Catatumbo, Norte de Santander

Recrudecimiento del conflicto armado agudiza la situación de los derechos humanos
Por Ascamcat

Ante los hechos ocurridos en los últimos meses en zona rural del municipio de Tibú, los campesinos de la vereda Caño Raya le solicitaron a la Asociación Campesina del Catatumbo, la realización de una comisión de verificación-

que documentara las infracciones al derecho internacional humanitario y constantes violaciones de derechos humanos de las que están siendo víctima, por parte de la fuerza pública y de los grupos armados ilegales, que operaron la región.

Atendiendo a la solicitud de la comunidad, del 7 al 8 de junio se llevó a cabo la Comisión de Verificación con la participación de más de un centenar de campesinos provenientes de ocho veredas circunvecinas, -

quienes expresaron su preocupación por la creciente inestabilidad en que se encuentran y la inseguridad en la que están inmersos  en especial, luego del asalto de la guerrilla del ELN a una patrulla de erradicadores de la Policía Nacional, donde resultaron muertos siete miembros de la institución.

En la jornada, los campesinos denunciaron haber encontrado dos paquetes que al parecer contenían  explosivos artesanales y que fueron abandonados durante en el ataque guerrillero,-

pero que a pesar de haber informado sobre el hecho a la fuerza pública, ésta no adelantó ningún operativo para verificar el contenido de los paquetes   o retirarlos, poniendo en grave riesgo la seguridad y la integridad de la población.

Los miembros de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos le exige a la autoridades militares, que a la mayor brevedad, se dispongan a revisar y desactivar los presuntos artefactos explosivos que hasta la fecha, y luego de transcurridos 15 días, aún permanecen en el mismo sitio sin que ninguna autoridad haga nada al respecto. 

Igualmente; hace un llamado para que se haga un barrido en el área donde se han presentado los enfrentamientos guerrilleros a fin de constatar que no se encuentren artefactos que pongan en peligro a la población civil.

De otra parte, la comisión exigió que se proteja y respete la vida e integridad de los campesinos y campesinas del Catatumbo, solicitó además que se les brinde las garantías para permanecer en el territorio donde habitan y trabajan la tierra de manera honesta. 

Así mismo; se exigió que se les respeten sus derechos y se le deje por fuera del conflicto armado.

Finalmente, la Comisión le hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga muy de cerca los acontecimientos que se vienen suscitando en el Catatumbo, ya que la grave situación de derechos humanos que atraviesa la región se ha agudizado recientemente por recrudecimiento del conflicto armado.

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El Ejército realiza allanamientos y detenciones ilegales en el Catatumbo

Por Ascamcat

Campesinos del Catatumbo denunciaron abuso de autoridad y excesos por parte de la fuerza pública durante operativos realizados luego del atentado de la guerrilla contra un grupo de erradicadores en zona rural del municipio de Tibú. 

Agregaron además que en los últimos meses, el ejército ha realizado una serie de allanamientos y detenciones ilegales que amenazan y vulneran la vida y los derechos de los campesinos y campesinas de la región.

El 10 de mayo fueron detenidos arbitrariamente cuatro campesinos de la vereda Caño Raya de municipio de Tibú, durante los operativos del ejército,-

varios campesinos fueron golpeados, detenidos injustamente, acusándolos del asesinato de los miembros de la policía durante la acción de la guerrilla.

Sin embargo; ante la ausencia de pruebas y por ilegalidad de las capturas, los campesinos fueron dejados en libertad el 30 de mayo,  evidenció la práctica de lo que los campesinos han denominado “falsos positivos judiciales” que solo buscan obligarlos salir del territorio.

Desde hace más de un mes las tropas de la brigada móvil número 23 del ejército, se encuentran acantonadas en el casco urbano del corregimiento de Filo Gringo,-

llevando a un cese de actividades en la escuela y despertando la zozobra entre la comunidad, por el inminente peligro que corren sus vidas a verse convertidos en escudo humano ante un ataque de la guerrilla.

En otros hechos; el 25 de mayo en horas de la tarde el ejército realizó varios allanamientos y de acuerdo a lo relatado por un campesino de la zona, fue detenido, lo fotografiaron, le tomaron las huellas digitales,-

allanaron su vivienda y posteriormente, bajo la amenaza de llevárselo preso, lo obligaron a firmar un documento cuyo contenido nunca conoció, así mismo ocurrió con una señora de la misma localidad. 

El 28 de mayo en la vereda El Martillo del municipio de El Tarra, tropas de la brigada 30, bajo el mando del capitán Franco y del sargento Donado,-

realizaron una detención masiva en la finca de un campesino, capturando ilegalmente a 12 campesinos, entre los cuales se encontraba un menor de edad y el vicepresidente de la vereda Palmas del municipio de Tibú.

Debido a estos lamentables hechos que vulneran la seguridad y la tranquilidad de los pobladores de la región y evidencian la persecución estatal contra el campesinado, la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat,-

hizo un llamado a todos los organismos de control del orden nacional, para que fijen su atención en la continua violación de los derechos humanos que se vienen presentando en contra la población civil en la región.

Así mismo; instó a organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para que sirva de interlocutor ante los grupos guerrilleros, solicitándoles el cese de hostilidades contra de los campesinos del Catatumbo y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

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Cúcuta, Norte de Santander
Trabajadores informales y vendedores ambulantes denuncian atropellos de la fuerza pública
Por Asovicut

Queremos manifestarles a la opinión pública que los trabajadores informales o popularmente vendedores ambulantes, somos personas de bien, amigos del trabajo como-

herramienta para el sustento diario a nuestros hijos, denunciamos públicamente los atropellos, los señalamientos de la fuerza pública para con la movilización y la protesta social.

Desde el comienzo de año por las medidas tomadas desde la administración municipal, los vendedores ambulantes atravesamos por una crisis económica y social al interior de las familias, producto de la falta de alternativas de solución, de diálogo social a la problemática que estamos viviendo.

Hoy los vendedores ambulantes que laboramos en el parque lineal de una manera indigna, agobiados por la descomposición social que se vive en este sector, donde se han reducido nuestras-

ventas al punto que muchas veces no tenemos ninguna ganancia para llevar a nuestros hogares, ante esta situación y a la falta de cumplimiento de los compromisos del señor Alcalde,  nos hemos-

visto en la obligación y el deber como padres y madres de familia nuevamente a recorrer las calles de la zona céntrica de Cúcuta para poder ganarnos el sustento diario para nuestro hijos.

