sábado, julio 20, 2013


Terrorismo de Estado/
Agentes del Esmad agredieron a  misión médica que transportaba heridos desde Marmato hacia Manizales
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 18 de julio en horas de la tarde, miembros del Esmad agredieron brutalmente al personal médico que transportaba a los mineros Rubén Darío Acevedo y  Luis Antonio Bueno, quienes resultaron heridos de gravedad por las acciones terrorista de los agentes represores del Estado en la cabecera municipal, denunció la oficina de prensa del representante indígena Hernando Hernández.

El médico y la enfermera que  iban en la ambulancia fueron obligados a bajar del vehículo y sometidos a agresiones físicas y verbales por los policías, quienes además dispararon contra la ambulancia tratando de impedir que los heridos pudieran ser atendidos a tiempo para salvarles la vida.

Por su parte el Representante a la Cámara Hernando Hernández Tapasco, solicitó al general Palomino, director de la Policía Nacional, que se respetara la vida  y los derechos de los manifestantes,  cesaran los hostigamientos y agresiones de la fuerza pública contra los manifestantes que protestaban en diferentes puntos.

A esa misma hora se conocía un reporte de 13 heridos en Marmato,  6 en Supía y 2 en Manizales. También hubo denuncias de que el Ejercito hizo presencia en la zona y rodeó alos manifestantes y los amenazó con dispararles y detenerlos sin orden judicial.

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Terrorismo de Estado/
Denuncian falsos positivos jurídicos del Ejército y la Fiscalía en Huila
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Comisión de DDHH de la Asociación de Trabajadores de Campesinos del Huila, denunció la capturada masiva en los municipios de Baraya, Neiva y Palermo, Huila, de afiliados a esta organización campesina por parte del Ejército y la Fiscalía.

Las nuevas víctimas de las acciones terroristas del régimen de este este 19 de julio son:

Freddy Guzmán González, de 27 años de edad, habitante de la vereda La Pradera, corregimiento Aipecito, zona rural de Neiva, quien es el secretario de conciliación de la junta de acción comunal de ésta vereda.

Diego Fernando Lozada, de 24 Años de edad, habitante del corregimiento Aipecito, zona rural de Neiva.

Juan Manuel Martínez, presidente de la JAC de la vereda Junatas, Inspección de El Carmen, municipio de Palermo.

Willinton Cleves Cutiva, habitante de la vereda Río Blanco, municipio de Baraya.

Según la denuncia las víctimas están afiliadas a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, Atch, filial a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro y son acusados de rebelión.

En la captura de Willinton Cleves Cutiva, a las 4 de la mañana en su vivienda, donde lo acompañaban 5 adultos y un menor de edad, el Ejército y la Policía, dispararon poniendo en riesgo la vida de las víctimas del atropello.

Las nuevas víctimas de los montajes del régimen fueron conducidos a la ciudad de Neiva para ser puestos a disposición de la Fiscalía.


viernes, julio 19, 2013

Terrorismo de Estado/
ONG de derechos humanos denuncia abusos de la Fuerza Pública contra protesta de mineros
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La ONG de derechos humanos Aheramigua informó que este 18 julio, un equipo técnico de derechos humanos de 12 miembros se encuentran caminando por la vía que de Taraza conduce a Caucasia, luego de que el pasado 17 de julio, policías de tránsito y encapuchados no permitieran la movilización de un grupo de defensores de derechos humanos a la altura del municipio de Valdivia.

La ONG denuncia que la represión del régimen contra los mineros que se concentran en Caucasia ha dejado 10 heridos, entre ellos 3 de miembros de Aheramigua.

Igualmente reporta que miembros de la Sijin, se encuentran en las afueras del hospital Cesar Piedrahita Uribe esperando a que los heridos a manos de la Fuerza Pública salgan del centro hospitalario para empadronarlos bajo amenazas de judicialización.

Así mismo miembros del Esmad lanzaron gases, bombas de aturdimiento y artefactos que contenían bolas de cristal y tachuelas, de manera indiscriminada a los manifestantes y a la población en general, resultando afectados varios menores de edad residentes en el lugar.

Miembros de la ONG constataron que en el sito llamado Bélgica, en  Cáceres, Antioquia, este 19 de julio, uniformados de la policía estaban haciendo disparos de fusil al aire para amedrentar los manifestantes.

“Pedimos a las autoridades militares el respeto a la integridad de la población civil entre ellos a nuestro Equipo Técnico de Derechos Humanos, quien pasa la noche en ese lugar para continuar a pie el camino hacia Caucasia este 20 de julio”, advierte la denuncia.


Diálogos de paz 
Cauca marchó por la paz con justicia social
Por Agencia de Comunicaciones Sur

Por la salida política al conflicto social, político y armado, la realización de constituyentes por la paz con justicia social y en apoyo a los diálogos de la Habana, alrededor de 8000 campesinos, afrodescendientes, indígenas, estudiantes, jóvenes trabajadores, viviendistas,-

usuarios de servicios públicos, grupos juveniles, defensores de Derechos Humanos, pertenecientes al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y organizaciones políticas y sociales del Departamento del Cauca, se movilizaron hoy, 19 de julio, por las principales calles de la ciudad de Popayán.

La defensora de Derechos  Humanos y vocera de la Junta Patriótica Nacional, Piedad Córdoba, asistió al lugar de concentración Plaza Bicentenario “Carlos Albán”.

Allí expresó su solidaridad y respaldo con las comunidades movilizadas en el Catatumbo, el Chocó, Buenaventura y en Antioquia, resaltando la importancia de las Zonas de Reserva Campesinas, como zonas de paz y espacios para la defensa de la vida y el territorio.

De otro lado, habló sobre la necesidad de un cese bilateral al fuego, teniendo en cuenta las constantes y graves violaciones a los Derechos Humanos en las comunidades en nuestro Departamento.

Después de tres horas de recorrido, la marcha terminó con un acto político- cultural, que da el inicio a una jornada de discusiones y deliberaciones internas sobre las Constituyentes por la paz con justicia social, la coyuntura político electoral y la organización interna de nuestro Movimiento.



Terrorismo de Estado/
Funcionarias del Inpec decomizan cuadro del Ché aprisionera políca en cárcel de Cúcuta
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 9 de julio la teniente del Inpec, María Aragones y la guardiana Luby Curreo, ingresaron a la celda de la prisionera Luz Dely Hincapié Gaviria y le decomisaron un cuadro del Che Guevara, que ella misma había pintado en tela.

