos del Rosario, cerca de las 4:30 de la tarde, se presentaron combates entre el Ejército y la guerrilla de las FARC-EP.

Según la fuente, en el desarrollo de los enfrentamientos miembros del ejército ocuparon la escuela y se ubicaron en medio de los pobladores utilizando las viviendas campesinas como trincheras.

Dirigentes de la junta de acción comunal le solicitaron al ejército que se retirara de los bienes protegidos por el DIH, como son la escuela, las viviendas y otros bienes de uso civil, para que cesara el inminente riesgo contra la vida y la integridad de la población. Los militares hicieron caso omiso.

El miércoles 30 de enero de 2013, los integrantes del Batallón de Artillería 3 “Batalla de Palacé”, mantuvieron ocupada la escuela, ante lo cual los niños, profesores y directivos del centro educativo no pudieron adelantar labores académicas.

Desafuero penal militar
‘Expansión del fuero militar en Colombia: un gran retroceso para la Justicia’: Wola
Por: Notimundo

La comunidad internacional y las organizaciones exteriores defensoras de los  derechos humanos continúan criticando con fortaleza el esperpento aprobado por el Congreso para la ampliación del fuero penal militar que cubre con impunidad los crímenes cometidos por militares y policías de todos los rangos.

Esta vez el repudio contra semejante desafuero contra los derechos humanos fue hecho por la organización internacional por los derechos humnaos, Washington office on Latin America, Wola.

A continuación Notimundo transcribe en su integridad el documento:

Al aprobar recientemente una enmienda constitucional que amplía la jurisdicción militar para casos de violaciones a derechos humanos, Colombia le asestó un golpe contundente a la justicia.

La reforma permitiría que graves crímenes contra los derechos humanos sean investigados y juzgados por la justicia militar, una práctica que entra en conflicto con años de jurisprudencia de los altos tribunales colombianos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al aprobar recientemente1 una enmienda constitucional que amplía la jurisdicción militar para casos de violaciones a derechos humanos, Colombia le asestó un golpe contundente a la justicia.

La reforma permitiría que graves crímenes contra los derechos humanos sean investigados y juzgados por la justicia militar, una práctica que entra en conflicto con años de jurisprudencia de los altos tribunales colombianos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.2

La enmienda otorga al sistema de justicia militar-conocido por los altos niveles de impunidad que confiere-"jurisdicción exclusiva" sobre todos los abusos militares "relacionados con el conflicto", salvo estos siete delitos:

Crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Sin embargo, existe un grave riesgo de que casos de "ejecución extrajudicial" y "violencia sexual" sean enviados a los tribunales militares, ya que estos crímenes no están codificados como delitos en la jurisprudencia colombiana.

Por otra parte, otras violaciones graves de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias y tratos crueles, degradantes o inhumanos serían juzgadas en tribunales militares.

Muchos de los casos de "falsos positivos", o sea, ejecuciones extrajudiciales de civiles, son presentados como enemigos de combate y podrían ser transferidos de la jurisdicción ordinaria a tribunales militares.

Otro resultado preocupante de esta enmienda es que ahora el sistema de justicia militar, en lugar de la oficina de la Procuraduría General, llevará a cabo investigaciones preliminares-
 
de violaciones presuntamente cometidas durante operaciones militares, por lo que es poco probable que los casos de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos graves sean identificados y procesados.

Además, cuando surjan conflictos de jurisdicción, una comisión mixta con participación militar y civil - y no un órgano judicial civil - determinará la competencia.

Por último, es también inquietante la disposición incluya en la enmienda que miembros militares, incluidos los condenados por delitos graves, cumplan su condena en "centros de reclusión" y no en cárceles normales.

Esta enmienda socava los verdaderos avances que el gobierno colombiano y el sistema judicial civil han logrado en los últimos años al garantizar que los miembros de las fuerzas militares, tras una acusación creíble de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, paguen por sus crímenes.

La enmienda surgió como resultado de la fuerte presión por parte de las fuerzas armadas de Colombia, quienes reaccionaron luego de algunos de los primeros enjuiciamientos exitosos de oficiales de alto rango acusados de crímenes contra los derechos humanos.

