Terrorismo de Estado

Nuevas amenazas contra dirigentes de la Organización Femenina Popular en Barrancabermeja
Por: Camilo Raigozo

La Organización Femenina Popular, OFP, denunció que el pasado 11 de febrero, en Barrancabermeja, Santander, a las 9 y 50 de la mañana, a la sede de la Casa de la Mujer del sector nororiental, llegó un sujeto que se movilizaba en una motocicleta  y preguntó información sobre la capacitación de Fundetec, programa de validación del bachillerato para adultos.

El hombre fue atendido por Gloria  Amparo Suárez, representante legal de la OFP. Al terminar la información el sujeto le dijo: “Por qué no se dedican a esto en vez de estar jodiendo a nivel nacional y estar formando alborotos”.

Gloria Ampara le preguntó quién era, a lo que el tipo contestó, “¿Usted sabe dónde están sus hijos?”. Acto seguido abrió su celular, le mostró las fotos de sus hijos y le dijo, “nosotros sí”.

Una de las fotos era de Yolanda Becerra, directora nacional de la OFP, bajándose del carro proporcionado dentro de su esquema de seguridad. Finalmente el sujeto dijo, “Dígale a la Becerra que aunque no duerma acá sabemos todos sus movimientos. Así que ya saben, paren esa mierda y calladitas que no las queremos joder”.

Gloria Amparo Suárez cuenta en la actualidad con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo el Gobierno no ha respondido a la ejecución de las mismas, manteniéndola sin protección, burlando las medidas caautelares.

Yolanda Becerra es la directora nacional de la OFP y Gloria Amparo Suárez es la representante legal de la organización y coordinadora del trabajo en el Magdalena Medio que en los últimos meses ha desempeñado una importante labor de incidencia política y de participación en proceso locales y nacionales de exigibilidad de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Ella y su familia han sido permanentemente hostigadas, amenazadas, perseguidas, intimidadas y atacadas, en su vida y su integridad. Sin embargo desde el régimen se niega a brindarle las medidas de protección adecuadas, que le permitan ejercer adecuadamente su labor como defensora de los derechos humanos de las mujeres.

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López de Micay, Cauca

Desplazamiento masivo dejan enfrentamientos entre la insurgencia y el Ejército
Por: Camilo Raigozo

La comunidad negra de El Bajito tuvo que desplazarse de forma forzada ante los enfrentamientos que mantienen al parecer la insurgencia de las FARC-EP y tropas del Batallón José Hilario López del Ejército denunció la ONG Cococauca.

Los choques armados se presentaron a solo cinco minutos del corregimiento de Chuaré, Consejo comunitario Mamuncia del municipio costero de López de Micay, Cauca, distante a 15 minutos del área urbana.

Según la fuente, versiones de las comunidades afirman que el hecho se presentó cerca de las 8 de la noche del domingo 10 de febrero de 2013, cuando la gente fue sorprendida por actores armados que les solicitaron desocuparan las viviendas porque podrían salir heridos.

Ante la advertencia la gente tomó sus embarcaciones con destino al corregimiento de Chaure. A los pocos minutos de haber salido se escucharon descargas y detonaciones de morteros que eran lanzados desde el caserío hacia el otro lado del río. Los enfrentamientos duraron hasta las 10 de la noche.

Esa misma noche las familias desplazadas se ubicaron en un Centro humanitario construido por Solidaridad Internacional en la comunidad de Chuare.

En horas de la mañana del lunes 11 de febrero, las personas en situación de desplazamiento se trasladaron a la cabecera municipal a donde fueron censados.

La parroquia de San Miguel del Vicariato Apostólico de Guapi reportó un desplazamiento de 91 personas que corresponden a 20 familias, 41 niños, 50 adultos, 3 lactantes y 1 gestante.

Las personas  desplazadas no saben cuál es el estado de sus 16 viviendas que tuvieron que dejar desocupadas.

Así mismo es preocupante el estado en que se encuentran las familias que según la información de Cococauca no habían recibido la ayuda de emergencias.

Esperaban respuestas del Comité Territorial De Justicia Transicional para determinar la atención a las familias de comunidades negras victimas de desplazamiento.

“Preocupa la crisis humanitaria por las violaciones de derechos a la población civil en los territorios colectivos étnicos de comunidades negras.

“Se está pendiente de la declaración del masivo, pero la reacción municipal es lenta, por consiguiente rogamos a la comunidad nacional e internacional la mayor solidaridad y colaboración respectiva.

