viernes, noviembre 28, 2014

Monseñor Augusto Castro
Foto: Colprensa
Por fin la Iglesia reconoce que las FARC EP son serias en el proceso de paz
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Luego de una reunión de la cúpula de la Iglesia con el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, reconoció públicamente que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP han demostrado seriedad en el proceso de paz que se adelanta en La Habana.

 “Ellos dicen muchas cosas, a veces que nos disgustan, pero lo importante es que cuando se refieren al proceso de paz y a la agenda que se lleva en La Habana, manifiestan seriedad y cumplimiento”, dijo monseñor Castro según citan los medios.

A la Iglesia Católica, como institución que aún mantiene mucho poder en Colombia, salvo algunos de sus miembros, le ha faltado un mayor compromiso y trabajo para apoyar el proceso de La Habana y poner fin a más de medio siglo de desangre del país.

Lastimosamente ocurrió lo mismo en los anteriores intentos de conseguir la paz mediante el diálogo, por lo que esta institución tiene una gran deuda con el pueblo colombiano. En muchos escenarios en el pasado reciente la Iglesia se ha puesto a favor de los guerreristas.

La reunión de los líderes de la Iglesia con el Presidente se dio el pasado 24 de noviembre cuando todavía estaban frescas las acusaciones del médico Rodrigo Londoño Echeverry, máximo comandante de las FARC, más conocido como “Timochenko”, contra Santos por el incumplimiento y falta de seriedad de este con la mesa de diálogos al haberlos suspendido de manera unilateral y por mantener los ataques militares en las liberaciones de los prisioneros.

Aunque no se supo mayor cosa de los temas tratados entre la Iglesia y Santos, medios expresaron que uno de los puntos abordados en la reunión se refería al quinto y último grupo de víctimas del Estado y la insurgencia que será escuchado en La Habana.


Coronel Germán Rojas
San José de Apartadó
Acusan al comandante de la Brigada 17, coronel Germán Rojas y a sus tropas de ser un peligro para para la comunidad
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El  pasado 21 de noviembre tropas del Ejército infringieron nuevamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH), al desarrollar operativos dentro del casco urbano de San José de Apartadó, en momentos que líderes de las comunidades mantenían una reunión con las autoridades civiles locales y departamentales.

“En esta ocasión, el Ejército nutrió su jornada o acción cívico-militar trayendo personas ajenas a la comunidad”, denunció a Notimundo el Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó.

Según el documento, luego de terminada la jornada en la emisora radial Antena Estéreo de Urabá, el coronel Germán Rojas hizo señalamientos falaces y temerarios contra los líderes campesinos y miembros del comité de derechos humanos.

“(…) ese comité y los que dicen ser defensores de derechos humanos son unos aparecidos, no representan a la comunidad y no son los líderes de las comunidades. Son 5 personas que llevan 2 o 3 años en la región. El que más, lleva 4 años. Son los que especulan y los que mal informan a la comunidad (…)”, expresó el coronel Rojas, según la denuncia.

A la pregunta del periodista sobre si se levantan los líderes de la Mesa Regional con la Gobernación, Rojas contestó que: “(…) es que allí no hay una mesa, solo son unos 4 o 5 que dicen ser líderes que no representan a la comunidad. Son personas que no viven hace mucho en San José”.

Por su parte el comandante del Batallón Voltígeros, de apellido Rojas, no se quedó atrás en los ataques contra los defensores de derechos humanos. Este dijo entre otras cosas que “no es una jornada cívico-militar sino una jornada de apoyo al desarrollo.

“La actividad fue exclusivamente para los niños; esperábamos  mucha participación pero algunos líderes malinformaron a la comunidad para que no asistiera la gente de las veredas”.

En el mismo sentido habló el secretario de gobierno Fredy Largo quién desconociendo las disposiciones del DIH aseguró que sí era una jornada cívico-militar pero que el ejército tiene todo el derecho a realizar dichas jornadas y lamentó que “5 líderes mal informaban a las personas para que no asistan a la jornada”.

El 26 de octubre anterior las comunidades impidieron mediante una protesta pacífica la realización de un operativo cívico-militar que se disponía a realizar la Brigada 17 en el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó.

La valerosa respuesta de los pobladores a las infracciones del Ejército al DIH que los pone en alto riesgo desató la ira de los uniformados, especialmente del coronel Rojas.

Ese mismo día y el siguiente, el coronel German Rojas y el teniente Javier Rojas declararon en varios medios de comunicación  que la protesta había estado dirigida por cuatro personas colaboradores del Quinto Frente de las FARC EP; que había encapuchados y que los niños habían sido puestos como escudos humanos. Además amenazó a los protestantes con denunciarlos penalmente ante la Fiscalía.