El día 20 de junio del año en curso, nos dimos a la tarea producto del desespero en movilizarnos y en protestar de manera pacífica para llamar la atención del gobierno nacional y de la administración-

municipal a que acudamos a un diálogo y resolver la problemática que día a día se agudiza más, pero con sorpresa vimos como en lugar de ofrecernos garantías para el empleo fuimos maltratados-

física y sicológicamente por la fuerza pública y por el Secretario de Gobierno, señalándonos de “que al interior de los vendedores ambulantes se esconde la delincuencia, la drogadicción”, poniendo-

entredicho nuestra labor y nuestra imagen ante la opinión pública, ratificamos una vez más que somos personas de bien y que nuestra única arma es la palabra, la protesta social y nuestro trabajo.

Saludamos la propuesta hecha por el Secretario de Gobierno, registrada en el Diario la Opinión del día 21 de junio/2012, donde deja plasmado una voluntad política para-

resolver dicha problemática, rechazamos la desautorización del señor Alcalde al Secretario de Gobierno a dicha propuesta, una vez más se reafirma la actitud desobligante, prepotente del señor alcalde.

Queremos manifestar que hemos presentado las denuncias ante las instancias judiciales para aclarar los señalamientos, estigmatizaciones para con los trabajadores informales o vendedores-

ambulantes, igualmente hemos radicado un derecho de petición donde solicitamos de manera respetuosa una audiencia de manera inmediata con el señor alcalde con el fin de presentarle-

nuestras inquietudes, sugerencias y propuestas que nos permitan, como parte del problema ser solución del problema y trabajar mancomunadamente por una ciudad para grandes cosas.

Reiteramos que frente al conflicto laboral, social que vive la ciudad con los vendedores ambulantes, somos amantes de una salida pacífica y de un diálogo social en beneficio de la ciudad, pero preparados para tomar medidas de hecho como declararnos en huelga de hambre.

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Ejército Nacional usa emisora Colombia Estéreo para estigmatizar y criminalizar campesinos del Catatumbo

Por Ascamcat

La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, y Humanidad Vigente denunciamos ante la opinión pública, las injurias y calumnias que miembros del Ejército Nacional han hecho recientemente en contra de varios dirigentes y afiliados de Ascamcat.

Al iniciar el mes de mayo de 2012, se puso en marcha una estrategia de criminalización de las y los campesinos de la región por la emisora “Colombia Estéreo”, perteneciente al Ejército Nacional, que opera desde el batallón Francisco de Paula Santander de Ocaña.

El cabo tercero Miguel Olivero, quien es el locutor de la emisora, en varias de sus intervenciones referentes al programa de desmovilización, insta a varios dirigentes y afiliados de Ascamcat para-

que se “desmovilicen“, a través de mensajes como “desmovilicese, su familia y Colombia lo esperan con los brazos abiertos, no deje que corra la misma suerte de sus cabecillas.”

Dentro de las personas mencionadas se encuentra el presidente de Ascamcat, el señor José del Carmen Abril Abril, a quien acusan irresponsablemente de ser comandante de milicias en el corregimiento La Trinidad,-

del municipio de Convención, también se hace referencia al señor Jhony Abril, a quien identifican con el supuesto alias de “Jhon”, y quien sin soporte judicial es señalado de ser miliciano en las veredas de en Río de oro y La Trinidad.

Igualmente, dicha emisora ha criminalizado a los señores Jairo Trujillo, señalado con el alias “Mico Negro”. Otros señalados son el señor Argemiro Becerra, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la India, del municipio del Tibu;-

los señores Willinton Dávila Garcíaa, Saúl Amado Ortega quienes son afiliados de la junta de acción comunal de la vereda la india, del municipio de El Tibu.

Estas declaraciones radiales se han intensificado en el mes de junio, lo que ha generado preocupación y zozobra no solo a los campesinos injustificadamente señalados, sino a las comunidades a las cuales pertenecen. 

El día 13 de junio de 2012 a las 3 de la tarde en la vereda la Libertad Alta, en el Municipio de Convención, tropas de la Brigada Móvil No 23 al mando del Teniente Lusiano Rodríguez Contreras,-

preguntó a varios campesinos de esta vereda por “Carmito Abril” - nombre por el que en la región se conoce a José del Carmen Abril Abril - , y ofrecía una recompensa por la persona que diera información acerca de su domicilio.

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Conflicto social y armado/ Documental de Roméo Langlois

"¡Coja ese fusil y apunte para allá!"
Por Camilo Raigozo

Documental que muestra la realidad que viven los colombianos humildes que sin otra alternativa se ven obligados a inmiscuirse en un conflicto que no les pertenece y que se hacen "reventar"-

defendiéndole los grandes capitales y los privilegios a la oligarquía colombiana y extranjera que ostentan el poder. Mueren engañados creyendo que lo hacen "defendiendo la patria".

Aunque en esta ocasión los militares se mostraron "cordiales y respetuosos" con las víctimas civiles, no hacen lo mismo cuando realizan estos operativos sin periodistas abordo.

A pesar de que los uniformados "pidieron permiso para requisar la vivienda", fue un allanamiento ilegal sin orden judicial, que Langlois no mostró. Ver documental.

Vea también:

Solucionado el impase. Liberación del periodista Roméo Langlois
Desagravio de las FARC al periodista Romeo Langlois.wmv
"Quiero decir gracias a las FARC": Romeo Langlois.wmv
Saludo de las FARC por su 48 aniversario
"Unidad y lucha para conseguir la paz": Colacho Mendoza

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Seguridad narcocrática/

Piden que Uribe responda políticamente por el caso del presunto narcoterrorista Mauricio Santoyo, general de la Policía
Por Camilo Raigozo

La petición fue hecha por el representante Iván Cepeda, tras conocerse el pedido en extradición por parte de la justicia de Estados Unidos del exjefe de seguridad de alias “El número uno de ‘La Casa de Nari’”, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según Cepeda, el presunto narcoterrorista, alto oficial de la Policía, pudo haber sido retirado a tiempo del servicio por potestad del presidente de la República, ante las graves denuncias y procesos que pesaban en su contra por violaciones a los derechos humanos.

“La solicitud de extradición del general (r) Mauricio Santoyo es una nueva vergüenza para el país y el expresidente Álvaro Uribe debe asumir su responsabilidad política en este caso”, advirtió el congresista del Polo.

