sábado, marzo 06, 2010

Parauribismo/
Víctimas se esforzarán para llevar ante los tribunales nacionales o internacionales a Uribe
Familiares de sacrificados de crímenes de Estado rechazan la continuidad de la política de ‘seguridad democrática’ y objetan las promesas de impunidad que aspirantes a la presidencia le están ofreciendo al actual mandatario
Por Camilo Raigozo

Este sábado 6 de marzo, en el Parque Santander, en el centro de Bogotá, se concentraron al menos 200 personas familiares de víctimas de de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos y demás crímenes del terrorismo de Estado, como desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, entre otros.

Por unanimidad la muchedumbre rechazó la continuidad de la criminal política de “seguridad democrática”, bandera del presidente Uribe. “No aceptamos esa política porque con ella han sido asesinados miles de jóvenes en Colombia”, dijo el director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda.

“Por eso decimos no a la política de seguridad democrática. Por el contrario llamamos a redoblar esfuerzos para llevar ante los tribunales nacionales o internacionales al principal responsable de esa política quien es hoy presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Desde esa perspectiva no aceptamos tampoco que se hagan promesas de impunidad al saliente presidente de la República”, advirtió Cepeda.

“No aceptamos que se borre de la memoria del pueblo colombiano, todos los métodos ilegales, los incesantes episodios de corrupción, las miles de violaciones de derechos humanos que se han cometido en los últimos ocho años”, agregó el dirigente de las víctimas.

El defensor de derechos humanos también observó que las víctimas del Estado son las de los mal llamados falsos positivos, las desapariciones forzadas, los millones de desplazadas y desplazados, que ha dejado la seguridad democrática en Colombia.

Agregó que “También las víctimas del Estado somos todos los ciudadanos que hemos visto como este gobierno acaba con cualquier posibilidad de acceso al sistema de salud. Son víctimas del Estado las personas que han perdido su trabajo durante estos años, a las cuales la Ley 50 y la Ley 60, de 1990, les ha quitado la posibilidad de un trabajo digno.

“Son víctimas del Estado los cientos de miles de jóvenes que se quedan sin la posibilidad de estudiar en la universidad pública. Son víctimas del Estado, todas aquellas personas que tienen que sufrir la pobreza y la indigencia, por obra de la política de este Gobierno.

“Por eso salimos a la calle hoy, no solamente a recordar a nuestras víctimas, sino también a manifestar que haremos todo lo necesario para que no solamente se acabe el gobierno de Uribe, sino que también se acabe el régimen que él ha creado en Colombia.

“Aquí estamos y aquí seguiremos. Aquí estamos y buscaremos por todas las vías legislativas, políticas y judiciales, la verdad, la justicia y la reparación”, aseveró finalmente Iván Cepeda .

La política de seguridad democrática de Uribe ha dejado los siguientes guarismos: La Ley de Justicia y Paz se ha caracterizado por su alto grado de impunidad, ya que de los 35.353 paramilitares supuestamente desmovilizados , solo 698 están siendo procesados, es decir apenas el 1.98 %. Y lo que es peor, solo uno ha sido condenado.

Al final de 2009 los ‘paras’ contabilizaban más de 11 mil criminales armados, sin que el régimen y sus fuerzas de seguridad tengan la mínima intención de combatirlos. Por el contrario, la infiltración paramilitar se está comprobando en todas las esferas del Gobierno.

Por vínculos con los ‘paras’, más de 133 congresistas y ex congresistas están siendo investigados, 1 gobernador, 10 alcaldes, 6 concejales, 14 ex gobernadores, 15 ex diputados y 35 ex alcaldes, la gran mayoría uribistas.

El régimen insiste en la legalización y mimetización del paramilitarismo en la sociedad. Continúa la constante infracción al Derecho Internacional Humanitario, materializado en la utilización de la población civil en el conflicto armado en diferentes modalidades: a saber:

Red de informantes, soldados por un día, familias guardabosques, estudiantes informantes, soldados campesinos y taxistas informantes, entre otras formas de involucramiento.

El Movice ha sido víctima de una política sistemática de agresión. Al menos 170 acciones criminales se han presentado contra sus miembros, entre asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, intimidaciones y estigmatizaciones, por parte de agentes del gobierno. En solo el 2008, la Procuraduría recibió 824 denuncias.

Los familiares de las víctimas le recordaron a Uribe que en su seguridad democrática han sido extraditados 23 cabecillas paramilitares, con el único objetivo de ocultar la verdad sobre esta estrategia criminal contra el pueblo colombiano.

Finalmente le reclamaron a Uribe que en su gobierno, al menos 2.4 millones de personas fueron desplazadas forzadamente de sus territorios, casi la mitad de la suma de desplazados en los últimos 25 años, la cual suma más de 4.9 millones de personas desplazadas en el país.

La mayoría de desplazamientos se han dado por la siembra de palma, la gran minería y la extracción de petróleo. Un reflejo de la política de seguridad democrática son las más de 2.200 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública, las cuales están siendo investigadas por la Fiscalía.


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viernes, marzo 05, 2010

La cita es hoy a las 10 de la mañana en el Parque Santander
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado se opone a la reelección de las políticas de “seguridad democrática”
Por Movice

Más de 200 víctimas de crímenes de Estado, se darán cita el día de mañana, sábado 6 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en el Parque Santander, en la ciudad de Bogotá, con el fin de objetar la reelección de las políticas de seguridad democrática y el Estado Comunitario, que deja como triste legado el presidente Álvaro Uribe Vélez, luego de 8 años en el poder.

El evento político cultural, estará enmarcado por la exposición de siete galerías de la memoria, y la presentación de varios performances, en las que las propias víctimas serán las protagonistas.

Así mismo se contará con la presentación de varios grupos musicales, entre los que se destacan, la banda Pantágora, Skampida, la Severa Matacera y el grupo de rap de Soacha Enigma Urbano.

La actividad que se realizará simultáneamente en Medellín, Pereira, Villavicencio, Neiva y Barranquilla, en esta oportunidad va enfocada a rechazar simbólicamente la reelección de las políticas de seguridad democrática, que en los últimos 8 años se ha expresado en:

Una “Ley de Justicia y Paz” que se ha caracterizado por su alto grado de impunidad. De los 35.353 paramilitares que se han desmovilizado, solo 698, o sea un 1.98%, están siendo procesados por los delitos cometidos y solo uno ha sido condenado, condena que fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Una infiltración paramilitar en todas las esferas del gobierno, siendo hasta el momento más de 133 congresistas y ex-congresistas quienes han sido investigados por sus presuntos nexos con paramilitares, un gobernador tres alcaldes y seis concejales,-

elegidos todos para el periodo 2007-2011 se encuentran también bajo investigación, igual que 14 ex gobernadores, 7 ex diputados y 35 ex alcaldes, la gran mayoría de estos perteneciendo a la bancada Uribista.

La legalización y mimetización del paramilitarismo en la sociedad y la profundización del control paramilitar en las grandes ciudades. Los “nuevos” grupos paramilitares a finales de 2009 alcanzaron a tener alrededor de 11.000 miembros armados.

Una constante infracción al Derecho Internacional Humanitario con la utilización de la población civil en el conflicto armado bajo diferentes modalidades como “la red de informantes”, “soldados por un día”, “familias guardabosques”, “estudiantes informantes” (Medellín), “taxistas informantes” (Cali), entre otros.

Una práctica sistemática de persecución y criminalización de la oposición política, con señalamientos detenciones masivas e individuales de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.

La falta de garantías para las víctimas. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado desde su nacimiento en junio de 2005 ha sido víctima de una política sistemática de agresión, muestra de ella las alrededor de 170 agresiones-

documentados, entre ellos asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, detenciones, amenazas, intimidaciones y estigmatizaciones por parte de funcionarios del gobierno.

La Procuraduría General de la Nación recibió 800 solicitudes de protección por parte de víctimas en el año 2008.

La extradición de 23 jefes paramilitares a los Estados Unidos, silenciando a perpetradores de crímenes de Lesa Humanidad que estaban dispuestos a compartir con la sociedad sobre sus nexos con políticos, sectores económicos y el actual gobierno.

