viernes, diciembre 14, 2012

Desafuero penal militar/
La senadora Gloria Inés Ramírez dejó constancia en el Congreso sobre la gravedad de la ampliación del fuero penal militar
Por Camilo Raigozo

La senadora del Polo y del Partido Comunista Gloria Inés Ramírez Ríos, dejó constancia en el Congreso sobre las graves implicaciones que tiene para los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Estado Social de Derecho, la aprobación por parte del legislativo de la reforma a la Constitución para ampliar el fuero penal militar.

La legisladora argumenta que la aplicación del fuero penal militar ha traído como consecuencia “la más absoluta impunidad” para los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, lo que ha estimulado que estas se multipliquen.

“Para quienes hemos compartido de tiempo atrás el dolor y la tragedia que enfrentan las Víctimas de Crímenes de Estado, sabemos que el empeño de fortalecer el fuero penal militar a través de reformas legales o constitucionales, tiene objetivos claros pero no declarados, aunque muy evidentes, que buscan impedir que la justicia ordinaria se ocupe de investigar los crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra en que ha incurrido la fuerza pública”, advierte Ramírez en la constancia.

Igualmente afirma, que lo que pretende la ampliación del fuero en el fondo, es un nuevo golpe de Estado a la Carta Política del 91, para excarcelar masivamente a los militares sindicados o condenados por la justicia ordinaria o, el no sometimiento a la misma de otros centenares de uniformados comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos.

“Permitir que las fuerzas militares se auto-investiguen por sus propios abusos, advierte de suyo la impunidad de estos hechos pues la justicia penal militar carece de la independencia, imparcialidad y, por ende, también de la credibilidad necesarias para asegurar que militares que cometieron abusos sean sometidos al rigor de la justicia”, argumenta la senadora evocando las advertencias de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.

Sobre la ambigua comisión  “Tribunal de Garantías Penales” de composición cívico - militar dijo Ramírez que: “no solo dilata la aplicación del Principio de la Debida Diligencia en las investigaciones y juzgamientos de los crímenes cometidos por agentes de la Fuerza Pública, sino que hará más difícil la etapa de pruebas, dando lugar a la violación del principio de igualdad, de acceso a la justicia y a recursos judiciales efectivos en favor de las víctimas”.

Otra crítica al esperpento aprobado es que este garantiza  que violadores de derechos humanos cumplan sus penas de prisión en instalaciones militares o agencias de inteligencia, lo que se constituye en un verdadero peligro para la sociedad.

La congresita junto al Reprersentante Iván Cepeda y otros legisladores, demandarán la inconstitucionalidad de la ley que amplía el fuero penal militar y en charla con Notimundo, tanto Ramírez como Cepeda, dijeron que para ello agotarán todas las instancias.


Seguridad narcocrática/
A sólo 13 años de cárcel fue condenado en EU el narcoterrorista Mauricio Santoyo, general de la Policía colombiana
Por Camilo Raigozo

El exjefe de seguridad preferido de Álvaro Uribe Vélez, alias “el número uno ce la Casa de Nari”, fue condenado hoy en Estados Unidos a 13 años de cárcel y a pagar una multa de 125.000 dólares. El criminal fue hallado culpable de complicidad con paramilitares.

La irrisoria condena fue recibida con satisfacción por el narcobandido, íntimo de Uribe y agente criminal del régimen colombiano, quién podría reducir la pena hasta en un 15 por ciento, por buen comportamiento.

Según relatan los medios, el juez federal del distrito este de Virginia, Michael Cacheris, tomó un punto medio entre los 10 años que pedía la defensa de Santoyo y los 15 que pedía la Fiscalía de EU

En Colombia el narcoterrorista, alto oficial de la Policía, es acusado por varias ONGs defensoras de derechos humanos, como presunto responsable de la desaparición forzada de varias personas y de haber chuzado al menos 1.800 líneas telefónicas.

Sin embargo ante esas denuncias la justicia colombiana cojeó, pero nunca llegó. Por el contrario fue condecorado y ascendido varias veces de la mano de su padrino, Álvaro Uribe.

miércoles, diciembre 12, 2012

Parauribismo/
Iván Cepeda reafirma las acusaciones sobre vínculos paramilitares de Álvaro Uribe
Por: Pedro Medellín y Baltasar Garzón. Canal Capital

El expresidente colombiano acusa a Iván Cepeda de haberse aliado con bandas criminales para vengarse de él, dice Uribe que con sus falsas acusaciones torpedea a la justicia con inducciones al falso testimonio.

Sobre esta polémica y ante estas acusaciones el congresista afirma que en las investigaciones realizadas en tanto que defensor de derechos humanos y en sus obligaciones que como congresista tiene de hacer control político, el nombre de Álvaro Uribe Vélez ha aparecido muchas veces ligado a personas u organizaciones mafiosas, narcotraficantes o de paramilitares.

Precisa también que todas esas investigaciones y las afirmaciones que ha hecho sobre el expresidente están sustentadas con documentos, fotografías, testimonios, etc. y todas ellas han sido entregadas a las autoridades competentes. Hace un contrate entre su manera de actuar y la de Uribe Vélez que según él hace aseveraciones sobre personas u organizaciones que no están sustentadas en hechos concretos.

