Diálogos de paz
Iván Márquez dice que las mal llamadas 'Bacrim' son
grupos paraestatales y que hay generales en retiro reactivando el
paramilitarismo
En respuestas a un cuestionario del semanario Voz y
Contagio Radio, el comandante de las FARC-EP Iván Márquez, dice entre otras
cosas, que los grupos sicariales del régimen denominados paramilitares y ahora
estratégicamente denominados bandas criminales, Bacrim, siguen siendo grupos
paraestatales y que hay generales en retiro reactivando la estrategia criminal
del paramilitarismo.
A continuación la transcripción íntegra de la entrevista
realizada por los dos medios al jefe de la delegación de paz de las FARC-EP,
Iván Máquez:
“Nunca haríamos un
acuerdo de espaldas al país”, Iván Márquez
Por: Contagio Radio y Semanario VOZ
Periodistas de Contagio Radio y el Semanario VOZ
recibieron las respuestas a un extenso cuestionario que le formularon al
comandante Iván Márquez, quien encabeza la Delegación de la Paz de las FARC-EP
sobre distintos temas de interés después de la instalación de los diálogos de
paz en Oslo, Noruega, y del comienzo de la Mesa de conversaciones en La Habana.
Márquez en medio de las incertidumbres del proceso mantiene
el optimismo, se refiere a los avances desde Oslo hasta hoy, resalta la
importancia de la participación de la sociedad para que la salida dialogada al
conflicto armado sea posible, en particular los aportes de las mesas regionales
promovidas por las comisiones de paz de Senado y Cámara, así como las
conclusiones del Foro sobre Política de Desarrollo Agrario;-
se pronuncia sobre la reforma tributaria y otros temas
políticos y sociales y expresa la posición del movimiento alzado en armas
respecto al imaginario social mediático sobre sus fuentes de financiación,
entre otros aspectos importantes.
Analiza la tregua unilateral decretada por las FARC-EP
cuyo plazo va hasta el 20 de enero y plantea la posibilidad de un armisticio o
de una tregua bilateral indefinida.
Después de Oslo ha
corrido bastante agua bajo el puente. Veamos uno de los aspectos del acuerdo
general para la terminación del conflicto, el tema agrario:
¿En qué estado se
encuentra? ¿Hay avances? ¿Se han estrechado las distancias, luego de que se
conocieran dos puntos de partida tan distantes?
Digamos que hay un diagnóstico común de la situación de
miseria que como maleza invadió el campo colombiano. El índice Gini del 0.89 es
un espejo que refleja la terrible desigualdad que campea en el sector.
Ni siquiera el gobierno tiene las fuerzas ni los
argumentos para cuestionar esos tristes números de la injusticia.
Durante el tiempo que ha corrido debajo del puente hemos
configurado una visión más amplia de la problemática. En La Habana hemos escuchado
la voz de los expertos de la ruralidad, como son nuestros campesinos,
indígenas, empresarios, catedráticos...
Ya están fluyendo importantes insumos, producto de foros
y eventos organizados por iniciativa popular, por la ONU y la Universidad
Nacional, y por las comisiones de paz de senado y cámara, que contienen la
esperanza de solución del problema rural que ha anhelado mucha gente, por mucho
tiempo, por la certeza, que nadie les quita, de que ahí está la clave de la
paz.
Estamos dando los primeros pasos en un camino que todos
sabemos complejo. Necesitamos instrumentos de navegación. Para llegar a nuestro
destino de paz, requerimos como GPS y brújula, la estadística, las cifras y el
catastro, pero en Colombia esas ayudas no existen o son muy deficientes.
Se necesita saber qué es lo que se va a redistribuir,
restituir y formalizar. No pueden ser baldíos solamente. Para las FARC-EP hay
un monstruo cebado en sangre y despojo que subyace en el fondo del problema: el
latifundio, pero algunos de las elites prefieren no nombrarlo, lo protegen, lo
disimulan, caminan en puntillas cuando pasan frente a él.
Ese ha sido el error de todos los intentos de reforma
agraria, si es que se les puede dar ese nombre. Pero saben que si las cosas
siguen como van, en poco tiempo podrían arrendar o vender esas grandes
propiedades a las trasnacionales minero-energéticas. Negocio es negocio.