Se debe alertar al gobierno de EU, cuyos representantes siempre han sostenido que la participación y ayuda de EU bajaría la tasa de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en Colombia, pues tememos que esté ocurriendo lo contrario.

¿Qué se puede hacer ahora que esta enmienda se ha convertido en ley? La comunidad internacional puede insistir en que el gobierno colombiano limite el daño causado por esta reforma constitucional mal concebida.

Podemos trabajar para que el gobierno colombiano cumpla su promesa de asegurar que las "ejecuciones extrajudiciales" y la "violencia sexual" sean codificadas en la ley, y pueda controlar la evolución del impacto de este cambio para determinar si los casos de ejecución extrajudicial pasan de los tribunales ordinarios al fuero militar.

El Departamento de Estado de los EU debe retener su certificación a Colombia en derechos humanos.

Y se debe recordar, también, que la ayuda militar proporcionada a Colombia por EU está sujeta a ciertas condiciones de derecho fiscal estadounidense a cargo de operaciones en el extranjero y requiere que todo caso-
 
de denuncia creíble de graves violaciones a los derechos humanos por parte de un miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia sea “remitido con prontitud a la jurisdicción civil para investigación y enjuiciamiento".

Terrorismo de Estado
Más de 130 familias fueron desalojadas brutalmente por el régimen utilizando a los represores Esmad
Por: Camilo Raigozo

El Polo Democrático seccional Atlántico denunció la brutal arremetida del régimen terrorista y criminal encabeza de Juan Manuel Santos, utilizando para ello a los también criminales escuadrones de represión Esmad contra campesinos de Galapa, Atlántico.

Los abusos y atropellos de la Fuerza Pública ocurrieron en el El Tamarindo, jurisdicción de Galapa, Atlántico, donde llegaron en horas de la mañana del pasado martes 29 de enero arrasando con cultivos, destruyendo cinco casas, lanzando gases lacrimógenos y golpeando a inermes labriegos.

La cobarde acción estatal dejó como saldo a diez personas heridas y en estado lamentable a más de 130 familias que cultivan alimentos para el mercado interno de la Costa Atlántica.

Clara López Obregón dijo que “es inaceptable que con el desalojo se vuelva a someter a victimización a personas desplazadas que no están siendo atendidas por el Gobierno como es su deber”.

Según la fuente el litigio sobre la propiedad del predio El Tamarindo y Lote Cuatro, se remonta a hace varios años cuando empezó a figurar en la Lista Clinton, por lo que hacían parte de terrenos en extinción de dominio.

Centenares de campesinos con sus familias, muchos de ellos desplazados por por el terrorismo de Estado, se asentaron en esas tierras a las que pusieron a producir alimentos en el municipio de Galapa y en cercanías de Barranquilla.

La sanguinaria arremetida contra los humildes labriegos estuvo dirigida extraña e ilegalmente por una inspectora de reacción de Barranquilla que no tiene jurisdicción en el área.

Varios dirigentes del Polo de se encuentraban en el sitio de los hechos en solidaridad con los campesinos.

“Llamamos a los sectores democráticos de la Costa y del país a brindar la más amplia solidaridad para con los compatriotas que luchan por tener una tierra para trabajar y lo que reciben del gobierno son medidas represivas que debemos repudiar”, dijeron los dirigentes de ese partido político. Foto de Alexander Lozada de un desalojo en El Quimbo.

Terrorismo de Estado
Aseguran a coronel y llaman a juicio a 4 militares más por asesinatos a sangre fría
Por: Camilo Raigozo

La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el presunto bandido Miguel Antonio Beltrán Chacón, teniente coronel del Ejército, como posible coautor de asesinatos a sangre fría en persona protegida en concurso con falso testimonio y falsedad en documento público.

La Fiscalía también acusó a los presuntos terroristas del Estado: capitán William Stanley López Castro, al cabo tercero Manuel Gaitán Ortiz y a los soldados profesionales Rosemberg Jiménez Reinoso y Logan Castrillón Reix,  por los delitos de asesinatos a sangre fría en persona protegida y falso testimonio.