A continuación expresó que “El expresidente no sólo omitió retirar a Santoyo del servicio, sino que estimuló la impunidad al permitir que el oficial ascendiera en su carrera y luego ocupara un cargo diplomático, cuando eran de conocimiento público las denuncias que lo vinculaban con graves violaciones a los derechos humanos durante su gestión como comandante del Gaula en Medellín”.

Cepeda además le exigió al expresidente Uribe, explicarle al país si sabía de alguna relación entre el presunto narcoterrorista, general Santoyo y los hermanos Gallón Henao, socios comerciales del exmandatario vinculados con el Bloque Metro de los paramilitares.

Según el congresista los Gallón Henao fueron coopropietarios de la hacienda Guacharacas, de la familia Uribe, y pidió que se divulgue hasta qué punto el oficial accedió a información privilegiada siendo jefe de seguridad en la Presidencia.

Iván Cepeda también le exigió al actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que explique su actuación como Magistrado de la sala penal del Consejo de Estado que anuló la sanción impuesta al general Mauricio Santoyo en 2003, por la interceptación ilegal de comunicaciones a varias ONG y defensores de derechos humanos en Medellín.

“Por esta razón Ordóñez debe declararse impedido para aspirar a una eventual reelección como Procurador”, aseveró Cepeda Castro.

Para el representante, el escándalo Santoyo – Uribe, compromete de manera deshonrosa a los miembros de la Comisión Segunda del Senado, que aprobaron el ascenso del oficial, en un momento en el que estaba severamente cuestionado.

“Esta situación no sólo compromete seriamente la carrera política del expresidente Uribe, sino que devela los inmensos problemas de la política antidrogas en Colombia, y es un profundo golpe a la credibilidad de la misma”, dijo el representante a la Cámara.

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Los acuerdos de libre comercio y el respeto de los derechos humanos

Entrevista con Jürgen Klute, miembro del Parlamento Europeo del Comité Económico y Monetario.

Alex Taylor: ¿Con qué países comerciar? Los acuerdos de libre comercio crean empleos y abren nuevos mercados. Pero, ¿es todo positivo? Sus preguntas las responde hoy Jürgen Klute, miembro del Parlamento aquí en Bruselas y miembro del Comité Económico y Monetario.

Laurent, Bélgica: Usted negocia con países como Colombia y Honduras. ¿Cómo justifica esos acuerdos de libre comercio, con esos países que no respetan los derechos humanos? ¿No cree que esos acuerdos empeoran la situación?

Alex Taylor: ¿Cuál es la postura de los europeos?

Jürgen Klute: No estamos en contra del comercio, pero depende de las circunstancias. Este espectador habla de una crítica importante: el respeto de los derechos humanos. Hay una cláusula de derechos humanos en los acuerdos.

El problema para mí y mi grupo es, ¿cómo se llevan a la práctica y cómo se controla el cumplimiento de esas cláusulas? Ahora son mejores y más escrictas, pero la Comisión no ha utilizado nunca la posibilidad de romper las relaciones comerciales.

Alex Taylor: ¿Quién vigila esto? ¿Quién dice: “este país respeta los derechos humanos y este otro no”?

Jürgen Klute: Es una gran pregunta. Proponemos que las organizaciones civiles estén integradas: sindicatos, defensores de los derechos humanos, etc. Así, tienen que informar a la Comisión y después la Comisión actúa para verificarlo. Pero es exactamente lo que no se ha hecho hasta ahora.

La Comisión tuvo la oportunidad, durante mucho tiempo, de interrumpir las relaciones comerciales hasta que esas cuestiones se aclarasen. Por ejemplo, ningún país del mundo ha tenido tantos asesinatos de sindicalistas como Colombia el año pasado.

Alex Taylor: Segunda pregunta, aquí en Italk.

Lirian, Colombia: Vivo en Bruselas, y me gustaría saber cómo el acuerdo de libre comercio puede ayudarme en el mercado laboral. Mi familia vive en Colombia y yo aquí. ¿Mis familiares y yo, tendremos mejores oportunidades laborales?

Alex Taylor: Los acuerdos de libre comercio generan empleo. Es importante recordarlo. Es siempre un buen argumento.

Jürgen Klute: Parece que sí, que se crean puestos de trabajo. Pero la pregunta es: ¿para quién? Estos acuerdos los utilizan principalmente grupos corporativos transnacionales, que quiere decir que las empresas transnacionales europeas consiguen vender más productos en países con los que se firman acuerdos.

Alex Taylor: Pero la gente de esos países consigue trabajo, tienen acceso a grandes mercados.

Jürgen Klute: Es exactamente el punto crítico. Una parte de los colombianos puede trabajar en esta área, conseguir un empleo, por supuesto. Pero por otro lado se destruyen mercados regionales.

Como puede comprobar, una parte de esos acuerdos está relacionado con la distribución de leche. Hay un riesgo, de que con estos acuerdos se destruyan muchos trabajos en agricultura. Eso es lo que nos preocupa.

Alex Taylor: Una pregunta más aquí en Bruselas.

Germán, Argentina: Quiero preguntarle, ¿qué piensa sobre la nacionalización de la mayor empresa petrolífera argentina? ¿Cree que la Unión Europea puede aplicar algunas restricciones a Argentina? ¿Eso afectaría a Europa en tiempos de crisis?

Alex Taylor: Por supuesto la pregunta se refiere a Repsol. Creo que España posee el 57 por ciento.

Jürgen Klute: Es importante saber que esta empresa fue en su origen un grupo estatal, que se privatizó hace 10 años.

Alex Taylor: No obstante la nacionalización fue legal.

Jürgen Klute: Así es. Fue totalmente legal porque había una base legal para ello en Argentina, para retomar el control de la empresa.

Alex Taylor: ¿Qué base legal?

Jürgen Klute: Bueno, hay una cierta base en la ley argentina, por lo que sé. No soy un experto, siendo honesto. Pero he oído que hay una base legal. La intención es garantizar el acceso a la electricidad de los más pobres.

Alex Taylor: Entiende que si cada país hace esto, tendremos un caos total.

Jürgen Klute: Esto tiene que estar regulado, pero para mí la pregunta es si el sector privado puede asegurar el abastecimiento energético en el futuro, en tiempos de escasez de recursos. La pregunta es si no deberíamos buscar otra manera de democracia y control social.