Organizaciones de
la sociedad rural, de los sectores populares y otros, entre ellos la ruta
social común por la paz, reiteran permanentemente la necesidad de la
participación, ustedes mismos como delegación de paz de las Farc-Ep, lo han
planteado, cuándo hablan de participación de las organizaciones, es
insuficiente una páginas web y un foro como el realizado recientemente en
Bogotá, ¿por qué?
¿Y el corto tiempo
de las conversaciones si dará para otra forma de participación? ¿Qué puede ser
eficaz y eficiente para esa participación? ¿Qué se están imaginando?
Para las FARC-EP lo fundamental es lo que determine la
voluntad nacional, el soberano, el constituyente primario, frente a la guerra y
la paz, y en este caso, frente al tema específico de la ruralidad y el
territorio.
En la mesa somos su voz y sus soldados. Estamos ciertos
que la dinámica del proceso la imprime la iniciativa popular. Hay derechos de
participación política que la gente tiene que hacerlos valer. Con la
movilización si es preciso.
Ningún colombiano, ninguna organización política o
popular, puede admitir mordazas bajo el chantaje de la judicialización si
llegare a hablar con una de las fuerzas beligerantes en la mesa, como lo
pretende el ministro del interior, Fernando Carrillo. No hay nada más absurdo.
Ese chantaje que pretende que no podemos dialogar con las
organizaciones sociales hasta tanto no nos desmovilicemos, es todo un disparate,
que no habla de grandeza ni de buenas intenciones del gobierno frente a la paz,
y denota en cambio una ignorancia total frente al decoro que destella la
guerrilla de Manuel.
La mesa y sus protagonistas tienen que estar al servicio
de la gente. La paz de Colombia no será resultado de un conciliábulo, ni la
reconciliación se forja a espaldas de la nación. Por eso valoramos lo producido
hasta hoy por los foros y eventos realizados. Sus conclusiones serán insumos
esenciales para la construcción de la paz.
Saludamos la iniciativa en proceso del Foro Ciudadano
Permanente por la Paz. La Web, por su poca accesibilidad, no colma por ahora
las expectativas, pero si es un mecanismo práctico que habrá que mejorar.
Finalmente, las ideas son muy importantes, pero debemos
acompañarlas con grandes movilizaciones, para que tomen forma concreta en la
nueva realidad que se está forjando.
Ustedes han
planteado respecto a la información que ya recibieron de las mesas regionales
que adelantaron las comisiones de paz de Senado y Cámara, como un insumo
importante.
¿Cómo han
trabajado esos aportes en la mesa?, ¿Estos aportes no son suficientes como
medio de participación de la sociedad rural?
Los aportes de las mesas regionales promovidas por las
comisiones de paz de Senado y Cámara, así como las conclusiones del Foro sobre
Política de Desarrollo Agrario Integral organizado por la ONU y el Centro de
Pensamiento de la Universidad Nacional, que recibimos las FARC en la Habana el
8 de enero y el gobierno en Bogotá, y aportes de otras iniciativas populares,
todas esas ideas y sueños empezarán a ser estudiados a partir del 14 de enero
cuando la mesa reanude actividades.
Claro que las FARC ya lo están haciendo y los estamos
sometiendo a debate a través de nuestros canales. Reiteramos su inmenso valor y
nuestra intención es que ninguno de estos esfuerzos pase a la historia como
espacios que se abrieron para “botar corriente”.
Recuerde que habrá un mecanismo para refrendar lo
convenido, que también debe definirlo el pueblo.
El presidente
Santos, el ex ministro De La Calle, el presidente de la SAC, el doctor Mejía
han reiterado que el modelo económico no está en negociación, esto significa
que la política minero energética que afecta suelos y subsuelo, que define
modelos de desarrollo no se discute.
¿De qué entonces
discuten o a que llegan a acuerdos? ¿Cuáles son los mínimos?
Esa es una aspiración del gobierno, muy respetable por
cierto, pero no concuerda con el espíritu ni la letra del Acuerdo General de La
Habana.
Por otra parte, es imposible que la profundización de la
política neoliberal que promueve Santos, la entrega del territorio a la
industria extractiva trasnacional, se escape a la discusión del primer punto
sobre tierras, acceso y uso, soberanía alimentaria, ruralidad digna. Este no es
un país de ignaros ni cafres.