Iván Cepeda llama la atención sobre el hecho que estas acusaciones de Uribe se basan en las convicciones íntimas del expresidente que hacen que identifique a personas u organizaciones opositores como terroristas vestidos de civil.

Corresponde dice a una convicción y a una doctrina que ha hecho carrera y que parte del supuesto que hay una guerra política que enfrenta al estado con terroristas, algunos de los cuales son civiles.

Recuerda Iván Cepeda que sus acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez no son en abstracto. Se basan en el hecho que numerosos aliados políticos e íntimos amigos del expresidente no solo han sido condenados por paramilitarismo si no también que ellos mismos han confesado su participación en acciones criminales y su pertenencia a esas estructuras.

Asevera el defensor de derechos humanos que cuando él dice que Uribe ha tenido relaciones con paramilitares se basa en hechos y situaciones precisas y demostradas.

Reitera que el fruto de sus investigaciones contra el expresidente ha sido entregado a autoridades competentes como la fiscalía.

De los hechos recientes dice por ejemplo que hizo una denuncia penal para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago, a los hermanos Villegas Uribe y Gallón Henao por conformación de grupos paramilitares, homicidio, desaparición forzada y otros delitos.

La investigación está basada en el testimonio de Juan Monsalve, hijo del mayordomo de la Hacienda La Guacharaca de propiedad de los Uribe, quien entregó pruebas que incluyen fotos que muestran que en esa hacienda se habrían podido cometer actos criminales.

El Congresista pide una investigación rigurosa que brinde al expresidente todas las garantías del debido proceso y la posibilidad de defenderse.

Sobre las acusaciones de tener vínculos con las FARC - EP

Hay que recordar que una de las personas que más ha insistido en los vínculos de Iván Cepeda con las FARC-EP es el expresidente Uribe Vélez.
 
Iván Cepeda le conmina a que si tiene pruebas de esa situación las entregue a la justicia porque de no hacerlo estaría incurriendo en un delito al no denunciarlo.

Como esas acusaciones se basan en el hecho de que un frente de esa guerrilla, que habría podido cometer acciones que podrían ser catalogadas como crímenes de guerra, lleva el nombre de su padre Manuel Cepeda, el Congresista afirma que no puede hacer otra cosa que rechazar este uso del nombre de su padre.

Explica además que su utilización se hizo sin la autorización de la familia y que ya ha condenado en múltiples ocasiones ese uso.

Leyes de justicia y paz, de Víctimas y Justicia transicional

Considera el Representante Iván Cepeda que es necesario que haya cambios sustanciales para que tengamos una sociedad realmente democrática y justa.

Para él varios de esos cambios pasan porque se transforme la realidad de un lado de millones de personas que viven en la miseria y que han sufrido la violencia y del otro lado, de aquellas personas que perteneciendo a aparatos criminales oficiales o ilegales se han enriquecido a partir de esos crímenes.

Precisa que sí no hay algo que cambia sustancialmente la vida de unos y de otros la sociedad no podrá llegar a un plano de democracia.

Afirma Iván Cepeda que aunque tiene sentido y es respetable curar el dolor de las personas hay también un problema esencialmente político que debe ser resuelto.

La verdad, la justicia y la reparación son condiciones éticas necesarias pero se requiere que cambien las condiciones políticas para que se debilite el poder de los victimarios de un lado y para que del otro, quienes han sufrido la violencia, tengan la capacidad de decidir.

Hoy la situación es inversa y, aunque en muchas ocasiones gracias a la acción de las víctimas se ha avanzado, la situación sigue siendo muy insuficiente.

En las regiones las estructuras de poder siguen intactas y en poder de los familiares de los victimarios que controlan el Estado y gobiernan zonas enteras del país.

Acota diciendo que las tierras usurpadas están lejos de regresar a sus legítimos dueños y las victimas siguen teniendo miedo porque hay regiones en donde las estructuras del Estado siguen en poder de los criminales.

Considera que se ha avanzado en algunas cosas pero es insuficiente. Para aplicar los mecanismos hay que entender que no todo se puede resolver desde la justicia porque algunos temas tienen trampas que limitan su aplicación y porque más allá de ella considera Iván Cepeda que hay que transformar las relaciones de poder político.

Corrobora su afirmación diciendo que por ejemplo en Colombia no se puede avanzar en la restitución de tierras si no hay una transformación del poder local.

Las leyes y los procedimientos podrán estar bien hechos, pero si desde el notario hasta el gobernador están ligados al aparato criminal no se lograran transformaciones reales en la vida de la gente.

Proceso de paz

Al hablar de la paz dice que se está ante un proceso muy esperanzador que le brinda a Colombia la posibilidad de evitar un desastre y encontrar un nuevo camino.

Sin embargo cree que no va a ser fácil porque hay que discutir temas tan álgidos como el de construir Estado de derecho en toda la geografía nacional y se requiere tener autoridades que respondan a la constitución y a las leyes, algo que podría ser obvio en otro país pero que en Colombia no lo es.

Justicia transicional

Preguntado sobre si la polémica con Uribe será eterna Iván Cepeda dice que con Uribe como con todas aquellas personas que hayan estado involucradas en la comisión de esos crímenes o en un aparato que los haya cometido deben afrontar la justicia.

Espera que tanto para Uribe como para quien haya estado involucrado en esos hechos haya un mecanismo transicional si esas personas deciden entrar en el proceso.

