sábado, abril 20, 2013


Congreso Para la Paz
Pueblos Construyendo Paz Para La Vida Digna

Diversas organizaciones y sectores sociales y populares de todo el país seguimos encontrándonos en la necesidad de avanzar en la propuesta de un escenario general de los pueblos, organizaciones, sectores y regiones para la paz.

Lo hemos hecho inspirados y en el marco de los procesos de movilización que en los últimos años han tenido la capacidad de sacudir la realidad nacional y hablarle al país con voz y fuerza propia. También venimos construyendo desde la Ruta Social Común para la Paz en esa apuesta de articulación hacia un gran movimiento social por la paz.

Nuestro país vive inmerso en un conflicto social, político y armado de más de 50 años que ha causado la pérdida de vidas humanas, la desintegración de la sociedad, la ausencia de un futuro sostenible.

Es una necesidad imperante terminar la guerra en la que vivimos cotidianamente. Pero no basta con decir “que termine Ya éste conflicto”. La sociedad en general debe actuar para el logro de salidas reales.

En la base estructural del conflicto se encuentran las desigualdades sociales, la inequidad en la distribución de la riqueza, la falta de garantías para la organización y movilización social, las continuas violaciones a los derechos humanos y un régimen antidemocrático que ha favorecido el saqueo, el despojo, la corrupción y el asesinato.

Un régimen, al servicio de los intereses del gran capital, que ha gobernado el país por más de 200 años. La guerra y la paz son asuntos estructurales en nuestro país.

En medio de éste contexto tan difícil, el pueblo colombiano ha generado diversas iniciativas y experiencias de paz, construyendo comunidad, educación propia, economía alternativa, autonomía; hechos y expresiones de la posibilidad de una vida digna.

Se han construido en la lucha, la resistencia y la confrontación, porque en nuestro país las garantías han sido escasas. Por eso mismo, dichas experiencias son diversas, tienen rasgos indígenas, afros, campesinos, de pobladores urbanos, de detenidos-as políticos-as;-

tienen trazos y huellas de hombres, mujeres, jóvenes y trabajadores-as, emanados de las realidades territoriales de todo el país y con el color de los múltiples pensamientos emancipadores.

De ahí nace la decisión y la autoridad para pensar y proponer que el movimiento social y popular está resuelto a convertirse en parte activa y permanente de la construcción de paz y de la solución política y negociada del conflicto social y armado que vive el país.

La paz no es asunto solamente de quienes están armados, no se reduce a una mesa de negociación y son las experiencias de lucha del pueblo colombiano las que brindan las claves de la paz.

Nos proponemos desde esta iniciativa consolidar y posicionar una propuesta colectiva de país en paz desde la articulación de visiones, apuestas e iniciativas sociales locales, regionales y nacionales que aporte en la construcción de paz integral para Colombia y en la generación de iniciativas y mandatos concretos para el momento que vive el país, para lo que requerimos avanzar hacia la construcción integral de paz.

Desde los distintos procesos e iniciativas regionales hemos previsto la realización de Congresos Regionales para la Paz que potenciaran la voz de los sectores sociales, populares y democráticos, que vienen en procesos de construcción histórica, de trabajo desde la base, con una visión de nuevo país en paz.

Congresos regionales que se realizaran en diversos territorios del país en el primer trimestre del año pues la propuesta de Paz debe ser construida desde las dinámicas locales, regionales, respetando las historias, las particularidades y especificidades de las comunidades.

Estos congresos regionales confluirán en un Congreso Nacional para la Paz que recoja y proyecte en propuesta de país y movilización, este momento nacional está previsto para realizarse del 19 y el 22 de abril de 2013 en Bogotá.

Para hacerlo, llamamos a todos los sectores y procesos sociales, a los pueblos, a las organizaciones políticas con perspectiva transformadora, a todos y todas quienes habitan éste país a construir la propuesta del Congreso para la Paz, entendiéndolo como un escenario general que defina el mandato para la paz.



Convocatoria
Seminario Nacional Autonomías, Soberanía, Desarrollo Rural y Zonas de Reserva Campesina
Por Anzorc

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana, convocan  a las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, al gobierno nacional, los partidos políticos, sectores académicos,-

organizaciones no gubernamentales y gremios  de la producción agropecuaria a participar en el seminario nacional que realizaremos el próximo 26 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá. D. C., sobre el enfoque de la autonomía que construyen las comunidades rurales, sus planes de vida y sus enfoques de desarrollo.

A raíz de los diálogos que actualmente adelanta el gobierno de presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, los avances que ha tenido el movimiento campesino,-

 indígena y afrodescendientes, el informe de desarrollo humano 2011 del PNUD y la propuesta de Ley de Tierras y Desarrollo Rural del gobierno colombiano se ha puesto de presente la discusión sobre los enfoques que en adelante debería tener el campo colombiano y dentro de él, la autonomía territorial de las comunidades rurales.

En esta discusión, las Zonas de Reserva Campesina, organizadas en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, presentaron su  Propuesta Política y Programática para Una Reforma Agraria Integral,-

el Reconocimiento de los Derechos Campesinos, y la Paz con Justicia Social para Colombia a la mesa de negociaciones de la Habana, dentro de la cual uno de sus puntos principales tiene que ver con la concepción para construir su autonomía en los territorios donde existen y se impulsan ZRC.

Del mismo modo, las comunidades indígenas y afrocolombianas han venido luchando por el respeto a su autonomía y la defensa de sus territorios a través de sus resguardos y territorios colectivos construyendo autónomamente sus respectivas relaciones con el Estado y sus entornos.

Dadas las consideraciones anteriores, creemos fundamental impulsar escenarios de encuentro en el que podamos reunir diversas visiones y concepciones sobre el ejercicio constructivo de la Autonomía Territorial de las comunidades como parte fundamental a democracia y la paz en Colombia.