Lo que viene avanzando con redoble de tambores y
artificios mediáticos, es la extranjerización de la tierra, la
desnacionalización de la economía, la pérdida de la soberanía, la destrucción
del medio ambiente, el tejido social, nuestras costumbres.
Viene avanzando con
ruido de locomotora, el hambre y la desposesión, la victoria definitiva de la
injusticia. Duro pero cierto, ¿no?
La verdad pura y limpia es necesaria. Los colombianos
todos debemos colocarnos al frente, en la trinchera de la patria, para decirles
a los nuevos colonialistas que, no pasarán. ¿Los mínimos? La reforma rural
integral y la reversión del infrahumano coeficiente Gini.
El reciente Foro
sobre política agraria en Bogotá mostró diversas maneras de abordar la problemática rural, algunos
partiendo de qué no es posible negociar el modelo, otros afirmando la necesidad
de modificar el modelo.
Sin embargo, todos
coincidían en la identidad de los problemas como la pobreza, la marginación
rural, la ausencia de bienestar social para los trabajadores rurales, algunos
aspectos del ambiente y del cambio climático, y la ausencia de infraestructura
de telecomunicaciones, sistema férreo, sistema carreteable, déficit técnicos,
tecnológicos entre otros. ¿Cuál es la postura de las FARC EP?
De acuerdo, eso es lo que hay que superar. Y aunque
parezca increíble, lo dicen ya los papeles públicos, en la mesa hay consenso
entre las partes de que es urgente construir la dignidad rural, asunto que
atañe a toda la nación.
La vida digna en las ciudades depende de la estabilidad
rural, y viceversa. Se debe estrechar esa relación simbiótica para que Colombia
salga adelante.
Atender las justas reclamaciones de la población rural y
urbana, desoídas por décadas, abriría
las puertas, por primera vez, al ejercicio de la construcción de democracia
verdadera. Hay que democratizar la vida nacional, empezando por la
democratización de la tenencia de la tierra.
Volviendo a la
propuesta de Colombianas y Colombianos por la Paz sobre un Foro Permanente,
para este colectivo su naturaleza está o va más allá de la Habana y del
escenario de conversaciones que se adelante con el ELN y el EPL, partiendo de
reconocer los disensos con sectores empresariales y de los puntos de identidad
de estos con los sectores rurales.
¿Las FARC EP creen
que existe un sector empresarial que puede comprometerse con la construcción de
un proceso de paz en lo rural, que pueda establecer acuerdos entre cooperativas
rurales y sector privado, en condiciones justas?
¿O de suyo
descartan que el capital privado pueda aportar al proyecto político de las
FARC-EP o al proyecto que se construya entre comunidades y privados?
Claro. Es que el sector empresarial, la industria
nacional, los agricultores, los ganaderos, están siendo apaleados por la
política económica del gobierno que tiene su corazón vendido a los intereses
económicos de las trasnacionales.
Para la inversión extranjera, todo: exención de impuestos,
gabelas para que coloquen todas sus ganancias en el exterior, seguridad legal
que prioriza los derechos del capital sobre los derechos sociales y sobre la
propia industria nacional.
Mientras una trasnacional paga por ejemplo menos del 15%,
y hasta el 5% en impuestos, los industriales colombianos tienen que pagar el
30%.
Cuando quieran, las multinacionales se pueden llevar su
maquinaria y su tecnología. La política del gobierno está arruinando la
industria nacional.
Y para rematarla, le clava impunemente el puñal de los
TLC. En Oslo nos dimos cuenta que el gobierno Noruego cobra a las
trasnacionales impuestos del 76%, y que esa tributación redunda sagradamente en
el bienestar colectivo.
No estamos pidiendo aportes al proyecto político de las
FARC-EP, no. Estamos impulsando es un proyecto nacional que beneficie a todos.
Unas comunidades campesinas, bien organizadas, deben asociarse con la industria
nacional en condiciones que favorezcan en justicia a cada una de las partes.
A partir de esa
valoración, ¿Qué rol debe desempeñar el Estado colombiano? ¿Qué peso tiene el
poder local y regional en esa construcción de Estado?
El Estado colombiano no puede seguir actuando de espaldas
al país, para feriar, como lo está haciendo, las riquezas naturales que debieran
ser utilizadas en la solución de los graves problemas sociales que nos aquejan.
La desnacionalización, la reprimarización, están
destruyendo lo poco que queda del alma y la industria nacional.