Iván Cepeda afirma que en este tema es necesario que todos cedan algo pero que el asunto está en saber cuáles son los mínimos.

No es negociable que en el caso de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad, de los genocidios haya impunidad. No puede haber una ausencia total de sanción o de investigación aunque podrá considerarse el asunto de las penas.

Para el representante a la Cámara es importante trabajar el tema de la no repetición y el Movice está en ello. Hay que cambiar la orientación que tienen los aparatos de seguridad, su dimensión, el desmantelamiento del aparato paramilitar, del poder local.

Hay asuntos que van más allá de cuánta verdad, cuánta justicia o que mecanismos de verdad se necesita. Esos son asuntos indispensables pero no satisfacen totalmente las aspiraciones de las víctimas de crímenes de Estado.

Carácter regional del conflicto y responsabilidades

Dice el congresista Cepeda que en Colombia el conflicto tiene particularidades regionales y se debe trabajar allí en donde las cosas han sucedido para que esos sectores sociales puedan llevar sus propuestas a la mesa.

Sería una manera de estimular la participación social porque no basta con que se produzca un acuerdo entre quienes combaten si no que se requiere de un dialogo entre sectores sociales.

Habla de diálogos entre trabajadores y empresarios, entre campesinos y los que han acumulado las tierras, de acuerdos territoriales por ejemplo.

Es importante que estén cara a cara los negociadores de la guerrilla y el gobierno pero hay que preguntarse por el resto de la sociedad?

No se hace ilusiones, sabe que va a ser difícil y que es posible que haya crisis pero demanda a quienes tienen responsabilidades públicas a hacer un llamado a la responsabilidad y a la perseverancia cuando haya problemas.

Marco jurídico para la paz y acuerdos

El marco jurídico podrá ser tenido en cuenta pero llama la atención a no olvidarse que se van a dar unos acuerdos que podrían estar en contravía con lo pactado.
 
Dice que en el Congreso se ha llegado a un acuerdo o consenso político de no legislar por lo menos en las materias que son objeto de negociación.

El marco jurídico es un referente pero tiene para el congresista el problema que no tuvo en cuenta de alguna manera a la contraparte y que podría ser impugnado.
 
Sí no se consultó a la guerrilla sobre el marco en el que se van a determinar las sanciones o beneficios que les serán aplicados va a tener una difícil aplicación.

Afirma Iván Cepeda que en lo que respeta a las víctimas el marco y las leyes tienen el mismo problema porque tampoco se les consultó.
 
Recalca de manera especial que omitir la investigación de ciertas conductas es un problema y concluye afirmando que lxs negociadorxs de las partes deben saber que tienen unos límites y unos topes.

Al hablar sobre la forma como se abordan los problemas estructurales en el país dice que cuando se producen las reacciones de la gente, la respuesta inmediata es crear una mesa de diálogo y firmar unos acuerdos que después no se cumplen.
 
Cita el caso de los indígenas a quienes sistemáticamente se les han incumplido y la gente está ante esos hechos llegando a una situación límite.

Preguntado sobre si es optimista ante el proceso dice que se declara optimista advertido, es decir que no se hace ilusiones sobre procesos fáciles o procesos exprés. Cree que ha llegado el momento de buscar la paz pero se necesita perseverancia.

Sobre las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad

El Movice va a proponer el tema del replanteamiento de los roles del ejército y de la policía porque dice que el ejército está para hacer respetar la soberanía pero no para hacer persecución política y la policía debe ser un cuerpo cívico.
 
Considera que hay que poner las cosas en su lugar porque los cuerpos de seguridad no deben estar orientados a destruir la vida de la gente porque se le antoja a un presidente. Estos para él son cambios de fondo necesarios.

Sobre la pertinencia de plantear esos cambios a la mesa de negociación dice Iván Cepeda que la función de las víctimas de crímenes de Estado es la de llevar allí esos temas porque este es el momento y, un principio de no repetición, exige plantearlos.

Cree que si pasa el tema de la negociación sin que se aborden temas tan relevantes como esos después será difícil. Las instituciones del Estado deben cambiar. No obstante es consciente que allí la capacidad de negociación de las víctimas es mínima.

Narcotráfico

Iván Cepeda está convencido que hay soluciones a ese tema. El narcotráfico le ha hecho un inmenso daño a toda la sociedad colombiana.

Diversos sectores, incluidos el Estado o la guerrilla han estado ligados a ese fenómeno y afirma que más que una guerra al narcotráfico lo que se ha producido es una administración del narcotráfico y dice que coincide con Santos y algunos expresidentes que hay que buscar nuevos paradigmas para enfrentar el problema.

Hay sectores del poder estatal que han hecho alianzas con un cartel para acabar con otro hasta que eso se convirtió en una espiral infinita y cita tanto los casos para acabar con Pablo Escobar y la utilización de los paramilitares.

La participación política de la insurgencia

No considera el congresista Cepeda que sea posible resolver el conflicto colombiano si se les niega a los insurgentes la posibilidad de participar en política.

Un conflicto como el colombiano se resuelve en términos políticos. No se puede olvidar que uno de los problemas endémicos de Colombia ha sido para Iván Cepeda la posibilidad – o no – de permitir esa participación política.