Por tales consideraciones, los invitamos a participar activamente de este seminario y esperamos contar con su presencia, disposición y participación.

Convocan:

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc
Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana.
Red Distrital de Investigadores en Autonomías Territoriales y Zonas de Reserva Campesinas
Estudiantes de 2 Semestre Maestría en Desarrollo Rural Universidad Javeriana.

Apoyan:

IIlsa, Unión Europea y Fórum Syd.

Mayores informes y preinscripciones:

zonasdereservacampesina@gmail.com
Tel: 2810844 – 318 255 13 49- 315 825 90 64- 314 483 02 42- 320 477 37 51- 314 331 60 94

viernes, abril 19, 2013


Tierralta, Córdoba
Alcaldía, Ejército y Policía, hostiles contra misión humanitaria
Por Camilo Raigozo

La Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, denunció el asesinato del líder campesino Dairo Luis Espitian y también el incremento de los hostigamientos y persecuciones contra los campesinos y organizadores de la próxima Acción Humanitaria que se realizará el 26 y 27 de abril.

A continuación transcribimos la denuncia de los campesinos:

La Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas

Denuncia ante la comunidad nacional e internacional el asesinato del señor Dairo Luis Espitian, la creciente militarización del corregimiento El Crucito y la persecución que realiza la Policía Nacional de los actos preparativos a la Acción Humanitaria.

En el marco de la convocatoria  a la primera Acción Humanitaria que se llevara a cabo en el corregimiento El Crucito municipio de Tierralta (Córdoba), entre los días del 26 al 27 de abril, Asodecas, viene recibiendo por parte de la fuerza pública una serie de hostigamientos,-

amenaza y bloqueos  con el fin de no permitir el desarrollo de la Acción Humanitaria, actividad que ha sido convocada con el fin de visibilizar la crisis humanitaria originada en el aumento de las hostilidades, la persecución a las comunidades campesinas y la constante violación a los Derechos Humanos en esta región.

Esta acción humanitaria cuenta con el respaldo de varias organizaciones sociales, campesinas y defensoras de los Derechos Humanos a nivel nacional y regional, que han visto la necesidad de acompañar y solidarizarse con los habitantes del corregimiento El Crucito en el Alto Sinú.

Los hechos de hostigamiento a este proceso organizativo y las comunidades en general, dan cuenta de la convocatoria hecha por la Alcaldía de Tierralta y las Fuerzas Militares a una Jornada cívico militar a llevarse a cabo el día 26  de abril en este mismo  corregimiento,-

acto que busca vincular la población civil en el conflicto armado y poniendo en riesgo la Acción Humanitaria  que fue convocada por Asodecas y las organizaciones sociales en su conjunto, desde  los primeros meses del presente año, violando así  por parte de la fuerza pública el principio de distinción y la consecuente infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Recientemente la Defensoría del Pueblo ha alertado del Riesgo para las comunidades de El Crucito y la Iguana, así como el deber de respeto que obliga a las autoridades civiles y Fuerzas Militares de no involucrar a la Población Civil en el conflicto armado.

1.      El día 16 de abril fue asesinado el señor Dairo Luis Espitian, en la vereda la Iguana en Tierralta, Córdoba, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia, su familia ha manifestado sentir temor por sus vidas si denuncian-

los hechos ante las autoridades públicas o sin dan más información, situación que evidencia el sufrimiento de la población civil, la afectación de sus derechos y el fracaso de las Políticas de Seguridad del actual Gobierno. Al momento de la presente denuncia no se conocen los responsables de tan injusto crimen.

2.      El 18 de abril de 2013, a las 5:30 de la tarde en el casco urbano de Tierralta, tres jóvenes que hacen parte del comité animador de la Acción Humanitaria, fueron detenidos injustamente por integrantes de la Policía Nacional-

bajo el mando del mayor de apellido Cuervo (ya que se negó a identificarse plenamente), cuando se encontraban instalando pasacalles y afiches que invitaban a la población de este municipio a sumarse a la Acción Humanitaria programada para los días 26 y 27 de abril.

Los policiales manifestaron la ilegalidad de la Acción Humanitaria y de la invitación a la comunidad a participar, que estaban decididos a impedir se difundiera información relacionada con la Acción Humanitaria, violentado los derechos fundamentales a la Asociación,-

a la Libre Expresión y Opinión, y fundamentalmente a las iniciativas humanitarias de la población civil que buscan tomar distancia con el conflicto armado y su incidencia en las comunidades, buscando la Policía Nacional silenciar a quienes  quieren ejercer su derecho a denunciar.

3.      Durante la semana del 15 al 19 de abril, se ha visto como el Ejército Nacional tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, han incrementado el pie de fuerza acantonado en el corregimiento El Crucito, hostigando a las personas y organizaciones sociales que están haciendo presencia allí en labores de preparación de la Acción.

Desde ya hacemos responsables al Ejercito Nacional si ocurre algún atentado contra la vida e integridad personal de los integrantes de la comunidad campesina allí asentada o de alguna persona que se encuentre en las labores de preparación y organización de la Acción Humanitaria.

El asesinato de este campesino, y los actos de hostigamiento de la Fuerza Pública se dan en el marco  de la preparación a la Acción Humanitaria, la cual  requiere de que líderes de la región y de otras organizaciones acompañantes se movilicen al corregimiento El Crucito  para dar inicio a la actividad los días 26 y 27 de abril,-

evidenciando claramente que la Política de Seguridad del actual Gobierno y la implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, más que una estrategia de seguridad, es una estrategia de silenciamiento de los campesinos y de afectación de sus derechos territoriales y de iniciativas ambientales en la región.

Dejamos claro el carácter civil y de ejercicio de derechos y de ciudadanía de la Acción Humanitaria, pese a los hostigamientos continuaremos con la relación de este acto, e igualmente insistimos en el cese de la jornada Cívico-Militar convocada por la alcaldía de Tierralta y el Ejército Nacional como acción de involucramiento de la población civil en las hostilidades.