Tanto las comunidades afectadas, como las organizaciones sociales reiteraron el llamado de que “es hora de parar la guerra” y les exigieron a las partes en conflicto el respeto al Derecho Internacional Humanitario, y avanzar con celeridad por una salida política y negociada al conflicto armado.

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Terrorismo de Estado
Amenazan a estudiantes activistas por la paz en Cali y Palmira
Por: Camilo Raigozo. Con información de Reddhfic

El sábado 19 de enero de 2013, cerca de las 9 de la noche, cuando la estudiante universitaria Luisa María Zorrilla Millán, llegó  a su casa después de asistir a la Audiencia Humanitaria "Por la Vida, la Armonía Territorial y la Paz,-

 

la Guerra nos Toca, la Paz es Nuestra", realizada en el corregimiento el Palo del municipio de Caloto, encontró  tres Flores color naranja amarradas en la puerta de su hogar, cosa que sorprende ya que a su excompañero sentimental empezaron a amenazarlo de la misma manera.

El martes 22 de enero de 2013, a las 7 de la noche, Luisa María Zorrilla Millán, recibió una llamada telefónica en la que le dijeron, “deje de estar participando en ese tipo de eventos que no sabe lo que le va a pasar”.

Días después le llegó una citación de la Fiscalía, sin remitente y sin firma. Se estima que es una carta falsa donde la citan el 5 de febrero a la Fiscalía para informarle sobre un proceso disciplinario que se empezara en contra suya.

Zorrilla Millán es actualmente es estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle, hace parte de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad del Valle, de la Coordinación -

 

Regional Suroccidente de Estudiantes Universitarios, de la Coordinación Departamental Valle del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.

Palmira, Valle

El jueves 7 de febrero de 2013, cerca de las 6:30 de la noche, en la carrera 26A con calle 16A, el estudiante universitario William Ospina fue abordado por un hombre alto de test mulata, delgado con un casto de visera transparente,-

 

buzo café oscuro y jean azul, quien se movilizaba en una moto Yamaha modelo SZR color negra, quien le dijo "Gran marica, déjese de meter en lo que no le importa, abrace de la representación", e inmediatamente se fue.

Ospina es actualmente integrante del Proceso de Organización Estudiantil, Proes y representante estudiantil ante el Consejo de sede de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira;-

 

de la Coordinación Regional Suroccidente de Estudiantes Universitarios, de la Coordinación Departamental Valle del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.

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Terrorismo de Estado

Denuncian falso positivo y otros abusos del Ejército en Leiva, Nariño
Por: Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes denunció que el pasado miércoles 6 de febrero, en el corregimiento El Palmar, cerca de las 6 de la mañana, el campesino Jhon Favver Díaz, salió de su vivienda con destino a su lugar de trabajo.

Cuando Favver transitaba por la vereda Alto Bonito quedó en medio de un ataque indiscriminado que iniciaron integrantes del Batallón de Infantería  “Batalla de Boyacá” y el Batallón de combate terrestre N° 116,  adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso del Ejército.

Pese a que Jhon Favver Díaz a gritos clamaba por su vida explicando que él era un civil, el grupo de militares de la Fuerza de Tarea Pegaso, le lanzaron una granada que exploto en la humanidad del campesino, causándole la muerte inmediatamente. El cuerpo completamente destrozado quedó en una cerca de alambre de la carretera.

De igual manera la explosión de la granada hirió a un presunto insurgente de las FARC - EP, quien solicitó ayuda y clemencia por su vida. Sin embargo –según la fuente- minutos después fue ajusticiado por los militares, quienes infringieron gravemente el Derecho Internacional Humanitario cometiendo un crimen de guerra.

La acción militar se produjo bajo el mando de un uniformado en cuyo distintivo de su chaleco presentaba el nombre de Juan Carlos Henao y en su camiseta como teniente Díaz.

Los dos cuerpos quedaron durante más de 30 horas en el lugar de los hechos, sin que las autoridades competentes realizaran el levantamiento. Los comuneros del lugar atemorizados se desplazaron forzadamente.

Pese a que la cabecera municipal de Leiva está totalmente copada por el Ejército y la Policía, en horas de la noche aparecieron varias viviendas pintadas con mensajes de supuestos paramilitares.  “muerte a milicianos Auc” “Muerte AUC”.

Los días 7 y 8 de febrero del 2013 en la vereda Alto Bonito, cerca de las 6 de la mañana, ante señalamientos, allanamientos irregulares y detenciones arbitrarias cometidas por integrantes del ejército, decenas de campesinos inician un desplazamiento forzado hacia la cabecera municipal de Leiva.