Según el expediente, una cuadrilla de militares habría recibido la orden superior de ‘conseguirle novia’ a unas armas abandonadas por la guerrilla.

Así fue como el 27 de octubre de 206 los terroristas pertenecientes al Batallón Contraguerrilla 38 del Ejército Nacional, capturaron, secuestraron y asesinaron a los campesinos Carlos Julio Gutiérrez López, Élder Toloza Zulvarán y Ángel Gabriel Virgüez García.

Luego cometer el múltiple crimen, perpetrado en la vereda Lomalinda, municipio de Vistahermosa, Meta, los bandidos estatales presentaron a sus víctimas como “guerrilleros abatidos en combate”.

Testimonios de soldados que presenciaron los hechos y que no estuvieron de acuerdo con la situación, una de las víctimas tenía elementos de aseo y caminaba en sandalias pero, posteriormente, fue presentado vistiendo uniforme y botas de caucho y llevando un radio de comunicaciones y una granada.

El presunto criminal Miguel Antonio Beltrán Chacón se encuentra “privado de la libertad” desde abril de 2012 en el centro de reclusión militar de Bogotá en virtud de otro proceso que adelanta un fiscal especializado de derechos humanos de Barranquilla por otros crímenes similares.

Recientemente el “honorable” Congreso de la República aprobó una reforma a la Constitución para garantizar que los crímenes cometidos por militares y policías queden en la impunidad.

Buenos Aires, Cauca
Denuncian señalamientos temerarios y abusos del Ejército contra la población
Por: Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, denunció que el pasado 28 de enero  a las 9 de la mañana, llegaron al corregimiento de Timba militares de la Brigada Móvil No. 37 de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, en al menos seis camiones.

Tras desplegarse por el municipio, de forma intimidante tomaron registros fotográficos y le dijeron a varios habitantes que la mayoría de ellos eran milicianos y que habían llegado para quedarse.

A las 11 de la mañana, en el barrio la Paz, frente a la iglesia Centro Misionero Mundial, dos militares arribaron a la vivienda de Héctor Marino Carabalí Charrupi.

Preguntaron por la moto que estaba parqueada afuera. Héctor Marino salió  y les preguntó que se les ofrecía. Uno de los militares le respondió  que venían a llevarse la moto para una revisión de parte del tránsito.

Héctor Marino, tras informar que la moto XTZ 125 de color rojo modelo 2011, de placas FT92C, era de su propiedad, les preguntó si tenían una orden de parte del tránsito a lo cual le respondieron que sí. Héctor les solicitó que le dejaran ver la orden por escrito.

Los uniformados respondieron que “es una orden y punto”, ante lo cual Héctor Marino les dijo que ellos no eran autoridad de tránsito para llevarse la moto de su propiedad.

Luego llegaron otros dos militares y uno de ellos le dijo a Héctor Marino que no les importaba lo que les dijera, que se iban a llevar la moto. Héctor le pidió la identificación, ante el cual el militar dio la espalda y se fue sin identificarse.

Pese a la exigencia de Héctor Marino de hacer un inventario de las condiciones en que se llevaban la moto de su propiedad, los militares se negaron y finalmente se la llevaron.

Héctor Marino Carabali Chapurri, es integrante de la Asociación Renacer Siglo XXI y hace parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Además de ser un destacado dirigente integrante del Consejo Patriótico Nacional, del Consejo Patriótico Departamental Cauca y de la Junta Patriótica Departamental cauca del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Terrorismo de Estado
El general Leonardo Alfonso Barrera Gordillo miente y falsea la realidad
Por: Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, Reddhfic, denunció que las declaraciones del mayor general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, comandante del Comando Conjunto de Sur Occidente del Ejército, dadas a Caracol en relación con las acciones comunitarias en procedimientos militares irregulares de retenciones son falsas.