Desafuro penal militar/
Ampliación del fuero militar es un grave y caprichoso error del Gobierno: Vivanco
"Lamentablemente creo que las consecuencias las va a pagar Colombia, le deben una explicación al país y a la comunidad internacional", expresó el director de Human Right Watch.
Por: Caracol

El director de la ONG Human Right Watch, José Miguel Vivanco, señaló en Caracol Radio, que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos cometió un gravísimo error con la ampliación de fuero militar, el cual representa un retroceso en materia de derechos humanos.

“Creo que aquí se ha cometido un error que fue evitable, el Gobierno y el ministro de Defensa se empecinaron en alterar las reglas del juego que suponen que las Fuerzas Militares están en capacidad de autorregularse y retrocedemos al siglo pasado, décadas de los 80 y 90, en donde se cometían violaciones a los derechos con total impunidad”, señaló Vivanco.

Vivanco afirmó que es un hecho lamentable que atenta contra la democracia, el Estado de derecho y las víctimas, y que además represente un obstáculo para la cooperación militar con Estados Unidos, que exige que los crímenes de las Fuerzas Armadas sean investigados y sancionados.

“Lamentablemente creo que las consecuencias las va a pagar Colombia, le deben una explicación al país y a la comunidad internacional por lo que han hecho”, señaló el director.

Así mismo, precisó que los ‘falsos positivos’ no están entre las 7 figuras delictivas que se excluyen del fuero militar y esto atenta contra la independencia de la Fiscalía.

“El fiscal se ha quedado sin argumentos sólidos para defender su jurisdicción porque si no accede a este tipo de peticiones se estaría exponiendo a una acusación por violación de la propia Constitución, que le ordena que solo puede tener bajo su conocimiento siete figuras delictivas en las que participen militares”, señaló Vivanco.

Desafuero penal militar
Primeras víctima del TLC entre Colombia y la UE
Por: Oficina MEP Jürgen Klute

Solo unas horas después de que se aprobará el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia/Perú, fue asesinado un sindicalista de la Unión Sindical Obrera en una zona altamente militarizada.

Jürgen Klute, eurodiputado alemán, señaló: "La derecha, los liberales y los social-demócratas que votaron en favor del TLC sabían muy bien que estaban negociando con el país donde más asesinan sindicalistas en el mundo.

Este asesinato se produce además en el marco de un conflicto con una empresa transnacional, situación que será agravada con la entrada en vigor del TLC.'

Horas después del asesinato, el Congreso colombiano aprobó una reforma a la Constitución para amplificar el Fuero Militar que permite dejar en manos de la justicia penal militar todas las violaciones al Derecho Internacional Humanitario con 7 excepciones.

El eurodiputado Klute, quien se opuso a la ratificación del TLC en la eurocámara dijo: "Es una reforma extremadamente grave que aumentará aún más las escandalosas tasas de impunidad de crímenes cometidos por las fuerzas militares en los últimos años como las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y desapariciones forzadas"

La reforma fue aprobada pese a las fuertes críticas de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ONGs como Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y las organizaciones de víctimas.

El eurodiputado Klute continuo " El hecho de que esta reforma y el asesinato del sindicalista sucedan a tan solo unas horas de que el Parlamento Europeo ratificará el TLC nos rectifica que ni este Acuerdo, ni su  hoja de ruta, permitirán alguna mejora en derechos humanos.

Todo lo contrario, la Unión Europea se está volviendo cómplice de este grave retroceso para la democracia. Es una vergüenza, además que se produce al mismo tiempo que Unión Europea es condecorada con el premio Nobel de la Paz".

Jürgen Klute concluyó que espera que los parlamentos nacionales no cometan el mismo error de preferir los negocios a los derechos humanos y rechacen el TLC.

Desafuero penal militar
El Congreso le aprobó a la Fuerza Pública licencia para matar, desaparecer, torturar y violar los derechos humanos y el DIH  impunemente
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

Sin ninguna vergüenza, desoyendo el clamor internacional y nacional, el poder Legislativo y el Ejecutivo, salieron airosos al ser aprobado en último debate en el Congreso el esperpento de reforma a la Constitución para ampliar el fuero penal militar.

“La aprobación de esta reforma constitucional va en contra de las obligaciones internacionales contraídas por Colombia en materia de derechos humanos y entraña el riesgo de consolidar todavía más la impunidad de las fuerzas armadas y la policía", manifestó Susan Lee, directora del Programa de Amnistía Internacional para América. (1).

“La aprobación de esta reforma será un indicativo claro de la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos en un contexto en que las fuerzas armadas y la policía continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos directamente o en coordinación con los paramilitares”, ha afirmado Lee. (2).

La ONU (3) y Human Rights Watch (4), explicaron que todos los crímenes que cometan las fuerzas militares y la policía, “serán conocidos exclusivamente” por tribunales militares, excepto,  aparentemente, los crímenes  de  genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado.

Por consiguiente, la justicia penal militar investigará y juzgará todos los demás tipos de violaciones de derechos humanos.

En cuanto a la coartada que encierra las “exclusiones de la justicia penal militar”, la ONU y HRW advirtieron que “de acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente-

“por la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad-

“si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado u organización.

“En palabras del Fiscal General Eduardo Montealegre, ‘el crimen de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos humanos’.

“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil”.