La gente del común, las capas medias que están siendo golpeadas
sin piedad, ya no se comen el cuento de la prosperidad y el crecimiento del
país, porque saben muy bien que todas
esas multimillonarias ganancias reportadas no benefician al país nacional, sino
a las transnacionales que están
exportando, desde el territorio de Colombia, las riquezas que extraen de manera
exacerbada, del subsuelo patrio. Y para ello Santos les ha dado luz verde y
patente de corso.
Volvamos a la
realidad. Está una reforma tributaria
aprobada recientemente por la coalición legislativa de la Unidad Nacional, en
ella se generan nuevos beneficios o exenciones para el capital y las
inversiones de empresas extractivas, ¿qué opinión le merece está decisión?
Seguimos en la realidad. A ese paso y con esos
legisladores sumisos al ejecutivo, muy pronto dejaremos el tercer lugar para
escalar el podio de la vergüenza del primer país más desigual del mundo.
La actitud de esa coalición de bolsillo es repugnante,
profundamente antisocial y antipatriótica. Que tributen los pobres y las capas
medias, no los inversionistas. ¿No le parece que tienen a este pobre país patas
arriba?
Terrible y desconcertante realidad. Mientras dialoga de
paz en la mesa, el gobierno dispara contra el pecho de la gente el fuego de su
insania económica. Y esos son apenas los primeros disparos de unos
francotiradores atrincherados en unas curules.
Ya vendrá el fuego atronador cuando empiecen a disparar
el paquete legislativo de reforma pensional, ley estatutaria de salud, reforma
educativa, extranjerización de la tierra… Tenemos que confiar en la capacidad
de movilización del pueblo para atajar estos despropósitos.
Existe la
percepción en algunos sectores que aunque ustedes plantean que tienen su total
voluntad para llegar a un acuerdo definitivo no existe la misma disposición
para llegar a esos acuerdos en noviembre fecha limite planteada por el gobierno
de Santos.
¿Qué tiempo
han calculado, si hay voluntad del
gobierno para llegar a unos acuerdos? , ¿Por qué esa estimación temporal?
¿Noviembre? Al menos el gobierno ya no aspira a una
frágil paz sietemesina que para salvarla habría que meterla en incubadora.
Aunque no tenemos afanes electorales, ojalá pudiéramos tener para antes de
noviembre una reforma agraria integral.
Que para entonces se haya frenado el fatídico carrusel de
tierras del Urabá chocoano, antioqueño y cordobés que pone en escena, para las
graderías, una falsa entrega de tierras
a favor de testaferros de los despojadores.
Que se haya atacado antes de noviembre ese latifundio
improductivo acumulado a bala y motosierra, parasitario y evasor de impuestos.
Qué bueno que todos podamos ver florecer antes de
noviembre, cambios de estructuras injustas, y que podamos apreciar avances en
la desmilitarización del estado y de la sociedad, identificar a los autores
intelectuales de los falsos positivos, los que firmaron la luctuosa directiva
029.
No debe apagarse la llama de la esperanza que arde en el
corazón de la infinita mayoría de los colombianos.
Hablando de
tiempo, deseando que todo vaya por buen camino entre ustedes y el gobierno, sin
pretender ser ave de mal agüero, si no llegara a lograrse un acuerdo, cree que
la prolongación de la guerra de guerrillas lograría enfrentar la asimetría
militar que parece estar a favor del Estado, según análisis oficiales.
Las operaciones
con tecnología de punta, intervención internacional ¿es posible reversarlas? Y
esto lo preguntamos, en medio de la tesis mediática y de algunos opinadores,
según la cual, ustedes llegan a conversar sobre la base de una derrota militar
estratégica.
Si estuviera en
frente al presidente Santos, la pregunta sería, si él podría afirmar que hay
derrota militar estratégica de las guerrillas,
y en cuánto tiempo no habría guerrillas de las FARC, del ELN y del EPL.
La Delegación de Paz de las FARC-EP está actuando en
perspectiva de la paz, no de la guerra, pero podemos afirmar que los pueblos
son capaces de derrotar cualquier asimetría.
Los generales del Comando Sur, del ejército colombiano,
el presidente Santos no deben esperar la derrota que anhelan, en sus bombas ni
en sus microchips.