La falta de garantías para paramilitares en procesos de desmovilización, lo que se traduce en los más de 2000 reinsertados asesinados en cárceles y en las calles de diferentes ciudades, sin que hasta la fecha haya un preso por estos crímenes.

Un incremento en el desplazamiento forzado. Según la consultoría Codhes el desplazamiento forzado bajo la política de Seguridad Democrática ha sido de 2.4 millones de personas, constituyendo casi la mitad de los 4.9 millones de personas que se han tenido que desplazar en los últimos 25 años.

La mayor parte de estos desplazamientos ha estado ligado a proyectos económicos como la palma aceitera, la minería y la extracción del petróleo.

La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 1200 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública, lo que demuestra el carácter sistemática de una práctica que se considera por el Derecho Internacional como Crimen de Lesa Humanidad.

Los llamados “falsos positivos” son un resultado directo de una política que incentiva con el dinero las bajas de integrantes de los grupos al margen de la ley. Estos falsos positivos se tienen que entender de una forma más amplia como son también falsos positivos montajes judiciales y desmovilizaciones forzadas.

Incremento del gasto del 5.2% del PIB para Defensa en 20024 en 2010 el presupuesto para defensa es de 14.2% del PIB (11.057 millones de dolares), superando por primera vez el presupuesto para la educación (13.9% del PIB).

Liberalización del mercado. Las nuevas leyes de zonas francas, hidrocarburos, minería y las propuestas para aguas y la ley forestal han buscado poner un precio a todo recurso existente en el país y ha ido acompañado con la privatización de sectores públicos, despedidas masivas y la precarización de la situación laboral.

El Departamento de Seguridad (DAS), órgano que depende directamente del presidente de la República, ha pasado de un escandalo a otro, entre otros por nexos con paramilitares, interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la oposición política, la creación de un órgano ilegal (G3) que tenía como fin hacer seguimiento e intimidar a magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.

La excarcelación de militares implicados en ejecuciones extrajudiciales por supuestos vencimientos de términos y que está excarcelando parapolíticos, involucrados en crímenes de Lesa Humanidad por haberse acogido a sentencia anticipada, mostrando la incapacidad de la justicia colombiana a defender los derechos de las víctimas y la necesidad de una intervención de la Corte Penal Internacional en el país.

Programación Bogotá
11:00 - 11:15 Instalación
11:15 - 11:30 Intervención Iván Cepeda
11:30 - 11:45 Intervención musical de la Ade
11:45 - 12:00 grupo sanqueros de Ciudad Bolívar en homenaje a las victimas
12:00 - 12:30 Performace madres de Soacha
12:30 - 12:45 Performance universidad Pedagógica y Distrital
12:45 - 13:10 Performance grupo de teatro Asab
13:10 - 13:30 Victimas Familiares de Trujillo
13:30 - 14:00 Música Andina Molinos
14:00 - 14:30 Performace estoy solo con memoria
14:30 - 15:00 Rap Soacha Enigma Urbano
15:00 - 15:30 Banda los Ignorantes
15:30 - 16:00 Banda Pantagora
16:00 - 16:30 Banda Skampida
16:30 - 17:00 Banda la Severa Matacera

Antioquia
Actividad: Concentración
Lugar: En la Playa entre la Avenida Oriental y Sucre (Medellín)
Horario: 6:00 p.m.
Convocantes: Movice Capítulo Antioquia
Para conocer la convocatoria de Antioquía pulse aquí

Atlántico
Actividad: Acto cultural
Lugar: Parque del Estadio Metropolitano (Barranquilla)
Horario: 4:00 p.m.
Convocantes: Movice Capítulo Atlántico

Huila
Actividad: Procesión de víctimas
Lugar: Centro de Neiva hasta el Palacio de Justicia
Horario: 3:00 a 5:00 pm
Convocantes: Comité de Impulso Movice Huila.

Meta
Actividad: Instalación de galerías de memoria, música y marcha de antorchas
Lugar: Parque los Libertadores (Villavicencio)
Horario: 3:00 a 6:30 p.m.
Convocantes: MOVICE Capítulo Meta

Risaralda
Actividad: "Colombia, la gran fosa común"; actos simbólicos, música
Lugar: Plaza Bolivar (Pereira)
Horario: 4:00 p.m.
Convocantes: MOVICE Capitulo Risaralda, Colombia Nunca Más
Para conocer la convocatoria de Risaralda

Santander
Actividad: Acto cultural testimonial por las víctimas de ejecuciones.
Lugar: Parque de las Nieves de Girón
Horario: 3:00 a 7:00 p.m.
Convocantes: Organizaciones de víctimas y de derechos humanos

Valle del Cauca
Actividad: Jornada de movilización y sensibilización
Lugar: Encuentro en la Plaza de Caicedo a 9:00 a.m. para desplazarse hasta el Parque de los Poetas donde se desarrollara la Jornada.
Horario: 9: 00 am a 4:00 pm
Convocantes: Nomadesc, Sintraunicol, Andas, Cspp, Cpdj, Movice Capítulo Valle del Cauca

jueves, marzo 04, 2010

Catatumbo, Norte de Santander
Pronunciamiento público de Ascamcat ante la Mesa de Garantías
Documento presentado el pasado 26 de febrero en la reunión de la Mesa de Garantías en Cúcuta
Por Asociación Campesina del Catatumbo

La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, organización campesina legalmente constituida y reconocida por el Estado Colombiano:

1. Denunciamos la fuerte persecución y estigmatización contra líderes campesinos en el Catatumbo

Como Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, organización social reconocida por el Estado colombiano y constituida legalmente, cuya misión es la defensa de los derechos de campesinos y campesinas en la región del Catatumbo, miembros de la-

Coordinación Colombia Europa - Estados Unidos, denunciamos ante la Mesa Nacional de Garantías los siguientes hechos que nos preocupan en relación con la persecución y ataques por parte de autoridades del Estado a los lideres defensores de nuestra organización:

Teniendo en cuenta que el mismo gobierno nacional se ha comprometido públicamente ante instancias nacionales e internacionales, y en repetidas ocasiones a tener una determinación total para “mantener la plenitud de las garantías a los defensores de los derechos humanos y de seguir avanzando para que desarrollen sus tareas en un ambiente de seguridad y libres de amenazas”.

Así lo manifestó El Embajador de Colombia en Bélgica, Carlos Holmes Trujillo, en octubre de 2.009 ante varias organizaciones de derechos humanos. En 2004, la Sra. Hina Jilani dijo que la situación de los y las defensoras de derechos humanos se había agravado desde su primera visita en el año 2001.

Cinco años más tarde, la situación se ha deteriorado aún más y las y los defensores de derechos humanos en Colombia no gozan de las garantías necesarias para ejercer la defensa de los derechos humanos.

Causa gran preocupación frente a nuestra, pública, legítima y legal tarea en la defensa de los derechos humanos que por el desarrollo de esta labor seamos destinatarios de una mayor estigmatización por parte de funcionarios de alto gobierno así como de la represión por parte de los aparatos de seguridad estatales.

Desconociendo así las diferentes y reiteradas recomendaciones que organismos como Naciones Unidas a través de su Relatora Especial para el tema de los defensores de derechos humanos, ha realizado al gobierno colombiano para que se brinden verdaderas garantías para la realización de nuestra justa y democrática labor.

Como organización campesina desarrollamos gran parte de nuestro trabajo en la zona rural lo que ha permitido mayores ataques por parte de las autoridades militares sin la posibilidad de protección ni intervención oportuna de los organismos de control.

Esto nos ha hecho más vulnerables a los ataques y persecuciones a las que nos vemos diariamente enfrentados.

Es por esto que denunciamos, entonces los siguientes hechos recientes de agresión para los cuales pedimos respuestas, acciones, claridades y sobretodo garantías por parte del Estado Colombiano para el ejercicio de nuestra legítima y necesaria labor como defensores de derechos humanos en el país.

