sábado, abril 13, 2013


Terrorismo de Estado
Paramilitares amenazan a dirigentes de la CUT y a universitarios en Manizales
Por Camilo Raigozo

El 9 de abril llegó a los correos electrónicos de la Cut y del presidente de la misma, Oscar Orozco, lo mismo que a Sintraelecol, en Caldas,  un mensaje originado en rastrojos55@hotmail.com en el cual amenazan a Orozco: “….tenemos hombres haciéndole inteligencia, sabemos donde estudian sus hijos y sabemos de su esposa...”.

Los días  9 , 10 y 11  de abril, en la página de Facebook NemesU.NacionaldeManizales, aparecieron las fotografías de los jóvenes miembros de la Aceu, Carlos Mauricio Torres Herrera, Yiddis Gahona Rodríguez y Alejandra Ramírez Morales.

Al lado de la fotografía apareció un texto amenazante, señalador y estigmatizante que en apartes finales dice:”…pido a ustedes regar esta información y que ojala, en un futuro, podamos acabar con esta escoria en la Universidad…”

El viernes 12 de abril los jóvenes acudieron a la Fiscalía a interponer la respetiva denuncia. Allí los enviaron a efectuarla en las instalaciones de la Sijin, donde la radicaron, pero el personal que la recibió se negó a darles copia del documento.

Esta denuncia fue hecha por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Caldas.

viernes, abril 12, 2013


Parauribismo/
“Uribe debe ser investigado por espionaje”: Navas Talero
Por: Semana.com 

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero dice que el expresidente incurrió en ese delito por su famoso trino de las coordenadas.

El expresidente Álvaro Uribe sí se habría metido en problemas por haber trinado las coordenadas del área donde habrían cesado operativos militares para facilitar el traslado a La Habana a los nuevos negociadores de las FARC, ‘Pablo Catatumbo’, entre ellos.

Ese es el concepto del congresista de la oposición Germán Navas Talero quien le dijo a Semana.com que encontró el delito en el que habría incurrido el expresidente. “Debe ser investigado por espionaje”.

Navas Talero, quien demandó recientemente a Uribe por traición a la patria, por su responsabilidad en la defensa de la nación previa al fallo de La Haya sobre San Andrés, escarbó en el Código Penal y encontró que en el artículo 463 de esa norma se sancionan conductas como la del expresidente Uribe con su polémico trino, calificado de “irresponsable” por el presidente Juan Manuel Santos.

Dicho artículo, incorporado en el capítulo de delitos contra la seguridad del Estado, define el espionaje de la siguiente manera: “El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado”, y la sanción que establece es la prisión entre 64 a 216 meses, es decir entre 5 y 18 años de cárcel.

Navas, en su interpretación dice que Uribe obtuvo indebidamente un secreto político y militar de seguridad de Estado, lo empleó y lo reveló. “Ahí está muy claro”.

El congresista del Polo descartó por ahora denunciar al expresidente Uribe por este delito porque el fiscal general anunció una investigación. Navas considera que el camino es abrir un expediente por espionaje.


Terrorismo de Estado
Denuncian que el Inpec pretende ocultar la grave crisis carcelaria trasladando a los internos que denuncian
Por Notimundo. Con información de MNC

Los presos de la Cárcel Nacional Bellavista, aglutinados en el Movimiento Nacional Carcelario, MNC, nos solidarizamos con las justas protestas carcelarias que se vienen desarrollando en diferentes-

prisiones del país para exigirle al gobierno nacional y autoridades penitenciarias  que resuelvan de fondo la difícil situación humanitaria que se vive al interior de los penales, tales como: hacinamiento, salubridad, alimentación, etc.

Es de anotar que en este penal han muerto más de 10 internos por inasistencia en la prestación del servicio de salud, y el hacinamiento ha llegado al 210%. En el momento no hay servicio de salud ni medicamentos en la cárcel.

También denunciamos a la opinión pública que a los internos que lideraban y denunciaban la problemática del penal fueron trasladados recientemente a otras cárceles como represarías a las constantes denuncias sobre los atropellos de los derechos humanos en el penal.

Con estos traslados fortuitos el Inpec  pretende acallar  y ocultar la grave crisis humanitaria existente y crear   zozobra entre los internos para que no se manifiesten ante el temor de ser trasladados a otras cárceles lejos de su entorno familiar.

Hoy unimos nuestras voces de protesta a la de todos los presos y familiares que luchamos por el mejoramiento de nuestra situación, y solicitamos al gobierno nacional que declare la emergencia nacional carcelaria, teniendo en cuenta que así no se quiera reconocer públicamente, el sistema penitenciario colapso en Colombia dicho por los mismos organismos del estado e inclusive el mismo director del Inpec Gustavo Adolfo Ricaurte.

Los presos de la cárcel nacional de bellavista continuaremos apoyando todas las iniciativas de desobediencia pacifica hasta que el gobierno nacional y las autoridades penitenciarias se sienten a discutir con el movimiento nacional carcelario, lo propuesto desde ya hace tiempo:

Rebaja de pena del 20% para todos los penados.
Regionalización de los presos, para poder estar cerca al núcleo familiar.
Participación en la discusión de la propuesta a la reforma del nuevo código penitenciario  que cursa en el congreso, e inclusión de beneficios administrativos para todos los delitos.

No extradición de nacionales.
Alternatividad penal.

Los presos de Colombia hemos perdido la libertad, pero no nuestros derechos y la dignidad.


Terrorismo made in USA/
Juez niega pruebas a 'Simón Trinidad' por secuestro de Alan Jara
Desde EE. UU. negó su nexo con el plagio. Había presentado unos documentos para demostrarlo.
Por El Tiempo

En audiencia virtual desde una cárcel del estado de Colorado, en Estados Unidos, Ovidio Ricardo Juvenal Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’ –el extraditado jefe de las Farc, ausente en los diálogos de paz de La Habana– negó su nexo con el secuestro del gobernador del Meta Alan Jara y le pidió al Juzgado incluir en el juicio en su contra unas pruebas para demostrarlo.