Hincapié Gaviria manifestó que se le estaba vulnerando el derecho de expresión consagrado en el Artículo 20 de la Constitución Nacional, según denuncia la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza.

Cabe recordar que la Corte Constitucional ha dicho al respecto en la Sentencia T-324 de julio 1994, que los prisioneros tienen derecho a la asociación, a la libre expresión, a la libertad de reunión y educación.

Las funcionarias del Inpec regresaron para que la víctima les firmara un documento donde ella aceptaba que le estaban quitando el cuadro del Che Guevara de manera legal,  situación que rechazó tajantemente negándose a firmar.

Las autoridades del Inpec le informaron a la prisionera que iban a tomar represalias. Según la denuncia, Hincapié fue trasladada de manera arbitraria de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la de Cúcuta como castigo.

“La Brigada Jurídica hace un llamado al director del Iinpec, general Gustavo Ricaurte, para que investigue  estos hechos arbitrarios y violatorios de los derechos humanos de la prisionera y se le retorne a la Cárcel de El Buen Pastor de Bogotá y desde luego se le entregue su obra de arte del Ché Guevara”, dice el documento.


Paro minero
La senadora Gloria Inés Ramírez respalda a los mineros en su lucha y rechaza la brutal represión contra ellos
Por Camilo Raigozo

La senadora de la República Gloria Inés Ramírez  ratificó en un comunicado su respaldo a la lucha que vienen sosteniendo los pequeños mineros y el paro que realizan reclamando sus derechos.

Igualmente criticó con dureza al gobierno de Santos por su intransigencia, indolencia y agresividad frente a las justas luchas, de los mineros, campesinos y otros sectores de la población afectados por las políticas neoliberales, discriminatorias, elitistas y entreguistas a las multinacionales.

“La causa principal de la protesta es la feroz persecución desatada contra los pequeños mineros, utilizando para ello un decreto que faculta al gobierno para destruir la maquinaria y demás implementos utilizados en la minería, con el pretexto de proteger el medio ambiente e impedir la presencia de grupos al margen de la ley en la actividad minera”, explicó la legisladora de izquierda.

Así mismo repudió que, como ocurre con todas las protestas sociales, la respuesta del gobierno sea amenazar, descalificar, señalar falsamente que dichas manifestaciones de protesta están impulsadas por la insurgencia reprimiéndolas brutalmente hasta el punto de asesinar manifestantes.

“Mientras la ‘locomotora minera’, que les rinde caudalosas ganancias a las compañías transnacionales a cambio de escasas regalías y de unos pocos puestos de trabajo, deteriora el medio ambiente, sobre explota a los trabajadores y les deja una secuela de pobreza y enfermedades a muchos colombianos, la pequeña minería es estigmatizada y perseguida con los peores métodos”, dijo Ramírez Ríos.

Así mismo afirmó que el tratamiento que el gobierno les viene dando a las protestas sociales demuestra un endurecimiento del régimen, lo cual es diametralmente opuesto a los propósitos de paz que se vienen adelantando en La Habana y pueden afectar negativamente los diálogos.

“Manifestamos nuestro más firme respaldo a la lucha que adelantan los pequeños mineros, condenamos el tratamiento brutal que están recibiendo de la Fuerza Pública, demandamos del gobierno abrir inmediatamente el diálogo para encontrar soluciones a los problemas”, dice entre otras cosas la senadora.



Genocidio de la Unión Patriótica
“Nos congratulamos por el triunfo jurídico obtenido por la U.P.”: Senadora Gloria Inés Ramírez
Por Camilo Raigozo

La senadora de la República Gloria Inés Ramírez, afirmó mediante un comunicado que la restauración de la personería jurídica de la Unión Patriótica por parte del Consejo de Estado es motivo de congratulación.

La senadora recordó el nacimiento de la UP en 1984 como resultado de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la insurgencia de las FARC EP.

Igualmente evocó que en su primera participación electoral la UP  sacó en 1986, 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 19 diputados, 7 consejeros intendenciales, 8 consejeros comisariales, 351 concejales y el nombramiento de 25 alcaldes por haber obtenido la votación mayoritaria.

Un éxito del pueblo que le preocupó a la oligarquía, porque vio un peligro para sus ambiciones, su poder y su voracidad, de tal forma que combinó todas las formas de crimen para exterminarlo.

“El éxito electoral de la Unión Patriótica, que la proyectaba como una alternativa real de poder para el pueblo, desató una campaña criminal contra sus militantes por parte de la ultraderecha y el militarismo que entre 1984 y 1997 les costó la vida a dos candidatos presidentes,-

“8 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 145 concejales, en tanto que en el transcurso de la guerra sucia, fueron asesinados unos 5 mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como un genocidio político cuya responsabilidad corresponde al Estado colombiano”, expresó Ramírez Ríos.

La legisladora explicó que para justificar el genocidio, la derecha impuso la tesis de que este fue causado por la “combinación de todas las formas de lucha” de la UP. Sin embargo –dice ella- nunca ha presentado “una sola prueba concreta que sustente semejante afirmación, de manera que al crimen le ha agregado la calumnia contra las víctimas”.



Paro minero
Los mineros reportan 3 asesinatos, cientos de heridos y decenas de detenidos en la brutal represión del régimen
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Confederación Nacional de Mineros de Colombia por intermedio de un comunicado enviado a la redacción de Notimundo afirma que los mineros mantendrán el paro hasta que el Gobierno los escuche.

Igualmente expresan que nunca se han negado a dialogar con el Gobierno y siempre le han hecho saber las razones del paro y agregan que los disturbios han sido provocados por la Fuerza Pública.

Un comunicado difundido ayer por el Comité Nacional del Paro Minero, en el corregimiento de Irra, Risaralda, murieron asfixiados por los gases lacrimógenos de la Policía Bertha Pardo, de 70 años de edad, y Arnovis, de 56 años.

En Jardín, Antioquia murió en la misma forma una niña, completando así tres asesinatos del régimen en el primer día de protestas.

“Es preciso aclarar que el Gobierno ha incumplido sistemáticamente los dos acuerdos nacionales de diciembre de 2011 y julio de 2012, suscritos para evitar la realización de paros convocados para esas fechas; tampoco ha cumplido varios acuerdos regionales suscritos con organizaciones mineras”, expresan en el documento.

Apartes del documento:

El Comité Nacional del Paro Minero se permite expresar a la opinión pública lo siguiente:

1.       Que desde el 5 de mayo de 2013 convocamos a los mineros nacionales artesanales, pequeños y medianos a un Paro Nacional Minero y una Jornada Nacional en Defensa de nuestra actividad, para el 17 de julio, de manera pacífica y dentro de los principios del derecho a la protesta en Colombia.