En los últimos meses se han incrementado las violaciones de derechos humanos y las persecuciones contra líderes comunitarios por parte de funcionarios y agentes del Estado.

De manera sistemática desde junio de 2009 los líderes campesinos de la zona han sido víctimas de asesinatos, estigmatizaciones, detenciones arbitrarias y persecución. Igualmente, hace pocos días fue expedida una orden de captura contra el presidente-

y representante de la Asociación Campesina del Catatumbo José del Carmen Abril Abril y contra Jhonny Feldred Abril Salcedo, quien ha estado coordinando el Refugio Humanitario, quines son personas ampliamente reconocidas en la región por su labor a favor de la comunidad y el trabajo que desarrollan en Ascamcat.

Consideramos esto como un claro ataque a la organización en reacción por las denuncias, informes, la conformación del Refugio Humanitario y todas las exigencias que hemos realizado en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, donde-

participan autoridades e instituciones Nacionales, Regionales y Locales, y la oposición que realizamos frente a las Políticas del Estado que pretenden reducir los derechos de la población campesina del Catatumbo, soñando porque se mantenga y se realice el Estado-

Social de Derecho que este consignado en la Constitución Política y porque se respete las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos y del derecho Internacional Humanitario, para que no se afecte a nosotros la Población Civil.

Pero anterior a estos hechos ya se venia violando la libertad de otros humildes campesinos, como el caso de Santiago Poveda Riataga, presidente de la Junta de la Vereda de las Palmas, abiertamente conocido y reconocido como líder social y-

comunitario fue capturado el 19 de Septiembre de 2009 en el corregimiento de la Gabarra, por supuestos vínculos con la guerrilla y sólo hasta el 30 de Septiembre fue escuchado en Indagatoria, violando abiertamente su derecho al debido proceso.

Continuando con la persecución, el pasado 3 de noviembre de 2009 fueron capturadas 12 personas en la vereda el suspiro municipio de Teorama quienes fueron trasladados hacia la ciudad de Cúcuta. La mayoría de los detenidos fueron dejados en libertad una semana después.

En este mes de febrero de 2010 fueron detenidos arbitrariamente 18 campesinos representantes de juntas comunales y reconocidas por su comprometido trabajo comunitario, en l marco de una investigación por los supuestos delitos de terrorismo,-

rebelión y concierto para delinquir, siendo el hecho mas reciente conocido por la Asociación, la captura el 21 de febrero de 2010 fue capturado el Eneil Perez Calderón en el municipio de Teorama habitante de la vereda el Porvenir del municipio de Tarra.

En operativos realizados por miembros del Ejército Nacional, en compañía de varias reinsertados de la guerrilla , el CTI y la SIJIN en los corregimientos de San Juancito, San Pablo y Aserrío del municipio de Teorama y corregimiento de la trinidad del municipio de Convención el pasado 6 de febrero, fueron capturados 12 campesinos reconocidos en la región del Catatumbo.

El 20 de Enero de 2.010 fue capturado en la vereda la Cecilia el tesorero de la junta de acción comunal de la vereda la Cecilia el señor Diocemel Galvis Vergel, también fueron detenidos los campesino Saúl Carrascal y Neider Carrascal de la vereda Piedras de moler del corregimiento de San Pablo municipio de Teorama.

Una semana después, fueron capturados el campesino Félix Antonio Lobo Quintero del municipio de Convención y Jeovany Galván Quintero en la vereda Pate gallina del corregimiento de Campo Tres, Municipio de Tibú.

Durante los últimos meses hemos registrado múltiples ataques a la vida y la integridad de los campesinos y campesinas en la región:

Luz Marina Rodríguez Casadiego, de 46 años de edad, fue asesinada el 14 de junio de 2009, a 20 minutos del corregimiento de la Cooperativa, del municipio de Convención en Norte de Santander. Ella era la promotora de Salud de la Vereda Caño escondido.

“ese día salieron tres hombres vestido de ropa oscura, ella iba en la mula, el esposo ya había pasado y ella iba con un niño que iba caminando, le salió uno, le pregunto que si ella era la esposa de Elias Remolina, ella dijo que si le dispararon dos veces en la cabeza y luego salieron a correr”, denunciaron los habitantes de la vereda.

El 7 de agosto de 2009 la comunidad de la vereda el Suspiró encontró al vicepresidente de su Junta de Acción Comunal, Raúl Navarro, asesinado y con severos signos de tortura. El cuerpo de Navarro fue hallado amarrado, con un disparo en la cabeza y heridas de arma blanca en el estómago y en la pierna derecha.

En esta zona hacía presencia el Ejercito Nacional, Batallón Contraguerrilla Héroes de Saraguro No. 46. “Como presuntos responsables denunciamos al Ejército ya que ellos se encontraban en la zona en el momento de los hechos”, señala la comunidad.

Peor suerte corrió Freddy González García, de 33 años, fiscal de la Asociación de Juntas de cuatro veredas, quien desapareció el 17 de septiembre y tres días después comunidad lo encontró torturado y asesinado en la vereda Puerto Barranca

También registramos hechos de hostigamiento, persecución e intimidación dirigidos a la población campesina y particularmente a los líderes de Ascamcat:

El día 5 de octubre de 2009 dos personas desconocidas presuntamente pertenecientes a grupos al margen de la ley que operan en la región irrumpieron la paz en el Corregimiento de San Pablo, Municipio de Teorama y comenzaron a disparar. En el tiroteo murieron los jóvenes Leider Antonio Hernández Velásquez y Anderson Camargo Ramírez.

El domingo 27 de septiembre, al mando del teniente Torres y los cabos Granados y Gómez, entraron al Campamento Refugio Humanitario unos 50 militares del Batallón de Infantería No. 13 "General Custodio García Rovira", perteneciente a la 30a. Brigada del Ejército Nacional.

Al igual que el 18 de julio, cuando tropas militares ingresaron al Campamento Refugio Humanitario, algunos uniformados se cubrieron el rostro ante los campesinos, y se negaron a identificar a su mando.

Finalmente, el teniente Torres se presentó, asumió su responsabilidad, y señaló que hacía presencia allí porque con la visita del gobernador el 29 de agosto "se había dado permiso de pasar por ahí", lo cual no es cierto.

El teniente Torres alegó también que se había metido por "la maraña" (selva) y no por los caminos donde está bien señalizada la prohibición del tránsito de personal armado por el campamento humanitario. Del suceso hay registro audiovisual en poder de la comunidad, que de igual manera fue filmada por los soldados.

Igualmente, Ascamcat denunció que el 16 de noviembre ingresaron arbitrariamente al refugio Humanitario tropas de la Brigada Móvil No. 5 y Batallón No 45, los militares no quisieron identificarse ante los voluntarios acompañantes del Observatorio Internacional de Paz – IPO y los líderes campesinos, quienes reclamaban la identificación de los mandos a cargo de los militares, la respuesta fueron insultos hacia la comunidad.

Posteriormente, el 17 de diciembre los líderes de Ascamcat que se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta fueron abordados por parte de miembros de la Policía Nacional y fueron retenidos por espacio de una hora.

En hechos más recientes, el 19 de enero de este año, durante el desarrollo de la mesa de interlocución y acuerdo realizada en el corregimiento de la Gabarra municipio de Tibú, ingresaron 2 miembros de la Policía Nacional haciéndose pasar por periodistas independientes.

Estas dos personas fueron identificadas por la comunidad, quienes hablaron con ellos y aceptaron que hacían parte a este organismo, los policías se identificaron como: Anderson Anteliz y John Alexander Freddy Padilla.

Ante esta irregular situación la Ascamcat solicito a la Policía Nacional los nombres verdaderos de estos dos agentes.

Más preocupante aun que funcionarios del Alto gobierno de forma incoherente estigmatizan y deslegitiman nuestra labor y al contrario de ofrecer respaldo y garantías nos dirigen acusaciones que ponen en mayor riesgo.