Es nuestra posición y no creemos que la Unión Europea debería responder con sanciones. Es una situación difícil, es cierto. En el caso de Colombia: los sindicalistas han sido asesinados, está probado, pero la Unión Europea no responde.

No hubo ninguna reacción en el caso del golpe de Estado en Honduras. Pero en el caso de Argentina, donde algo está justificado políticamente y es comprensible, hay una reacción inmediata porque los intereses de la Unión Europea se ven afectados negativamente. Pero la pregunta es, ¿es eso cierto?

Alex Taylor: Una situación complicada. Otra pregunta.

Sebastián Saragossa, España: Nací en Cataluña pero ahora vivo en Bruselas. Mi pregunta es si en estos momentos que Europa necesita tantísima energía para sus fábricas, y al mismo tiempo existe la necesidad de buscar energías alternativas, energías llamadas limpias, y casi todas estas proceden del agrocultivo que se da en los países sudamericanos, la pregunta es, ¿qué piensa hacerse para preservar estos entornos naturales? Gracias.

Alex Taylor: Una pregunta complicada. Responda brevemente por favor.

Jürgen Klute: Los biocombustibles son parte de los acuerdos comerciales. Y es algo que nos preocupa. Hace poco la Unión Europea publicó un estudio cuestionando si los biocombustibles son tan útiles, si realmente reducen la emisión de CO2.

Hay que tener en cuenta que acaparan mucho terreno, más necesario o importante para producir alimentos. Hay que hacer algo, por supuesto.

Los biocombustibles son una opción pero, para responder a la cuestión, tenemos que profundizar en el asunto, en mi opinión, los biocombustibles no son una opción a largo plazo.

Alex Taylor: Estamos en medio de una crisis financiera. En este momento, ¿tenemos la opción de ser escrupulosos?

Jürgen Klute: Es importante, la cuestión es, ¿qué es más importante, los derechos humanos o la economía? Aquí en Europa vivimos en la región más rica del mundo. Y creo que pensándolo bien todavía tenemos suficientes recursos para respetar los Derechos Humanos, incluso en tiempos de crisis.

Alex Taylor: Una última pregunta aquí en Italk.

Carmen, Colombia: Me llamo Carmen García y soy ciudadana latinoamericana. Mi pregunta es la siguiente: si el Tratado ha sido presentado para beneficiar a toda la población, ¿por qué este Tratado ha sido realmente tan difícil de ser firmado?

Alex Taylor: Es cierto.

Jürgen Klute: Es muy controvertido. Las economías colombiana y europea tienen intereses diferentes. Los sindicatos también, por supuesto, tienen diferentes intereses. Y hay muchos grupos de derechos humanos.

Alex Taylor: La situación se ha alargado más de dos años, ¿no?

Jürgen Klute: Sí, por supuesto. Pero es un tema complicado y conseguir unir todos esos intereses no es fácil. Si finalmente sale algo bueno, en el futuro lo sabremos.

Alex Taylor: Tengo una pregunta personal para usted. Trabaja como sacerdote y es político. ¿Dónde es más fácil hacer el trabajo de Dios?

Jürgen Klute: En la iglesia es más fácil porque sólo tienes que hablar. En política, es más importante, porque tienes que hacer, mostrar, qué es una buena acción y qué es una buena política. Cómo puedes respetar los derechos humanos.

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Terrorismo made in USA/

EU e Israel sí crearon virus Flame para atacar a Irán
Por: EFE/ El Espectador

Estados Unidos e Israel desarrollaron conjuntamente el virus informático Flame para recoger información clave sobre las instalaciones nucleares iraníes, según fuentes oficiales occidentales conocedoras del operativo, reveló este martes el diario The Washington Post.

El virus fue diseñado para rastrear de forma secreta redes informáticas de Irán y controlar los ordenadores de los funcionarios iraníes, enviando un flujo constante de información utilizada en la campaña de guerra cibernética en marcha, según los funcionarios consultados por el diario.

Esta campaña, en la que han participado la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense, la CIA y representantes militares de Israel, ha incluido el uso de un software similar al destructivo virus Stuxnet que causó fallos en las centrifugadoras de la planta secreta de enriquecimiento de uranio de Natanz (Irán) en 2010.

Según el diario, los detalles que están surgiendo sobre Flame dan nuevas pistas sobre lo que se cree que es la primera campaña sostenida de cibersabotaje contra un adversario de Estados Unidos.

"Se trata de preparar el campo de batalla para otro tipo de acciones encubiertas", indicó al rotativo un exalto funcionario de los servicios de inteligencia de EE.UU., quien agregó que Flame y Stuxnet son elementos de un ataque más amplio que aún continúa hoy en un intento por detener el programa nuclear iraní.

Flame fue descubierto en mayo pasado después de que Irán detectara una serie de ataques cibernéticos en su industria petrolera.

Esta incursión fue dirigida por Israel en una operación unilateral que al parecer tomó por sorpresa a su aliado Estados Unidos, según varios funcionarios occidentales y estadounidenses que hablaron en condición de anonimato.

El esfuerzo para retrasar el programa nuclear de Irán utilizando los ciberataques se remonta a mediados de la década de 2000, cuando el presidente George W. Bush estaba en su segundo mandato, recuerda el diario.

En un primer momento consistió en la recopilación de datos secretos para identificar blancos potenciales y desarrollar herramientas para destruirlos, según exfuncionarios estadounidenses. En 2008, el programa operativo fue desplazado del ámbito militar al de la CIA.

En su momento, los portavoces de la CIA, la NSA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, así como la Embajada de Israel en Washington, declinaron hacer comentarios.

Flame es uno de los programas "más sofisticados y subversivos" realizados hasta el momento, diseñado según los expertos para replicar información de redes, incluso de alta seguridad, y controlar las funciones cotidianas de un ordenador enviando la información a sus creadores.

Fue ideado para exportar la información mientras se hace pasar por una rutina de actualización de software de Microsoft y es capaz de evitar ser detectado durante varios años mediante el uso de un sofisticado programa para romper un algoritmo encriptado.

El virus fue desarrollado hace al menos cinco años como parte de un programa llamado en código "Juegos Olímpicos", según fuentes oficiales familiares con la ciberoperación.

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Villa del Rosario, Norte de Santander

Alcalde Carlos Julio Socha propone involucrar a 300 civiles en el conflicto armado
Por organizaciones sociales

Así lo denunciaron defensores de derechos humanos y centrales obreras, quienes rechazan la diabólica propuesta del alcalde y advierten del peligro que corren las comunidades por la agudización que podría tener el conflicto social y armado.