El jefe guerrillero realizó la petición ayer en el inicio de la audiencia preparatoria del juicio adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio.

Tanto ‘Simón Trinidad’ como su abogado, José Ramiro Orjuela, pretenden atacar la acusación de la Fiscalía que señala a Palmera de ser determinador, como miembro del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, del secuestro extorsivo de Jara, ocurrido el 15 de julio del 2001 en Lejanías.

‘Trinidad’ insiste en que no hacía parte del Estado Mayor Central de las Farc y que por lo tanto no tenía capacidad de decisión y para soportar su posición le pidió al Juzgado evaluar unos documentos cruzados entre las Farc y el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, en los diálogos de paz en la zona de distensión en el Caguán.

En los documentos, según ‘Trinidad’ y su abogado Orjuela, aparecen ‘Manuel Marulanda’, el extinto jefe máximo de las Farc, y los excomisionados de Paz, Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez, haciendo referencia al desarrollo de las mesas temáticas y de diálogo.

“Esos documentos contienen la función y el roll que cumplió ‘Simón Trinidad’ en la mesa temática y en las comisiones de diálogo, pero en ningún caso como miembro del Estado Mayor Central, como equivocadamente lo afirma la Fiscalía”, afirmó el abogado Orjuela en la audiencia.

Otra de las pruebas que ‘Trinidad’ y Orjuela pretenden incluir en el juicio tiene que ver con resoluciones de preclusión de la Fiscalía y sentencias de jueces por otros procesos en el país a favor del jefe guerrillero. ‘Simón Trinidad’ dijo en la audiencia que en Colombia tiene más de 100 procesos penales y que 24 han sido resueltos a su favor, según él, bajo la tesis de que no hizo parte del EMC de las Farc.

El Juzgado Segundo Especializado negó las pruebas con el argumento de que los documentos son “muy anteriores al 15 de julio del 2001, fecha de los hechos materia de investigación. (...) Las pruebas documentales nada tienen que ver con el secuestro de Jara”.

Según el Juez, la defensa quiere demostrar que ‘Trinidad’ no era miembro del EMC de las Farc para la época del secuestro, pero los documentos solo hacen referencia a hechos anteriores a esa fecha. El abogado Ramiro Orjuela apeló la decisión y será el Tribunal Superior el que decida.

La fiscal 19 de la Unidad de Derechos Humanos respaldó la decisión del Juez y afirmó que fallos de otros fiscales y jueces a favor de ‘Trinidad’ son subjetivos y no deben ser prueba.

Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’, se presentó en la audiencia como representante de las Farc en los diálogos con el gobierno de Santos en La Habana.

El jefe guerrillero denunció que ha tenido problemas en los procesos para tener acceso a sus defensores en Colombia.

Dijo que desde el 2010 no puede hablar con el abogado Ramiro Orjuela porque al penalista le negaron la visa y que cuando intentan hacerlo por otras vías la comunicación ha sido deficiente y que la guardia no le otorga privacidad.

Lea también: 

jueves, abril 11, 2013


“La Ley 100 no acepta remiendos, hay que hacer un cambio estructural de la salud”: Gloria Inés Ramírez
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 10 de abril la sociedad civil representada en la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social, CSR, y la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, Ansa, radicó en la Secretaría General del Senado el Proyecto de Ley Ordinaria en Salud.

En el acto estuvieron presentes algunos de los 18 congresistas que apoyan la iniciativa, entre ellos la senadora Gloria Inés Ramírez, el secretario de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, organizaciones de la sociedad civil, ONG´s, organizaciones médicas, organizaciones de pacientes y organizaciones académicas.

“Nosotros como congresistas estamos comprometidos con este proyecto de ley, no solo de ayudar a la presentación y de coadyuvar en el proceso de construcción, sino que vamos hacer un debate grande y profundo ante el país”, dijo Gloria Inés Ramírez.

Entre el proyecto de ley de reforma a la salud presentado por el Gobierno y el que presentó la sociedad civil hay enormes diferencias.

Empezando porque el proyecto del gobierno ve a la salud como una mercancía y un jugoso negocio de particulares, mientras que el de la sociedad civil pone a la salud como un derecho fundamental y por ende de obligatorio cubrimiento por el Estado.

“Hay dos proyectos de ley de esencia totalmente diferentes. El que ha planteado el Gobierno Nacional a través del ministro de Salud, que mantiene con nombre distinto el jugoso negocio de las EPS, que tanto daño les han hecho a los colombianos y un sistema de salud que colapsó y que no es coherente con la ley estatutaria.

“Y por otro lado nuestro proyecto, que pone a la salud como un derecho fundamental del ser humano y desde allí acabaremos con la odiosa centralización que se tiene hoy. Vamos a la descentralización, con un modelo de salud que tenga como base la comunidad y no el capital”, expresó Ramírez Ríos.

Las siguientes son algunas de las diferencias existentes entre el proyecto presentado por el gobierno y el presentado por la sociedad civil, según Ansa:

Concepción de la salud: Para la sociedad civil (SC) es un derecho fundamental. Para el gobierno es un negocio privado.

El acceso a los servicios médicos: Para la SC, debe prestarse directamente en el lugar de residencia o trabajo, con la sola presentación del documento de identidad.

Para el gobierno, a través de las EPS o EGS, presentando carnet y de acuerdo a los convenios que las empresas intermediarias tengan.

Financiación: Para la SC, con recursos públicos provenientes de cotizaciones e impuestos.

Para el gobierno, con recursos públicos provenientes de cotizaciones e impuestos y recursos de las personas y sus familias, a través de cuotas moderadoras y copagos según su capacidad económica.

Destino de los recursos de la salud: Para la SC, deben ir a la salud pública teniendo en cuenta la estrategia de Atención Primaria en Salud y servicios médicos requeridos. Los recursos son públicos de principio a fin y deben ser invertidos únicamente en Salud.

El Estado garantiza, proteger y respetar el derecho fundamental a la salud. Su papel es central en la toma de decisiones, controla el sistema y orienta las políticas del sector.

Para el gobierno, los recursos van para los intermediarios privados llámense EPS o EGS y lo que sobre al pago de servicios de salud. 