Es así como denunciamos que en el marco de la reunión del comité técnico de la Mesa Departamental de Derechos Humanos celebrada el pasado 11 de febrero de 2010 el delegado del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República,-

Fernando Ibarra estigmatizó severamente a la organización al afirmar que “Ascamcat hace apología a la guerrilla en las audiencias populares e incentivaba a la comunidad a sembrar coca”, situaciones que son mentirosas y apartadas de toda realidad, como ha-

quedado registrado en las actas firmadas con el gobierno, en las grabaciones de voz y de video que se tienen de las Audiencias, donde es nuestro interés promover un desarrollo integral para el Catatumbo, que apoyo la producción agropecuaria de los campesinos y-

retomar la vocación campesina, donde nos oponemos a la agresión de todos los actores armados legales e ilegales que ponen en peligro e irrespetan a la población civil, y donde se ha presentado alternativas y programas pilotos para el desmonte de los cultivos-

de uso ilícito, y donde con el ejemplo le demostramos a los campesinos, los directivos de la Asociación que no se debe sembrar las matas de coca, y donde también hemos mostrado nuestro interés por la defensa de la Madre Tierra, de los recursos naturales, de la biodiversidad, de las fuentes de agua y de vida que tiene el Catatumbo.

Realizamos estas denuncias con el ánimo que sean atendidas en este espacio y que recibamos una respuesta clara por parte del gobierno nacional acerca de estos hechos, exigimos que se insista al reconocimiento de nuestra labor como organización defensora de los derechos de los campesinos.

Pedimos que se aclaren las investigaciones que se adelantan contra los campesinos y campesinas de la región, que se investiguen los hechos de muertes, torturas que han venido sufriendo y que cese la persecución política y judicial contra los inocentes-

campesinos del Catatumbo, que sean puestos en libertad, que se levante la orden de captura contra los directivos de la Asociación Campesina del Catatumbo, que se respete y dignifique el legitimo y legal trabajo de la Asociación Campesina del Catatumbo,-

solicitamos se promueva una reunión de alto nivel con el Fiscal General de la Nación y el Director de la Unidad contra el terrorismo, que se promueva una nueva reunión de la Mesa de garantías para conocer las respuesta a todas nuestras inquietudes y con la presencia de organizaciones y organismos internacionales y nacionales que promueven por el respeto al trabajo de los defensores de derechos humanos.

Por ultimo manifestarles que no hacemos presencia física en este espacio, ya que algunos líderes nos encontramos en el desarrollo de la Audiencia Publica en la vereda Santa Inés del Municipio del Carmen.

Norte de Santander, a realizarse desde el 25 al 27 de febrero de 2010 como fue el acuerdo dentro de la Mesa de Interlocución y Acuerdo con las autoridades Nacionales, Regionales y Locales,-

la cual sigue siendo apoyado por muchas de ellas y contando con su participación, y otros nos encontramos defendiendo nuestro derecho fundamental a la libertad, ante la injusta persecución política y judicial de la que somos víctimas.

Atentamente,
Junta Directiva
Ascamcat


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miércoles, marzo 03, 2010

El próximo proceso de paz será por iniciativa de la Sociedad Civil
Por Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz

Esa fue la principal conclusión del Foro “Alcance y esperanza del consejo nacional de paz y los consejos municipales de Paz” realizado el pasado miércoles 24 de febrero en la Universidad Pedagógica Nacional.

Los conferencistas Alonso Ojeda Awad, Álvaro Villarraga Sarmiento y León Valencia coincidieron en afirmar que la vía militar ha demostrado su inutilidad como salida al conflicto armado interno que vive Colombia, y que hoy el papel protagónico en la construcción de la paz lo está jugando la sociedad civil.

Álvaro Villarraga Sarmiento, integrante de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y uno de los conferencistas, señaló que es en los escenarios locales donde se ha dado vida al mandato constitucional de la construcción de la paz.

Como ejemplos, destacó los procesos constituyentes de Tolima, Nariño, Antioquia y Santander. También señaló que hoy la construcción de la paz no está sólo en las mesas de diálogo entre el gobierno y la guerrilla sino en esta decisión ciudadana que debe ser reconocida.

En este sentido, uno de los participantes, Luis Sandoval, director del Instituto María Cano, recordó señaló que en una publicación denominada “La Paz en Movimiento” recopiló entre 400 y 500 expresiones de paz, grandes y pequeñas en todo el país”

También hizo un recuento de la dinámica del Consejo Nacional de Paz[1] señalando que este mecanismo debe reactivarse como herramienta fundamental en la construcción de la paz. “De 45 oportunidades en las que debía ser convocado el Consejo Nacional de Paz en los últimos 8 años, sólo se ha reunido dos veces” reiteró.

León Valencia, analista e integrante de la Corporación Nuevo Arco Iris, afirmó que mientras los procesos de paz de los años 90 le costaron al país 200mil millones de pesos, en los últimos cuatro años se han invertido 6 billones de pesos en el conflicto armado, y que las concesiones que implica cualquier proceso de paz siempre son inferiores a los desastres de la guerra.

El foro fue convocado por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el Programa de la Paz y la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica, contó con la participación de medios de comunicación, estudiantes y organizaciones sociales de derechos humanos y paz.

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martes, marzo 02, 2010

Situación en el Chocó
Remilitarización en resguardos indígenas para abrirle paso a las multinacionales
Por Fundación Bosque Tropical

La brigada 17 del Ejercito Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon la comunidad indígena de Alto Guayabal del Resguardo Uradá Jiguamiandó, en los límites entre Antioquia y Chocó, el 30 de enero de 2010 a las 3:30 a.m. dejando como resultado de éste ataque varios indígenas, gravemente, heridos y la muerte de un bebé indígena recién nacido.

La clara intención del bombardeo es desplazar a la comunidad indígena y negra, para dar vía libre al proyecto minero Mandé Norte. Uno de los planes más avasalladores, depredadores y arbitrarios que se mueven en las selvas del Chocó. Situado entre Carmen del Darién, Chocó, y Murindó, Antioquia.

Seguros de la existencia de grandes depósitos de oro, de cobre y de un mineral poco nombrado, molibdeno, el gobierno de Uribe ha otorgado a las multinacionales Muriel Mining Co, Anglo Gold Ashanti y a la Glencore todas las concesiones posibles e imposibles y dado facultades para que hagan y deshagan sobre un territorio de 16.000 hectáreas.

Sin embargo, éstos territorios colectivos son de propiedad de las comunidades negras de Jiguamiandó y de los resguardos indígenas de Urada-Jiguamiandó y Murindó del pueblo embera-Katío, territorios ancestrales.

Por obvias razones las comunidades allí asentadas se oponen al desarrollo de ese proyecto; motivo por el cual, el actual gobierno colombiano, violando todas las normas y principios constitucionales nacionales, normatividad internacional y los Derechos humanos y en contravía del Estado social de Derecho; ordenó la militarización de sus territorios y el bombardeo y quema de sus viviendas.

Además, la Brigada 15 del Ejercito Nacional Colombiano invadió el resguardo indígena de Urada en la Zona de la Rica, los militares acabaron con las siembras de pan coger y frutales, construyeron helipuertos que son utilizados por la empresa-

concesionaria para el transporte de sus empleados, talaron tres hectáreas de bosque con la empresa Muriel Mining Co, destrozaron el cementerio sagrado ubicado en la zona de la Rica, donde solo pueden entrar los médicos jaibanas.

Esta situación tiene como antecedentes: El 4 de mayo del 2000 a causa de los operativos en la zona desaparecieron tres (3) miembros de la comunidad de alto guayabal, los desaparecidos son:

Reguina Rubiano Bariquin de 65 años Pablo Emilio Domico de 45 años y Blancaina Domico de 16 anos. En los mismos operativos quemaron ocho (8) tambos indígenas, robaron plátano, víveres, utensilios sagrados y animales de cría.

El 22 de junio de 2007 fue bombardeada la comunidad indígena de Isla en el resguardo del río Murindó. El día 8 de febrero de 2008 a las 3:40 pm fue bombardeado el cementerio de las comunidades indígenas de Isla y Coredó. En al zona de La Rica la empresa y los militares construyeron cambuches y campamentos en los que permanecen asentados.

