Gobierno culpa a la guerrilla del robo de tierras basado en supuestos correos

¿Quién le garantiza al país que los supuestos correos electrónicos que el Gobierno dice tener son ciertos y no son otros falsos positivos propagandísticos?
Por Camilo Raigozo

Como en la guerra la verdad es la primera que se pierde, se tiene como táctica utilizar la llamada propaganda sucia o guerra sucia mediática para desacreditar a los enemigos. Esa parece ser la estrategia del presidente Santos,-

altos representantes de su administración y los influyentes medios de comunicación, al tratar de convencer al país sin presentar pruebas contundentes de que los grupos subversivos también robaron 90 mil hectáreas de tierras.

La estrategia busca en primer lugar el descrédito de sus enemigos y en segundo lugar justificar el robo por medio de motosierra y plomo por parte de la estrategia paramilitar del régimen, de más siete millones de hectáreas de tierras despojadas a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Con gran despliegue propagandístico de los influyentes medios de “comunicación”, fueron difundidas este sábado las palabras del presidente Santos al respecto del “robo” de las FARC  y del ELN, desde Valledupar, donde realizó el quinto Acuerdo para la Prosperidad Democrática.

Desde allí el primer mandatario, experto en falsos positivos, reveló  varios supuestos correos de las FARC y del ELN que “ponen al descubierto el inventario de tierras de los dos grupos ilegales en varias regiones del país, así como la intención de legalizar dichos predios”.

Según Santos, uno de los correos interceptado a las FARC señala que “Tirofijo”, poseía en el sur de Cundinamarca y en Santander 57 fincas valoradas en más de 1.500 millones de pesos.

Otro supuesto correo, esta vez del frente 40 de las FARC, señala que el grupo subversivo posee 36 fincas, la gran mayoría en el Meta.

Siguiendo la misma tónica, el Gobierno tiene en su poder un informe del frente Yarí que hace referencia de 76 fincas en su poder, que suman 89 mil 240 hectáreas. Al respecto dijo Santos que “Este es simplemente un pedacito de lo que encontramos del ‘Frente Yari”. 

Para involucrar a otro grupo alzado en armas en el supuesto robo de tierras, el Presidente halló  otro correo en el que un miembro del ELN, a quién identificó con el alias de “Mosquera”, señaló la urgencia de “legalizar” fincas, parcelas y viviendas en el sur del departamento de Bolívar.

Utilizando la misma estrategia de “encontrar” supuestos correos o supuestas interceptaciones de comunicaciones de la guerrilla, en el gobierno de Uribe, fueron perseguidos periodistas, estudiantes,-

profesores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición, entre otras víctimas, en lo que llamaron “farcpolítica”, inventada para amainar el escándalo de la parapolítica.

La Corte Suprema de Justicia dio fin a la diabólica estrategia al argumentar que ese tipo de pruebas no eran válidos, pues como en el caso del computador de Raúl Reyes, no se pudo comprobar que existieran tales correos.

¿De dónde salen esos correos tan puntuales para cada ocasión? ¿Son ciertos o son inventados en la táctica de guerra contra la subversión? ¿Son falsos positivos propagandísticos, como los supuestos correos del supuesto computador de ‘Raúl Reyes’, desestimados por la Corte Suprema de Justicia? ¿Son otra diabólica estrategia del Estado para expulsar a los campesinos de las supuestas fincas de la guerrilla?

El director de la Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial, Álvaro Balcázar, le dijo a El Tiempo, sin exhibir pruebas, que “el despojo cometido por las FARC ha sido inmenso sobre todo en el suroriente del país.

“Podemos decir con toda seguridad que en los departamentos de Meta y Caquetá hay haciendas de entre 5.000 y 42.000 hectáreas que están en manos de testaferros”.

Para dramatizar más “el robo de tierras de las FARC”, el funcionario agregó que: “Se han llevado a los niños, aunque sus padres no estén de acuerdo. Los ponen a cumplir ciertas funciones y la familia que se niega se tiene que ir.

“Cuando empezaron a acabarse los cultivos ilícitos, mucha gente quedó sin empleo y abandonó fincas que eran muy distantes y ahora las FARC están poniendo allí a personas que cumplen funciones logísticas y estratégicas. Esta es una especie de repoblamiento invisible”.