Los recursos dejan de ser públicos cuando se giran a las EPS o EGS. Los recursos públicos se podrán invertir en lo que los privados quieran, como canchas de golf, edificios, clubes, turismo, condominios, etcétera.

El papel del Estado: Para la SC, el Estado garantiza, protege y respeta el derecho fundamental a la salud. Su papel es central en la toma de decisiones. Controla el sistema y orienta las políticas del sector.

Para el gobierno, el Estado limita su función de garantizar, proteger y respetar el derecho a la salud de acuerdo a la oferta de la empresa privada. Debilita su papel de controlar el sistema y de orientar la política del sector. Las decisiones de salud siguen son secundarias a las ganancias. Es decir se toman de acuerdo a la rentabilidad de las empresas.

“La gente está cansada de que se diga que la salud avanza pero en la practica el servicio sigue siendo deteriorado, siguen las barreras de acceso y siguen los mismos obstáculos.

“Con el concurso de todos vamos a trabajar para que los colombianos tengan un programa distinto de salud. La Ley 100 no acepta remiendos, hay que hacer un cambio estructural”, enfatizó Ramírez Ríos.

Finalmente la legisladora comunista le pidió al pueblo colombiano que respalde la propuesta social con masivas movilizaciones, exigiéndole al régimen en la calle y en las urnas que su voz sea escuchada,  “así como lo hizo el 9 de abril en la Marcha por la Paz para consolidar y configurar un cambio histórico, que haremos también con la salud”.


Terrorismo de Estado/
Capturan a 8 presuntos terroristas del Ejército por asesinatos a sangre fría de campesinos
Por Camilo Raigozo

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía capturó en Valledupar, Cesar, al presunto terrorista Luis Mesías Quiroga Cubillos, mayor del Ejérctio y siete soldados profesionales más por el asesinato a sangre fría de tres personas, informó el ente acusador.

Los siete presuntos criminales pertenecientes al Batallón de Caballería Mecanizada Juan José Rondón, del Ejército, que opera en La Guajira, están sindicados por el delito de homicidio en persona protegida y falsedad material en documento público.

Los hechos ocurrieron el 20 de marzo del 2004 en la ranchería Cache-Cache, jurisdicción del municipio de Albania, Guajira, cuando los presuntos terroristas del régimen asesinaron a los campesinos Camilo Polanco Ipuhana, Abraham Iguarán Iguarán y David Uriana Ipuhana.

Además del mayor Quiroga, los soldados sindicados  son John Jairo Salas Zapata, John Fredis Ortiz Guevara, Eduardo Emilio Coronado Arias, Carlos Segundo Fuentes Añez, Edwin Alexander Paspuel Diaz, Jesús Alberto Socarrás Nieto y José Ignacio Guzmán García.

En diciembre anterior el presidente Santos, su ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la cúpula militar entre otros, en complicidad con la mayoría santista en el Congreso, aprobaron la ampliación del fuero militar con lo cual los crímenes cometidos por miembros del ejército y la Policía , quedarán en la impunidad.


Terrorismo de Estado/
Paramilitares amenazan de muerte a lideresa sindical y a defensores de derechos humanos en Santander
Por Camilo Raigozo

La Asociación Santandereana de Servidores Públicos, Astdemp, denunció que el pasado 8 de abril a las 4:30 de la tarde encontraron en la oficina, un sobre dirigido a  Martha Díaz S., presidenta departamental de esa organización, el cual contenía una amenaza de muerte.

Los criminales del ocultos del régimen declararon a Díaz “objetivo militar” y enemiga pública del comando urbano de paramilitares autodenominados “los rastrojos”.

Dicha amenaza también va dirigida contra todos los miembros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares, Conap y Marcha Patriótica de Santander.

El sobre también contenía dos muñecas, las cuales identifican a las hijas de Martha Díaz, Tania y Camila, las cuales se encontraban, una sin brazo y otra sin pierna, salpicadas de esmalte rojo, en la cara y el cuerpo.

Al estilo DAS, estas amenazas están enfocadas al amedrentamiento y terror sicológico para que la lideresa abandone la lucha a favor de los trabajadores al frente de Astdemp y para que los miembros de la Conap y Marcha Patriótica, desistan de sus luchas sociales.

Estas amenazas se dieron justo un día antes de la realización de la gran Marcha Nacional por la Paz, que reunió a más de un millón de personas en Bogotá y que fue estigamatizada por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

Los paramilitares y Juan Carlos Pinzón, coinciden en estigmatizar al movimiento político Marcha Patriótica, acusándolo de pertenecer a las FARC EP. En la amenaza los ‘paras’ hacen lo propio con la Conap y contra Martha Díaz, de los cuales dicen que son guerrilleros porque defienden los derechos humanos y exigen la paz para Colombia.

“Denunciamos que esta amenaza forma parte  de la persecución y amedrentamiento que la ultraderecha colombiana, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez y los gobiernos locales aliados con paramilitares, han utilizado para estigmatizar y aniquilar  a los defensores de derechos humanos,  a la población organizada que lucha por lograr la paz con justicia social”, dice la denuncia.

Volver a la página principal

miércoles, abril 10, 2013


La senadora Gloria Inés Ramírez rechazó el asesinato del dirigente de desplazados Ever Antonio Cordero
Por: Camilo Raigozo

La senadora de la República Gloria Inés Ramírez rechazó enfáticamente el segundo asesinato que se comete en menos de 15 días en Valencia, Córdoba, contra personas desplazadas reclamantes de sus tierras arrebatadas a sangre y fuego por la estrategia militar-paramilitar del régimen.

Esta vez la víctima fue el dirigente campesino Ever Antonio Cordero, asesinado por dos sicarios que se movilizaban en una moto el pasado 9 de abril a las 6 de la mañana, cuando salía de su casa para tomar parte de la Marcha Nacional por la Paz que se realizó en ese municipio.