Allí se instalaron dispositivos de seguridad y les dijeron a indígenas dueños del territorio, que no podían transitar por el mismo, estos militares prestan seguridad a la empresa concesionaria, desconociendo derechos ancestrales de los indígenas y negros colombianos y poniendo en riesgo los derechos fundamentales de estas comunidades.

Aterrorizados por la situación y la grave amenaza que se cierne sobre ellos, los Embera Katío hacen un llamado urgente nacional e internacional solicitando apoyo para que finalice la militarización de su territorio y evitar el desplazamiento forzado.

Por favor visita página web donde se encuentra un modelo de carta que se puede enviar automáticamente a las autoridades colombianas y que recoge las exigencias de los Embera Katío.
Vea también:

S.O.S. por Sumapaz
Llamamiento nacional e internacional
Por: Luz Marina López Espinosa

Sumapaz, el páramo más grande del mundo, el preciado reservorio de agua donde nacen muchos de los ríos que bañan el país y constituyen una fuente de vida ya no solo para nuestra nación sino para la humanidad, está sentenciado.

Sumapaz es además la localidad rural de Bogotá, habitada por un conglomerado humano caracterizado por traer en su sangre una tradición de resistencia contra la ancestral violencia oficial que se ensañó contra ella desde mediados del siglo pasado.

En efecto, Sumapaz fue el sitio de refugio de cientos de campesinos liberales sobre todo del Tolima, Huila, Caquetá y los Llanos perseguidos por las violencias conservadoras de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Urdaneta Arbeláez y cómo-

no, de Gustavo Rojas Pinilla, lo que demostró que esa violencia ya no era apenas “conservadora”, sino bipartidista ya que la persecución del régimen militar contó con el entusiasta apoyo del partido liberal.


Los campesinos refugiados en el Sumapaz se defendieron con heroísmo, y en legítima acción se armaron para resistir el exterminio que desde la cercana Bogotá decretaban los gobiernos. Es cuando se inmortalizan nombres como los de Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela.

Después vino el Frente Nacional y la misma persecución, y el cambio de naturaleza de las autodefensas de los campesinos liberales en las mencionadas zonas, a una decisión de confrontar un sistema que sabían no les daría tregua y lucharía hasta su exterminarlos en tanto no aceptaran su destino de desposeídos y proscritos sin voz ni voto en el trazo de sus destinos.

Circunstancia esta que hizo que el Sumapaz estuviera otra vez en el ojo del huracán represivo. Eso, porque la nueva estructura de la resistencia, ya más orgánica, ideologizada y con programa de lucha a largo plazo por reivindicaciones mayores, tuvo en el entonces lejano y casi incomunicado páramo de Sumapaz uno de sus lugares de concentración.

La anterior, así a grandes pinceladas la razón de la criminalización que desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado hasta estos albores del 2010, se cierne sobre la población del Sumapaz.

Agudizada hoy, quién lo creyera, en el marco de “la lucha contra el terrorismo” y la consigna de la “seguridad democrática”, bajo la coartada de contener a las Farc que con grandes batallones y a través del páramo de Sumapaz –en realidad a través de sus peligrosos habitantes-, se van a tomar a Bogotá, la capital de la República nada menos.

Impostura mayor ese argumento cuando en primer lugar las operaciones guerrilleras no son, no han sido y no serán de ese tipo, grandes destacamentos que van ocupando territorios, los van “liberando” y se consolidan en ellos como en una guerra convencional de posiciones.

Y en segundo lugar, ¿cómo saturar el páramo -y sus habitantes- de tropas con una densidad que no se conocería en ninguna región del mundo que no fuera escenario de una gran guerra, precisamente ahora cuando gracias a la “seguridad democrática” del presidente Uribe, según nos notifican, las Farc se hayan ahora sí en “el fin del fin”? Aclarando que este anuncio lo hicieron hace ya dos años.

Y ese “plan de contención” de la guerrilla lo ejecutan instalando batallones “de alta montaña”, ubicando brigadas móviles, planeando la construcción de fuertes militares y de policía, destruyendo el precioso y frágil ecosistema del páramo, contaminando sus-

fuentes agua, quemando y cortando el frailejón, poniendo tres soldados por habitante –contabilizando los niños, los ancianos y las mujeres-, todo ello desde luego en desmedro del libre ejercicio de las garantías y derechos constitucionales de sus habitantes. No es el caso aquí de por enésima vez, hacer el relato de los atropellos y vejaciones.

¿Quién entiende esa lógica macabra de proteger a la población –cosa que desde luego se invoca como prioritaria de la ocupación militar al tiempo que se la agrede?

Sí, sí se entiende. Lo que ocurre es que la lectura hay que hacerla en otras claves. No son las palabras que se dicen, sino las que no se dicen; los motivos que se invocan, sino los que no se invocan.

Las inconfesables y secretas razones que esconden las palabras, y que refieren a la necesidad de sacar a los habitantes del Sumapaz de esa reserva de agua para entregarla a los grandes proyectos de las multinacionales que agencian las políticas del Banco Mundial y desde luego con el discurso de la biodiversidad, necesitan poner ese patrimonio al servicio del capital.

No en balde se trata de uno de los recursos más valiosos y necesarios en el nuevo siglo. Necesario entiéndase, ante todo para las empresas transnacionales y el capital financiero internacional que tienen en él un filón de enriquecimiento que no pueden despreciar.

Dentro de esos planes y proyectos que el nuevo orden económico mundial impone a países como el nuestro sin que aquí nadie tenga derecho siquiera a darse por aludido porque los gobernantes locales están precisamente para eso, para agenciar esos planes (ha oído alguien mentar eso de la “confianza inversionista”?),-

el primer bien contingente, fungible, desechable, es el ser humano. En este caso, el habitante del Sumapaz que en los fríos balances del Banco Mundial, aparece apenas como un escollo del que hay que salir. A como de lugar. Si se puede por las buenas, por las buenas será. O si no…

No por cruel la anterior afirmación, es menos cierta. El ser humano, pero sobre todo el desposeído, el humilde asentado en un territorio propio pero que puede ser valioso para el capital, es casi un terrorista si no resulta funcional a los intereses de éste.

Porque terrorista hoy, ya lo sabemos, puede ser quien se oponga al modelo único, hegemónico y globalizado del gran capital, así sea sólo moral esa oposición, es decir, un ejercicio de la libertad de conciencia.

Y nombramos el Banco Mundial no por prurito. Es que los megaproyectos en interés de las grandes corporaciones nacen de los estudios de esta dependencia que no tiene más que dar la orden.

¿No es acaso el banco que marca las directrices económicas y de desarrollo del mundo como agencia especializada que es de las Naciones Unidas, máxima autoridad en un mundo global? Sólo que en las Naciones Unidas no manda ningún ciudadano, este no tiene audiencia, menos voz, un chiste sería decir que voto.

Ni siquiera mandan los países. Sólo unos pocos, poquísimos. Y no estos como Estados que representen los intereses de sus ciudadanos. Mandan las grandes corporaciones financieras e industriales… Que a su vez mandan en esos Estados…

Si se tienen dudas de ésto, véase el extraordinario y esclarecedor libro-denuncia de los poetas –¡sí, poetas!- e investigadores sociales Humberto Cárdenas y Alvaro Marín, “La biodiversidad es la Cabalgadura de la Muerte”, el cual como cualquier texto de alta-

alquimia, devela las aleaciones que se dan y las transmutaciones secretas tras el oro de la cooperación internacional, la biodiversidad, el desarrollo sostenible, la producción racional y la diversidad cultural. Todas bien batidas sí, en la retorta de la ayuda humanitaria.

Lo anterior someramente lo explica todo sobre la criminalización de la población del Sumapaz y aún de esa misma tierra, de ese nombre alegórico y poético. Y explica lo que se anuncia, y lo que se viene.