“En nuestra condición de defensores de derechos humanos, rechazamos de forma categórica la propuesta realizada por el señor alcalde del municipio de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, de vincular a 300 ciudadanos para prestar servicios de seguridad, con el falso argumento de contrarrestar la oleada de violencia que vive actualmente dicho municipio”, dice un aparte del comunicado de los defensores.

Le recordaron al burgomaestre que uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, es el principio de distinción, Y que este no es otra cosa que la garantía de protección para quienes no participan de la confrontación armada.

Los defensores de derechos humanos y las centrales obreras advirtieron que con la propuesta, no solo involucra a la población civil en el conflicto armado, sino que de manera inmediata los puede convertir en blanco de los grupos ilegales que controlan gran parte del territorio del municipio de Villa del Rosario.  

“Es evidente que esta situación, expondría a la población civil a mayores vulneraciones y amenazas a sus derechos inalienables a la vida, integridad y libertad”, expresaron. 

Finalmente le recordaron a Socha que la lucha contra la criminalidad le corresponde a las autoridades policiales, militares y a los demás organismos de seguridad, los cuales  deben ser liderados por la autoridad civil, en cabeza del alcalde municipal.

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Denuncian graves atropellos del Ejército contra la población en Putumayo

Persistentes violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH  y persecuciones  contra dirigentes campesinos por parte de la Fuerza Pública sufren los pobladores
Por Fensuagro

1.    El 11 de Junio de 2012, a las 10:15 p.m., la comunidad de la vereda La Unión  del corregimiento de Teteyé, en el departamento del Putumayo, fue sorprendida con fuertes  bombardeos por parte de la Fuerza Aérea del Ejército Colombiano.

Estos duraron 10 y 15 minutos. Luego se sintieron seis  fuertes explosiones y posteriormente, desde el aire ametrallaron  todo el caserío.

Infracción evidente a las normas del Derecho Internacional  Humanitario, entre ellas el principio de previsión, distinción, respecto a bienes civiles, el cual parte de la prohibición de los ataques indiscriminados, que pueden afectar a la población civil y sus bienes.

2.    Posterior al bombardeo, el Ejército Nacional hizo un desembarco y seguidamente se allanó ilegalmente la vivienda de  Esther Julia Baldeón Gutiérrez, sus hijos  y su madre María Lilian Gutiérrez Noía, quién es dirigente campesina y sindical,-

presidenta del Sindicato de  Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo Sintcacfromayo, filial de Fensuagro y miembro de la  Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Afrodescendientes  e Indígenas del Departamento del Putumayo.

Dicha acción  desconoce, el principio constitucional,    respecto a la inviolabilidad de domicilio, donde  el Ejército Nacional no tiene funciones de policía judicial, vulnerándose derechos fundamentales y  garantías constitucionales,-

según lo estipulado en la Carta Política  y en su Artículo 93, que reconoce de obligatorio cumplimiento los tratados internacionales ratificados por Colombia  y confirmado con la  Sentencia C1024 de 2002.

3.    El 12 de Junio de 2012 a las 11:40 a.m., la  Comisión  de Derechos Humanos de Sintcacfromayo  llegó hasta la  casa de María Lilian Gutiérrez Nopia y encontraron a la brigada Móvil 13,  adscrita a  la Brigada Selva 27 del Ejército  Nacional del Putumayo,-

posesionada de la casa que había sido allanada y ocupada, sin una previa orden judicial. Adicional a esto, tenían 8 hombres detenidos  a quienes les estaban indagando sobre el paradero de la dirigente sindical.

4.    Posteriormente aterrizó  en la parte de atrás de la casa, un helicóptero en el que venían  funcionarios del C.T.I en cabeza del subintendente:

Pedro Soledad quien les solicitó  a los miembros de la comisión de Derechos Humanos documentos de identificación y posteriormente procedió a escribirlos en un cuaderno  en el que los funcionarios del C.T.I estaban tomando nota.

5.    A continuación a la comisión de  Derechos Humanos, el Subintendente Soledad presentó una orden de allanamiento  con código FGN-50000-F-18 Versión 01, firmada por   una fiscal. Sin embargo no permitieron identificar el nombre de ésta.

Es importante mencionar que la Fiscalía General de la Nación  no tiene  la competencia de expedir órdenes de allanamiento, teniendo en cuenta que  al tenor del numeral 3 del artículo 250 de la Constitución Política,

dice que el ente investigador, en este caso la Fiscalía,  que requiera medidas adicionales  que impliquen  la afectación (limitación o restricción)  de derechos fundamentales deberá obtener la respectiva autorización del juez  con funciones  de control de  garantías.

Por ende, en aras de mantener el principio de reserva judicial  y de protección al derecho  a la intimidad  las órdenes de allanamiento deben ser  firmadas por los jueces con función de control de garantías.

6.    Dentro de las personas detenidas se encontraba el señor Roberth Valencia, quién llega  a la casa con el fin de sacar  a dos niños que estaban en la  casa que queda al lado de la casa de la dirigente sindical  María Lilian.

A la casa de Roberth Valencia también entró el Ejército. Él cuenta que en ese momento se le perdió un celular  que tenía  nuevo, incluso estaba sin desempacar. De la misma forma entraron a la casa de  otra habitante de la vereda la Unión llamada Carmen Ortíz.

7.    La comisión de Derechos Humanos de Sintcacfromayo se encontraba en el lugar en función de tomar los informes por parte de la población que habita  la vereda,  y al mismo tiempo tomando  fotos con el fin de probar las actuaciones  del Ejército Nacional.

No obstante  en el momento que están tomando las fotos  uno de los Policías del CTI se acercó  al defensor de DDHH que está tomando  las fotos  y  le arrebata la cámara, y procede a borrar toda la información.

Adicional a  esto el subintendente  le prohibió a la comisión continuar con la labor de acompañamiento que estaba haciendo.

8.    La comisión  procedió a hacer un acta de reconocimiento  de los hechos ocurridos en la vereda y le solicita al cuerpo del C.T.I, que la firmara.

Sin embargo de una forma grosera contestaron que  ellos no firman  ni reciben nada y que si quieren  mayor información se pueden dirigir  a  las oficinas de la Fiscalía.