Exigimos 

1.       A los Gobiernos municipales, al gobierno Departamental y Nacional tomar las medidas pertinentes que brinde garantías y efectividad de los Derechos Humanos, el Derecho a la Vida, la integridad personal, la organización, la libre movilidad, de los líderes de Asodecas y de todos los participantes de la Acción Humanitaria.

2.       A la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación se investigue los hechos denunciados que generan miedo y zozobra  a las comunidades campesinas de la zona, y se convierten en actos determinadores de agresiones a las organizaciones sociales y sus integrantes.

3.      Exigimos una vez más al Gobierno Nacional, se brinden las garantías para que todos los integrantes de las organizaciones sociales, estudiantiles, de defensa  de los Derechos Humanos, puedan  trasladarse al corregimiento El Crucito sin ser objeto de requisas, empadronamientos, maltrato y hostigamiento por parte de la fuerza pública.

4.      A las organizaciones sociales, de víctimas, de defensa de los derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos requerir al Gobierno Nacional-

para que suspenda la Jornada Cívico Militar programada por la Alcaldía de Tierralta y el Ejército Nacional, además que cesen los hostigamientos contra los organizadores de la Acción Humanitaria organizada por las asociaciones campesinas y se brinden todas las garantías para su realización.

Solicitamos

A la comunidad Nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento y el estar atentas a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales, los campesinos y las comunidades que trabajan en torno de la defensa de territorios,-

soberanía y buscan la paz por medio de la solución negociada al conflicto social y armado, y que lo han expresado a partir de  su participación en la gran Movilización por la Paz llevada a cabo el pasado 9 de abril en la ciudad de Bogotá.


Popayán, Cauca
Intentan desaparición forzada de defensora de derechos humanos y la Policía actuó como cómplice
Por: Camilo Raigozo

Ayer 19 de abril a las 9 de la mañana, cuando la defensora de derechos humanos Sofía López abandonaba las instalaciones de la Fiscalía, fue agredida por dos sujetos quienes dijeron pertenecer a la Sijin e intentaron secuestrarla. 

Ante los gritos de la víctima se armó un trancón,  llegaron líderes sindicales  y la Policía. Sin embargo los policías se pusieron del lado de los victimarios y contra la víctima.

A continuación el texto íntegro de la denuncia hecha por  la Corporación Justicia y Dignidad:

Intento de desaparición forzada de la de defensora de Derechos Humanos Sofía López Mera

Siendo las 9 de la mañana del día de hoy 19 de abril de 2013, cuando la defensora de derechos humanos Sofía López, salía de la unidad de "Justicia Y Paz" de la Fiscalía en Popayán, Cauca, un sujeto desconocido de civil la llamó por su nombre.

La abogada le contestó que ella no lo conocía, que la dejara tranquila, por lo que el sujeto la estrujó y la tomó fuertemente del brazo diciéndole que la acompañara.

Al ver que la abogada no le contestó nada, el sujeto le gritó que ella "tenia una orden de captura del sexto". Al tiempo llegó otro sujeto, que de rapidez mostró un supuesto carnet el cual no puedo ser visto por la abogada y le dijo que era de la SIJIN, que lo acompañara, al tiempo que intentaba registrarle sus pertenecías.

La abogada se soltó del sujeto y tomó un taxi que pasaba por el lugar. El sujeto se subió al taxi e intentaba esculcar las pertenencias de la abogada y le dijo al taxista haga lo que yo le digo.

En medio de las voces de auxilio de la abogada, se formó un trancón en la vía y otras personas se acercaron al lugar. Como pudo la abogada llego a un lugar de llamadas telefónicas en medio de las agresiones físicas del sujeto que no se identificó.

En ese momento llegó una patrulla de policía y a pesar de que la abogada exigió al sujeto la identificación, el tipo se negó a darla.

Posteriormente llegó un agente de la Policía de apellido Duvan Najar a quien la abogada le manifestó que era defensora de derechos humanos y que tenía Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y denunció el hecho de que el sujeto de civil que no se quiso identificar la maltrató físicamente y que sin su voluntad la quería llevar en un taxi.

Le exigió también que identificaran al hombre de civil. El Policía Duvan Najar, ante la exigencia de identificar al sujeto de civil, respondió que él que era el que mandaba, que cuales medidas cautelares, y le dijo usted no tiene como comprobar eso, y además obligó a la abogada a mostrar todo lo que tenía en su maletín.

Entre las pertenencia de la abogada se encontraba un Acta de la Unidad Nacional de Protección, su agenda, y su portátil. A pesar de ello el sujeto sin identificar manifestaba que la abogada tenía “orden de captura del sexto” y quería arrebatarle sus documentos de identidad.

Ante tan fragrante agresión el agente de la policía Duvan Najar reitero que él era el que mandaba y exigió los documentos de identificación de la abogada. La abogada exigió presencia de organizaciones sociales, de la defensoría del pueblo, y de derechos humanos.

El Policía dijo que él no iba a llamar a nadie porque él era la autoridad y le dijo a la abogada que ella no tenía como demostrar que tenía Medidas Cautelares y que ella debía irse hasta la SIJIN.

Luego de llegar al lugar, líderes sindicales de Anthoc Cauca, de la CUT y de otras organizaciones sociales, y una vez la policía nacional constató que la abogada no tenía orden de captura, ninguna de esas autoridades pudo dar explicaciones lógicas de la retención.

Se exigió por parte de los dirigentes sociales que el sujeto que agredió, e intento llevarse a la abogada, se identificara, y la Policía no lo quiso identificar y dijeron que no podían dar esa información.