2.       Que nunca nos hemos negado a celebrar reuniones con el Gobierno Nacional y en estas reuniones expresamos de manera clara los propósitos del paro. Frente a nuestras propuestas el Gobierno Nacional no ha hecho aún ninguna contrapropuesta que permita conjurar el paro.

Es preciso aclarar que el Gobierno ha incumplido sistemáticamente los dos acuerdos nacionales de diciembre de 2011 y julio de 2012, suscritos para evitar la realización de paros convocados para esas fechas; tampoco ha cumplido varios acuerdos regionales suscritos con organizaciones mineras.

3.       Como consecuencia, el Comité Nacional no tuvo otra alternativa que mantener el llamado  al Paro Nacional que inició el 17 de julio a las cero horas.

4.       Que la fuerza pública, por orden del Presidente de la República, impidió la libre movilidad de los mineros que intentaban llegar a los sitios de concentración, en Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y otras zonas, en una clara actitud de hostigamiento y desconocimiento del derecho a la protesta.

5.       Que, ante el avance de las movilizaciones pacíficas en varias partes del país, la Fuerza Pública, por orden del Presidente de la República, respondió con una violencia desmedida contra los manifestantes concentrados, dejando un saldo de cientos de heridos y decenas de capturados.

6.       En este sentido, queremos manifestar tajantemente que los disturbios que se han presentado en algunos sitios de concentración del paro, fueron provocados por la fuerza pública, a lo cual la gente ha respondido en actitud de defensa.

7.       Por lo demás, rechazamos de manera contundente cualquier acto violento realizado por personas ajenas al Paro Minero. Los mineros nacionales artesanales, pequeños y medianos no somos criminales.

Somos trabajadores honestos, y sería una torpeza nuestra darles razones a los colombianos para que le den crédito a las falacias difundidas por el Gobierno Nacional que nos coloca en el lado de la criminalidad.

8.       Finalmente, manifestamos que seguimos en el Paro Nacional, dispuestos –como siempre lo hemos estado- a iniciar diálogos con el Gobierno Nacional, diálogos y negociaciones que no deben tener únicamente el propósito de que se levante la protesta, sino que deben apuntar a una solución a los males que nos aquejan y que originaron nuestra protesta.

Queremos formalizarnos, hacer parte de la institucionalidad y trabajar sin que el Estado nos esté persiguiendo.

Atentamente,
Confederación Nacional de Mineros de Colombia.
Comité Nacional del Paro Minero
Medellín, 18 de julio de 2013


jueves, julio 18, 2013

Catatumbo, Norte de Santander
Tres campesinos fueron asesinados con tiros de fusil y el cuarto se está investigando
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Los resultados de las investigaciones hechas por la Fiscalía les da la razón a los campesinos y a Naciones Unidas quienes desde el principio consideraron que las fuerzas represivas del régimen están haciendo uso de fuerza excesiva.

Los cuatro labriegos fueron asesinados por la Fuerza Pública en el marco de las protestas campesinas en el municipio de Ocaña el pasado 22 y 25 de junio.

Según información de la agencia Efe, "se determinó que tres de los cuatro homicidios fueron causados con proyectiles de armas de fuego de alta velocidad, lo que resulta consistente con el uso de armas automáticas o semiautomáticas tipo fusil".

En el caso de la cuarta víctima mortal fue necesario realizar la exhumación, con el fin de despejar "los vacíos de la necropsia realizada por el médico rural".

La ONU consideró al inicio de los ataques contra el campesinado del Catatumbo que en las acciones de la Fuerza Pública se presentó un uso excesivo de la fuerza.

Sin embargo a la organización internacional le cayeron rayos y centellas de parte del presidente Santos, su ministro de Defensa, Juan Calos Pinzón y el general Roberto León Riaño, director de la Policía, entre otros. Dijeron que eran declaraciones “irresponsables” de la ONU.

Sin embargo los resultados de las investigaciones de la Fiscalía confirman que la ONU, los labriegos y los medios alternativos que divulgaron los crímenes tenían la razón.

Las víctimas fueron identificadas como Yonel Jácome Ortiz, Édinson Franco Jaime, Hermides Jaime Téllez y Diomar Alfonso Quintero.

El régimen que preside Santos en vez de dialogar seriamente con los labriegos y solucionar las necesidades de las comunidades de la zona, ha preferido calumniar y estigmatizar a los campesinos acusándolos de manera temeraria que sus líderes y las protestas están infiltrados por la guerrilla.

Los rurales reclaman la creación de una zona de reserva campesina en el Catatumbo, la erradicación concertada de cultivos ilícitos a cambio de proyectos productivos con ayuda estatal y un subsidio para las familias que quedaron en la miseria por la erradicación forzada de matas de coca.

Olga Quintero en diálogo con Notimundo, opinó que la oposición del gobierno a la creación de una zona de reserva campesina en el Catatumbo se debe entre otras cosas a que las transnacionales mineras y los agroproyectos a gran escala tienen los ojos puestos en la región.


Según ella el gobierno ha otorgado 35 títulos mineros. “Entonces lo que necesitan es sacarnos a nosotros los campesinos de la región porque les estamos estorbando”, dijo. 

En presencia de Petro, Sindicato de ETB y administración firman acta de acuerdo convencional
Por Oficina de prensa Sintratelefonos

El Sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Sintrateléfonos y la administración de la empresa, en presencia del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro,-

suscribieron el acta de acuerdo convencional con vigencia del primero de enero de 2013 al 30 de junio de 2016; finalizando con éxito un importante y arduo proceso de negociación colectiva en defensa de los ciudadanos, de los trabajadores y de ETB como empresa de los bogotanos.

El acuerdo convencional logrado por Sintrateléfonos establece que en la política sobre tercerización y mejora de la productividad en ETB se garantiza que el personal que actualmente trabaja la red de cobre de la Empresa, pasará a trabajar la red de fibra óptica, de forma gradual, progresiva y planificada en la medida del avance e implementación del proyecto FTTH (Fiber To The Home).

Además se crea una mesa estratégica  con el fin de estructurar una política sobre tercerización, productividad, empleo digno y decente, que contribuya a la eficiencia y eficacia de la prestación del servicio de las TIC.