Lo de la lucha contra el terrorismo, lo de la seguridad democrática aplicada en ese territorio, lo de la necesidad de “taponar” a Bogotá por ese lado de la inminente toma por las Farc, lo de que “ni un metro cuadrado del territorio patrio vedado a la fuerza pública” y demás imposturas del discurso que esconde lo inconfesable:

que Sumapaz ya está entregado, Sumapaz ya está vendido, Sumapaz va a ser un gran negocio de empresas multinacionales con cuya agua se enriquecerán y también -en menor grado- unos pocos socios nacionales.

Sólo falta sacar a su gente, “y ya lo estamos haciendo” se dice en los conciliábulos del poder económico y militar encargado de la tarea, el Ministerio de Agricultura, del Medio Ambiente –sobre todo éste, ¡ver para creer!-, el nefando Incoder,-

el Ministerio de Defensa, la Brigada 13 del Ejército. Cómo será ello, lo dice con enormes letras de espanto la historia de oprobio de Colombia de los últimos 60 años, o si se quiere, la más cercana y que vivimos, la de los últimos treinta años.

¿Qué fue la historia de horror del Urabá sino la de la necesidad de despojar de sus tierras a esos colonos e infelices que se asentaron allá huyendo de ancestrales violencias, todo en aras de hacer los grandes emprendimientos agroindustriales de la palma africana y del banano con la tenebrosa Chiquita Brands a la cabeza?

Y qué fue la “gloriosa” pacificación de Arias Cabrales y Rito Alejo del Río sino la coronación del propósito de obtener la tierra a toda costa, llámese esta costa baño de sangre o el piadoso “simple” desplazamiento?

Y qué fue la historia del Cacarica en el Chocó y de los territorios ancestrales con título colectivo de origen constitucional de las cuencas del ríos Curvaradó y Jiguamiandó? Idéntica.

No hay que volver a contarla. Tierra para las transnacionales, tierra para los grandes emprendimientos agroindustriales exportadores, mineros y energéticos que diseñó el Banco Mundial como fórmula “para que salgamos del subdesarrollo”.

Es decir, además nos hacen un favor. Claro, hay algunos sacrificados, algunos desplazados, algunos asesinatos, algunas masacres, pero bueno…

Y ¿qué fue la historia de Urrá y el sacrificio de las comunidades indígenas dueñas desde siempre de sus territorios –antes de que llegara España- cuyos miembros en proceso de extinción piden limosna en las calles de Bogotá? Y el sur de Bolívar y el oro de sus entrañas?

Y qué la de Cajamarca, donde el anuncio del oro fue uno con el ciclo paramilitarismo-masacres-militarización-ejecuciones selectivas-falsos positivos, en pos del final feliz de la tierra libre de estorbos –de ocupantes-, para el destino que el orden económico mundial y la munificencia de la naturaleza le signó?

Y cuando se pacifica la zona, cuando ésta ya es un cementerio -los habitantes que no reposan en este deambulan por las grandes ciudades con su cartelito “somos desplazados”-, el gobierno y la fuerza pública dan el parte de victoria y reclaman los galones del triunfo contra los violentos: los habitantes que se murieron y los que se fueron.

Y la tierra ahí, noble y generosa, abierta a sus nuevos amos albergando un orden impecable -un millón de colinitos de palma africana creciendo idénticos en sincronía ejemplar-, sin sindicatos, juntas de acción comunal, comunistas, indígenas, ni uniones patrióticas que incomoden.

Y ese orden triste de azucenas y formol, prudentemente guardado a cierta distancia por los fusiles oficiales, siempre dispuestos a que ese logro tan difícil de conseguir no vaya a ser perturbado por los siempre al asecho enemigos de la paz, el desarrollo y sobre todo, de la inversión extranjera y su carnal confianza inversionista.

El mismo discurso – idéntico- al de los Castaños, los Mancusos, los Macacos. No por casualidad, las grandes plantaciones de palma sobre esas despojadas tierras, pertenecen abiertamente a los capos paramilitares, sus familiares y testaferros.

Denunciar entonces que ello es lo que se cierne sobre el bucólico páramo del Sumapaz, la Localidad 20 de Bogotá y sus habitantes: la ya transitada historia de la pacificación por la fuerza pública del Urabá, Cacarica, Jiguamiandó, el Catatumbo, el valle del río Cimitarra y demás-


regiones de rica vocación agrícola; de los enclaves petroleros de Arauca y Cusiana, de las zonas mineras del sur de Bolívar, Cajamarca y nordeste antioqueño y de los territorios de los grandes proyectos energéticos como los Urrá 1y 2.

Y emplazar al gobierno nacional y al mismo Alcalde Mayor de Bogotá, a que respondan si lo que en este llamado se denuncia, es o no lo que está sentenciado para el Sumapaz desde los grandes centros del poder mundial. Foto Prensa Rural.


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lunes, marzo 01, 2010

Seguridad narcocrática/
Detenidos cuatro militares por ejecuciones extrajudiciales
Por Camilo Raigozo

Continúan aumentando de forma monstruosa los casos conocidos de crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública mal llamados falsos positivos.

Según información de la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación, Seccional Medellín, capturó en los departamentos de Antioquia y Risaralda a cuatro ex soldados regulares, que están investigados por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres civiles.

Las aprehensiones de Guillermo Andrés Maldonado Vélez y Esneider López Castaño se realizaron en los municipios de Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal (Risaralda), respectivamente, quienes son procesados por la muerte de los campesinos Juan Luis Leones Rodríguez y Álvaro Velásquez Macea.

Las víctimas habían sido reportadas como guerrilleros abatidos en combate por tropas del Ejército el 29 de julio de 2008 en el municipio de Segovia, Antioquia.

Por otra parte, fueron capturados en Medellín los ex soldados regulares de la Cuarta Brigada del Ejército, Nelson Augusto Osorio Sánchez e Iván Darío Restrepo Colorado.

Estos sujetos serán procesados por el asesinato a sangre fría del joven Franklin de Jesús Gómez Peña, perpetrado el 30 de noviembre de 2003, en el barrio El Pesebre de la capital antioqueña. La víctima había sido presentada como miliciano de las Farc.

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Por primera vez en la historia/
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere al Estado para que adopte medidas cautelares urgentes para salvar la vida de Amalia*
Por Brújula Comunicaciones

El pasado 18 de febrero un grupo de organizaciones nicaragüenses e internacionales, acompañadas por Women´s Link Worldwide, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh que requiriera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas-

cautelares urgentes para proteger la vida de Amalia, una mujer nicaragüense, de 27 años de edad, madre de una niña de 10 años, a quien el sistema de salud le negó el aborto terapéutico que necesita para recibir el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, vital para combatir el cáncer que padece.

Aún cuando Amalia ha expresado la voluntad de interrumpir el embarazo para dar inicio al tratamiento, se encuentra desde el 2 de febrero internada en el Hospital Estatal de León, su ciudad natal, sin que hasta el momento el sistema de salud decida qué tratamiento aplica.

El riesgo de muerte que ha tenido que soportar Amalia durante estos meses evidencia las consecuencias adversas que deben soportar las mujeres cuando se enfrentan a embarazos que ponen en riesgo su vida y su salud en contextos donde el aborto está completamente prohibido, como ocurre en Nicaragua.

El pasado viernes 26 de Febrero, la Cidh sentó un precedente histórico para la región y para el mundo, al solicitar al gobierno de Nicaragua:

Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la beneficiaria tenga acceso al tratamiento médico que necesita para tratar su cáncer metastásico.

Adoptar dichas medidas en concertación con la beneficiaria y sus representantes, y
Reservar la identidad de la beneficiaria y su familia, refiriéndose a ella simplemente como “Amalia”.

La Cidh, además, solicitó al gobierno de Nicaragua la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas en un plazo de cinco días y actualizar dicha información de forma periódica.

Sobre el impacto de las medidas cautelares

Las medidas cautelares otorgadas por la Comisión sientan un precedente histórico, ya que es el primer caso que evidencia la necesidad de que los estados reconozcan el derecho a acceder a un aborto en casos extremos.

La decisión llega en un momento en el que varios países del mundo discuten la penalización total y absoluta del aborto como República Dominicana y Kenya.