Esa es una quimera taciturna, sin esperanzas. No busquen
la derrota, busquen la paz, la solución diplomática de este largo conflicto,
que sería un ejercicio mucho más práctico. Un general colombiano aseguraba hace
poco, que casi todos los conflictos han terminado en una mesa.
Y tal vez tenga
razón, pero se requiere que haya voluntad y determinación para recurrir a las
costumbres civilizadas en la búsqueda de una solución.
Para los que persisten en la guerra injusta que solo
protege intereses de los poderosos, “por fortuna se ha visto con frecuencia un
puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos”, decía nuestro padre, el
Libertador Simón Bolívar.
Deben tener en cuenta, además, que las FARC no son
solamente hombres y mujeres alzados en armas; las FARC son un pueblo.
Quienes ven con
optimismo el proceso interpretan que Santos ha definido noviembre como fecha
límite para pulsar la opinión y proyectar su reelección o la sucesión en Vargas
Lleras.
¿Ustedes proyectan
que las FARC estarían realizando política sin el uso de las armas en 2014?
¿Ustedes visualizan ese escenario posible?
Sería muy desalentador que el presidente Santos estuviese
supeditando el proceso de paz a su reelección y que los plazos que se fijan
para su concreción, obedezcan a cálculos en ese sentido. Por la paz se debe
trabajar desinteresadamente y de corazón, con generosidad.
Un proceso de paz con temporizador, que lo vuele al cabo
de un tiempo, es una aberración. El colmo sería que apareciera por ahí algún
tecnócrata reclamando la patente de esa modalidad.
A veces da la impresión que algunos de esos estrategas
confunden proceso de paz con sometimiento.
Con relación a su pregunta sobre las FARC y las
elecciones: coincidimos con muchos compatriotas en que es necesario abrir
espacios a la participación política, y para ello es fundamental reformar el
actual sistema electoral, templo sagrado de los ladrones, el fraude y la
impunidad, impenetrable por su asquerosa podredumbre.
Mantienen el conteo manual de votos para poder alterar
los resultados y solo recurren a medios electrónicos para vender gobernaciones,
curules de senado y cámara, alcaldías.
Es un sistema tan democrático que votan hasta los muertos
y los no inscritos. A las seis de la tarde, casi siempre se va la luz, y quien
iba punteando reaparece, cuando esta vuelve, en posiciones intermedias.
La trashumancia es mérito de caciques y gamonales. Ganan
los socios de las empresas que cuentan los votos. La policía entra a la base de
datos de la Registraduría, porque es la policía.
Los que han logrado penetrar el antro aseguran que en sus
salones de la fama hay un monumento erigido al fraude en que aparece Uribe
flanqueado por el narco-paramilitar, Jorge 40 y el muchacho bueno, Jorge
Noguera.
Hay que cambiar esa vergüenza nacional, crear una nueva
institucionalidad digna del crédito ciudadano, para que todos participemos
confiados en la honradez y probidad de los funcionarios públicos que la
representan.
Un nuevo sistema electoral, confiable e impoluto, fundado en la
democracia verdadera, generaría ganas y deseos de participación electoral.
Cuando se conoció
el marco del Acuerdo General para la terminación del conflicto, algunos
politólogos y opinadores manifestaron, no solo que había madurez para un proceso,
si no que ya existía un acuerdo bajo la mesa más allá de lo escrito. ¿Qué le
dice a esos opinadores y analistas?
Por principio, nunca haríamos un acuerdo a espaldas del
país. Y en cuanto a lo otro, dejemos que esos politólogos y “opinadores”
estipendiados sigan volando con sus alas de Ícaro hacia el sol de sus
mentiras.
Lamentablemente el
conflicto armado seguirá. El 20 de enero termina el cese unilateral del fuego,
se ha probado en estas semanas que esta decisión ha sido muy importante para
alivianar la situación de los civiles y de los propios combatientes. ¿Qué sigue
después del 20 de enero?
Ese gesto unilateral de paz, que se extendió
generosamente durante 60 días, inobjetablemente generó un ambiente favorable a
los diálogos y conformó un clima de tranquilidad que arropó a los hijos de
Colombia en navidad y año nuevo.
!!!Qué tal que el gobierno hubiese hecho lo mismo,
entendiendo que una determinación de humanidad no echa a pique ninguna
estrategia militar ni política.