Las partes acordaron que ETB continuará realizando todas las acciones necesarias para tener acceso como oferente de servicios de cualquier tecnología que se encuentre a la vanguardia en el sector de las TIC, partiendo de los análisis de viabilidad técnica, jurídica, económica, estratégica y de conveniencia que se requieran, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

De igual manera, se convino que ETB continuará prestando los servicios de comunicaciones a las entidades centralizadas y descentralizadas del Distrito y, en un término no superior a 6 meses, ETB se compromete a seguir gestionando,-

dentro de su estrategia comercial la vinculación como clientes de la Empresa a aquellas que aún no lo sean, con la promoción de los productos y servicios de su portafolio, dentro del marco de la competencia y la regulación aplicable.

Sintrateléfonos agradece a los medios de comunicación, a la ciudadanía, al movimiento sindical colombiano e internacional su constante participación y apoyo en el proceso de negociación que culmina, pero especialmente a las bases trabajadoras, pues sin el aliento constante de respaldo no se habría podido lograr tan importante objetivo.

Genocidio de la Unión Patriótica
No hay garantías para ejercer la personería jurídica de la UP
Por Camilo Raigozo. Notimundo

En rueda de prensa ofrecida ayer por el presidente de la Unión Patriótica, Olmer Calderón, Jahel Quiroga de Reiniciar, Jaime Caicedo del Partido Comunista y Felipe Santos, coincidieron en que además de devolverle la personería jurídica, es necesario dotarla de garantías porque en la actualidad no las hay.

“En esas circunstancias no podemos exponer a nuestros representantes a que sean asesinados como lo hicieron con más de seis mil miembros de la Unión Patriótica que tenemos documentados”, dijo Jahel Quiroga.

“Aunque valoramos esta sentencia del Consejo de Estado porque reitera que sí hubo genocidio por razones políticas, instamos al gobierno y al Estado a que reconozca este genocidio.

“Reclamamos que haya verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, tanto para las víctimas y sus familiares, como para el colectivo Unión Patriótica en su conjunto” expreso Omer Calder´n presidente de la UP.

Los dirigentes del exterminado partido político consideraron que el gobierno ha sido totalmente dilatorio y negacionista frente al holocausto que produjeron las armas contra un partido político legalmente constituido.

Igualmente observaron que junto a la personería, a la UP se le deben restituir las curules que les fueron arrebatadas a sangre y fuego a concejales, alcaldes, diputados, representantes a la Cámara y senadores.

Frente a la coyuntura electoral que vive el país los dirigentes hicieron una invitación a todo el conjunto de fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias, para construir entre todos una causa común que de solidez, cimiento y base al desarrollo de un tratado de paz duradero.

Jaime Caicedo dijo por su parte dijo que “Es necesario reagrupar las fuerzas de la izquierda desde el punto de vista de su posibilidad programática específica en función de la coordinación de los tres ejes actuales: Movilización social; Lucha por la paz con justicia social y El de la respuesta electoral desde la Izquierda a las políticas oficiales, neoliberales, así como el acercamiento con América Latina”.

A renglón seguido anotó que es importante hacer una coalición alrededor de dos elementos fundamentales:

por un lado la posibilidad de una gran convergencia para escoger candidatura única alternativa a la Presidencia de la República, donde quepan la Unión Patriótica, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Polo Democrático y todos los movimientos sociales y políticos que deseen converger.

Y por otro lado la posibilidad de constituir en esa convergencia una lista única al Senado, incluso sobre la posibilidad de recolectar firmas, en  el conjunto de fuerzas que están convergiendo en este momento, sin que se excluya a ningún sector o partido político que se identifique en lo programático.

El presidente del Consejo de Estado envió copia de la sentencia a la Comisión de IDH y a la Corte IDH para que tengan en cuenta el caso de las víctimas.

“Aquí tenemos documentadas más de 6 mil víctimas de la UP con una coordinación nacional de víctimas y familiares que agrupa a más de 3 mil familiares, que están esperando una reparación integral y una reparación política del grupo como tal, porque no es cierto que se esté reparando a las víctimas”, agregó Jahel Quiroga.

Quiroga anexó que el Estado es el responsable por acción o por omisión del exterminio de la UP y que la  Fiscalía no ha esclarecido los casos, razón por la cual tocó acudir al sistema interamericano de DH. “Aquí no hubo justicia y tuvimos que acudir a esas instancias internacionales”, explicó.

Porqué se perdió la personería jurídica de la UP

Jahel Quiroga explicó que para las elecciones del 2002 ya prácticamente la UP estaba exterminada y sólo participaba electoralmente en Medellín y Antioquia. Sin embargo al candidato a la Asamblea de ese departamento lo asesinaron.

Ante esa herida mortal quienes todavía estaban vivos de la dirigencia de la UP le solicitaron al Consejo Nacional Electoral que sacara al partido del tarjetón electoral pues ante el exterminio y la ausencia de garantías la UP no podía participar en la contienda.

El CNE le negó a la UP el retiro de las elecciones condenándola a que se le quitara de manera injusta e ilegal la personería jurídica, que fue lo que revisó actualmente el Consejo de Estado dando nulidad a todo lo actuado devolviéndole así la Personería jurídica a quien se la quitó: a la junta directiva encabezada por Omer Calderón.

Demandan penalmente a Francisco Santos por instigación al genocidio

Hay temor en la UP y en los sectores de izquierda de que el genocidio continúe por actuaciones temibles por parte de diversos personajes del establecimiento, como el exvicepresidente Francisco Santos.

Santos ha aseverado entre otras cosas que “La UP es parte de una manera de hacer política de las FARC, por un lado tienen los fusiles y en el otro la política. Contarán algunos cuadros de la UP en Urabá su participación en la masacre de La Chinita? y en la masacre de más de 800 esperanzados?”.

Jahel Quiroga advirtió que ayer en la tarde radicaría una denuncia penal contra Francisco Santos por injuria y calumnia y por el delito de instigación al genocidio.

“Anda diciendo (Francisco Santos) que la gente de la UP es la que se ha prestado para asesinar a otros como en el Urabá. Vamos a ver si el señor Santos ante los estrados judiciales puede probar eso o si no  entonces es una instigación al genocidio”, dijo la defensora de los derechos humanos.

Al respecto Calderón anotó que este fue el caso por el cual estuvo preso injustamente el alcalde de Apartadó, Nelson Campos quien fue exonerado de toda responsabilidad por la Corte Suprema de Justicia.

Lo que sí se demostró fue que como en el caso de Campos y otros miembros de la UP en Urabá, se configuró todo un montaje para acusar y desarrollar la estrategia de judicialización contra miembros de ese partido.