El 6 de noviembre pasado, en un espacio de interlocución entre el Ejército y la comunidad, el cual fue propiciado por la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia y la Pastoral Social, en la que estuvieron presentes además, la Procuraduría, Personería y Defensoría, el general Leonel Pinto de la Séptima División del Ejército, pidió disculpas a la comunidad y se comprometió a rectificar públicamente los señalamientos perversos del coronel Rojas y otros subalternos.

Sin embargo al cierre de esta nota Pinto no había cumplido el compromiso, señala el Comité de Derechos Humanos.

Las comunidades y los dirigentes de San José de Apartadó les enseñan a los mandos castrenses que las llamadas acciones cívico militares, violan la legislación nacional que protege los derechos de los niños, las niñas y la adolescencia. 

Más exactamente el numeral 29 del Artículo 41 de la Ley 1098 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual reza: “Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares”.

Cabe recordar que el 11 de junio de 2010 el Estado colombiano recibió  recomendaciones  del Comité Internacional de los Derechos de los niños, advirtiéndolo de que las operaciones cívico-militares violan el  Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

Las operaciones cívico-militares van en contravía del DIH porque violan los principios de Prevención y  de  Distinción, ya que se utiliza a la población civil con fines militares estratégicos y la expone al  peligro de  la confrontación armada.

Los pobladores de San José de Apartadó no olvidan la masacre cometida por militares y paramilitares en febrero de 2005 en la que fueron asesinadas 8 personas, entre ellas, tres niños.

Tampoco olvidan a todas las víctimas del corregimiento, como el caso de los  asesinatos de Carlos Torres, el 9 de abril de 2013, Deimer Guaca, en octubre del 2012 y el de la niña Yerit Magal Muñoz, el pasado 2 de julio, crimen cometido por el Ejército quién la presentó como guerrillera dada de baja en combate.

“También recordamos con consternación las veces en que  han sido ametrallados y bombardeados de manera indiscriminada nuestros hogares por la fuerza pública”, dicen con indignación los denunciantes.

Las víctimas mortales que ha dejado en San José de Apartadó la demencial estrategia militar-paramilitar del régimen sobre pasan las doscientas.


domingo, noviembre 23, 2014

Terrorismo de Estado
El Ejército asesinó a dos campesinos y dejó varios heridos en Nariño
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 13 de noviembre en la vereda Yarí, municipio Francisco Pizarro, Nariño, se produjo un ataque indiscriminado contra la población civil por parte la Fuerza de Tarea Pegaso, la Brigada Contra el Narcotráfico, La División de Aviación y Asalto Aéreo, La Cuarta Brigada de la Infantería de Marina y agentes de la Policía Nacional.

Los bombardeos y ametrallamientos se concentraron contra un hogar campesino, en donde se encontraban once labriegos afrodescendientes, quienes trabajaban desde hacía más de 4 años como cortadores de madera.

El cobarde ataque contra los indefensos dejó como saldo a dos campesinos asesinados, siete campesinos heridos, un labriego retenido arbitrariamente y más de 180 personas desplazadas.

Las dos víctimas que perdieron la vida a manos de los terroristas oficiales del régimen fueron identificados como Dailer Chanel Palacio Ledesma y José Arsenio Castro, mientras que el campesino retenido responde al nombre de Carlos Sanchéz.

En el caso del campesino José Arsenio Castro, quién había quedado mal herido, las comunidades afirman que lo vieron por última vez con vida en manos de los militares y les suplicaba a estos que lo llevaran a un hospital para que le salvaran la vida.

Sin embargo los bandidos hicieron caso omiso del perentorio requerimiento médico para salvarle la vida al labriego y al día siguiente lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”, según denuncia la ONG Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

Así mismo el labriego Carlos Sánchez fue secuestrado, privado de la libertad e incomunicado de forma arbitraria por los agentes represores, hasta el 16 de noviembre pudo comunicarse con sus familiares a quienes les dijo que lo tenían en las instalaciones del Ejército en Tumaco. Al parecer esa llamada le salvaría la vida.

Al momento del desembarque los militares del régimen terrorista que mantiene el poder en Colombia, allanaron ilegalmente la vivienda de un campesino de nombre Bonicio, a quíen le dieron mal trato, lo señalaron de ser guerrillero y le robaron cinco millones de pesos.

A unos 150 metros del lugar del bombardeo y ametrallamiento, Yoneli Achanga Ordoñez, junto con su familia tuvieron que abandonar forzosamente el lugar para preservar sus vidas.