Si el gobierno Santos aceptara para después del 20 enero
un armisticio o un cese bilateral de fuegos, por un tiempo limitado, como un
ensayo si se quiere, las FARC-EP no dudarían en pactarlo.
Para aterrizar en la
realidad debiera el gobierno “resetiar” la veleidad de que con bombardeos en el
teatro de operaciones va lograr el sometimiento de la guerrilla de las FARC en
una mesa.
En este período de
cese unilateral se han presentado 10 episodios que les fueron atribuidos y que
indicaron que incumplieron, ¿estos hechos han sido de su autoría? ¿Qué ha
ocurrido? ¿Por qué?
Solamente el reconocido por las mismas FARC en Antioquia,
donde fueron atacados objetivos de infraestructura, porque la comunicación no
les llegó a tiempo. Hay que tener en cuenta que el cese unilateral aludía a
acciones ofensivas.
Si las FARC eran atacadas, tenía todo el derecho a
responder. Le preguntamos al CICR su evaluación de esta decisión unilateral y
nos respondió que todos sus delegados reportaban un ambiente de tranquilidad en
sus áreas de trabajo.
Valdría la pena preguntarles a gerentes de las
trasnacionales su valoración del cese unilateral de acciones ofensivas.
Nosotros podemos asegurar que aprovecharon la circunstancia para saquear más
petróleo, más carbón, más oro y ferroníquel de las entrañas de nuestro
territorio. Deben estar frotándose las manos.
Durante este
período de cese unilateral, inédito en su accionar, ustedes han propuesto un
Acuerdo Especial o una regularización del conflicto.
¿La regularización
la están proyectando sobre la base que este proceso de acercamiento fracase?
No. Lo que ocurre es que el tratado de regularización de
la guerra que proponemos es consecuencia de la negativa del gobierno a pactar
un cese bilateral de fuegos por un tiempo determinado.
Y lo hacemos pensando fundamentalmente en la población,
en cómo sustraerla, lo más que se pueda, de los efectos de la confrontación.
Un puesto de policía o una base del
ejército ubicada en el centro de un
pueblo, por ejemplo, es utilizar a la población como escudo humano, arguméntese
lo que se quiera.
Por otra parte, ateniéndonos a las especificidades del
conflicto colombiano, podemos acordar normas entre los contendientes para
resolver prontamente situaciones de caídos en combate, heridos y prisioneros,
entre otros temas.
Durante este
período de cese unilateral ¿Cesaron las
operaciones de financiación?
Una fuerza insurgente no vive del aire. Tiene que comer,
vestirse, curarse, transportarse, adquirir pertrechos, renovar su armamento,
financiar sus escuelas…
¿Hay empresas
privadas que están pagando la extorsión o financiación de las tropas
guerrilleras? ¿Entre estas empresas privadas hay multinacionales?
¿Estas empresas de
qué renglones de la economía son? ¿El porcentaje de esta fuente de financiación
a qué se destina?
Lo único que le puedo responder de esa cascada de
preguntas es que la Ley 002 sobre tributación para la paz, promulgada por las
FARC-EP en el 2000, sigue vigente, excepto la privación de la libertad por
evasión del impuesto.
Como usted sabe, hace un año las FARC dejaron, por
razones ya expuestas, la práctica de las retenciones con fines económicos.
Una de sus fuentes
de financiación está relacionada con la coca, incluso se ha llegado a decir qué
son un cártel.
¿Puede explicar
cómo un movimiento armado revolucionario participa en esa fuente de
financiación? ¿Cómo enfrentar esa percepción?
Valdría la pena preguntarnos más bien, cómo un Estado se
nutre y se financia con el tráfico de cocaína. El lavado de activos en Colombia
es del orden de los 12 mil millones de dólares al año, y el mayor porcentaje de
esos dineros se mueven libremente por los circuitos financieros.
El mismo Estado imperial, inmerso hoy en una devastadora
crisis sistémica, utiliza grandes masas de dinero provenientes del narcotráfico
en inútiles operaciones de salvamento financiero.
Aquí hay mucho sepulcro blanqueado por fuera, pero
podrido por dentro. Álvaro Uribe (Varito Corleone) fue un presidente mafioso.
¿Se acuerdan?