Ya El Tiempo había señalado temerariamente el pasado 19 de septiembre bajo el título “La reforma agraria de Jojoy”, que supuestamente los indígenas, afrodescendientes y campesinos asentados en varias zonas de San Vicente del Caguán y La Macarena, son testaferros de la guerrilla, lo mismo que sus organizaciones sociales.

Al respecto de esas señalizaciones de El Tiempo, la organización defensora de derechos humanos Caguán Vive, las desmintió e invitó a la comunidad nacional e internacional vigilar-

las posibles acciones que tome el Gobierno contra las organizaciones sociales, sus líderes y afiliados, luego de ser objeto de estigmatización, fuertes señalamientos y continuas persecuciones. Foto Presidencia de la República.

Seguridad narcocrática/
¡Urgente! Denuncian desaparición de estudiante de la Universidad Nacional

Sonia Tovar, estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Colombia ha desaparecido. Su familia recibió un mensaje en el que afirman haberla enviado a “mejor vida”.

La última vez que se supo de la estudiante fue el domingo 15 de enero a las 11 de la mañana, cuando se reportó y dijo que había llegado a la terminal de transportes.

Según la fuente, ella había tenido problemas con la Policía el primer semestre del año pasado, cuando varios agentes de esa institución la golpearon.

Por la agresión –afirma la fuente- ella denunció a los policías y algunos de los abusadores fueron sancionados, tras lo cual empezó a recibir amenazas de muerte y desaparición.

Según información de última hora, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía activó el dispositivovo urgente de búsqueda por 72 horas. 

Parauribismo/ Masacre de la Rochela

Emotiva conmemoración de masacre de Ejército y paramilitares

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Con la presencia de unas 4.500 personas provenientes de Barrancabermeja, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, el pasado 18 de enero se conmemoró en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, Santander, el aniversario 23 del acto de barbarie perpetrado por la estrategia paramilitar en complicidad con el Ejército.

Al acto asistieron familiares de las personas asesinadas, quienes descubrieron un monumento erigido en homenaje a las personas sacrificadas, en el caserío de la vereda. También, como símbolo del triunfo de la vida sobre la muerte, sembraron una docena de árboles.

Monseñor Camilo Castrellón ofició  una liturgia en la que criticó los hechos de violencia y pidió orar por la paz en Colombia. En referencia a lo acontecido en la región del Catatumbo y del Magdalena Medio dijo que, “es muy difícil encontrar una familia que no haya llorado a sus seres queridos o a sus amigos por causa del conflicto armado”.

Monseñor agregó, entre otras cosas que, “los victimarios tienen unos mecanismos, como el miedo y hacer que las victimas queden como invisibles, razones por las cuales las despedazan, las echan a los animales, las lanzan a los ríos o las incineran, con tal que desaparezcan”.

Isolina Duarte, madre de Arnulfo Mejía Duarte, uno de los 12 asesinados por la estrategia militar-paramilitar,  dijo en medio del llanto que, “Estoy feliz de volver, aunque me da tristeza recordar ese día. Lo único que queremos es saber la verdad”.

Julián Hernández, hijo Luis Orlando Hernández, otra de las víctimas, dijo entre otras cosas que, “ya se conocen quienes son los culpables, ya se sabe cuáles son. Que todos paguen sus crímenes, porque en Colombia no puede seguir existiendo la impunidad”.

Por su parte Paola Martínez, esposa de una de las víctimas, le dijo a Notimundo que, “Nosotros los familiares no nos hemos enfocado en la parte económica, sino que queremos que haya realmente una reparación integral.

“Para nosotros, después de 23 años de impunidad, la reparación consiste en que haya verdad, justicia, que no haya olvido y que esos hechos no se vuelvan a repetir”.

Paola Martínez aseguró también a este medio que varias de las familias de las víctimas han sufrido amenazas y hostigamientos por parte de los agentes del terror estatal, quienes presionan de esa manera para que todos sus crímenes queden impunes.

Los familiares agradecieron a la ONG defensora de derechos humanos Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por ayudarlos a defender sus derechos ante el terrorismo de Estado.