Refiriéndose a Francisco Santos, Calderón dijo que “Este señor nos hace acusaciones temerarias que en los marcos legales actuales no son otra cosa que una hostigación a que se nos considere blancos legítimos, como lo establece la reciente aprobación de la ampliación del fuero penal militar”.

El aparato militar y el exterminio de la UP

“Lo novedoso de la condena a Cesar Pérez García es que por primera vez se sanciona a un autor intelectual del genocidio. Porque aquí han cogido a los sicarios, autores materiales del genocidio, pero no los intelectuales”, aseveró Quiroga a Notimundo.

Igualmente dijo la defensora que con los militares hay algo gravísimo, porque como el genocidio de la UP está en la impunidad, todavía están en esa institución del Estado quienes planearon, idearon y que quisieron, el genocidio.

“Incluso los manuales de la Fuerza Pública para adiestrar a los soldados y al Ejército están vigentes. El manual de la Escuela José María Córdoba, que obra en el expediente contra el Estado en la Comisión IDH, establece que la UP era parte del enemigo interno.

“Esos manuales están vigentes. Estamos en peligro. Mientras no haya esclarecimiento, mientras no haya verdad individual y colectiva para que la sociedad conozca, aquí siempre vamos a estar en peligro”, afirmo Quiroga a este medio.

miércoles, julio 17, 2013

Terrorismo de Estado/
“Hoy es con uno, pero a cualquiera le puede tocar”: Víctima de falso positivo judicial
Por: José Antonio Gutiérrez

El lunes 15 de Julio, a las 19:00 fue liberado Armando Montilla Rey, uno de los dos procesados en el montaje judicial del corregimiento La Marina, municipio de Chaparral, Tolima, que aún quedaba tras las rejas [1]. 

Él procedió a reunirse con miembros de su familia y recién hoy hemos tenido noticia de su liberación. Oriundo de Ríoblanco, fue vinculado al proceso de los presos de La Marina, en el municipio de Chaparral, por su labor en la Junta de Acción Comunal de ese departamento.

Este es un claro caso de persecución contra las organizaciones agrarias en medio de los abusos exacerbados por la consolidación militar en el sur de Tolima, para lo cual se juega con las necesidades de cierta gente a través de la red de informantes para que denuncie a diestra y siniestra a cambio de beneficios económicos.

Él es un campesino que ha tenido una inclinación por lo social desde siempre y habla enérgicamente de los problemas de su comunidad, y con esa misma fuerza agradece todo el respaldo que han recibido en este caso.

Hemos sostenido una breve conversación con él, para celebrar su liberación, en la que hemos tocado no sólo por lo que recién han pasado y el grave e ignorado problema de la prisión política en Colombia, sino también lo mucho que queda por hacer para acabar con tanta injusticia y abusos en su región.

Solamente esperamos que el montaje termine de caer y salga pronto libre José Norbey Lugo Caballero, el último de los procesados que está todavía en la cárcel.

¿Cómo es disfrutar nuevamente de la libertad?

Maravilloso, estar nuevamente con mi mujer, con mis hijas, aunque le reconozco que estoy preocupado, porque tengo deudas con la entidad bancaria, con el Banco Agrario, la antigua Caja Agraria y con el comité de cafeteros.

Vea que tengo cincuenta años viviendo en la zona y trabajando con ellos y ahora de viejo me acusan de cosas que no he hecho, y pues le complican a uno la vida de esta manera.

¿Usted sufrió antes de este caso de persecución política?

La persecución política es un proceso que viene del ’92, ha sido muy tenaz… en una ocasión me tocó desplazarme con la familia de la finca, somos una familia de 13 personas más papá y mi mamá que estaban con nosotros, es decir, 15 personas en total.

Todos hemos sido perseguidos, todos hemos sufrido desplazamiento porque a la jurisdicción de nosotros llegaron las Auc.

Es por esa persecución previa que usted tuvo que pagar unos días más de cárcel, ¿no es así?

Si vea, esto es mucho joderlo a uno. Yo ya había sido juzgado por lo mismo, dizque por rebelión, el 2008 que hubo una captura masiva acá en la región. A mí no me cogieron, no sé por qué, yo no me arranqué, estuve en la finca y ese proceso finalmente cayó, pero yo no hice un trámite y me detuvieron, eso porque no saqué ese patisalvo.

¿Cómo vivió usted esa injusta prisión?

Mire que en condiciones inhumanas, es muy triste de pronto para los familiares sobre todo… las condiciones como reciben a la familia, cuando van entrando, son situaciones que les toca porque tienen familiares, pero es inhumano.

Se ven vicios en prisión, se manejan cosas, venden las celdas incluso, sino le toca pasillo o más hacinamiento y yo creo que la dirección general del Inpec está metida en eso.

Pero el gobierno ha decretado emergencia carcelaria… ¿no se han visto beneficios en la situación de los internos?

No ha habido beneficios, uno escucha que van a solucionar las cosas, pero todo es promesa. Eso es una gran mentira porque todo continúa igual. Al contrario cada día la situación de las cárceles está peor… uno está hacinado, todo está inmundo, es horrible.
La problemática de la cárcel es muy grave, se la ve como una entidad inamovible, cuando nunca se hizo nada en bien de la gente, sólo se la persigue… ahí están las cárceles llenas y hay mucha gente inocente, mucha, y están ahí porque no conocen sus derechos, porque a veces no saben hablar ni defenderse.

En la cárcel hablé con gente de Cajamarca y de Ortega, y todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo ante tanta injusticia.

Ahora que usted salió de la cárcel y después de reunirse con su familia y comenzar de nuevo con la finca. ¿Qué espera hacer con su vida?

Ver cómo continuamos en esta lucha, porque hay mucha injusticia. Yo he conocido muchos casos de campesinos que sin ninguna justificación se encuentran presos y otros perseguidos, y gracias a esa brillante labor que se ha realizado de solidaridad es que estamos viendo que esto puede mejorar.

Sigamos trabajando unidos, vea que inclusive de antes de esta situación yo ya venía pensando en eso de formar un comité de solidaridad por la defensa de nuestros derechos, lo habíamos hablado con gente de acá del sur de Tolima, gente de Herrera, de Maracaibo, de La Lindosa, de Gaitán, el Quebradón, de La Profunda.

He hablado con varios campesinos, con gente honesta y trabajadora de la región para hacer valer nuestros derechos.