El viernes 8 de febrero de 2013, el comandante  Fuerza de Tarea Pegaso general Mario Augusto Valencia Valencia, informó en el noticiero de la emisora Radio Viva a las 7:30 de la mañana, sobre  la muerte de dos guerrilleros en combate en el municipio de Leiva el día miércoles 6 de febrero.

El sábado 9 de febrero del 2013, en la vereda Alto Bonito, en horas de la mañana integrantes del Batallón de Infantería 9 “Batalla de Boyacá” y el Batallón de Combate Terrestre 116, Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército, detuvieron arbitrariamente al campesino Enrique Flores Daza.

El domingo 10 de febrero del 2013, integrantes del Ejército, trasladaron a Flores Daza al Batallón de Infantería 9 “Batalla de Boyacá” , en Pasto y se desconoce hasta el momento el estado físico y sicológico del Campesino.

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Conflicto social y armado

Familia del soldado Álvarez Meneses le pide al Gobierno abstenerse de intentar un rescate a sangre y fuego y de no poner trabas para su la liberación
Por: Camilo Raigozo

Adaly Álvarez, hermana del soldado Josué Álvarez Meneses, quien perdió la libertad a manos de las FARC-EP en acciones del conflicto, en comunicación con Notimundo pidió que el gobierno agilice las condiciones para la entrega de su hermano y que por ningún motivo su familia autoriza algún intento de rescate a sangre y fuego.

El soldado Álvarez Meneses fue capturado por la insurgencia en medio de los combates que se presentaron el pasado 30 de enero en Policarpa, Nariño, en el que perdieron la vida 4 militares y 5 más quedaron gravemente heridos.

Según la familia del soldado Álvarez, de tan solo 19 años de edad, este se vio obligado a enrolarse contra su voluntad en el Ejército para obtener la tarjeta militar.

El porte de la Tarjeta militar o la “definición de la situación militar”, es un ardid mediante el cual la oligarquía nacional y extranjera someten a los jóvenes de las clases populares a cuidarles sus capitales, riquezas y privilegios, bajo el engaño de que le están prestando un “servicio a la patria”.

Josué Álvarez Meneses es el menor de cinco hermanos  y don Alirio Álvarez y doña Martha Meneses, no comprenden porqué su hijo, quien soñaba con trabajar y estudiar, se encuentra como víctima de una guerra que no le pertenece. Le exigen al Gobierno que se lo devuelva sano y salvo, en las mismas condiciones que estaba cuando se lo llevaron.

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Terrorismo de Estado

Paramilitares imponen toque de queda en tres municipios de Antioquia mientras la Fuerza Pública mira para otro lado
Por: Camilo Raigozo

La Corporación Cahucopana denunció que el jueves 7 de febrero anterior, paramilitares por medio de panfletos tratan de imponer un toque de queda en los municipios de Segovia, Remedios y Santa Isabel, Antioquia.

Los criminales prohibieron toda movilización de personas a partir de las 7 de la noche desde el pasado 4 de febrero. A los establecimientos comerciales también los amenazaron con ponerles bombas si se atreven a abrir las puertas.

Los habitantes de Segovia le informaron a Cahucopana que el 7 de febrero en la noche circuló otro panfleto en el que se especifican los barrios que están en mayor riesgo de  “limpieza”.

Después de las seis de la tarde no podrán salir los habitantes de los barrios Montañita, Caratal, la 70, el 20 de Julio, El Hueso, Marmajito, Santa Marta, Galán parte alta y baja, El Tigrito, Marquetalia, Camacol y Calle la Banca. Advierten que continuarán “hasta limpiar con todo el pueblo” y seguirán con el municipio de Remedios y la Cruzada.

Según la fuente el secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, en entrevista con la W Radio, reconoció las altas tasas de homicidios que deja el enfrentamiento entre paramilitares por el control de la minería ilegal de oro.

Argumentó que se ha acompañado a esta población con el Plan Troya Nordeste como “expresión máxima de la lucha contra las Bacrim”, pero afirmó que la distribución de los panfletos no está ligada con los grupos paramilitares en conflicto. 

Sin embargo Cahucopana y las comunidades desmienten las afirmaciones de Londoño y afirman que “la crisis humanitaria en esta zona no es coyuntural. Ha sido una lucha que se libra desde décadas atrás, donde las comunidades como única respuesta han obtenido el aumento de pie de fuerza. Los operativos del Plan Troya se suman al control paramilitar que cada día pone en riesgo a los pobladores”.

También denuncian que los asesinatos de mujeres es ahora una constante y citan como ejemplo el asesinato de una mujer el pasado 10 de febrero en una calle de Remedios, muy cerca de donde se reunía la Mesa comunal por la Vida Digna, con comunidades campesinas del nordeste antioqueño.