Igualmente cuando el hermano de la abogada llegó al lugar, los miembros de la policía nacional, le tomaron fotografías, le pidieron sus documentos de identidad. Un efectivo regular de la policía Nacional tenía una cámara con la que filmó a todos los dirigentes sindicales, a los familiares y a la abogada.

Por los antecedentes de amenaza y hostigamientos de parte de funcionarios estatales y paramilitares en los últimos días, y ante la ausencia de explicaciones de parte de parte de los supuestos agentes de civil y los policiales, consideramos que el fin era desaparecer a la abogada Sofía López.

Los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad acompaña jurídicamente casos de graves violaciones a los derechos humanos en la región y ha denunciado en variadas ocasiones ante La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU al Estado de Colombia, por casos de Ejecuciones Extrajudiciales,-

Desaparición Forzada, Tortura, Desplazamiento Forzado, violaciones a la Libertad Sindical, ocurridos en los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, atribuibles a agentes estatales, en la mayoría de los casos con la participación de grupos paramilitares.

Hacemos un llamado a la Cancillería Colombiana para que aclare tan grave situación y coordine con la unidad de protección y ofrezca las garantías necesarias para proteger la vida e integridad física y moral de la doctora Sofía López.

Al presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, para que sus palabras de garante de los Derechos Humanos, ofrecidas frecuentemente ante la Comunidad Nacional e internacional y organismos de Derechos Humanos, se traduzcan en hechos efectivos.

Asimismo hacemos un llamado a La Oficina De Derechos Humanos de la ONUy a la CIDH, para inste al estado a respetar a los defensores de derechos, su trabajo y sus organizaciones.

jueves, abril 18, 2013

Comisión humanitaria al alto Sinú

Los objetivos serán denunciar y divulgar la crisis humanitaria que vivimos las comunidades del Alto Sinú en el Sur de Córdoba, a partir de las frecuentes violaciones de derechos humanos, expresadas en fumigaciones indiscriminadas que afectan los cultivos de pan coger, la fuerte presencia paramilitar que hay en la zona y los frecuentes señalamientos, hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas militares y en particular, la persecución, estigmatización y criminalización contra la organización campesina. 










Terrorismo de Estado/
Capturan  a capitán del Ejército por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron al capitán Geovanny Botero Yanquin,  adscrito al Batallón de Caballería Mecanizada Juan José Rondón, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un civil, informó el ente investigador.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía el presunto terrorista del régimen  estaría involucrado en crímenes ocurridos el 20 de marzo de 2004 en una ranchería en el municipio de Albania, Guajira, en donde fueron asesinados Camilo Polanco Ipuhana, Abraham Iguarán Iguarán y David Uriana Ipuhana.

Por este hecho, el 10 de abril el CTI capturó a 8 militares más, quienes se encuentran con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Botero Yanquin quedó a disposición de la Fiscalía, que en los próximos días le definirá su situación jurídica.

En diciembre pasado el presidente Santos, su ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la cúpula militar, entre otros, en complicidad con congresistas inescrupulosos aprobaron la ampliación del fuero militar, con lo cual los crímenes cometidos por miembros del Ejército y de la Policía quedan en la impunidad.


Argelia, Cauca
Denuncian que el Ejército se atrincheró en las viviendas desplazando a las comunidades
Por Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes denunció que el pasado 17 de abril a las 8:30 de la mañana arribaron a la vereda El Guayabal, Corregimiento La Belleza, un buen número de militares pertenecientes al Batallón de Combate Terrestre No. 37 Macheteros del Cauca, adscrito a la Brigada 29 del Ejército.

Según la denuncia los uniformados procedieron a ubicarse en las viviendas, por lo que varios comuneros y propietarios de los bienes civiles les solicitaron que se retiraran del casco urbano y de las casas pero los militares hicieron caso omiso.

El día siguiente a las 10 de la mañana se presentaron enfrentamientos armados en el caso urbano de la vereda Guayabal entre integrantes del Ejército e insurgentes de las FARC EP.

En medio de los combates los miembros del Ejército, además de disparar de forma indiscriminada toda clase de artefactos de guerra, utilizaron como trinchera las viviendas de los campesinos.

Ante la intensidad de los combates y la ocupación ilegal de las viviendas y de otros bienes civiles por parte del Ejército quién puso como escudo humanos a los pobladores, estos se vieron obligados desplazarse forzadamente y se concentraron en el poblado del corregimiento La Belleza.

En ese sitio se encuentran en condiciones precarias 295 campesinos, entre los que hay tres mujeres  embarazadas, dos mujeres lactantes, 98 niños, 20 adultos mayores y 182 adultos, entre mujeres y hombres.


Aprobado en primer debate proyecto de ley para recuperar derechos laborales arrebatados por reformas anteriores
Por: Gloria Inés Ramírez Ríos. Senadora de la República elegida por el PDA

El 16 de abril del presente año, la Comisión Séptima de Senado aprobó en primer debate la ponencia presentada por la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos al Proyecto de Ley No. 82 de 2012 Senado, “Por la cual se derogan las disposiciones que no lograron los efectos prácticos para la generación de empleo, de la Ley 789 de 2002”.

De esta manera, si el proyecto se convierte en ley, se eliminarán las normas sobre flexibilización de los contratos laborales, ampliación de la jornada laboral y recorte de los pagos adicionales por horas extras dominicales, festivos y deslaborización de los contratos de aprendizaje, y se establece que la liquidación de las vacaciones en dinero se hará con base en el último salario devengado.

La Ponencia de la Senadora Gloria Inés se fundamentó en el parágrafo del artículo 46 de la mencionada Ley, que alienta al Congreso a tomar la iniciativa de presentar un nuevo proyecto cuando no se hayan logrado los efectos prácticos para la generación del empleo.

En efecto, distintos estudios de varias universidades reconocidas han demostrado cómo las disposiciones han tenido un efecto marginal en la generación de empleos y, por el contrario, han contribuido a la precarización laboral. Inclusive, el entonces Procurador Edgardo Maya,  señaló que la Ley 789 “atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo y las garantías mínimas laborales y desconocen principios, valores y derechos fundamentales consignados en la Carta Política y los Tratados internacionales.”