Por lo tanto en la enmienda aprobada, para poder emprender acciones en los tribunales de la justicia ordinaria, los fiscales deben demostrar en cada caso que la víctima de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado,-
 
fue agredida en el marco de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política oficial, lo cual es imposibles, porque es de lo que se van a cuidar los criminales.

“Al día siguiente de aprobarse esta reforma, lo más seguro es que los abogados de quienes están investigados como presuntos responsables de los “falsos positivos”, a través de un artificio jurídico, reclamen la aplicación del principio de favorabilidad, fundado en que como sólo hasta ahora se ha venido a tipificar como delito la conducta de ejecución extrajudicial, ella no puede ser aplicada a situaciones pasadas.

“Si ello ocurre, para vergüenza internacional se abrirán las puertas de las cárceles a muchos criminales que delinquieron en nombre de la patria.

“Que los militares tienen derechos, eso no está en duda, pero de ahí a reformar la Constitución para convertirlos en intocables, eso sí no puede ser en un Estado de derecho.
 
"Es una lástima que eso no lo tenga claro el ministro Juan Carlos Pinzón, quizá por su errada apreciación de creer que su papel es el de estafeta y no el de quien, junto con el presidente, tiene la función de gobernar en materias militares”, advirtió el jurista y columnista Ramíro Bejarano (5).

Por su parte el excongresista y columnista Rodrigo Uprimny afirma que: “El proyecto establece que toda infracción al derecho humanitario será conocida por la justicia militar, con excepción de los delitos expresamente excluidos.

“Resultado: si hay una muerte o un posible abuso en una operación militar, los primeros pasos de la investigación los hará la justicia militar y no la Fiscalía, como sucede actualmente. Será la justicia militar la que llegue al sitio de los hechos y realice las primeras indagaciones.

“Todo experto en criminalística sabe que esas primeras horas son decisivas, pues se recogen (o dejan de recoger) las pruebas esenciales.

“Entonces, en la práctica, será la justicia militar la que determine si la muerte fue un acto legítimo de guerra, una infracción al derecho humanitario que le corresponda investigar o una ejecución extrajudicial que deba reenviar a la justicia ordinaria.

“¿Cómo podrá entonces enterarse la Fiscalía de que hubo un crimen que deba investigar? Dependerá de que la justicia militar le remita el caso, lo cual casi nunca ha ocurrido en violaciones a los derechos humanos.

“Pero supongamos que por alguna razón se sabe que pudo haber un falso positivo. ¿Puede entonces intervenir la Fiscalía autónomamente? No, pues en ese evento entra a operar la ambigua “comisión técnica de coordinación”, que incluye a representantes de la justicia militar.

“Y si esa comisión concluye que el caso es de la justicia ordinaria, el militar procesado podría todavía acudir al “tribunal de garantías penales” creado por la reforma, que definirá definitivamente quién investiga el caso. Y la mitad de los miembros de ese tribunal son militares o policías retirados”. (6).

Para redondear la faena, el Consejo de Estado tumbó, en la misma fecha, el acuerdo que facultaba a la Fiscalía decidir en que casos investigaba a los militares inmersos en muertes en combates.

Por lo anterior se puede afirmar sin lugar a equívocos que el esperpento que acaba de aprobar irresponsablemente el “Honorable” Congreso de la República, no es otra cosa que el otorgamiento a militares y policías de un cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer, desplazar y agredir sexualmente, entre otras atrocidades, a cualquier colombiana o colombiano, con la garantía de que no van a ser castigados por sus crímenes.

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La ampliación del fuero penal militar va a disparar las violaciones a los derechos humanos y al DIH

martes, diciembre 11, 2012

Terrorismo made in USA/
Piden divulgar las técnicas de tortura de la CIA
"Pedimos a otros países que respeten los derechos humanos pero no podemos ser un defensor creíble sin enfrentar nuestro propio historial de torturas"
Por: Efe / El Espectador/ Notimundo

El general retirado del Ejército de EU David Irvine y el exinterrogador de la Fuerza Aérea Tony Camerino pidieron al Senado que haga público un informe que discutirá a puerta cerrada, sobre los interrogatorios de la CIA tras los ataques del 11-S, que ambos calificaron como "tortura".

El Comité de Inteligencia del Senado se reunirá el jueves para analizar el informe y discutir si se hace público parcial o totalmente un documento en el que lleva trabajando desde 2009, sobre las técnicas de interrogación empleadas por la CIA con los sospechosos de terrorismo tras los atentados.

Los activistas, que se reunieron el pasado junio con la presidente del Comité, la senadora Dianne Feinstein, para expresarle su preocupación por la falta de información, esperan que al menos una parte quede desclasificada.

"La tortura no es una técnica efectiva", señaló el general Irvine, en una teleconferencia convocada por Human Rights First, como representante de un grupo de 60 militares que "nos oponemos a la práctica de la tortura que eufemísticamente llaman técnicas de refuerzo".

El general señaló que golpear a los detenidos, someter a los presos a vejaciones sexuales, aislarles a baja temperatura o privarles de sueño, son "fuentes de tortura" y técnicas que "han dejado de lado nuestros valores como nación y la legalidad".

Los militares consideran necesario que salgan a la luz esos documentos porque la "mayoría" de los estadounidenses "no creen que hubiera tortura" y creen que "estamos en peligro si no somos duros contra el terrorismo" pero coincidieron en señalar que prácticas como el ahogamiento simulado son una "vergüenza nacional".