9.    A las 2:30 p.m. del mismo 12 de Junio, la Fuerza Pública en conjunto,  se retiró  hacía donde estaba ubicado el helicóptero.

La comisión  de Derechos Humanos preguntó a la  tropa sobre las próximas actividades a realizar con relación   a  la vereda,  en aras de  garantizar la seguridad de los habitantes de ésta.

Los miembros de la Fuerza Pública respondieron  que ellos  ya   han cumplido con su labor y que se retiran. La comisión optó  por retirarse del lugar y retomar sus labores cotidianas.

10. Unas horas después persistieron los hostigamientos a través de disparos sin dirección alguna  por parte del Ejército Nacional y como consecuencia se produjeron desplazamientos forzados de varias familias al vecino país de Ecuador.

11. Sintcacfromayo,  es el sindicato de base del dirigente desaparecido Henry Díaz y las personas afectadas en la presente denuncia, son los líderes campesinos, que han estado denunciando su desaparición.

Antecedentes

1.    El 29,  25 y  23 de mayo de 2012 en las  veredas Canacas, Buena Vista y Alea, se presentaron  bombardeos indiscriminados  a la población civil  por parte de la Fuerza Aérea.

Como resultado hay una persona muerta  por causa de un infarto en el momento del bombardeo y  dos personas heridas que se encuentran en el hospital de Puerto Asís.

Estas actuaciones son una evidencia clara de  infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública que viene incluyendo a la población civil  en el conflicto armado.

Dichas situaciones se han venido presentando de manera simultánea en los  municipios de Puerto Guzmán, Valle del Guamuéz, San Miguel, Orito y Puerto Asís.

2.    Desde el 7 de mayo de 2012, 36 familia de las veredas: La Paz, Aguas Negras y Campo Ají,  se desplazaron  forzadamente  a la vereda Puerto Bello corregimiento de Piñuña Blanca, municipio de Puerto Asís,-

debido a la  permanente violación a los Derechos Humanos  por parte de la Brigada Móvil 13 adscrita a la brigada 27 de selva del Putumayo del Ejército Nacional  y los antinarcóticos de la Policía Nacional-

que vienen estigmatizando a la población diciéndoles que se desmovilicen, presionando e intimidado  para que se brinde información de  donde se encuentran explosivos o campos minados, sin entender que las familias no tienen ese tipo  información.

De igual forma constantemente  les están impendiendo  el libre tránsito  por las  veredas; por esta misma situación desde el 14 de abril 16 familias del municipio del Valle del Guamuéz se encuentran  en condición desplazamiento forzado en el casco urbano de la Dorada.

3.    El 18 de abril de 2012 desapareció en la inspección Puerto Vega el  reconocido líder campesino Herman Hery Díaz, fundador de Sincafromayo, vicepresidente de Asomayo, afiliado a la JAC de la vereda Puerto Colombia,-

integrante de la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Afrodescendientes  e Indígenas del Departamento del Putumayo,  miembro  de Fensuagro y dirigente del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica  quien estuvo un día antes,-

el 17 de abril en la comisión política y comité de impulso de Marcha Patriótica que se desarrolló en la ciudad de Bogotá con el fin de coordinar y finiquitar todo lo relacionado con el lanzamiento de este movimiento que se  abrió el 21, 22  y 23 de Abril.

El 22 de abril  de 2012 se interpuso el mecanismo de  búsqueda urgente  ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía  y la Sijín del departamento,   sin embargo  los dos últimos no actuaron durante tres días y solo hasta el 25 de abril  activaron el mecanismo.

El 23 de abril se interpuso  ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia por desaparición  forzada  y  mecanismo de búsqueda urgente  y se solicitó al Ministerio de Defensa y a las bases militares-

que hacen presencia en la zona información que sirviera para conocer el paradero de Díaz, teniendo en cuenta que  permanentemente  hacen empadronamientos en la zona donde él desapareció.

Sin  embargo solo dos bases militares respondieron  diciendo que no tenían conocimiento porque no  llevaban  ningún tipo de registro de la  gente, las otras bases militares no dieron respuesta al igual  que el ministerio de defensa, como resultado hasta el momento no se conoce el paradero  de nuestro líder campesino.

4.    Desde que se hizo el lanzamiento del movimiento político y social Marcha Patriótica el Ejército Nacional  viene preguntando a la población del departamento   cuales son los dirigentes de éste.

5.    En lugares donde  transita  el Ejército Nacional  y los erradicadores manuales de coca  muchas personas  de la población civil ha sido víctimas mortales de minas antipersona.

6.    Entre el 2011 y 2012  han detenido a 40 dirigentes entre campesinos, indígenas  y afrodescendientes de los cuales 37 están siendo procesados por los delitos rebelión, narcotráfico, terrorismo, entre otros, y 3 fueron condenados por el delito de rebelión;-

líderes sociales que han dedicado su vida al desarrollo de la agricultura y a la permanente denuncia  de las violaciones de DDHH  que  se han cometido en el departamento del  Putumayo.

7.    Desde el 10 de mayo de 2012 en el municipio de Puerto Asís se viene presentando  la erradicación manual de coca y en el municipio de San Miguel  se  está aplicando la  fumigación área con glifosato.

Se tiene  conocimiento que a partir del 1 de Junio se fumigarán todos  los municipios del bajo Putumayo y en todos los casos se ha omitido  la orden de aplicar los planes de contingencia antes de fumigar estipulados en el auto 218 de la Corte Constitucional.

8.    Los derechos fundamentales a  la salud y educación  en el departamento del Putumayo se  vienen vulnerando  constantemente   ya que existe ineficiencia e incumplimiento  a los deberes del Estado de garantizar estos derechos.

9.    El gremio de transportadores ha manifestado su preocupación por las prohibiciones del libre tránsito afectando gravemente el derecho al trabajo.

10.  Debido a la existencia del paro armado en Río Putumayo  y en el corredor Puerto Asís la Alea ha servido como excusa  a la Fuerza Pública  para aumentar los señalamientos a la población civil.

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Paruribismo/

Impunity: La impunidad de los victimarios
Por Patricia Simón

“Se decapitaron y desmembraron muchas personas. Era una práctica utilizada para generar terror y zozobra en las comunidades”.

Quien habla no es un activista de derechos humanos, un periodista o el familiar de una víctima del conflicto colombiano, a quienes el expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó desde 2002 a 2008,-

llegó a tildar públicamente como “traficantes de derechos humanos“, señalándolos así como enemigos de la patria y, por tanto, objetivo a eliminar por los paramilitares.