La tasa de desempleo en el mes de febrero del presente año fue de 11.8%, mientras que en el mismo mes del 2012 era del 11.9%, lo cual quiere decir que sólo disminuyó en una décima, que es una cifra ridícula, de la cual el Gobierno no debe sentirse orgulloso[1].

Por otra parte, la Escuela Nacional Sindical ha demostrado cómo “apenas el 32% de los colombianos que trabajan, tiene condiciones de trabajo decente porque la mayor parte de los empleos de la economía son de mala calidad.”[2]

Además, más de la mitad de la población está en condiciones de informalidad. De acuerdo con el DANE, del total de ocupados, el 51.2% tenía un empleo informal. Por su parte, el Banco de la República considera trabajadores informales a los que no contribuyen a la seguridad social y de acuerdo con esta definición la informalidad está en el 62%. Estas cifras dieron lugar a que el último Informe del Panorama Laboral de América Latina de la OIT clasificara a Colombia entre los cuatro países de la región con mayor informalidad.

Ante esta realidad, el Proyecto de Ley aprobado pretende recuperar las condiciones laborales y materiales para los trabajadores con las siguientes propuestas: en primer lugar, restablecer la jornada de trabajo diurno de 6am a 6pm.

En segundo lugar, restablecer los límites de los turnos de trabajo y recuperar el reconocimiento de los recargos por horas extras, dominicales, festivos y trabajo nocturno y establecer que la compensación en dinero de las vacaciones se haga con base en el último salario devengado.

En tercer lugar, el proyecto recupera el carácter laboral del contrato de aprendizaje en respuesta a algunos de los problemas por los que atraviesan los aprendices, gravemente desprotegidos desde la aplicación de la Ley 789, a fin de que se cumplan los Convenios de la OIT y se restablezca su afiliación a la seguridad social, lo mismo que el derecho a recibir una formación integral profesional y una remuneración justa por su trabajo.  

Por estas razones, los integrantes de la Comisión Séptima del Senado acogieron la Ponencia y la aprobaron por unanimidad, lo que representa un paso importante para la recuperación de los derechos que habían sido cercenados por la Ley 789 de 2002.

No obstante, tanto el movimiento sindical como los aprendices del Sena y de otras entidades de formación profesional, deben estar alerta para que en lo que resta del trámite legislativo no se vayan a frustran los avances logrados en la Ponencia para primer debate.

Bogotá, D.C., 18 de abril de 2013

[1] Boletín de Prensa Encuesta Calidad de Vida DANE, del 27 de marzo de 2013,
[2] Escuela Nacional Sindical. Informe sobre Trabajo Decente 2012.

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“Hay que devolverles a los trabajadores los derechos arrebatados”: Gloria Inés Ramírez
Por: Camilo Raigozo

El pasado 16 de abril fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República un proyecto de ley que busca devolverles a las y los asalariados colombianos los derechos conculcados por la ley 789 de 2002, más conocida como ley de flexibilización laboral del gobierno de Uribe.

La ponencia sobre el proyecto de ley fue realizada con decoro por la parlamentaria Gloria Inés Ramírez, quien con argumentos sólidos e irrefutables convenció a sus colegas para que este fuera aprobado y pasara a segundo debate. Otros congresistas que trabajaron en el proyecto fueron Alexander López, quien es el autor y Liliana María Rendón.

Ramírez Ríos demostró que los argumentos exhibidos por el entonces gobierno de Uribe para conculcarles los derechos a los trabajadores resultaron falsos. Uribe argumentó que las modificaciones de varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo generarían empleo. No fue así, pero se le pauperizaron las condiciones y los salarios de los trabajadores.

Entre otros alcances el proyecto de ley busca restituir el artículo 170 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual disponía que la jornada diurna laboral está enmarcada entra las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y no hasta las 10 de la noche como lo estableció la ley de flexibilización laboral de Uribe.

Igualmente se restablecerían los recargos por horas extras diurnas y nocturnas laboradas, lo mismo que el recargo de cien por ciento para dominicales y días festivos trabajados. Del mismo modo sucedería con el recargo al derecho a las vacaciones remuneradas. 

Otro de los alcances importantes que tendría la aprobación del proyecto es sobre el contrato de aprendizaje, pues se restablecería el carácter laboral del mismo y por lo tanto también se recuperarían los beneficios y los derechos laborales y salariales para miles de jóvenes aprendices del Sena, universidades y de otros programas de formación.

“Hay que devolverles a los trabajadores los derechos arrebatados en la ley de flexibilización laboral del 2002. Yo pienso que esta es una de las leyes más importantes que debe ser aprobada por este Congreso para beneficiar  a millones de asalariados en Colombia”, expresó Ramírez Ríos.

“Esta es una noticia muy positiva para los trabajadores colombianos. Creo que es un acto de justicia. Con esta decisión se van a beneficiar más de 9 millones de trabajadores de manera directa”, dijo el congresista Alexander López luego de escuchar la ponencia de su colega Gloria Inés Ramírez.

La legisladora de izquierda en su exposición explicó que los únicos que se han opuesto y han pedido que el proyecto de ley sea archivado son los gremios económicos, entre ellos la ANDI y el Consejo Gremial Nacional.

“Estos siguen sosteniendo que se afectaría la generación de empleo porque supondría un encarecimiento de este factor productivo que conduciría a la reducción de puestos de trabajo y a una desmejora de la calidad del mismo, lo cual es una falacia, como lo acabamos de demostrar”, indicó la senadora, quién a renglón seguido anotó que las y los trabajadores deben apoyar decididamente esta iniciativa movilizándose masivamente para exigir sus derechos. 