Todos lo ven como algo muy importante. La propuesta que les hice les gustó pero quedó parada cuando caí preso, la idea ahora es tener una charla y ver cuáles son los pasos a seguir.

La idea es organizar acá en Ríoblanco bien las cosas para que siga esa brillante labor, porque lo que tuvimos que vivir si uno no lo vive, no lo siente, no sabe lo que es. Hay que verlo en carne propia. Los mismos  que me juzgan dicen que mi hija es miliciana, imagínese. Y uno es hoy, pero mañana puede ser cualquier otro, a cualquiera le puede tocar…

Hay mucho que hacer para continuar esa lucha, hay muchos problemas en Rioblanco que ha estado en un abandono tremendo y cuando llegó el Estado, es para someternos y no para ayudar a construir las cosas básicas que necesita el pueblo.

¿Ha escuchado que hay quienes vienen pidiendo una zona de reserva campesina para el sur de Tolima?

Yo no he escuchado mucho de esa figura, yo sé que se ha hecho en otras partes y que es algo legal que ayuda a los campesinos.

Me parece muy bien la autonomía, tener nuestra dignidad, que se nos respete, y que haya ayuda para los campesinos… la región nuestra está muy olvidada y somos los mismos campesinos que necesitamos herramientas para mejorar las cosas.

Yo no sé mucho de las zonas de reserva campesinas, me gustaría aprender y ver cómo se hace, si nos sirve, bienvenida.

¿Alguna última palabra?

Esa gestión que vienen haciendo a nivel nacional e internacional es algo maravilloso, hemos sentido mucho apoyo, es primera vez que hemos tenido respaldo, así que hay que seguir unidos, trabajando con mucha solidaridad por todos los problemas que hay, así que pa’delante es pa’ allá y estamos pa’ lo que toque.

Pensábamos que nadie estaba con nosotros, pero nunca perdimos la fe. Aunque sabíamos que éramos inocentes, pensamos que nos condenarían por cosas que no hemos hecho… mil gracias y por favor no nos dejen solos, nosotros estamos dispuestos a luchar y salir para adelante, porque somos campesinos, gente trabajadora, gente honesta y luchadora. No nos abandonen.

[1] Para más antecedentes de este caso, revisar los artículos previos:



martes, julio 16, 2013

Chaparral, Tolima
"Hay que trabajar por los que siguen presos”: Víctimas de falsos positivos judiciales recientemente liberados
Por: José Antonio Gutiérrez D.

El día sábado 13 de Julio finalmente salieron libres 6 de los 8 presos de La Marina. El día viernes, durante la última audiencia, todos fueron absueltos del proceso en el que se les imputaba los cargos de rebelión y financiación a “grupos terroristas” mediante fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué.

Finalmente, tras innumerables retrasos, audiencias canceladas, gestiones, cayó este burdo montaje judicial basado en testimonios espurios fabricados por un cartel de testigos prepagos, muchos de los cuales se hacían pasar falazmente por desmovilizados.

El Estado, los retuvo hasta el final, lo más que pudo: recién salieron a las 10:00 pm del día sábado, torturando emocionalmente a los familiares ansiosos de verlos tras veinte meses de ausencia.

Sin embargo, aún no se ha hecho del todo justicia, pues sólo salieron libres Edwin Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Saan Maceto Marín, Alexander Guerrero, Fredynel Chávez y Aycardo Morales Guzmán; quedan aún dos compañeros tras las rejas: José Norbey Lugo Caballero y Armando Montilla Rey.

El corregimiento de La Marina, en el municipio de Chaparral (Tolima), se encuentra en una de las llamadas zonas de consolidación militar.

Desde hace mucho tiempo que los campesinos denuncian atropellos, abusos, amenazas y homicidios por parte de los uniformados que operan en la zona, pertenecientes al Batallón de Infantería XVII “José Domingo Caicedo”, adscrito a la Sexta Brigada.

El proceso a estos ocho labriegos se enmarca en una campaña sistemática por parte de la fuerza pública para criminalizar a las organizaciones sociales y a los dirigentes agrarios de la región, más aún cuando éstos han expresado su oposición a un proyecto hidroeléctrico de la empresa ISAGEN en el alto Ambeima.

A estos ocho campesinos, todos afiliados a Astracatol o dirigentes de su Junta de Acción Comunal, se les detuvo entre Noviembre del 2011 y Marzo del 2012, y fue entonces que comenzó su calvario.

El difícil proceso de retornar a la libertad (y a la pobreza y la inseguridad)

 A su salida, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los recién liberados quienes, desbordantes de alegría,-

se encontraban con sus familias a la vez que tendrán que enfrentar una situación incierta por la inseguridad que se vive en la región de consolidación militar así como por la difícil situación económica en que quedaron tras su larga penuria. Muchos ni siquiera tenían dinero para volver de Ibagué a su pueblo.

Edwin Lugo Caballero expresó estos sentimientos encontrados. “Pues aquí sentimos mucha felicidad de estar reunidos con la familia y con los hijos.

Pues si doctor, mi pensamiento es volver a la finquita porque no hay otra solución, todo se ha echado pa’atrás, la finca no está bien tenida, mis hijos sin estudio porque qué hacían conmigo en la cárcel, quién los alimentaba…

Pues nos encontramos sin plata, sin nada, todo se ha acabado, sin nada, y uno de pronto con psicosis de la persecución que hemos tenido.

Uno sale con zozobra no sabe qué hacer. Hay mucha gente con el mismo caso por toda la presión que hemos sufrido, viven atemorizados, no saben qué hacer”.

Alexander Guerrero también se hizo eco de estas apreciaciones, diciendo que “con la moral en alto ya estamos afuera… para mí fue algo muy duro porque uno no está acostumbrado a esto, es duro, porque deja el hogar, los hijos abandonados, los padres, la mujer, el negocio.

Yo tengo un negocio de panadería y tocó dejarlo a cargo de mi esposa. Yo, con el poder de Dios, quiero seguir en lo que estaba, hay que seguir en la labor que estoy en la panadería.”

Otro de los liberados, Fredynel Chávez, originario de las Hermosas, se mostró “muy contento, porque eso de estar encerrado es una tortura para uno, como si uno fuera un criminal.

Toca ahora salir pa’delante… estoy muy contento por toda la solidaridad que recibimos, estaba desamparado, solo, sin abogado, sin plata y nos ayudaron mucho. Lo que si es que ahora uno tiene miedo que atenten contra la vida de uno…”

La cárcel de Picaleña: una temporada en el infierno

A estas dificultades personales y económicas, tenemos que sumar las cicatrices psicológicas y emocionales que el injusto encierro dejó en ellos.