Laboratorio de Tranquilandia, pistas para operaciones de narcotráfico en la
selva autorizadas por él, siendo director de la Aeronáutica civil. También
permitió a sus congéneres paramilitares, cuando era presidente, la exportación
de cocaína…
En la época de los “Pepes” (Perseguidos por Pablo
Escobar) el cartel de Cali financió el Bloque de Búsqueda. Esa institución no
tenía plata y con lo que recibió de la mafia, adquirió carros, equipos de
inteligencia, pagó sobresueldos a los oficiales.
El DAS, durante el gobierno de Uribe, pasó a la historia
como el cartel de las Tres Letras. Abrió la ruta de la cocaína a los Estados
Unidos a través del cartel de los Beltrán Leyva de México.
Y hacía la vuelta completa, porque también entraba los
dólares desde los Estados Unidos, a través del aeropuerto El Dorado de Bogotá,
directamente a las manos de los capos.
Los narcotraficantes eligieron a casi todos los
Presidentes, desde Turbay hasta Uribe. Eligieron parlamentarios. No se puede
olvidar lo que dijo aquella vez Salvatore Mancuso: “elegimos más del 33 por
ciento del Congreso”.
Y después la narco-parapolítica, y eso sigue. Para las
FARC la producción de hoja de coca por los campesinos es la consecuencia de una
problemática de orden social. La represión no soluciona nada.
Algunos se molestan porque las FARC “toleran”, pero ya lo
dijimos, ese es un problema social que debe abordarse como tal, y además, las
FARC no somos policías antinarcóticos.
Hicimos a través del comandante Manuel una propuesta de
sustitución de cultivos ilícitos dirigida al campesino, pero el gobierno la
desestimó, porque necesita el pretexto para seguir agrediendo y justificar la
injerencia de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos.
También propusimos en el pasado la legalización del
consumo, pero respondieron negativamente porque el problema era global.
Ahora
hay ex presidentes muy ilustres, como Gaviria, abogando por la legalización, y
no porque haya entrado en razón, porque crea que así como ocurrió con el tabaco
y ron puede ocurrir con la cocaína, sino porque detrás están las trasnacionales
farmacéuticas que de repente descubrieron que allí hay un gran filón de oro
para sus negocios.
¿Por qué se dice
entonces que las FARC tiene alianzas con las Bacrim? ¿Si no hay esas alianzas,
de qué se trata?
Porque es una campaña mediática. ¿Para qué tienen a las
denominadas BACRIM? Para garantizar el Carrusel de las tierras en Urabá y
alimentar la farsa de la entrega de tierras que ha sido puesta en escena en esa
región.
Su tarea es revictimizar a los despojados para que las
tierras vuelvan a los despojadores, los bananeros, ganaderos, palmicultores, a
Gabriel Harry, a los Vélez, a los Gaviria, a los Sierra, a los Argote.
Y tienen
a las Bacrim también para colocarlas como guachimanes en los sitios que serán
objeto de extranjerización y de explotación minero-energética. Después les
darán una patada en el derrier y los extraditarán a los Estados Unidos, como a
los otros.
¿Para ustedes qué
son las Bacrim?
Grupos para estatales. Hay unos generales retirados
reactivando el paramilitarismo.
Su mensaje
representa un porcentaje de la población rural y urbana, ¿consideran que ese
acumulado es suficiente para una participación que logré transformaciones
políticas en el mediano plazo?
El anhelo de transformaciones políticas, económicas y
sociales crece y crece todos los días en Colombia y moviliza gente y en esa
motivación fincamos todas nuestras esperanzas de articular un contingente
unificado de sectores sociales en torno a algo nuevo para Colombia, una forma
distinta de hacer política que tenga como propósito la dignidad humana ante
todo, la soberanía, la democracia verdadera.
Hay un ataque abusivo y desproporcionado del gobierno
contra las capas medias del país a través de la tributación.
¿Cómo es posible que para garantizar favorabilidades y
exención de impuestos a las trasnacionales, a la industria extractiva, estos
tengan que pagarlos las capas medias y el pueblo en general?
El gobierno quiere mandarnos a todos al inframundo porque
en su soberbia y actuación impune cree que la gente va tolerar que le pisoteen
mansamente, todo el tiempo, su dignidad.
En diversas
entrevistas se les ha preguntado por los afectados y las víctimas que ha
generado su accionar revolucionario.