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Mitú, Vaupés
Pueblos Indígenas Amazónicos celebran 18 años de su organización OPIAC
Por Ismael Paredes

Con la presencia de pueblos y organizaciones indígenas de los 6 departamentos de la Amazonía colombiana, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior, instituciones departamentales de Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Guaviare y Caquetá, y la administración de la ciudad de Mitú se dio inicio al Acto de Conmoración de los 18 años de la Organización de  Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC.

Henry Cabria Medina, su actual presidente rememoró la creación de la organización hace 18 años en Mitú, donde se realizó  el primer congreso  de la OPIAC en 1995.  Cabría hizo un llamado a los pueblos indígenas a transformar la historia y con sus aportes coadyuvar a la región amazónica a salir de su retraso en aspectos como salud, educación, comunicaciones, servicios básicos, entre otros, en materia de atención básica a los pueblos que habitan esta vasta región selvática.

Cabría también resaltó el esfuerzo y la dedicación de las mujeres indígenas, quienes de forma propositiva se han empoderado de los procesos organizativos y en acciones prácticas para beneficio de sus comunidades como la construcción del Programa de Protección para mujeres indígenas contemplado en el Auto 092 de la Corte Constitucional y que hoy se encuentra en su etapa final de construcción y concertación con el gobierno para su implementación.
     
La conmoración del XVIII aniversario de la OPIAC se desarrolla en Mitú del 17 al 19 de abril en el marco del desarrollo de la Mesa Regional Amazónica, MRA, que reúne a los pueblos y delegados indígenas de la Amazonía para avanzar en la discusión y concertación en temas como las Entidades Territoriales Indígenas, en la cual se reúnen los 12 delegados de la MRA, en cabeza del presidente de la OPIAC Henry Cabria, y las representantes del Gobierno nacional y las entidades territoriales.

De otra parte las mujeres indígenas Amazónicas, en coordinación de Carol Adriana González de la OPIAC, se reúnen en la Maloka tradicional de la ciudad para socializar y ajustar el documento final para la implementación del Programa de Garantías para mujeres indígenas del Auto 092 de 2008 emitido por la Corte Constitucional para amparar los derechos de la mujer indígenas y; por otro lado se reúne el equipo del Programa de Garantía del Auto 004 de 2009, que coordina el Secretario general de la OPIAC José Benhur Teteye.

El Acto central de conmemoración de la OPIAC se llevará a cabo el próximo viernes 19 de abril a las 2 de la tarde en la Maloka Tradicional de Mitú.

Mayores Informes:
Henry Cabria Medina, presidente OPIAC: 3125738143
Benhur Teteye, Coordinador Programa de Garantía del Auto 004 y Secretario general de la OPIAC: 3104754385
Carol González, Coordinadora Auto 092 OPIAC: 3213159541


Terrorismo de Estado/
Denuncian abusos del Ejército en Ituango, Antioquia
Por Ascit

Miembros de la Brigada Móvil 18 del Ejército retuvieron ilegalmente al campesino Cesar Antonio Restrepo Restrepo en el corregimiento La Granja, municipio de Ituango, Antioquia.

El labriego fue abordado por la tropa e inmovilizado. Los uniformados le exigieron los documentos de identidad y los retuvieron. Luego fotografiaron tanto la cédula como al joven y un soldado le dijo que “soy el comandante de toda esta área y le recomiendo que no me denuncie porque soy abogado y puedo empalelarlo”. 

El comité de derechos humanos de la Granja, que hace parte integrante de la Asociación de Campesinos de Ituango, Ascit, alertó a la comunidad regional, nacional e  internacional que las provocaciones que ha realizado el Ejército Nacional en la región contra la organización social y comunitaria, sus dirigente y en general, contra la población civil es permanente, diaria y muy agresiva.


San José de Apartadó
El Ejército sigue violando el Derecho Internacional Humanitario
Por: Comité para los Derechos Humanos

Desde el mes de marzo del presente año hasta la fecha, los campesinos ven vulnerados sus derechos por parte de la brigada móvil 11. Miembros de esta brigada están campando en propiedades privadas poniendo en riesgo la vida y la integridad de los habitantes de esta comunidad.

Preocupa además, que cuando los campesinos se dirigen a sus labores agrícolas son retenidos e interrogados ilegalmente por miembros de esta brigada móvil, razón por la cual los campesinos se han visto obligados a no seguir cultivando la tierra por el terror, el miedo y la zozobra que este grupo armado ejerce en el territorio.

Es necesario recordar que en circunstancias similares fue asesinado a manos del ejército en el sector de Caracolí un campesino humilde y trabajador, lo que evidencia el peligro inminente al que es expuesta las comunidades campesinas.

Le exigimos a la presidencia de la República, a la gobernación de Antioquia, a la secretaría de gobierno, al alcalde de Apartadó Luis Gonzalo Giraldo Aguirre, a la defensoría de pueblo, a la personería del pueblo y demás entes municipales garantes de los Derechos Humanos a que rechacen estas acciones y garanticen la protección integral, de forma tal que se eviten las gravísimas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Hacemos un llamado a las Naciones Unidas, Alto Comisionado de la Naciones Unidas, al Cruz Roja Internacional, a las Organizaciones Democráticas, a las Organizaciones defensoras de Derechos Humanos a que rechacen y nos ayuden a denunciar el peligro al que somos sometidos día a día.

miércoles, abril 17, 2013


Buenos Aires, Cauca
Bombardeos indiscriminados del Ejército ponen en alto riego a la población
Por Camilo Raigozo

El Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN, denunció que se mantiene un alto riesgo para la Comunidad del Consejo Comunitario de La Alsacia, municipio de Buenos Aires, norte del Cauca.

Según denuncian las comunidades, en la madrugada del 16 de abril del 2013, nuevamente se presentaron combates entre el Ejército y la guerrilla en el sitio conocido como La Peña.