“Este hecho criminal se suma a los asesinatos de numerosos líderes de tierras y dirigentes de los desplazados, que son víctimas de las bandas paramilitares a lo largo y ancho del país, mientras el gobierno abunda en retórica pero poco o nada hace para protegerlos en su vida e integridad personal”, expresó Gloria Inés Ramírez.

El 21 de marzo pasado fue secuestrado y desaparecido el dirigente campesino Hermes Vidal Osorio. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 28 del mismo mes en zona rural de Valencia. Tanto Cordero, como Vidal, hacían parte de la Mesa Municipal de Víctimas de Valencia, Córdoba.

En medio del régimen de terror que padece Colombia, con estos ya son cuatro los dirigentes campesinos asesinados en menos de 20 días.

El pasado 25 de marzo las fuerzas oscuras del régimen terrorista acabaron con la vida del dirigente campesino Gustavo Pizo, presidente de la Asociación Campesina de Gabriel López de Totoró, Cauca.  

El pasado 26 de marzo anterior fue encontrado el cuerpo sin vida del líder campesino José Alonso Lozano Rojas, defensor de derechos humanos y miembro de varias organizaciones campesinas. Lozano había sido secuestrado y desaparecido dos días antes en zona rural de Mapiripán, Meta.

“Expresamos nuestra más firme condena al asesinato del líder de los desplazados Ever Antonio Cordero”, dijo la senadora, a la vez que envió su más sentido pesar a los familiares y a los compañeros de lucha de la nueva víctima del terrorismo de Estado.

“Exigimos del gobierno medidas oportunas y eficaces para proteger a los dirigentes campesinos y populares que hoy están en la mira de las bandas paramilitares, por el solo hecho de reclamar sus legítimos derechos”, expresó Ramírez Ríos a través de un comunicado.

Finalmente la legisladora de izquierda reclamó de la justicia “el esclarecimiento inmediato de los hechos y el castigo de los responsables intelectuales y materiales de este crimen repudiable". 

Lea también: 


9 de Abril
Contundente exigencia del pueblo colombiano para que haya paz
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Al menos un millón 185 mil personas marcharon por las calles bogotanas exigiendo que se ponga fin al conflicto social y armado impuesto por las oligarquías nacional y extranjera al pueblo colombiano desde hace medio siglo.

Esta monumental cifra fue suministrada por Jorge Rojas, Secretario Privado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cifra que coincidió con las fuentes de la activista por la paz Piedad Córdoba.

En más de 600 buses arribaron a la capital, procedentes de todas las regiones del país, campesinos, indígenas, afrodescendientes y representantes de la población de la Colombia apartada, ignorada y excluida, para reclamarles al Gobierno y al ejército insurgente FARC EP, que no se levanten de la mesa de diálogos hasta haber firmado positivamente los acuerdos de paz.

Otra de las exigencias que hicieron los manifestantes fue la declaración inmediata de un cese bilateral del fuego, para evitar que más personas sigan muriendo, víctimas de la absurda guerra fratricida impuesta al pueblo.

“Venimos desde el Norte de Santander y estamos marchando con optimismo, después de 16 horas de viaje, para decirle al gobierno y a las FARC que no queremos más guerra, que es hora de firmar la paz y que la voz de las comunidades debe ser escuchada en la mesa de La Habana”, le dijo eufóricamente a Notimundo el campesino Gilberto Acero.

La senadora Gloria Inés Ramírez, quien participó con alegría  en el desfile desde tempranas horas, le dijo al medio alternativo Pacocol que “Estamos trabajando y marchando por la paz. Colombia entera clama la paz con justicia social”.

Por su parte la exsenadora Piedad Córdoba en un emotivo discurso dijo entre otras cosas, "Desde hace 65 años pedimos la paz, suplicamos la paz y hoy ya no podemos pedirla, suplicarla y esperarla. Tenemos que movilizarnos y construirla entre todas las colombianas y colombianos”.

Córdoba agregó que "Si se logra un acuerdo de paz tendremos que construir entre todos la paz con el afecto real, en los corazones. No maten la protesta pacífica, no aniquilen la rebeldía pacífica, dejen florecer las ideas y permitan que este pueblo sea dueño de sí mismo y de su futuro", dijo.

Gloria Inés Ramírez y Piedad Córdoba coincidieron en que hace 65 años el líder popular Jorge Eliécer Gaitán clamaba por la paz para Colombia, pero sus enemigos no sólo lo mataron, sino que llevaron al país a una cruenta guerra que aún no termina.

El l fiscal general Eduardo Montealegre, quién marchó a favor de la paz, le dijo a Caracol Radio que “es una apuesta contundente por la paz y con ella se la ha dado un mandato claro al presidente de la República para que siga sin desfallecer en el proceso de negociación".

Montealegre le hizo un llamado a Uribe para que actúe con grandeza frente al proceso de paz y lo invitó a dejar por debajo el debate mezquino desatado alrededor del mismo. Según las FARC EP Uribe busca mantener la guerra para tratar de evadir a los tribunales de justicia.

Igualmente el fiscal Montealegre lamentó que el Procurador Alejandro Ordóñez, no hubiera participado en la manifestación por la paz. Hay que recordar que Ordoñez es uno de los más recalcitrantes enemigos de la paz al querer imponer el desconocimiento del delito político de la insurgencia, entre otros palos en la rueda de los diálogos de paz.

El presidente Santos, quien también marchó, dijo contra los enemigos de la paz que "la marcha de hoy va a acelerar la paz; es a favor de las víctimas. Ir en contra de la paz no es racional".

Por su parte el alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro en un discurso centrado en la reconciliación nacional dijo entre muchas cosas que “esta marcha no es del odio, no es de la venganza ni de la retaliación. Es para construir una nueva nación". La Alcaldía Mayor de Bogotá ayudó enormemente a la realización de la marcha.

Por último hay que destacar el enorme esfuerzo y trabajo realizado por el Canal Capital para informar de manera excelente al país y al mundo sobre los pormenores de la Marcha por la Paz. En contraste es reprochable que los medios de la oligarquía Rcn, Caracol, El Tiempo, El Espectador, Semana, City Tv, entre otros, minimizaron e invisibilizaron el magno acontecimiento por la paz.