En este sentido pidió a la senadora Feinstein que revele el contenido de la investigación porque "el resto del mundo sabe lo que hicimos, es nuestra gente la que no sabe lo que hicimos" y consideró necesario que la próxima generación entienda que "la democracia y la tortura no pueden existir en el mismo nivel".

Camerino, un exinterrogador de la Fuerza Aérea, cuestionó la efectividad de unas técnicas que aseguró que "a diferencia de lo que se ha dicho, no llevaron a la detención del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden".

El exinterrogador, que fue enviado a Irak en 2006 y participó en 300 interrogatorios, entre ellos el del exlíder de Al Qaeda en Irak, Abu Musab al Zarqawi, lamentó la imagen que películas como "Zero Dark Thirty" pueden dar de que "sea una técnica efectiva".

Por su parte Curt Goering, del Centro de Víctimas de Torturas, subrayó que este informe "permitirá finalmente explicar qué pasó" durante los interrogatorios y puede ser una herramienta para ayudar a entender a los legisladores "en qué falló Estados Unidos y qué hacer para que no vuelva a repetirse en el futuro".

Goering indicó que el informe de más de 6.000 páginas es "el análisis más exhaustivo del programa (de interrogatorios) de la CIA" y consideró necesario que la opinión pública conozca estas "prácticas abusivas" para "enfrentar la verdad" y que se tomen responsabilidades.

El activista subrayó que es importante para Estados Unidos esta investigación porque "pedimos a otros países que respeten los derechos humanos" pero "no podemos ser un defensor creíble sin enfrentar nuestro propio historial de torturas".
 
Según IPS quién tomó como fuente un informe del diario estadounidense The Washington Post, poco después de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, la CIA instaló cárceles clandestinas para presuntos sospechosos de terrorismo, por lo menos en ocho países, incluyendo a Afganistán y la base militar en Guantánamo, Cuba. Cárceles donde torturan, asesinan y desaparecen personas de cualquier parte del mundo.
 
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San Vicente del Caguán, Caquetá
Avanza Cumbre Regional por la Paz
Por: Oficina de prensa

Con la instalación de cinco mesas temáticas, comenzó la consolidación de una agenda de paz regional que incluya la perspectiva de las comunidades urbanas y rurales. El alcalde Domingo Emilio Pérez instaló el acto y envió un mensaje al pueblo de San Vicente del Caguán.

"Somos un pueblo que le ha apostados a la paz y al que le ha tocado padecer los rigores del conflicto", expresó. De igual manera, académicos y personalidades asistentes pusieron sobre la mesa la discusión de temas álgidos para el departamento.

Economías cocaleras campesinas, fortalecimiento de la clase media ganadera, consolidación de un sistema pecuario amigable con el medio ambiente, historias de la violencia, entre otros temas, fueron discutidos en el marco de las mesas temáticas.

Mesa Derechos Humanos

Una de las mesas discutió el tema de la violación a los derechos humanos por parte de los actores en conflicto. Diana ordóñez, coordinadora de la mesa, dijo que “no podemos hablar de paz mientras nuestros hijos y nuestros bienes siguen sufriendo las consecuencias de la guerra”.

El caguán es una de las zonas donde más confrontación armada ha habido en el país en la última década. Lo anterior ha contribuido a que la violación a los derechos humanos sea uno de los temas más preocupantes para el país.

Mesa minero-energética

Otro de los temas que se plantearon dentro del segundo día de la cumbre regional de paz, tiene que ver con las políticas de explotación minero energética:

Luz Mery Panche Chocué, coordinadora de la mesa, indicó que no es posible “hablar de paz mientras las riquezas de nuestro suelo generen más miseria y destrucción, que desarrollo y bienestar”.

La ponencia central: en esta mesa estuvo a cargo de la Asociación Campesina del Suroriente del putumayo – Acsomayo

Mesa cultivos ilícitos y Política antinarcóticos

“No podemos hablar de paz mientras se envenenen las tierras, los ríos y quebradas y no se den alternativas reales para que dejemos de depender de la coca para subsistir”, afirmó sobre esta temática Herson Lugo Saldaña, coordinador de la mesa. La ponencia central en esta mesa estuvo a cargo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH.

Mesa de víctimas frente al conflicto y la reparación integral

Esta ponencia, a cargo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, planteó un tema crucial en la discusión sobre un eventual escenario de paz: el de las víctimas.

Al respecto, delegados del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH), aseguraron que  “no podemos hablar de paz mientras no haya real acceso a justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición”.

Mesa Reforma Agraria

Finalmente, Josué Durán Bravo, secretario de hacienda de San Vicente del Caguán, habló sobre el histórico tema de la reforma agraria integral.

“No podemos hablar de paz mientras no haya tierra, herramientas con que trabajarla y precios justos para los frutos del campo”, dijo. En esta mesa, la ponencia estuvo a cargo de la Coordinadora Nacional Agraria y Popular.

El miércoles 12 de diciembre se llevará a cabo una conferencia de cierre acerca de las Experiencias Internacionales de Paz y posteriormente una masiva movilización por las calles de San Vicente del Caguán.

lunes, diciembre 10, 2012

El Tarra, Norte de Santander
Tropas del Ejército ocuparon viviendas de 22 familias y las desplazaron
Notimundo. Con información de Ascamcat

La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, denunció que desde hace tres meses tropas del Ejército Nacional han ocupado las viviendas de 22 familias, las cuales tuvieron que desplazarse forzadamente el 23 de noviembre pasado.