Ustedes afirman
qué son una organización que nació de la represión estatal, de la negación en
el acceso y la distribución de la tierra, en el devenir histórico y de la
guerra de guerrillas se han cometido atentados a la vida e integridad de
personas.
¿Desde la ética
revolucionaria aceptan qué son responsables de estas situaciones?
Las víctimas, son víctimas del conflicto, en el que el
Estado tiene una responsabilidad histórica por acción y por omisión. Para no
irnos muy lejos en esta triste historia está el genocidio de 5 mil militantes y
dirigentes de la Unión Patriótica.
Hay que identificar a las víctimas, informar cómo marchan
los procesos de incriminación de los victimarios.
El Estado, que es el victimario por antonomasia, debe
responder por las masacres y las fosas comunes perpetradas por el
paramilitarismo de Estado, el desplazamiento forzoso de 5 millones de campesinos,
los falsos positivos, por los que se debe responder jerárquicamente,-
empezando
por el ex presidente Uribe y su ministro de Defensa Camilo Ospina, los
generales y todos los involucrados en estos crímenes de lesa humanidad, que
estamparon sus firmas en la fatídica Directiva 029, sobre todo ahora que están
atados al Estatuto de Roma.
En cuanto a las FARC, ya hemos explicado, que sólo
hacemos uso de un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de
alzarse en armas contra la opresión.
La nuestra es una respuesta a los victimarios. Las FARC
no proyectan acciones contra la población civil, sino contra objetivos
militares. En medio del fuego seguramente se afecta a la población, pero no es
el cálculo y la intención de la guerrilla.
El gobierno ha
manifestado que ustedes se han apropiado de más de 800 mil hectáreas de tierra.
¿Qué opinan de esta afirmación?
Esa es la estadística manipuladora de los victimarios.
Con ello pretenden tapar con tierra la acumulación latifundista generadora de
miseria y desigualdad en el campo.
Es una maniobra de corto vuelo que busca desesperadamente
encubrir la entrega del territorio, la soberanía, al saqueo exacerbado de
nuestras riquezas naturales y energéticas por las trasnacionales.
Con la invención de las 800 mil hectáreas, buscan,
además, seguir golpeando a la gente que estorba al proyecto de extranjerización
de la tierra que ya tienen diseñado.
Muy poco se habla, por ejemplo, de la titulación del Incoder
a testaferros de los despojadores de más de 312 mil hectáreas de tierra. Los 92
predios de la hacienda Las Tangas supuestamente devueltos a sus dueños, siguen
en manos de poderosos despojadores en fundos dedicados a la ganadería.
Cuándo se
acercaron por primera vez a estrechar la mano del general Naranjo y de Mora
Rangel, ¿qué experimentó, qué valoró?
El encuentro con el general Jorge Enrique Mora ocurrió
en un coctel nocturno organizado por la cancillería Noruega en Oslo, al que
asistieron los países garantes, Cuba y Noruega y los acompañantes en representación
de los gobiernos de Venezuela y Chile.
Prácticamente no hablamos en esa ocasión. Pero el general
Mora es un vocero del gobierno designado soberanamente por el presidente
Santos. En la mesa sí nos hemos encontrado y en las relaciones prima el respeto
recíproco.
Sabemos que cuenta con el respaldo de la oficialidad en
servicio activo y de los generales en retiro. Con el otro general, solo
encuentros fugaces.
¿Cómo y qué se
imagina usted haciendo en 10 años?
Todo depende del desenlace de este esfuerzo por la paz,
al que deben integrarse, más y más colombianos.
Para ustedes ser
de las FARC es como ser parte de una familia, según expresan en diversas
entrevistas.
¿Qué pasa con su
familia de sangre? ¿Han comprendido su opción?, ¿Hay divergencias, comprensión?
Con un Estado tan arbitrario, que aplica el delito de
sangre, es mejor no hablar de ese tema.
Se especula mucho
sobre la situación de salud del presidente Chávez, dicen que las historias son
de los pueblos.
¿Si hay un
desenlace fatal con el nuevo mejor amigo del presidente Santos, consideran que
hay garantías para continuar en un proceso serio hacia la paz?
Sólo deseamos que el Presidente Chávez recupere
plenamente su salud. Es tan grande el aporte que ha hecho para lograr la
concordia entre los colombianos, que sin su concurso no se habría instalado la
mesa de conversaciones de La Habana.
Terrorismo de Estado