La movilización fue convocada por el movimiento político Marcha Patriótica y múltiples organizaciones de izquierda. Por el camino encontró el apoyo de los gobiernos distrital y nacional, así como de la delegación de paz de las FARC EP en La Habana.

lunes, abril 08, 2013

A marchar el 9 de abril en defensa de la paz

Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República elegida por el PDA

En la medida en que avanzan las conversaciones de La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, los enemigos declarados de la paz se vuelven más agresivos y los enemigos agazapados se quitan la máscara, y unos y otros terminan encontrándose en la misma orilla de los saboteadores de los esfuerzos por encontrarle una salida negociada al conflicto que vive nuestro país desde hace medio siglo.

Por lo general, se trata de personajes que carecen de cualquier autoridad moral para hablar de paz, bien porque tuvieron la oportunidad de hacerla y no quisieron o no fueron capaces, bien porque son guerreristas empedernidos o simplemente porque se trata de fanáticos obnubilados o de oportunistas que no ven más allá de los estrechos límites de sus intereses personales o grupistas.

En el caso del Ex presidente Pastrana, no hay que olvidar que utilizó la bandera de la paz para hacerle elegir, pero durante los tres años que duró el Diálogo del Caguán nunca demostró voluntad real de lograr un acuerdo, de lo cual hay abundantes evidencias, pero una sola basta para comprobarlo: en una actitud abiertamente contradictoria, mientras dialogaba con la guerrilla negociaba con el gobierno norteamericano el guerrerista y antinacional Plan Colombia, que fue sancionado por el Presidente Clinton el 13 de julio del año 2000 como la ley 106246 de Estados Unidos. A alguien verdaderamente comprometido con la paz puede ocurrírsele semejante insensatez?

El desastroso gobierno de Pastrana les abrió de par en par las puertas a los sectores más guerreristas y retardatarios, encarnados por Álvaro Uribe, que durante ocho años cerraron cualquier posibilidad de diálogo y negociación y buscaron afanosamente la derrota militar de la guerrilla o su rendición. Aunque la guerrilla sufrió golpes severos en este período, es evidente que Uribe no logró ninguno de sus objetivos, lo que explica las publicaciones de distintos medios de comunicación en el sentido de que al final de su gobierno buscó contactos con las FARC.

La última demostración de hasta dónde está dispuesta a llegar la extrema derecha para frustrar los diálogos de paz es la revelación por parte de Uribe de las coordenadas de la zona del cese de operaciones ordenado para facilitar el traslado de dirigentes de las FARC a La Habana. Como se ha manifestado desde diversos sectores, divulgar secretos militares es un delito y, en consecuencia, esperamos que las autoridades actúen para que este gravísimo hecho no vaya a quedar en la impunidad.

A Uribe le resulta inconcebible la idea de la paz porque ha derivado de la guerra abundantes dividendos políticos y siente pánico de que un acuerdo entre el gobierno y las FARC entierre definitivamente su proyecto ultraderechista. Ante el fracaso de su política guerrerista y el riesgo de terminar en el ostracismo, opta por la más irresponsable de las actitudes: “Después de mí, el diluvio”.

Entre los saboteadores de la paz no podía faltar el Procurador General de la Nación, quien, argumentando una supuesta defensa de los derechos de las víctimas, se opone a la participación política de los guerrilleros y afirma que la única alternativa para ellos es que se sometan a la justicia y vayan a la cárcel, con lo cual desconoce la existencia del delito político y conspira contra la posibilidad de que la insurgencia deje las armas para hacer política desde la vida civil, que es lo que ha ocurrido en múltiples antecedentes de procesos de paz en el mundo.

Que la ultraderecha y el militarismo se opongan a la paz, no es extraño; es lo que han hecho a lo largo de la historia. Pero lo que es insólito es que sectores que se reclaman de izquierda resulten asumiendo posiciones similares. Tal es el caso de algunos dirigentes del Polo Democrático Alternativo.

En dos confusos comunicados, que la Presidenta y el Secretario General publicaron, el 24 de marzo y el 7 de abril, al tiempo que ratifican su apoyo a la paz y a las negociaciones de La Habana, deslizan insinuaciones venenosas en el sentido de que el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional a la marcha convocada para el 9 de abril para defender el proceso de paz, “apunta a una convergencia política que estimula la confusión entre el apoyo a la paz y el respaldo a las demás políticas del Presidente Santos, ahora reforzada con la propuesta de prolongación del actual mandatario presidencial, que rechazamos”.

Más allá de las palabras, están los hechos concretos: en ninguno de los comunicados hay invitación expresa a participar en la marcha del 9 de abril y en las organizaciones de masas en donde el MOIR, que es la fuerza dominante en el Polo, tiene presencia, se ha opuesto a la movilización con el argumento mendaz de que la marcha es para apoyar a Santos. De esta manera, coinciden vergonzosamente con el uribismo y demuestran que su verdadera preocupación no es la paz sino las elecciones de 2014.

En lo que a nosotros respecta, somos oposición, no sólo al gobierno de Santos sino al régimen dominante, y no está en ninguna de nuestras definiciones políticas cambiar de posición.

La ofensiva de la extrema derecha contra la paz y las inconsecuencias del oportunismo político ponen de manifiesto, ahora más que nunca, la urgencia de defender el proceso de paz, que es una conquista de largos años de lucha de las masas por la salida negociada al conflicto, y movilizar a las calles y plazas del país a todas las fuerzas que se identifican con la necesidad de ponerle fin al conflicto.

Invitamos a todas y todos los colombianos a participar masiva y decididamente en la marcha del 9 de abril y a rodear del mayor respaldo las conversaciones de La Habana, para contribuir a la búsqueda de un Acuerdo Final que sintetice los anhelos de paz con democracia, justicia social y soberanía nacional de la gran mayoría de los colombianos.