Quien identifica una de las fórmulas más despiadas de las empleadas por los paramilitares en Colombia es uno de sus jefes más importantes, Hebert Veloza García,-

conocido como ‘Hache Hache’, y lo hace ante los familiares que le están preguntando por el paradero de sus maridos, hermanos, hijos… desaparecidos.

El documental ‘Impunity’, dirigido por los periodistas colombianos Juan José Lozano y Hollman Morris, radiografía la Ley de Justicia y Paz, el procedimiento por el que se regló en 2005 la-

desactivación de un Ejército de decenas de miles de mercenarios creado por los terratenientes del país en los años 60 para enfrentarse a las guerrillas FARC y ELN, y que a finales de los 90 terminó de-

consumarse como un Ejército paralelo al oficial que ha sembrado Colombia de cientos de fosas comunes que albergan, en su mayoría, no los cuerpos de guerrilleros sino de campesinos y pobres a-

los que, en muchas ocasiones, se descuartizaba y decapitaba -en ocasiones llegaron a entrenarse con víctimas vivas- para reducir el espacio necesario para su enterramiento,-

según algunos testimonios, y para atemorizar a la población y eliminar toda resistencia a abandonar sus tierras.

Cartel de Impunity Colombia es el segundo país con mayor número de personas refugiadas internas (solo por detrás de Sudán): más de 4,5 millones tuvieron que salir huyendo de sus hogares para salvar sus vidas y aún no han podido volver.

Es decir, el 12% de la población fue desterrada a las periferias de ciudades como Bogotá o Medellín, donde los barrios de chabolas de víctimas de la guerra cuelgan de los montes donde han tenido que aprender a sobrevivir de la economía sumergida y de la indigencia.

Se calcula que unos 7 millones de hectáreas se encuentran en poder de sus verdugos, las élites de un país que encontraron en el Congreso a sus mejores aliados:

un tercio de los parlamentarios colombianos durante el gobierno de Uribe fueron imputados por vínculos con el paramilitarismo.

La crueldad del conflicto colombiano es tal que con pocas imágenes y testimonios de sus víctimas, ‘Impunity’ es capaz de resumir cómo miles de personas fueron asesinadas en nombre de la guerra aunque realmente eran sacrificadas por la avaricia desde los años 60 hasta nuestros días.

El documental comienza con el testimonio de una mujer que cuenta cómo asesinaron a su hermano pequeño cuando jugaba en el río.

“No matan solo al niño sino a toda la familia (…) ¿Con qué se repara eso?” pregunta directamente a la cámara, exhausta doce años después del crímen, pero reposadamente, mientras las lágrimas descienden por su mejilla.

Poco después, asistimos a la llegada de un destacamento de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), como se llamaron los paramilitares, a un pueblo.

Vestidos con uniforme de camuflaje, los rostros ocultos y con sus armas bien a la vista, reúnen en la plaza a los vecinos, cabizbajos, con los brazos cruzados, mientras escuchan las advertencias del jefe: “todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes, no se vaya a arrepentir porque ya cayó”.

Lo que viene después son las imágenes de los cadáveres de una de las más de 3.500 carnicerías o masacres que acabaron con la vida de, al menos, los 50.000 desaparecidos que el gobierno tiene registrados.

Organizaciones de derechos humanos apuntan a que esta cifra es sólo la punta del iceberg. Lo mismo ocurre con los llamados falsos positivos, civiles asesinados y contabilizados como bajas en combate de la guerrilla.

O, como cuenta el jefe paramlitar Hache Hache en el documental, generales del Ejército que mandaban a sus tropas “patrullar con nosotros y el capitán patrullaba con nosotros como un miembro más de las AUC (…)

"Nosotros matábamos a un guerrillero y entonces llegaba un teniente a cargo del capitán Carvajal y le disparaba con su fusil por los huecos que nosotros le habíamos hecho. Y eso lo reportaron como muerto en combate. Eso también son falsos positivos”.

De hecho, una de las grandes aportaciones de este documental es cómo son los testimonios de los propios jefes paramilitares los que reconstruyen el proceso por el que se consolidó la impunidad de estos crímenes.

La Ley de Justicia y Paz establecía el abandono de la actividad criminal, la confesión de los crímenes ante una comisión judicial y condenas como máximo de 8 años de prisión, tras lo cual, los paramilitares podrían reincorporarse a la vida civil.

Una de las fórmulas más destacadas para confesar y gozar de la amnistía fueron las llamadas versiones libres, declaraciones de los paramilitares con el fin supuestamente de aclarar los crímenes cometidos. El primer paso de los tres pilares de la ley: verdad, justicia y reparación.

Los familiares que cumplían una serie de requisitos y que tenían medios para desplazarse hasta las sesiones podían preguntarles a los asesinos por sus desaparecidos, no en la misma habitación, sino a través de videoconferencia.

“Yo quiero que me entreguen los cuerpos, saber qué les hicieron y dónde están” pregunta una mujer que perdió a su marido y su cuñado.

La respuesta se repite una y otra vez con distintas palabras, distintas excusas esbozadas por los distintos jefes paramilitares: “Este caso yo no lo ordené. (…) Pero me comprometo a investigar (…) Pero no se me ha permitido reunirme con mis muchachos”.

Sus muchachos son los mercenarios a su cargo. Los mismos jefes de las Auc que en 2002 comparecían ante el Congreso para explicar su propuesta de paz y que vemos en el documental como fueron aplaudidos ensordecedoramente por buena parte de los representantes del pueblo.

Mientras, una familiar de las víctimas que ha logrado colarse en el hemiciclo grita “No más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido, que el Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes”.

De los 31.600 paramilitares que supuestamente, según el gobierno, se desmovilizaron, término empleado en Colombia para explicar el abandono de las armas de los miembros de las Auc, solo se presentaron ante la Fiscalía 3.600. De ellos, solo cien han comparecido ante una comisión judicial por sus crímenes.

Mientras, organizaciones de derechos humanos y recientes investigaciones periodísticas denuncian que muchos de estos paramilitares siguen cometiendo crímenes bajo otros nombres de grupos terroristas como Águilas Negras,-

dedicadas, por ejemplo, a impedir el retorno a sus tierras de las personas desplazadas, amparadas aparentemente por el proceso de ‘Restitución de tierras’ del actual gobierno de Manuel Santos pero que carece de los medios necesarios.