Cuando pudieron retornar a su vivienda encontraron que esta había sido allanada y saqueada por el Ejército. De allí los uniformados se robaron tres millones de pesos en efectivo y tres millones en productos que la familia vendía.

Ante los atropellos criminales de “los héroes de la patria” más de 180 personas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres, tuvieron que desplazarse al casco urbano del municipio Francisco Pizarro, Salahonda y Tumaco, donde sobreviven precariamente.

Días después cuando algunos campesinos volvieron al lugar de los hechos dolorosamente se dieron cuenta que los militares se habían llevado la mayoría de sus pertenencias, instrumentos de trabajo y documentos de identidad de la mayoría de ellos.

Las once personas que fueron víctimas del bombardeo y ametrallamiento, así como las personas desplazadas son afrodescendientes que habitan territorios colectivos y pertenecen a diferentes consejos comunitarios.

Dailer Chanel Palacio Ledesma, campesino asesinado, tenía 19 años de edad, era oriundo del Consejo Comunitario El retorno, ubicado en el Rio Mejicano. La denuncia no aclara si dejó huérfanos entre sus dolientes.

Posterior estos actos criminales y de barbarie, sin ningún asomo de pudor y sonrojo la comandancia de la III División del Ejército Nacional le dijo a los colombianos y a la opinión pública internacional, entre otras falacias, que en un exitoso operativo habían dado de baja a tres guerrilleros y decomisado bastante material de guerra.

 A continuación el comunicado emitido por el Ejército:

“Gracias a operaciones conjuntas y coordinadas

En Nariño se reportan tres guerrilleros muertos en desarrollo de operaciones militares

Resultado operacional en el Departamento de Nariño

13 de noviembre de 2014

En operaciones militares conjuntas y coordinadas entre Ejército, la Armada y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea se logró la neutralización de tres insurgentes de las Farc y se recupera abundante material de guerra y comunicaciones empleados para diferentes acciones terroristas en contra de la población civil del departamento de Nariño.

Pasto, Nariño 13 de Noviembre de 2014. En operaciones militares conjuntas y coordinadas entre Ejército, la Armada y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea se logró la neutralización de tres insurgentes de las Farc y se recupera abundante material de guerra y comunicaciones empleados para diferentes acciones terroristas en contra de la población civil del departamento de Nariño.

Tropas orgánicas de la Fuerza de Tarea Pegaso, Brigada Contra el Narcotráfico; División de Aviación y Asalto Aéreo, Cuarta Brigada de la Infantería de Marina y la Policía Nacional golpean de manera contundente en zona rural del municipio de Tumaco, la estructura armada de la tercera comisión al mando de alias Oliver de la columna móvil Daniel Aldana, dejando como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos terroristas, quienes están en proceso de identificación, 02 Fusiles, 03 Pistolas, 08 proveedores, 258 cartuchos varios calibres, 42 celulares, 02 radios escáner, 01 computador, 01 impresora y material de Intendencia.

Tras los combates se realizó un registro del área en donde se encontró un complejo terrorista que contaba con una fábrica de explosivos en la que hasta el momento se está realizando la respectiva inspección para establecer la cantidad de elementos, además de un laboratorio y dos cristalizadores para el procesamiento de estupefacientes, con los siguientes elementos; 2000 galones de gasolina, 70 galones de ácido muriático, 7200 galones de acetona, 50 bultos de cemento, 40 bultos de sulfato de amonio, 60 bultos de soda caustica, 10 bultos de carbón mineral, 06 paquetes de clorhidrato, 01 panela de pasta base de coca, 01 jetsky, 01 congelador, 01 televisor, 01 antena DIRECTV y 100 kilos de víveres.

Esta comisión de las Farc era la encargada de perpetrar los atentados terroristas en la vía al mar y en el municipio de Tumaco, además de sembrar el terror en la población civil.

Hasta el momento falta por establecer la cantidad de material de armamento, munición, explosivos, intendencia y de víveres encontrados en este sector que eran requeridos por los terroristas para sus acciones. Hasta aquí el comunicado del Ejército.

Respecto al campesino Carlos Sánchez, su esposa denunció que la madre de él recibió de este una llamada el día lunes 16 de noviembre, en razón de que fue secuestrado por los uniformados sin dejar rastro de hacia dónde lo habían llevado.

En la llamada Sánchez le manifestó que se encontraba recluido en las instalaciones del Ejército en Tumaco.

Esta circunstancia es delicada ya que en el informe inicial del Ejército sobre el operativo señala que: “se dieron de baja a tres (3) guerrilleros”. Se deduce que como no pudieron matar a Sánchez, ya que su mamá sabía a donde lo tenían, días después el Ejército rectificó que no eran tres, sino dos “los guerrilleros abatidos”.


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