Los hechos ocurrieron en la vereda Bracitos, municipio de El Tarra, en la que los 74 niños que forman parte de estas familias no pudieron terminar el año lectivo por las mismas circunstancias.

Los militares ingresan de forma abusiva a las viviendas y obligan a las familias a identificarse. Por medio de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus sigla en inglés) y en un cuaderno hicieron un listado de los miembros de cada familia, engañándolos con el argumento que iban a recibir un subsidio del Estado.

Luego de forma atrevida, sin ningún permiso, extienden redes eléctricas de las viviendas para cargar celulares y otros dispositivos; piden prestado herramientas de trabajo y utensilios de cocina que no devuelven; obligan a los campesinos a llevarles víveres desde el pueblo y los señalan de ser guerrilleros y colaboradores de esta.

Igualmente amenazan a los labriegos y los responsabilizan de que si se presenta, alguna eventualidad los únicos responsables serán ellos y la comunidad.

Los padres de los 74 niños no volvieron a mandar a sus hijos a la escuela por temor a que les pudiera ocurrir algo y por eso no pudieron terminar el año escolar.

El lunes 26 de noviembre, Miguel Ángel Ascanio, en compañía de concejales y funcionarios de la administración viajaron a Ocaña para hablar con el coronel y le solicitaron que ordenara el retiro de las tropas de las viviendas y de las áreas civiles, a lo que al alto oficial contestó que, “haré lo posible de retirarlas”.

La Asociación Campesina del Catatumbo, en compañía de Investigación Acción Participativa (IAP) y campesinos, estuvieron en el sito de los abusos y hablaron con el sargento Osmos, el cual negó todo lo sucedido y les aseguró que se alejarían de las propiedades de estas personas para que pudieran retornar.

Sin embargo han transcurrido más de 15 días y los militares siguen ahí. El 29 de noviembre, Ascamcat, la IAP y los campesinos, trataron de hablar nuevamente con el coronel, quien se encontraba en el municipio de Convención, pero este se negó a recibirlos.

“Estos hechos constituyen una irresponsable actitud y una flagrante violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

“Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, ambientales y defensoras de derechos humanos, movimientos ambientalistas y en general a los defensores de la vida, para que se pronuncien en contra de estos abusos cometidos por el Ejército de Colombia”, dice un aparte de la denuncia de Ascamcat.

Parauribismo/
Piden máxima condena al narcoterrorista Mauricio Santoyo, general de la Policía colombiana
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía de Estados Unidos le pide al juez que sigue el proceso contra el narcoterrorista Mauricio Santoyo, general de la Policía colombiana y jefe de seguridad preferido de Álvaro Uribe Vélez, que le imponga una pena de 15 años de cárcel en ese país.

La Fiscalía considera de muy graves los delitos cometidos por el peligroso delincuente, entre los cuales está su complicidad con grupos narcoterroristas. “No se puede desconocer la gravedad de sus crímenes, que ejecutó mientras ocupaba una alta posición dentro del gobierno”, menciona el documento.

Para vergüenza del régimen colombiano, putrefacto hasta la médula, mientras las autoridades judiciales del país del norte consideran que el exjefe de seguridad de Álvaro Uribe debe recibir una condena ejemplar, por sus actos criminales, en Colombia no prosperó ninguna investigación seria en su contra y por el contrario fue condecorado y ascendido de cargo varias veces.

El próximo viernes en la mañana, en la corte de Alexandria, estado de Viginia, el Juez Michel Cacheris, determinará la condena contra el narcoterrorista de la Policía Nacional de Colombia.

domingo, diciembre 09, 2012

ONGs analizan la situación de Derechos Humanos en la ciudad
Por: Yhoban Camilo Hernández Cifuentes

Con más 8.387 personas desplazadas este año en Medellín, ONGs analizan la situación de Derechos Humanos en la ciudad

La Comuna 13 continúa presentando la mayor tasa de homicidios y víctimas desplazadas forzadamente por la violencia urbana en la ciudad.

Las comunidades de afros e indígenas, son unas de las más afectadas por el desplazamiento forzado intraurbano en Medellín.

El informe se presentará el próximo lunes 10 de diciembre de 2012, de 8 a 10 de la mañana, en la sala 2 del Centro Colombo Americano, sede centro.

8.387 es la cifra de personas que se han visto obligadas a abandonar sus viviendas en Medellín, según el informe 2012 de la organización Convivamos, registrado del 1 de enero al 20 de noviembre de éste año, como consecuencia  de los graves hechos presentados por el conflicto armado urbano en algunos barrios de la ciudad.

Este fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano en Medellín, como la situación de violencia, desempleo, discriminación y problemáticas que atentan contra los derechos humanos, serán analizados en el informe 2012 que presentaran organizaciones sociales de Medellín, este lunes 10 de diciembre en el Colombo Americano, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Como resultado de algunos de los informes, las comunas donde más se presentó desplazamiento forzado en la ciudad, son en su orden las comunas 13, 8, 9, 1 y 3. Las principales causas de desplazamiento fueron las amenazas, el reclutamiento ilegal, los homicidios, las agresiones físicas, el control territorial, el control social y los constantes delitos contra la integridad y libertad sexual sobre las mujeres.