Al igual que casi todas las cárceles del país, el centro de Picaleña en Ibagué, sufre de hacinamiento, falta de servicios esenciales y condiciones infernales en que los presos son tratados como subhumanos.

Edwin Lugo Caballero, describe las condiciones espantosas en las que fueron encerrados: “Yo estuve enfermo grave, casi me muero, uno no tiene a la familia, uno está sin los hijos, sin la mujer… uno está retirado de ellos y así no lo pueden ayudar.

A mí me dio tuberculosis, estuve veinte días en la clínica, amarrado día y noche, amarrado de una pata como un animal”. 

Alexander Guerrero nos explica que “las condiciones son muy duras a nivel carcelario… en cuestión de alojamiento toca dormir en los pasillos, la falta de agua es muy dura, toca hacer las necesidades en baños repletos, inmundos, es impresionante…” y agrega Fredynel Chávez que “las condiciones son muy malas, no hay agua, los baños, todo lo afecta uno, yo estuve enfermo todo el tiempo”.

El daño que se les hizo en la cárcel también fue moral, como agrega Aycardo Morales: “hace veinte meses que no sé nada de mis hijitos.

Eso era muy difícil que la familia lo visitara a uno acá en Ibagué, es muy berraco… acá uno solo sufriendo por el agua, por los malos tratos del Inpec, sólo uno estando en esos lugares sabe uno como es eso. Al final el campesino siempre tiene la culpa, dijeron en los diarios que éramos lo peor en la vida, que éramos un peligro para la sociedad”.

Que se frene la persecución contra los campesinos tolimenses

El montaje judicial contra estos campesinos estuvo tan mal hecho, que los testigos que utilizaron, siendo supuestos desmovilizados, ni siquiera aparecían mencionados en los registros oficiales.

A raíz de esto, los familiares de los presos de La Marina interpusieron, el día 9 de Mayo, una denuncia penal ante la Fiscalía General contra ellos por fraude procesal y falso testimonio.

Esperan de esta manera, no solamente terminar de esclarecer toda la situación y que se les repare por el daño hecho, sino que esperan que caiga este auténtico cartel de testigos prepagos que el ejército utiliza en contra del campesinado organizado. 

Los recién liberados campesinos de La Marina no tienen pelos en la lengua para decir que lo que ellos sufrieron fue un falso positivo judicial.

Nos cuenta Aycardo Morales sobre una de las testigos, Lucero Váquiro, que ella es casi “medio hermana mía, porque mi papá la ayudó a criar y mire lo que nos hace… hasta lo que hemos sabido, el ejército le propuso platica para que hiciera esta vuelta, para ellos dar resultados…

otra testigo la denunció de eso… tenemos completa seguridad que esa muchacha nunca perteneció a ningún grupo ni ha hecho nada, es un falso positivo, usted sabe cómo es esta diligencia.”

Este falso positivo, como ellos mismo lo llaman, es parte de una presión muy fuerte que se vive en la región, en que cotidianamente la fuerza represiva del Estado hostiga a los labriegos.

Nos comenta Fredynel Chávez: “La policía me detenía, me tomaba fotos, y era mucha joda, uno trabajando para mantenerse y a uno tómenles fotos hasta que me cogieron y me dejaron enredado.

Yo siempre he cuidado finca, trabajo el frijol, ando volteando machete, y a uno lo humillan, lo tratan mal… la familia nuestra es del campo, y nos dicen que uno que es bandido, criminal…”

También Edwin Lugo Caballero denuncia este montaje por su nombre: “Eso fue un falso positivo que nos hicieron… el tiempo horrible que pasó uno pagando cosas que nunca había hecho.

Eso está pasando por todas las regiones y no se pronuncia la gente por el temor de hablar, por el miedo. Nosotros somos campesinos, no nos mantenemos sino trabajando y para sobrevivir cada día. Nos tenemos entonces es que ir despertando porque estábamos muy dormidos…”

Los que quedan

La situación de los dos presos que quedan, José Norbey Lugo y Armando Montilla Rey, debería, en principio, solucionarse pronto si se tiene en consideración este fallo absolutorio, como lo aclara el comunicado de la Fundación Lazos de Dignidad, organización que se hizo cargo de la defensa de cuatro de estos campesinos afiliados a Astracatol [1].

José Norbey Lugo, al momento de su captura, fue obligado a aceptar cargos mediante tortura por parte del ejército. Por ello deberá permanecer en la cárcel mientras su proceso fue trasladado al municipio de Chaparral y se aclara esta situación.

En el caso de Armando Montilla Rey, de Ríoblanco, su libertad fue negada a última hora, supuestamente, por haber tenido otra orden de captura, la cual “apareció” entre el día viernes en que fueron declarados inocentes y el día sábado, antes de soltarlos.

Su hija, Gabriela Montilla, comentó la difícil situación por la que atraviesa la familia tras que les destruyera la ilusión de ver a Armando de vuelta con ellos: “ver que los otros salieron y él no, pues le da a uno muy duro”.

Sobre la orden de captura que enfrenta su padre, Gabriela nos comentó que ésta la ha pedido la Fiscalía 18 seccional de Ibagué, la misma que adelantó una captura masiva en el año 2008 en Ríoblanco.

En esa ocasión, nos comenta Gabriela que “hubo orden de captura masiva para 15 personas, entre ellas mi papá, pero capturaron 14, porque a mi padre no lo cogieron. Entonces lo declararon reo ausente.

El 15 de diciembre del 2009 todos estos detenidos injustamente fueron dejados en libertad por falta de méritos, pues el caso fue montado igual que este de ahorita, con testigos falsos, que eran falsos desmovilizados porque los conocíamos de la región y nunca fueron guerrilleros.

No nos han dicho nada, suponemos que es de ese mismo proceso porque mi papá nunca se presentó y cuando el proceso cayó, pensábamos que todo estaba bien.

Después de que el proceso cayera, a mi papá lo cogía el ejército apenas salía del pueblo, lo cogieron tres veces en un año y luego lo dejaban libre. Entonces si ya lo habían dejado libre por qué no le quitaron esas órdenes de captura que vienen a aparecer ahora, eso no entendemos”.

El camino: la organización popular

Pero Armando Montilla Rey y José Norbey Lugo saben que no están solos y que se tejió una importante red solidaria en torno a su caso, que seguirá pendiente de lo que les ocurra en las próximas semanas.