El 21 de septiembre de 2009 la Cidh otorgó medidas cautelares al caso X y XX en el que una mujer colombiana y su hija de 14 años, quien fue violada y estaba en embarazo, y le negaron su derecho a un aborto legal.

La Comisión solicitó que se le dieran todos los servicios de salud física y mental que requiriera la menor como consecuencia de ese embarazo forzado y peligroso.

Estos dos casos muestran claramente que la Comisión entiende y condena los efectos que la negación del aborto puede tener en los derechos a la vida, a la salud y a la integridad de las mujeres en la región.

Sobre el otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la abogada Mónica Roa, directora de programas de Women´s Link Worldwide, una de las organizaciones que solicitó las medidas cautelares ante la Cidh, afirmó:

“la medida otorgada por la Comisión tiene un significado muy importante para Amalia y su familia, para las mujeres de Nicaragua y para todas las mujeres de la región, ya que refuerza los argumentos de derechos humanos que reivindican la necesidad de reconocer el aborto como parte de los derechos humanos de las mujeres”.

El aborto en Nicaragua

Desde 1870, el aborto terapéutico era un derecho de las mujeres en Nicaragua cuando su vida o su salud corrían riesgo. La Asamblea Nacional determinó en octubre de 2006 penalizar la práctica del aborto terapéutico bajo cualquier circunstancia.

Women’s Link ofreció apoyo técnico a las organizaciones en Nicaragua para la elaboración de la demanda por inconstitucionalidad contra esta ley, que se presentó en Enero de 2007 a la Corte Suprema de Nicaragua.

Desde cuando se penalizó totalmente el aborto terapéutico en Nicaragua, la mortalidad de mujeres por practicarse abortos inseguros y por causas relacionadas con enfermedades previas al embarazo o agravadas por el mismo, se ha incrementado notoriamente.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la mujer.


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Campesinos del Catatumbo denuncian feroz persecución y estigmatización a sus dirigentes
La Asociación Campesina del Catatumbo se pronunció ante la Mesa de Garantías para Defensores de Derechos Humanos
Por Ascamcat


Durante la instalación de la Mesa de Garantías para Defensores de Derecho Humanos, llevada a cabo el jueves 25 de febrero, en el salón Argelino Duran Quintero de la Gobernación de Norte de Santander, la Asociacion Campesina del Catatumbo hizo-

entrega de un pronunciamiento en contra de la orden de captura emitida en contra de José del Carmen Abril, presidente de la asociación y Jonny Abril, coordinador del Refugio Humanitario.

A continuación el documento que fue leído y radicado ante la mesa de garantías:

La Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, organización campesina legalmente constituida y reconocida por el Estado Colombiano, denunciamos la fuerte persecución y estigmatización contra líderes campesinos en el Catatumbo,-

como Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, organización social reconocida por el Estado colombiano y constituida legalmente, cuya misión es la defensa de los derechos de campesinos y campesinas en la región del Catatumbo, miembros de la-

Coordinación Colombia Europa - Estados Unidos, denunciamos ante la Mesa Nacional de Garantías los siguientes hechos que nos preocupan en relación con la persecución y ataques por parte de autoridades del Estado a los lideres defensores de nuestra organización:

Teniendo en cuenta que el mismo gobierno nacional se ha comprometido públicamente ante instancias nacionales e internacionales, y en repetidas ocasiones a tener una determinación total para “mantener la plenitud de las garantías a los defensores de los derechos humanos y de seguir avanzando para que desarrollen sus tareas en un ambiente de seguridad y libres de amenazas”.

Así lo manifestó El Embajador de Colombia en Bélgica, Carlos Holmes Trujillo, en octubre de 2.009 ante varias organizaciones de derechos humanos. En 2004, la Sra. Hina Jilani dijo que la situación de los y las defensoras de derechos humanos se había agravado desde su primera visita en el año 2001.

Cinco años más tarde, la situación se ha deteriorado aún más y las y los defensores de derechos humanos en Colombia no gozan de las garantías necesarias para ejercer la defensa de los derechos humanos.

Causa gran preocupación frente a nuestra, pública, legítima y legal tarea en la defensa de los derechos humanos que por el desarrollo de esta labor seamos destinatarios de una mayor estigmatización por parte de funcionarios de alto gobierno así como de la represión por parte de los aparatos de seguridad estatales.

Desconociendo así las diferentes y reiteradas recomendaciones que organismos como Naciones Unidas a través de su Relatora Especial para el tema de los defensores de derechos humanos, ha realizado al gobierno colombiano para que se brinden verdaderas garantías para la realización de nuestra justa y democrática labor.

Como organización campesina desarrollamos gran parte de nuestro trabajo en la zona rural lo que ha permitido mayores ataques por parte de las autoridades militares sin la posibilidad de protección ni intervención oportuna de los organismos de control. Esto nos ha hecho más vulnerables a los ataques y persecuciones a las que nos vemos diariamente enfrentados.

Es por esto que denunciamos, entonces los siguientes hechos recientes de agresión para los cuales pedimos respuestas, acciones, claridades y sobretodo garantías por parte del Estado Colombiano para el ejercicio de nuestra legítima y necesaria labor como defensores de derechos humanos en el país.

En los últimos meses se han incrementado las violaciones de derechos humanos y las persecuciones contra líderes comunitarios por parte de funcionarios y agentes del Estado.

De manera sistemática desde junio de 2009 los líderes campesinos de la zona han sido víctimas de asesinatos, estigmatizaciones, detenciones arbitrarias y persecución. Igualmente, hace pocos días fue expedida una orden de captura contra el presidente y-

representante de la Asociación Campesina del Catatumbo José del Carmen Abril Abril y contra Jhonny Feldred Abril Salcedo, quien ha estado coordinando el Refugio Humanitario, quines son personas ampliamente reconocidas en la región por su labor a favor de la comunidad y el trabajo que desarrollan en Ascamcat.

Consideramos esto como un claro ataque a la organización en reacción por las denuncias, informes, la conformación del Refugio Humanitario y todas las exigencias que hemos realizado en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, donde-

participan autoridades e instituciones Nacionales, Regionales y Locales, y la oposición que realizamos frente a las Políticas del Estado que pretenden reducir los derechos de la población campesina del Catatumbo, soñando porque se mantenga y se realice el-

Estado Social de Derecho que este consignado en la Constitución Política y porque se respete las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos y del derecho Internacional Humanitario, para que no se afecte a nosotros la Población Civil.

Pero anterior a estos hechos ya se venia violando la libertad de otros humildes campesinos, como el caso de Santiago Poveda Riataga, presidente de la Junta de la Vereda de las Palmas, abiertamente conocido y reconocido como líder social y-

comunitario fue capturado el 19 de Septiembre de 2009 en el corregimiento de la Gabarra, por supuestos vínculos con la guerrilla y sólo hasta el 30 de Septiembre fue escuchado en Indagatoria, violando abiertamente su derecho al debido proceso.

Continuando con la persecución, el pasado 3 de noviembre de 2009 fueron capturadas 12 personas en la vereda el suspiro municipio de Teorama quienes fueron trasladados hacia la ciudad de Cúcuta. La mayoría de los detenidos fueron dejados en libertad una semana después.

En este mes de febrero de 2010 fueron detenidos arbitrariamente 18 campesinos representantes de juntas comunales y reconocidas por su comprometido trabajo comunitario, en l marco de una investigación por los supuestos delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir,-

siendo el hecho mas reciente conocido por la Asociación, la captura el 21 de febrero de 2010 fue capturado el Eneil Perez Calderón en el municipio de Teorama habitante de la vereda el Porvenir del municipio de Tarra.

En operativos realizados por miembros del Ejército Nacional, en compañía de varias reinsertados de la guerrilla , el CTI y la Sijin en los corregimientos de San Juancito, San Pablo y Aserrío del municipio de Teorama y corregimiento de la trinidad del municipio de Convención el pasado 6 de febrero, fueron capturados 12 campesinos reconocidos en la región del Catatumbo.