Paradójicamente, la Comuna 13 es la que cuenta con mayor presencia de fuerza pública en la ciudad, con 11 puntos con presencia militar permanentemente, 7 estaciones de policía y 3 CAI, y la que presenta la mayor cifra de homicidios, correspondientes al 13.9% de los casos en Medellín. 

Si bien se han documentado casos de agresión, abusos de autoridad, procedimientos policiales irregulares y connivencia  de la fuerza pública con los actores armados ilegales,-
 
la Personería de Medellín solo ha recibido 6 quejas en la Comuna 13, entre enero y noviembre de 2012. Esto demuestra la desconfianza que la comunidad de esta zona de la ciudad tiene frente a la institucionalidad del Estado.

El no reconocimiento de la continuidad entre los combos, las bandas y las denominadas Bacrim con el fenómeno del paramilitarismo, está dejando sin reconocimiento a las víctimas del conflicto armado urbano y rural,-
 
situando las responsabilidades por violaciones de los Derechos Humanos en el campo de la delincuencia y la criminalidad, y de esta forma, dejando desprovistas a esas víctimas de protección y garantía de derechos, y flexibilizando aún más la aplicación del Derecho

Internacional Humanitario. En consecuencia, las nuevas víctimas no pueden acceder a los beneficios de ley mientras el conflicto continúa degradándose cada vez más

Ésta, entre otras problemáticas de riesgo en la garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, serán presentadas este lunes en el informe.

Las organizaciones responsables de la presentación serán: Instituto Popular de Capacitación IPC, Convivamos, Observatorio de Seguridad Humana, Escuela Nacional Sindical, Corporación para la Vida Mujeres que Crean y Corporación Vamos Mujer.

La atención a medios por parte de las organizaciones será a las 10 de la mañana en el lugar del evento.

Más de 450 mil mineros artesanales entran en paro laboral


























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Caloto, Cauca
Supuesto ataque de las FARC ¿otro montaje en la degradación del conflicto?
Por Camilo Raigozo

“Un muerto y tres heridos en ataque de Farc en Cauca”, tituló El Espectador. Com; “Un muerto y tres heridos deja atentado de las Farc en norte del Cauca”, tituló El Tiempo; y del mismo modo lo repitieron el resto de medios radiales escritos, televisión e internet.

Casi todos tomaron como ciertas las declaraciones del general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, del ejército el cual expresó al respecto:

“Las Farc lanzaron dos tatucos, uno de ellos cayó en una casa de la vereda Venadillo, las tropas del Ejército se encontraban a kilómetro y medio de allí por lo que las Farc no pueden venir a decir que fue porque ahí se encontraba el Ejército.

“Lamentablemente el artefacto deja una víctima mortal lo que demuestra que los bandidos continúan atacando a la población civil”.

El alto oficial reconoció implícitamente que la presencia de sus tropas en inmediaciones de áreas civiles ponen en peligro a la población: “las FARC no pueden venir a decir que fue porque ahí se encontraba el ejército”.

Otro medio explico que, “el coronel Jhon Meza, de la Brigada Móvil No. 14, señaló que integrantes del Sexto frente de las Farc lanzaron cargas explosivas contra varias viviendas ubicadas en zona rural de Caloto. Meza recalcó que pese a que en el área hay tropas del Ejército, no se han reportado enfrentamientos con las Farc”.

Sí las tropas del régimen se encontraban a kilómetro y medio del lugar de los hechos, ¿qué sentido tiene que las FARC ataquen con tatucos (morteros artesanales) casas civiles?

Además ese grupo insurgente se encuentra en tregua unilateral, es decir renunció por el espacio de dos meses a realizar ataques contra la fuerza pública y la infraestructura económica del Estado.

Las comunidades de la vereda El Venadillo, describen que en horas de la tarde de ayer sábado escucharon dos explosiones que las llenó de pánico y que cuando revisaron, una vivienda había sido afectada.

Allí se encontraban cuatro personas, de las cuales una falleció y las otras tres, dos mujeres y una niña, quedaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital de Cali.

Una de las hipótesis es que hayan sido las FARC-EP, pero no es la única, ni la más creíble, por las circunstancias en que sucedieron los hechos. Esta organización guerrillera debiera aclarar si son las autoras o no de hecho.

Otra hipótesis que se debe tener en cuenta, es que en la degradación del conflicto y bajo la estrategia de desprestigiar a la subversión (alianza ejército-medios), sabotear la tregua unilateral de las FARC y los diálogos de paz de La Habana, estas acciones posiblemente provengan desde los mismos agentes del Estado.

Hay numerosos antecedentes que le dan peso a esta segunda hipótesis, como por ejemplo: caso 1, caso 2 , caso 3, caso 4 y caso 5, para citar unos pocos de los centenares que hay, donde la tozuda realidad demuestra, al contrario de los que afirma Mindefensa Pinzón, los pastorcitos mentirosos han sido el ejército y los medios.

Pueden existir más hipótesis que no se pueden descartar, pero le corresponde a las autoridades competentes investigar de manera objetiva para contarle la verdad al país, antes de hacer señalamientos tendenciosos que distorsionan la realidad del conflicto.


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