El pasado 29 de enero el general Barrera aseveró en Caracol que “Donde reservas campesinas organizadas en la parte alta de Corinto, Miranda y algunas comunidades indígenas, lamentablemente se vinculan a estas actividades y cuando las tropas han efectuado capturas son rodeadas por masas y ante esa presión prima la prudencia y las tropas han tenido que soltar a personas que han sido capturadas a pesar de que hay orden de captura”.

Cabe anotar que tanto Caracol como los otros medios del régimen, son cajas de resonancia de las opiniones y comunicados de los altos mandos castrenses, que silencian las voces de las comunidades y de las víctimas, desinformando, tergiversando,  manipulando y mintiendo, descaradamente sobre la realidad de los acontecimientos.

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, desmiente al general:

Desde mediados de febrero del año 2012, fecha en la cual hicieron presencia en norte del del Cauca integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, a la fecha, de acuerdo a la información recibida de las víctimas, con preocupación hemos registrado y denunciado públicamente, que en medio de operativos irregulares de retenciones se han presentado:

Presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, heridas de civiles, ataques indiscriminados, ataques a bienes civiles y culturales, destrucción de bienes civiles y culturales, ocupación militar de bienes civiles y culturales, señalamientos y hostigamientos a civiles, entre otros.

La Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”, las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones Pro-constitución Zonas de Reserva Campesinas de los municipios de Miranda, Corinto,-
 
Caloto y las víctimas directas, han puesto en conocimiento presuntos y sistemáticos hechos de vulneración a derechos constitucionales y legales ante instituciones tales como la Defensoría Regional del Pueblo,-
 
la Fiscalía General de la Nación y las personerías Municipales, al igual que ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Igualmente, tanto Reddhfic, como las comunidades manifiestan que:

1. La acción solidaria y organizada de campesinos, ante procedimientos irregulares de intentos de detenciones, se resume en:

Indagar los motivos de la detención.
Exigirle a las unidades militares que presenten las órdenes de captura.
Exigir que sean respetados los derechos de los capturados.

Ante vacilaciones, vacíos o la negativa de las unidades militares que adelantan los procedimientos, los líderes y autoridades comunitarias, de forma respetuosa solicitan la libertad del o los retenidos.

2. El anterior procedimiento o línea de conducta además de ser un derecho constitucional y legal, es un deber ético y moral, que emerge del deber de solidaridad.

Es en sí misma una acción de supervivencia y preservación, ante acciones militares arbitrarias y sistemáticas, que en esencia busca evitar o neutralizar posibles hechos de infracciones y violaciones a los derechos humanos.

3. Es falso que “ante esa presión prima la prudencia”. Por el contrario, como ha sido plenamente documentado, las comunidades rurales en este tipo de acciones reciben insultos, golpes, señalamientos, ataques indiscriminados, daños a bienes civiles, por parte de los Militares, en síntesis “acciones de represión”, que se alejan de la prudencia o de los límites a que los militares están sometidos en un régimen jurídico como el de los colombianos.

Las comunidades afectadas exigen:

1. A la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

Una rigurosa investigación sobre las irregularidades que se vienen presentando en procedimientos de detenciones sobre los pobladores de la zona norte del Departamento del Cauca.

2. Al Estado Colombiano, que garantice los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la intimidad y la propiedad de la población civil que habita en las zonas en conflicto.

Terrorismo de Estado
Amenazan a lideresa de población desplazada en Corinto, Cauca
Por: Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, Reddhfic, denunció las amenazas de muerte y los señalamientos que ponen en inminente riesgo la vida, la seguridad e integridad personal de la presidenta de la asociación de población desplazada Arpasavi de Corinto Cauca, integrante del Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca Sinpeagric, de Fensuagro.

Igualmente sucede contra miembros de la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto, integrantes de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

En el municipio de Corinto, Cauca, el domingo 27 de enero de 2013 a las 8:30 de la noche, en momento que Francy Stella Restrepo Manquillo, presidenta de Arpasavi, transitaba por el barrio 20 de Agosto,  dos sujetos se le acercaron por la espalda y le dijeron, “no mire para atrás vieja hijueputa que por terca te vas a hacer matar”.