De hecho, desde la aprobación de esta ley en junio de 2011, ya han sido asesinados 17 campesinos que lideraban la vuelta a sus parcelas. “Ahora me doy cuenta de que esta guerra tenía otros objetivos que luchar contra la guerrilla.

Había otros intereses de otras personas (…) En Antioquia el objetivo era reactivar la economía bananera (…) Prohibir que los trabajadores hicieron paros (huelgas) y se logró.

Hay más de 100 sindicalistas muertos…. Nosotros íbamos a donde teníamos apoyo de gente que tenía intereses en esa región”, cuenta el comandante Hebert Veloza García, Hache Hache, uno de los protagonistas del documental y de proceso de la Ley de Justicia y Paz en Colombia.

Puso nombres y apellidos a políticos y militares que colaboraron con las Auc durante sus declaraciones en las versiones libres, convirtiéndose en la esperanza de las asociaciones de familiares de las víctimas para desbrozar el aparato político-económico del paramilitarismo y de la impunidad.

Mientras, el gobierno colombiano decidía extraditar a la mayoría de los jefes paramilitares a EE.UU., donde iban a ser juzgados por narcotráfico, impidiendo así que la justicia colombiana les juzgara por los crímenes de lesa humanidad cometidos y el esclarecimiento de sus vínculos con otros estamentos de la sociedad.

Las críticas internacionales ante esta decisión del gobierno son tan fuertes que en el documental vemos cómo el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, y el juez español Baltasar Garzón, consejero de la Ley de Justicia y Paz,-

viajan hasta Colombia y se trasladan hasta una fosa común para desde ese escenario en medio de la selva declarar ante los medios internacionales y nacionales que la comunidad internacional vigilaba de cerca el proceso de desmovilización paramilitar.

Y vemos a Garzón advertir soterradamente: “Hache Hache está desarrollando esas investigaciones, esas declaraciones y no lo van a extraditar porque no lo puede dejar a medias.

Sería un caso muy grave que se hiciera así (…) Lo que aquí se desvela viendo esta fosa es que esto es la realidad, aquí hay unos 27 cadáveres que están pidiendo justicia y sus familiares también, y eso no se puede defraudar. (…)

La Ley de Justicia y Paz está en el límite de lo aceptable y lo legalmente asumible, por eso la Fiscalía de la CPI va a estar atenta y, si tiene que intervenir, intervendrá”.

Hache Hache fue extraditado poco después. Con él se esfumaba la expectativa de aclarar los 11.000 delitos con los que se le vincula, 2.500 desplazamientos y 34 reclutamiento de menores de edad para el combate.

‘Impunity’ es el resultado de un periodismo independiente y comprometido con su función pública del que su codirector Hollman Morris es un excepcional exponente.

Director del internacionalmente premiado programa ‘Contravía’, durante años ha documentado el conflicto colombiano desde el punto de vista de las víctimas, mientras los grandes medios tradicionales colombianos desatendían la cobertura de una de las crisis humanitarias más sangrantes del mundo.

Como tantos otros compañeros de profesión, Morris vio cómo su vida y la de su familia era amenazada por los distintos actores del conflicto colombiano: guerrillas, paramilitares y el Estado, por el simple hecho de ejercer su oficio de manera independiente.

Fue uno de los periodistas espiados por la agencia estatal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), junto a otros colegas y defensores de derechos humanos, a los que se les coaccionó y amenazó y cuyos últimos responsables aún no han sido desvelados.

Uno de los últimos escándalos que sacudió el gobierno de Álvaro Uribe y cuyos tentáculos llegaron hasta Europa, donde miembros de ONG defensoras de los derechos humanos en Colombia con sede en Bruselas y en Valencia,-

fueron espiados, unos hechos que llevan siendo denunciados en el Parlamento Europeo desde hace meses y cuya investigación judicial belga está siendo boicoteada por el gobierno colombiano.

Un periodista para el que el apoyo internacional ha sido el mejor escudo protector, incluso cuando la Universidad de Harvard le concedió una de sus becas más exclusivas por su labor en defensa de los derechos humanos, y le gobierno estadounidense le negó a él y a su familia el visado para poder estudiar en el país durante un curso.

El escándalo y la movilización de profesionales de todo el mundo presionó a Estados Unidos para que cambiara su decisión.

Poco antes, el realizador colombiano Juan José Lozano, residente desde hace más de una década en Suiza, había realizado un documental sobre Morris llamado ‘Testigo Indeseable’.

Durante el rodaje, Morris ya estaba acompañando a víctimas en exhumaciones y a las versiones libres, y fue entonces cuando decidieron unirse para la realización con todo ese material de un documental sobre el proceso de Justicia y Paz.

“El documental que pensamos hacer acompañaba a Hache Hache, a la fiscal que seguía su caso, a sus víctimas… porque era uno de los paramilitares clave, de los que había sido más eficaz en términos de muertes, de control de territorio y porque era el que más estaba colaborando con la Justicia.

Una semana antes de que lo extraditaran, recibimos amenazas de muerte por lo que no podíamos volver a Medellín a entrevistarle ni a Urabá, donde estaban las víctimas que habíamos contactado”, cuenta a CineAndCine por conversación telefónica Lozano.

“En un principio fue frustrante pero visto con retrospectiva, nos volvimos más rigurosos al centrarnos en analizar las audiencias de los paramilitares.

Darle voz a los victimarios (como se llama en Colombia a los asesinos), nos sirvió para entender mejor qué pasó (..). Una de nuestras preocupaciones es que se entendiera una historia que es muy árida y no sólo por iniciados en la historia de Colombia”.

Y lo han conseguido. ‘Impunity’ ordena cronológicamente el relato de un nuevo golpe a las víctimas, el de una sentencia que ningunea a los familiares y su duelo, y que decreta el olvido.

En Colombia el documental solo ha sido proyectado una vez en una televisión regional. “Es muy preocupante por el nivel de autocensura que sigue habiendo en Colombia.

Muchos programadores nos dicen que están de acuerdo pero que les da miedo entrar a difundir este tipo de documentos.

El documental ha sido distribuido en ONG, asociaciones y universidades de Colombia y otros países. En Francia se está proyectando en salas de cine en estos momentos, también se ha podido ver en Suiza y en otoño está previsot que se difunda en Bélgica y Alemania.

En España ha sido proyectado por organizaciones de derechos humanos en Barcelona y en Madrid.

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