No solamente la Fundación Lazos de Dignidad que les entregó asistencia jurídica se solidarizó del caso, sino que de muchos países, grupos solidarios siguieron el caso: los grupos solidarios de Irlanda, grupos en Francia, Túnez, Estado Español, Suiza y Bélgica.

Su caso fue uno de los puntos de discusión del “Encuentro Europeo de  Solidaridad con las Luchas Agrarias y Populares, y Apoyo a los Diálogos de Paz con Justicia Social en Colombia”, realizado en Dublín los días 20 y 21 de Abril.

De ahí se impulsó una nueva campaña de solidaridad con los presos políticos en Colombia, en la cual el artista colombiano exiliado, Gustavo Matiz, realizó retratos de tres de los presos de La Marina:

Saan Maceto Marín, Edwin Lugo Caballero, Armando Montilla Rey. Sitios de información alternativos como Agencia Prensa Rural, Anarkismo, Rebelion, Tlaxcala y La Pluma, entre muchos otros, difundieron constantemente comunicados con la situación de los presos.

También están sus familias y la comunidad que no los abandonarán y que seguirán luchando incansablemente hasta que salgan libres como los otros.

Los recién liberados saben que la única garantía para su seguridad, bienestar y para que esta arbitrariedad no vuelva a repetirse, o por lo menos no en el desamparo en el que estuvieron en un primer momento, es fortalecer la organización popular en su región.

Organizarse para enfrentar la problemática de derechos humanos y del pueblo, y fortalecer la organización sindical Astracatol en su lucha por los intereses del campesinado, más aún cuando se está hablando de convertir al sur de Tolima en una zona de reserva campesina.

Nos dice Edwin Lugo Caballero, sobre la situación inicial de desamparo que sufrieron que “por allá en la vereda uno a quién se dirigía, uno estaba desamparado de todo y cuando el Estado llegó, fue a atacarnos porque vivíamos en el campo.

Todos somos campesinos y tenemos derecho a nuestra dignidad en este departamento.” El panadero Alexander Guerrero también señala el problema que viven los campesinos en Tolima y la necesidad de fortalecer la red solidaria:

“Se agradece el apoyo, el esfuerzo que han hecho para proteger los territorios campesinos de mucho atropello del Estado… que dicen que es zona roja, se dice que todos los campesinos son milicianos y así se involucra al campesino.

Son cosas desagradables para el territorio campesino estas que tenemos que vivir, pero estamos con un Estado que poco le interesa el campesino.

A las organizaciones campesinas el Estado las trata como algo ilícito y lo ponen a uno entre la espada y la pared, pero el apoyo de organizaciones internacionales es fundamental para que esto no vuelva a pasar, para saber que no estamos solos”.

Por último, para ir cerrando la conversación, Aycardo Morales comenta: “Vea, está muy bien organizarse, porque estamos desamparados… nosotros tras todo esto que vivimos estamos pa’ las que sean, porque la justicia de Colombia es una injusticia.

Todavía hay más presos, del sindicato, de la comunidad también como los cuatro muchachos honestos que cogieron hace tiempo mientras pagaban servicio militar, muchachos trabajadores, que los involucró Lucero Váquiro para ganarse un poco de plata, uno los distingue en la vereda.”

Se refiere al caso de los cuatro soldados de La Marina que fueron arrestados mientras pagaban servicio en la base de Piedras, supuestamente, por ser colaboradores de la insurgencia; ellos son Vilman Useche Pava, Wilmer Javier Pérez Parra, Isidro Alape Reyes y Jason Orlando Castañeda.

Prosigue Aycardo Morales diciendo que “el gobierno hace lo que quiere porque uno no sabe nada, no conoce las leyes, les agradecemos mucho la solidaridad… la meta era condenarnos a todos y somos inocentes, nunca hemos tenido problemas con la ley, y si no fuera por toda esa solidaridad de tanta gente que nos ayudó, ya estaríamos condenados”.

Con la alegría de que se haya caído este nuevo montaje judicial, pero con la clara conciencia de todo lo que queda por hacer nos despedimos.

No está de más mencionar que si uno de los objetivos de la consolidación militar es destruir el tejido social de los campesinos, para que se disgreguen, no se asocien, para que no hablen, para que vivan con miedo, les debemos responder con más red, con más solidaridad, con más organización, con más decisión. A nuestros compañeros, nuestra mano tendida. A quienes los agreden, el puño cerrado.

Catatumbo, Norte de Santander
Campesinos rechazan propuestas de Santos y lo responsabilizan por lo que pueda pasar con las protestas
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El campesinado del Catatumbo que ya completa 36 días de protesta manifestó por medio de un comunicado de 6 puntos firmado este 15 de julio por la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, que rechaza la propuesta del presidente Santos.

Dicha propuesta consiste en que los labriegos levanten los bloqueos y supriman las protestas para continuar las negociaciones en la Mesa de Interlocución y Acuerdo, MIA. Por el contrario los campesinos afirman que continuarán protestando hasta llegar a acuerdos con el régimen.

Según el documento, consultadas las masas campesinas por sus dirigentes sobre la propuesta del gobierno, estas unánimemente decidieron rechazarla y continuar su lucha hasta que el gobierno atienda sus peticiones.

“Ascamcat se reitera en su propuesta de distensionar los bloqueos con caravanas alimentarias, humanitarias y comerciales, a partir del día martes, con la condición de que el gobierno se comprometa a llegar inicialmente a dos acuerdos, sobre una ruta de declaratoria de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y sobre el subsidio para las víctimas de la erradicación violenta de los cultivos de coca, el día martes en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo”, menciona un aparte del comunicado.

El documento enfatiza que el campesinado se mantendrá en la mesa a la espera de respuestas por parte del gobierno. Sin embargo advierte que “Las protestas se mantendrán hasta que el gobierno llegue a acuerdos reales y efectivos que solucionen la emergencia social y económica del Catatumbo”.

Los campesinos le exigen al Presidente que le prohíba públicamente a sus agentes represores, Ejército y Policía, hacer uso de las armas de fuego contra la población civil que protesta, acción criminal que ya dejó cuatro labriegos asesinados.

“En caso de que el gobierno opte nuevamente por la salida violenta y la represión, reiteramos que la vida e integridad de los campesinos es responsabilidad del presidente Santos y de su gobierno”, sostiene el comunicado.

Finalmente Ascamcat resalta la grandeza del pueblo del Catatumbo en su lucha por el derecho a la tierra y por sus derechos históricamente negados por los gobiernos de Colombia. Foto tomada de Confidencial Colombia.



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