Bogotá, D.C., 8 de abril de 2013


La senadora Gloria Inés Ramírez pide marchar este 9 de abril en defensa de los diálogos de paz
Por Camilo Raigozo

Ante la arremetida de los enemigos del proceso de paz de La Habana, en cabeza del expresidente Uribe, la senadora Gloria Inés Ramírez pidió a los colombianos que salgan a manifestar su respaldo a la Mesa de Diálogos para que estos culminen de la mejor manera en la solución incruenta del conflicto social y armado que padece Colombia.

“En la medida en que avanzan las conversaciones de La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, los enemigos declarados de la paz se vuelven más agresivos y los enemigos agazapados se quitan la máscara, y unos y otros terminan encontrándose en la misma orilla de los saboteadores de los esfuerzos por encontrarle una salida negociada al conflicto que vive nuestro país desde hace medio siglo”, manifestó la destacada senadora en un comunicado.

La congresista de izquierda criticó duramente la posición del expresidente Pastrana contra la paz y le recordó que “mientras dialogaba con la guerrilla (en el Caguán) negociaba con el gobierno norteamericano el guerrerista y antinacional Plan Colombia, que fue sancionado por el Presidente Clinton el 13 de julio del año 2000. ¿A alguien verdaderamente comprometido con la paz puede ocurrírsele semejante insensatez?”, se preguntó.

La última demostración –dice Ramírez Ríos-  de hasta dónde está dispuesta a llegar la extrema derecha para frustrar los diálogos de paz es la revelación por parte de Uribe de las coordenadas de la zona del cese de operaciones ordenado para facilitar el traslado de dirigentes de las FARC a La Habana. Como se ha manifestado desde diversos sectores, divulgar secretos militares es un delito y, en consecuencia, esperamos que las autoridades actúen para que este gravísimo hecho no vaya a quedar en la impunidad.

El procurador Alejandro Ordoñez no se quedó por fuera de las críticas de Gloria Inés Ramírez, de quién dijo que argumenta una supuesta defensa de las víctimas para oponerse a la participación política de los guerrilleros y solo acepta para ellos se sometan a la justicia y la cárcel, con lo cual desconoce la existencia del delito político y conspira contra la posibilidad de que la insurgencia deje las armas para hacer política desde la vida civil.

También criticó la posición del Polo porque  algunos de sus dirigentes en confusos comunicados al tiempo que ratifican su apoyo a la paz y a las negociaciones de La Habana, “deslizan insinuaciones venenosas en el sentido de que el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional a la marcha convocada para el 9 de abril para defender el proceso de paz, “apunta a una convergencia política que estimula la confusión entre el apoyo a la paz y el respaldo a las demás políticas del Presidente Santos”.

“En lo que a nosotros respecta, somos oposición, no sólo al gobierno de Santos sino al régimen dominante, y no está en ninguna de nuestras definiciones políticas cambiar de posición”, advirti+ó en el documento Ramírez.

Finalmente invitó todas y todos los colombianos a participar masiva y decididamente en la marcha de hoy 9 de abril y a rodear del mayor respaldo las conversaciones de La Habana, para contribuir a la búsqueda de la paz con democracia, justicia social y soberanía.



¡Urgente!
La Brigada Móvil 4 retiene a más de 70 campesinos en cercanías de Puerto Rico, Meta
Por: Rema

En estos momentos miembros del ejército nacional retienen ilegalmente a la de legación de la Asociación campesina del oriente colombiano Agroguejar, que se dirige a la ciudad de Villavicencio para iniciar la multitudinaria caravana que se sumará a la gran marcha por la paz, la democracia y la defensa de lo público este 9 de abril en la capital de la república.

En el punto comprendido entre Puerto Olivo y el Cementerio cerca de la cabecera municipal de Puerto Rico- Meta. Miembros del ejército de la Brigada Móvil 4, al mando del Cabo Primero PIZO, mantienen retenidas y exigen documentos aproximadamente desde las 4:40 p.m. a más de 70 campesinos.

El cabo Pizo argumenta que la marcha del 9 de abril “es una marcha organizada por el terrorismo y no es legal” y que de ser el caso la gente amanecerá allí pero la delegación no puede seguir su camino.

Lo anterior se suma a la retención arbitraria también el día de hoy por más de media hora de marchantes provenientes de la región de Vista Hermosa - Meta, en un retén ubicado a la salida de este municipio del oriente colombiano, por parte de miembros de la policía y el ejército.

La Fundación DHOC, Fundación para la defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano tiene delegados en el sitio, quienes le han informado de estos atropellos a los corresponsales de la Red de Medios Alternativos Populares, Rema.

Según la informaciones de los campesinos de la región del Meta, la fuerza pública viene señalando de ilegal la megamarcha del 9 de abril violando el Derecho Internacional Humanitario y colocando en peligro la integridad de los campesinos, además de cohibir la libre movilidad y la participación en un movilización pacífica que es absolutamente legal, pública y que está amparada en la Constitución Nacional, ya que la paz es un derecho y un deber de todo ciudadano.

Los defensores de derechos humanos de DHOC, exigen claridad por parte del gobierno nacional y departamental del Meta y la voluntad manifiesta que impida la continuación de estos atropellos.


Foro Social de Sao Paulo
“La paz no es simplemente ponerle fin a la confrontación armada”: Gloria Inés Ramírez
Por: Camilo Raigozo

Así lo manifestó la senadora Gloria Inés Ramírez en su intervención en el panel del Foro de Sao Paulo realizado este lunes 8 de abril en Bogotá, en el que participaron representantes de los partidos de izquierda del continente y un nutrido grupo de dirigentes sindicales y de otras organizaciones sociales de Colombia.

La senadora hizo un pormenorizado análisis sobre los acontecimientos del 9 de abril de 1948 en Bogotá, cuando la oligarquía asesinó al líder popular Jorge Eliécer Gaitán, al tiempo que se reunía en esta ciudad la IX Conferencia Panamericana, que dio origen a la Organización de Estados Americanos, OEA, denominada con razón por el presidente Fidel Castro como el Ministerio de Colonias.

También hizo un recuento sobre el talante violento y criminal de las clases dominantes en Colombia a través de la historia y como desde siempre han reprimido a sangre y fuego cualquier asomo de democracia real.