“El ejército tiro desde el aire varias bombas”, dice la denuncia y como consecuencia de los bombardeos y los enfrentamientos en tierra, los pobladores tuvieron que suspender todas las actividades cotidianas de trabajo y escolares, entre otras.

Una de las bombas cayó en medio de la Comunidad de La Peña y a 20 metros de una vivienda, pero el documento no especifica si se presentaron daños materiales o personas afectadas físicamente.

La población está muy asustada y posiblemente se desplace masivamente en las próximas horas de no cesar el riesgo sobre su territorio, vidas y derechos. 


Tierralta, Córdoba
Alcaldía y Ejército infringen el DIH para sabotear misión humanitaria
Por Camilo Raigozo

Varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denunciaron que el Ejército, con la complicidad de la alcaldía del municipio de Tierralta, Córdoba, se dispone a realizar un evento “cívico-militar”, infringiendo de manera grave el Derecho Internacional Humanitario, DIH.

El acto irresponsable de las fuerzas militares y de la alcaldía en el que se viola el principio de distinción, se involucra a la población civil en el conflicto y se pone en alto riesgo la vida y la integridad de las comunidades, se llevará a cabo el próximo 26 de abril en el corregimiento de Crucito.

Según la denuncia, el pasado martes 9 de abril la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Tierralta, en cabeza de Rocío Jiménez Díaz, citó a las comunidades a una reunión preparatoria a realizarse el pasado 12 de abril en el Concejo Municipal  con el fin de organizar la jornada cívico-militar en el corregimiento de Crucito a finales de abril.

La alcaldía y el Ejército escogieron para su evento la misma fecha en que las organizaciones sociales y el campesinado tienen previsto realizar una acción humanitaria, con el fin de escuchar a las comunidades y observar el estado de los derechos humanos.

Esa acción no es más que un acto de sabotaje por parte de la alcaldía y del ejército, por cuanto las organizaciones responsables de la acción humanitaria hicieron una gira en febrero pasado e interlocutaron con las autoridades locales, nacionales y con la Defensoría del Pueblo, quienes a su vez le informaron a la fuerza pública y le solicitaron garantías para quienes realizaron dicha gira.

En marzo hubo otra gira en la que igualmente fueron informadas las autoridades civiles y militares, lo que constata que las fechas de programación y los objetivos de la acción humanitaria eran de conocimiento del alcalde y de los militares.

“Desde la implementación del Plan Nacional de Consolidación territorial en 2009, su reformulación en 2011 y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo en 2009, en el corregimiento de Crucito, se han incrementado sostenidamente las acciones de estigmatización y amenaza contra la población civil por parte de integrantes de la Fuerza Pública,-

“funcionarios públicos del nivel local y agentes del Ministerio Publico, señalando a la población campesina y sus organizaciones, de ser auxiliadores de la guerrilla o asimilando a las familias cultivadoras de cultivos de uso ilícito con narcotraficantes o combatientes participantes de las hostilidades; situación que ha determinado el desplazamiento forzado, el confinamiento y el miedo en las comunidades rurales de este municipio”, dice el documento.

lunes, abril 15, 2013

Florencia, Caquetá
Realizarán el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres por la Dignidad y la Paz
Por: Camilo Raigozo. Con información de Cordosac*

Varias organizaciones sociales y de derechos humanos realizarán en Florencia, Caquetá, del 11 al 14 de mayo próximo, el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres por la Dignidad y la Paz.

Entre los objetivos del evento están la de posicionar las propuestas de las mujeres en la organización, lucha y defensa de sus reivindicaciones y derechos, mediante la movilización popular y la incidencia en los escenarios de Paz.

También se busca lograr un espacio para la concertación, fortalecimiento y coordinación para la solución a la problemática social y política de la mujer en el país y la región, menciona la convocatoria.

Así mismo se crearán y fortalecerán escenarios de encuentro en el país y la región, para la mujer en su lucha contra las violencias, explotación, discriminación y la defensa de sus derechos.

Igualmente se pretende posibilitar un espacio de encuentro e intercambio de experiencias y reflexión, a partir de sus propias experiencias, aportes y vivencias e ideales, sueños comunes en el contexto social actual.

“Es una necesidad reflexionar sobre los dispositivos sociales y la relación saber y poder, como caminos para alcanzar una igualdad y equidad real y concreta y nuestra participación en la toma de decisiones.

“Pretendemos fortalecer, potenciar y desarrollar nuestras capacidades y acciones para coordinar, sostener y defender nuestros espacios como mujeres sobre el entendido que el enemigo no es el hombre, sino el sistema Patriarcal y el modelo socio-económico explotador existente que es necesario transformar.

“Es inaplazable construir una identidad política que respete las diversidades, que promueva una movilidad social ascendente, basada en la educación, la formación y la igualdad de oportunidades que ayude a combatir el orden ‘Natural’ de las cosas a través de la capacidad transformadora de la acción colectiva y de la lucha contra la aceptación de la existencia de un orden inamovible en la sociedad”, dice el documento de Cordosac.

Durante los cuatro días se abordarán y se desarrollaran en varias mesas de trabajo las diferentes problemáticas que padecen las mujeres colombianas.

En el encuentro participaran personalidades femeninas del país, como la senadora Gloria Inés Ramírez, la activista por la paz Piedad Córdoba, la defensora de derechos humanos Gloria Cuartas, Patricia Ariza y Olga Quilcué, entre otras.

Entre las personalidades internacionales invitadas están, los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Oacnudhc; del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, del Programa Suizo para la Paz en Colombia; Rigoberta Menchú; Cristina Fernández, presidenta de Argentina; Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, entre otras, las cuales se espera que puedan asistir.

domingo, abril 14, 2013


Buenos Aires, Cauca
Denuncian abusos del Ejército contra la población civil
Por Camilo Raigozo

El Proceso de Comunidades Negras, PCN, denunció que en medio de la creciente militarización que se ha venido presentando desde hace dos meses en el municipio de Buenos Aires, Cauca y la presencia de las FARC EP, mantiene a la población en constante zozobra.