La abogada defensora de los derechos humanos, Jomary Ortegón, del Colectivo José Alvear Restrepo, dijo que las dilaciones en la investigación se dieron desde el mismo momento que se cometió la masacre por amenazas contra los funcionarios de la rama judicial.

La defensora de las víctimas expresó que desde 1990 y hasta 2007, la Fiscalía no actuó en la investigación e identificación de los responsables.

“Más que obstáculos lo que ha habido es una omisión por investigar a altos funcionarios que estaban identificados desde el comienzo de la investigación”, dijo la abogada.

Además se quejó de que “se utilizó el fuero penal militar en diferentes momentos del proceso como un obstáculo para el avance de las investigaciones. Incorporar el fuero militar en la Reforma a la Justicia es tomar una decisión contraria a las políticas del derecho Internacional Humanitario”.

La abogada recordó que según las investigaciones en la masacre aparecen involucrados los  generales del Ejército: Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca, como también el ex congresista, Tiberio Villarreal.

Tanto Ortegón, como los familiares de las 12 víctimas, le pidieron a la fiscal Viviane Morales que avance en las investigaciones porque hasta el momento sienten que no ha habido justicia.

Después los asistentes realizaron una marcha bajo el inclemente sol y la elevada temperatura, desde el caserío hasta la carretera central, gritando consignas por la paz y contra la connivencia militar-paramilitar. “¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!”, fue una de ellas.

Allí se llevó a cabo el acto político programado, en el que las diferentes organizaciones sociales y la comunidad de La Rochela expusieron sus opiniones y puntos de vista, respecto a la masacre y la conmemoración.

Acto seguido y como epílogo del certamen, varios grupos musicales hicieron las delicias del público que los aplaudió con entusiasmo.

Finalmente, al morir la tarde del 18 de enero de 2012, muy cerca de donde 23 años atrás también murieran a manos del terrorismo de Estado 12 de sus propios funcionarios, las delegaciones abordaron los buses y salieron de regreso a sus lugares de origen.

En mayo de 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la masacre. Sin embargo sólo una persona ha sido condenada por el múltiple crimen, el paramilitar Alonso de Jesús Vaquero, alias, “Negro Vladimir”.  Fotos Notimundo.

Masacre de La Rochela. Militares y 'paras' siguen sin castigo

Parauribismo/
Asesinados dos indígenas en Caldas
Por Onic

La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, denuncia y condena este acto de agresión y vulneración a la vida y los Derechos Humanos de nuestros pueblos.

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena se solidariza con las comunidades del Cabildo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en el municipio de Riosucio, Caldas, quienes hoy son-

víctimas de la violencia al ser ejecutados dos de sus comuneros, Herminson y Alexander de Jesús Morales Zamora, el pasado 15 de enero según informe de las autoridades tradicionales del resguardo.

En el mismo sentido condenamos este acto de violencia y exigimos la garantía de nuestros derechos y nuestra integridad como seres humanos, como comunidades y como pueblos representantes de diversas culturas.

La Onic denuncia ante los diferentes organismos de Justicia y de Defensa de los Derechos Humanos, ante Organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y organismos internacionales los hechos ocurridos en nuestros territorios, en este caso del Pueblo Embera, uno de los más afectados por el conflicto armado y la situación que vive nuestro país:

Según las autoridades indígenas de este cabildo el sábado 14 de enero, fueron desaparecidos de la comunidad los comuneros Herminson y Alexander de Jesús Morales Zamora de 29 y 24 años respectivamente, quienes pertenecían a las comunidades Ubarbá y el Rebaño del mencionado reguardo.

Posteriormente el día 16 sus familiares recibieron una boleta, donde les informaban del paradero de Herminson y Alexander.

La comunidad se dirigió a la zona indicada, Cerro el Tigre, de la comunidad la Palma, donde hallaron los cuerpos sin vida en una fosa común, con varios impactos de arma de fuego.

La Onic y el Cabildo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, denuncian ante la opinión publica estos hechos violentos contra nuestra población indígena y; la presencia de grupos armados al margen de la ley en las comunidades de este resguardo, los cuales asesinan y atemorizan a la población indígena.

Hacemos un llamado a las instituciones del Estado y al gobierno nacional para que garanticen y protejan los Derechos Humanos, la vida e integridad de la población indígena.