Francy Stella  les dijo, “identifíquense para saber quién es que me va a matar”. A lo que contestaron sus verdugos,  “Ve y grosera todavía esta hijueputa”. Más adelante le dijeron:  “el problema es por trabajar con los campesinos de la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto que son Guerrilleros”.

Luego los individuos le dijeron “no volteé a ver para atrás hasta que nosotros nos vayamos”. La señora muy asustada volteó a ver cuándo los desconocidos iban lejos. Una mujer que se encontraba en el momento por el sector cerca de donde ocurrieron los hechos le dijo a Francy Stella que los que se le acercaron eran dos personas y que iban en una moto.

martes, enero 29, 2013

Terrorismo de Estado
El Ejército recluta forzadamente a los jóvenes para meterlos en una guerra que no es es de ellos a defenderle los privilegios de la oligarquía nacional y extranjera
Por: Camilo Raigozo

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, Capitulo Sucre y la Asociación de Campesinos y Campesinas de la finca la Europa denunciaron que el pasado 27 de enero, a las 3:30 de la tarde, Luis Arrieta Olivera, campesino desplazado de la finca La Europa, recibió una llamada angustiosa de su hijo Deivi David Arrieta Mercado.

“Papi me cogió el ejército aquí donde Orlando, me llevaron para el comando. Estoy en el comando. Tráigame los documentos del colegio y apúrate antes que me lleven porque me van a llevar”, le dijo a su padre.

Don Luis le preguntó a su hijo que si les había mostrado el carnet estudiantil a sus secuestradores y él respondió que sí, pero que no le habían prestado atención.

Inmediatamente el señor Arrieta se dirigió al comando de Infantería de Ovejas, con los documentos de estudio de su hijo. Al llegar, un soldado le preguntó “¿que se le ofrece?”

Don Luis le dijo que venía a traer los documentos de su hijo donde demostraba que él sí estaba estudiando. El uniformado le contestó que tenía que esperar a que el comandante regresara.

Cuando llegó el comandante el angustiado padre le dijo: “Mire señor comandante, aquí están los papeles del niño donde se demuestra que sí está estudiando”. El soberbio comandante le contestó que ya no se podía hacer nada porque ya la decisión estaba tomada.

Don Luis le dijo que David, además de ser estudiante era el único hijo varón que tenía y además era desplazado de la Finca la Europa. “Déjelo que se gane la libreta y además el muchacho dijo que él no quería depender de ustedes para la libreta, además ustedes no tienen plata, y déjelo que él va es a cuidar unas playas”, le contestó el comandante.

El prepotente uniformado le recibió los documentos y no los quiso devolver. Al momento de salir al camión donde llevan aproximadamente 10 muchachos, Deivi David Arrieta Mercado, le gritó a su padre: “Papi yo te juro por mami que yo no me entregué, ellos me persiguieron (el joven se transportaba en una moto que él conducía) y me cogieron y me llevaron para el comando”.

Don Luis le dijo al comandante que le devolviera los documentos de su hijo pero éste le contestó que el joven los llevaba y de inmediato el camión que los transportaba se fue.

Segundo abuso

El 15 de enero de 2013, David Jesús Moreno Ochoa, joven en proceso de retorno de la finca La Europa del municipio de Ovejas, se encontraba en el hospital de esta localidad cuando lo abordaron miembros del Ejército.

Le pidieron los documentos de identidad y al darse cuenta que era mayor de edad y no poseía la libreta militar le entregaron una boleta de citación a primer examen de aptitud psicofísica de las Fuerzas Militares de Colombia Ejercito Nacional.

Con esta citación debía presentarse al Distrito de Sincelejo o a cualquier unidad del Ejército para comenzar a resolver su situación militar; la fecha de presentación era para el día 27 de enero del 2013 a las 7 de la mañana, esta citación estaba firmada por Vega Viloria Anuar.

El día 27 de enero de 2013, como era su obligación, David Jesús Moreno Ochoa se presentó ante el comando de la Infantería de Marina en compañía de su papá, Pedro Ulises Moreno, campesino de la finca La Europa, para solucionar su situación militar.