Para ese cometido estas castas han utilizado siempre, no solo a la Fuerza Pública constitucional, sino también a escuadrones paramilitares de exterminio, que van cambiando de nombre de acuerdo a su conveniencia, pero que en el fondo son lo mismo y para los mismos fines como: “Chulavitas”, “Pájaros”, “Convivir”, “Auto defensas campesinas”, “paramilitares”, “bandas criminales”, “águilas negras”, “los rastrojos”, etcétera.

“Ante la barbarie oficial, a las masas no les quedó otra alternativa que armarse para su defensa y fue así como en varias regiones del país fueron apareciendo guerrillas liberales. Entre estos guerrilleros liberales estaba un campesino llamado Pedro Antonio Marín, quién años más tarde sería el fundador y dirigente histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC”, expresó Gloria Inés Ramírez.

Así mismo la legisladora recordó los anteriores intentos de diálogos entre los diferentes gobiernos y las guerrillas de las FARC y el ELN, para encontrar una salida incruenta al conflicto social y armado que padece Colombia desde hace cinco décadas, pero que por falta de voluntad política del régimen hasta ahora han sido fallidos.

Igualmente adujo que la guerra impuesta al pueblo colombiano ha dejado en las últimas dos décadas más de 5 millones de desplazados; más de 4 mil cuadros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista asesinados; más de 3 mil sindicalistas y dirigentes sociales asesinados; más de 58 mil desaparecidos y más de 7 millones de hectáreas de tierra arrebatada a los campesinos, entre otras acciones criminales del régimen.

Sobre la Mesa de Diálogos de La Habana Ramírez Ríos señaló entre otras cosas que “requiere de tiempo, pero sobre todo de decisión política, porque de lo que se trata no es simplemente de poner fin a la confrontación armada, sino de comenzar la construcción de un nuevo país en donde sea posible la “paz estable y duradera”, de la que habla el Acuerdo General entre el Gobierno y las FARC-EP”.


Cercanía de Uribe a FF.MM huele a golpe de Estado: Piedad Córdoba
Por Caracol Radio

La exsenadora aseguró que la alianza de las fuerzas militares con Uribe "es peligrosa para el país y para el propio presidente, temo por su vida".

La excongresista calificó de gravísima la filtración de coordenadas militares y de información secreta por parte del expresidente Uribe y advirtió que se podría estar configurando un golpe de Estado.

"Esto es grave, me huele a golpe de Estado, es evidente que hay una división en las fuerzas militares y esa alianza con Uribe es peligrosa para el país y para el propio presidente, temo por su vida" señaló.

Cordoba aseguró que tiene experiencia en el manejo de coordenadas y sólo altos mandos militares tienen acceso a ellas.

"Hay un ruido de sables al interior de las fuerzas militares" puntualizó.

domingo, abril 07, 2013


Timbiquí, Cauca
Por bombardeos del Ejército se desplazaron al menos 120 familias
Por Camilo Raigozo. Con información de Cococauca

La comunidad denunció que el sábado 23 de marzo pasado en horas de la madrugada, cuatro helicópteros del Ejército arrojaron artefactos explosivos cerca de las viviendas de la comunidad de Soledad de Yantin, del Consejo Comunitario Patia Sur, municipio de Timbiquí, por lo que los habitantes tuvieron que desplazarse forzadamente.

El día 26 de marzo de 2013, las familias desplazadas hablaron con los militares y les informaron sobre el desplazamiento masivo como consecuencia de los bombardeos.

El 27 de marzo de 2013 la Personería municipal de Timbiquí hizo un registro del desplazamiento masivo de 43 familias en el corregimiento de Santa Rosa Saija, Consejo Comunitario Patia Sur.

Con base en ese registro preliminar el personero dijo que había familias que no tenían los documentos, y les dio plazo hasta el 1 de abril para presentarlos y registrarlas como desplazadas.

Un representante de la comunidad le informó a la fuente que las familias desplazadas eran 120, de las que solo pudieron registrarse 83 familias con 319 personas, entre ellas, niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos y personas con discapacidad.

Las comunidades y organizaciones de derechos humanos están preocupadas con la actitud del personero municipal, quién, según la fuente, se negó a seguir censando a las familias desplazadas con el argumento que se le habían agotado los formularios.

Después de 15 días del inicio del desplazamiento, a la fecha, la mayoría de familias aún no han recibido atención. Están esperando celeridad como parte de los compromisos salidos de las reuniones con el Comité Territorial de Justicia Transicional.

“Por lo anterior, le pedimos a la comunidad nacional e internacional la mayor solidaridad y colaboración respectiva”, dice el documento.

Hijo de Uribe aflora en investigación
Por: Gerardo Reyes, El Nuevo Herald, Miami, 14dic10

Tomás Uribe Moreno, el hijo mayor del ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, intercedió a fin de que una firma constructora brasilera y otra colombiana se unieran para participar en una de los contratos más cuantiosos del gobierno de su padre, según uno de los propietarios de la empresa colombiana.

Miguel Nule, accionista de un conglomerado familiar colombiano conocido como el Grupo Nule, relató a El Nuevo Herald que Tomás actuó como intermediario de la pretendida alianza durante una reunión que se realizó en la sede de la dirección de la multinacional brasilera Odebrecht en la Ciudad de Panamá en noviembre del 2008.

"Tomás estaba intermediando para que nosotros [Odebrecht y los Nule] estuviéramos juntos, [estaba] presentándonos, básicamente'', explicó Nule a El Nuevo Herald.

De acuerdo con Nule, en la reunión participaron también Guido Nule, primo suyo; el director de Odebrecht para Panamá, André Rabello; así como Juan Eslava, a quien identificó como funcionario del gobierno panameño.

La unión temporal de las dos empresas no se logró, pero Odebrecht obtuvo a finales del año pasado un contrato de $1,200 millones --en unión con firmas colombianas-- para la construcción de un tramo de la llamada Ruta del Sol.

Tomás, de 29 años, se ha negado a hablar sobre el tema. No respondió varias llamadas y correos electrónicos en los que El Nuevo Herald pidió su opinión sobre el potencial conflicto de intereses de su actuación como intermediario de una empresa favorecida por el gobierno de Uribe.