El 20 de Enero de 2.010 fue capturado en la vereda la Cecilia el tesorero de la junta de acción comunal de la vereda la Cecilia el señor Diocemel Galvis Vergel, también fueron detenidos los campesino Saúl Carrascal y Neider Carrascal de la vereda Piedras de moler del corregimiento de San Pablo municipio de Teorama.

Una semana después, fueron capturados el campesino Félix Antonio Lobo Quintero del municipio de Convención y Jeovany Galván Quintero en la vereda Pate gallina del corregimiento de Campo Tres, Municipio de Tibú.

Durante los últimos meses hemos registrado múltiples ataques a la vida y la integridad de los campesinos y campesinas en la región:

Luz Marina Rodríguez Casadiego, de 46 años de edad, fue asesinada el 14 de junio de 2009, a 20 minutos del corregimiento de la Cooperativa, del municipio de Convención en Norte de Santander.

Ella era la promotora de Salud de la Vereda Caño escondido. “ese día salieron tres hombres vestido de ropa oscura, ella iba en la mula, el esposo ya había pasado y ella iba con un niño que iba caminando, le salió uno, le pregunto que si ella era la esposa de Elias Remolina, ella dijo que si le dispararon dos veces en la cabeza y luego salieron a correr”, denunciaron los habitantes de la vereda.

El 7 de agosto de 2009 la comunidad de la vereda el Suspiró encontró al vicepresidente de su Junta de Acción Comunal, Raúl Navarro, asesinado y con severos signos de tortura.

El cuerpo de Navarro fue hallado amarrado, con un disparo en la cabeza y heridas de arma blanca en el estómago y en la pierna derecha. En esta zona hacía presencia el Ejercito Nacional, Batallón Contraguerrilla Héroes de Saraguro No. 46. “Como presuntos responsables denunciamos al Ejército ya que ellos se encontraban en la zona en el momento de los hechos”, señala la comunidad.

Peor suerte corrió Freddy González García, de 33 años, fiscal de la Asociación de Juntas de cuatro veredas, quien desapareció el 17 de septiembre y tres días después comunidad lo encontró torturado y asesinado en la vereda Puerto Barranca.

También registramos hechos de hostigamiento, persecución e intimidación dirigidos a la población campesina y particularmente a los líderes de Ascamcat:

El día 5 de octubre de 2009 dos personas desconocidas presuntamente pertenecientes a grupos al margen de la ley que operan en la región irrumpieron la paz en el Corregimiento de San Pablo, Municipio de Teorama y comenzaron a disparar.

En el tiroteo murieron los jóvenes Leider Antonio Hernández Velásquez y Anderson Camargo Ramírez.

El domingo 27 de septiembre, al mando del teniente Torres y los cabos Granados y Gómez, entraron al Campamento Refugio Humanitario unos 50 militares del Batallón de Infantería No. 13 "General Custodio García Rovira", perteneciente a la 30a. Brigada del Ejército Nacional.

Al igual que el 18 de julio, cuando tropas militares ingresaron al Campamento Refugio Humanitario, algunos uniformados se cubrieron el rostro ante los campesinos, y se negaron a identificar a su mando.

Finalmente, el teniente Torres se presentó, asumió su responsabilidad, y señaló que hacía presencia allí porque con la visita del gobernador el 29 de agosto "se había dado permiso de pasar por ahí", lo cual no es cierto.

El teniente Torres alegó también que se había metido por "la maraña" (selva) y no por los caminos donde está bien señalizada la prohibición del tránsito de personal armado por el campamento humanitario. Del suceso hay registro audiovisual en poder de la comunidad, que de igual manera fue filmada por los soldados.

Igualmente, Ascamcat denunció que el 16 de noviembre ingresaron arbitrariamente al refugio Humanitario tropas de la Brigada Móvil No. 5 y Batallón No 45, los militares no quisieron identificarse ante los voluntarios acompañantes del Observatorio-

Internacional de Paz – IPO y los líderes campesinos, quienes reclamaban la identificación de los mandos a cargo de los militares, la respuesta fueron insultos hacia la comunidad.

Posteriormente, el 17 de diciembre los líderes de Ascamcat que se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta fueron abordados por parte de miembros de la Policía Nacional y fueron retenidos por espacio de una hora.

En hechos más recientes, el 19 de enero de este año, durante el desarrollo de la mesa de interlocución y acuerdo realizada en el corregimiento de la Gabarra municipio de Tibú, ingresaron 2 miembros de la Policía Nacional haciéndose pasar por periodistas independientes.

Estas dos personas fueron identificadas por la comunidad, quienes hablaron con ellos y aceptaron que hacían parte a este organismo, los policías se identificaron como:

Anderson Anteliz y John Alexander Freddy Padilla. Ante esta irregular situación la Ascamcat solicito a
la Policía Nacional los nombres verdaderos de estos dos agentes.

Más preocupante aun que funcionarios del Alto gobierno de forma incoherente estigmatizan y deslegitiman nuestra labor y al contrario de ofrecer respaldo y garantías nos dirigen acusaciones que ponen en mayor riesgo.

Es así como denunciamos que en el marco de la reunión del comité técnico de la Mesa Departamental de Derechos Humanos celebrada el pasado 11 de febrero de 2010 el delegado del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la-

República, Fernando Ibarra estigmatizó severamente a la organización al afirmar que “Ascamcat hace apología a la guerrilla en las audiencias populares e incentivaba a la comunidad a sembrar coca”, situaciones que son mentirosas y apartadas de toda-

realidad, como ha quedado registrado en las actas firmadas con el gobierno, en las grabaciones de voz y de video que se tienen de las Audiencias, donde es nuestro interés promover un desarrollo integral para el Catatumbo, que apoyo la producción-

agropecuaria de los campesinos y retomar la vocación campesina, donde nos oponemos a la agresión de todos los actores armados legales e ilegales que ponen en peligro e irrespetan a la población civil, y donde se ha presentado alternativas y-

programas pilotos para el desmonte de los cultivos de uso ilícito, y donde con el ejemplo le demostramos a los campesinos, los directivos de la Asociación que no se debe sembrar las matas de coca, y donde también hemos mostrado nuestro interés por la defensa de la Madre Tierra, de los recursos naturales, de la biodiversidad, de las fuentes de agua y de vida que tiene el Catatumbo.

Realizamos estas denuncias con el ánimo que sean atendidas en este espacio y que recibamos una respuesta clara por parte del gobierno nacional acerca de estos hechos, exigimos que se insista al reconocimiento de nuestra labor como organización defensora de los derechos de los campesinos.

Pedimos que se aclaren las investigaciones que se adelantan contra los campesinos y campesinas de la región, que se investiguen los hechos de muertes, torturas que han venido sufriendo y que cese la persecución política y judicial contra los inocentes-

campesinos del Catatumbo, que sean puestos en libertad, que se levante la orden de captura contra los directivos de la Asociación Campesina del Catatumbo, que se respete y dignifique el legitimo y legal trabajo de la Asociación Campesina del Catatumbo, solicitamos se promueva una reunión de alto nivel con el Fiscal General de la Nación y el Director de la Unidad contra el terrorismo, que se promueva una nueva-

reunión de la Mesa de garantías para conocer las respuesta a todas nuestras inquietudes y con la presencia de organizaciones y organismos internacionales y nacionales que promueven por el respeto al trabajo de los defensores de derechos humanos.

Por ultimo manifestarles que no hacemos presencia física en este espacio, ya que algunos líderes nos encontramos en el desarrollo de la Audiencia Publica en la vereda Santa Inés del Municipio del Carmen.

Norte de Santander, a realizarse desde el 25 al 27 de febrero de 2010 como fue el acuerdo dentro de la Mesa de Interlocución y Acuerdo con las autoridades Nacionales, Regionales y Locales, la cual sigue siendo apoyado por muchas de ellas y contando con su participación, y otros nos encontramos defendiendo nuestro derecho fundamental a la libertad, ante la injusta persecución política y judicial de la que somos victimas. Fotos Camilo Raigozo.

Atentamente,
Junta Directiva
Ascamcat
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