Al llegar al comando, el joven entró con su papá y se dirigió a un militar que se encontraba llenando los papeles.

Don Pedro le dijo, “mire mi teniente, yo tengo tres hijos que están a mi cargo, dos menores de edad, y quien responde por mí y su mamá (personas de la tercera edad) es mi hijo; además mi hijo es desplazado del predio La Europa por la violencia y no quiere prestar el servicio militar”.

Los militares separaron al padre del hijo. Al poco tiempo llegaron unas madres de varios jóvenes que habían sido reclutados a la fuerza. Estaban anegadas en llanto y suplicaban que no se llevaran a sus hijos.

“Váyanse a llorar a sus casas  que aquí no hay ningún funeral”, les contestaron a las sufridas madres los uniformados del régimen.

Don Pedro pudo volver a ver a su hijo a las cuatro de la tarde cuando lo subieron a un camión en el que iban unos 10 jóvenes más, todos obligados a involucrarse contra su voluntad en una guerra que no les pertenece, con el único objetivo de defenderles los capitales y los privilegios a la rancia oligarquía nacional y extranjera.

David Jesús Moreno Ochoa actualmente se encuentra entre los jóvenes que han iniciado el retorno a la finca La Europa y hace parte de un grupo que acompaña el SENA en capacitación bajo los acuerdos establecidos entre el Estado y la comunidad de La Europa en el marco del proceso de retorno y restitución de tierras.

Las comunidades también denunciaron que durante el reclutamiento forzado, a ninguno de los familiares de los jóvenes le fue informado qué unidad del Ejército realizó el reclutamiento.

El lunes 28 de enero, cuando las familias arribaron al puesto de Infantería de Marina del municipio de Ovejas pidiendo información acerca de la unidad militar y del comandante que había raptado a sus hijos, solo encontraron como respuesta, que ellos no sabían de nada, que solo habían prestado el lugar para realizar el reclutamiento.

Ese es el destino que les tiene preparado el régimen dictatorial que padece Colombia a los hijos del pueblo y de las clases humildes.

En vez de garantizarles el ciclo de estudios completo y de garantizarles un futuro y una vida digna, los obliga a involucrarse en una guerra a servir de carne de cañón, arriesgando su vida, su libertad y su integridad, en aras de defender las riquezas de los poderosos nacionales y extranjeros, con el cuento de que “le prestan un servicio a la patria”.

Parauribismo/
Álvaro Uribe estaría detrás del posible atentado contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela
Por: Camilo Raigozo

La afirmación fue hecha este martes por el gobernador del estado de Aragua, Venezuela, Tareck El Aissami, quién no mencionó directamente al expresidente y presunto paramilitar colombiano Álvaro Uribe Velez.

Según El Aissami “son factores provenientes del paramilitarismo colombiano, de un expresidente de Colombia, que se reunió con un dirigente de la derecha extrema fascista de Venezuela y que están detrás de los planes de asesinato de estos dos compañeros; hay fotos de ellos retratados”, informó la agencia Efe.

No es la primera vez que Uribe se ve envuelto en complots contra el gobierno del hermano país. Según Rafael García, exdirector de informática der DAS, era imposible que Uribe estuviera al margen del plan paramilitar para asesinar a Chávez y a otras personalidades venezolana. Entre aquí paraver las denuncias de Rafael García.

Según García en dicho plan de magnicidio y desestabilización intervinieron entre otros, el DAS, con Uribe y Jorge Noguera a la cabeza, el entonces ministro Fernando Londoño,  la oposición venezolana y el bloque norte de los paramilitares.    

En el año 2004 fueron capturados en la finca de un opositor más de 140 paramilitares colombianos quienes tenían la misión de atentar contra el presidente Chávez y otras personalidades del vecino país.

lunes, enero 28, 2013

Terrorismo de Estado
Paramilitares asesinaron a campesino en Puerto Berrío, Antioquia
El joven labriego pertenecía a la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra y a la junta de acción comunal de su vereda
Por Camilo Raigozo

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, denuncia el asesinato de Didier Alberto Marulanda, joven campesino de 25 años.