“Segovia cuenta con 37.572 habitantes, 33 de los cuales han sido asesinados en lo transcurrido del año, según cifras del periódico El Colombiano, a pesar de estar custodiados por la Brigada 14 del Ejército Nacional (Batallón Especial Energético y Vial 8 MY. Mario Serpa Cuesta), el Batallón Bomboná y la estación de Policía de Segovia.

“La población sigue en espera de medidas urgentes contra la violación de derechos humanos y que las autoridades no sólo se hagan presentes o se pronuncien sino que actúen”, dice el documento remitido por Cahucopana.

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Colapso del sistema de salud

“Hay que desligitimar las maniobras del Gobierno”: Gloria Inés Ramírez
Por: Camilo Raigozo

Ante la profundización de la crisis del sistema de salud y seguridad social, y la terquedad del  Gobierno de seguir manteniendo a base de maquillajes y remiendos un modelo que hizo agua, evadiendo hacer cambios de fondo, este 11 de febrero de 2013 se reunieron en Bogotá,-

 

organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, la academia, organizaciones médicas, parlamentarios, organizaciones de usuarios y congresistas, entre otros,  para encontrar soluciones e instar al Gobierno a concertar con las propuestas que surjan.

Entre los y las participantes estuvo la senadora por el PDA y el Partido Comunista, Gloria Inés Ramírez, quién hizo aportes importantes para los caminos a seguir en la defensa del derecho a la salud de los colombianos.

“El gobierno lo que quiere es seguir su modelo de Ley 100, remendado, modernizado. Con el pretexto de salvar hospitales y clínicas, lo que se hizo fue fortalecer a las EPS. Va a dejar 5 o 10 EPS para que manejen el mercado”, explicó a la múltiple audiencia la senadora.

A continuación advirtió que es asunto vital para los colombianos acabar con el negocio de la salud, lo cual implica adoptar un sistema distinto. “Desligitimemos lo que el gobierno está haciendo, porque la ley ordinaria lo que hace es afianzar otros remiendos a la Ley 100.

“Aquí lo que tenemos es que desligitimarla para obligar a que haya una ley concertada con el movimiento de la salud”, afirmó Ramírez poniendo como ejemplo lo hecho por el Movimiento Amplio Nacional Estudiantil, Mane, el cual obligó al gobierno a recular en sus oprobiosos proyectos de ley contra el estudiantado colombiano.

En defensa de la Tutela

Una segunda estrategia exhortada por la congresista Ramírez Ríos es la defensa de la acción de tutela, como instrumento eficaz que le ha servido al pueblo colombiano para defender su derecho a la salud.

“La tutela es un instrumento del que se ha valido el pueblo colombiano y ha demostrado que es eficaz y que le sirve. Es por eso que el gobierno quiere darle muerte, quiere atacar ese mecanismo de defensa creando un instrumento administrativo que efectivamente va a privar a los colombianos del derecho a la tutela”, expresó la legisladora.

También aclaró que el proceso administrativo es a través de una junta médica que no tendrá la misma acción vinculante que tiene la tutela, “por eso nosotros tenemos que defender y estamos llamando a la sociedad colombiana a que defienda la tutela como instrumento eficaz que ha permitido que muchos colombianos tengan acceso a la salud”, dijo.

Sobre la Unidad de Pago por Capitación, UPC, Ramírez aclaró que esta no arregla el problema de las EPS, ni arregla el problema de la salud. “La UPC lo que hace es incrementar el negocio y hacer que se peleen más el negocio”, indicó.

Movilización social

Otro de los argumentos claves manifestado por Gloria Inés Ramírez para enfrentar los desafueros del Gobierno contra la salud de los colombianos es la movilización social. Las grandes manifestaciones en la calle expresando su inconformismo.

“Hay que ir barrio a barrio, con la comunidad, con los pacientes, con los trabajadores, con los pacientes de enfermedades de alto costo, con los de enfermedades raras, con los trabajadores de la salud, con los profesionales de la salud,  con la gente de a pie, con los usuarios, con todas esas comunidades, explicarles y articularlas, con todo lo que tengamos como escenario para que nos ayuden”, afirmó Ramírez.

Dentro de esta estrategia la congresista de izquierda agregó que había que buscar financiación para emprender una vasta campaña publicitaria y explicativa sobre el tema, para que los colombianos tomen conciencia de la magnitud del problema que afrontan en materia de salud y de seguridad social. “En esto es indispensable contar con la colaboración de los medios alternativos y las redes sociales”, dijo.

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