Rabello comentó a través de sus representantes de relaciones públicas que su oficina no maneja asuntos relacionados con Colombia, pero se negó a responder preguntas relacionadas con la reunión.

La semana antepasada una reportera del diario panameño La Prensa, preguntó a Uribe sobre el encuentro de Tomás con Odebrecht y los Nule, citando como fuente a Miguel Nule.

Uribe, visiblemente molesto, respondió: "¿Me vas a preguntar chismes? No, no, no me preguntes sobre chismes de bandidos, que las actividades de mi familia son bien claras y bien conocidas. Los hijos míos jamás participan en negocios con el Estado. No me preguntes chismes de chanchulleros [corruptos]''.

Los Nule son investigados en Colombia por acusaciones de un multimillonario fraude en contratos de obras públicas con el Estado.

Nule, quien está declarando en el consulado colombiano en Miami en el marco de una investigación de la Procuraduría General de la Nación, afirmó que está dispuesto a explicar a las autoridades los detalles de la intermediación de Tomás entre su conglomerado y la firma brasilera.

En la entrevista con El Nuevo Herald en octubre Nule aclaró que Tomás no pidió dinero por su intermediación. Su papel fue presentarlo a él y a Guido a Odebrecht para estudiar la posibilidad de un emprendimiento conjunto de ambas firmas.

Según Nule, era obvio que Tomás tenía un trato familiar con Rabello y con Eslava, a quienes El Nuevo Herald no pudo localizar.

"Estuvimos reunidos como dos o tres horas. Hablamos de todo. Yo hice una exposición de la empresa. Miramos las posibilidades de negocios, miramos que queríamos estar en el tramo de la Ruta del Sol, que estudiáramos eso'', explicó Nule.

De acuerdo con Nule, la reunión se la propuso Tomás a su primo Guido.

Nule explicó que cuando le preguntó a Guido qué interés tenía Tomás en el negocio, éste le respondió que los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno querían imitar a los Nule en su exitosa carrera empresarial.

"Guido dijo: `Estos muchachos [los Uribe] quieren ser como nosotros, el sueño de ellos es ser como nosotros'', recordó Nule.

Para la época del encuentro, el conglomerado de los Nule era objeto de elogiosos artículos de la prensa de Colombia por su rápido crecimiento.

A la pregunta de por qué Odebrecht, siendo una poderosa multinacional, necesitaba buscar una alianza con ellos, Nule respondió:

"A ellos les interesaba un jugador local, una empresa de estas no puede entrar sola a una licitación a menos que haya unos niveles muy altos de manejo, de manipulación de la licitación''.

Odebrecht es una próspera empresa brasilera con grandes contratos en los sectores del transporte en varias partes del mundo, incluyendo la construcción de una extensión del metro de Miami.

Esta no es la primera vez que los hijos de Uribe se ven involucrados en negocios relacionados con el gobierno de su padre.

El columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, denunció el año pasado que el gobierno creó una zona franca al occidente de Bogotá que favoreció terrenos de una empresa de los hermanos Uribe.

"Los hijos del Presidente se han enriquecido por decisiones tomadas por funcionarios, algunos de los cuales son subalternos directos de su padre'', escribió Coronell. "El asunto desborda el ámbito de las actividades privadas de los señores Tomás y Jerónimo Uribe y hace necesario que expliquen, por ejemplo, cuánto entrará a sus bolsillos por cuenta de la creación de la nueva Zona Franca de Occidente''.

Los Nule mantuvieron una buena relación con el gobierno de Uribe en su primer período y al comienzo del segundo (2006-2010). Nule comentó que su mejor canal de comunicación y entendimiento con el gobierno fue el ex senador José Guerra de la Espriella.

Según Nule, Guerra de la Espriella estaba en la nómina de asesores de su conglomerado empresarial como consultor y cabildero.

El ex senador recibió $1.5 millones por lograr la adjudicación de la concesión de la carretera Bogotá-Girardot además de otros pagos por la asesoría en diferentes proyectos, agregó Nule.

"El alardeaba de tener acceso directo con el presidente y de verdad que nos ayudó varias veces'', señaló Nule.

Guerra de la Espriella negó rotundamente que hubiera sacado ventaja de su amistad de 40 años con Uribe para beneficiar al Grupo Nule y que el monto de la comisión mencionado por Nule está errado.

"Si yo hubiera llegado a decirle al presidente Uribe que favoreciera a los Nule, me hubiera sacado a patadas. Yo conozco muy bien al presidente'', afirmó Guerra de la Espriella.

El ex senador dijo que trabajó con los Nule del 2003 al 2006 como consultor, por lo cual recibía $5,000 mensuales y que ayudó al conglomerado familiar a resolver problemas jurídicos, atrasos en pagos por parte del gobierno y asuntos financieros. También los presentó ante el gobierno de Dubai para que estudiaran la posibilidad de invertir en el emirato árabe.

Guerra de la Espriella fue condenado en 1998 en Colombia por enriquecimiento ilícito con dineros del narcotráfico. Un comité de la Organización de Naciones Unidas falló este año que el gobierno de Colombia violó los derechos humanos durante el proceso penal y ordenó una reparación moral. El fallo de la corte, explicó el ex senador, podría eventualmente dejar sin validez la sentencia de condena.

Guerra de la Espriella dijo que desconocía la reunión entre Tomás, los Nule y Odebrecht.

La relación entre Guerra de la Espriella y los Nule se enturbió a raíz de que éstos últimos no cumplieron con el pago de dos préstamos que les hicieron el padre de Guerra de la Espriella y un tío suyo. Uno de los préstamos fue por $2.3 millones y el otro por $700,000.

Archivos del gobierno de Colombia muestran a los Guerra de la Espriella en la lista de grandes acreedores del conglomerado de los Nule.

El conglomerado fue intervenido en medio de acusaciones de malos manejos de las empresas.

Vea también:


  • "



  • Publicidad
    Paute aquí
    Contáctenos


    Zona comercial