Didier Alberto Marulanda, oriundo y residente de la vereda Caño Tigre, municipio de Remedios, Antioquia, fue asesinado al medio día del pasado viernes 25 de enero en inmediaciones de la vereda Suan, del municipio de Puerto Berrio.

La víctima se encontraba en un establecimiento de comercio conocido como Suan, cuando hombres armados que se movilizaban en una moto le propinaron cuatro impactos de bala.

Marulanda era hijo de reconocidos campesinos de la región y trabajada como arriero en la finca de su padre. Estaba afiliado a la junta de acción comunal de la vereda Caño Tigre, municipio de Remedios e integraba el Comité de Conciliación de la misma.

Actualmente hay una sangrienta disputa territorial entre los grupos paramilitares los “Urabeños” y una disidencia de “Los Rastrojos” denominada “Héroes de Seguridad del Nordeste”.

domingo, enero 27, 2013

Guapi, Cauca
Atacado con explosivos batallón militar que se encuentra en áreas civiles infringiendo del DIH
Por: Camilo Raigozo. Con información de Cococauca

Alrededor de las 9:30 de la noche del 26 de enero de 2013, el municipio de Guapi se estremeció con la explosión de un artefacto, al parecer lanzado por guerrilleros de las FARC, contra el Batallón de Infantería de Marina No 54, que se encuentra en áreas civiles muy cerca de las viviendas, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario.

Ante el inminente peligro los pobladores afectados por la cercanía de la guarnición  militar a sus viviendas de inmediato tuvieron que desplazarse a lugares más seguros.

Según la fuente, una abuela que hacia esfuerzos por salir de ese infierno, dijo que  la gente, entre los cuales había niñas y niños, adultos mayores, mujeres y demás personas, corría despavorida. Por fortuna no hubo hechos de lamentar.

Lo mismo ocurrió en otros lugares del casco urbano del municipio donde las personas corrieron a buscar refugio dejando las calles vacías.

“Exigimos a las partes en conflicto el respeto al derecho internacional humanitario, y avanzar con celeridad por una salida política y negociada al conflicto armado, porque es hora de parar la guerra”, dice Cococauca en su denuncia.

Igualmente las comunidades exigen que el ejército retire la guarnición militar de las áreas civiles, como lo ordena el DIH, porque pone en inminente riesgo la vida y la integridad de los habitantes.

Conflicto social y armado
Dos policías pierden la libertad a manos de las FARC en acciones del conflicto
Por Camilo Raigozo

Medios locales y nacionales destacaron en la víspera que dos agentes de la Policía perdieron la libertad a manos de las FARC-EP en acciones inherentes al conflicto social y armado impuesto al pueblo colombiano por la rancia oligarquía desde hace más de cinco décadas.

Los dos agentes del régimen cayeron en poder de la insurgencia al atardecer de este viernes 25 de enero, en el municipio de Pradera, Valle del Cauca.

Esta acción del conflicto se presenta luego de que el pasado 20 de enero se terminara la tregua unilateral decretada por las FARC-EP

Es la primera acción de esta naturaleza luego de que a principios de abril del año pasado las FARC liberaran a los últimos 10 miembros de la Fuerza Pública que mantenían en su poder.

Desde entonces ese ejército insurgente ha sostenido que no volverá a retener personas civiles para su financiamiento económico, ni por ninguna otra índole, pero aclararon que en acciones del conflicto militares o policías podrían perder la libertad.

Medios de comunicación como El Tiempo, El Espectador, Rcn, Caracol y Semana, entre otros, continúan mintiendo, distorsionando y manipulando, la realidad del conflicto, al insistir en llamar “secuestrados” a los miembros de la Fuerza Pública que pierden la libertad en acciones del conflicto, como claramente lo estipula el Derecho Internacional Humanitario.

El presidente Santos, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el expresidente Uribe y otros guerrerista de ultraderecha, se oponen a que haya un cese bilateral del fuego, con lo cual se le ahorraría al país decenas de muertos, heridos y prisioneros de ambas partes, entre otros múltiples beneficios.



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