Según las comunidades los miembros del Ejército están cometiendo todo tipo de abusos en los numerosos retenes que establecen. Hacen empadronamientos, obstaculizan la libre movilidad, limitan el ingreso de alimentos, medicinas, insumos agrícolas y de construcción, entre otros, infringiendo gravemente el Derecho Internacional Humanitario.

El pasado miércoles 10 de abril,  se presentaron combates entre las tropas del Ejército y las FARC EP, en los que al menos 400 familias del Consejo Comunitario La Alsacia quedaron  en medio del fuego cruzado.

Los moradores del lugar recuerdan que en el año  2000 tuvieron que desplazarse forzadamente más de  300 familias y que se presentaron varias personas desaparecidas y varios muertos.

Cuentan los residentes que los enfrentamientos del pasado 10 de abril dejaron a varias personas muertas las cuales fueron arropadas con sábanas, sin permitir la identidad de las nuevas víctimas de la guerra impuesta al pueblo colombiano por las oligarquías nacional y extranjera.

“Queremos denunciar el atropello de la Fuerza Pública  en violación de los derechos humanos;  informamos además hubo  personas que se desmayaron y entraron en  colapso nervioso  por el  fuerte enfrentamiento”, dice un aparte de la denuncia.

Más de 100 militares del Ejército y otro tanto de la guerrilla están alrededor de las  veredas,  Agua Blanca, La Peña, La Esperanza, La Alsacia, del municipio de Buenos Aires y de  la comunidad  de San Pablo, en el municipio de Suárez. Unas 400 familias están al borde del desplazamiento forzado.


Diálogos de paz 
La gran manifestación
Por: Alfredo Molano Bravo. El Espectador

Miles —quizás un millón— de ciudadanos salimos a defender la paz, que es lo mismo que gritar contra la guerra. Yo caminé con mi nieta desde la 26 a la Plaza de Bolívar, a la que llegó otro río de pueblo que caminaba desde el sur. ¡Formidable! La plaza de Bolívar se llenaba por la carrera séptima y se vaciaba por las calles 10 y 11.

Una manifestación firme pero alegre. Gente del pueblo, pacífica, campesina, negra, blanca, indígena, obrera, toda, de alguna manera, víctima de la guerra; una guerra hecha para mantener el statu quo, es decir, los privilegios, la exclusión, la impunidad, la corrupción.

La marcha del pasado 9 de abril comenzó el 7 de febrero de 1948 con la Oración por la Paz de Gaitán, que pide lo mismo: “paz y piedad para la patria”. Fue una manifestación de convergencia que sacó a la calle desde el presidente hasta el colono del Guaviare, desde el fiscal hasta la empleada de servicio que vive en Soacha y trabaja en Rosales.

Papel muy destacado desempeñó Canal Capital al informar con imparcialidad e imaginación el desarrollo del evento. Faltaron los que hacen la guerra, los que de ella se benefician y están dispuestos a impedir —a cualquier costo— que las conversaciones en La Habana terminen en un acuerdo definitivo.

No son muchos, pero son fuertes. Uribe le mostró al país que un sector de militares le tiene tanta confianza, que le entrega información confidencial. ¿Divulgar secretos de Estado no es un delito? Uribe y el uribismo tienen ascendencia sobre un sector de las Fuerzas Armadas y, por tanto, también sobre el paramilitarismo, que está vivito y “colaborando” con renovados bríos —como diría Fernando Londoño— por el antiguo Caldas, por Antioquia, por la Costa Atlántica.

El uribismo busca despertar el viejo litigio entre federalismo y centralismo que cocinó con sangre y pólvora todo el siglo XIX. En Medellín y Valledupar, en Amalfi y en Chibolo se habla del “gobierno de Bogotá y de la legítima defensa de la provincia”.

Un lenguaje conocido. La criatura está moviendo la cabeza y las extremidades y me parece que el escenario del choque va a ser de nuevo —¡quién lo creyera!— la tierra. El gobierno de Santos ha jugado la carta de las víctimas y poco a poco se muestra más decidido a devolver a sus dueños legítimos la tierra usurpada, pero, ahí, en Córdoba, en Urabá, en Cesar, tierras ubérrimas, están los ejércitos antirrestitución asesinando campesinos.

En esas regiones donde el uribismo tiene tanta fuerza, también la tienen los Urabeños y los Rastrojos, que nunca dejaron las armas ni sus vínculos con las manzanas podridas y con el narcotráfico.

El paramilitarismo es un monstruoso entable económico y electoral. El procurador nada ha dicho sobre la impunidad que ha protegido a los paramilitares, que los reproduce y envalentona; pero en cambio, impugna la ley marco de paz, que pese al esperpento del fuero militar, alienta una salida a la encrucijada, como lo ha defendido el fiscal.

No me cabe duda de que oponiéndose a la paz, al aborto, al matrimonio gay, a la despenalización de las drogas, Ordóñez está en campaña política y terminará como candidato del uribismo a la Presidencia si la Corte Constitucional considera exequible el acto legislativo y monseñor renuncia a la Procuraduría.

¿Quién más tiene posibilidad de enfrentar a Santos? ¿Su zafado primo hermano? ¿El vanidoso y oscilante Holmes Trujillo? ¿El mando de los grandes ganaderos? Se avecina una campaña electoral polarizada en extremo.

El hecho de que el Gobierno haya desfilado, de que las Farc hayan apoyado la marcha, de que la mayoría de las tendencias políticas se hayan hecho presentes —pese al infortunado marginamiento del Polo, que parece seguir preso del conflicto chino-soviético— abre una ventana sobre el porvenir que no nos dejaremos birlar de nuevo.


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